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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-33-000-2026-00160-01

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-33-000-2026-00160-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la decisión proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, en cuanto declaró improcedente la acción de tutela respecto de la pretensión dirigida contra el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva, para, en su lugar, negar el amparo solicitado. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la decisión proferida en primera instancia de tutela. TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 41001-23-33-000-2026-00160-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 41001-23-33-000-2026-00160-01
Accionante: Eliana Patricia Quintero García
Accionados: Juzgado Octavo Administrativo de Neiva y otro

Tema: Acción de tutela por presunta mora judicial

Decisión: Revoca frente a la improcedencia para, en su lugar, negar y confirma
en lo demás.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. LaSubsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia proferida el 11 de
agosto de 2026 por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila,
mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela respecto de la presunta
mora judicial y negó el amparo frente a los derechos fundamentales al debido
proceso, trabajo y mínimo vital.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. La señora Eliana Patricia Quintero García manifestó que le fue conferido poder
especial por el señor Luis Eduardo Morera Trujillo, con el propósito de promover el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, demanda que fue presentada el 10 de
septiembre de 2003.

3. El proceso fue posteriormente reasignado, por reorganización de competencias, al
Juzgado Segundo Administrativo de Neiva, bajo el radicado 41001-33-31-002-2007-
00084-01, despacho que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

4. Con posterioridad, mediante proveído del 5 de marzo de 2010, el Tribunal
Administrativo del Huila aceptó la revocatoria de la facultad de recibir, efectuada el
28 de octubre de 2009. Asimismo, el 10 de agosto de 2010 negó el trámite de la
cesión del 45 % de los derechos litigiosos pactada en el contrato de prestación de
servicios profesionales, aunque reconoció a la accionante la calidad de litisconsorte
del cedente.

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Accionante: Eliana Patricia Quintero García

5. El 16 de mayo de 2014, la señora Eliana Patricia Quintero García presentó renuncia
al poder y, una vez culminada la segunda instancia, promovió incidente de regulación
de honorarios, el cual fue declarado improcedente, bajo el entendido de que dicha
decisión no extinguía su derecho a reclamar los honorarios. En razón de ello, el 15
de mayo de 2019 requirió al Ministerio de Defensa para el cumplimiento del fallo.

6. Posteriormente, mediante Resolución 5018 del 15 de noviembre de 2024, el
Ministerio de Defensa dispuso que, ante la controversia existente respecto de la
titularidad de los derechos reconocidos, los recursos fueran consignados a órdenes
del Tribunal Administrativo del Huila para su posterior distribución judicial.

7. En enero de 2025, la accionante solicitó la entrega de los recursos y, el 3 de abril
de ese mismo año, promovió proceso ejecutivo contra los herederos indeterminados
del señor Luis Eduardo Morera Trujillo, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Neiva, bajo el radicado 41001-31-05-003-2025-
00073-00.

8. En el marco de dicho proceso, se libró mandamiento de pago, se emplazó a los
herederos del causante y, mediante providencia del 25 de mayo de 2026, se ordenó
seguir adelante con la ejecución. Posteriormente, el 8 de julio de 2026 fue aprobada
la liquidación del crédito por valor de $262.000.748,69.

9. Por otra parte, el depósito judicial por valor de $539.493.704,31, inicialmente
constituido a órdenes del Tribunal Administrativo del Huila, fue posteriormente
convertido y quedó constituido a disposición del Juzgado Octavo Administrativo de
Neiva.

10. En consecuencia, los días 8 y 10 de julio de 2026, la accionante solicitó a dicho
despacho que se pronunciara sobre la entrega de los recursos y, subsidiariamente,
que diera cumplimiento a la medida cautelar decretada dentro del proceso ejecutivo,
disponiendo la puesta a disposición del 45 % de los recursos a órdenes del Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Neiva.

11. Sostuvo que, pese a lo anterior, el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva no
había dado trámite a las solicitudes encaminadas a obtener la entrega o puesta a
disposición de los recursos, mientras que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Neiva no habría impulsado de manera eficaz las actuaciones necesarias para
materializar la medida cautelar. A su juicio, esta situación habría prolongado
injustificadamente la ejecución e impedido la satisfacción material del derecho que
reclama por concepto de honorarios profesionales.

2.2. Fundamento jurídico

12. La parte accionante considera vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia y a obtener una decisión
judicial dentro de un plazo razonable, por cuanto el Juzgado Octavo Administrativo
de Neiva no ha dado trámite a las solicitudes relacionadas con la entrega de los
recursos que se encuentran a su disposición, mientras que el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Neiva no ha adelantado de manera eficaz las actuaciones

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Accionante: Eliana Patricia Quintero García

necesarias para hacer efectiva la medida cautelar decretada dentro del proceso
ejecutivo.

