Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-33-000-2024-00286-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 41001-23-33-000-2024-00286-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-33-000-2024-00286-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 41001-23-33-000-2024-00286-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
26 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Radicación: 41001-23-33-000-2024-00286-01
Accionante: FREDY ROBLES MARROQUÍN
Accionado: JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA - Se revoca el fallo impugnado - Se accede a la solicitud de
amparo. La autoridad judicial accionada violó los artículos 29 y 229 de la
Constitución.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
2 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Fredy Robles Marroquín solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la administración de justicia, a la igualdad, a la
no discriminación y a la vida digna, cuya vulneración le atribuyó a las providencias
de 2 de febrero y 29 de mayo de 2024 proferidas por el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Neiva, dentro del medio de control de reparación
directa con radicado núm. 41001-33-33-003-2024-00008-00.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con el escrito de tutela y los demás documentos que reposan en el
expediente, la Sala precisa que los hechos que motivaron el ejercicio de esta acción
se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. El señor Fredy Robles Marroquín promovió la demanda de reparación directa con
radicado núm. 41001-33-33-003-2024-00008-00 contra la Nación - Rama Judicial -
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para que le fuesen reparados los
perjuicios que le ocasionó la sentencia de 2 de agosto de 2022, proferida por el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva. El conocimiento del asunto le
correspondió al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Neiva.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 41001-23-33-000-2024-00286-01
Accionante: Fredy Robles Marroquín
2.2. Posterior
a la radicación del medio de control, el accionante solicitó que se
concediera amparo de pobreza, frente a lo cual la autoridad judicial accionada profirió
el auto de 2 de febrero de 2024, mediante la cual se inadmitió la demanda, por no
haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 160,
161 y 162 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20111.
2.3. En la misma providencia se negó el amparo de pobreza, en razón a que el
accionante no cumplió con el juramento establecido en el artículo 152 de la Ley 1564
de 12 de julio de 20122, relacionado con la incapacidad económica referida en el
artículo 151 de la ley mencionada.
2.4. El señor Fredy Robles Marroquín presentó recurso de reposición y bajo la gravedad
de juramento aseguró que no contaba con los recursos mínimos para su manutención
y subsistencia, en razón a que tiene la condición de pensionado por invalidez.
2.5. Seguidamente, mediante auto de 29 de mayo de 2024, la autoridad judicial
accionada resolvió no reponer la anterior decisión, en razón a que “[…] el señor
Robles Marroquín promueve el medio de control de reparación directa, el cual por
contera lleva implícito un carácter oneroso; situación, que a la luz de lo previsto en el
artículo 151 del CGP, deviene en la improcedencia en la concesión del amparo de
pobreza3 […]”.
2.6. El
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Neiva ordenó, mediante
providencia de 28 de junio de 2024, rechazar la demanda.
2.7. El accionante manifestó que “[…] estoy ante un perjuicio irremediable pues ante la
negativa del juez administrativo de conceder el amparo de pobreza se vulnera de
manera directa el derecho de acceso a la justicia, debido proceso, igualdad, no
discriminación y vida digna a persona en estudio de invalidez […]”.
2.8. Finalmente, señaló que la autoridad judicial desconoce sus derechos laborales los
cuales pretende “[…] reclamar la indemnización integral por daño antijurídico y
pérdida de oportunidad a través del medio de control de reparación directa […]”, por
lo que necesita que le sea concedido el amparo de pobreza y así se le asigne un
abogado que lo ayude a instaurar el medio de control indicado.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] [S]e amparen mis derechos fundamentales vulnerados. Se conceda
amparo de pobreza con profesional idoneo [sic] y con experiencia en derecho
administrativo para que lleve el proceso desde la conciliación ante la
procuraduría [sic] hasta el final […]”.
1
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
2
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.”
3
Ver al respecto sentencia T374 de 2021.
3
Radicación: 41001-23-33-000-2024-00286-01
Accionante: Fredy Robles Marroquín
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 21 de agosto de 2024, el magistrado a cargo de la sustanciación
del proceso del Tribunal Administrativo del Huila admitió la presente acción de tutela
contra el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Neiva. Asimismo, ordenó
vincular en calidad de tercero con interés directo en el resultado del proceso a la
Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:
5.1. La Juez Tercero Administrativo del Circuito de Neiva manifestó, luego de
hacer un recuento del trámite que le dio al medio de control de reparación directa
núm. 41001-33-33-003-2024-00008-00, que se remitía a lo resuelto en cada
providencia para controvertir lo mencionado por el señor Fredy Robles.
5.2. La
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva
señaló, a través de apoderado judicial, que el accionante no mencionó un hecho
puntual a través del cual se pueda deducir que se le vulneraron sus derechos
fundamentales.
