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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-33-000-2025-00255-01

Fecha
22 de enero de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-33-000-2025-00255-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 Número único de radicación: 44001-23-33-000-2025-00255-01 Actores: MARILIN BALLEN HERNÁNDEZ Y OTROS PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, pero por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 41001-23-33-000-2025-00255-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

22 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 44001-23-33-000-2025-00255-01
Referencia: Acción de tutela
Actores: MARILIN BALLEN HERNÁNDEZ y OTROS

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, LA SOLICITUD DE AMPARO NO
CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD. EL PROCESO
DENTRO DEL QUE SE PROFIRIÓ LA DECISIÓN CUESTIONADA SE ENCUENTRA
EN CURSO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, SALUD, VIDA Y ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra

la sentencia de 2 de diciembre de 2025, mediante la cual la SALA

SEGUNDA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DEL HUILA1 declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1
En adelante Tribunal

2

Número único de radicación: 44001-23-33-000-2025-00255-01
Actores: MARILIN BALLEN HERNÁNDEZ Y OTROS

I.1.- La Solicitud

Los señores MARILIN BALLEN HERNÁNDEZ, SIMÓN DÍAZ DÍAZ,

BRANDON y OSARSIPS DÍAZ BALLEN actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, a la salud, a la vida y al acceso a

la administración de justicia, los cuales estiman vulnerados por el

JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

NEIVA2 por el presunto incumplimiento de lo resuelto en la

providencia de 31 de octubre de 2025, proferida dentro del proceso

de reparación directa identificado con el número único de radicación

2019-00158-01.

I.2.- Hechos

Aseguraron que el 27 y 28 de abril de 2018, a los menores de edad

B.D.B, O.D.B y M.V.D.B., hijos de la señora MARILIN BALLÉN

HERNÁNDEZ les fue diagnosticado la patología fluorosis dental

severa, debido a la presencia de flúor en el servicio público de agua.

2
En adelante Juzgado.

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3

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Indicaron que, como consecuencia de los daños causados,

presentaron medio de control de reparación directa, al cual le fue

asignado el numero único de radicación 2019-00158-00 y le

correspondió por reparto al JUZGADO que, mediante sentencia de

31 de octubre de 2025, accedió a las pretensiones de la demanda.

Contra dicha decisión el MUNICIPIO3 y las EMPRESAS DE

SERVICIOS PUBLICAS DE PALERMO4 presentaron recurso de

apelación, el cual fue concedido el 12 de diciembre de 2025.

I.3. Fundamentos de derecho

Sostuvo que el JUZGADO incurrió en violación directa de la

Constitución ante la omisión de ordenar el pago de la sentencia que

profirió el 31 de octubre de 2025, la cual fue favorable a sus

intereses.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

3
En adelante Municipio
4
En adelante EMPRESAS.

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“[…] PRIMERO. Que se DECLAREN vulnerados los derechos
fundamentales a la salud y la vida, al debido proceso y al acceso
de la administración de justicia de los menores demandantes
OSARSISPS, BRANDO y MARIA VISEL DIAZ BALLEN, dentro
del Medio de Control de Reparación Directa NO.
41001333300820190015800 que se tramita en el JUZGADO
OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE NEIVA-
HUILA.

SEGUNDO. Que como consecuencia de dichas vulneraciones se
ORDENE al JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE NEIVA-HUILA proceda a aplicar sus poderes
oficiosos para que las demandadas MUNICIPIO DE PALERMO,
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PALERMO E.P.P.
E.S.P., que dentro del término de tres (3) días, contados a partir
del auto que admite la acción de tutela, si aún no lo han hecho,
realice las gestiones necesarias para que los afectados
OSARSISPS, BRANDO y MARIA VISEL DIAZ BALLEN, reciban
el pago de las condenas de la sentencia condenatoria de reparación
directa porque el daño del derecho a la salud se encuentra vigente.
[…]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO hizo un recuento de las actuaciones adelantadas

dentro del proceso objeto de estudio y mencionó que no ha vulnerado

los derechos fundamentales de la parte actora.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.-El MUNICIPIO solicitó declarar improcedente la presente

acción constitucional, toda vez que no se acreditó la vulneración de

derecho fundamental alguno, debido a que la providencia judicial

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cuestionada carece de ejecutoria, ya que el proceso ordinario

censurado aún se encuentra en curso.

I.6.2.- EMPRESAS solicitó denegar las pretensiones de la acción de

tutela de la referencia, toda vez que no existe vulneración alguna de

los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

El TRIBUNAL mediante sentencia de 2 de diciembre de 20255,

declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no se

acreditó el requisito de subsidiariedad.

