RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 41001-23-33-000-2024-00282-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-33-000-2024-00282-01

Fecha
30 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-33-000-2024-00282-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo del Huila, que declaró improcedente este amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito. TERCERO. ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que esta sentencia no fuere impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 41001-23-33-000-2024-00282-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

30 de septiembre de 2024

Radicado: 41-001-23-33-000-2024-00282-01
Accionante: Diana Lorena Bermeo Arciniegas y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 41-001-23-33-000-2024-00282-01
Accionante: Diana Lorena Bermeo Arciniegas y otros
Accionado: Juzgado Quinto Administrativo de Neiva y otros
Referencia: Acción de tutela

Tema: acción de tutela contra providencia judicial
Subtema 1: coadyuvancia e indebida integración del contradictorio en procesos de simple nulidad
Subtema 2: requisitos generales de procedibilidad. Subsidiariedad

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia proferida el 30 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo del Huila,
que declaró improcedente el amparo.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de tutela
Diana Lorena Bermeo Arciniegas, Lucy Solange Hernández Ulloa, Alejandra Vega
Meneses, Yoli Esperanza Samboni Beltrán, Luz Deicy Orozco Valenciano y Adriana
María Bolaño radicaron escrito de tutela el 15 de agosto de 2024 en contra del
Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, de la alcaldía municipal de Timana-Huila
y de Jan Marco Cortez Guzmán, para obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso administrativo y a la igualdad.

Tales garantías las consideraron vulneradas por las accionadas, con ocasión a la
falta de reconocimiento de su condición como coadyuvantes o litisconsortes dentro
del proceso de nulidad simple radicado al número 41-001-33-33-005-2024-00015-
00, sumado a las irregularidades procesales advertidas en el curso de este trámite,
que permitieron la adopción de una decisión en contravía de la realidad probatoria.

1.2. Hechos probados1

1.2.1. Jan Marco Cortez Guzmán radicó demanda de simple nulidad2 el 25 de enero
de 2024 con el fin de solicitar la declaración de ilegalidad del acto administrativo
095 del 28 de septiembre de 20233 proferido por la alcaldía municipal de Timaná,
soportada en los cargos de expedición irregular y de infracción de las normas en
que el acto debía fundarse, como consecuencia de la inexistencia de los estudios

1 Construidos a partir de las pruebas aportadas por la parte accionante, y las piezas procesales del

expediente de nulidad simple radicado al número 41-001-33-33-005-2024-00015-00, que obran en
el aplicativo SAMAI.
2 Documento contenido en el expediente ordinario que obra en el aplicativo SAMAI con el certificado

53931E5E2443B747 593B5FD2E9E9D59D 45DE204609716384 2E5262F7A484662D, ubicado en
el índice 00003.
3 “Por medio del cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del

Municipio de Timaná Huila, suscrito por el entonces Alcalde Municipal Marco Adrián Artunduaga
Gómez”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
1
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 41-001-23-33-000-2024-00282-01
Accionante: Diana Lorena Bermeo Arciniegas y otros

previos requeridos en casos en los que se pretende elaborar, modificar, adicionar o
actualizar el manual de funciones.

1.2.2. El Juzgado Quinto Administrativo de Neiva admitió la demanda en auto del
26 de enero de 20244, y el 19 de abril de 20245 reconoció como coadyuvantes de
la parte actora a Olga Mireya Hermida Vargas, Carlos Núñez Carvalo, Irma Amanda
Carvajal, Roger Danilo Murcia Hoyos, Francisco Javier Barrera Castaño, Javier
Ancizar Mejía Rodríguez y Luis Eduardo Perdomo Yosa, quienes allegaron escrito
el 8 de marzo de 20246.

Esto, por cuanto cualquier persona está habilitada para intervenir como
coadyuvante en los procesos contenciosos de simple nulidad, quienes deberán
tomar el proceso en el estado en el que se encuentre, y la solicitud fue radicada
oportunamente antes de la celebración de la audiencia inicial (artículo 223 del
CPACA7).

Adicionalmente, decidió dar aplicación al trámite previsto en el artículo 182A del
CPACA, relativo a la sentencia anticipada, comoquiera que no había tenido lugar la
audiencia inicial y solo se tuvieron como pruebas las aportadas con la demanda y
su contestación, sin que se hubiere formulado sobre estas tacha o desconocimiento.

Tuvo como pruebas los documentos que se aportaron con el escrito de demanda,
de la contestación y de coadyuvancia, y corrió traslado para los alegatos de
conclusión a las partes, y para que el Ministerio Público rindiera su concepto. Esto,
por cuanto prescindió de celebrar audiencia inicial.

1.2.3. Diana Lorena Bermeo Arciniegas, Lucy Solange Hernández Ulloa, Alejandra
Vega Meneses, Maritza Andrea Peña Figueroa, Yoli Esperanza Samboni Beltrán,
Luz Deicy Orozco Valenciano, Adriana María Bolaño y Gina Marcela Llanos Estrada,
el 16 de mayo de 20248, le pidieron al Juzgado Quinto Administrativo de Neiva ser
reconocidas como “coadyuvantes impugnadoras a la demanda”, o, en su defecto,
como litisconsortes necesarias dentro del proceso. En consecuencia, solicitaron la
nulidad del trámite de la referencia desde el auto del 26 de enero de 2024 que
admitió la demanda, de conformidad con lo previsto en el numeral 8 del artículo 133
del CGP, con el fin de que se les corriera el traslado que garantizara sus derechos
a la defensa y contradicción.