5.3. Agregó que el señor Robles Marroquín no acreditó haber cumplido con los
requisitos exigidos por la ley para acceder al amparo de pobreza, e igualmente
tampoco demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
5.4. Por todo lo anterior, solicitó que se negara la solicitud de tutela.
5.5. LaDirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó, a través de
apoderado judicial, que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva,
en razón a que “[…] no es la autoridad legitimada para soportar las pretensiones de
la demanda de tutela, como quiera que esta entidad no participó ni intervino en las
aludidas providencias, máxime cuando la acción de tutela se dirige a cuestionar
unas decisiones adoptadas en el trámite de admisibilidad de la demanda por el
Juzgado 3 Administrativo de Neiva, en el sentido de negar la solicitud de amparo
de pobreza solicitada por el accionante […]”.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 2 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo
del Huila negó la solicitud de amparo, al considerar que “[…] dentro del proceso
ordinario de reparación directa se advierte que en cada una de las etapas surtidas
se le otorgó al demandante el derecho de defensa y contradicción, teniendo en
cuenta que el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva, notificó en debida forma
las providencias proferidas […]”.
4
Radicación: 41001-23-33-000-2024-00286-01
Accionante: Fredy Robles Marroquín
7. Igualmente, indicó que se “[…] denota que el señor Fredy Robles Marroquín,
contó con el término legal para subsanar las falencias advertidas mediante auto del
2 de febrero y 29 de mayo de 2024 y, aun así, no lo hizo; es decir no dio
cumplimiento a los requisitos establecidos para admitir y dar trámite al medio de
control de Reparación Directa invocado en el presente asunto […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
8. El accionante impugnó el fallo de primera instancia, para tal efecto manifestó lo
siguiente:
“[…] Soy discapacitado como consta en el proceso y con una pensión mínima
por invalidez, grasias [sic] a la honorable Corte Constitucional T-144 de 2020.
2. no soy abogado, mucho menos con conocimientos y jurídicos
3. ningun [sic] abogado ha querido tomar mi proceso
[…]
4. no puedo actuar en causa propia y si lo puedo hacer por que [sic] no me han
designado personería jurídica
5. se me ha negado el amparo de pobreza, elemento esencial para acceder ala
[sic] admin [sic] de justicia y debido proceso
Por lo cual se me están violando mis derechos segun [sic] la ley 1698 de 2013
en concordancia con la ley 1346 del 2009 […]”.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19914, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20155, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20216, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20197.
VIII.2. Cuestión previa
10. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
4
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
5
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
6
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
5
Radicación: 41001-23-33-000-2024-00286-01
Accionante: Fredy Robles Marroquín
desvinculación procesal presentada por la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.
11. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20068 señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en
la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].
12. Esta Sala considera que a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial sí les
asiste el interés jurídico para ser vinculado a esta acción constitucional, en razón a
que es demandada por el accionante en el medio de control núm. 41001-33-33-
003-2024-00008-00, razón por la cual se denegará la solicitud de desvinculación
elevada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
VIII.3. Problemas jurídicos
13. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales
a las providencias de 2 de febrero y 29 de mayo de 2024, proferidas por el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Neiva.
14. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado9, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá:
b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
8
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
9
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
6
Radicación: 41001-23-33-000-2024-00286-01
Accionante: Fredy Robles Marroquín
15. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
16. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201210, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
17. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
18. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
19. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial11, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución12.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
11
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
12
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
7
Radicación: 41001-23-33-000-2024-00286-01
Accionante: Fredy Robles Marroquín
20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”13 que encaje en dichos
parámetros.
21. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
22. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.5. El caso concreto
23. El señor Fredy Robles Marroquín solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la administración de justicia, a la igualad, a la
no discriminación y a la vida digna, cuya vulneración le atribuyó a las providencias
de 2 de febrero y 29 de mayo de 2024 proferidas por el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Neiva, dentro del medio de control de reparación
directa con radicado núm. 41001-33-33-003-2024-00008-00.
VIII.5.1. Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela
24. En la presente acción de amparo se advierte lo siguiente: (i) en el escrito de tutela
se invoca la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
administración de justicia, a la igualdad, a la no discriminación y a la vida digna; (ii)
la acción de tutela fue promovida dentro de un término razonable14; (iii) la situación
a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales fue expuesta en
el escrito de tutela y, además, el accionante es un sujeto de especial protección por
su condición de invalidez; (iv) la acción constitucional no se dirige contra una
sentencia dictada en un proceso de idéntica naturaleza o índole; (v) el accionante
no cuenta con otro mecanismo judicial para que se protejan los derechos que
estima vulnerados, por lo que la acción de tutela se erige como el único medio de
defensa judicial.
