Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-33-000-2026-00089-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-33-000-2026-00089-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 41001-23-33-000-2026-00089-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
16 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 41001-23-33-000-2026-00089-01
Demandante: Johan Andrés Joven Rojas
Demandados: Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva
Temas: Debido proceso y acceso a la administración de justicia sin
dilaciones injustificadas / Impulso procesal en medio de control de
reparación directa
Decisión: Confirmar la decisión del a quo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
_____________________________________________________________________
La Sala decide la impugnación interpuesta por Johan Andrés Joven Rojas, en contra
de la sentencia proferida el 6 de mayo de 2026 por el Tribunal Administrativo del Huila
mediante la cual se negó la solicitud de amparo de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Johan Andrés Joven Rojas promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la mora en
que ha podido incurrir el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva
para proferir sentencia en el medio de control de reparación directa identificado con el
radicado 41001-33-33-008-2019-00372-00.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. En ejercicio del medio de control de reparación directa presentó2 demanda en
contra de la Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación con la finalidad de
que se les declarara responsables de los perjuicios ocasionados por la privación
«injusta» de su libertad3.
2.2. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva en providencia
1 Ver índice 2 de Samai, archivo denominado «6ED_DEmanda(.pdf) NroActua 2».
2 Y otros.
3 Se precisa que, pese a que esto no fue expresado por el demandante, de conformidad con los registros
de la plataforma Consulta procesos – Rama Judicial se pudo establecer.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 41001-23-33-000-2026-00089-01
Demandante: Johan Andrés Joven Rojas
del 13 de julio de 2020 admitió la demanda y ordenó notificar a la parte demandada,
quien contestó la demanda y propuso excepciones dentro de los términos legales.
2.3. Mediante audiencia inicial celebrada el 25 de noviembre de 2021, se fijó el
litigio y se decretaron las pruebas que habrían de practicarse dentro del proceso.
Posteriormente, el 4 de mayo de 2022, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y,
una vez allegados y recaudados los elementos probatorios ordenados por el
despacho, el expediente quedó en condiciones de avanzar a la siguiente etapa
procesal.
2.4. En providencia del 15 de diciembre de 2023 dispuso la incorporación de las
pruebas al expediente y concedió a las partes el término para presentar alegatos
de conclusión. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el apoderado
de la parte demandante y las entidades demandadas radicaron oportunamente sus
respectivos escritos.
2.5. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales con
ocasión de la falta de impulso procesal en el referido medio de control para proferir
sentencia de primera instancia, pues desde el 26 de enero de 2024 se encuentra
al despacho, sin que se haya proferido decisión definitiva.
1.1.2. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] 1. Que se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y plazo razonable.
2. Que se ordene al Juzgado Octavo Administrativo de Neiva que, de manera inmediata
proceda a proferir sentencia dentro del proceso radicado No. 41001333300820190037200.
3. Que se adopten las medidas necesarias para evitar que continúe la vulneración de mis
derechos fundamentales. […]» [sic].
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Juzgado Octavo Administrativo de Neiva 4 luego de hacer un recuento de
las actuaciones jurídico-procedimentales surtidas al interior del medio de control,
solicitó que se negara la petición de amparo ante la ausencia de vulneración de los
derechos fundamentales del demandante, pues el expediente ingresó al despacho para
proferir sentencia el 26 de enero de 2024, con el turno 108 de los asuntos pendientes
de decisión. Actualmente, se encuentra en el turno 12 de la lista de sentencias
ordinarias, lo que evidencia un avance de 96 turnos en el orden de decisión
correspondiente.
4.1. En consecuencia, la falta de decisión definitiva no obedece a una mora judicial
injustificada, sino al cumplimiento del orden de turnos previsto en el artículo 18 de la
Ley 446 de 1998, garantía de los principios de igualdad y debido proceso. En este caso,
4 Ver índice 2 de Samai, actuación denominada «5ED_Contestacion2(.pdf) NroActua 2».
2
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Demandante: Johan Andrés Joven Rojas
el expediente avanza conforme a dicho orden y no se advierte solicitud de prelación ni
la configuración de circunstancias excepcionales que justifiquen su alteración.
