Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 41001-23-33-000-2024-00025-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 41001-23-33-000-2024-00025-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 41001-23-33-000-2024-00025-02
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
12 de diciembre de 2024
Demandante: José Camilo Lizcano Triviño y otro
Demandado: Juan Diego Amaya Palencia
Rad.: 41001-23-33-000-2024-00025-02 (principal)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., doce (12) de diciembre dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 41001-23-33-000-2024-00025-02 (Principal)
41001-23-33-000-2024-00014-00 (Acumulado)
Demandantes: ÓSCAR ALBERTO PEÑA GONZÁLEZ Y JOSÉ CAMILO
LIZCANO TRIVIÑO
Demandado: JUAN DIEGO AMAYA PALENCIA – CONCEJAL DE
MUNICIPIO DE NEIVA (HUILA)
Temas: Inhabilidad por ejercicio de autoridad de pariente (Art. 43.4 de
Ley 136 de 1994).
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del
demandado contra la sentencia del 10 de septiembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila, que declaró la nulidad del acto de elección de Juan
Diego Amaya Palencia, como concejal de Neiva para el periodo constitucional 2024-
2027.
I. ANTECEDENTES
1.1 Proceso 2024-00014-00
1.1.1 Demanda
El ciudadano José Camilo Lizcano Triviño, en ejercicio del medio de control de
nulidad electoral consagrado en el artículo 139 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó que se declare la nulidad
del formulario E-26 CON del 6 de noviembre de 2023 que contiene el acto de
elección del señor Juan Diego Amaya Palencia.
1.1.2 Hechos
El demandante sustenta su pretensión en los siguientes supuestos fácticos:
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Demandante: José Camilo Lizcano Triviño y otro
Demandado: Juan Diego Amaya Palencia
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Recalcó que el partido político Fuerza Ciudadana inscribió al señor Juan Diego
Amaya Palencia para ser elegido concejal del municipio de Neiva (periodo
constitucional 2024-2027), quien es pariente por afinidad de la señora Adriana Rojas
Salazar, compañera permanente de su padre José Agustín Amaya Pioquinto y
madre de su hermana Ana Sofía Amaya Rojas.
Precisó que la señora Adriana Rojas Salazar desempeñó el cargo de directora
ejecutiva de la Corporación para la Promoción de la Cultura y el Turismo del Huila -
CORPOSANPEDRO durante los años 2022 y 2023, entidad descentralizada del
orden departamental de cuya junta directiva hace parte el gobernador del
departamento del Huila.
Destacó que el director ejecutivo de esa corporación, entre otras, tiene las
siguientes funciones: i) Representar a la corporación administrativa, judicial y
extrajudicialmente; ii) Dirigir las finanzas de acuerdo con los presupuestos y planes
de acción aprobados por la junta directiva; iii) Celebrar y ejecutar contratos y/o
convenios, hasta un monto de 250 SMLMV; iv) Proveer los cargos de acuerdo con
los criterios establecidos por la Junta Directiva y removerlos libremente.
Enfatizó en que el departamento del Huila le transfirió a CORPOSANPEDRO
$5.260.000.000 para realizar la versión 62 del Festival del Bambuco de San Juan y
San Pedro que se realizó en el 2023. Por último, resaltó que la señora Adriana Rojas
Salazar manifestó en redes sociales su simpatía por la campaña del señor Juan
Diego Amaya Palencia, quien finalmente resultó electo, tal como consta en el
formulario E-26 CON del 6 de noviembre de 2023.
1.1.3 Concepto de la violación
Con base en los anteriores supuestos fácticos, la parte actora afirmó que el acto
acusado está incurso en la causal de nulidad consagrada en el artículo 275.5 del
CPACA, por cuanto el demandado incurrió en la causal de inhabilidad contemplada
en el artículo 43, numeral 4º de la Ley 136 de 1994. Lo anterior, con fundamento en
las siguientes razones:
Recalcó que la señora Adriana Rojas Salazar ejerció autoridad administrativa en la
ciudad de Neiva durante los doce meses anteriores a las elecciones, por cuanto
«ostenta específicas funciones decisorias en la entidad con capacidad de influir
sobre los electores de Neiva», al ser la encargada de liderar la realización del
Festival del Bambuco. Además, adujo que CORPOSANPEDRO administra tributos,
porque «…tanto el Departamento del Huila como el Municipio de Neiva destinan
importantes recursos para la realización de las fiestas. Estos recursos provienen de
tributos que recaudan y fueron asignados en el año 2023 como transferencia directa,
mediante la Resolución 001 de 2023 a CORPOSANPEDRO, por ser esta la entidad
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Demandante: José Camilo Lizcano Triviño y otro
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encargada de ejecutar (y con ello administrar) los recursos que le entregan los entes
territoriales».
1.1.4 Contestaciones de la demanda
1.4.1 Demandado – Juan Diego Amaya Palencia
El demandado se opuso a las pretensiones de la demanda, con base en los
siguientes argumentos:
Afirmó que en el presente caso no se probó el parentesco por afinidad aducido por
la parte actora, en razón a que:
i) La copia del registro civil de nacimiento de Ana Sofía Amaya Rojas
(hermana paternal del demandado), permite inferir que es hija del señor José
Agustín Amaya Pioquinto –padre del demandado– y de la señora Adriana
Rojas Salazar –de quien se predica el ejercicio de autoridad–, pero no es la
prueba determinante para acreditar el vínculo marital; el solo reconocimiento
de la paternidad no permite inferir con certeza que se haya generado o que
subsista la unión familiar bajo la figura de cónyuges (matrimonio) o
compañeros permanentes (unión marital de hecho).
ii) Con los certificados de afiliación a seguridad social en salud de los señores
Amaya Pioquinto y Rojas Salazar tampoco se puede acreditar la referida
condición, porque la dirección de esta última no coincide con la que se indica
en otros certificados del primero de los mencionados, pues no indica el
número de apartamento, con lo cual, no se acredita que convivan bajo el
mismo techo y lecho en las calidades antes dichas.
iii) Las fotografías allegadas, presuntamente publicadas en la red social
Facebook, durante los años 2014, 2015, 2019, 2022 y 2023 (desde las
cuentas de los señores José Agustín Amaya Pioquinto y Adriana Rojas
Salazar), a lo sumo son indicativas de una relación sentimental, pero no de
una unión permanente.