13
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
14
Al respecto se precisa que la providencia objeto de esta acción fue proferida el 29 de mayo de 2024 y se notificó el 30 de
mayo de 2024. Es decir, la acción de tutela se promovió dentro del término de 6 meses.
8
Radicación: 41001-23-33-000-2024-00286-01
Accionante: Fredy Robles Marroquín
25. En cuanto a la carga argumentativa de la acción de tutela contra providencias
judiciales, esta Sección ha sostenido en forma pacífica que este requisito es
indispensable para el estudio de fondo de la acción de amparo. Sin embargo, se ha
precisado que tratándose de sujetos de especial protección dicho requisito debe
ser flexibilizado. En efecto así lo señalo la Sección en la sentencia de 28 de febrero
de 2019:
“[…] Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela contra
autoridades públicas, la parte que impugne la sentencia de tutela proferida en
primera instancia, no se le exigirá una carga argumentativa mínima, es decir, que
no habrá necesidad de sustentar la respectiva impugnación, donde basta que el
impugnante lo presente dentro del término legal correspondiente en los términos
del artículo 31 del Decreto 2591, con el fin de que se efectúe el respectivo trámite
del mismo, teniendo el ad quem, el deber constitucional de resolver el fondo del
asunto; i) analizando los argumentos jurídicos expuestos por el juez
constitucional de primera instancia, y el ii) acervo probatorio obrante en el
expediente.
40.2 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela contra
providencias judiciales, la parte que impugne la sentencia de tutela
proferida en primera instancia precisando que i) si obra en nombre propio o ii)
por medio de apoderado especial, debe cumplir con una carga argumentativa
mínima15, en donde exponga las razones jurídicas por las cuales una
autoridad judicial, incurrió en los defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii)
fáctico; iv) sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii)
desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución, en
los términos de la sentencia C-590 de 200516, proferida por la Corte
Constitucional, postura jurisprudencial, que fue acogida por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de 31 de julio
de 201217, salvo que se trate de un sujeto de especial protección
constitucional, a quien no se le exigirá dicha carga argumentativa, toda vez
que el Estado tiene que adoptar las medidas necesarias, para garantizar la
15 Frente al tema ha dicho la Sección Quinta del Consejo de Estado:
“[…] Esta Sección ha reiterado en varias ocasiones que el recurrente tiene una carga argumentativa para
delimitar los motivos que sustenten la impugnación del fallo de tutela, especialmente cuando se trata de
providencias judiciales contra Altas Corte, las cuales, dada su naturaleza, exigen por parte de los jueces
constitucionales un estudio más riguroso y una procedencia excepcional.
Es menester recordar que frente a tutelas contra providencias judiciales, el juez constitucional no se encuentra
facultado para inmiscuirse de manera oficiosa o mecánica en la órbita de los asuntos dirimidos y desarrollados
por el juez natural, por lo que su estudio se debe centrar en los argumentos expuestos por el actor en las
instancias correspondientes. Realizar un análisis extensivo sobre puntos adicionales resultaría en un estudio
oficioso de la providencia judicial ya ejecutoriada, convirtiéndose en una nueva instancia, contrariando la
finalidad del amparo constitucional.
Es por ello que resulta indispensable una argumentación mínima que soporte la impugnación. De este modo el
ad quem podrá determinar los supuestos bajo los cuales debe analizarse lo propuesto por el interesado y así
establecer si la decisión adoptada en primera instancia debe revocarse, modificarse o confirmarse
Adicional a lo anterior, resulta indispensable cumplir de forma diligente con los términos previstos y con los
lineamientos establecidos por la ley. Para el caso particular, la parte actora en su escrito inicial de impugnación,
presentado el treinta (30) de octubre de 2018, no expuso, ni siquiera de forma sucinta, las razones de
desacuerdo respecto del fallo de primera instancia, por lo que resulta claro para la Sala que no cumplió con la
carga mínima argumentativa que le correspondía, y por tal razón, no es posible entrar a realizar un estudio
oficioso de la presente acción de tutela, así como tampoco de la decisión del a quo que impugnó […]”.(Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 6 de diciembre de 2018, C.P
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación número: 11001-03-15-000-2018-02777-01).
16 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, CP. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328.
9
Radicación: 41001-23-33-000-2024-00286-01
Accionante: Fredy Robles Marroquín
protección de sus derechos fundamentales, especialmente, el acceso a la
administración de justicia […]”. [Negrilla fuera del texto].
26. En el proceso de la referencia se encuentra acreditado que el accionante es un
sujeto de especial protección en razón a que padece de una condición de invalidez,
de acuerdo con el dictamen de pérdida de capacidad laboral núm. 7684242 - 5548
de 22 de marzo de 201918, aportado.
