Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 44001-23-31-000-2011-00042-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 44001-23-31-000-2011-00042-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 44001-23-31-000-2011-00042-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 44001-23-31-000-2011-00042-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
7 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 44001233100020110004201
ACCIÓN: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
ACTORES: LEOVIGIDO SALAS MACHACÓM Y OTROS.
TESIS: SE REVOCA LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA POR
CONSIDERAR QUE EL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPUESTO POR LOS
DEMANDANTES ERA EL INDICADO. SE INAPLICA EL INCISO
FINAL DEL ARTÍCULO 357 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
CIVIL Y SE REMITE EL EXPEDIENTE AL A QUO PARA QUE
PROFIERA SENTENCIA QUE ESTUDIE EL FONDO DE LAS
PRETENSIONES PLANTEADAS EN EL CASO SUB EXAMINE.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por los demandantes LEOVIGIDO SALAS MACHACÓM,
TEÓFILO CARO PEÑALOZA, SARA ESMIR SÁNCHEZ
ROPERO, JHON MARIO CÁRDENAS ROBLES, MANUEL
VICENTE VILLEGAS MEZA, MÓNICA CECILIA SÁNCHEZ
DURANGO, OSCAR CASTILLO MANGONEZ, FERNANDO
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Número único de radicación: 44001233100020110004201
Actores: LEOVIGIDO SALAS MACHACOM Y OTROS.
ENRIQUE RODRÍGUEZ ATENCIO, EDWIN NARVÁEZ
FONTALVO, EDULFO JOSÉ MOVILLA ORTIZ, ALIDA ROSA
HERRERA HERRERA, GABRIEL EDUARDO MANJARREZ
YEPES, RAFAEL DE JESÚS MANJARREZ YEPES, ATILIO
MANUEL MORENO GARCÍA, WILSON SIERRA SIMANCA,
JOSÉ HERRERA BECERRA, RÉGULO JACINTO MONTES
GUZMÁN, JAIRO RAFAEL TORRES HUETTE, ANA BEATRIZ
ARIAS SIERRA, CARLOS ANTONIO PALACIO PATIÑO,
MIGUEL ARIAS DÍAZ, RAFAEL ANTONIO CONDE RAMOS Y
DALILA BEATRIZ SIERRA, a través de apoderado, contra la
sentencia de 27 de marzo de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo de la Guajira, por medio de la cual declaró
probada de oficio la excepción de inepta demanda por indebida
escogencia de la acción y, en consecuencia, se declaró inhibido
para estudiar el fondo del asunto.
I.- ANTECEDENTES
I.1- La parte actora solicita que, previo el adelantamiento del
trámite a que haya lugar, esta jurisdicción proceda a:
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.- Declarar la nulidad de los actos administrativos emanados de
la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional “DIRAN”, núms.
4155, 4151, 4141, 4139, 4137, 4131, 4132, 4135, 4143, 4144,
4147, 4149, 4153, 4159, 4161, 4163, 4165, 4177, 4167, 4171,
4173, 4157 y 4169 de 10 de junio de 2010, notificados el 19 de
junio de 2010, mediante los cuales se resuelve el recurso de
reposición contra autos que niegan quejas, confirmando su
rechazo y ordena el archivo de las mismas.
.- Que, como consecuencia de la presente nulidad, se dejen sin
efectos los actos administrativos núms. 1908, 1789, 1817,
1820, 1839, 1849, 1862, 1865, 1866, 1944, 1952, 1943, 1425,
1881, 1870, 1873, 1892, 1897, 1911, 1916, 1941, 1868 de
2005 notificados el 13 de abril de 2010, mediante los cuales
rechazan las quejas interpuestas1, y todos los actos
administrativos que se deriven de los mismos en los cuales se
resuelva el rechazo y/o negación a la reclamación para la
reparación por daños causados por la fumigación a cultivos
ilícitos, declarando a las accionadas administrativamente
1 Folios 1 y 2 del cuaderno principal de primera instancia.
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responsables de los daños causados.
.- Como consecuencia de las declaraciones solicitadas y a título
de restablecimiento del derecho, se allane a la demandada el
Ministerio Defensa Nacional: Policía Nacional - Dirección
de Antinarcóticos y demás que se demuestren en el proceso,
a restablecerle los derechos a los accionantes, indemnizándoles
por los daños materiales causados los cuales ascienden a la
suma de $526.850.000.
Perjuicios extrapatrimoniales: por el daño moral causado, como
consecuencia de la violación de sus derechos al trabajo, a la
dignidad humana, al mínimo vital, a la educación, a la salud y a
obligarlos al desplazamiento forzoso a la población de Mingueo,
que estimó en 100 salarios mínimos para cada uno de los
demandantes.
.- Que la condena respectiva sea actualizada, de conformidad
con lo previsto en artículo 178 del CCA ajustando el valor desde
el día en que se produjeron los daños hasta la fecha de
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ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso.