De otro lado, resaltó que conforme a la Ordenanza 016 de 2014 y los estatutos,
CORPOSANPEDRO es una persona jurídica sin ánimo de lucro, de carácter mixto,
sometida al régimen jurídico de derecho privado que ampara a las corporaciones y
fundaciones. Por consiguiente, las personas que laboran en ese tipo de entidades
no tienen el carácter de servidores públicos y en sus relaciones laborales se rigen
por las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, salvo la excepción que en
materia de contratación prevé la Ley 80 de 1993. Además, a la luz de lo dispuesto
en el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, no se cataloga como «Entidad Estatal» debido
a que el patrimonio de aquella en su mayoría (66,66%) está compuesto por capital
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privado.
En relación con la aludida administración de tributos que se le endilga a la señora
Adriana Rojas Salazar, dijo que CORPOSANPEDRO no ejecuta dichas actividades,
porque desarrolla su objeto «una vez los recursos provenientes de tributos, tasas
y/o contribuciones han ingresado al presupuesto de la Entidad Territorial y han sido
destinados para el funcionamiento del Estado y la realización de los planes de
inversión que se determinen por la autoridad correspondiente».
Precisó que «… CORPOSANPEDRO tampoco ha suplido las facultades legales y
competencias de la Secretaria de Cultura del Municipio de Neiva, toda vez que para
la vigencia 2023, según Resolución 001 de 2023 expedida por la Secretaria de
Cultura de la Gobernación del Huila (anexo), lo recursos trasferidos a la Corporación
para la Promoción de la Cultura y el Turismo del Huila “CORPOSANPEDRO”, fueron
recursos del Departamento y NO del Municipio de Neiva, dicha asignación y
transferencia efectuada por parte de la Entidad Territorial tiene asiento en la
Ordenanza No. 004 de 2021 “Por medio de la cual se establecen las estampillas del
Departamento del Huila, ».
1.2 Proceso 2024-00025-00
1.2.1 Demanda
El ciudadano Óscar Alberto Peña González, en ejercicio del medio de control de
nulidad electoral consagrado en el artículo 139 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó que se declare la nulidad
del formulario E-26 CON del 6 de noviembre de 2023 que contiene el acto de
elección del señor Juan Diego Amaya Palencia.
1.2.2 Hechos
El demandante sustenta su pretensión en el siguiente supuesto fáctico:
Recalcó que el accionado fue concejal de Neiva durante el periodo constitucional
2020-2023, cargo al que llegó por la inscripción que efectuó a través del grupo
significativo de ciudadanos denominado «Fuerza Ciudadana Neiva». No obstante,
para las pasadas elecciones del 29 de octubre de 2023 fue inscrito y elegido como
candidato al concejo de esa misma ciudad, en esta ocasión, por el partido político
«Fuerza Ciudadana».
1.2.3 Concepto de la violación
Con base en los anteriores supuestos fácticos, la parte actora afirmó que el acto
acusado está incurso en la causal de nulidad consagrada en el artículo 275.8 del
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Demandante: José Camilo Lizcano Triviño y otro
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CPACA, por cuanto se desconoció la prohibición de doble militancia contemplada
en el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011. Lo anterior, con fundamento en las
siguientes razones:
Consideró que el demandado incurrió en la referida proscripción legal, habida
cuenta de que pertenecía al grupo significativo de ciudadanos llamado «Fuerza
Ciudadana Neiva», conforme al cual ocupaba una curul en el Concejo de Neiva para
el período 2020-2023. Sin embargo, de manera simultánea fue inscrito por el partido
político Fuerza Ciudadana para esa misma corporación (periodo 2024-2027), por
tanto, se configura una simultaneidad en punto a la militancia del señor Juan Diego
Amaya Palencia.
Precisó que « para el presente caso, el Grupo Significativo de Ciudadanos “FUERZA
CIUDADANA NEIVA” dejará de existir el día treinta y uno (31) de diciembre de 2023,
cuando expire su periodo constitucional, para el cual fue electo, sin embargo, se
puede concluir, que existe doble militancia desde el día mismo en que se inscribió
el señor JUAN DIEGO AMAYA PALENCIA, como quiera que, este nunca renunció
a su condición de Concejal del Municipio de Neiva, ejerciendo su mandato
democrático representativo incurriendo en militancia simultánea, pues cerró su
periodo como concejal del grupo significativo, asistiendo a las diferentes sesiones
de la corporación aun después de haber sido elegido popularmente por el partido
político diferente al que ejercía y representaba como concejal.».
1.2.4 Contestaciones de la demanda
1.2.4.1 Demandado – Juan Diego Amaya Palencia
El demandado se opuso a las pretensiones de la demanda, con base en los
siguientes argumentos:
Explicó que el movimiento político Fuerza Ciudadana adquirió personería jurídica a
través de la Resolución 5529 del 15 de diciembre de 2022, expedida por el Consejo
Nacional Electoral, pero que antes de dicho reconocimiento esa colectividad ejerció
representación a través de los grupos significativos de ciudadanos llamados
«Fuerza Ciudadana» y «Fuerza Ciudadana Neiva» en el concejo de Neiva,
contando desde el 2011 con un respaldo importante en los procesos electorales.