4.2. Posteriormente5, precisó que el avance de 96 turnos corresponde
exclusivamente a la lista de procesos ordinarios para fallo y no refleja la totalidad de las
decisiones adoptadas por el despacho. En ese sentido, destacó la alta carga laboral
asumida entre 2024 y 2026, reflejada en la expedición de 514 sentencias, 2.792 autos
y la realización de 202 audiencias, además de la licencia por accidente laboral que
disfrutó entre noviembre de 2024 y febrero de 2025.
1.3 . Sentencia de primera instancia6
5. El Tribunal Administrativo de Huila en sentencia del 6 de mayo de 2026 negó el
amparo pretendido al considerar que no se vulneró ningún derecho fundamental, pues
la tardanza en dictar sentencia estaba justificada por la carga laboral del juzgado y el
respeto al sistema de turnos, ya que el proceso ingresó en el turno 108 para fallo.
Además, advirtió que el demandante no demostró circunstancias excepcionales que
permitieran alterar dicho orden.
5.1. Asimismo, los egresos del despacho superaron ampliamente los ingresos, lo que
evidencia la elevada carga laboral y los esfuerzos realizados para evacuar los asuntos
a su cargo.
1.4. El escrito de impugnación7
6. Johan Andrés Joven Rojas impugnó la sentencia de primera instancia, para lo
cual, además de reiterar los argumentos expuestos en el escrito inicial, precisó que la
congestión judicial no puede asumirse como una justificación automática, pues debe
demostrar que la carga laboral es real y verificable, la incidencia directa en la
imposibilidad material de resolver el caso concreto y las medidas reales, efectivas y
razonables adoptadas para evitar o superar el represamiento de procesos sentencia.
2. Consideraciones
7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en
el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) determinación del problema jurídico;
iii) procedencia de la solicitud de tutela - derechos de acceso a la administración de
justicia y del debido proceso sin dilaciones injustificadas; y iv) análisis de la Sala.
5 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «4ED_Contestacion1(.pdf) NroActua 2».
6 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «9ED_Sentencia(.pdf) NroActua 2».
7 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «8ED_Impugnacion(.pdf) NroActua 2»
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Radicado: 41001-23-33-000-2026-00089-01
Demandante: Johan Andrés Joven Rojas
2.1. Competencia
8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1382 de 20009 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201910,
esta sala es competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila.
2.2. Problema jurídico
9. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir: ¿si el Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva vulneró los derechos
fundamentales de Johan Andrés Joven Rojas con ocasión de la mora en que ha podido
incurrir para proferir sentencia de primera instancia en el medio de control de reparación
directa identificado con el radicado 41001-33-33-008-2019-00372-00?
2.3. Procedencia de la solicitud de tutela
10. El artículo 86 constitucional señala que: «[…] [e]sta acción solo procederá cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:
«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de
dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»
11. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia11, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un
derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.
2.3.1. Derechos de acceso a la administración de justicia y del debido proceso sin
dilaciones injustificadas
12. El artículo 228 de la Constitución Política define el acceso a la administración de
justicia como una función pública relacionada directamente con los fines del Estado 12,
8 Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente
dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. […]
9 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
10 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
11 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121 de
2003.
12 Artículo 2 de la Constitución Política
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Demandante: Johan Andrés Joven Rojas
pues solo en la medida en que se garantice a los integrantes del país una instancia
imparcial, objetiva y efectiva encargada de la resolución pacífica de sus conflictos se
puede pretender la consecución de una república democrática y respetuosa de la
dignidad humana.
13. Por su parte, el artículo 229 ibidem determinó que la administración de justicia no
se es un mero servicio a cargo del Estado, sino que también goza de una dimensión de
naturaleza subjetiva, es decir, es un derecho fundamental radicado en cabeza de todos
los habitantes del país.
