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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-33-000-2025-00148-01

Fecha
28 de julio de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-33-000-2025-00148-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR los numerales primero y segundo de la sentencia del 12 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, en su lugar se dispone: PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela interpuesta por los señores señores Marilin Ballen Hernández y Simón Díaz Díaz, actuando en nombre propio y en 28 «ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social. La alteración del orden de que trata el inciso precedente constituirá falta disciplinaria. En estos casos, el Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales, en lo de su competencia, solicitarán al Juez o Ponente la explicación pertinente para efectos administrativos y disciplinarios. El Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales obrarán de oficio o a petición de quienes hayan resultado afectados por la alteración del orden […]». 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 41001-23-33-000-2025-00148-01 Accionantes: Marilin Ballen Hernández y otros Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Neiva representación de sus hijos OBDB y MVDB, en contra del Juzgado Octavo Administrativo de Neiva, por los motivos contenidos en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 41001-23-33-000-2025-00148-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

28 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 41001-23-33-000-2025-00148-01
Accionantes: Marilin Ballen Hernández y otros
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Neiva

Tema: tutela en contra de autoridad judicial. Subtema 1: reparación directa. Subtema
2: mora judicial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
impugnación interpuesta por la señora Marilin Ballen Hernández y otros en contra de
la sentencia del 12 de junio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de del
Huila.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Los señores Marilin Ballen Hernández y Simón Díaz Díaz, actuando en nombre propio
y en representación de sus hijos OBDB y MVDB, presentaron acción de tutela con la
pretensión de amparo de sus derechos a la salud, a la vida, a la seguridad social, a la
integridad personal, física y psicológica y a la dignidad humana, que consideraron
vulnerados por el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva, debido a la mora judicial
injustificada en la que, a su juicio, incurrió dicha autoridad al no proferir sentencia de
primera instancia dentro del proceso de reparación directa identificado con el radicado
núm. 41001-33-33-008-2019-00158-00.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes
1.
A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en el
trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
2. El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 19 de noviembre de
2024, amparó los derechos colectivos, de los habitantes del centro poblado
denominado El Juncal del municipio de Palermo (Huila), previstos en los literales a),
g), h), i), j) y n) del artículo 4 1 de la Ley 472 de 1998, al encontrar acreditado un
1
ARTÍCULO 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
a) El goce de un ambiente sano
[…]
g) La seguridad y salubridad públicas;

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problema sanitario relacionado con el consumo de agua potable. En consecuencia, le
ordenó a las Empresas Públicas de Palermo E.S.P., y al ente territorial lo siguiente:

[…] A Las EMPRESAS PÚBLICAS DE PALERMO E.S.P. que, en ejercicio de sus
competencias constitucionales, legales, y reglamentarias, , dentro de un (1) mes siguiente
a la ejecutoria de esta sentencia, realice los estudios técnicos especializados necesarios,
y, ejecute las acciones afirmativas, incluyendo la contratación que se requiera, a efectos
de garantizar la prestación del servicio público de agua potable para consumo humano, a
los residentes del centro poblado El Juncal, en términos de eficiencia y calidad,
asegurándose, para tal efecto, que el nivel del mineral denominado “FLUORURO”
presente en el líquido vital, se enmarque dentro los valores aceptables consagrados en la
Resolución 2115 de 2007, y las demás normas que lo modifiquen, sustituyan, aclaren, o
adicionen.

A Las EMPRESAS PÚBLICAS DE PALERMO E.S.P. para que, una (1) vez por mes,
durante los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remita con
destino al presente proceso, un análisis de control de calidad del agua potable, realizando,
por conducto de un laboratorio certificado en la materia, una toma de muestra del líquido
vital, a efectos de verificar el nivel de “FLUORURO” presente en el agua potable para
consumo humano, suministrada a los residentes del centro poblado El Juncal.

Al MUNICIPIO DE PALERMO (H), que, en ejercicio de sus competencias constitucionales,
y legales, brinde apoyo, acompañamiento, y de ser el caso, gestione los recursos técnicos,
y financieros, que requiera Las Empresas Públicas de Palermo E.S.P., para la prestación
eficiente y de calidad del servicio público de agua potable para consumo humano, a los
residentes del centro poblado El Juncal.

[…]

3. La señora Marilin Ballen Hernández, junto con su núcleo familiar, presentó
demanda de reparación directa en contra de la Empresas Públicas de Palermo E.S.P.
y el municipio de Palermo (Huila), con el fin de obtener el reconocimiento y pago de
los perjuicios causados por los problemas de salud que han presentado como
consecuencia del consumo de agua no potable en su condición de residentes del
centro poblado El Juncal.
4.
El Juzgado Octavo Administrativo de Neiva, mediante auto del 12 de julio de 2019,
inadmitió la demanda. Posteriormente, la parte demandante presentó el escrito de
subsanación y, en consecuencia, la autoridad profirió auto admisorio, el 6 de agosto
de 2019.
5. Una vez se adelantaron las audiencias respectivas y demás actuaciones de rigor,
la Secretaría del juzgado accionado, mediante constancia del 27 de abril de 2023 pasó
al despacho el expediente para proferir sentencia.
6. La parte demandante presentó memoriales de impulso procesal, el 7 de mayo de
2024 y el 21 de enero de 2025.

h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública;
i) La libre competencia económica;
j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna;
[…]
n) Los derechos de los consumidores y usuarios […].

