Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-33-000-2025-00133-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-33-000-2025-00133-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 41001-23-33-000-2025-00133-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
17 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 41001-23-33-000-2025-00133-01
Accionantes: ALEXANDER GÓNGORA QUIROGA Y OTROS
Accionados: JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE NEIVA Y OTROS
Tema: ACCIÓN DE TUTELA – Confirma ordinal segundo y revoca ordinal
cuarto del fallo impugnado.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide las impugnaciones presentadas por el Instituto Nacional de Vías -
INVÍAS y la Secretaría de Vivienda y Hábitat del municipio de Neiva contra los
ordinales segundo y cuarto de la sentencia de “[…] tres (3) de junio de dos mil
veinticinco (2024) (sic) […]”, proferida por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal
Administrativo del Huila.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Alexander Góngora Quiroga, en nombre propio y como “[…] cuidador
[…]” de los señores María Trinidad Quiroga y Jesús María Góngora Quiroga,
solicitó el amparo de los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital, a la
salud, a la seguridad social, a la vivienda digna, a la protección especial por
condición de discapacidad y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó al Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Neiva, a la Alcaldía Municipal de Neiva, a
la Secretaría de Vivienda y Hábitat del municipio de Neiva, a la Secretaría de
Salud del municipio de Neiva, a la Inspección Segunda de Policía Urbana de Neiva
por la presunta omisión de garantizar las “[…] condiciones mínimas de
subsistencia, vivienda, protección médica, y atención integral […]” en el
procedimiento de desalojo del inmueble ubicado en la Carrera 16 No. 4B-30 de la
ciudad de Neiva - Huila.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 41001-23-33-000-2025-00133-01
Accionantes: Alexander Góngora Quiroga y otros
2.1. Relató que desde hace más de 34 años su padre fue vinculado verbalmente por
la entidad Ferrocarriles Nacionales, para cuidar un inmueble de propiedad del
Estado, ubicado en la Carrera 16 No. 4B-30 de la ciudad de Neiva – Huila y desde
entonces han ocupado el inmueble de manera ininterrumpida.
2.2. Señaló que su progenitora, María Trinidad Quiroga de 60 años y su hermano
Jesús María de 28 años, presentan discapacidad física, intelectual y mental, aunado
a que hacen parte de la clasificación del Sisbén C1 - vulnerable, viven en condiciones
de extrema pobreza, no tienen acceso a ningún servicio público esencial, no cuentan
con empleo y viven de la caridad de las personas circundantes.
2.3. Informóque en el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Neiva se
adelanta el proceso de restitución de inmueble arrendado núm. 41001-33-33-003-
2017-00347-00 en el que se profirió sentencia el 16 de mayo de 2022 y se ordenó
la entrega de unos inmuebles, dentro de los cuales se encontraba el ubicado en la
Carrera 16 No. 4B-30 de Neiva-Huila.
2.4. Refirió que el 22 de agosto de 2023 puso en conocimiento de la Inspección
Segunda de Policía Urbana de Neiva en diligencia de lanzamiento que: “[…] yo tengo
el caso de mi mamá que es discapacitada y de mi otro hermano que se llama Jesús
María Góngora, en caso de tal desalojo quisiera que nos pudieran recibir pues no
tengo para donde irme, ya que llevamos 31 años viviendo en el inmueble […]”.
2.5. Indicó que el 21 de enero de 2025 presentó escrito ante el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Neiva, poniendo en conocimiento su situación de “[…]
cuidador […]” de su progenitora y de su hermano debido a que presentan
discapacidad mental y solicitó “[…] nos dejen en esa vivienda y la compensación
sería la vigilancia y cuidado del inmueble […]”.
2.6. Comentó que han recibido visitas oficiales de distintas entidades del Estado, entre
ellas la Defensoría del Pueblo, la Personería de Neiva, la Policía Nacional y la
Inspección de Policía, quienes se han comprometido a gestionar “[…] a) subsidios
de vivienda y arrendamiento b) hogares de paso, c) ingreso a programas sociales,
d) empleo para mí como cuidador principal, no obstante, ninguna de estas promesas
ha sido cumplida, ni existe seguimiento institucional alguno, persistiendo la omisión
y el abandono absoluto […]”.