En este sentido, aclaró que en 2019 el señor Juan Diego Amaya Palencia logró
acceder a una curul en el concejo de Neiva por el grupo significativo de ciudadanos
«Fuerza Ciudadana Neiva»; agrupación política que tenía el respaldo del GSC
«Fuerza Ciudadana», hoy partido político Fuerza Ciudadana.
Precisó que no es correcto referirse a esos movimientos políticos como si fueran
diferentes, pues en realidad se trata de una misma organización que nació entre
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1996 y 2006, de ahí que tanto el partido político como el GSC hagan mención textual
de su denominación «Fuerza Ciudadana».
Dijo que el grupo significativo de ciudadanos «Fuerza Ciudadana Neiva»,
actualmente, carece de representación, por consiguiente, para las pasadas
elecciones (29 de octubre de 2023), Juan Diego Amaya Palencia tenía que volver a
recoger firmas si pretendía inscribirse por ese GSC, lo cual no ocurrió, pues así
consta en la certificación expedida el 8 de febrero de 2024 por la Registraduría
Especial del Estado Civil: «informamos que revisada las solicitudes de inscripción
de candidatos para el municipio de Neiva, se tiene que no existe solicitud de
inscripción alguna de candidatos por el GSC FUERZA CIUDADANA».
Concluyó que, ante la falta de vocación de permanencia del grupo significativo de
ciudadanos «Fuerza Ciudadana Neiva», es dable concluir que el demandado no
incurrió en doble militancia.
1.2.4.2 Registraduría Nacional del Estado Civil
El apoderado de la RNEC solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por
pasiva de esa entidad, debido a que no «implementó» ninguna acción que tenga
relación con los hechos que dieron origen al litigio; aunado a que carece de
competencia para suspender o anular los efectos del acto declaratorio de la
elección.
1.2.4.3 Consejo Nacional Electoral
El apoderado del CNE se opuso a la prosperidad de las pretensiones, en razón a
que «… no se encuentra probado que el ciudadano pertenezca simultáneamente a
dos partidos políticos … toda vez que lo único que se puede observar en el escrito
de demanda, son apreciaciones personales del demandante y las cuales deberán
probarse dentro del proceso».
1.5 Actuaciones relevantes de primera instancia posteriores a la acumulación
procesal
Una vez decretada la acumulación de procesos mediante auto del 22 de mayo de
2024, se produjeron los siguientes actos procesales:
• Por auto del 24 de junio de 2024, el magistrado sustanciador: i) Difirió para
la sentencia el análisis de la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y, ii)
Convocó a audiencia inicial.
• El 4 de julio de 2024 se llevó a cabo la audiencia inicial en la que se saneó el
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proceso, se incorporaron y decretaron pruebas 1 y se fijó fecha para la de
pruebas. En punto a la fijación del litigio, se formuló en los siguientes
términos:
Se contrae a establecer si el acto de elección del señor Juan Diego Amaya
Palencia, en calidad de concejal del municipio de Neiva (periodo
constitucional 2024 -2027); contenido en el formulario E-26 CON del 6 de
noviembre de 2023, se encuentra viciado de nulidad porque es pariente en
primer grado de afinidad de la señora Adriana Rojas Salazar (compañera
permanente de su padre José Agustín Amaya Pioquinto); quien a su vez, se
desempeñó como directora ejecutiva de Corposanpedro en las anualidades
2022 y 2023, ejerciendo autoridad administrativa y la representación legal de
una entidad que administra tributos (numeral 5º del artículo 275 del CPACA,
en armonía con el artículo 40-4º de la Ley 617 de 2000); y porque incurrió en
doble militancia
• El 17 de julio de 2024 se realizó la audiencia de pruebas, en la que se
incorporaron las documentales decretadas y se corrió traslado para alegar
por escrito.
1.6 La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Huila, a través de sentencia del 10 de septiembre de
2024, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
de la Registraduría Nacional del Estado Civil y declaró la nulidad del acto elección
demandado, con base en los siguientes argumentos:
En relación con la inhabilidad por parentesco con funcionario público que
ejerció autoridad (Art. 43, numeral 4º, Ley 136 de 1994)
Hizo un recuento de las normas y jurisprudencia atinentes a la citada causal de
inhabilidad, particularmente, aludió a los elementos que la configuran. De otro lado,
abordó el tema de la naturaleza de las asociaciones y fundaciones de participación
mixta, para precisar que estos organismos son entidades descentralizadas
indirectas o de segundo grado (modalidad de descentralización por servicios), las
cuales, hacen parte del engranaje estatal y, por regla general, se regulan por el
derecho privado.
Precisó que quienes laboran al servicio de una entidad descentralizada de segundo
grado son servidores públicos, así la misma se regule por el derecho privado y sus
colaboradores se vinculen mediante contrato de trabajo, y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 190 de la Ley 136 de 1994, aplicable mutatis mutandis al
sector departamental, es menester colegir que ejercen dirección administrativa «los
1
El magistrado sustanciador negó el decreto de unas pruebas testimoniales, decisión que fue
apelada ante el Consejo de Estado, quien confirmó la decisión, mediante auto del 30 de julio de
2024.
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gerentes o jefes de las entidades descentralizadas».
Ahora bien, en lo referente al elemento parental, el a quo dijo que está demostrado
que el señor Juan Diego Amaya Palencia es pariente en primer grado de afinidad
de la señora Adriana Rojas Salazar; dada su condición de compañera permanente
de su padre José Agustín Amaya Pioquinto. Esta relación, tiene sustento en el
testimonio que rindieron estos últimos donde manifiestan que son pareja desde el
año 2000, procrearon una hija y actualmente conviven en el mismo apartamento, lo
que resultó congruente con el registro civil de nacimiento de Ana Sofía Amaya Rojas
y con la certificación expedida por el administrador del condominio edificio Sede
BCH, quien afirma que durante más de 16 años aquellos residen en el apartamento
1102.