2

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Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Neiva

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
7. La parte actora solicitó en el escrito de tutela2 lo siguiente:

PRIMERO. Que se tutelen los derechos fundamentales a la salud, a la vida, a la
seguridad social, a la integridad personal, física y psicológica y a la dignidad humana de
los menores OSARSISPS, BRANDON y MARIA VISEL DIAZ BALLEN, sus padres
MARILIN BALLEN HERNÁNDEZ y SIMON DÍAZ DÍAZ, por el retardo injustificado y la
mora judicial dentro del proceso reparación directa con Radicación No.
41001333300820190015800, que busca satisfacer e indemnizar los derechos a la salud
por los daños acontecidos y producidos por las demandadas.

SEGUNDO. Que se DECLARE vulnerados los derechos constitucionales fundamentales
a la salud, a la vida, a la seguridad social, a la integridad personal, física y psicológica y
a la dignidad humana de los menores OSARSISPS, BRANDON y MARIA VISEL DIAZ
BALLEN, sus padres MARILIN BALLEN HERNÁNDEZ y SIMON DÍAZ DÍAZ, en
negarse el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE NEIVA-HUILA
dar prelación de fallo a nuestro proceso y conforme a las peticiones presentadas los
días 07 de mayo de 2024 y 20 de enero de 2025.

TERCERO. Que como consecuencia de dichas vulneraciones sírvase señor Magistrado
(a): ORDENAR al JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE NEIVA-
HUILA, dar prelación de fallo a nuestro proceso y en el término perentorio de tres (3)
meses pronunciarse de fondo a nuestras pretensiones, favorablemente inclusive.

CUARTO. En subsidio de lo anterior, respetuosamente solicito al Magistrado (a) de la
República, el ordenar todo lo que el despacho considere pertinente para garantizar el
restablecimiento de mi derecho fundamental3.

8. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que la
autoridad accionada vulneró sus derechos fundamentales porque han pasado más de
2 años desde que el expediente de reparación directa ingresó al despacho y no se ha
expedido sentencia que resuelva de fondo las pretensiones indemnizatorias de la
demanda.
9. Asimismo, indicó que en distintas oportunidades se le expuso al juzgado accionado
las razones por las cuales es procedente emitir decisión definitiva favorable a sus
pretensiones, dado que se encuentra probado el nexo causal entre las afecciones de
salud que han presentado por el consumo de agua de no potable del centro poblado
El Juncal. No obstante, el despacho judicial no ha emitido pronunciamiento alguno.

2.3. Trámite procesal
10. El Tribunal Administrativo del Huila, mediante auto del 4 de junio de 20254, admitió
la solicitud de amparo, ordenó la notificación al Juzgado Octavo Administrativo de
Neiva, y puso en conocimiento el escrito de tutela al municipio de Palermo (Huila) y a
las Empresas Públicas de Palermo E.S.P., en calidad de terceros interesados.

2
Samai, exp. 41001-23-33-000-2025-00148-00, índice 3, certificado núm. 0C03F754CA8D979D B84B837B21546288
AB8A3750B606237B 610B1AB122DB0D3D.
3
Se transcribe incluso con errores.
4
Samai, exp. 41001-23-33-000-2025-00148-00, índice 5, certificado núm. F262CBB34860A518 9488B3C0641C0124
4BF35E9697D4A16F 0F63C0C2A28C2218.

3

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Accionantes: Marilin Ballen Hernández y otros
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Neiva

2.4. Intervenciones
11. El Juzgado Octavo Administrativo de Neiva 5 manifestó que en el presente
asunto se configura una temeridad de la acción de tutela, pues los accionantes ya
habían promovido una solicitud de amparo con idénticos hechos y pretensiones, la cual
fue resuelta de forma desfavorable en ambas instancias por el Tribunal Administrativo
del Huila y el Consejo de Estado, Sección Primera.
12. Por otro lado, afirmó que el proceso de reparación directa con radicado núm.
41001333300820190015800, promovido por los accionantes, se encuentra pendiente
de fallo desde su ingreso al despacho el 27 de abril de 2023. No obstante, explicó que
el expediente ocupaba en ese momento el puesto 94 dentro del listado de procesos
de turno ordinario y actualmente se encuentra en el puesto 32, con un avance
progresivo.
13. Precisó que no existe mora judicial injustificada, ya que ha atendido con diligencia
los turnos asignados conforme al artículo 18 de la Ley 446 de 1998, además de
resolver asuntos con trámite prioritario como acciones constitucionales, procesos
ejecutivos y sentencias anticipadas, los cuales no alteran el orden del turno ordinario.
14. Asimismo, indicó que no ha recibido una solicitud formal de prelación de fallo
dentro del expediente que se ajuste a los requisitos jurisprudenciales para su
procedencia. Añadió que la pretensión de alterar el turno procesal debe ser decidida
por el juez natural mediante auto motivado, lo cual ya fue indicado por el Consejo de
Estado en la primera acción de tutela promovida por los mismos actores.
15. Por lo anterior, consideró que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno y
solicitó al Tribunal que, en caso de no rechazar la acción por temeridad, se deniegue
el amparo por falta de fundamento.
16. Las Empresas Públicas de Palermo E.S.P.6, pidieron que se negaran las
pretensiones de amparo porque no vulneraron los derechos fundamentales de los
accionantes. Además, refirieron que la parte actora pretende utilizar la tutela para que
se le otorgue prioridad en la expedición del fallo, sin que haya efectuado el
requerimiento directamente a la autoridad judicial accionada.
17. El municipio de Palermo guardó silencio.