2.7. Informó que mediante auto de 30 de abril de 2025 el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Neiva ordenó a la Inspección Segunda de Policía
Urbana de Neiva que, en el término de 2 meses, materialice, sin dilaciones, la
entrega del inmueble y advirtió que “[…] en esta etapa, no es procedente realizar
interpretaciones discrecionales y/o adicionales a las que ya se han adoptado […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
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Accionantes: Alexander Góngora Quiroga y otros
“[…] 1. Amparar los derechos fundamentales invocados a la vida digna, salud,
mínimo vital, vivienda, seguridad social, igualdad y protección reforzada por
condición de discapacidad.
2. Ordenar a la Alcaldía de Neiva, como responsable primaria, que de manera
inmediata active un plan integral de atención para Alexander Góngora
Quiroga, María Trinidad Quiroga y Jesús María Góngora Quiroga, el cual debe
incluir:
• Provisión de vivienda o subsidio habitacional inmediato.
• Atención médica prioritaria y permanente para las personas con
discapacidad.
• Para mi hermano y mamá en condición de discapacidad un hogar de paso o
albergue digno permanente.
• Ingreso a programas sociales de transferencia económica, entiéndase como
apoyo financiero del gobierno o de organizaciones sociales para cubrir
necesidades básicas y mejorar el bienestar de mi familia en condición de
extrema vulnerabilidad.
• Generación de empleo permanente o ingreso solidario para el accionante
como cuidador.
3. Ordenar a las demás entidades accionadas que, en coordinación con la
Alcaldía, se articulen en la protección de los derechos de mi familia,
incluyendo seguimiento mensual y visitas periódicas.
4. Ordenar al Juzgado Tercero Administrativo de Neiva y a la Inspección
Segunda de Policía abstenerse de ejecutar el desalojo hasta tanto no se
hayan implementado y documentado las medidas de protección ordenadas
[…]”. [Negrilla del texto]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 21 de mayo de 2025, la Sala Sexta de Decisión del Tribunal
Administrativo del Huila, admitió la acción de tutela contra el “[…] Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Neiva, Alcaldía Municipal de Neiva-Huila,
Secretaría de Vivienda y Hábitat del Municipio de Neiva, Secretaría de Salud del
Municipio de Neiva, Inspección Segunda de Policía Urbana de Neiva […]” y se
abstuvo de vincular a las demás entidades señaladas en el escrito de tutela al “[…]
no advertirse, por ahora, una relación concreta con los hechos objeto de
controversia […]”.
5. Por auto de 27 de mayo de 2025 el magistrado sustanciador de la Sala Sexta de
Decisión del Tribunal Administrativo del Huila vinculó en calidad de tercero con
interés directo en el resultado del proceso al Instituto Nacional de Vías -Invías.
V. INTERVENCIONES
6. Una vez efectuadas las notificaciones a las accionadas y a la vinculada, se
allegaron los siguientes informes:
6.1. La
Secretaría de Vivienda y Hábitat del municipio de Neiva solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón a que,
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Accionantes: Alexander Góngora Quiroga y otros
carece de competencia para resolver situaciones particulares por fuera de los
lineamientos legales establecidos.
6.2. Indicó que de acuerdo con las políticas diseñadas por el Gobierno Nacional
para atender la población vulnerable y lo aprobado en el plan de desarrollo
municipal, la comunidad de Neiva cuenta con los programas de 1. vivienda nueva,
2. construcción en sitio propio y 3. mejoramiento de vivienda rural o urbana, para
lo cual se requiere de: i) la postulación a los proyectos de vivienda y ii) la
presentación de los documentos exigidos en las fechas y bajo el cumplimiento de
lineamientos establecidos en las convocatorias.
6.3. La Defensoría del Pueblo señaló que esa autoridad administrativa ha venido
brindando orientación jurídica a Alexander Góngora y ha hecho presencia en las
diligencias de lanzamiento, oponiéndose a su prosperidad por cuanto los
afectados son sujetos de especial protección constitucional con necesidades
apremiantes de vivienda.
6.4. Por lo anterior, solicitó se acceda a la totalidad de las pretensiones formuladas
por el accionante.
6.5. La
Inspectora Segunda de Policía Urbana con funciones de Espacio
Público del municipio de Neiva solicitó se declare la improcedencia del
mecanismo de amparo en razón a que esa autoridad ha realizado todas las
acciones tendientes al cumplimiento del despacho comisorio garantizando los
derechos de los demandados.
