Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-33-000-2025-00044-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-33-000-2025-00044-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 41001-23-33-000-2025-00044-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
3 de abril de 2025
Demandantes: Nancy Esperanza Ramírez Castro y otro
Demandado: Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva
Radicado: 41001-23-33-000-2025-00044-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., tres (03) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 41001-23-33-000-2025-00044-01
Demandantes: NANCY ESPERANZA RAMÍREZ CASTRO Y OTRO
Demandado: JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
NEIVA
Tema: Mora judicial Confirma decisión niega
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia, proferida en primera instancia el 19 de febrero de 2025, por el Tribunal
Administrativo del Huila, que negó la solicitud de amparo constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Los señores Nancy Esperanza Ramírez y Alejandro Agudelo Parra mediante
apoderado judicial1, instauraron acción de tutela contra el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, con el fin de que se amparen sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.
Los accionantes consideran transgredidas sus garantías constitucionales toda vez
que la autoridad judicial accionada ha incurrido en mora judicial para proferir el auto
de aprobación del acuerdo conciliatorio, respecto a la propuesta allegada por la
entidad demandada y aceptada por la parte actora, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 41001-33-33-008-2019-
00124-00.
1 Índice 03 Aplicativo Samai Apoderado Didier Alexander Cadena Ortega
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Demandantes: Nancy Esperanza Ramírez Castro y otro
Demandado: Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva
Radicado: 41001-23-33-000-2025-00044-01
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
(…)
TERCERO: ORDENAR al JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
NEIVA que dentro del término improrrogable de 48 horas siguientes a la notificación de
la sentencia, proceda, sin más demora a emitir el auto de aprobación del acuerdo
conciliatorio allegado por la entidad demanda y aceptado por la parte demandante,
dentro del MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO, en contra de la NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN,
radicado bajo el número 41001333300820190012400. (…)”
1.3. Hechos
La Sala procede a resumir los supuestos fácticos2 relevantes de la acción de tutela
para la decisión que se adoptará en la sentencia:
Los señores Nancy Esperanza Ramírez Castro y Alejandro Agudelo Parra, mediante
apoderado judicial presentaron demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Procuraduría General de la Nación,
en la cual se expuso como pretensión el reconocimiento, reajuste, reliquidación y
pago de la bonificación por compensación establecida en el Decreto 610 de 1998 y
Decreto 1102 de 2012, incluyendo en la liquidación la prima especial de servicios
conforme el artículo 5° de la Ley 4 de 1992.
Esta demanda correspondió al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva
con radicado 41001-33-33-008-2019-00124-00, y luego de haberse surtido el
trámite respectivo ingresó a Despacho para sentencia el 12 de julio de 2022.
El apoderado de los señores Ramírez Castro y Agudelo Parra, el 15 de noviembre
de 2024 presentó al Juzgado accionado, aceptación a la propuesta conciliatoria, en
aras que esta fuera aprobada y se diera terminación al proceso.
Los accionantes aseveran que, a la fecha de interposición de la presente acción, la
autoridad judicial no ha emitido un pronunciamiento sobre el acuerdo conciliatorio,
lo cual, en su sentir, ha generado una mora considerable e injustificada, toda vez
que han transcurrido más de dos años y medio desde el ingreso del proceso al
Despacho para sentencia.
1.4. Fundamentos de la acción de tutela
Consideró que la Corte Constitucional ha argumentado que existe una obligación
inexcusable de la autoridad para resolver de manera oportuna las solicitudes
2 Índices 02 y 011 Aplicativo Samai
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elevadas, para tener por satisfecho el núcleo esencial del derecho de petición,
máxime cuando el silencio representa una prueba contundente de la transgresión
de esa garantía constitucional.
1.5. Trámite de la acción de tutela
El Tribunal Administrativo del Huila mediante providencia del 6 de febrero de 20253,
admitió la acción de tutela interpuesta por los señores Nancy Esperanza Ramírez
Silva y Alejandro Agudelo Parra en contra del Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito de Neiva 4 como autoridad judicial accionada
Ordenó vincular como terceros con interés directo en las resultas del proceso a la
Procuraduría General de la Nación5, y a la Procuraduría Regional de Instrucción
Huila6 «demandados dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho»
1.6 Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Procuraduría General de la Nación 7
Manifestó falta de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que hay
un ente judicial responsable de la actuación que se demanda como incumplida.
