Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-33-000-2024-00054-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-33-000-2024-00054-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 41001-23-33-000-2024-00054-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
18 de abril de 2024
Radicado: 41001-23-33-000-2024-00054-01
Demandante: Ángel Arles Martínez Noguera
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 41001-23-33-000-2024-00054-01
Demandante: ÁNGEL ARLES MARTÍNEZ NOGUERA
Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Temas: Derecho de petición
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el demandante contra la sentencia del
16 de febrero de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo del Huila, que declaró
carencia actual de objeto por hecho superado.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 24 de enero de 20241, en ejercicio de la acción de tutela y actuando en nombre
propio, Ángel Arles Martínez Noguera pidió la protección del derecho fundamental de
petición.
A juicio del demandante, la vulneración se presenta por la falta de respuesta a la
petición remitida por la Vicepresidencia de la República a la Procuraduría General de
la Nación el 3 de enero de 2024.
2. Pretensiones
El actor formuló la siguiente pretensión: “Amparar mis derechos fundamentales al derecho
de petición”.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El 21 de diciembre de 2023, Ángel Arles Martínez Noguera envió a los correos
electrónicos radicacion@cam.gov.co; contacto@presidencia.gov.co;
procesosjudiciales@procuraduria.gov.co; procesosjudiciales@minambiente.gov.co; y
notificacionesjudiciales@minigualdad.gov.co solicitud de cumplimiento del Decreto
1523 de 2003 para participar en el Consejo Directivo de la CAM en representación de
las comunidades negras como Consejo Comunitario.
El 3 de enero de 2024, la coordinadora del Grupo de Gerencia de Justicia Étnico Racial
e Igualdad de Trato de la Vicepresidencia de la República trasladó, por competencia,
la petición presentada por el señor Martínez Noguera.
1 Índice 2 de Samai.
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4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte actora alega que a la fecha de presentación de la acción de tutela no ha
recibido respuesta a la petición remitida por competencia a la Procuraduría General
de la Nación el 3 de enero de 2024.
Que «a pesar que en reiteradas ocaciones (sic) hemos acudido a la procuraduría para que
nos ayude a defender nuestros derechos como comunidad afrodecendiente (sic) esta permite
de manera folclórica (sic) y descarada que las entidades nos atropellen y simplemente no dan
respuesta y con ello ayudan a que seamos discriminados por las entidades para no darnos la
participación a espacio que la constitución y la ley nos permiten».
5. Intervenciones
La asesora de la Oficina Jurídica de la Procuraduría General de la Nación solicitó
que se declarara improcedente la solicitud de amparo.
Explicó que la petición no fue presentada a través del canal destinado por la entidad
para ese fin: la sede electrónica dispuesta en el sitio web
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/Inicio.aspx, sino que lo hizo al correo creado
únicamente para la recepción de notificaciones judiciales.
Que, sin embargo, el 25 de enero de 2024, la División de Relacionamiento con el
Ciudadano, la clasificó, registró y asignó a la Procuraduría Delegada Preventiva y de
Control de Gestión 4: Para Asuntos Étnicos.
Que, el 13 de febrero de 2024, la Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de
Gestión 4: Para Asuntos Étnicos se requirió al Ministerio de la Igualdad, al Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y al director de la Corporación Autónoma
Regional del Alto Magdalena CAM, con el fin de que garantizaran al Consejo
Comunitario Pacífico por la Paz la participación en el consejo directivo de la CAM, si a
ello había lugar. Que, además, dio respuesta al demandante informándole de la acción
realizada por esa delegada frente a su petición.
Agregó que el requerimiento elevado por el actor no puede equipararse al ejercicio del
derecho fundamental de petición, porque se trataba de una solicitud preventiva: el
cumplimiento del Decreto 1523 de 2003 para ser incluido como miembro del Consejo
Directivo de la CAM.
Sustentó ese argumento en la sentencia T-230 de 2020 de la Corte Constitucional y
dijo que las actuaciones desplegadas en el marco de procesos judiciales o
administrativos disciplinarios y fiscales no son derecho de petición.