2.5. Sentencia de primera instancia
18.
El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 12 de junio de 20257,
declaró improcedente la tutela, al considerar que se configuró la cosa juzgada.
19. De esta manera, explicó que al verificar el contenido de la tutela con radicado
41001233300020250003800 y compararla con la presente acción constitucional con
radicado 41001233300020250014800, era posible advertir que «formalmente» no
5
Samai, exp. 41001-23-33-000-2025-00148-00, índice 8, certificado núm. D165CD151BE12C59 390DE3447C767107
13FABC9204EAC002 B9B2A6F884DE5DB4.
6
Samai, exp. 41001-23-33-000-2025-00148-00, índice 10, certificado núm. 63914247B4C67443 540E1FBA2E6C29AF
439F1F94E29A16CE 1317DCD9016DE95B.
7
Samai, exp. 41001-23-33-000-2025-00148-00, índice 13, certificado núm. 73B0F16B7E58064A 114A4ACC1D23FF16
FC355AD5476CA335 85D7E2974D613FCB.

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Accionantes: Marilin Ballen Hernández y otros
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existía una «absoluta» identidad en los sujetos demandantes y los derechos
fundamentales que se alegan como vulnerados, ya que en la primera solo figuran
Marilin Ballen Hernández y Simón Díaz Díaz y en la segunda se agregan a los hijos;
sin embargo, dicho cambio, no tiene la potencialidad de incidir en el contenido material
de la solicitud de amparo, pues en últimas los accionantes lo que cuestionan es la
mora judicial injustificada en la resolución de la demanda de reparación directa que
adelantan en el despacho accionado.
20. Asimismo, refirió que la primera acción fue resuelta por la Sala Segunda del
Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 17 de febrero de 2025, en la
que se negó el amparo solicitado. En sede de impugnación, la Sección Primera del
Consejo de Estado, a través de providencia del 20 de marzo de 2025, confirmó la
negativa, toda vez que no encontró acreditada la mora injustificada, sumado al hecho
de que la parte actora no ha presentado solicitud de prelación del fallo ante el juzgado
de conocimiento.
21. En este sentido, afirmó que el asunto hizo tránsito a «cosa juzgada constitucional»,
al haber sido resuelto en una primera oportunidad por los jueces de tutela dentro del
correspondiente trámite en sus respectivas instancias. Además, la Corte Constitucional
no emitió pronunciamiento en sede de revisión.
22. De acuerdo con lo anterior, consideró que las dos solicitudes de tutela son
idénticas, pues se sustentan en los mismos supuestos de hecho y pretensiones. Por
lo tanto, la segunda tutela deviene en improcedente porque se configura claramente la
cosa juzgada frente a la acción interpuesta y fallada con anterioridad por el Tribunal.
23. Agregó que no se advertían elementos nuevos que permitieran desvirtuar la cosa
juzgada y, en consecuencia, habilitar al juez de tutela para efectuar una revisión del
asunto.
24. De igual manera, expresó que no se configura la temeridad, debido a que la
segunda acción de tutela promovida por los accionantes podría haberse interpuesto
bajo condiciones de «[…] miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender
un derecho y no por mala fe».

2.6. Impugnación
25. La parte actora presentó impugnación8 en contra de la sentencia del Tribunal
Administrativo del Huila, para lo cual insistió en que la autoridad judicial accionada
incurrió en mora injustificada, toda vez que el expediente lleva más de 2 años en el
despacho, desde el 27 de abril de 2023 y no se ha proferido sentencia definitiva de
primera instancia.
26.Asimismo, indicó que hace más de un año el despacho accionado le ha informado
que el expediente se encuentra en el turno 15 para decidir y a la fecha continua en el
mismo puesto, lo cual resulta desproporcionado.

8
Samai, exp. 41001-23-33-000-2025-00148-00, índice 16, certificado 536223B9E55920EE 957FFFD02393B0D7
EED40CF6FB810049 86AE3C28847713FA.

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27.
Afirmó que el objeto de tutela es que se ordene a la autoridad judicial accionada
que emita decisión definitiva en el proceso de reparación directa, pues sus hijos tienen
diagnostico de «fluorosis dental severa», debido al consumo de agua no potable en el
centro poblado El Juncal del municipio de Palermo.
28. Así pues, refirió que sus hijos no reciben tratamiento alguno, ya que el sistema de
seguridad social en salud no cubre las atenciones médicas que requieren. Estas deben
realizarse de manera particular, a un alto costo, por considerarse estéticas y no
cuentan con los recursos para ello.
29. Por otro lado, mencionó que la decisión el Tribunal Administrativo del Huila de
declarar la cosa juzgada, censuró el mecanismo constitucional y vulneró sus derechos
fundamentales, pues no tuvo en cuenta que la irregularidad alegada en la tutela se
mantiene en el tiempo, toda vez que aún no existe decisión definitiva.
30. Con fundamento, en lo anterior, solicitaron que se revoque la providencia de
primera instancia y, en su lugar, se acceda al amparo constitucional invocado.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia
31. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 12 de junio
de 2025, proferida por Tribunal Administrativo del Huila.