.- Que se condene a las accionadas en costas.
I.2. La parte actora fundamentó su demanda, en síntesis, en los
siguientes hechos:
1.- Que los actores se han dedicado a las actividades
agropecuarias por más de 20 años, actividad de la cual ha
dependido el sustento de sus familias.
2.- Que como la mayoría no son propietarios de tierras, han
laborado en la actividad agropecuaria utilizando predios
arrendados y dados en comodatos, para la siembra de cultivos
de pan coger.
3.- Que el 3 de julio de 2004, la Dirección de Antinarcóticos de
la Policía Nacional -en adelante “DIRAN”- realizó operaciones de
aspersión a cultivos ilícitos en el municipio de Dibulla-Guajira,
las cuales destruyeron plantaciones que eran de propiedad de
los demandantes.
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4.- Que una vez constatados los daños a sus cultivos instauraron
quejas ante la Alcaldía y Personería Municipal de Dibulla para la
reclamación por los daños causados, surtiendo todo el
procedimiento señalado en el artículo 4° de la Resolución 017
de 2001, así como lo establecido en la Resolución 008 de 2 de
marzo de 2007, que derogó la anterior.
5.- Que la Alcaldía de Dibulla por intermedio de la Dirección
Municipal de la UMATA y/o ICA, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 5° y 8° de la Resolución núm. 017 de 4 de octubre
de 2001 de la DIRAN, se trasladó hasta los distintos predios
para verificar los daños ocasionados en los cultivos de pan coger
y determinar si éstos se encontraban mezclados con cultivos
ilícitos, encontrando en dichos predios solo la presencia de
cultivos de pan coger, lo cual plasmó en el formato de
verificación; además determinó el valor de los daños causados
por la aspersión de glifosato en los cultivos de los demandantes.
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6.- Que, por su parte, la DIRAN ordenó visitas de campo
omitiendo la presencia de las personas afectadas, con lo cual
vulneró su derecho al debido proceso al practicar pruebas sin
haber sido notificadas.
7.- Que en diferentes oportunidades los actores solicitaron que
se les notificara la decisión mediante la cual la entidad
mencionada resolvió sus reclamaciones, por lo que, el 13 de
abril de 2010, se les informó que éstas fueron resueltas de
manera negativa y, por ende, interpusieron recursos de
reposición, los cuales fueron rechazados.
I.3. Normas violadas y concepto de violación
La parte actora consideró que la DIRAN con la expedición de los
actos acusados infringió los artículos 1°, 2°, 5°, 6°, 8°, 25, 29,
59, 64, 78, 83 y 90 de la Constitución Política; 221 y 375 del
Código Penal; y la Resolución núm. 008 de 2 de marzo de 2007,
sustentando el concepto de violación, en síntesis, en que con
las actuaciones de la Administración se les vulneró su dignidad
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humana al ser señalados de haber plantado cultivos ilícitos, así
como su derecho al trabajo y al debido proceso; además, se
vieron involucrados en una investigación penal por la supuesta
conservación de este tipo de plantaciones y, en todo caso, las
entidades desconocieron el procedimiento especial señalado en
la Resolución núm. 008 de 2007 aplicable, en su criterio, al
presente caso.
I.4. Contestación de la demanda
La demandada, a través de apoderado, en la contestación de la
demanda2 se opuso a la prosperidad de las pretensiones, debido
a que carecen de fundamentos legales y respaldo probatorio,
razón por la cual solicita mantener la legalidad de los actos
impugnados cuya nulidad se pretende.
Inició sus réplicas en contra de los argumentos que sustentan
la solicitud de nulidad manifestando que los actos
administrativos acusados fueron expedidos en debida forma, ya
2
Folios 702 a 706 del cuaderno núm. 2.
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que una vez efectuada la verificación de los territorios
supuestamente afectados, se pudo determinar que en las
plantaciones de los accionantes también se encontraban
sembrados cultivos ilícitos, hallándose, en consecuencia,
justificadas las actividades de aspersión con base en lo señalado
en el artículo 1° de la Resolución 0013 de 2003 del Consejo
Nacional de Estupefacientes, en el que se advierte que el
programa de erradicación operará en todas las regiones del País
donde se evidencie la presencia de cultivos ilícitos, como únicos
o mezclados.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
El Tribunal Administrativo de la Guajira, mediante sentencia de
27 de marzo de 20143, declaró probada de oficio la excepción
de inepta demanda por indebida escogencia de la acción y se
declaró inhibido para estudiar el fondo del asunto, con
fundamento en las consideraciones que a continuación se
sintetizan, así:
3
Folio 733 a 39 del cuaderno núm. 2.