27. Con base en las anteriores consideraciones, la Sala concluye que la presente
acción de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela.
VIII.5.2. Análisis de los requisitos específicos en la presente acción de tutela
28. En este punto, se debe precisar que en síntesis el accionante sostiene que la
autoridad judicial desconoció los artículos 13, 29 y 229 constitucionales porque negó
el amparo de pobreza solicitado dentro del proceso núm. 41001-33-33-003-2024-
00008-00 y, posteriormente, rechazó la demanda desconociendo que carece de
recursos económicos para contratar a un abogado y, además, se encuentra en
condición de invalidez.
29. Conforme a lo anterior, la Sala estudiará la acción constitucional desde la órbita
de la violación directa de la Constitución.
30. Esta Sección ha sostenido que esta causal de procedibilidad se estructura
cuando el juez adopta una decisión alejada de la Carta Política porque: i) deja de
aplicar una decisión ius fundamental a un caso concreto, por ejemplo (a) cuando
en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional, (b) cuando se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata y c) cuando el juez en sus resoluciones
vulneró los derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de
interpretación conforme a derecho con la Constitución; y ii) aplica la ley al margen
de los dictados de la Carta Política, desconociendo que de conformidad con su
artículo 4º la Constitución es norma de normas.
31. En relación con el amparo de pobreza, los artículos 151 y s.s. de la Ley 1564 de
2012 prevén lo siguiente:
“[…] Artículo 151. Procedencia. Se concederá el amparo de pobreza a la
persona que no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin
menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a
quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un derecho
litigioso a título oneroso.
Artículo 152. Oportunidad, competencia y requisitos. El amparo podrá
solicitarse por el presunto demandante antes de la presentación de la
demanda, o por cualquiera de las partes durante el curso del proceso.
18
Índice 2 del expediente.
10
Radicación: 41001-23-33-000-2024-00286-01
Accionante: Fredy Robles Marroquín
El solicitante deberá afirmar bajo juramento que se encuentra en las
condiciones previstas en el artículo precedente, y si se trata de demandante
que actúe por medio de apoderado, deberá formular al mismo tiempo la
demanda en escrito separado.
Cuando se trate de demandado o persona citada o emplazada para que
concurra al proceso, que actúe por medio de apoderado, y el término para
contestar la demanda o comparecer no haya vencido, el solicitante deberá
presentar, simultáneamente la contestación de aquella, el escrito de
intervención y la solicitud de amparo; si fuere el caso de designarle apoderado,
el término para contestar la demanda o para comparecer se suspenderá hasta
cuando este acepte el encargo.
Artículo 153. Trámite. Cuando se presente junto con la demanda, la solicitud
de amparo se resolverá en el auto admisorio de la demanda.
En la providencia en que se deniegue el amparo se impondrá al solicitante
multa de un salario mínimo mensual (1 smlmv) […]”.
32. La Corte Constitucional, mediante la sentencia de C-668 de 201619, analizó la
figura del amparo de pobreza e indicó lo siguiente:
“[…] En diversas ocasiones, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la
naturaleza jurídica de la figura del amparo de pobreza. Las principales
subreglas constitucionales existentes en la materia son las siguientes:
· Por regla general, las partes deben asumir los costos del proceso: […]
· Los fines constitucionales del amparo de pobreza: Esta figura se instituyó
con el fin de que aquellas personas que, por sus condiciones económicas no
pudiesen sufragar los gastos derivados de un proceso judicial, contaran con el
apoyo del aparato estatal en aras de garantizar un efectivo acceso a la
administración de justicia (Art. 229 C.P.), un debido proceso y la consecuente
posibilidad de ejercer el derecho de defensa (Art. 29 C.P.) (Sentencia C- 037
de 1996)
· Amparo de pobreza y ejercicio de derecho de defensa: Los abogados que
sean designados para ejercer la defensa judicial de una persona, a cuyo favor
se haya decretado un amparo de pobreza, deberá actuar diligentemente, so
pena de que la providencia judicial que resulte el caso adolezca de un defecto
por violación del artículo 29 Superior (Sentencia T-544 de 2015).
· La improcedencia de la terminación del amparo de pobreza en el proceso
verbal sumario no lesiona los derechos de las partes: […]
· La concesión del amparo de pobreza no vulnera el derecho a la igualdad;
por el contrario, lo garantiza: […]
· El amparo de pobreza es una medida correctiva y equilibrante, y en
consecuencia, de aplicación restringida: Por cuanto la ley busca garantizar
la igualdad en situaciones que originalmente eran de desigualdad. Supone
entonces un beneficio, que bien puede concederse a una sola de las partes,
naturalmente aquella que lo necesita. Por igual motivo, este amparo no debe
otorgarse al sujeto procesal que no se encuentre en la situación de hecho que
19
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-668 de 2016, M.P.: Alberto Rojas Ríos. Expediente D- 11458.