Indicó que debe analizarse la subsidiariedad de la acción de amparo, debido a que
hay un procedimiento que define el trámite de los diferentes medios de control, así,
en cuanto al de nulidad y restablecimiento del derecho, acción por la cual se está
demandando la garantía al debido proceso por presunta mora judicial sin
justificación, hay instancias y procedimientos judiciales administrativos debidamente
reglados que deben agotarse por los accionantes, por tanto, consideró que no hay
cumplimiento del principio de subsidiariedad.
Precisó que, frente a la comprobación del perjuicio irremediable que aduce la parte
actora, las pruebas aportadas dentro del presente asunto, ilustran que se presentó
varios requerimientos de impulso procesal del año 2023, los que no tienen relación
directa con la solicitud de aprobación de la conciliación propuesta por la entidad que
representa, que fue aceptada por los demandantes el 13 de noviembre de
2024.Concluyó que no hay fundamento fáctico que pueda sustentar la vulneración
a los derechos fundamentales alegados, pues el reproche constitucional está
3 Índice 05 Aplicativo Samai
4 Notificación al correo electrónico adm08nei@cendoj.ramajudicial.gov.co
5 Notificación al correo electrónico procesosjudiciales@procuraduria.gov.co
6 Notificación al correo electrónico regional.huila@procuraduria.gov.co
7 Índice 010 Aplicativo Samai
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encaminado a probarse con las solicitudes de impulso del 2023, siendo aquello, la
comprobación de ausencia del requisito de inmediación.
Adujo en cuanto a la mora, que conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la ley
2430 de 2024 que modifica el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996, se tiene una
condición para proferir decisiones de fondo o sentencias en los despachos
judiciales, como es el turno con sujeción a un orden cronológico
Consideró que no existe coherencia entre la relación directa entre los supuestos
fácticos y las pretensiones objeto de la vulneración del derecho fundamental al
debido proceso, toda vez que la accionada mediante providencia del 7 de febrero
de 2025 se pronunció sobre la propuesta de conciliación y requirió a la Procuraduría
General de la Nación a través de su Comité de Conciliación.
1.6.2 Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva 8
Señaló que el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho bajo radicado
41001-33-33-008-2019-00124-00, ingresó al Despacho para sentencia el 12 de julio
de 2022, ocupando el turno número 79 y en la actualidad se encuentra en 21 para
proferir fallo.
Explicó que la ausencia de una decisión definitiva en el proceso objeto de la
presente acción constitucional, no obedece a mora judicial o tardanza injustificada
por parte del Despacho, sino que se debe a la debida atención de los turnos
asignados de conformidad con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, además de los
procesos con trámite especial y prioritario, sin que en el presente asunto existan
solicitudes de prelación de fallo presentadas por la parte actora, conforme a los
casos establecidos por la jurisprudencia, por el contrario, las únicas solicitudes
presentadas son las denominadas como impuso procesal, a las cuales la secretaría
ha informado el turno actual del proceso.
Respecto a la propuesta conciliatoria presentada por la Procuraduría General de la
Nación, indicó que se recibió el 6 de noviembre de 2024, sin que hubiera sido
necesario surtir el traslado a la contraparte, toda vez que el 13 de noviembre de
2024 fue aceptada por la parte actora, y el 7 de febrero de 2025 se profirió auto de
requerimiento a la entidad demanda con el fin de obtener información para efectos
de la decisión definitiva.
Finalmente, manifestó que la juez de instancia , el 9 de noviembre de 2024 padeció
un accidente laboral, que implicó una incapacidad hasta el 9 de febrero de 2025,
acotando que debió surtirse el proceso de nombramiento de su reemplazo, quien
se posesionó el 21 de noviembre de 2025, lo cual afectó el curso normal de los
8 Índice 011 Aplicativo Samai
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trámites procesales, añadiendo que desde el 20 de diciembre de 2024 hasta el 12
de enero de 2025 gozó de las vacaciones legales, por lo tanto, no ha incurrido en
violación alguna a los derechos fundamentales alegados.
1.5.3. Es importante señalar que, a pesar de haberse efectuado en debida forma la
notificación a la Procuraduría Regional de Instrucción Huila, no contestó la acción
de tutela.