3.2. Legitimación en la causa
32. La legitimación en la causa por activa de los señores Marilin Ballen Hernández
y Simón Díaz Díaz está acreditada porque son los demandantes en el proceso de
reparación directa y, por lo tanto, los titulares de los derechos fundamentales que, a
su juicio, fueron vulnerados,
33. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Octavo Administrativo de Neiva, en la medida en que es la autoridad que tiene a cargo
el trámite judicial al que se le atribuye la mora judicial.

3.3. Procedencia de la acción de tutela
34.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por la
acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la
ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez9.

9
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.

6

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35.
El primero exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que busque evitar un perjuicio irremediable10; y el segundo consiste en que se
acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo contrario,
«[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho
[…]»11.

3.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
36. En el presente asunto, el presupuesto de subsidiariedad se encuentra satisfecho,
dado que la parte actora no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para
discutir la vulneración de los derechos fundamentales de acceso a la administración
de justicia, de petición, de igualdad y debido proceso, ante la inactividad por parte de
la autoridad accionada.
37. Ahora bien, la Sala tendrá por cumplido el requisito de inmediatez, en la medida
en que la parte accionada no ha proferido sentencia en el proceso de reparación
directa desde que el expediente pasó al despacho el 27 de abril de 2023; y porque, en
principio, la mora judicial alegada es una afectación que es permanente en el tiempo12.

3.5. Problema jurídico
38. Corresponde a la Sala determinar si debe revocar, confirmar o modificar la
sentencia de primera instancia del 12 de junio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila, que declaró improcedente la solicitud de amparo interpuesta
por la señora Marilin Ballen Hernández y otros, al considerar que se configuró la cosa
juzgada.
39.
En efecto, en atención al escrito de impugnación se deberá decidir si el Juzgado
Octavo Administrativo de Neiva vulneró los derechos fundamentales de los
accionantes. En particular, si incurrió en mora judicial respecto del trámite procesal que
corresponde impartir en el expediente de reparación directa con radicado núm. 41001-
33-33-008-2019-00158-00.

3.5.1 Generalidades de los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia
40. El artículo 29 de la Constitución Política establece que el debido proceso es un
derecho que se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. La
Corte Constitucional se ha pronunciado sobre este derecho de la siguiente manera13:

Con todo, el derecho al debido proceso es una garantía fundamental que debe ser
respetada en cualquier trámite judicial y administrativo en el cual se vaya a crear, extinguir
o modificar una situación jurídica para una persona.

66. Por su parte, en la Sentencia T-010 de 2017, la Corte afirmó que las garantías mínimas
del derecho al debido proceso administrativo eran: (i) ser oído durante la actuación; (ii) la
10
Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
11
Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, reiterada en sentencia SU-084 de 2019.
12
Corte Constitucional, sentencia T-032 de 2023.
«La Corte Constitucional ha señalado que en aquellos casos en los que se demuestre que la vulneración del derecho es
permanente en el tiempo y el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, pe ro
la situación es continua y actual, el principio de inmediatez en la interposición de la tutela no es exigible de manera estricta».
13
Corte Constitucional, sentencia T-413 de 2024.

7

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notificación oportuna y de acuerdo a la Ley; (iii) la actuación sea surtida sin dilaciones
injustificadas; (iv) se permita participación en lo actuado desde su inicio hasta el fin; (v) la
actuación se adelante por una autoridad competente y con pleno respeto de las formas
previstas en la Ley; (vi) se goce de la presunción de inocencia; (vii) se permita el ejercicio
efecto de la defensa y la contradicción; (viii) poder aportar y controvertir las pruebas; y,
(ix) poder impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con
violación al debido proceso.

41. Por consiguiente, el derecho fundamental al debido proceso trae consigo el deber
por parte de las entidades públicas y autoridades judiciales de dar trámite a las
actuaciones de forma célere y sin dilaciones injustificadas, sin que los retrasos deban
ser soportados por el administrado o usuario de justicia.
42.
Respecto del derecho de acceso a la administración de justicia, el artículo 229 de
la Constitución Política prevé que toda persona tiene acceso a la administración de
justicia y que la ley dispondrá cuando no sea necesario ser representado a través de
un abogado. A su vez, la Corte Constitucional14, respecto del mencionado derecho,
expuso lo siguiente:

131. A partir de ese lineamiento, este derecho ha sido definido como “la posibilidad
reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones
de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del
orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses
legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes”.

132. El derecho de acceso a la administración de justicia tiene una significación múltiple y
compleja, en tanto (i) funge como pilar esencial del Estado social de derecho; (ii) goza de
la naturaleza de ser un derecho fundamental de aplicación inmediata que, a su vez, hace
parte del núcleo esencial del debido proceso por cuanto el proceso judicial es el medio
para la concreción del derecho a la jurisdicción; (iii) está directamente relacionado con la
justicia como valor fundamental de la Carta Política, otorgando a los individuos una
garantía real y efectiva para asegurar su realización material, y (iv) contribuye activamente
a la realización de los fines esenciales del Estado, dentro de los que se destacan el
garantizar el orden político, económico y social justo, promover la convivencia pacífica,
velar por el respeto de la legalidad y asegurar la protección a los asociados en su vida,
honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades públicas.