Sostuvo que la acción de tutela no cumple con el presupuesto de

subsidiariedad, toda vez que las entidades demandadas dentro del

proceso ordinario interpusieron recurso de apelación contra la

sentencia de primera instancia, lo que da cuenta que la actuación

judicial aún se encuentra en trámite y la decisión judicial censurada

carece de firmeza.

5
Además, dispuso: “[…] SEGUNDO: EXHORTAR a los accionantes y a su apoderado para que se
abstengan de presentar nuevas acciones de tutela fundamentadas en los mismos hechos y
pretensiones, en aras de evitar versen avocados a las sanciones establecidas en la ley para dicho
comportamiento reiterativo, conforme a las consideraciones expuestas en parte motiva […]”.

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III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia proferida por el TRIBUNAL

manifestando su desacuerdo, pues, a su juicio, los recursos de alzada

interpuestos por el MUNICIPIO Y EMPRESAS debieron declararse

extemporáneos, no obstante, fueron concedidos, situación que

cercena sus derechos fundamentales y favorece los intereses de tales

entidades.

Aseguró que el exhorto hecho en la sentencia de primer grado

relativo a que se abstenga de presentar nuevas acciones de tutela

por los mismos hechos y pretensiones, en aras de evitar sanciones,

vulnera sus derechos fundamentales.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

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establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 1991. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el presente caso, la parte actora instauró la acción de tutela con

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el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido

proceso, a la salud, a la vida y al acceso a la administración de

justicia, los cuales estima vulnerados por el JUZGADO.

Los disensos de la actora radican en que la autoridad judicial

accionada incurrió en la vulneración de sus derechos fundamentales,

debido al presunto incumplimiento de lo resuelto en la providencia

de 31 de octubre de 2025 dentro del proceso de reparación directa

identificado con el número único de radicación 2019-00158-00.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el

TRIBUNAL que, mediante sentencia de 2 de diciembre de 2025,

declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no se

acreditó el requisito de subsidiariedad.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

proferida en primera instancia, manifestando su desacuerdo con la

motivación pues, a su juicio, los recursos de alzada interpuestos por

el MUNICIPIO Y EMPRESAS debieron declararse extemporáneos,

no obstante, fueron concedidos, situación que cercena sus derechos

fundamentales y favorece los intereses de tales entidades.

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Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad

de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se

establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales deprecados.

En ese orden, se examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela, en especial, el

requisito de la subsidiariedad.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del

requisito de subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 prevé como causal de

improcedencia que «existan otros recursos o medios de defensa

judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia

de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,

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atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante»

(Subrayas y negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el juez constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

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amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se

dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer

del fondo del asunto.»6 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Asimismo, esta Sección7 ha indicado que el requisito de

subsidiariedad tampoco se cumple cuando se encuentra en

trámite el proceso donde se profirió la decisión objeto de tutela. Al

respecto, señaló que:

“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el
proceso se encuentra en curso, la acción de tutela no es
procedente para cuestionar cualquier decisión adversa a las
partes, aún luego de agotados los recursos que contra ellas
proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de control
no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza de la
trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en la
decisión que pone fin al proceso.

Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la
acción de tutela como una tercera instancia ante decisiones que
no convienen a las partes en el trámite de los procesos, cuyos
efectos en la decisión definitiva son inciertos, y que, además, no
generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable.

En este sentido, solo en el evento en que las presuntas
irregularidades en el curso del proceso impidan el acceso a la
administración de justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva
de la parte accionante, y ésta carezca de medios judiciales de
defensa al interior del proceso, resultaría procedente asumir su
estudio en sede de tutela, situación que no se presenta en el
caso sub judice por cuanto, el medio de control aún está en
trámite […]”.

6 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge Iván
Palacio Palacio.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
diciembre de 2017, C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-
15-000-2017-03006-00.

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Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que de

las actuaciones registradas en el aplicativo de consulta SAMAI 8 se

logra evidenciar que, contra la providencia de 31 de octubre de 2025,

las entidades allí accionadas interpusieron recurso de apelación, los

cuales fueron concedidos por el JUZGADO mediante auto de 12 de

diciembre de ese año.

En consecuencia, la sentencia frente a la cual la parte actora requiere

su cumplimiento, no se encuentra en firme, comoquiera que contra

ella se interpusieron recursos de apelación dentro del término legal,

por lo que conforme a lo dispuesto en los artículos 205 y 247 del

CPACA, la firmeza de la decisión queda supeditada a lo que resuelva

el superior jerárquico, manteniéndose vigente la suspensión de la

ejecución del fallo.

Adicionalmente, no es procedente exigir el cumplimiento inmediato

por vía tutela, toda vez que solo puede solicitarse una vez la

sentencia quede debidamente en firme, de acuerdo con lo previsto

en el artículo 192 del CPACA.