Que la función preventiva está reglamentada en la Resolución No. 132 de 2014,
adicionada por la Resolución No. 055 de 2015, en concreto en los artículos 5, 6 , 10,
11 y 27 de la primera y 1 de la segunda y que esa autoridad ha dado cumplimiento las
funciones constitucionales y legales, pues realizó requerimiento de información a la
Ministra de Igualdad y Equidad, a la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al
Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM e
informó al solicitante de esas actuaciones.
Que aunque esa autoridad interviene o realiza actuaciones preventivas ante las
jurisdicciones contencioso administrativa, constitucional y ante las diferentes
instancias de la jurisdicción penal, penal militar, civil, ambiental y agraria, de familia y
agraria, de familia, laboral, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las
autoridades administrativas y de policía, pero no lo hace como defensor de los sujetos
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intervinientes ni tampoco coadministra las funciones de otras entidades porque eso
sería extralimitarse en sus competencias.
6. Sentencia impugnada
El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 16 de febrero de 2024,
declaró la carencia actual de objeto, por hecho superado, porque la Procuraduría
General de la Nación, mediante Oficio No. 1110460000010 de febrero 12 de 2024,
informó al demandante que realizó requerimientos al director general de la CAM, al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Vicepresidencia de la República
para que adelantaran las acciones correspondientes de acuerdo a sus competencias,
para garantizar su participación en el consejo directivo de la CAM, si había lugar a ello,
remitiéndole copia de los mismos, atendiendo así lo pretendido por el actor.
Que, además, la respuesta fue puesta en conocimiento del actor.
7. Impugnación
La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia, solicitó que se revocara la
decisión y que, en su lugar, se amparara el derecho fundamental de petición, porque
la respuesta ofrecida por la Procuraduría General de la Nación corresponde a una
evasiva y no cumple con el objetivo del Decreto 1523 de 2003 para permitirle participar
en el Consejo Directivo de la CAM.
Explicó que la petición que presentó ante la Procuraduría General de la Nación
buscaba constituir en renuencia como requisito de procedibilidad para una acción de
cumplimiento, y para ello pidió a la procuradora general de la Nación que fuera garante
del cumplimiento del Decreto 1523 de 2003 y así lograr la participación en el Consejo
Directivo de la CAM.
Argumentó que, en todo caso, la respuesta de la entidad demandada no fue de fondo
y que eso desconoce el derecho de petición, pues la Corte Constitucional ha señalado
que el derecho de petición solo se satisface cuando la respuesta es clara, precisa y
congruente con lo solicitado; además, debe ser puesta en conocimiento del
peticionario.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada
por el señor Ángel Arles Martínez Noguera, resulta procedente revocar o modificar la
sentencia de primera instancia que declaró la carencia actual de objeto por hecho
superado.
La Sala encuentra que (i) la solicitud presentada ante la Procuraduría General de la
Nación no cumple con las características de una constitución en renuencia y (ii) la
demandada garantizó el derecho de petición del señor Martínez Noguera e informó
del trámite impartido. Asimismo, hizo uso de las facultades preventivas y se ajustó a
las normas aplicables, actuación que no ha culminado y, por lo tanto, no puede
hablarse de carencia actual de objeto, sino que deberán denegarse las pretensiones.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá al: (i) derecho fundamental de petición,
(ii) la constitución en renuencia y (iii) análisis del caso concreto.
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2. Derecho fundamental de petición
El artículo 23 de la Constitución Política prevé que el derecho de petición es
fundamental y faculta a toda persona para presentar solicitudes respetuosas ante las
autoridades y a obtener una respuesta oportuna, clara, precisa, de fondo y congruente
con lo solicitado.
El derecho a recibir una respuesta de fondo implica que la autoridad que recibió la
solicitud, según su competencia, se pronuncie completa y detalladamente sobre todos
los asuntos expuestos por el solicitante. La autoridad no puede responder con
evasivas o con razones que no guarden relación con los temas planteados en la
solicitud.
El derecho de petición, en concreto, comprende los siguientes elementos: (i) la
posibilidad de formular solicitudes respetuosas ante las autoridades públicas o los
particulares, según sea el caso; (ii) la garantía de que se entregue respuesta oportuna,
es decir, en las oportunidades que prevé el ordenamiento jurídico; (iii) la respuesta de
fondo o contestación material, esto es, la decisión que, en el ámbito de su
competencia, debe entregar el destinatario de la petición, sin importar que la decisión
sea o no favorable al solicitante; (iv) la comunicación oportuna de lo decidido, y (v) la
falta de competencia para pronunciarse sobre la totalidad o parte de la petición
presentada no significa que el destinatario quede exento de pronunciarse.