133. Aunado a ello, la administración de justicia, al ser una función pública dispuesta al
servicio de las personas, tiene como firme propósito hacer efectivos los derechos, las
obligaciones y las garantías consagradas en la Constitución y en la ley. Tal protección
impone que el Estado garantice el funcionamiento de los recursos jurisdiccionales de
forma real y efectiva, y no simplemente nominal. Esto supone que, bajo los parámetros de
diseño que estableció el legislador para los mecanismos judiciales, todas las personas
puedan acceder a la administración de justicia para lograr materializar sus derechos.

43. De manera que trae consigo la protección de los derechos, obligaciones y
garantías establecidas en la Constitución, que se materializa en el acceso a la
administración judicial en condiciones de igualdad.

14
Conte Constitucional, sentencia SU-81 de 2024.

8

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3.5.2. La acción de tutela en casos de mora judicial
44. La Corte Constitucional ha dispuesto en su jurisprudencia que el debido proceso
es una garantía para obtener una decisión de fondo, sin dilaciones injustificadas y
dentro de plazos razonables, esto conforme con lo dispuesto en la Ley 1957 de 2019
que estableció la eficacia, eficiencia, celeridad y economía procesal en las actuaciones
de la jurisdicción. La mora judicial se configura en los siguientes escenarios:

4.9. A partir de la lectura del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, y el artículo 29 constitucional, puntualmente del enunciado que señala que
toda persona tiene derecho “a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas” la
Corte ha reconocido que la mora judicial se debe a dos motivos: (i) por un lado el
capricho, arbitrariedad o falta de diligencia de los funcionarios judiciales encargados de
adoptar las providencias, o (ii) por la sobrecarga de trabajo que afrontan los jueces de la
República, la que a la postre produce un represamiento de procesos que impide que los
mismos se fallen conforme a los códigos adjetivos. A partir de la anterior consideración,
este Tribunal ha distinguido entre la mora judicial justificada (producida por sobrecarga
y congestión judicial) y la injustificada (causada por la arbitrariedad) 15.

45. De acuerdo con lo anterior, para que se configure la mora judicial y pueda
estudiarse en las acciones de tutela, es prerrequisito haber sido diligente dentro del
proceso ordinario y demostrar que existe arbitrariedad o falta de diligencia de los
funcionarios judiciales. En ese orden, la Corte Constitucional indicó que no todo
incumplimiento de los términos procesales vulnera derechos fundamentales, por
cuanto dicha vulneración solo es el resultado de la inexistencia de un motivo válido
que justifique la mora.
46. Por último, el alto tribunal expuso que la mora judicial que no es imputable a la
autoridad judicial accionada es aquella que está justificada en las siguientes razones:

[C]uando “(i) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra
la diligencia razonable del operador judicial; (ii) se constata que efectivamente existen
problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga
laboral o de congestión judicial, o (iii) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o
ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley” 16.

47. Por otro lado, frente al derecho fundamental al debido proceso sin dilaciones
injustificadas y dentro de los plazos razonables, la Corte Constitucional17 indicó:

En armonía con la garantía constitucional del debido proceso sin dilaciones injustificadas,
la jurisprudencia de esta Corte ha integrado el concepto del “plazo razonable” desarrollado
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Corte IDH”), a partir
de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos
(en adelante, “la Convención” o CADH). En particular, ha resaltado la importancia del
«test» empleado por la Corte IDH para evaluar si una autoridad judicial vulneró las
garantías judiciales de la persona, al omitir resolver un proceso judicial puesto en su
conocimiento, “dentro de un plazo razonable”. Este comprende los siguientes niveles de
análisis: “(i) la complejidad del asunto, (ii) la actividad procesal del interesado, (iii) la
conducta de las autoridades judiciales y (iv) la afectación generada en la situación jurídica
de la persona involucrada en el proceso”. Adicionalmente, la Corte IDH ha reiterado que

15
Corte Constitucional, sentencia SU-333 de 2020, reiterada en sentencia T-183 de 2024.
16
Corte Constitucional, sentencia T-183 de 2024.
17
Corte Constitucional, sentencia SU179 de 2021

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estos elementos deben apreciarse teniendo en cuenta la duración total del proceso, desde
el primer acto procesal hasta que se dicte sentencia definitiva, incluyendo los recursos de
instancia que pudieran eventualmente presentarse (lo que ha sido denominado por la
Corte Europea de Derechos Humanos como análisis global del procedimiento) 18.