1.6. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 19 de febrero de 20259,
negó el amparo solicitado, argumentando que de las actuaciones que se surtieron
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se cuestiona, se
advierte que han transcurrido más de dos años de la entrada del expediente al
Despacho para fallo. Sin embargo, la mora judicial alegada por los accionantes no
es imputable a una fata de diligencia de la juez, toda vez que al contestar la acción
de tutela explicó que además de los turnos que deben atenderse para proferir
sentencia, este ingresó en el turno 79 (sic) y en la actualidad se encuentra en el 21
de sentencias ordinarias.
Expuso que, la propuesta presentada por la Procuraduría General de la Nación el 6
de noviembre de 2024, fue aceptada por la parte actora el 13 de noviembre de 2024,
y el Despacho judicial acusado requirió a la entidad demandada el 7 de febrero de
2025, transcurriendo solamente cuarenta y cinco días hábiles, descontando el 17
de diciembre de 2024 (día de la justicia) y las vacaciones colectivas de la Rama
Judicial.
Agregó que no se puede desconocer que la congestión judicial, si bien es cierto, no
puede ser tomada como una justificación para no atender los deberes propios del
cargo, debe ser analizada en cada caso en particular para determinar si la mora se
causó por el alto volumen de trabajo, o por la negligencia del funcionario.
Consideró que no existe ningún elemento de juicio que lleve a concluir que el tiempo
que ha tardado el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva para dar
trámite a la solicitud de conciliación sea producto de la omisión de la funcionaria en
el cumplimiento de sus deberes, razón por la cual, no existe vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia de los señores Nancy Esperanza Ramírez Castro y Alejandro Agudelo Parra.
Finalmente, desvinculó de la presente acción constitucional a la Procuraduría
General de la Nación, por cuanto no es sujeto de la presente relación jurídica, ya
que no tienen injerencia en decisión a tomar, como si sucede con el Juzgado
accionado.
9 Samai 00019 Radicación: 11001031500020240214400
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1.7. Impugnación10
El apoderado de los accionantes presentó memorial de impugnación contra la
decisión de tutela de primera instancia, solicitando que se amparen los derechos
fundamentales de los accionantes.
Expuso que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se ha mantenido
inerte por más de dos años, que ingresó al despacho para fallo en el turno 79, y
actualmente se encuentre en el turno 21, cuando el asunto a tratar no es de alta
complejidad, ni requiere de un estudio arduo para su resolución, debido que en
dicho tema ya existen reglas plenamente definidas por el Consejo de Estado
mediante sentencia de unificación.
Agregó que, no le parece justo que el proceso lleve más de dos años para proferir
sentencia cuando estadísticamente el Consejo Superior de la Judicatura tiene una
exigencia trimestral para ello. Además, los casos que se resuelven por sentencia
anticipada son de pleno derecho, como el que dio origen a la presente acción
constitucional, el proceso no requiere de un escenario probatorio complejo, ya que
es meramente documental, y cuya resolución se centra en la correcta aplicación del
derecho.
1.8. Manifestación de impedimento
La magistrada ponente, mediante escrito del 10 de marzo de 2025, manifestó́ estar
impedida para conocer de la acción constitucional del asunto. Consideró que estaba
inmersa en la causal 1.º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.
Al respecto, la Sala por auto del 20 de marzo de 2025, declaró infundada la
manifestación, pues no se encontró́ acreditado los supuestos de hecho establecidos
en la norma para su configuración.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por los señores
Nancy Esperanza Ramírez Castro y Alejandro Agudelo Parra, por medio de
apoderado, contra la sentencia proferida el 19 de febrero de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Huila. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así
como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
10Índice 018 Aplicativo Samai
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2.2. Problema jurídico
Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, deberá la Sala determinar si hay
lugar a confirmarse, modificarse, o revocarse la decisión de primera instancia,
planteándose como problema jurídico, el siguiente:
El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva, ha vulnerado los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los
señores Nancy Esperanza Ramírez Castro y Alejandro Agudelo Parra al incurrir en
mora judicial injustificada, ¿al no haber proferido el auto de aprobación del acuerdo
conciliatorio en el interior del trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, bajo radicado 41001-33-33-008-2019-00124-00?
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
(ii) la mora judicial justificada, y (iii) el análisis del caso concreto.
2.3. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica de los artículos 229 de la Constitución11, del derecho fundamental al
debido proceso12 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter
de fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia13.
El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para
que resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u organizaciones y
con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una resolución motivada, ajustada
a derecho, y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías constitucionales
previstas en la Constitución y en la ley […]»14.
Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no puede
concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante los
11 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
12 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia
a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio,
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
13 Sentencia T-006 de 1992.
14 Sentencia T-476 de 1998.
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jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las demandas de
los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de que, ante los estrados
judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad
y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador
acerca de los hechos materia de su decisión […]»15.
Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se desprende
que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que cuando el «[…]
ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encuentre una respuesta
rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus derechos y garantías”16, y de otro
lado, “la obligación correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas
las condiciones que sean necesarias para que el acceso de los particulares a dicho servicio
público sea real y efectivo, con lo cual se deben descartar las actuaciones nominales que
no logren tal finalidad. Se entiende por lo tanto que el derecho extraído por la Corte involucra
la necesidad de que los jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que
representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas […]»17.
Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996
Estatuaria de la Administración de Justicia18 y con sustento en los principios de
celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez,
como director del proceso, debe velar por la rápida solución del caso, con el fin de
evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con
una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar las garantías fundamentales de
las partes.
Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario judicial
que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que se
proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente
y asumir su responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de los derechos
materiales. El juez que reclama el pueblo a través de su Carta Política ha sido
encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la
búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia
material […]»19.
2.4. La mora judicial justificada
15 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
16 Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
17 Ibidem.
18 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que
cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social
y lograr y mantener la concordia nacional.
19 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio Palacio.
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La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en
aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no
en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de
exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la
omisión sistemática de sus deberes.20
Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos
procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»21.
En esa línea esa Corporación frente al particular, precisó que:
[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello,
la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar
del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se
entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego
de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es
producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia
razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen
problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de
carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo
previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está
ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial
no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el
cumplimiento de sus funciones.
Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
en relación con la existencia de mora judicial22, según la cual solo se predica si hay
dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez. En
el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a
la administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes en un
proceso.
20 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
21 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
22 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-
2012-01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal
Administrativo de Antioquia. Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014,
Rad. No.: 25000-23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado:
Procuraduría General de la Nación.
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2.5. Caso en concreto
En el presente asunto, como punto de partida, al revisar el histórico de las
actuaciones surtidas en el proceso 41001-33-33-008-2019-00124-00, a partir del
ingreso al Despacho para sentencia, se tiene lo siguiente:
Consta que el expediente ingresó a Despacho para sentencia el 12 de julio de 2022
y el apoderado de los accionantes presentó memoriales solicitando impulso
procesal los días 31 de enero, 16 de marzo de 202323, 30 de enero24 y 16 de mayo
de 202425
Posteriormente, el 6 de noviembre de 202426, la entidad demandada Procuraduría
General de la Nación presentó propuesta de acuerdo conciliatorio, la cual fue
aceptada por el apoderado de los demandantes mediante memorial del 13 de
noviembre de 202427.
23Índice 51 y 52 Aplicativo Samai
24Índice 54 Aplicativo Samai
25 Índice 55 Aplicativo Samai
26 Índice 56 Aplicativo Samai
27 Índice 57 Aplicativo Samai
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El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva, mediante auto del 7 de
febrero de 202528 requirió al abogado de la entidad para que aportara el poder con
la formalidad exigida en el artículo 74 del Código General del Proceso, ya sea
mediante presentación personal en físico o a través de mensaje de datos con firma
electrónica o digital.
Así mismo, solicitó a la entidad demandada que en el término de ocho (8) días
siguientes a la notificación de esta providencia, previo concepto del Comité de
Conciliación de la entidad, especifique la modalidad de exigibilidad del acuerdo
conciliatorio propuesto, indicando si se acogerá al pago oficioso o el pago a solicitud
de parte, de conformidad con la Resolución 147 de 2018.
Igualmente, requirió a la Procuraduría General de la Nación para que en el mismo
término remitiera a la parte actora y al Ministerio Público la aclaración requerida, a
efectos de que éstos, manifiesten su consentimiento frente a las eventuales
modificaciones o aclaraciones del acuerdo y les concedió tres días para que se
pronuncien al respecto. Esta decisión fue notificada a las partes del proceso el 10
de febrero de 202529.
La Procuraduría General de la Nación allegó el 10 de febrero de 202530, memorial
del correspondiente mensaje de datos creado y remitido por la Oficina Jurídica de
la entidad, con fechas del 14, 15 y 19 de julio de 2022, como opción de requisito de
presentación establecido en el artículo 74 de la Ley 1564 de 2012.