Soportaron su petición en el conocimiento que tenía tanto el señor Cortez Guzmán,
en su condición de ex personero municipal de Timaná, como la alcaldía del ente
territorial, de las consecuencias adversas que la nulidad del acto administrativo
comportaría para sus nombramientos en provisionalidad en la planta de la alcaldía
municipal.

4 Documento contenido en el expediente ordinario que obra en el aplicativo SAMAI con certificado

AC0A7BF605BB3F9F DDBE1A89352E6AE0 023A8A7DDAD8D364 ABD57E0CA88564FE, ubicado
en el índice 00006.
5 Documento contenido en el expediente ordinario que obra en el aplicativo SAMAI con certificado

48D2935E55E3CA03 B2C9175880C82A8E A2D60746C337904C 42C76927DD23E81D, ubicado
en el índice 00015.
6 Documento contenido en el expediente ordinario que obra en el aplicativo SAMAI con certificado

A89220D1A9313D98 F0A08D5421123262 808B77E6B62872B4 91B3654656C8DCD9, ubicado en
el índice 00013.
7 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
8 Documento contenido en el expediente ordinario que obra en el aplicativo SAMAI con certificado

83DFEF271D22A660 BD3A8519774E24EE 217E62FAC8E6D641 E58CC8BAEC201C96, ubicado
en el índice 00025.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
2
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 41-001-23-33-000-2024-00282-01
Accionante: Diana Lorena Bermeo Arciniegas y otros

Argumentaron que, del contenido de los decretos proferidos en 2023 en los cuales
la alcaldía de Timaná había efectuado sus nombramientos en provisionalidad, se
podía extraer la existencia de los estudios técnicos para efectuar el rediseño de la
entidad territorial. De tal forma que, como estos documentos reposaban en la
custodia de la alcaldía, se hacía palmario que la administración actuó con
temeridad, al omitir aportarlos al proceso para darle solidez a la pretensión de la
parte demandante.

Pusieron de presente que el aludido actuar de la cartera municipal fue desleal y
suscitó solicitudes posteriores y requerimientos que fueron contestados por cuenta
de la alcaldía con la remisión de la copia del estudio técnico al Juzgado Quinto
Administrativo de Neiva. Por las razones expuestas, cuestionaron:

“Ante las evidentes irregularidades que se han suscitado en torno a la omisión en la
incorporación por parte de la entidad demandada de las pruebas encaminadas a
ejercer una defensa técnica adecuada que permitiera desvirtuar los hechos y
pretensiones de la demanda, se encuentra que la misma asumió una posición pasiva
y acomodada a los hechos y pretensiones de la demanda, con un allanamiento
expreso que desconoce los principios y deberes de los servidores en el ejercicio de
la defensa de lo público.

La conducta de la demandada denota implícitamente el interés que le asiste en que
se declare la nulidad del precitado decreto, pues con ello, de manera colateral podría
generarse la desvinculación de las personas que fueron nombradas en
provisionalidad, generando vacantes para los amigos de la actual administración,
desconociendo que tal actitud, genera afectación a los derechos laborales de las
personas que represento, quienes fueron privadas de ejercer la defensa de sus
intereses y derechos en el presente asunto.

De la petición elevada por el apoderado de la parte accionada ALCALDIA
MUNICIPAL DE TIMANA, del 25 de abril de 2024, denota que solo hasta esa fecha
solicitó la carpeta y soportes documentales que dieron origen del decreto 095 del 28
de septiembre de 2023.

Es absolutamente claro su señoría que una decisión adversa a la demandada
comporta afectación a los derechos laborales de mis representadas quienes
colateralmente se verían expuestas, pues su decreto de nombramiento tiene
igualmente fundamento en el decreto 095 del 28 de septiembre del 2023”9.

Adujeron que estas situaciones fueron inobservadas por el accionante y la
demandada para efectos de la integración del contradictorio, actuar que atentó
contra los principios de legalidad, transparencia y probidad propios del servicio
público, así como contra las disposiciones del CPACA y del CGP10 que rigen las
figuras de la coadyuvancia, la intervención ad excludendum y el litisconsorcio
necesario, al omitir garantizarles su comparecencia al proceso a través de la
notificación del auto admisorio de la demanda.

Citaron el contenido de la reglamentación del litisconsorcio necesario, frente al que
destacaron la concurrencia de la causal de nulidad regulada en el numeral 8 del
artículo 133 del CGP; aludieron a una sentencia proferida por el Consejo de
Estado11 referente a la vulneración del debido proceso por irregularidades
sustanciales, y concluyeron que:

9Ibídem. Negritas y subrayado en el texto original.
10 CGP, por sus siglas se refiere al Código General del Proceso.
11 Sentencia 2024-02189 de 2019.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
3
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 41-001-23-33-000-2024-00282-01
Accionante: Diana Lorena Bermeo Arciniegas y otros

“Es evidente que en el presente asunto se pueden advertir presuntas maniobras
encaminadas a direccionar el sentido de la decisión, en detrimento de los derechos
que les asisten a mis representadas, aspecto que debe llevar señora Juez a que se
adopten las medidas correctivas del proceso encaminadas a que se garantice la
recta y eficaz administración de justicia”12.