En cuanto al elemento temporal, el tribunal de primera instancia lo tuvo por
probado, toda vez que la señora Adriana Rojas Salazar desempeñó el cargo de
directora ejecutiva de CORPOSANPEDRO durante los años 2022 y 2023, según se
desprende de su propio testimonio y de las actas 050 de 2021 y 057 de 2023 de la
junta directiva de dicha corporación.
En lo relacionado con el elemento objetivo, destacó que CORPOSANPEDRO hace
parte del sector descentralizado por servicios del nivel territorial que administra
mayoritariamente recursos públicos provenientes de la Gobernación del Huila
(estampilla procultura), los cuales, se destinan a la celebración del Festival del
Bambuco.
Destacó que en la realización de la versión 62 de dicho festival, el gobierno
departamental le trasfirió más de tres mil millones de pesos (Resolución 001 de
2023) a la referida corporación, y el Ministerio de Cultura efectuó un aporte de
$71.803.000 (convenio 0707 de 2023), razón por la cual, a la directora de
CORPOSANPEDRO le corresponde presentar informes periódicos de avance y
suscribir actas de entrega; además, de que está sujeta al seguimiento, control y
verificación que ejerce la Secretaría de Cultura y Turismo del Huila.
Acorde con lo anterior, afirmó que independientemente de que dicha corporación se
regule por el derecho privado, las anteriores particularidades le otorgan a su
directora ejecutiva la condición de servidora pública, comoquiera que le
correspondía «Celebrar y ejecutar contratos y/o convenios, hasta por un monto de
doscientos cincuenta (250) SMLMV.» y, en general, tener injerencia directa en la
administración de recursos públicos que se utilizaron en la versión 62 del Festival
del Bambuco.
En punto al elemento territorial, dijo que el mismo se configura, toda vez que,
CORPOSANPEDRO tiene sede en Neiva, y es un hecho notorio que es en esta
ciudad donde se desarrollan las principales actividades de festival. En este sentido,
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en la medida en que el demandado fue elegido concejal en el pasado certamen
electoral, es menester colegir que se encuentra inmerso en la causal inhabilitante.
En lo que respecta a la administración de tributos, tasas o contribuciones, precisó
que esta función se predica de las actividades de recaudo, disposición y
fiscalización, pero no las actuaciones desplegadas después de que los recursos
ingresan al presupuesto y son destinados a cubrir gastos de funcionamiento o
inversión.
En punto a la doble militancia en modalidad de simultaneidad
Tal como lo hizo con el tópico anterior, aludió a las normas y jurisprudencia aplicable
a la modalidad de doble militancia alegada, conforme a lo cual recordó que el
demandado fue elegido «por el grupo significativo de ciudadanos Fuerza
Ciudadana» (período 2020-2023) y que a dicha colectividad le fue reconocida
personería jurídica por parte del CNE. Por esta razón, en las elecciones territoriales
de 2023 fue avalado para aspirar nuevamente a la corporación edilicia por el
movimiento político Fuerza Ciudadana, y fue elegido para el periodo constitucional
2024-2027 (formulario E-26 CON del 6 de noviembre de 2023).
En este orden, concluyó que el señor Juan Diego Amaya Palencia no incurrió en
doble militancia, porque el grupo significativo de ciudadanos Fuerza Ciudadana se
transformó en el movimiento político Fuerza Ciudadana; de suerte que no hay lugar
a predicar un desconocimiento de la confianza depositada en él por los electores,
debido a que, coherentemente, ha hecho parte de la evolución de dicha agrupación
política.
En suma, el juzgador de primera instancia concluyó que se satisfacen los requisitos
que configuran la inhabilidad por parentesco consagrada en el artículo 43.4 de la
Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000 (ejercicio de
autoridad administrativa).
1.7 El recurso de apelación
El apoderado del demandado interpuso recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia, en particular, hizo especial énfasis en el elemento
subjetivo de la inhabilidad, el cual, considera no se configura por las siguientes
razones:
Dijo que la sentencia judicial objeto de alzada realizó una interpretación extensiva
de la calidad de funcionaria de la señora Adriana Rojas Salazar que exige la
inhabilidad, para lo cual empezó por precisar que el artículo 123 de la Constitución
Política prevé una categoría genérica y amplía denominada «servidor público» y
otras específicas que la integran correspondientes a: i. miembros de las
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corporaciones públicas, ii. empleados públicos y, iii. trabajadores del Estado.
Conforme a esta clasificación, recalcó que el legislador no contempló como requisito
inhabilitante que el vínculo del elemento subjetivo se presentara con un servidor
público, sino que lo limitó exclusivamente a un funcionario público, término que,
conforme a la jurisprudencia de la Sección Quinta, debe ser entendido como
sinónimo de empleado público y trabajador oficial.
Efectuó una distinción entre los conceptos de empleado público y trabajador oficial,
para lo cual llevó a cabo un recuento de toda la normatividad y jurisprudencia que
se ha encargado de definir y diferenciar estas dos categorías. Acto seguido, analizó
la naturaleza de la Corporación para la Promoción de la Cultura y el Turismo del
Huila – CORPOSANPEDRO, para concluir que se trata de una entidad sin ánimo
de lucro de carácter mixto creada mediante Acta No 001 de 2014, por autorización
de la ordenanza 016 de 2014 que, conforme a sus estatutos, está «regida en su
dirección, administración y contratación por el Derecho Privado», de lo que concluyó
que sus colaboradores no son funcionarios públicos y todo su régimen es propio del
derecho privado.
Enfatizó en que el capital público de esa corporación tan solo corresponde al
33,33% (departamento del Huila), sin embargo, recalcó que los demandantes no
solicitaron como prueba la participación y aportes de esa corporación para el
periodo inhabilitante, por lo que no existe ningún medio de convicción que permita
su demostración. Además, resaltó que dicha asociación no hace parte de la
estructura de la administración central y descentralizada del departamento de Huila,
tal como se advierte de la página web de ese ente territorial.