6.6. Informóque de la visita realizada por el programa del adulto mayor de la
Secretaría de la Mujer, Infancia y Desarrollo Social se concluyó que “[…] la señora
María Trinidad Quiroga Álvarez está afiliada al régimen subsidiado de salud de la
Nueva EPS, S.A. S. La señora María no ha realizado el proceso de postulación
para el auxilio económico del programa "Colombia Mayor", porque a la fecha no
se encuentra sisbenizada. No obstante, se le explicó al hijo el procedimiento para
ello. La señora María Trinidad Quiroga Álvarez y su hijo, Jesús María Góngora
Quiroga, ya cuentan con el certificado de discapacidad […]”.
6.7. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Neiva informó que ese
despacho judicial en el marco del proceso de restitución de inmueble arrendado
ha respetado los derechos de defensa y debido proceso del accionante y de sus
familiares, y de la misma manera ha adelantado las gestiones necesarias en
procura del cumplimiento de la sentencia del 16 de mayo de 2022 que ordenó la
restitución del inmueble que habita el demandante.
6.8. Refirió que, frente a la situación de vulnerabilidad de la familia del accionante,
se ordenó a la Secretaría de gobierno de Neiva, a la Personería Municipal de
Neiva, a la Secretaría de Salud de Neiva y a la Defensoría Regional del Pueblo
para que participen en la diligencia de entrega del bien inmueble y conceptúen
acerca de la condición física, social, económica y de salud de los señores María
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Accionantes: Alexander Góngora Quiroga y otros
Trinidad Quiroga y Jesús María Góngora Quiroga y se establezca la procedencia
de una reubicación y/o auxilios económicos conforme a los programas sociales
del municipio.
6.9. El municipio de Neiva presentó informe en el cual indicó que “[…] se procedió
a requerir al doctor MARWIN ALEXANDER VICTORIA TAMAYO, Secretario de
Vivienda y Hábitatn (sic), a la doctora CLARA EUGENIA PEÑA PERDOMO,
Secretaria de la Mujer, Infancia y Desarrollo Social; a la doctora LILIBETH
JOHANA GALVAN MOSHEYOFF, Secreatria (sic) de Salud y a la doctora DIANA
MARGARITA MORALES CORTES, Directora de Justicia Municipal través del
Oficio O.A.J.M. 1142 del 23 de mayo de 2025, para que de conformidad con sus
funciones, de manera inmediata, proceda a dar contestación a la tutela,
informando al Honorable Despacho dentro del término concedido, las gestiones
realizadas por la dependencia […]”.
6.10. El Instituto Nacional de Vías – INVÍAS señaló que esa entidad no es la
competente para garantizar los derechos fundamentales invocados por el
accionante en materia de salud, vivienda, seguridad social, mínimo vital ni
programas sociales, siendo ajeno a sus competencias constitucionales y legales.
6.11. Por lo anterior, solicitó que cualquier medida de protección u orden judicial que
se profiera dentro del mecanismo de amparo sean exclusivamente dentro del
ámbito de competencia del Invías, esto es, la administración del bien inmueble
cuya restitución fue ordenada por el juez contencioso administrativo.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
7. Mediante fallo de tutela de “[…] tres (3) de junio de dos mil veinticinco (2024)
(sic) […]”, la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila amparó
los derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la igualdad material
y a la protección especial de las personas en condición de discapacidad y ordenó:
“[…] SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENA al Municipio de Neiva, a
través de sus secretarías de Gobierno, Salud, Mujer, Infancia y Desarrollo
Social, y Vivienda y Hábitat, que en el término máximo de diez (10) días
hábiles contados a partir de la notificación del presente fallo:
a) Realicen de manera articulada un proceso urgente de caracterización
socioeconómica y de salud del núcleo familiar afectado.
b) Activen rutas institucionales integrales orientadas a garantizar una
solución habitacional transitoria o permanente, bien sea mediante
subsidio de arriendo, ingreso a hogar de paso, asignación en proyecto de
vivienda social, o cualquier otra alternativa que asegure condiciones de
dignidad y salubridad, priorizando que tanto la señora Trinidad Quiroga
Álvarez y su hijo Jesús María Góngora Quiroga permanezcan en unidad
familiar
c) Coordinen con el ICBF, la Comisaría de Familia y la Defensoría del Pueblo
la implementación de medidas específicas de protección y
acompañamiento psicosocial a favor de las personas en condición de
discapacidad, priorizando que tanto la señora Trinidad Quiroga Álvarez y
su hijo Jesús María Góngora Quiroga permanezcan en unidad familiar.