1.2.4. El Juzgado Quinto Administrativo de Neiva dictó sentencia el 26 de junio de
202413, en la que relató que Diana Lorena Bermeo Arciniegas, Lucy Solange
Hernández Ulloa, Alejandra Vega Meneses, Maritza Andrea Peña Figueroa, Yoli
Esperanza Samboni Beltrán, Luz Deicy Orozco Valenciano y Adriana María Bravo
Bolaños, por conducto de apoderado judicial, radicaron escrito en el que solicitaron
su reconocimiento como coadyuvantes impugnadoras o en calidad de litisconsortes
necesarias con la consecuente anulación del trámite procesal surtido. También pidió
lo pertinente la señora Gina Marcela Llanos Estrada, quien dejó de aportar el poder
para actuar en su nombre.

En razón a ello, resolvió negar la solicitud, por cuanto estaba fuera de las
oportunidades procesales que establece el artículo 223 del CPACA, en la medida
en que fue radicada el 16 de mayo de 2024, pero el 19 de abril anterior se había
proferido auto de reconocimiento de los coadyuvantes que hasta esa fecha habían
pedido ser tenidos como tales.

Explicó que, como en el medio de control se aplicó el artículo 182A del CPACA
atinente a la decisión anticipada, prescindió de la etapa de audiencia inicial, fijó el
litigio y corrió traslado a las partes para alegar de conclusión. De suerte que en estos
eventos la etapa de la audiencia inicial es asimilable al auto en el que se ordena
prescindir de esta.

Agotado lo anterior, resolvió negativamente la solicitud de vinculación en calidad de
litisconsortes necesarios con la consecuente nulidad del proceso, en la medida en
que “en los procesos de nulidad simple no debe aceptarse la intervención de
terceros bajo la categoría procesal del litisconsorcio por mandato del artículo 224
del CPACA, ya que su finalidad no es resguardar un interés particular sino
salvaguardar la legalidad o no del acto acusado”. Para ello, se soportó en un fallo
proferido por el Consejo de Estado14.

En cuanto al fondo del asunto, realizó un recuento de la normatividad aplicable a los
manuales específicos de funciones y competencias laborales, con énfasis en el
artículo 32 del Decreto 785 de 2005 que dispuso lo concerniente a los estudios
requeridos para la modificación, adición o actualización del manual específico de
funciones y de requisitos, frente al cual destacó que ello comprendía una etapa
previa necesaria para la validez de los actos administrativos.

Al punto, discurrió que la única alusión efectuada en el Decreto 095 de 2023 sobre
estudios técnicos, consistió en que se realizaron antes de la expedición del Decreto
070 del 15 de junio de 2023, que no corresponde al acto administrativo demandado,
de tal manera que no es posible concluir el acatamiento de este requisito.

12 Documento contenido en el expediente ordinario que obra en el aplicativo SAMAI con certificado

83DFEF271D22A660 BD3A8519774E24EE 217E62FAC8E6D641 E58CC8BAEC201C96, ubicado
en el índice 00025.
13 Documento contenido en el expediente ordinario que obra en el aplicativo SAMAI con certificado

EFCAD64257EBCE9F 7F11C874CFE70E08 EB3381C681F402AC 41ED92D944750575, ubicado
en el índice 00028.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A,

Consejero Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas Bogotá, D. C. dieciocho (18) de julio de dos mil
dieciocho (2018). Radicación: 110010325000201601071 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
4
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 41-001-23-33-000-2024-00282-01
Accionante: Diana Lorena Bermeo Arciniegas y otros

Concluyó que el manual de funciones no se sustentó en un estudio previo, de
conformidad con lo relatado por la entidad territorial, que advirtió que no pudo
encontrar el documento técnico ni un anexo que pudiera soportar la motivación del
acto administrativo en la contestación de la demanda, y que no podía ratificar la
autenticidad del supuesto estudio fechado 29 de abril de 2024.

Se pronunció en torno a un memorial del 29 de marzo de 2024, según el cual el
documento de los estudios fue firmado por el alcalde municipal de Timaná con
anotación de revisión por un asesor jurídico, sin estar suscrito por el jefe de la
Oficina de Personal o por quien hiciera sus veces, aunado a que no reposaba en el
archivo de la entidad, no fue relacionado en el acta parcial de empalme de talento
humano el 21 de noviembre de 2023, ni se corroboró que se hubiera surtido su
publicación en los medios autorizados.

Explicó que, por estos motivos, el documento no podía ser valorado, aunado a que
fue aportado fuera de la oportunidad probatoria y la entidad territorial desconoció
completamente su autenticidad.

Coligió que como la necesidad de contar con un estudio previo estaba soportada en
razones de buen servicio, el Decreto 095 del 28 de septiembre de 2023 desconoció
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 785 de 2005, que vició de nulidad el acto
por incurrir en expedición irregular.