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Estimó que el problema jurídico consistía en determinar si el
medio de control promovido era el procedente cuando los
hechos alegados en la litis hacen referencia a los perjuicios
ocasionados por la acción de la administración; y aun cuando
no fuera el pertinente, definir si operó el término de caducidad
evitando que se pudiere recurrir a la adecuación de la demanda.
Seguidamente fijó el marco normativo referente a la
responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados
por acción u omisión de las autoridades4, las acciones que
pueden ser ejercidas para la reparación del daño 5 y el marco
jurisprudencial en cuanto a la inepta demanda por indebida
escogencia de la acción y aterrizar en el caso concreto.
Indicó que en el asunto sub examine la litis versa sobre la
solicitud de indemnizaciones pecuniarias con ocasión de un
hecho configurado por la aspersión del herbicida “glifosato” en
las fincas Torcoroma, Tierra Mojada, El Desalojo, Villa Liliana, el
4
Artículo 90 de la Constitución Política.
5
Artículo 85 y 86 Código Contencioso administrativo.
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Diluvio, Cara y Sello (Las Trojas) y Los Alpes, donde tenían
cultivos los accionantes de maíz, yuca, ñame y plátano, entre
otros, y que debido a las fumigaciones de una avioneta adscrita
a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, resultaron
destruidos.
Que aun cuando la pretensión de la demanda se encuentra
encaminada al restablecimiento del derecho por un daño
causado, éste no fue producto de un vicio de nulidad, pues para
que un acto administrativo sea declarado nulo deben confluir
ciertos requisitos así: que infrinja normas legales o en las que
ha debido fundarse el acto; que exista falsa motivación; o con
desviación de las atribuciones propias del funcionario o
corporación que lo profirió.
Al respecto, el a quo precisó que, de conformidad con el material
probatorio obrante en el expediente, la acción generadora de
los perjuicios alegados no fue la expedición de los actos
administrativos señalados en el libelo introductorio, sino la
fumigación aérea con glifosato el 3 de julio de 2004, por lo que,
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en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal,
adecuó las pretensiones a la acción de reparación directa.
Que, así las cosas, se tiene que el actuar de la Policía
Antinarcóticos que generó perjuicio en los cultivos por la
aspersión con glifosato se llevó a cabo el día 3 de julio de 2004,
y pese a que los accionantes mantuvieron en constante
movimiento el aparato administrativo con la presentación de
quejas, derechos de petición y finalmente los actos que
confirmaron la posición negativa del Ministerio de Defensa
Nacional Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos, ya había
operado la caducidad de la acción de reparación, la cual debía
promoverse dentro del término de dos (2) años contados a
partir del hecho dañoso; y que como la acción de nulidad se
presentó el día 11 de enero de 2011, cuando debió serlo el 3 de
julio de 2006, lo fue por fuera del término previsto en la ley para
el ejercicio oportuno de la acción.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
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La parte demandante, mediante escrito de 24 de abril de 20146
impugnó la sentencia de 27 de marzo de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo de la Guajira, por la cual se declaró
probada de oficio la excepción de inepta demanda por indebida
escogencia de la acción y se inhibió para estudiar de fondo el
asunto.
En sustentó de su inconformidad alegó, en síntesis, lo siguiente:
Que no es la operación en sí la que generó el daño a los
accionantes, por cuanto además de que la misma se realizó bajo
un fundamento “lícito” que de existir en los cultivos fumigados
ilícitos, o cultivos lícitos mezclados con ilícitos, no habría lugar
al resarcimiento de los perjuicios o reposición de cultivos; sin
embargo, lo que ocurrió en el presente asunto es que el Estado
estableció un procedimiento administrativo cuando con este tipo
de aspersiones se causan daños a personas o a cultivos lícitos,
es decir, la ley no ha previsto como primera vía la judicial
(Reparación Directa) para la reclamación de dichos perjuicios,
6 Folios 741 a 750 del cuaderno del Consejo de Estado.
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sino que se ha dispuesto una actuación administrativa
(Resolución 017 de 2004) en la que se debe demostrar que en
el predio afectado por la fumigación solo había cultivos lícitos y
de allí el derecho a resarcir.
Insistieron en que existe una regulación y un procedimiento
legal para atender las quejas por daños causados por aspersión
a cultivos, procedimiento que al no respetarse puede causar un
enorme daño a las víctimas como en efecto ocurrió, pues en la
espera de una decisión administrativa se les dejó sin posibilidad
de ejercer acciones oportunas acrecentando aún más los
perjuicios causados; que si el procedimiento administrativo se
hubiera realizado con respeto al principio de celeridad, debido
proceso, publicidad y contradicción a los accionantes no se les
habría causado el daño reclamado (la reposición de sus
cultivos); pero que como los actos cuestionados fueron
expedidos con desconocimiento de las normas, la consecuencia
es que aun hoy se encuentren ejerciendo acciones con el objeto
de que el Estado les restablezca sus derechos.