3.6. Caso concreto
48.
En el asunto bajo estudio, se observa que los señores Marilin Ballen Hernández y
Simón Díaz Díaz presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa en contra de las Empresas Públicas de Palermo ESP y el municipio de Palermo
(Huila), con la pretensión de obtener el resarcimiento de los perjuicios causados por
los problemas de salud que han presentado como consecuencia del consumo de agua
no potable en su condición de residentes del centro poblado El Juncal. El conocimiento
del asunto le correspondió al Juzgado Octavo Administrativo de Neiva.
49. De esta manera, la parte tutelante manifestó que el juzgado accionado incurrió en
mora injustificada porque no ha proferido sentencia de primera instancia, pese a que
el expediente ingresó al despacho desde el 27 de abril de 2023.
50. El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 12 de junio de 2025,
declaró improcedente la tutela, al considerar que se configuraba la cosa juzgada, pues,
en su criterio, los accionantes previamente habían promovido otra acción
constitucional, identificada con el radicado núm. 41001-23-33-000-2025-00038-00, con
fundamento en los hechos y las pretensiones que expusieron en esta solicitud de
amparo.
51. Los tutelantes impugnaron el fallo de primera instancia, con el argumento de que
la autoridad judicial accionada incurrió en mora injustificada, pues el expediente lleva
más de dos años sin sentencia definitiva, y que desde hace un año su proceso se
mantiene en el turno 15 para decidir, lo cual resulta desproporcionado, si se tiene en
cuenta que buscan una decisión definitiva sobre la reparación directa por los perjuicios
de salud que han sufrido sus hijos, quienes presentan «fluorosis dental severa» por el
consumo de agua no potable y requieren de los recursos para acceder al tratamiento
odontológico respectivo.
52. Adicionalmente, indicaron que la decisión del Tribunal, consistente en declarar la
cosa juzgada, censuró el ejercicio del mecanismo constitucional y vulneró sus
derechos fundamentales, pues no tuvo en cuenta que la irregularidad alegada en la
tutela se mantiene en el tiempo, toda vez que, hasta el momento, no existe una
decisión definitiva.
53.
En este contexto, la Sala considera pertinente establecer los efectos de la cosa
juzgada en acciones de tutela en atención a la solicitud de amparo respecto de una
posible mora judicial en la que incurrió la autoridad accionada.

3.6.1. Análisis de la procedencia de la cosa juzgada.
54. Al respecto, se debe aclarar que la cosa juzgada constitucional es un instituto
jurídico que «otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras

18
Transcrito con errores de texto.

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providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas»19. Por tanto, las
providencias adquieren un valor definitivo para garantizar la seguridad jurídica, razón
por la que se prohíbe entablar el mismo litigio, de conformidad con el artículo 243 de
la Constitución Política20.
55. La Corte Constitucional se ha pronunciado en distintas ocasiones sobre el alcance
de la cosa juzgada constitucional21. De manera reciente, en la sentencia SU-128 de
202422, explicó que esta figura jurídica en los procesos referidos a acciones de tutela
se debe estudiar en aquellos eventos en los que «se adelanta un nuevo proceso con
posterioridad a la ejecutoria de un fallo de tutela y entre ambos hay identidad jurídica
de partes, objeto y causa».
56.
Así pues, los fallos de tutela hacen tránsito a cosa juzgada constitucional cuando:
«[…] (i) la Corte Constitucional decide excluir de revisión un fallo o, (ii) si el mismo es
seleccionado, cuando queda ejecutoriada la providencia que expida este tribunal.»23.
57. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que la verificación de
estos supuestos debe efectuarse de manera concreta. De este modo, ha precisado
que: «[…] a pesar de que en un caso concurra la identidad de partes, objeto y causa,
la cosa juzgada puede desvirtuarse cuando surjan circunstancias excepcionales, como
puede serlo la ocurrencia de hechos nuevos»24. Lo mismo ocurre cuando «la Corte
Constitucional profiere una sentencia de unificación, cuyos efectos son extensivos a
un grupo de personas que se consideran en igualdad de condiciones, incluso si con
anterioridad a dicha sentencia presentaron acción de tutela por los mismos hechos y
con la misma pretensión»25. Así como, cuando se demuestra que en el proceso
anterior «no se ha emitido un pronunciamiento de fondo sobre la pretensión puesta en
conocimiento original de un juez»26
58.En efecto, en los eventos antes descritos, la Corte Constitucional ha considerado
que el juez de tutela queda habilitado para realizar un pronunciamiento de fondo.
59. En el presente asunto, se observa que los señores Marilin Ballen Hernández y
Simón Díaz Díaz, presentaron, el 3 de febrero de 2025, acción de tutela contra el
Juzgado Octavo Administrativo de Neiva, identificada con el radicado 41001-23-33-
000-2025-00038-00. Los hechos y las pretensiones que fundamentaron la solicitud de
amparo estaban relacionados con la posible mora en que habría incurrido la autoridad
judicial accionada al no proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de
reparación directa, identificado con el radicado número 41001-33-33-008-2019-00158-
00.
60.
Asimismo, se advierte que los señores Marilin Ballen Hernández y Simón Díaz
Díaz, el 4 de junio de 2025, presentaron una nueva acción de tutela27, en contra del
Juzgado Octavo Administrativo de Neiva, en la que incluyeron como parte accionante

19
Corte Constitucional, sentencia C-774 de 2001, reiterada por la sentencia SU-213 de 2023.
20
Constitución Política, articulo. 243: “Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa
juzgada constitucional”.
21
Corte Constitucional, sentencias SU-213 de 2023, SU-397 de 2022 y SU-027 de 2021, entre otras.
22
M.P. Natalia Ángel Cabo.
23
Corte Constitucional, sentencia SU-213 de 2023.
24
Corte Constitucional, Sentencia SU-128 de 2024.
25
Corte Constitucional, Sentencia SU-027 de 2021.
26
Corte Constitucional, sentencia SU-213 de 2023.
27
Radicado núm. 41001-23-33-000-2025-00148-00.