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Accionantes: Alexander Góngora Quiroga y otros
TERCERO: ORDENAR a la Inspección Segunda de Policía Urbana de Neiva
que se abstenga de continuar con la ejecución de la diligencia de lanzamiento
ordenada dentro del proceso de restitución promovido por INVIAS, hasta tanto
las entidades mencionadas en el numeral segundo acrediten plenamente ante
este Tribunal que se han cumplido las medidas de protección integral y se ha
garantizado una alternativa habitacional digna y segura para los accionantes.
CUARTO: ORDENAR al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, que colabore
activamente con el Municipio de Neiva en la implementación de las soluciones
institucionales requeridas, dada su calidad solicitante de la restitución del
inmueble.
QUINTO: EXHORTAR al Juzgado Tercero Administrativo de Neiva para que,
en lo sucesivo, condicione la ejecución de órdenes de restitución de
inmuebles ocupados por población vulnerable a la verificación del
cumplimiento de las medidas sociales de protección previstas por la
Constitución y los tratados internacionales […]”. [Negrilla original del texto]
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
8. La Secretaría de Vivienda y Hábitat del municipio de Neiva y el Instituto Nacional
de Vías impugnaron los ordinales segundo y cuarto del fallo de primera instancia.
8.1. La Secretaría de Vivienda y Hábitat del municipio de Neiva solicitó:
“[…] PRIMERO: MODIFIQUESE El inciso B del numeral segundo donde se
indique que la solución habitacional transitoria es por el tiempo mientras se
da la solución habitacional permanente siempre y cuando el accionante
allegue la documentación requerida, y sea viable el subsidio de vivienda, de
no estar habilitado para un subsidio de vivienda la solución habitacional
transitoria finaliza.
SEGUNDO: MODIFIQUESE El inciso B del numeral segundo donde se facilite
un auxilio al canon de arrendamiento y no un subsidio de arriendo, dado que
debe cumplir las exigencias señaladas en el Decreto 1077 de 2015.
TERCERO: MODIFIQUESE el inciso B del numeral segundo donde se
indique la asignación en proyecto de vivienda social siempre y cuando el
accionante allegue la documentación necesaria y cumpla con los requisitos
exigidos en la normatividad nacional y vigente […]”. [Mayúscula y negrilla del
texto original]
8.2. El Instituto Nacional de Vías:
“[…] solicito se REVOQUE el numeral cuarto del fallo proferido en primera
instancia, en el que se impone al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
la obligación de “colaborar activamente” con el Municipio de Neiva en la
implementación de soluciones institucionales, por ser una orden que excede
las competencias legales de esta entidad […]”. [Mayúscula y negrilla del texto
original]
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Accionantes: Alexander Góngora Quiroga y otros
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia
9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20245.
VIII.2. Cuestión previa
10. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por la Secretaría de Vivienda y Hábitat del
Municipio de Neiva.
11. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
Corte Constitucional en sentencia SU-077 de 2018, señaló lo siguiente:
“[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud
legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada a
responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de
que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada.6
Sobre el particular, el artículo 86 de la Constitución establece que la tutela
procede contra cualquier autoridad pública. Por lo tanto, es posible concluir
que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil,
están legitimadas por pasiva en el caso que se analiza, pues se trata de
autoridades públicas, presuntamente responsables de las acciones y
omisiones que, a juicio del accionante, vulneraron sus derechos
fundamentales […]". [Subrayado fuera del texto].
12. Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que la Secretaría de Vivienda y
Hábitat del municipio de Neiva fue identificada por el accionante como autoridad
accionada en este proceso, por lo que le asiste el interés jurídico para ser
vinculada a esta acción constitucional. Razón por la cual, se denegará la solicitud
de desvinculación elevada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
la presente providencia.