8
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=4100123330002025002
55004100123

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Por tanto, para la Sala resulta evidente que la acción de tutela de la

referencia no cumple con el requisito general de la

subsidiariedad, por cuanto el medio de control de reparación

directa dentro del que se profirió la decisión objeto de cumplimiento

se encuentra en curso, pues hasta la fecha el TRIBUNAL no ha

proferido el fallo de segunda instancia.

En efecto, el proceso que motivó la instauración de esta acción

constitucional aún se encuentra en trámite y, por ende, la

intervención del juez constitucional se encuentra vedada. Ello, por

cuanto, se reitera, es el mismo proceso ordinario el adecuado para

hacer valer los derechos que la actora estima vulnerados y mal haría

el juez de tutela en suplantar las competencias que le están dadas

al juez de conocimiento.

Aunado a lo anterior, con el fin de analizar si en el presente caso se

configura la existencia de un perjuicio irremediable que haga

procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala

se remite a lo dispuesto por la Corte Constitucional 9 que, frente al

tema, ha sostenido lo siguiente:

9
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta
Corporación ha precisado que éste debe reunir las
siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y
suficientes elementos fácticos que así lo demuestren,
tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el
perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la
persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas
urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una
doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a
la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice
con las particularidades del caso. Por último, las medidas
de protección deben ser impostergables, esto es, que
respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de
evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable
[…]”.

De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala no advierte la

existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción

de tutela de la referencia como mecanismo transitorio, dado que

sobre tal aspecto ni siquiera se hace mención en el escrito

introductorio, sin que en todo caso de las circunstancias fácticas

probadas se pueda advertir tal situación.

Por último, la sala advierte que frente a la inconformidad alegada por

los actores frente al exhorto hecho por el TRIBUNAL en la sentencia

de primer grado relativo a que se abstengan de presentar nuevas

acciones de tutela por los mismos hechos y pretensiones, en aras de

evitar sanciones, para la Sala no hay lugar hacer pronunciamiento

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alguno al respecto, como quiera de conformidad con la jurisprudencia

de la Corporación, dicha figura no constituye un mandato judicial

propiamente dicho en tanto que corresponde a meras sugerencias

que se realizan en virtud del principio de colaboración armónica y se

caracterizan por no ser vinculantes.

En efecto, así lo sostuvo la Sección Quinta de esta Corporación en

providencia de 31 de marzo de 202210, en la que dijo:

“[…] Lo primero que destaca esta Colegiatura es que, la Real
Academia Española define el verbo instar como la acción de “pedir
con apremio [a alguien] que haga algo”; es decir, urgir la pronta
ejecución de algo. Por otro lado, precisa que la palabra exhortar
significa “incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer
algo”. De ello, es dable concluir que instar y exhortar son
sinónimos.

Resulta que, en la sentencia C-728 de 2009, la Corte
Constitucional, al estudiar la demanda de inconstitucionalidad que
se instauró contra el artículo 27 de la Ley 48 de 1993, a pesar de
declarar la exequibilidad del cargo analizado, exhortó al Congreso
de la República para que, atendiendo a las consideraciones
expuestas en esa sentencia, regulara lo concerniente a la objeción
de conciencia frente al servicio militar. En dicha providencia, explicó
que, el “exhorto es un requerimiento al legislador, con o sin
señalamiento de plazo, para que produzca las normas cuya
expedición aparece como obligada a la luz de la Constitución y su
significado en derecho constitucional debe ser visto como
una expresión de la colaboración para la realización de los

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 31 de
marzo de 2022, proceso identificado con el número único de radicación: 2021-09462-01, M.P. Luis
Alberto Álvarez Parra.

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fines del Estado, en particular para la garantía de la
efectividad de los derechos de las personas”.

[…]

En este punto, cabe recordar que, el principio de colaboración
armónica contenido en el artículo 113 superior dispone que “[…]
los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero
colaboran armónicamente para la realización de sus fines”. En ese
orden, el exhorto no puede entenderse como una invasión a la
libertad, autonomía e independencia administrativa de que gozan
las entidades, teniendo en cuenta que, como se ha dicho párrafos
atrás, constituyen meras sugerencias o propuestas pues no
tienen un carácter vinculante real, son llamados para
advertir la existencia de situaciones inconstitucionales
como lo son, por ejemplo, las omisiones; su fundamento
principal es proteger y propender por la supremacía
constitucional. […]” (Destacado de la Sala).

En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia que

declaró improcedente el amparo solicitado por falta del requisito de

subsidiariedad, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, pero por las

razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de enero de 2026.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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