Resaltó que la Corporación para la Promoción de la Cultura y el Turismo del Huila
–CORPOSANPEDRO– se rige por el derecho privado y sus trabajadores son
particulares vinculados mediante contrato de trabajo, por consiguiente, ninguno de
sus trabajadores –hace énfasis en la directora–, tiene el carácter de empleado
público, lo que sustentó en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998.
Advirtió que los demandantes no solicitaron ni allegaron acto de nombramiento y
posesión o contrato de trabajo de la señora Adriana Rojas Salazar, pese a que la
relación legal y reglamentaria debe constar en acto administrativo y el contrato de
trabajo también exige la formalidad de constar por escrito. No obstante, en el Acta
057 de 2023 de la Junta Directiva de CORPOSANPEDRO se indica que la señora
Rojas Salazar fue vinculada mediante «contrato de trabajo», entre el 1-06-21 hasta
el 1-06-23 y que le fue autorizada una nueva contratación entre el 01-06-23 hasta
el 31-05-25 lo que permite concluir que no ejerció como funcionaria.
De otra parte, expuso otro motivo para considera que la interpretación que hizo el a
quo resultó indebidamente extensiva, en la medida en que incluye como
presupuesto para su configuración la «administración mayoritaria de recursos
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públicos» cuando la misma no está contenida en el numeral 4 del artículo 43 de la
Ley 136 de 1994, característica que en todo caso no permite colegir o descartar la
calidad de servidor público, ni mucho menos para efectos de la inhabilidad, pues
esta exige la calidad de «funcionario».
Adicionalmente, dijo que: i) La señora Adriana Rojas no tenía capacidad para ejercer
autoridad administrativa en cuanto no se vinculó como trabajadora oficial ni como
empleada pública; ii) La Gobernación del Huila no ejerce control de tutela sobre la
referida corporación, pues cuenta con las mismas facultades que el resto de sus
integrantes; iii) El a quo no efectuó el examen de probabilidad real que la Corte
Constitucional fijó en la sentencia SU-207 de 2022.
1.8. Actuaciones de segunda instancia
Mediante auto del 16 de octubre de 20242 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por el apoderado del demandado en contra de la sentencia de primera
instancia y se ordenó correr traslado para alegar a las partes, quienes reiteraron lo
expuesto en las demandas y el recurso de apelación. Por su parte, la agente del
Ministerio Público sí se pronunció en los términos que se resumen en el siguiente
acápite.
1.9 Concepto del Ministerio Público3
La procuradora séptima delegada ante esta corporación solicitó revocar la sentencia
impugnada, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, pues, si bien
está acreditado el vínculo de afinidad, en primer grado, entre Juan Diego Amaya
Palencia y Adriana Rojas Salazar, también es claro que ella no ostentó la calidad
de funcionaria que haya ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar
dentro de los 12 meses anteriores al proceso eleccionario.
Lo anterior, por cuanto de sus obligaciones y su vinculación como directora ejecutiva
de la Corporación para la Promoción de la Cultura y el Turismo del Huila -
CORPOSANPEDRO- para el período 2022 y 2023, solo llegó a ostentar la posición
de servidora pública en lo correspondiente al ejercicio contractual, en los términos
del artículo 2º, numeral 2º de la Ley 80 de 1993, según lo interpretado por la Corte
Constitucional sobre el particular, pero no de empleada pública ni de trabajadora
oficial, tal y como lo requiere el precepto inhabilitante.
II. CONSIDERACIONES
2
Anotación 5 del sistema de gestión judicial SAMAI.
3
Anotación 16 del sistema de gestión judicial SAMAI.
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11
Demandante: José Camilo Lizcano Triviño y otro
Demandado: Juan Diego Amaya Palencia
Rad.: 41001-23-33-000-2024-00025-02 (principal)
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso
de apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia del 10 de septiembre
de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, de conformidad con lo
establecido en los artículos 1504 y 152 numeral 7.a del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5.
2.2. Problema jurídico
En el marco de los argumentos expuestos en el recurso de apelación, corresponde
a esta Sección determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 10 de
septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que declaró
la nulidad de la elección del señor Juan Diego Amaya Palencia, como concejal de
Neiva para el periodo constitucional 2024-2027.
Para el efecto, se debe establecer si le asiste razón al recurrente en punto a si se
configura o no el elemento parental de la inhabilidad, comoquiera que aduce que el
cargo desempeñado por la señora Adriana Rojas Salazar en CORPOSANPEDRO,
compañera permanente del padre del demandado, no encuadra dentro de la calidad
de «funcionarios» que prevé el artículo 43.4 de la Ley 136 de 1994. En caso
contrario, tendrá que determinarse la probabilidad real y material que tenía esa
familiar de incidir en su elección a la luz de la sentencia SU-207 de 2022.
Así entonces, con el fin de emitir un pronunciamiento, la Sala abordará la segunda
instancia desde los siguientes ejes temáticos: (i) Marco jurídico de la inhabilidad
contemplada en el artículo 43, numeral 4º, de la Ley 136 de 1994 y, (ii) El caso
concreto.
2.3. La causal de inhabilidad por ejercicio de autoridad por pariente del
artículo 43, numeral 4º de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de
la Ley 617 de 2000
4
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 150.
Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. «El Consejo de
Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación…»
5
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 152.
Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. «Los tribunales administrativos
conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(…)
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:
(…)
a. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar curul, según el caso, (…) de los
miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos…»
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Demandante: José Camilo Lizcano Triviño y otro
Demandado: Juan Diego Amaya Palencia
Rad.: 41001-23-33-000-2024-00025-02 (principal)
Las inhabilidades están erigidas como especiales condiciones objetivas que pueden
recaer sobre una persona y que tienen como único fin que quienes accedan o estén
en la función pública desempeñen su cargo bajo los criterios de igualdad, eficiencia,
moralidad e imparcialidad, garantizando de esta forma la prevalencia de los
intereses generales de la comunidad sobre los personales6.
En este sentido, las diferentes circunstancias que configuran una inhabilidad
examinan la órbita personal del aspirante o servidor en ejercicio, de manera que
«auscultan en los antecedentes personales, las relaciones familiares, el ejercicio
profesional y las actividades lucrativas del interesado»7.
Acorde con lo anterior, al constituir las inhabilidades una restricción al derecho de
acceso a cargos públicos, la Constitución Política de 1991 dispuso que el desarrollo
de su régimen jurídico tiene una cláusula de reserva legal, lo cual ha sido enfatizado
por parte de esta corporación, estableciéndose en diferentes oportunidades que el
único facultado para estructurar las circunstancias especiales que limitan el referido
derecho es el legislador8.
Tratándose de los concejales municipales y distritales, la Ley 136 de 1994 enunció
las causales inhabilitantes de estos servidores públicos para inscribirse o ser
elegidos como tales. En relación con el supuesto de hecho objeto de estudio, se
tiene que el mismo fue dispuesto con el siguiente tenor literal:
ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. <Artículo modificado por el artículo 40 de la Ley
617 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser inscrito como candidato ni
elegido concejal municipal o distrital:
[…]
4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios
que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad
civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; o con
quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que
administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios
públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo
municipio o distrito. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión
permanente o parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de
afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para
elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo
municipio o distrito en la misma fecha.
6
Corte Constitucional. Sentencia C-564 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell. Ver también
Sentencias C-558 de 1994 M.P. Carlos Gaviria Díaz y C-483 de 1998 M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
7
OSORIO CALDERÍN, Ana Carolina, Manual de Inhabilidades Electorales, 2ª Edición, Grupo
Editorial Ibáñez, 2014, p. 24.
8
Sentencia Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 19 de septiembre de 2013.
Expedientes 110010328000201200051-00, 110010328000201200052-00
110010328000201200057-00 Acumulado. M.P. Alberto Yepes Barreiro Dte: Eduardo Carmelo
Padilla Hernández y otros
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Demandante: José Camilo Lizcano Triviño y otro
Demandado: Juan Diego Amaya Palencia
Rad.: 41001-23-33-000-2024-00025-02 (principal)
De la norma transcrita se pueden extraer los siguientes elementos estructuradores,
a saber9:
1) Parentesco: La existencia del vínculo por matrimonio, unión marital o de
parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único
civil, entre el elegido y el funcionario.
2) Elemento temporal: Que el cargo se hubiere desempeñado dentro de los 12
meses anteriores a la elección.
3) Elemento objetivo: Que el empleo implique el ejercicio de autoridad civil, política,
administrativa o militar.
4) Elemento espacial: Que estos ocurran en el municipio donde resultó elegido el
concejal.
Frente a lo anterior, esta Sección de manera pacífica ha resaltado que estos
elementos deben ser concurrentes10, esto es, que para que se configure la causal
inhabilitante no basta con que uno de ellos se acredite, pues todos estos constituyen
un conjunto inescindible. Esta técnica, utilizada en otros preceptos normativos
emanados del legislador, es lo que se conoce en la Teoría General del Derecho
como supuestos jurídicos complejos, conforme a los cuales la consecuencia jurídica
que contempla la norma –la inhabilidad para inscribirse o ser elegido– depende de
la ocurrencia simultánea y sucesiva de varios hechos –elementos–.
2.5 Caso concreto
En el sub examine, el recurrente hace un esfuerzo argumentativo en censurar la
posición que adoptó el a quo, especialmente, en lo atinente al elemento parental de
la inhabilidad alegada, por cuanto considera que la expresión «funcionarios»,
contemplada en el artículo 43.4 de la Ley 136 de 1994, no comprende la situación
jurídico-laboral de la señora Adriana Rojas Salazar, compañera permanente del
padre del demandado y, por tanto, pariente en primer grado de afinidad del concejal
elegido, hecho este último que no se discute por parte del apelante.
El demandado analiza diferentes normas y referencia varios pronunciamientos
jurisprudenciales, en aras de determinar, en primer lugar, la naturaleza jurídica de
CORPOSANPEDRO y, conforme a lo anterior, la calidad que ostentó la señora
Rojas Salazar en esa corporación; estudio que, anticipa la Sala, se comparte en
gran parte de cara a resolver el problema jurídico planteado.
9
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Providencia del 28 de
enero de 2021. Expediente 76001-23-33-000-2020-00013-01. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
10
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 21 de enero del 2021.
Radicado 15001-23-33-000-2019-00588-01. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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Demandado: Juan Diego Amaya Palencia
Rad.: 41001-23-33-000-2024-00025-02 (principal)
A este respecto, vale la pena citar in extenso la sentencia del 19 de abril de 2021,
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado; allí se estudió una pérdida
de investidura de una concejal por haber desconocido el artículo 43.4 de la Ley 136
de 1994. Bajo ese contexto, la sala recogió en muy buena manera la línea
jurisprudencial que ha trazado la Sala Plena y la Sección Quinta de la corporación
en torno a la correcta comprensión de la expresión «funcionarios»:
(ii) Que el vínculo o parentesco se tenga o haya tenido con funcionarios que hayan
ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar (presupuesto de autoridad)
66. Este presupuesto exige auscultar que el vínculo debe darse con un <<funcionario
público>> entendido como sinónimo de <<empleado público>> y <<trabajador
oficial>> que haya ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar, tesis que
cuenta con amplio respaldo jurisprudencial de la Sala Plena y de la Sección Quinta
de esta Corporación.11
67. La Sala Plena de esta Corporación, mediante sentencia de 14 de octubre de
202012, al definir lo que se entiende por la expresión «funcionario» contenida en el
numeral 5° del artículo 179 de la Constitución Política 13 y acogiendo el criterio
adoptado por la Sección Quinta indicó:
[…] En atención a dicho elemento, la causal objeto de estudio refiere que
el pariente, cónyuge o compañero permanente de la persona electa debe
tener como calidad la de ser funcionario.