1.2.5. Diana Lorena Bermeo Arciniegas, Lucy Solange Hernández Ulloa, Alejandra
Vega Meneses, Maritza Andrea Peña Figueroa, Yoli Esperanza Samboni Beltrán,
Luz Deicy Orozco Valenciano y Adriana María Bravo Bolaños interpusieron
recurso de apelación15 en contra de la sentencia del 26 de junio de 2024, en el
que discutieron que no existió notificación que les permitiera enterarse
oportunamente de la existencia del proceso, pese a que ambas partes tenían pleno
conocimiento de la injerencia del asunto para sus derechos fundamentales, de
suerte que consintieron que feneciera la oportunidad que tenían para intervenir.

Para ello, hicieron mención al precedente del Consejo de Estado contenido en la
sentencia 2014-02189 de 2019 relacionado con el derecho fundamental al debido
proceso administrativo, y lo vincularon a la causal de nulidad por no haberse
notificado en debida forma el auto admisorio de la demanda, que está prevista en el
numeral 8 del artículo 133 del CGP.

Disputaron que la administración municipal allegó el estudio técnico que echó de
menos el juzgado, de cuya valoración no podía prescindirse porque hubiera sido
aportado por el alcalde, pues hacerlo constituía un error fáctico en la decisión. Por
el contrario, el juzgado debía procurar una actuación conforme el artículo 42 del
CGP, al suspender el proceso y ordenar la compulsa de copias ante la Procuraduría
y la Fiscalía, por el reproche derivado de la postura pasiva que fue asumida por la
demandada, en cuanto a controvertir los hechos objeto del proceso.

Pidieron la revocación de la sentencia que negó su reconocimiento como
coadyuvantes o litisconsortes y decretó la nulidad del Decreto 095 del 28 de
septiembre de 2023, así como que se declare la nulidad del proceso a partir del auto
admisorio de la demanda para que se les corra traslado y puedan ejercer su derecho
de contradicción.

15 Documento contenido en el expediente ordinario que obra en el aplicativo SAMAI con certificado

B1ECBAF1EB1CFE02 987F5AC597488C0F F77CD0951B150BBF D01B3ABF6C1A7F2A, ubicado
en el índice 00032.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
5
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 41-001-23-33-000-2024-00282-01
Accionante: Diana Lorena Bermeo Arciniegas y otros

1.2.6. El Juzgado Quinto Administrativo de Neiva dictó auto el 19 de julio de 202416
en el que resolvió el recurso de apelación interpuesto por quienes insistieron en ser
tenidas como coadyuvantes o litisconsortes. Para este efecto, precisó que el
profesional del derecho Oscar Eduardo Castro Romero no actúa como apoderado
de alguna de las partes del proceso, por lo que carece de legitimación para proponer
el recurso.

Luego de aclarar que por economía procesal resolvió en la sentencia solicitudes
radicadas con posterioridad al vencimiento del término de traslado para alegar,
explicó que, a pesar de que la decisión que niega la intervención de terceros es
susceptible de apelación17, este no tendría efecto útil en el caso concreto.

Puesto que, aun si a las personas aparentemente representadas por el profesional
se les hubiera reconocido como coadyuvantes, carecerían de habilitación para
“interponer recursos que el coadyuvado no desee o en disconformidad con este” 18,
de acuerdo con el contenido del artículo 224 del CPACA, según el cual los
coadyuvantes realizarán los actos procesales permitidos a la parte en un margen
de movilidad definido. De esta forma, como el municipio de Timaná no apeló el fallo
de primera instancia, el recurso se negaría por improcedente.

Hizo hincapié en que la decisión que negó la solicitud de vinculación como
litisconsortes necesarias, de conformidad con el precedente del Consejo de
Estado19, no equivale a la de intervención de terceros, puesto que como la primera
tiene por objeto vincular a personas determinadas en calidad de parte, contra esta
no es susceptible el recurso de apelación en los términos del numeral 6 del artículo
243 del CPACA.

En consecuencia, el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva no concedió el recurso
de apelación interpuesto por Oscar Eduardo Castro Romero contra la sentencia del
26 de junio de 2024.

1.3. Pretensiones y argumentos de tutela

La parte accionante solicitó el amparo de su derecho fundamental al debido
proceso, con la consecuente adopción de las medidas necesarias para su
restablecimiento.

Argumentó que se configuró el defecto fáctico, porque la demandada asumió una
posición pasiva de acuerdo con los hechos y pretensiones de la demanda. En
particular, reprochó que se hubiera optado por declarar la nulidad del acto
administrativo, pues con ello quedó demostrado que la finalidad es favorecer los
intereses de los amigos de la administración, lo que solo es alcanzable una vez
generada la desvinculación de las personas nombradas en provisionalidad.