14. Frente a la procedencia de la solicitud de tutela para proteger el derecho de
acceso a la administración de justicia ha señalado la Corte Constitucional13:
«[…] Ahora bien, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, el derecho a acceder a
la justicia tiene una significación múltiple y compleja. De manera reiterada, ha sostenido esta
Corte, que el derecho a acceder a la justicia es un pilar fundamental del Estado Social de
Derecho y un derecho fundamental de aplicación inmediata, que forma parte del núcleo
esencial del debido proceso.
[…]
En cuanto a lo segundo, atendiendo a su importancia política, la jurisprudencia constitucional
le ha reconocido al acceso a la administración de justicia el carácter de derecho fundamental
de aplicación inmediata, integrándolo a su vez con el núcleo esencial del derecho al debido
proceso, y relacionándolo con otros valores constitucionales como la dignidad, la igualdad y
la libertad. Por virtud de tal vinculación, el acceso a la administración de justicia adquiere un
amplio y complejo marco jurídico de aplicación que compromete los siguientes
ámbitos: (i) el derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de
mecanismos judiciales -acciones y recursos- para la efectiva resolución de los
conflictos; (ii) el derecho de acción o de promoción de la actividad jurisdiccional, el cual se
concreta en la posibilidad que tiene todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los
instrumentos que allí se proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en
defensa del orden jurídico o de sus intereses particulares; (iii) el derecho a que la promoción
de la actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones
que han sido planteadas, y que ella se produzca dentro de un plazo razonables; (iv) el
derecho a que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de
las pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen
en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías
propias del debido proceso. […]».
15. Por su parte, en tratándose de la jurisdicción contencioso-administrativa el
derecho en cuestión adquiere connotaciones especiales dada su naturaleza rogada, sin
embargo, todos los requisitos formales del derecho de acción deben ser entendidos y
analizados en la medida en que con ellos se protejan derechos sustanciales de las
partes, como el debido proceso.
16. Asimismo, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que toda persona
tiene derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas. De esa manera, además
del derecho a acceder a una respuesta judicial, ello se debe producir en un plazo
adecuado.
13 Sentencia C-177 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño
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Radicado: 41001-23-33-000-2026-00089-01
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17. La razonabilidad de ese plazo fue establecida por el legislador mediante la
definición de los términos procesales, los cuales resultan de obligatorio cumplimiento;
de otra forma, la oportunidad para solucionar una controversia quedaría al arbitrio de
cada funcionario, afectándose no solo el derecho al recurso judicial efectivo sino los
bienes que se pretendan proteger en el proceso, incluido el de la igualdad de todas las
personas que acuden a la administración de justicia en procura de una solución pacífica
a las controversias sociales.
18. Sin embargo, no toda tardanza o incumplimiento de un término judicial constituye
una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, ello dependerá de que resulte injustificada. En ese orden de
ideas, si bien la regla general es que los jueces cumplan los términos rigurosamente,
pueden configurarse excepciones a ese deber, siempre que se encuentren
suficientemente motivadas, las cuales deberán ser analizadas en el marco de cada
caso, y solo serán aceptables cuando, a pesar de la diligencia y celeridad del juez,
existan hechos imprevisibles o insuperables que le impidan cumplirlos.
19. En ese sentido, la congestión judicial no es, por sí sola, motivo suficiente para
relevar al juez de su deber de definir los procesos dentro de los términos previstos por
el legislador. Es preciso que el análisis de una situación específica de mora judicial
tome en cuenta, de una parte, la importancia del cumplimiento de los plazos procesales
para la eficacia de los derechos fundamentales y, de otra, las eventuales circunstancias
de justificación de una tardanza determinada y la necesidad de que las sentencias o
decisiones, en general, se adopten de manera oportuna y que sean materialmente
justas y acordes con las normas legales y los principios constitucionales.