2.3. Pretensiones

13. La parte accionante solicitó:

«Primero-. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo
y al mínimo vital.

Segundo-. ORDENAR, al JUZGADO OCTAVO (8°) ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE NEIVA – HUILA que dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación del fallo adopte la decisión que en derecho
corresponda respecto de la solicitud de entrega del dinero y/o de la puesta a
disposición de los recursos conforme a las medidas cautelares decretadas, sin
que ello implique pronunciamiento alguno sobre el sentido de la decisión.

Tercero-. ORDENAR al JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE
NEIVA que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
de esta providencia, impulse de manera eficaz y prioritaria el proceso ejecutivo
bajo el radicado No. 41001-31-05-003-2025-00073-00, desplegando los
requerimientos, insistencias o trámites interinstitucionales necesarios para
lograr que los recursos cautelados sean efectivamente puestos a su disposición
y se proceda a la satisfacción material del crédito aprobado».

2.4. Intervenciones

14. Por medio del auto del 28 de julio de 2026, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Huila, admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Juzgado
Octavo Administrativo de Neiva y al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva
como accionados.

15. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito indicó que el proceso ejecutivo ha sido
tramitado con diligencia. Al respecto, manifestó que el proceso fue repartido el 3 de
abril de 2025 y que, desde entonces, se han surtido de manera sucesiva las
actuaciones correspondientes: el 24 de junio de 2025 se libró mandamiento ejecutivo
y se decretó embargo; el 15 de julio de 2025 se designaron curadores ad litem y se
ordenó el emplazamiento de los herederos.

16. Con posterioridad, indicó que los curadores aceptaron los cargos y contestaron la
demanda; el 13 de marzo de 2026 se corrió traslado de las excepciones; el 25 de
mayo de 2026 estas fueron resueltas y se ordenó seguir adelante con la ejecución;
el 8 de julio de 2026 se aprobó la liquidación del crédito y, finalmente, el 24 de julio
de 2026, la liquidación de costas.

17. Por lo anterior, indicó que no se encuentran actuaciones pendientes cuya decisión
dependa de esa autoridad judicial y solicitó su desvinculación de la acción de tutela.

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18. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva sostiene que no puede
atribuírsele una mora judicial de más de 18 meses, pues solo contó con disponibilidad
material del depósito desde su conversión, el 16 de abril de 2026, y su existencia fue
constatada el 12 de mayo siguiente.

19. Además, afirma que la entrega de los recursos no es automática, debido a la
complejidad jurídica de determinar su titularidad y destinación, dada la cesión de
derechos, el contrato de honorarios, el fallecimiento del titular de la condena, el
proceso sucesoral, la oposición al pago y el proceso ejecutivo laboral, incluida la
medida cautelar del 45 % decretada por el Juzgado Tercero Laboral, dirigida
inicialmente al Tribunal Administrativo del Huila.

20. Asimismo, señala que debe respetarse el orden de turnos y la carga laboral del
despacho, sin que se hayan acreditado circunstancias excepcionales que justifiquen
su alteración mediante tutela. Tampoco considera demostrada una afectación al
mínimo vital o al derecho al trabajo, pues la accionante no acreditó una situación de
vulnerabilidad económica y la controversia es de naturaleza patrimonial, además de
que cuenta con un proceso ejecutivo laboral en curso.

2.5. Sentencia impugnada

21. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, mediante
providencia del 11 de agosto de 2026, declaró improcedente la acción de tutela frente
a la pretensión dirigida al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva, al
considerar que las solicitudes presentadas los días 8 y 10 de julio tenían naturaleza
estrictamente judicial, por estar dirigidas a obtener la entrega de los recursos o la
efectividad de una medida cautelar, razón por la cual la eventual mora debía
cuestionarse mediante la vigilancia judicial administrativa. Además, señaló que entre
dichas solicitudes y la interposición de la tutela transcurrieron apenas 20 días, término
insuficiente para configurar una mora judicial.

22. Por otro lado, negó el amparo en lo relacionado con la medida cautelar del 45 %.
Al respecto, precisó que esta fue decretada por el Juzgado Tercero Laboral y dirigida
al Tribunal Administrativo del Huila, donde inicialmente se encontraban los recursos,
y no al Juzgado Octavo Administrativo, por lo que este último no podía ser compelido
a cumplir una orden dirigida a otra autoridad. En consecuencia, indicó que
correspondía a la accionante solicitar al Juzgado Tercero Laboral la aclaración o
expedición de una nueva medida dirigida al Juzgado Octavo.