16 Documento contenido en el expediente ordinario que obra en el aplicativo SAMAI con certificado

272724214C3F6C33 24C7A168BC16B7F8 EAF4EA29588C5ACC A7B7F07D74B1D145, ubicado
en el índice 00034.
17 Numeral 6 del artículo 243 del CPACA.
18 Documento contenido en el expediente ordinario que obra en el aplicativo SAMAI con certificado

272724214C3F6C33 24C7A168BC16B7F8 EAF4EA29588C5ACC A7B7F07D74B1D145, ubicado
en el índice 00034.
19 Consejo de Estado, sentencia del 17 de abril de 2013, radicado No. 76001-23-31-000-2006-01754-

01. Consejo de Estado, auto del 25 de enero de 2021, radicado No. 15238-33-33-003-2018-00538-
01. Consejo de Estado, auto del 1 de enero de 2023, radicado o No. 25000-23-42-000-2020-00772-
01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
6
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 41-001-23-33-000-2024-00282-01
Accionante: Diana Lorena Bermeo Arciniegas y otros

Reparó en que, como el apoderado de la alcaldía de Timaná solo pidió la carpeta
contentiva de los soportes documentales que sirvieron de base para la expedición
del Decreto 095 del 28 de septiembre de 2023, el 25 de abril de 2024, el Juzgado
Quinto Administrativo de Neiva debió decretar esta prueba oficiosamente, como una
medida correctiva para adoptar una decisión adecuada, máxime cuando el asunto
de la condición previa constituía la génesis de la controversia.

Afirmó que, de forma contradictoria, el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva optó
por desestimar la existencia de este documento público con lo cual se vio
conminado a declarar la ilegalidad del acto administrativo demandado, actuación
que se enmarca en una valoración probatoria arbitraria y caprichosa, que incide
adversamente en sus derechos laborales.

Es por ello que la actuación desplegada en el asunto objeto de tutela cercenó sus
garantías laborales ante la imposibilidad de poder ejercer sus derechos y defender
sus intereses.

Adicionalmente, indicó que como en el proceso de nulidad simple no se integró el
litisconsorcio necesario con las personas que podrían verse comprometidas con la
decisión, ello constituía una afectación al debido proceso por indebida notificación,
en consonancia con una causal de nulidad dispuesta en el artículo 133, numeral 8
del CGP.

Citó jurisprudencia del Consejo de Estado20 relacionada con la vulneración del
debido proceso administrativo derivada de irregularidades sustanciales ocurridas en
el marco de un procedimiento, la cual tiene la naturaleza de incidir en la definición
de la situación jurídica, a partir de lo cual concluyó que el contencioso de simple
nulidad se caracterizó por maniobras que direccionaron el sentido de la decisión, al
pasar por alto los derechos fundamentales y la rectitud de la administración de
justicia.

1.4. Trámite en primera instancia e intervenciones

1.4.1. El asunto correspondió conocerlo al Tribunal Administrativo del Huila, quien
admitió la solicitud de amparo en auto del 15 de agosto de 2024 21, decisión que se
les notificó en debida forma a las partes22. Una vez surtido este traslado, se
allegaron los siguientes escritos de intervención:

1.4.2. El Juzgado Quinto Administrativo de Neiva23 realizó un recuento de las
actuaciones surtidas en el expediente de la nulidad, y frente al caso concreto reparó
en la falta de agotamiento del recurso de queja contra el auto que negó la apelación,
pese a que era el mecanismo procesal pertinente.

20 Sentencia 2024-02189 de 2019.
21 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia que obra en el
aplicativo SAMAI, con el certificado 538FF6C004252C43 3DD83C6AECC34173
DED95D5DA06700EC 3977A65991291D2A, ubicado en el índice 00005.
22 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia que obra en el

aplicativo SAMAI, con los certificados CD08BB3D0483FF56 12A1DD8BB9E7B127
8A7DE7DA911E12A3 6F915817AF23E03D y
18CCE13ECD66E4F1 B0B5703464C1E982 3F475EB65EE28E2D 334E1EC06A3CD929, ubicados
en los índices 00007 y 00008.
23 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia que obra en el

aplicativo SAMAI, con el certificado
0AC9FEB40DA42EB0 E9C11DE1BFDD31A6 BB353EAC2F42E2AE 204575CEE491896B, ubicado
en el índice 00009.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
7
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 41-001-23-33-000-2024-00282-01
Accionante: Diana Lorena Bermeo Arciniegas y otros

En cuanto a la prueba supuestamente inadvertida, explicó que el documento fue
aportado cuando ya había expirado la oportunidad procesal pertinente para
contestar la demanda, sin la firma requerida y sin la evidencia de su publicación, lo
cual fue explicado en la sentencia proferida. Así pues, como este medio suasorio no
fue incorporado en la oportunidad dispuesta por el artículo 212 del CPACA, su
ausencia de valoración no puede comportar una actuación arbitraria e irracional.

Pidió la declaración de improcedencia del amparo por incumplimiento del requisito
de subsidiariedad o negar las pretensiones por ausencia de vulneración de los
derechos fundamentales.

1.4.3. Jan Marco Cortés Guzmán24 se pronunció frente a cada uno de los hechos
de la demanda de tutela y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por
ausencia de agotamiento del recurso de queja, por el sometimiento del proceso al
debate propio del recurso de revisión, y porque el extremo accionante no logró
desarrollar en debida forma una causal de procedencia contra providencia judicial.

1.4.4. El municipio de Timaná25 expresó que las actuaciones judiciales se ajustaron
a la Constitución y a la ley, sin que las accionantes hubieran acreditado que
agotaron los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial o que
concurrían al amparo para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. Le
suplicó al juez constitucional que declare improcedente la tutela y, subsidiariamente,
niegue las pretensiones de la demanda.