20. Finalmente, es oportuno recordar que la solicitud de tutela procede contra toda
actuación que amenace o vulnere derechos fundamentales, siempre que no haya otro
recurso idóneo y efectivo en el ordenamiento para su protección, incluidas aquellas
propias de las autoridades judiciales.
2.4. Análisis de la Sala
21. Johan Andrés Joven Rojas promueve solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales, y, en consecuencia, se ordenara al Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva proferir sentencia dentro del medio
de control identificado con el radicado 41001-33-33-008-2019-00372-00.
22. De conformidad con la información registrada en Samai14, se destacan las
siguientes actuaciones:
22.1. El 5 de diciembre de 2019, en ejercicio del medio de control de reparación
directa presentó demanda en contra de la Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de
la Nación con la finalidad de que se les declarara responsables de los perjuicios
14 Ver en Samai proceso reparación directa identificado con el radicado 41001-33-33-008-2019-00372-
00.
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ocasionados por la privación «injusta» de su libertad15.
22.2. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva en providencia
del 13 de julio de 2020 admitió la demanda.
22.3. En providencia del 12 de agosto de 2021 fijó fecha para audiencia inicial,
para el día 25 de noviembre de 2021 a las 8 A.M.
22.4. En acta de audiencia inicial del 25 de noviembre de 2021 se fijó el litigió, se
decretaron pruebas y se señaló como fecha para la audiencia de pruebas el día 4
de mayo de 2022 a las 8 A.M.
22.5. En acta de audiencia de pruebas del 4 de mayo de 2022, previa verificación
de asistencias y reconocimiento de personerías jurídicas determinó la práctica de
pruebas:
«[…] 4.1. Documentales a requerir.
El Despacho requiere al apoderado actor para que acredite que radicó el oficio No. J8AN-
1135 del 29 de noviembre de 2021, ante el Centro de Servicios del Sistema Penal Acusatorio
de Neiva, y sufragó los costos a que hubiere lugar, para el envío de la prueba documental
decretada a instancias suya, quien señaló que ya radicó el oficio pero no ha allegado al
expediente la constancia de ello, por lo tanto el Despacho lo requiere para que dentro de los
tres (3) días siguientes a la presente audiencia allegue al proceso constancia de radicación
de dicho oficio, y ocurrido ello se procederá por Secretaría a requerir al Centro de Servicios
para que dé respuesta a dicho oficio.
Notificado en estrados.
4.2. Recaudo de testimonios - decretados a petición de la parte actora.
• Testimonio de YASMIN TRUJILLO RODRÍGUEZ, identificada con C.C 26.512.236,
interviene del minuto 14:32 de la grabación al minuto 39:35.
El apoderado actor manifiesta que dada la dificultad de los demás testigos de conectarse,
desiste de dicha prueba testimonial en relación con los testimonios de CRISTIAN MEDINA
TOVAR, JAIME ANDRES RINCON TRUJILLO y LUZ ADRIANA GIRALDO TRORRES;
desistimiento que es aceptado por el Despacho de conformidad con el Art. 175 del CGP.
[…]» [sic].
22.6. En providencia del 15 de diciembre de 2023 precisó:
«[…] el Despacho dispone incorporar al proceso y poner en conocimiento de las partes la
prueba remitida por el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal de Neiva, mediante
mensaje de datos del 05 de mayo de 2022; con lo cual se atendió el requerimiento probatorio
realizado mediante oficio No J8AN-1135 de 2021, pruebas consistentes en las actas de
audiencias preliminares y lectura del sentido del fallo junto con sus respectivos archivos
audiovisuales que obran a índice 21 SAMAI.
Como quiera que la anterior prueba documental era la única pendiente por recaudar, el
Despacho declara cerrado el debate probatorio y por considerar innecesario citar a audiencia
15 Se precisa que, pese a que esto no fue expresado por el demandante, de conformidad con los registros
de la plataforma Consulta procesos – Rama Judicial se pudo establecer.