11

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a sus hijos menores y adicionaron otros derechos fundamentales como vulnerados.
Los fundamentos de hecho y las pretensiones se estructuraron sobre la situación
expuesta en el primer escrito de tutela, esto es, la posible mora en la que había
incurrido el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva al no proferir sentencia de primera
instancia dentro del proceso de reparación directa radicado al número 41001-33-33-
008-2019-00158-00.
61. De acuerdo con lo anterior, es posible inferir que en las acciones de tutela con
radicados 41001-23-33-000-2025-00038-00 y 41001-23-33-000-2025-00148-00 tienen
similitud en sus partes accionante y accionada porque fueron promovidas por los
señores Marilin Ballen Hernández y Simón Díaz Díaz contra el Juzgado Octavo
Administrativo de Neiva. También se presenta identidad de objeto, dado que la
pretensión principal de ambos escritos es que se profiera sentencia de primera
instancia dentro del proceso de reparación directa identificado con el radicado núm.
41001-33-33-008-2019-00158-00.
62. Sin embargo, la Sala considera que no se configura una similitud en la causa, pues,
aunque en las dos acciones se planteó como fuente de la vulneración de las garantías
fundamentales, la ausencia de decisión definitiva por parte de la autoridad accionada,
lo cierto se alega una mora judicial, cuya circunstancia no permite inferir que se trata
de un mismo hecho ocurrido en un mismo espacio temporal.
63. Al respecto, es importante advertir que la tardanza en el cumplimiento de los
términos judiciales constituye una conducta de ejecución prolongada en el tiempo y,
mientras no exista decisión definitiva que resuelva de fondo la cuestión planteada en
el proceso contencioso, la vulneración de los derechos fundamentales continua
vigente, como consecuencia de la mora en la que incurre la autoridad judicial, siempre
que esta no se encuentre debidamente justificada. De esta manera, no es posible
concluir que las circunstancias expuestas por los demandantes en las dos acciones de
tutela que promovieron, se fundamentan en un solo hecho.
64. En efecto, la situación que llevó a los señores Marilin Ballen Hernández y Simón
Díaz Diáz a promover la primera acción de tutela no corresponde al mismo periodo,
respecto del que hoy se reclama la mora. En consecuencia, no resulta acertado
concluir que se configura el fenómeno de la cosa juzgada, como lo indicó el a quo.
65. Así las cosas, comoquiera que en los casos de mora judicial le corresponde al juez
de tutela verificar si la vulneración continúa en el tiempo, esta es una razón suficiente
para considerar que es procedente emitir un pronunciamiento de fondo sobre la
reclamación planteada por la parte actora.

3.6.2. Análisis de la mora judicial alegada por la parte actora.
66. Ahora bien, con el fin de verificar si el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva
incurrió en mora injustificada, la Sala considera pertinente examinar las actuaciones
surtidas dentro del expediente con radicado 41001-33-33-008-2019-00158-00, a cargo
del referido despacho, de acuerdo con la información registrada en la plataforma
Samai, de la cual es posible advertir lo siguiente:

• La demanda de reparación directa promovida por los señores Marilin Ballen
Hernández y Simón Díaz Díaz en contra del municipio de Palermo y las

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Empresas Públicas de Palermo ESP fue radicada, el 17 de junio de 2019, y
asignada para su conocimiento al Juzgado Octavo Administrativo de Neiva.

• El referido juzgado, mediante auto del 12 de julio de 2019, inadmitió la demanda.
La parte actora presentó escrito de subsanación el 24 de julio de 2019 y el 6 de
agosto de 2019 se profirió auto admisorio.

• El 18 de febrero de 2021, se llevó a cabo la audiencia inicial.

• Posteriormente, el 5 de octubre de 2022 y el 16 de marzo de 2023 se realizó la
audiencia de pruebas.

• El 27 de abril de 2023, el expediente pasó al despacho para proferir sentencia
de primera instancia.

• La parte actora a través de escritos del 7 de mayo de 2024 y 21 de enero de
2025 presentó memoriales de impulso procesal.

• El Juzgado Octavo Administrativo de Neiva, a través de correo electrónico del
5 de febrero de 2025, le informó a la parte demandante que la sentencia sería
proferida conforme el procedimiento legalmente establecido para los procesos
judiciales.
67. Así pues, se encuentra acreditado que el expediente de reparación directa ingresó
para fallo desde el 27 de abril de 2023 y con posterioridad al mensaje de datos del 5
de febrero de 2025, el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva no ha proferido
decisión definitiva, pese a las solicitudes de impulso procesal, por lo que la Sala
encuentra probada la mora judicial.
68. Ahora, para establecer si dicha mora es injustificada y, por tanto, vulnera derechos
fundamentales de los accionantes, es preciso tener en cuenta las siguientes
circunstancias que puso en conocimiento, con la contestación de tutela, la titular del
Juzgado Octavo Administrativo de Neiva:

• Informó que el expediente se encontraba en la casilla número 94 y en la actualidad
ocupa el turno 32, es decir, que ha ascendido 62 posiciones, con relación a los
procesos denominados de «turno normal» para emitir providencia.

• Aclaró que lo anterior no significa que se hayan expedido 62 providencias desde el
27 de abril de 2023, «toda vez que esa cantidad alude a los procesos que se
encuentran en el listado de procesos en turno ordinario, sin que allí se hallen las
decisiones proferidas en sentencia anticipada, en los procesos escriturales,
ejecutivos y acciones constitucionales, los cuales tienen prelación frente a los
demás asuntos y, por ende, no ingresan al turno antes señalado pero sí implican la
atención y decisión del Despacho».

• Afirmó que la ausencia de decisión definitiva en el proceso no obedece a mora
judicial o tardanza injustificada por parte del despacho, sino que tiene su razón de
ser en la debida atención de los turnos asignados, conforme lo prevé el artículo 18

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de la Ley 446 de 1998, además de la atención de los procesos con trámite especial
y prioritario.