1.5. Sentencia de tutela de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Huila dictó sentencia el 30 de agosto de 2024 26 en la
que declaró improcedente el amparo por insatisfacción del presupuesto general de
subsidiariedad.

Denotó que la parte actora no agotó el recurso ordinario de queja regulado en el
artículo 245 del CPACA, cuyo objeto es propender por la concesión de la apelación,
que en este caso les fue negada. De modo que, según precedente del Consejo de
Estado relativo a la finalidad del recurso de queja, este era el medio ordinario con el
que contaban para la definición de su situación.

Indicó que la queja debía interponerse en subsidio de la reposición en los términos
que prevé el artículo 353 del CGP dentro de la ejecutoria de la providencia que negó
el recurso de apelación, la cual fue proferida el 19 de julio de 2024 y cobró ejecutoria
el 25 siguiente del mismo mes, en la medida en que no se radicó recurso contra la
aludida decisión.

Destacó el carácter subsidiario de la acción de tutela contra providencias judiciales
de conformidad con los lineamientos impartidos por la Corte Constitucional, con
particular énfasis en los eventos de ausencia de agotamiento de los mecanismos
de defensa judicial, y desacreditó que se hubiere justificado en la demanda de tutela

24 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia que obra en el
aplicativo SAMAI, con certificado 261FC7D5235D538E F8E41673A20F7597 E246946072AE4A19
B5BB6AA4F76FF3EC ubicado en el índice 00010.
25 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia que obra en el

aplicativo SAMAI, con certificado 44255295766F75F6 E4E50DC18673326C A9B8EDDD633F9FA6
89A74CD033092542, ubicado en el índice 00011.
26 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia que obra en el

aplicativo SAMAI, con certificado 0B1A069E05B8D210 0772A260678CB1C2 F1923EE857A7C058
DCF8ACAFD54B2FA0, ubicado en el índice 00013.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
8
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 41-001-23-33-000-2024-00282-01
Accionante: Diana Lorena Bermeo Arciniegas y otros

que la finalidad de su instauración era evitar la consumación de un perjuicio
irremediable.

1.6. Impugnación

1.6.1. La parte accionante27 reafirmó los argumentos incorporados al escrito de
tutela y agregó que interpuso recurso de apelación contra la sentencia anticipada
que declaró la nulidad del acto administrativo 095 del 28 de septiembre de 2023,
pero este fue rechazado de plano con fundamento en la ausencia de legitimación
para proponerlo.

En este orden, el objeto de su recurso consistía en revelar las irregularidades que
se presentaron en el curso del proceso de nulidad simple, en el que pretendió su
reconocimiento como coadyuvante impugnadora o como litisconsorte, toda vez que
debido al vínculo laboral que ostentan con la administración municipal de Timaná,
el asunto administrativo comprometía sus derechos. En consecuencia, la renuencia
a posibilitar su participación derivó en una lesión para sus derechos fundamentales
al debido proceso administrativo y de acceso a la administración de justicia. Pidió
la tutela de su derecho fundamental y, en razón a ello, la revocación del fallo del 30
de agosto de 2024.

1.6.2. El Tribunal Administrativo del Huila concedió la impugnación en auto del 9 de
septiembre de 202428.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991.

2.2. Legitimación en la causa

(i) Por activa. Diana Lorena Bermeo Arciniegas, Lucy Solange Hernández Ulloa,
Alejandra Vega Meneses, Yoli Esperanza Samboni Beltrán, Luz Deicy Orozco
Valenciano y Adriana María Bolaño están legitimadas en la causa por activa para
interponer la presente solicitud de amparo, toda vez que si bien no fueron parte en
el proceso contencioso de simple nulidad objeto de este mecanismo constitucional,
acuden a esta sede judicial en búsqueda de una protección derivada de la condición
que, afirmaron, les debió haber sido reconocida como litisconsortes necesarias o
coadyuvantes del aludido trámite ordinario.

En este orden, de conformidad con los hechos relatados, está probado que las
accionantes radicaron solicitud ante el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva el
16 de mayo de 2024 en la que pidieron ser reconocidas como “coadyuvantes
impugnadoras a la demanda”29, y, en su defecto, como litisconsortes necesarias
dentro del proceso, la cual estuvo soportada en las consecuencias adversas que la
27 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia que obra en el
aplicativo SAMAI, con certificado AEE83A9BD4692A8E DB26AC637208723D 4487B71BCB19E327
5588446C5226218F, ubicado en el índice 00016.
28 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia que obra en el

aplicativo SAMAI con certificado 95656913CA1BE121 19E3581BCF52EED7 9EADE92EED46DE88
CBFFA1DB02C9D342, ubicado en el índice 00018.
29 Documento contenido en el expediente ordinario que obra en el aplicativo SAMAI con certificado

83DFEF271D22A660 BD3A8519774E24EE 217E62FAC8E6D641 E58CC8BAEC201C96, ubicado
en el índice 00025.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
9
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 41-001-23-33-000-2024-00282-01
Accionante: Diana Lorena Bermeo Arciniegas y otros

nulidad del acto administrativo comportaría para sus nombramientos en
provisionalidad en la planta de la alcaldía de Timaná. Este pedimento fue resuelto
por la autoridad judicial en sentencia anticipada proferida el 26 de junio de 2024.