2.6. Impugnación

23. La parte accionante impugnó la decisión anterior y sostuvo que la tutela no se
limitaba a obtener respuesta a las solicitudes presentadas el 8 y 10 de julio de 2026,
sino que cuestionaba una omisión judicial continuada, relacionada con la falta de
materialización de las decisiones adoptadas y de actuaciones eficaces para hacer
efectiva la medida cautelar decretada dentro del proceso ejecutivo, situación que, a
su juicio, no podía solucionarse mediante una vigilancia administrativa.

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24. Precisó que la demora alegada se remonta principalmente desde cuando el
Ministerio de Defensa consignó los recursos destinados al cumplimiento de la
sentencia, los cuales permanecieron inmovilizados sin que se adoptaran las medidas
necesarias para hacer efectiva la orden judicial.

25. Asimismo, cuestionó que se le sugiriera solicitar una nueva medida cautelar, pues
la inicialmente decretada se dirigió al Tribunal Administrativo del Huila y,
posteriormente, el depósito fue convertido a órdenes del Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Neiva. A su juicio, no podía trasladársele las
consecuencias de los cambios administrativos entre despachos judiciales.

26. Finalmente, afirmó que, aunque el Juzgado Tercero Laboral conocía la conversión
del depósito, no adecuó la medida cautelar ni adoptó actuaciones dirigidas a
garantizar la afectación de los recursos al proceso ejecutivo. En su criterio, el
despacho podía aclarar o complementar la orden, efectuar nuevos requerimientos o
adoptar las medidas necesarias para materializarla, de modo que su inactividad
prolongó injustificadamente la ejecución del crédito reconocido judicialmente.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

27. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20191 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

28. Teniendo en cuenta que la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo
del Huila encontró satisfechos los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela, con excepción de la subsidiariedad, esta Subsección circunscribirá su
análisis a este último presupuesto.

3.3. Problema jurídico

29. De conformidad con lo expuesto, corresponde a esta Subsección determinar si
la acción de tutela satisface el requisito de subsidiariedad. En caso afirmativo,
deberá establecerse si el Juzgado Octavo Administrativo y Tercero Laboral del
Circuito de Neiva vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, el
acceso a la administración de justicia, la tutela judicial efectiva, el trabajo y al mínimo
vital, al omitir dar trámite a la entrega o puesta a disposición de los recursos y por
no impulsar las actuaciones necesarias para hacer efectiva la medida cautelar,
respectivamente.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

30. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política de

1 Reglamento interno del Consejo de Estado.

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Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por los
Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de 2015,
protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados,
actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros medios judiciales,
salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

31. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible
acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos
fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones
judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama
del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores,
principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva,
cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de
ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites
que la Carta le impone.

32. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de
sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial,
los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio
entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces
para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales.

33. Si bien la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila declaró
improcedente la acción de tutela respecto de la pretensión dirigida contra el Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito de Neiva, al considerar que las solicitudes
presentadas los días 8 y 10 de julio eran de naturaleza estrictamente judicial, en tanto
estaban encaminadas a obtener la entrega de los recursos o la efectividad de una
medida cautelar, y que, por consiguiente, la eventual mora debía cuestionarse
mediante la vigilancia judicial administrativa, esta Subsección advierte que el
reproche formulado por la parte accionante no se dirige a controvertir dichas
actuaciones en sí mismas, sino a cuestionar la presunta mora judicial en la que habría
incurrido el referido despacho. En consecuencia, el asunto será analizado desde esta
perspectiva y se tendrá por satisfecho el requisito de subsidiariedad.

3.5. Mora judicial injustificada

34. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia en
aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no
en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de
exceso de carga laboral de los funcionarios, si no en la falta de diligencia y en la

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omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos2.

35. Al respecto, indicó la jurisprudencia constitucional que la tardanza en el
cumplimiento de los términos judiciales constituye una mora judicial injustificada
cuando (i) se presenta un incumplimiento de los plazos señalados en la ley para
adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique
dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la
tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de
la autoridad judicial. Se ha explicado además que es excepcional la posibilidad del
juez de tutela de alterar el orden de fallo, ya que el ordenamiento jurídico consagra
el deber de someterse a un sistema de turnos, con algunas salvedades reconocidas
por el legislador3.