11
Radicación: 41001-23-33-000-2024-00286-01
Accionante: Fredy Robles Marroquín
esta institución busca corregir. Así pues, la figura del amparo de pobreza
persigue una finalidad constitucionalmente válida, cual es facilitar el acceso de
todas las personas a la administración de justicia (Sentencia T-114 de 2007).
[…]
2.2.4. Sentido y alcance de la norma acusada
Una vez examinados los fines que se persiguen con la figura del amparo de
pobreza, pasa la Corte a analizar el sentido y alcance de la expresión “salvo
cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso a título oneroso”, del artículo
151 del Código General del Proceso.
Se trata, en esencia, de una limitante a la concesión del amparo de pobreza,
fundada en una presunción que realiza el legislador, sobre la solvencia de quien
pretende invocar tal protección, cuyos antecedentes datan de la Ley 103 de
1923 o “Código de Arbeláez”, cuando en su exposición de motivos se afirmó:
[…]
El Código General del Proceso, acogiendo la esencia de la regulación que traía
el Código de Procedimiento Civil y su reforma en materia de amparo de
pobreza, excluye su concesión en los casos en que se pretenda hacer valer “un
derecho litigioso a título oneroso”.
La referida evolución histórica evidencia que el legislador no ha pretendido
excluir del beneficio del amparo de pobreza a quien haya adquirido, en forma
onerosa, un derecho o un bien, que posteriormente resulten litigiosos. El
supuesto excluido es el siguiente: una persona adquiere, a título oneroso, un
derecho cuya titularidad se encuentra en disputa judicial (derecho litigioso), y
luego pretende que sea concedido a su favor un amparo de pobreza.
Los derechos litigiosos se encuentran definidos en el artículo 1969 del Código
Civil:
[…]
En conclusión, la expresión “salvo cuando pretenda hacer valer un derecho
litigioso a título oneroso”, del artículo 151 del Código General del Proceso,
constituye una excepción a la concesión del amparo de pobreza, según la cual
el legislador presume la capacidad de pago de quien acaba de adquirir, a título
oneroso, un derecho que está en pleito, es decir, sobre el cual no existe certeza
[…]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]
33. Esta Sección, mediante providencia de 16 de diciembre de 202120, señaló lo
siguiente en relación con el amparo de pobreza:
“[…] El señor Saeed Hashemi Nazari, a través de apoderada judicial, y en
ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA,
presentó demanda en contra de las Resoluciones números 19699 de 13 de
abril de 2021 y 39833 de 28 de junio de 2021, expedidas por la
Superintendencia de Industria y Comercio.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Auto de 16 de diciembre de 2021, Exp. núm.
11001-03-24-000-2021-00891-00. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
12
Radicación: 41001-23-33-000-2024-00286-01
Accionante: Fredy Robles Marroquín
Sumado a la demanda presentada, allegó solicitud de amparo de pobreza la
cual sustentó en los siguientes términos:
[…]
Para efectos de resolver, el Despacho estima pertinente traer a colación los
artículos 151 a 154 del Código General del Proceso - CGP21, normas que en lo
atinente al amparo de pobreza prevén lo siguiente:
[…]
Del contenido de las disposiciones en comento, se colige que para que sea
procedente el mecanismo de amparo de pobreza se requiere lo siguiente: i) que
la solicitud sea motivada y efectuada bajo la gravedad de juramento, y ii) que
se acredite sumariamente la condición socioeconómica que da lugar a la citada
solicitud.
Frente a esta última condición, el Consejo de Estado ha modulado su
entendimiento en el sentido de indicar que: «[…] no es necesario probar la
incapacidad económica para asumir los costos del proceso (…) y que solo
basta con afirmar bajo juramento que se está en incapacidad de atender los
gastos del proceso22. […]».
Así las cosas, y descendiendo al caso objeto de análisis, el Despacho
considera que se encuentran configuradas las causales de procedencia del
amparo de pobreza citadas en precedencia, con fundamento en las siguientes
consideraciones:
i) El accionante, bajo la gravedad de juramento, manifestó cuáles eran las
condiciones de tipo socioeconómico que le impiden asumir los costos del
proceso,
ii) La solicitud fue presentada por la persona que reúne los requisitos para
invocar la figura de amparo,
iii) El demandante manifestó bajo la gravedad de juramento, la imposibilidad de
sufragar los gastos del proceso.
Por lo expuesto, se decretará el amparo de pobreza en favor del señor Saeed
Hashemi Nazari, con miras a que pueda ejercer su derecho de acción dentro
del medio de control incoado. En ese sentido, y comoquiera que el citado sujeto
procesal cuenta con un apoderado judicial para que represente sus intereses,
se prescindirá de designarle un curador ad litem […]”. [Negrilla original del texto
y subrayado fuera del texto].
34. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través del auto
de 3 de octubre de 202323, precisó lo siguiente respecto del amparo de pobreza:
“[…] 1. El 9 de abril de 2015, Nancy María Victoria Murillo y otros instauraron
demanda de reparación directa contra Acuavalle S.A. E.S.P. y otros, con el fin
21
Normas aplicables al presente asunto por remisión expresa del artículo 306 del CPACA.
22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 6 de marzo de 2020. Expediente
85001-23-33-000-2019-00189-01(AC). C.P. Ramiro Pazos Guerrero; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de julio de 2018, Exp. 11001-03-25-000-2017-00275-00
(1344-2017), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de
mayo de 2019, Exp. 05001-23-33-000-2018-00420-01; C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Auto de 3 de octubre de 2023.
Exp. núm. 76001-23-33-000-2015-00363-01 (70.177). C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico.
13
Radicación: 41001-23-33-000-2024-00286-01
Accionante: Fredy Robles Marroquín
de que se les declarara patrimonialmente responsables por los daños causados
a un predio de su propiedad, con ocasión de la instalación y posterior ruptura
de un tubo de conducción de agua potable24.
[…]
4. El 15 de septiembre siguiente, los señores Nancy María Victoria Murillo,
María Elena Victoria Murillo y Ramiro Murillo, mediante apoderado especial,
solicitaron que se les concediera amparo de pobreza.
[…]
2. De la procedencia de la solicitud de amparo de pobreza
Se encuentra que los señores Nancy María Victoria Murillo, María Elena
Victoria Murillo y Ramiro Murillo, mediante apoderado especial, solicitaron que
se les concediera amparo de pobreza.
Para tal fin, en el escrito por medio del cual confirieron poder especial
declararon, bajo la gravedad de juramento, que están “(…) en condiciones
manifiestamente carentes de una situación económica propia para subsistir sin
que se afecte el mínimo vital móvil.” y afirmaron que, dada su avanzada edad,
no cuentan con la oportunidad de laborar en empresas privadas o estatales.
Sobre el particular, es necesario tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 152
del CGP, cuyo primer inciso indica que el amparo de pobreza podrá solicitarse
“(…) por cualquiera de las partes durante el curso del proceso.”.
Además, de conformidad con su segundo inciso25, concordante con el artículo
151 ejusdem, el solicitante deberá afirmar bajo juramento que no se encuentra
“(…) en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo
necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley
debe alimentos (…)26.
En el sub examine, tales requisitos se encuentran satisfechos, pues los
demandantes declararon, bajo la gravedad del juramento, que se encuentran
en una situación económica con la virtud de afectar su subsistencia, por lo cual
se concluye que no tienen la capacidad de sufragar los gastos del proceso.
Asimismo, se advierte que los solicitantes no actúan como cesionarios de
derechos litigiosos, de ahí que no se presenta el evento previsto en el artículo
151 ibidem y que impide conceder el amparo cuando se pretenda hacer valer
dichos derechos a título oneroso27. […]”.
35. Descendiendo al caso objeto de estudio, la Sala encuentra acreditado que el señor
Fredy Robles Marroquín presentó la demanda de reparación directa núm. 41001-33-
33-003-2024-00008-00 y solicitó que se le concediera amparo de pobreza.
24
Índice n.° 3 de Samai (Consejo de Estado), archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL -
RESERVADO(.pdf)”.
25
El inciso segundo del artículo 152 del CGP establece que “[e]l solicitante deberá afirmar bajo juramento que se encuentra
en las condiciones previstas en el artículo precedente (…).”
26
El artículo 151 del CGP indica que “[s]e concederá el amparo de pobreza a la persona que no se halle en capacidad de
atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes
por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso a título oneroso.”
27
Al respecto, pueden consultarse, entre otros, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera,
Subsección A, auto del 20 de octubre de 2022 exp. 68.006 y Sección Primera, auto del 16 de diciembre de 2021, C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, rad. 2021-00891-00.
14
Radicación: 41001-23-33-000-2024-00286-01
Accionante: Fredy Robles Marroquín
36. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Neiva, mediante auto de 2 de
febrero de 2024, dispuso lo siguiente:
“[…] 2.1. DEL AMPARO DE POBREZA DEPRECADO POR LA PARTE
DEMANDANTE.