• Manifestó que la parte demandante no ha radicado solicitud de prelación de fallo
con sus respectivos elementos probatorios, con el fin de modificar los turnos
asignados a los procesos para sentencia.

• Resaltó que la última actuación corresponde a la respuesta otorgada por el
Juzgado Octavo Administrativo de Neiva, el pasado 5 de febrero de 2025, antes de
promoverse la primera acción constitucional en contra del Despacho.
69.
Verificado lo anterior, es claro que, si bien se advierte una mora judicial en el
proceso de la referencia, lo cierto es que, en el caso particular, existen circunstancias
que la justifican. En ese orden, es preciso destacar que, el Juzgado Octavo
Administrativo de Neiva expuso que, aunque el expediente de reparación directa
promovido por los accionantes para el momento en que ingresó al despacho para
proferir fallo se encontraba en el turno 94, actualmente se ubica en el puesto 32, sin
contabilizar los demás asuntos que debe atender y resolver el despacho.
70. En efecto, se destaca que el juzgado accionado, desde el 27 de abril de 2023, no
se ha dedicado a evacuar exclusivamente los expedientes correspondientes a los
procesos ordinarios que tiene asignados para fallo, pues, además de ello, debe
pronunciarse sobre los procesos que ingresaron para proferir sentencia anticipada, los
escriturales, los ejecutivos y las acciones constitucionales, las cuales tienen prelación
sobre los demás asuntos.
71. Así pues, la mora para resolver de manera definitiva el proceso que interesa a los
accionantes tiene su razón de ser en la debida atención de los turnos asignados,
conforme lo prevé el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, además de la atención de los
procesos con trámite especial y prioritario.
72. Asimismo, es un hecho cierto que las estructuras de personal con las que cuentan
los juzgados administrativos del país les exigen desarrollar una asignación optima y
eficiente de las cargas de trabajo (relacionadas con asuntos administrativos y los
trámites de sustanciación y fallo) para poder atender y evacuar con mayor celeridad
los expedientes a su cargo.
73. En los términos expuestos, no se advierte dilación injustificada en el trámite del
proceso de reparación directa con radicado núm. 17001-33-33-002-2021-00095-02 de
parte del Juzgado Octavo Administrativo de Neiva.
74. Ahora, la parte actora en el escrito de impugnación indicó que la acción de tutela
es procedente para que se ordene proferir sentencia en el proceso de reparación
directa porque requieren los recursos derivados de una decisión favorable, para iniciar
los tratamientos médicos que les permitan atender el diagnostico de «fluorosis dental
severa», que padecen sus hijos, debido al consumo de agua no potable en el centro
poblado El Juncal del municipio de Palermo.
75. Al respecto, se observa que lo pretendido por la parte accionante es que se le
otorgue prelación a su proceso y modifique el turno asignado para proferir sentencia;
sin embargo, es pertinente aclarar que dicha solicitud debe presentarla ante el juez

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natural, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 446 de 199828, por
cuanto dicha autoridad debe evaluar las circunstancias particulares del caso concreto
y determinar si las razones expuestas por los accionantes configuran alguno de los
supuestos para que la petición de prelación de fallo sea procedente.
76. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte actora pueda acudir a la figura de la
vigilancia judicial administrativa, conforme con lo previsto en el numeral 6 del artículo
101 de la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo PSAA11-8716 del 6 de octubre de 2011 «Por
el cual se reglamenta el ejercicio de Vigilancia Judicial Administrativa […]», con el
propósito de hacerle un seguimiento oportuno y eficaz al trámite y resolución de su
proceso.
77.
Dicho esto, conviene mencionar que la parte actora además de lo expuesto en el
escrito de tutela no aportó prueba sumaria de sus afirmaciones, por lo que no acreditó
que se encuentra en alguna situación de debilidad manifiesta, que requiera la
intervención urgente e inmediata del juez de tutela.

IV. CONCLUSIONES
78. Por lo anterior, se concluye que el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva no
vulneró los derechos fundamentales invocados por la accionante, por cuanto no se
advierten dilaciones injustificadas en el trámite de la demanda promovida por los
señores Marilin Ballen Hernández y Simón Díaz Díaz en contra del municipio de
Palermo Huila y las Empresas Públicas de Palermo ESP, con radicado núm. 41001-
33-33-008-2019-00158-00.
79. En consecuencia, se modificarán los numerales primero y segundo de la sentencia
del 12 de junio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila y, en su lugar,
se negará la solicitud de amparo.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR los numerales primero y segundo de la sentencia del 12 de
junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, en su lugar se dispone:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela interpuesta por los señores señores
Marilin Ballen Hernández y Simón Díaz Díaz, actuando en nombre propio y en

28
«ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente
en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en
los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente
del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social. La alteración del orden de que trata el inciso
precedente constituirá falta disciplinaria. En estos casos, el Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales, en lo
de su competencia, solicitarán al Juez o Ponente la explicación pertinente para efectos administrativos y disciplinarios. El Consejo
Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales obrarán de oficio o a petición de quienes hayan resultado afectados por la
alteración del orden […]».

15

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representación de sus hijos OBDB y MVDB, en contra del Juzgado Octavo
Administrativo de Neiva, por los motivos contenidos en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

JLAS/SEJV

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