36. Así las cosas, procede la acción de tutela en los casos de mora judicial
injustificada, siempre y cuando se acredite la inexistencia de otro medio de defensa
judicial y que se esté ante la posible materialización de un daño, cuyos perjuicios se
tornen irreparables.

37. Aunado a lo anterior, frente a la mora judicial justificada, ha precisado la Corte
Constitucional que según las circunstancias del caso, es posible (i) negar la
violación de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, sometiendo al interesado al sistema de turnos; (ii) ordenar
excepcionalmente la alteración del orden para proferir el fallo, cuando el juez está
en presencia de un sujeto de especial protección constitucional, o cuando la mora
judicial supere los plazos razonables y tolerables de solución, en contraste con las
condiciones de espera particulares del afectado; o (iii) disponer un amparo
transitorio en relación con los derechos fundamentales comprometidos, mientras el
competente se pronuncia de forma definitiva en torno a la controversia planteada,
en aquellos casos en que se está ante la posible materialización de un daño cuyos
perjuicios no puedan ser subsanados.

3.6. Análisis del caso concreto

38. La parte accionante considera vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia y a obtener una decisión
judicial dentro de un plazo razonable, por cuanto el Juzgado Octavo Administrativo
de Neiva no ha dado trámite a las solicitudes relacionadas con la entrega de los
recursos que se encuentran a su disposición, mientras que el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Neiva no ha adelantado de manera eficaz las actuaciones
necesarias para hacer efectiva la medida cautelar decretada dentro del proceso
ejecutivo.

39. Con la finalidad de establecer si las autoridades judiciales accionadas, en efecto,
incurrieron en la vulneración de derechos fundamentales deprecada por la señora
Quintero García, se realizará una descripción de las actuaciones surtidas hasta el
momento en cada uno de los procesos cuestionados.

2 Corte Constitucional, sentencia T-1019 de 2010, magistrado ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
3 Corte Constitucional, sentencia T 441 de 2015, magistrado ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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40. En relación con el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva, se
encuentra acreditado que, mediante sentencia del 30 de abril de 2009,
complementada el 26 de octubre siguiente, se accedió parcialmente a las
pretensiones, decisión confirmada por el Tribunal Administrativo del Huila el 13 de
julio de 2016.

41. Posteriormente, surgió una controversia entre la accionante y el beneficiario de la
condena respecto de la cesión de derechos litigiosos y el reconocimiento de
honorarios. En particular, el Tribunal Administrativo del Huila, mediante auto del 10
de agosto de 2010, negó la sucesión procesal pretendida por la entonces apoderada,
aunque la reconoció como litisconsorte del cedente, y en 2019 este Juzgado declaró
improcedente el incidente de regulación de honorarios promovido por aquella.

42. Tras el fallecimiento del beneficiario de la condena, ocurrido el 18 de octubre de
2024, el Ministerio de Defensa, ante la controversia existente sobre la titularidad de
los recursos, consignó el 30 de diciembre siguiente un depósito judicial por valor de
$539.493.704,31 a órdenes del Tribunal Administrativo del Huila.

43. El 24 de enero de 2025, la accionante solicitó la entrega del 45 % de dicha suma.
No obstante, debido a la ubicación del título en la cuenta judicial del Tribunal, a las
solicitudes de oposición formuladas por el apoderado del beneficiario y al embargo
decretado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva sobre ese porcentaje,
fue necesario adelantar diversas actuaciones de coordinación entre los despachos
judiciales.

44. Así, el 21 de noviembre de 2025, el Juzgado Octavo Administrativo confirmó que
el depósito correspondía al proceso de referencia y dispuso solicitar su conversión.
Luego de las actuaciones adelantadas por el Tribunal, la conversión se hizo efectiva
el 16 de abril de 2026, constituyéndose un nuevo depósito a órdenes del Juzgado
Octavo Administrativo, cuya existencia fue verificada por la Secretaría el 12 de mayo
siguiente. Finalmente, los días 8 y 10 de julio de 2026, la accionante reiteró sus
solicitudes de pago directo o, subsidiariamente, de puesta a disposición de los
recursos al Juzgado Tercero Laboral.

45. Por su parte, respecto del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva, se
observa que el proceso ejecutivo fue repartido el 3 de abril de 2025 y que el 24 de
junio siguiente se libró mandamiento ejecutivo y se decretó el embargo y retención
del 45 % de las sumas depositadas a órdenes del Tribunal Administrativo del Huila.