Aduce el demandante que se debe acceder a la concesión del amparo de
pobreza28 como quiera que se torna necesario para poder hacer efectivo su
derecho de acudir ante la administración de justicia en equidad, pues como lo ha
indicado bajo la gravedad de juramento, ha consultado a varios profesionales del
derecho, sin embargo, se han negado a llevar su proceso y a adelantar la
conciliación administrativa y demás acciones para obtener la indemnización
integral de los perjuicios por “falla judicial, falla del servicio, y acción y omisión a
la administración de justicia, por lo que sus derechos laborales se están
acercando peligrosamente a la prescripción (sic)”.
Al amparo de lo expuesto, señala esta judicatura que conforme el artículo 151 del
C.G.P., el amparo de pobreza será procedente cuando:
[…]
Aunado a lo anterior, el artículo 152 del C.G.P. preceptúa que el solicitante del
amparo de pobreza, deberá afirmar bajo juramento que se encuentra en las
condiciones previstas en el artículo 151 del C.G.P., esto es, que no se halle en la
capacidad de atender los gastos del proceso.
En ilación a lo expuesto y como quiera que de la petición de amparo procurada
por el demandante no se advierte juramento de no encontrarse en la capacidad
de atender los gastos procesales del presente asunto, sino que se refiere a la
imposibilidad de acceder a un profesional del derecho porque estos se han
negado a tramitar el proceso; es imperativo, al no cumplirse los presupuestos para
ello, denegar el amparo de pobreza solicitado por el señor Fredy Robles
Marroquín.
[…]
R E S U E L V E:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de amparo de pobreza deprecada por el
demandante Fredy Robles Marroquín, por las razones expuestas en la parte
motiva de la providencia.
SEGUNDO: INADMITIR la demanda que en ejercicio del medio de control de
Reparación Directa promueve FREDY ROBLES MARROQUIN, contra la
NACIÓN-RAMA JUDICIAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.
TERCERO: CONCEDER a la parte demandante, un término de diez (10) días
para que subsane los defectos referenciados en lo motivo de esta providencia; so
pena, de rechazo. […]”. [Negrilla, cursiva y subrayado original del texto]
37. Contra la anterior determinación el accionante interpuso recurso de reposición, en
el que afirmó: “[…] interponer Recurso de reposición contra auto que niega Amparo
de pobreza hechos [sic] bajo gravedad de juramento dispongo de lo mínimo para
28
Índice 4 y 6, expediente SAMAI.
15
Radicación: 41001-23-33-000-2024-00286-01
Accionante: Fredy Robles Marroquín
subsistir de la pensión mínima por invalidez me sale al ras [sic] pues Devo [sic]
alimentos a mi hijo discapacitado y no laboro además como consta ningún abogado
se ha querido hacer cargo […]”.
38. Mediante auto de 29 de mayo de 2024, la autoridad judicial accionada señaló lo
siguiente:
“[…] 2. RECURSO DE REPOSICIÓN
A través de auto del 2 de febrero de la presente anualidad29, esta judicatura
dispuso denegar la solicitud de amparo de pobreza deprecada por el
demandante Fredy Robles Marroquín, como quiera que no se advirtió
juramento de no encontrarse en la capacidad de atender los gastos procesales
del presente asunto. Aunado a ello, se inadmitió la demanda que en ejercicio
del medio de control de reparación directa promueve. El 8 de febrero hogaño30,
el demandante interpone recurso de reposición contra la anterior decisión;
argumentando que, es una persona que no cuenta con los recursos
económicos para atender los gastos procesales, pues dispone de lo mínimo
para subsistir, contando únicamente con una pensión mínima y con una
obligación alimentaria para con su hijo discapacitado. Así mismo, acentúa que
como ha dejado constando, ningún abogado ha querido encargarse del asunto;
circunstancia, que agrava su situación, pues asegura que se continúan
vulnerando sus derechos al debido proceso, igualdad, no discriminación y tutela
judicial efectiva, en tanto que está cerca la prescripción (sic) de sus derechos.
[…]
4.2. Caso concreto
Destaca el despacho que, en providencia del 2 de febrero hogaño31, se dispuso
denegar la solicitud de amparo de pobreza deprecada por el demandante,
teniendo en cuenta que no se cumplió con el requisito preceptuado en el
artículo 152 del CGP, comoquiera que no se advirtió juramento de no
encontrarse en la capacidad de atender los gastos procesales del presente
asunto.
Aunado a lo anterior, avizora el despacho que el señor Robles Marroquín
promueve el medio de control de reparación directa, el cual por contera lleva
implícito un carácter oneroso; situación, que a la luz de lo previsto en el artículo
151 del CGP, deviene en la improcedencia en la concesión del amparo de
pobreza32.
En ese orden de ideas, es menester destacar que no se encuentran satisfechos
los requisitos previstos en los artículos 151 y 152 del CGP; en consecuencia,
se dispondrá no reponer la decisión adoptada a través del proveído del 2 de
febrero del año en curso, que denegó la solicitud de amparo de pobreza
deprecada por el demandante Fredy Robles Marroquín.