(ii) Por pasiva. El Juzgado Quinto Administrativo de Neiva está legitimado en la
causa por pasiva para responder por la afectación del derecho fundamental al
debido proceso de las accionantes, toda vez que fue la autoridad que sustanció el
proceso ordinario y, dentro de su órbita de competencia, resolvió negativamente la
solicitud de la parte actora atinente a la integración del contradictorio, así como a su
reconocimiento como coadyuvantes impugnadoras.

Si bien también fueron accionados en este trámite la alcaldía municipal de Timaná
y Jan Marco Cortés Guzmán, lo cierto es que una lectura del escrito de tutela permite
entrever que la intención de la parte accionante no fue atribuirles “la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación”30 por haber realizado, o dejado de
hacer, la conducta constitutiva de la omisión.

Por el contrario, la finalidad por la que comparecieron a este trámite la alcaldía
municipal de Timaná y Jan Marco Cortés Guzmán, sigue la suerte del hilo procesal
propio del trámite de nulidad simple, en el que tanto la alcaldía como Jan Marco
Cortés Guzmán fueron partes demandada y demandante, respectivamente. De esta
forma, pese a que estos no constituyan la autoridad judicial que específicamente
realizó las actuaciones merecedoras de reproche constitucional, su intervención
como interesados en este trámite constitucional deviene necesaria con el fin de
garantizar tanto el debido proceso como la contradicción.

En consecuencia, el presupuesto relativo a la legitimación en la causa por pasiva
solo es predicable del Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, a quien se le
realizan las imputaciones constitucionales, mas no de la alcaldía de Timaná y Jan
Marco Cortés Guzmán.

Establecido lo anterior, esta decisión se contraerá a estudiar la presente acción de
tutela bajo los postulados del amparo contra providencia judicial, pues si bien la
parte accionante no identificó concretamente una decisión ni pidió dejar sin efectos
un fallo de la misma naturaleza, lo cierto es que los cargos se subsumen en dos
cuestiones esenciales que quedaron definidas en la sentencia del 26 de junio de
2024: la falta de garantía de intervención y la valoración caprichosa de una prueba
que culminó con la declaratoria de nulidad del acto administrativo demandado.

Por tanto, no habría otra forma de atender debidamente las súplicas de la parte
accionante, tendientes a que se proteja su debido proceso y se adopten las medidas
necesarias para su restablecimiento, sino a través del examen de las providencias
judiciales dictadas por el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva.

2.3. Procedibilidad de la acción

La jurisprudencia constitucional ha establecido que, cuando una solicitud de amparo
va dirigida en contra de una providencia judicial, el juez de tutela debe, de forma
preliminar, analizar los requisitos generales de procedibilidad de la acción. Tales
condiciones son: (i) que la cuestión sea de relevancia constitucional31; (ii) que se

30 Corte Constitucional. Sentencia T-1001-06.
31 En lo que respecta a este requisito, la Corte Constitucional indicó que este propende por que la

acción de tutela tenga un carácter excepcional que salvaguarde los principios de autonomía e
independencia judicial, de modo que, como las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada
"el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
10
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 41-001-23-33-000-2024-00282-01
Accionante: Diana Lorena Bermeo Arciniegas y otros

cumpla con el presupuesto de subsidiariedad, esto es, que se hayan agotado todos
los medios de defensa judicial al alcance; (iii) que se cumpla el principio de
inmediatez; (iv) si se trata de una irregularidad procesal, que la misma sea
decisiva en el proceso; (v) que se identifiquen, de manera razonable, los hechos
que generaron la vulneración de derechos fundamentales, así como los
derechos violados, “y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible”32; y (vi) que no se trate de una tutela contra
otra tutela33.

En el caso concreto, la Sala encuentra que los reparos propuestos en esta sede
constitucional atinentes a que el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva optó por
desestimar la existencia del estudio previo que sirvió de soporte para la expedición
del Decreto 095 - razón por la cual incurrió en un defecto fáctico por indebida
valoración probatoria-, y a que en el proceso de simple nulidad se dejó de integrar
el contradictorio con las personas que podían verse comprometidas con la decisión
• lo cual daba lugar a una causal de nulidad dispuesta en el artículo 133, numeral 8
del CGP-, coinciden con los reparos propuestos en el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia del 26 de junio de 2024.

En particular, por cuanto en la alzada se enfatizó la necesidad de garantizar el
debido proceso administrativo a través de la declaratoria de nulidad del proceso por
la causal prevista en el numeral 8 del artículo 133 del CGP, y en acceder a la
solicitud de coadyuvancia y de integración del litisconsorcio, aunado a que se reparó
en la omisión en que incurrió el juzgado por no haber valorado el estudio técnico
allegado tras haber sido aportado por el alcalde municipal.

Estas censuras consistentes en que en el proceso de simple nulidad no se integró
el litisconsorcio necesario con quienes podrían verse comprometidos con la
decisión, y en general, a la vulneración de esta garantía constitucional por
irregularidades sustanciales derivadas de maniobras que direccionaron el sentido
de la decisión, son una réplica de los cargos que fundamentaron la solicitud radicada
por las accionantes el 16 de mayo de 2024, revividos en el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia, con fundamento, incluso, en el mismo precedente
del Consejo de Estado.