46. Luego, el despacho adelantó las actuaciones necesarias para integrar
debidamente el contradictorio, mediante la designación y notificación de curadores
ad litem para los herederos determinados e indeterminados. Una vez surtida dicha
etapa, mediante auto del 13 de marzo de 2026 se corrió traslado de las excepciones
propuestas; el 25 de mayo siguiente se resolvieron estas y se ordenó seguir adelante
con la ejecución. Presentada y trasladada la liquidación del crédito, esta fue aprobada
mediante auto del 8 de julio de 2026, y posteriormente, el 24 de julio, se aprobó la
liquidación de costas.

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47. De acuerdo con lo expuesto previamente, la mora judicial constituye una
vulneración del derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia
cuando, sin una justificación constitucionalmente admisible, una autoridad judicial
incurre en un retraso injustificado en la adopción de una decisión que se encuentra a
su cargo. Para establecer su configuración deben valorarse, entre otros aspectos, la
complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y de las demás partes,
la conducta de la autoridad judicial y la existencia de circunstancias que
razonablemente expliquen la demora.

48. Bajo esos parámetros, no se advierte, en el presente caso, la configuración de una
mora judicial atribuible a los juzgados accionados. En efecto, frente al Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito de Neiva, la falta de entrega inmediata de los
recursos no obedeció a una actitud pasiva o negligente del despacho, sino a
circunstancias objetivas que incidieron en la definición de su titularidad y
disponibilidad: la controversia existente entre la accionante y el beneficiario respecto
de los honorarios y de la facultad para recibir, el fallecimiento de este último, la
existencia de un proceso sucesoral, el embargo decretado por el Juzgado Tercero
Laboral y, especialmente, el hecho de que el depósito judicial inicialmente no se
encontrara a órdenes de ese despacho.

49. Una vez tuvo conocimiento de la ubicación y procedencia del título, el Juzgado
adelantó las gestiones necesarias para obtener su conversión, la cual se materializó
el 16 de abril de 2026. Tras la constitución del nuevo depósito, la accionante presentó
nuevas solicitudes en julio de 2026, sin que pueda afirmarse, a partir de las
actuaciones reseñadas, que hubiese transcurrido un término irrazonable que permita
atribuirle una dilación injustificada.

50. La misma conclusión se impone respecto del Juzgado Tercero Laboral del Circuito
de Neiva, pues desde el reparto del proceso el despacho ha desplegado actuaciones
encaminadas a impulsar su trámite: libró mandamiento ejecutivo y decretó la medida
cautelar, integró el contradictorio mediante la designación de curadores ad litem,
resolvió las excepciones, ordenó seguir adelante con la ejecución, aprobó la
liquidación del crédito y, finalmente, la de costas. De esta manera, lejos de
evidenciarse una paralización injustificada, se observa una actuación procesal
continua y acorde con las distintas etapas que debía surtir el proceso ejecutivo.

51. Finalmente, debe precisarse que la falta de entrega directa a la accionante del
45% de los recursos que reclama no obedece a una conducta omisiva o dilatoria del
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva. Por el contrario, la entrega de
dichas sumas se ha visto condicionada por la controversia existente respecto de su
titularidad y del derecho que le asistiría a la actora para recibirlas, así como por el
fallecimiento del beneficiario de la condena y la existencia del correspondiente
proceso sucesoral.

52. A ello se suma que, mediante providencia del 24 de junio de 2025, el Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Neiva decretó el embargo y retención del 45% de los
recursos, medida que actualmente incide sobre la disposición de tales dineros. En
ese contexto, no resulta jurídicamente exigible al Juzgado Octavo efectuar el pago
directo pretendido mientras subsistan las circunstancias que condicionan la

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disponibilidad de los recursos, por lo que la ausencia de dicha entrega no puede ser
entendida como una dilación injustificada constitutiva de mora judicial.

53. Por consiguiente, esta Subsección revocará la decisión proferida por la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, en cuanto declaró
improcedente la acción de tutela respecto de la pretensión dirigida contra el Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito de Neiva, para, en su lugar, negar el amparo
solicitado, al no encontrarse acreditada la configuración de una mora judicial
injustificada atribuible a dicho despacho. En lo demás, confirmará la decisión
impugnada.

54. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

I. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la decisión proferida por la Sala Tercera de Decisión del
Tribunal Administrativo del Huila, en cuanto declaró improcedente la acción de tutela
respecto de la pretensión dirigida contra el Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito de Neiva, para, en su lugar, negar el amparo solicitado.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la decisión proferida en primera instancia de
tutela.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

www.consejodeestado.gov.co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

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