Ahora bien, la Sala Plena14 y la Sección Quinta15 de esta Corporación frente
a la noción de funcionario establecida en el artículo 179 numeral 5, ha
establecido que «comprende a todos los servidores que prestan sus
servicios a una entidad pública y ejercen las funciones que a esta
corresponden, es decir a los empleados públicos y a los trabajadores
11
Se pueden consultar las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, expediente 11001-03-28-000-2014-00058-00, actor: Juan Luís Pérez
Escobar, demandado: Fabio Alonso Arroyave Botero- Representante a la Cámara por el
Departamento de Valle del Cauca, MP: Alberto Yepes Barreiro, en la cual se señaló que el término
funcionario es equiparable a la de empleado público. También puede consultarse la sentencia del
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 26 de
marzo de 2015; expediente 11001-03-28-000-2014-00042-00, CP: Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. También, la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, sentencia de 5 de mayo de 2016, número de radicado: 54001 2333 000 2015 00530
01 (2015-0530), actora: Maritza Rojas Saavedra, demandado: Bachir Jussy Mirep Corona, MP:
Alberto Yepes Barreiro.
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de octubre de
2020, radicado: 11001 03 15 000 2020 00061 01, accionante: Efraín Segundo Negrette Torres,
accionada: Angélica Lisbeth Lozano Correa, MP: Rafael Francisco Suárez Vargas.
13
Señala la norma: «ARTICULO 179. No podrán ser congresistas: […] 5. Quienes tengan vínculos
por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero
de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política». Esta causal guarda
idéntico contenido con la inhabilidad prevista en el numeral 4) del artículo 40 de la Ley 617.
14
Cita es original de la providencia: Sentencia de la Sala Plena de lo contencioso administrativo de
29 de enero de 2019, radicación No. 11001032800020180003100, consejera ponente: Rocío Araújo
Oñate.
15
Cita es original de la providencia: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 26 de marzo
de 2015., radicación 11001-03-28-000-2014-00058-00 consejero de estado: Alberto Yepes Barreiro
y Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 5 de mayo de 2016, radicación 54001-23-33-
000-2015-00530-01. consejero de estado: Alberto Yepes Barreiro.
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oficiales, además que el término ‘funcionario’ contenido en la
inhabilidad es equiparable a la de ‘empleado público’».
68. La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de 30 de mayo de 2019 16,
sostuvo:
[…] 2.5.1. Servidor Público
2.5.1.1. El artículo 123 de la Carta Política de 1991 estableció una gran categoría
que denominó servidores públicos, los cuales se desagregan en tres clases, a
saber i) empleados públicos, ii) miembros de corporaciones públicas y iii)
trabajadores oficiales.
2.5.1.2. En palabras del máximo tribunal constitucional “La Constitución de 1991
ha utilizado la expresión genérica ya mencionada -servidores públicos- para
resaltar que quienes pertenecen a esta categoría están al servicio del Estado y
de la comunidad (art. 123 C.P.) y que no desempeñan los cargos o empleos -por
importantes que ellos sean- en su propio beneficio e interés, sino en el colectivo,
siendo por tanto depositarios de la confianza pública, que no pueden defraudar,
respondiendo en consecuencia por sus acciones u omisiones (art. 6 C.P.)” .
2.5.1.3. Dicho de otra manera, el servidor público es el género y los empleados
públicos, trabajadores oficiales y los miembros de las corporaciones públicas son
la especie de esa gran categoría.
2.5.2. Empleado público
2.5.2.1. Ahora bien, en lo que respecta al empleado público el artículo 122
Superior en consonancia con el artículo 123 de la misma norma, enuncia ciertos
requisitos con los que debe contar este tipo de vinculación, como lo es que i) las
funciones se encuentren detalladas en la ley o reglamento, ii) tengan
remuneración, iii) hagan parte de la respectiva planta de personal de la entidad,
iv) sus emolumentos se encuentren previstos en el presupuesto correspondiente
y, v) su vinculación se efectué por un acto de nombramiento.
2.5.2.2. A su vez, el inciso 3° del artículo 1 de la Ley 909 de 2004, definió cuales
eran las clases de empleos públicos:
“De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, hacen parte de la
función pública los siguientes empleos públicos:
a) Empleos públicos de carrera;
b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción;
c) Empleos de período fijo;
d) Empleos temporales”.
2.5.2.3. En apoyo a esta definición la doctrina ha indicado que:
“el empleado del Estado, es la persona que por regla general presta sus servicios
en forma subordinada, en un empleo público, y cuya denominación generalizada
es la de “empleado público o funcionario público”. Su relación laboral, es
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 30 de
mayo de 2019, número de radicado: 11001-03-28-000-2018-00091-00 y 11001-03-28-000-2018-
00601-00 (Acumulado), actor: Jorge Lara Bonilla y otros, demandado: Horacio José Serpa Moncada,
MP: Rocío Araujo Oñate.
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igualmente de derecho público, estatutaria, legal y reglamentaria, porque el
conjunto de sus derechos, deberes, y obligaciones, se encuentran en un estatuto
legal, por lo tanto unilateralmente fijado y expedido por el Estado”.