El desconocimiento de cualquiera de esos elementos trae como consecuencia la
vulneración del derecho de petición.
3. La constitución en renuencia
El Decreto 393 de 1997 desarrolló el artículo 87 de la Constitución Política que
estableció el derecho que tiene toda persona para «acudir ante la autoridad judicial para
hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo».
El artículo 8 de esa norma estableció un requisito de procedibilidad para la acción de
cumplimiento: la constitución en renuencia de la autoridad que incumpla o ejecute
actos o hechos que permitan deducir el inminente incumplimiento de normas con
fuerza de Ley o actos administrativos y señaló que «la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro
de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».
Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el
propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»2
y que:
(...) para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el solicitante, en su petición,
haga mención explícita y expresa que su objetivo es constituir en renuencia a la autoridad, pues
el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de
la petición que lo pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de
este, pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de procedibilidad
cuando la petición “[…] tiene una finalidad distinta a la de constitución en renuencia […]”. Resulta
2 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 20 de octubre de 2011, Rad. No 2011-01063, C.P. Mauricio
Torres Cuervo.
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relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la negativa del ente
accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta
oportunamente o porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del
ciudadano3.
4. Análisis del caso concreto
En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si (i) al escrito
presentado por el actor corresponde a una constitución en renuencia frente a la
Procuraduría General de la Nación y (ii) si se configura la carencia actual de objeto
por hecho superado.
Para resolver, la Sala se referirá a las pruebas que obran en el expediente respecto
de la Procuraduría General de la Nación.
4.1. Sobre la posible constitución en renuencia de la PGN
Está probado que, el 21 de diciembre de 2023, el señor Ángel Arles Martínez Noguera
como representante legal del Consejo Comunitario Pacífico por la Paz envió a los
correos electrónicos radicacion@cam.gov.co; contacto@presidencia.gov.co;
procesosjudiciales@procuraduria.gov.co; procesosjudiciales@minambiente.gov.co; y
notificacionesjudiciales@minigualdad.gov.co una solicitud en los siguientes términos:
Solicito el cumplimiento del decreto 1523 2003 (sic) nos permite al consejo comunitario pacifico
por la paz el poder participar en el consejo directivo de la CAM en representación de las
comunidades negras ya que por primera vez el departamento el Huila tiene consejo comunitario
(…)
SOLICITUD
1: me concedan ser miembro del consejo directivo de la CAM en representación de las
comunidaes (sic) negras y como único consejo comunitario que cumple con los requisitos
previstos en el decreto 1523 de 2003.
2: solicito a presidencia de la república me garantice dicha participación en este importante
espacio y su intervencio deacuerdo (sic) a sus competencia
3: a la señora procuradora general de la nación doctora margarita cabello ser garante en el
cumplimiento de decreto 1523de 2003 y que se me garantice la participación en dicho espacio
4: al ministerio de medio ambiente inste al director de la cam para el cumplimiento del decreto
antes mencionado
Al ministerio de la igualdad que se inicie el tramite por posible de discriminación racial pues el
director de la cam no permite la participación al consejo comunitario en representación de las
comunidades negras (se resalta).
El 3 de enero de 2024, la coordinadora del Grupo de Gerencia de Justicia Étnico Racial
e Igualdad de Trato de la Vicepresidencia de la República trasladó, por competencia,
a la Procuraduría General de la Nación la petición presentada por el señor Martínez
Noguera.
A partir de lo anterior, la Sala advierte que, contrario a lo afirmado por el demandante,
la solicitud que presentó ante la Procuraduría General de la Nación no se trató
de una constitución de renuencia, pues del escrito presentado por el señor Martínez
Noguera se advierte que lo pedido a esa entidad fue que interviniera como garante
para que las demás entidades involucradas cumplieran el Decreto 1523 de 2003 y así
participar en el Consejo Directivo de la CAM.
De modo que, al menos frente a la Procuraduría General de la Nación, la petición que
dio origen a la acción de tutela no cumple con el presupuesto de haber reclamado el
3 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de marzo de 2023, Rad. No. 15001-23-33-000-2022-00654-
01, C.P. Luis Alberto Alvarez Parra.