Por su parte el apoderado de los accionantes, allegó memorial solicitando que se
dicte el proveído de aprobación del acuerdo conciliatorio, indicando que las
propuestas presentadas por la entidad demandada que se tramitan en favor de los
procuradores judiciales I y II, vienen siendo pagadas dentro de los 10 meses
siguientes a la ejecutoria del auto que aprueba la conciliación, y una vez radicada
la cuenta de cobro.
El 20 de febrero de 2025, la Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de
lo ordenado por el Juzgado acusado, allegó certificación de aclaración31 emitida por
el jefe de la Oficina Jurídica de la entidad conforme a las instrucciones impartidas y
el 21 de febrero de 202532 aportó constancias del traslado de la aclaración sobre la
propuesta conciliatoria ordenada en providencia del 7 de febrero de 202533
28 Índice 58 Aplicativo Samai
29 Índices 59 y 60 Aplicativo Samai
30 Indice 61 Aplicativo Samai
31 Indice 63 Aplicativo Samai
32 Indice 64 Aplicativo Samai
33 Remitió a los siguientes correos electrónicos didieralexandercadena@hotmail.com ,
oscareabogado@gmail.com, procjudadm89@procuraduria.gov.co , nramirezc@procuraduria.gov.co
aagudelop@procuraduria.gov.co
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Nancy Esperanza Ramírez Castro y otro
Demandado: Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva
Radicado: 41001-23-33-000-2025-00044-01
Lo anterior demuestra que la autoridad judicial accionada ha procurado imprimir el
trámite de rigor al asunto, adelantado las actuaciones respectivas a la solicitud de
aprobación del acuerdo conciliatorio dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
La mora judicial como causal de procedencia de la acción de tutela no tiene sustento
de un mero análisis objetivo de los términos procesales, sino que es necesario que
el juez constitucional verifique las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
rodean la posible mora en la adopción de acciones o decisiones por parte de la
autoridad convocada.
El mero incumplimiento de los plazos no constituye por sí mismo una violación al
derecho fundamental al acceso a la administración de justicia. Para la Corte
Constitucional, la dilación de los plazos puede estar justificada por razones
probadas y objetivamente insuperables que impidan al juez o fiscal adoptar
oportunamente la decisión34.
En el presente asunto, no consta retardo imputable a la autoridad judicial acusada,
todo lo contrario, se encuentra acreditado que ha impartido el trámite
correspondiente a la propuesta de acuerdo conciliatorio presentada por la
Procuraduría General de la Nación y aceptada por los demandantes.
Si bien es cierto en la parte actora argumentó en la impugnación que el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, se ha mantenido inerte por más de dos años
y no se ha proferido la sentencia, a pesar de que el expediente ingresó a Despacho
el 12 de julio de 2022. Se considera pertinente precisar que, las partes
posteriormente presentaron propuesta y aceptación de acuerdo conciliatorio35 a la
cual se le dio le impartió el tramite correspondiente.
El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva mediante proveído del 7 de
febrero de 2025, requirió información para adoptar una decisión definitiva, la
Procuraduría General de la Nación dio cumplimiento los días 10, 20 y 21 de febrero
de 2025, efectuándose en esta última fecha, el traslado de la aclaración sobre la
propuesta conciliatoria a los demandantes.
Para la Sala, resulta pertinente acotar que no toda mora judicial conlleva
intrínsecamente una vulneración de los derechos fundamentales de las personas,
pues es un hecho notorio que actualmente las distintas autoridades encargadas de
la función pública de administrar justicia se encuentran sumidas en una congestión
del aparato, la cual obedece a causas totalmente externas de los funcionarios y, por
ende, no resulta imputable a ellos tales situaciones.
34 Sentencia T-099 de 2021. Magistrado sustanciador JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
35 6 y 13 de noviembre de 2024.
12
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Radicado: 41001-23-33-000-2025-00044-01
Así las cosas, la Sala confirmará la decisión del a quo en negar el amparo
deprecado, ya que no evidencia una situación de dilación injustificada o indebida,
pues no se observa que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva
haya actuado de manera negligente o que su comportamiento sea el resultado de
una omisión en el cumplimento de sus funciones.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo del 19 de febrero de 2025 proferido por el Tribunal
Administrativo del Huila, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual
revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Ausente con excusa
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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