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
5 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los
artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
6 Ver sentencias T-430 de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara y T-662 de 1999, M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
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Accionantes: Alexander Góngora Quiroga y otros
VIII.3. Problemas jurídicos
13. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá:
b) Determinar si las autoridades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
14. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) los requisitos procedencia de la acción de tutela y
posteriormente; (ii) resolver el caso concreto.
VIII.4. Requisitos de procedencia de la acción de tutela
15. De acuerdo con el artículo 5°del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela
procede:
“[…] [C]ontra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la
acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico
escrito […]”.
16. A su vez, el artículo 6° del mismo Decreto Ley señala que la acción de amparo
deviene en improcedente en las siguientes circunstancias:
“[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas
corpus.
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los
demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior
no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o
violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]”.
7
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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17. En ese sentido, esta Sala de Decisión ha señalado que, de acuerdo con las
normas citadas, cualquier ciudadano que considere amenazado o vulnerado un
derecho fundamental puede acudir ante un juez de la República para obtener la
protección judicial de las garantías constitucionales conculcadas o amenazadas.
18. Así las cosas, se han establecido como requisitos de procedencia de la acción
de tutela: la legitimación en la causa por activa, la inmediatez y la subsidiariedad.
VIII.5. Caso concreto
19. El señor Alexander Góngora Quiroga, en nombre propio y como “[…] cuidador
[…]” de los señores María Trinidad Quiroga y Jesús María Góngora Quiroga,
solicitó el amparo de los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital, a la
salud, a la seguridad social, a la vivienda digna, a la protección especial por
condición de discapacidad y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó al Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Neiva, a la Alcaldía Municipal de Neiva, a
la Secretaría de Vivienda y Hábitat del municipio de Neiva, a la Secretaría de
Salud del municipio de Neiva, a la Inspección Segunda de Policía Urbana de Neiva
por la presunta omisión de garantizar las “[…] condiciones mínimas de
subsistencia, vivienda, protección médica, y atención integral […]” en el
procedimiento de desalojo del inmueble ubicado en la Carrera 16 No. 4B-30 de la
ciudad de Neiva - Huila.
20. Precisado lo anterior, la Sala se limitará a estudiar los puntos cuestionados de
la sentencia de primera instancia por la Secretaría de Vivienda y Hábitat del
municipio de Neiva y el Instituto Nacional de Vías – Invías.
VIII.5.1. De la impugnación presentada por la Secretaría de Vivienda y Hábitat
del municipio de Neiva
21. En el caso objeto de estudio se observa que el accionante es una persona de
37 años y actúa en calidad de “[…] cuidador […]” de su progenitora María Trinidad
Quiroga y de su hermano Jesús María Góngora Quiroga de 28 años, ambos con
discapacidad física, intelectual y mental, se encuentran clasificados con Sisbén C1 -
población vulnerable – y se encuentran afiliados al régimen subsidiado de salud.
22. El accionante manifestó que ha vivido junto a su grupo familiar compuesto por su
madre y su hermano, por más de 30 años en la Carrera 16 No. 4B-30 de la ciudad
de Neiva.
23. Indicó
que en el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Neiva, se
adelanta el proceso de restitución de bien inmueble arrendado núm.
41001333300320170034700 en el cual se profirió sentencia el 16 de mayo de
2022 y se ordenó la entrega del inmueble ubicado en la Carrera 16 No. 4B-30 de
Neiva-Huila, lugar donde habita el accionante y su grupo familiar.
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24. La Inspección Segunda de Policía municipal de Neiva fue comisionada por el
Juzgado Tercero Administrativo de Neiva, para llevar cabo la diligencia de
lanzamiento de quienes ocupan el inmueble, diligencia que se ha intentado realizar
el 22 de agosto de 2023, el 6 de junio y el 3 de diciembre de 2024. Sin embargo,
debido a las condiciones de vulnerabilidad del grupo familiar no se ha ejecutado la
orden de desalojo.
25. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Neiva mediante providencia de
30 de abril de 2025 ordenó a la Inspección Segunda de Policía municipal de Neiva
a que, en el término de 2 meses realice la entrega del inmueble.