Finalmente, se dispondrá que en los términos del inciso 4o del artículo 118 del
CGP, por Secretaría se computen los términos para la subsanación de la
demanda, como se dispuso en el auto del 2 de febrero anterior.
29
Índice 7, expediente SAMAI.
30
Índice 11, expediente SAMAI.
31
Índice 7, expediente SAMAI.
32
Ver al respecto sentencia T374 de 2021.
16
Radicación: 41001-23-33-000-2024-00286-01
Accionante: Fredy Robles Marroquín
En mérito de lo expuesto, el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE
NEIVA,
RESUELVE
PRIMERO: NO REPONER la decisión adoptada a través del proveído del 2 de
febrero del año en curso, que denegó la solicitud de amparo de pobreza
deprecada por el demandante Fredy Robles Marroquín; acorde con lo expuesto
en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: Por Secretaría, COMPUTAR los términos para subsanar la
demanda, conforme lo enseña el inciso cuarto del artículo 118 del CGP. […]”.
[Mayúscula y negrilla original del texto].
39. Posteriormente, y mediante auto de 28 de junio de 2024, la autoridad judicial
accionada rechazó la demanda.
40. De lo transcrito, se observa que los argumentos utilizados por la autoridad judicial
accionada para no conceder al amparo de pobreza consisten en que el accionante
“[…] promueve el medio de control de reparación directa, el cual por contera lleva
implícito un carácter oneroso […]” y dicha “[…]situación, que a la luz de lo previsto
en el artículo 151 del CGP, deviene en la improcedencia en la concesión del amparo
de pobreza […]”. En síntesis, la accionada consideró que el amparo era improcedente
por la naturaleza económica del medio de control interpuesto.
41. En criterio de esta Sala de Decisión, los argumentos utilizados por la autoridad
judicial accionada para negar la solicitud de amparo de pobreza son contrarios al
tenor literal del artículo 151 de la Ley 1564 de 2012, y a la interpretación que la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado han realizado a la referida norma.
42. La Corte Constitucional en la sentencia citada supra precisó que la expresión
“[…] salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso a título oneroso […]”
del artículo 151 del Código General del Proceso, hace referencia a aquellos casos
en los que “[…] una persona adquiere, a título oneroso, un derecho cuya titularidad
se encuentra en disputa judicial (derecho litigioso), y luego pretende que sea
concedido a su favor un amparo de pobreza […]”.
43. En ese mismo sentido, y conforme se expuso previamente, la Sección Tercera
de esta Corporación ha concedido amparo de pobreza en procesos de reparación
directa, precisando que la expresión “[…] salvo cuando pretenda hacer valer un
derecho litigioso a título oneroso […]” se refiere a que “[…] los solicitantes no actúan
como cesionarios de derechos litigiosos, de ahí que no se presenta el evento
previsto en el artículo 151 ibidem y que impide conceder el amparo cuando se
pretenda hacer valer dichos derechos a título oneroso […]”.
44. La Sala considera que la autoridad judicial accionada al negar la solicitud de
amparo de pobreza bajo el argumento aludido, desconoció los artículos 29 y 229
de la Constitución Política, y restringió injustificadamente el acceso a la
administración de justicia del accionante.
17
Radicación: 41001-23-33-000-2024-00286-01
Accionante: Fredy Robles Marroquín
45. Además, no se puede perder de vista que el señor Fredy Robles Marroquín se
encuentra en situación de discapacidad, conforme se observa del dictamen de
pérdida de capacidad laboral núm. 7684242 - 5548 de 22 de marzo de 2019,
aportado a índice 2 del expediente.
46. Por lo anterior, la Sala revocará la sentencia impugnada y, en su lugar, amparará
los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido
proceso del señor Fredy Robles Marroquín. En consecuencia, se dejarán sin
efectos las providencias de 29 de mayo y 28 de junio de 2024, para que en el
término de diez (10) días33, se profiera decisión de reemplazo del auto de 29 de
mayo de 2024, conforme a lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva
de la presente providencia.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 2 de septiembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila. En su lugar, AMPARAR los derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido proceso del
señor Fredy Robles Marroquín, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS las providencias de 29 de mayo y 28 de junio
de 2024. En consecuencia, ORDENAR a la autoridad judicial accionada que, en el
término de diez (10) días, profiera decisión de reemplazo del auto de 29 de mayo
de 2024, conforme a lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
33
En virtud del artículo 120 de la Ley 1564 de 2012.
18
Radicación: 41001-23-33-000-2024-00286-01
Accionante: Fredy Robles Marroquín
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Salva voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.