2.5.2.4. En síntesis, el empleado público es aquel que está vinculado a la
administración mediante una relación legal y reglamentaria, nombrado y
posesionado en los respectivos empleos que han sido creados, de conformidad
con la nomenclatura, clasificación, funciones, requisitos y grado salarial,
expresamente previstos en las normas pertinentes […]
2.5.2. Trabajadores oficiales
2.5.2.1. La doctrina ha definido a los trabajadores oficiales como:
“(…) quien desarrolla conforme a la ley, actividades en la contratación y
sostenimiento de obras públicas, así como aquellos que sin ejercer ésa labor, se
hacen acreedores a tener igual denominación, como en vía de ejemplo, los
trabajadores de las empresas industriales y comerciales del Estado, y
sociedades de economía mixta con capital estatal de 50% en adelante. Operan
en ésta clasificación los criterios de la actividad para la obra, y de la teoría
orgánica, respecto de las empresas industriales y comerciales del Estado.”
2.5.2.2. Es decir que, los trabajadores oficiales son aquellos que se encuentran
vinculados mediante contrato de trabajo, cuyas condiciones en cuanto a modo,
lugar, tiempo de duración, remuneración, entre otros aspectos, son establecidas
a través de un acuerdo de voluntades entre la entidad y el trabajador y
complementadas con lo previsto en los respectivos reglamentos internos de
trabajo, pactos o convenciones colectivas y lo señalado en la ley […] (Destacado
fuera de texto).
69. De conformidad con los anteriores derroteros normativos y jurisprudenciales, el
empleado público se encuentra vinculado con el Estado mediante acto administrativo
y su relación es estatutaria, legal y reglamentaria pues los derechos, deberes,
responsabilidades, obligaciones, condiciones de acceso, formas de retiro y el
régimen disciplinario se encuentran previamente definidos en normas generales. Por
su parte, el trabajador oficial es aquel que se encuentra vinculado por contrato de
trabajo.
Acorde con el anterior referente, queda claro que esta corporación ha entendido que
el término «funcionarios» hace referencia a las tipologías de empleado público y
trabajador oficial, cuya naturaleza también fueron precisados en el precedente en
cita. Sentado esto, la Sala debe entonces determinar si el cargo de directora
ejecutiva de la Corporación para la Promoción de la Cultura y el Turismo del Huila
– CORPOSANPEDRO, corresponde a alguna de esas categorías.
En primer lugar, se tiene que la Ordenanza 016 de 2014, autorizó al gobernador «la
creación de la corporación que se encargará de coordinar, operar, promocionar,
fortalecer, proteger y concurrir en la financiación del festival folclórico, reinado
nacional del Bambuco y muestra internacional del folclor y otros eventos culturales,
folclóricos y turísticos». En virtud de dicha habilitación, se creó la referida
corporación que, conforme al artículo 1º de sus estatutos se constituyó como una
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«persona jurídica, sin ánimo de lucro, de carácter mixto, regida por la Constitución
y las leyes especiales que regulan su naturaleza jurídica, constituida por aportes
públicos y privados y regida en su dirección, administración y contratación por el
Derecho Privado».
La creación de esta persona jurídica tiene sustento en lo preceptuado en el artículo
96 de la Ley 489 de 1998, que prescribe:
ARTICULO 96. CONSTITUCION DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS ENTIDADES
PUBLICAS CON PARTICIPACION DE PARTICULARES. Las entidades estatales,
cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con la observancia de
los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con
personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de
asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de
actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la
ley.
Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en ellos
se determinará con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes,
coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes.
Cuando en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, surjan personas jurídicas
sin ánimo de lucro, éstas se sujetarán a las disposiciones previstas en el Código
Civil para las asociaciones civiles de utilidad común.
(….) (Subrayas y negrillas no pertenecen a la norma)
La norma transcrita resulta coherente con lo plasmado en Acta No. 057 de 30 de
mayo de 2023 de la Junta Directiva de CORPOSANPEDRO, en donde se indica
que la señora Adriana Rojas Salazar fue vinculada a esa corporación mediante
«contrato de trabajo», entre el 1 de junio de 2021 hasta el 1 de junio de 2023 y que
le fue autorizada una nueva contratación entre el 1 de junio 2023 hasta el 31 de
mayo de 2025.
Acorde con lo anterior, es claro que no fue vinculada a esa corporación a través de
algún acto administrativo del que se derive una relación legal y reglamentaria, por
lo que mal podría catalogarse como una empleada pública. Y tampoco mediante un
contrato de trabajo en calidad de trabajador oficial, pues el objetivo inherente a esa
corporación, estatutariamente, no tienen que ver con «actividades en la contratación
y sostenimiento de obras públicas».
Así las cosas, la sala concluye que la compañera permanente del padre del
demandado no tiene la calidad de «funcionaria» en los términos que prevé el artículo
43.4 de la Ley 136 de 1994, razón por la cual no se configura el elemento subjetivo
de la causal de inhabilidad contenida en la citada norma. Por consiguiente, resulta
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inane analizar los demás reparos que el apelante esbozó en su recurso frente a los
demás elementos del supuesto inhabilitante alegado.
2.7 Conclusión
Acorde con los razonamientos aquí planteados, se concluye que el demandado no
estaba incurso en la inhabilidad contemplada en el artículo 43.4 de la Ley 136 de
1994, razón por la cual, se impone revocar la sentencia de primera instancia del 10
de septiembre de 2024 del Tribunal Administrativo del Huila dictada dentro del
proceso de la referencia, para en su lugar negar las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 10 de septiembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila, que accedió a las pretensiones de la demanda. En
su lugar, negar la prosperidad de estas.
SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su
competencia.
TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede
recurso ordinario alguno.
CUARTO: Reconocer al abogado William Alvis Pinzón como apoderado del señor
José Camilo Lizcano Triviño, conforme a la sustitución de poder visible en la
actuación 11 de SAMAI
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
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«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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