26. El juez de tutela de primera instancia mediante sentencia de “[…] tres (3) de junio
de dos mil veinticinco (2024) (sic) […]” amparó los derechos fundamentales a la
vida digna, al mínimo vital, a la igualdad material y a la protección especial de las
personas en condición de discapacidad y en el numeral segundo dispuso:
“[…] SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENA al Municipio de Neiva, a
través de sus secretarías de Gobierno, Salud, Mujer, Infancia y Desarrollo
Social, y Vivienda y Hábitat, que en el término máximo de diez (10) días
hábiles contados a partir de la notificación del presente fallo:
a) Realicen de manera articulada un proceso urgente de caracterización
socioeconómica y de salud del núcleo familiar afectado.
b) Activen rutas institucionales integrales orientadas a garantizar una solución
habitacional transitoria o permanente, bien sea mediante subsidio de arriendo,
ingreso a hogar de paso, asignación en proyecto de vivienda social, o
cualquier otra alternativa que asegure condiciones de dignidad y salubridad,
priorizando que tanto la señora Trinidad Quiroga Álvarez y su hijo Jesús María
Góngora Quiroga permanezcan en unidad familiar.
c) Coordinen con el ICBF, la Comisaría de Familia y la Defensoría del Pueblo
la implementación de medidas específicas de protección y acompañamiento
psicosocial a favor de las personas en condición de discapacidad, priorizando
que tanto la señora Trinidad Quiroga Álvarez y su hijo Jesús María Góngora
Quiroga permanezcan en unidad familiar […]”. [Negrilla original del texto]
27. La Secretaría de Vivienda y Hábitat del municipio de Neiva mediante escrito de
10 de junio de 2025 impugnó la decisión de primera instancia, solicitando que se
modifique el literal b del numeral segundo, en el sentido de: i) indicar que la solución
habitacional transitoria es mientras se da la solución habitacional permanente y
siempre y cuando el accionante allegue la documentación requerida, y sea viable
el subsidio de vivienda, ii) precisar que la ayuda para el arriendo sea “[…] un auxilio
al canon de arrendamiento […]” y no un subsidio de arriendo, dado que debe cumplir
las exigencias del Decreto 1077 de 2015 y, iii) condicionar la asignación en proyecto
de vivienda social “[…] siempre y cuando el accionante allegue la documentación
necesaria y cumpla con los requisitos exigidos […]” en la Ley, dado que la
Administración municipal se adhiere a las políticas diseñadas por el Gobierno
Nacional.
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Accionantes: Alexander Góngora Quiroga y otros
28. Al respecto, la Sala advierte que el juez de tutela en primera instancia no impuso
una medida específica consistente en la entrega de un subsidio determinado, ni
pretendió sustituir a la administración en su función de evaluación y asignación de
ayudas sociales.
29. Lo que se observa es que la orden emitida en primera instancia busca que la
impugnante, dentro del ámbito de sus competencias y de manera conjunta, “[…]
Activen rutas institucionales integrales orientadas a garantizar una solución
habitacional transitoria o permanente […]”. Es decir, lo pretendido por el juez es
que se estudie cualquier alternativa institucional viable como -el otorgamiento de
un subsidio de arrendamiento, el ingreso a un hogar de paso, la inclusión en
programas de vivienda social u otra medida equivalente-, orientada a garantizar
una solución habitacional transitoria o permanente, que asegure condiciones
mínimas de dignidad, salubridad y permanencia del núcleo familiar, dada la
situación de discapacidad, dependencia y vulnerabilidad socioeconómica que
atraviesan sus integrantes.
30. En virtud de lo expuesto, la Sala procederá a confirmar el literal b de la sentencia
de primera instancia, al considerar que se ajusta a los principios constitucionales y
garantiza de manera adecuada los derechos fundamentales del núcleo familiar en
condición de discapacidad y vulnerabilidad.
VIII.5.2. De la impugnación presentada por el Instituto Nacional de Vías -
INVÍAS
31. El Instituto Nacional de Vías – Invías, mediante escrito de impugnación de 10
de junio de 2025, solicitó revocar el numeral cuarto de la sentencia de primera
instancia, el cual ordenó:
“[…] CUARTO: ORDENAR al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, que
colabore activamente con el Municipio de Neiva en la implementación de las
soluciones institucionales requeridas, dada su calidad de entidad solicitante
de la restitución del inmueble. […]”. [Negrilla original del texto]
32. La Sala considera que la orden impartida no guarda relación con el objeto y las
funciones de la entidad impugnante.