Similar situación ocurre con las afirmaciones propuestas en esta tutela relativas a
que la demandada asumió una posición pasiva de acuerdo con los hechos y
pretensiones de la demanda, pues en últimas, en el recurso de apelación propuesto
contra la sentencia del 26 de junio de 2024 se formuló el mismo reparo.

Ahora bien, a pesar de que en el escrito de tutela la parte actora expresamente
reprochó, al ir más allá de los cargos de su apelación, que el juzgado no decretó
como prueba oficiosa la carpeta contentiva de los soportes documentales que
sirvieron de base para la expedición del Decreto 095 del 28 de septiembre de 2023
como una medida correctiva para adoptar una decisión de fondo, sumado a que
pudo existir un favorecimiento para los intereses de la administración al haberse
anulado el acto administrativo con el fin de proveer vacantes para los amigos de la
entidad territorial; lo cierto es que estos motivos de discordia quedan comprendidos
en la génesis de uno de los reparos principales de la apelación en sede ordinaria:

señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada”. Corte Constitucional. Sentencia SU-074 de 2022.
32 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
33 Corte Constitucional. Sentencia SU-332 de 2019, que reiteró el contenido de la Sentencia C-590

de 2005.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
11
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 41-001-23-33-000-2024-00282-01
Accionante: Diana Lorena Bermeo Arciniegas y otros

la indebida valoración probatoria susceptible de corrección a través de los deberes
que le asisten al juez, y la incidencia que ello comportaría para la decisión de fondo.

De esta forma, como los ejes centrales materia de discordia fueron objeto del
recurso de apelación y este no fue concedido por el Juzgado Quinto Administrativo
de Neiva en auto del 19 de julio de 2024, la parte actora debió acudir en sede del
recurso de queja regulado en el artículo 245 del CPACA ante el superior, en este
caso el Tribunal Administrativo del Huila, para que esta autoridad decidiera la
procedencia de la apelación.

Recurso que debió ser interpuesto y tramitado de conformidad con las reglas que
están establecidas en el artículo 353 del CGP, en subsidio del de reposición.

En este orden, era esa la oportunidad procesal con la que contaba el extremo
tutelante para insistir en la concesión de su recurso de apelación, con el fin de
permitir que, luego de un estudio de procedencia por el superior jerárquico, se
decidiera de fondo sobre los cargos objeto de la alzada; por cuanto “el propósito
fundamental del recurso de queja es garantizar la coherencia y consistencia en las
decisiones judiciales, evitando que algún sujeto procesal se vea perjudicado debido
a errores judiciales resultantes de la negación de la apelación(..)”34.

Sin embargo, acudió a la acción de tutela sin justificar las razones por las cuales no
agotó la queja, y sin demostrar que, pese a no haberlo hecho, está en circunstancias
que ameritan una protección inminente que evite la consumación de un perjuicio
irremediable, o tiene la condición de sujeto de especial protección constitucional.

Es del caso precisar que aun cuando el recurso de queja no se instituye como una
nueva oportunidad para cuestionar la sentencia anticipada que negó la solicitud de
intervención que había sido propuesta por las aquí accionantes y anuló el acto
administrativo demandado con argumentos dejados de proponer en sede de
apelación, sí resulta un mecanismo idóneo y eficaz, cuanto menos, para zanjar en
debida forma la negativa de este recurso impugnatorio.

Si bien está acreditado que una de las razones por las cuales el Juzgado Quinto
Administrativo de Neiva se abstuvo de conceder la apelación, deviene de la falta de
legitimación de la parte recurrente para proponerlo, ello no puede ser motivo para
aducir la improcedencia del recurso de queja, precisamente, porque uno de los
aspectos que tendrá que estudiar el superior jerárquico será el relativo a si la alzada
era o no procedente de conformidad con las razones esbozadas por el a-quo.

De acuerdo con estos motivos, la Sala considera que la parte actora acudió a esta
tutela sin hacer uso de los recursos judiciales procedentes contra el auto que negó
su recurso de apelación, mecanismo instituido para invocar las inconformidades con
la sentencia, como la atinente a que debió decretarse una prueba de oficio que no
fueron propuestas en la apelación; lo cual restringió la competencia de estudio del
juez ordinario, y por extensión, la del juzgador constitucional, porque, precisamente,
uno de los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales
exige haber alegado la violación en el proceso ordinario siempre que esto fuera
posible.

34 Curso Esencial de Derecho Contencioso-Administrativo. Juan Gabriel Rojas López. Tirant lo
blanch, 2024. Citó el contenido del auto proferido el 9 de diciembre de 2010 por la Sección Tercera
del Consejo de Estado, exp. 38753.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
12
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 41-001-23-33-000-2024-00282-01
Accionante: Diana Lorena Bermeo Arciniegas y otros

2.4. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia proferida el 30 de
agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo del Huila, que declaró improcedente
este amparo.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de agosto de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Huila, que declaró improcedente este amparo, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito.

TERCERO. ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que esta sentencia no fuere impugnada.

Notifíquese y cúmplase

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

VMP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
13
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.