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de alegaciones y juzgamiento, dispone dar traslado a las partes para que presenten sus
alegatos de conclusión, por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación
de esta providencia, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 181 del CPACA. […]» [sic].
22.7. En constancia secretarial del 26 de enero de 2024 se precisó:
22.8. Las últimas actuaciones que registra en Samai son las siguientes:
23. A juicio de la Sala, de acuerdo con el tiempo que ha trascurrido desde
la presentación de la demanda, se observa que al asunto se ha tramitado de manera
diligente desde su admisión dadas las particularidades que se han presentado como lo
son las notificaciones, traslados, entre otras.
24. Razón por la cual, en lo referente a la posible demora en la que ha podido incurrir
el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, para proferir sentencia
en el medio de control en cuestión, se recuerda que no todo incumplimiento de un
8
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Demandante: Johan Andrés Joven Rojas
término judicial constituye una vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, pues solo la tardanza injustificada
acarrea su desconocimiento, lo cual no es predicable en el presente caso como quedó
demostrado.
25. Además, de acuerdo con la información suministrada por la autoridad judicial
demandada en su informe, se ha respetado el sistema de turnos para proferir sentencia
ordinaria, así:
«[…] Dicho medio de control correspondió por reparto el 3 de diciembre de 2019, y luego de
agotarse todas las etapas procesales, con la observancia de las garantías procesales,
ingresó al Despacho para sentencia el 26 de enero de 2024, en turno No. 108,
encontrándose actualmente en el turno No. 12, de los turnos para sentencias ordinaria; lo
que significa que el proceso ha avanzado 96 turnos ordinarios.
Cabe precisar que dicho “turno ordinario” es exclusivamente frente a procesos ordinarios
que han debido surtir todas las etapas del proceso, incluido un debate probatorio, distinto
del “turno para sentencia anticipada”, conformado por procesos en los que se prescindió de
audiencia inicial por tratarse de controversias de puro derecho o en los que no se requería
un debate probatorio, los cuales conforman otro turno para darles, pues el Art. 182-A del
CPACA, permite fallarlos de manera anticipada.
[…]
ello no significa que el Juzgado a mi cargo, durante dicho lapso de tiempo haya proferido
solamente 96 sentencias, pues como se mencionó ese turno, al que ingresó el mencionado
proceso, es solo de los procesos ordinarios en los que se surtió audiencia inicial, audiencias
de pruebas, es decir, se surtió un amplio debate probatorio, sin que dentro de dicho listado
o turnos se encuentren los procesos que ingresan a despacho, también para fallo, para
sentencia anticipada o sentencias de procesos con trámite preferente y sumario, tales como
acciones de tutela, acciones populares, acciones de cumplimiento. […]» [sic].
26. Por lo anterior, contrario a lo sostenido por la parte demandante en la
impugnación, la Sala considera que la autoridad judicial demandada acreditó
suficientemente su carga laboral, así como su incidencia en la imposibilidad material de
resolver inmediatamente el asunto. En efecto, aportó las estadísticas reportadas al
SIERJU, las cuales permitieron verificar su rendimiento en distintos períodos desde que
la demanda fue radicada, e informó los turnos de ingreso y actual del proceso, sin que
se advierta alguna circunstancia excepcional que justifique alterar el orden de decisión.
3. Decisión
27. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala confirmará la decisión
del a quo de negar el amparo de los derechos fundamentales de Johan Andrés Joven
Rojas, en la solicitud de tutela presentada contra el Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito Judicial de Neiva.
28. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad
de la ley,
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Radicado: 41001-23-33-000-2026-00089-01
Demandante: Johan Andrés Joven Rojas
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 6 de mayo de 2026 por el Tribunal
Administrativo del Huila, en la que se negó el amparo de los derechos fundamentales
de Johan Andrés Joven Rojas, en la solicitud de tutela presentada contra el Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva.
Segundo. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591
de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Ausente con excusa
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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