33. En el caso concreto, el Instituto Nacional de Vías, en su calidad de entidad
solicitante dentro del proceso de restitución del inmueble ocupado por una familia
en condición de discapacidad, no es competente para diseñar o ejecutar
directamente políticas de vivienda.
34. Al respecto, el artículo 1° del Decreto 1292 de 14 de octubre de 2021 8 señala
que el INVIAS: “[…] tendrá como objeto la ejecución de las políticas, estrategias,
planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red
Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial, marítima y sus
8 “Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías – INVIAS”.
12
Radicación: 41001-23-33-000-2025-00133-01
Accionantes: Alexander Góngora Quiroga y otros
infraestructuras conexas o relacionadas, de acuerdo con los lineamientos dados
por el Ministerio de Transporte […]”.
35. Por su parte, el artículo 2° del Decreto 1292 de 2021 señala lo siguiente:
“[…] FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS. Para el
cumplimiento de sus objetivos el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS,
desarrollará las siguientes funciones generales:
2.1 Ejecutar la política del Gobierno Nacional en relación con la infraestructura
de transporte de su competencia, de conformidad con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Transporte.
2.2 Elaborar conjuntamente con el Ministerio de Transporte los planes,
programas y proyectos tendientes a la construcción, reconstrucción,
mejoramiento, rehabilitación, conservación operación y mantenimiento,
atención de emergencias y demás obras que requiera la infraestructura de su
competencia.
2.3 Coordinar con el Ministerio de Transporte la ejecución de los planes y
programas de su competencia.
2.4 Adelantar investigaciones, estudios, análisis y proyectos para aportar
lineamientos técnicos al Sector.
2.5 Asesorar y prestar apoyo técnico, así como en la ejecución de proyectos
a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados encargados
de la construcción, mantenimiento y atención de infraestructuras a su cargo,
cuando ellas lo soliciten, se cuente con recursos o se acuerde con el INVIAS.
2.6 Recaudar los peajes y demás cobros sobre el uso de la infraestructura de
transporte de su competencia o a su cargo.
2.7 Realizar operaciones financieras que permitan anticipar recursos futuros
u otros esquemas tendientes a la obtención de nuevas fuentes de
financiación.
2.8 Celebrar todo tipo de negocios, contratos y convenios que se requieran
para el cumplimiento de su objetivo.
2.9 Elaborar, conforme a los planes del sector y de la entidad la programación
de compra de terrenos y adquirir los que se consideren prioritarios para el
cumplimiento de sus objetivos.
2.10 Llevar a cabo todas las acciones relacionadas con: la contribución
nacional de valorización, obras por impuestos, regalías, cooperación, de
conformidad con la normatividad vigente y/o los lineamientos del Ministerio de
Transporte.
2.11 Dirigir y supervisar la elaboración de los proyectos para el análisis,
liquidación, distribución y cobro de la contribución nacional de valorización,
causada por la construcción y mejoramiento de la infraestructura de
transporte de su competencia.
[…]”. [Negrilla original del texto]
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Radicación: 41001-23-33-000-2025-00133-01
Accionantes: Alexander Góngora Quiroga y otros
36. De las normas transcritas se observa que el objeto y las funciones de la
impugnante no guardan relación con las obligaciones impartidas por la autoridad
judicial en primera instancia.
37. Por lo tanto, no es posible imponerle obligaciones al Invías que son propias de
otras entidades y sectores.
38. Por consiguiente, esta Sección confirmará el ordinal segundo y revocará el
ordinal cuarto de la sentencia impugnada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Secretaría de
Vivienda y Hábitat del municipio de Neiva - Huila, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR el ordinal segundo de la sentencia de “[…] tres (3) de
junio de dos mil veinticinco (2024) (sic) […]”, proferida por la sala Sexta de
Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, por las razones expuestas en esta
providencia.
TERCERO: REVOCAR el ordinal cuarto de la sentencia de “[…] tres (3) de junio
de dos mil veinticinco (2024) (sic) […]”, proferida por la sala Sexta de Decisión del
Tribunal Administrativo del Huila, por las razones expuestas en esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
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Radicación: 41001-23-33-000-2025-00133-01
Accionantes: Alexander Góngora Quiroga y otros
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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