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cumplimiento del deber legal o administrativo previsto en el Decreto 1523 de 2003 por
parte de la autoridad demandada y, por lo tanto, no se trata de una constitución en
renuencia.
4.2. Verificación del procedimiento adelantado por la PGN una vez tuvo
conocimiento de la solicitud de ser garante en el cumplimiento del Decreto 1523
de 2003
De la revisión del proceso, la Sala encuentra probado que, mediante Oficio No. E-
2024-045646 del 12 de febrero de 2024, el procurador delegado preventivo y de
control de gestión para asuntos étnicos, en ejercicio de las funciones de control
preventivo, requirió a la ministra de la Igualdad y Equidad, a la ministra de Ambiente
y Desarrollo Sostenible y al director general de la Corporación Autónoma del Alto
Magdalena CAM para que garantizaran las medidas necesarias, adecuadas y
diferenciales a las que hubiera lugar e informaran si tenían conocimiento del asunto al
que se refiere el actor. Que, en caso afirmativo, dieran a conocer los trámites y
acciones realizadas para garantizar la participación del Consejo Comunitario Pacífico
para la Paz de acuerdo con las solicitudes que el peticionario dice haber presentado
de manera reiterada.
Ese oficio fue comunicado a las autoridades requeridas a través de correo electrónico
el 13 de febrero de 2024.
El procurador delegado preventivo y de control de gestión para asuntos étnicos le
informó al señor Ángel Arles Martínez Noguera de la actuación desplegada a través
de oficio que fue comunicado a través de correos electrónicos del 13 y 15 de febrero
de 2024 a los buzones pacificoporlapaz@gmail.com; marnogue_08@yahoo.es y
arles_08@hotmail.com.
Siendo así, la Sala encuentra que la autoridad demandada, por un lado, garantizó el
derecho fundamental de petición del señor Martínez Noguera, pues le informó de las
actuaciones desplegadas en atención a la solicitud de fungir como garante del
cumplimiento del Decreto 1523 de 2003.
Por otro lado, esa situación también pone en evidencia de que la demandada hizo uso
de las facultades preventivas previstas en el artículo 24 de del Decreto Ley 262 de
2000 y las resoluciones No. 132 de 2014 y 055 de 2015 para garantizar el cumplimiento
del Decreto 1523 de 2003 por parte de la ministra de la Igualdad y Equidad, a la
ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al director general de la Corporación
Autónoma del Alto Magdalena CAM, de la forma pedida por el accionante.
No obstante, la Sala no comparte el criterio del a quo sobre la configuración de la
carencia actual de objeto por hecho superado, pues si bien en el curso de la acción de
tutela la Procuraduría General de la Nación requirió a las autoridades frente a las
cuales el señor Martínez Noguera pidió el cumplimiento del Decreto 1523 de 2003 para
que adelantaran las acciones correspondientes de acuerdo con sus competencias
legales para garantizar su derecho a la participación en el Consejo Directivo de la CAM,
si a ello había lugar, e informó de esa actuación al demandante, lo cierto es que esa
actuación por sí sola no pone fin al ejercicio de las funciones preventivas a cargo de la
autoridad demandada.
De modo que, según los informes que rindan la ministra de la Igualdad y Equidad, a la
ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al director general de la Corporación
Autónoma del Alto Magdalena CAM, corresponderá al procurador delegado preventivo
y de control de gestión para asuntos étnicos determinar si es pertinente adoptar más
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actuaciones en el escenario de anticipación, o si con las adoptadas se supera la
eventual afectación de derechos o si, por el contrario, resulta pertinente hacer uso de
las facultades disciplinarias.
Por eso mismo, la Sala estima que con la actuación desplegada hasta el momento por
parte la Procuraduría General de la Nación no se puede configurar la carencia actual
de objeto, porque no hay evidencia de que la actuación administrativa preventiva haya
culminado y, por lo tanto, se debe revocar el fallo de primera instancia y, en su lugar,
denegar las pretensiones.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Revocar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia. En
su lugar:
2. Denegar la acción de tutela presentada por Ángel Arles Martínez Noguera, conforme
con los motivos expuestos en esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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