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Manifestaron que los perjuicios que sufrieron no se dieron por
las actuaciones realizadas por la DIRAN el 3 de julio de 2004,
sino por el procedimiento administrativo que surtió esa entidad
para la verificación de los daños ocasionados por la referida
operación, el cual se materializó mediante los actos
administrativos que pretende sean declarados nulos, por lo que
la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del
derecho.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
.- La parte demandada en su escrito de alegatos esgrimió, en
síntesis, los siguientes argumentos:
Estimó que la escogencia de la acción por parte de los
accionantes fue indebida y no tiene relación con los supuestos
derechos conculcados mencionados en la demanda, debido a
que el objetivo es lograr la indemnización por las actividades de
aspersión, siendo inepta la demanda por indebida escogencia
de la acción.
Agregó que los actos administrativos se establecieron en el
marco legal competente, bajo su presupuesto de procedimiento,
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y en ningún momento violaron el debido proceso de los
quejosos.
Señaló que la visita de campo fue realizada dentro del tiempo y
por las autoridades competentes, cuyo resultado fue la
identificación de cultivos ilícitos mezclados con lícitos en cada
uno de los predios, razón principal del rechazo de las solicitudes.
Indicó que la valoración a tener en cuenta debe ser frente a los
siguientes aspectos: i) Proceso para el trámite de quejas por
aspersión, ii) antecedentes, titularidad, georreferenciación,
acervo probatorio, criterios científicos, marco jurídico y derecho
comparado (ámbito demostrativo de que el glifosato no genera
daños a la salud, ni a los cultivos lícitos).
Que es inconducente e inmoral que el abogado de los
accionantes pretenda inducir a error al Consejo de Estado para
lograr una indemnización por una actividad ilícita, corroborada
por el comité interinstitucional que realizó la visita “in situ”.
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.- La parte demandante y el Ministerio Público, en esta etapa
procesal, guardaron silencio.
V.- CONSIDERACIONES
Ante todo, la Sala precisa que en este caso limitará el análisis
de la cuestión litigiosa a lo decidido en la sentencia de primera
instancia y a los argumentos expuestos por el recurrente en el
escrito de apelación, en virtud de lo dispuesto por el artículo
328 del Código General del Proceso.
El acto administrativo demandado
En la demanda se solicita la nulidad de los actos administrativos
emanados de la DIRAN núms. 4155, 4151, 4141, 4139, 4137, 4131,
4132, 4135, 4143, 4144, 4147, 4149, 4153, 4159, 4161, 4163, 4165,
4177, 4167, 4171, 4173, 4157 y 4169 de 10 de junio de 20107, notificadas
el 19 de junio de 2010, mediante los cuales se resuelve el recurso de
reposición contra autos que niegan quejas, confirmando su rechazo y se
ordena el archivo de las mismas.
7 Folios 18 a 157 del cuaderno núm. 1.
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Que, como consecuencia de lo anterior, se dejen sin efectos los actos
administrativos núms. 1908, 1789, 1817, 1820, 1839, 1849, 1862, 1865,
1866, 1944, 1952, 1943, 1425, 1881, 1870, 1873, 1892, 1897, 1911,
1916, 1941, 1868 de 16 junio de 2005, notificados el 13 de abril de 2010,
mediante los cuales se rechazaron las quejas impetradas por los
demandantes8.
El problema jurídico
El problema jurídico que se plantea consiste en establecer si la
sentencia de primera instancia, mediante la cual se declara
probada de oficio la excepción de inepta demanda por indebida
escogencia de la acción, debe ser revocada, modificada o
confirmada, en consideración a que la acción pertinente para
reclamar los perjuicios por un hecho dañoso es la de reparación
directa de que trata el artículo 86 el Código Contencioso
Administrativo y no la de nulidad y restablecimiento del
derecho, prevista en el artículo 85 ibidem.
8 Folios 1 y 2 del cuaderno principal de primera instancia.
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Debe la Sala dilucidar cuál era la acción procedente para
demandar el acto acusado, pues el a quo no hizo el estudio de
fondo al considerar que en el caso concreto no era procedente
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurada.
Caso concreto
Para efectos de dirimir la cuestión litigiosa, considera la Sala
pertinente referirse a los presupuestos de procedencia de las
acciones de reparación directa y de nulidad y restablecimiento
del derecho.
Al respecto, prevén los artículos 85 y 86 del CCA, lo siguiente:
“ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
ARTÍCULO 85. Toda persona que se crea lesionada en un
derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se
declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en
su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La
misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una
obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó
indebidamente.
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA.
ARTÍCULO 86. La persona interesada podrá demandar
directamente la reparación del daño cuando la causa sea un
hecho, una omisión, una operación administrativa o la
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ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de
trabajos públicos o por cualquiera otra causa.
Las Entidades Públicas deberán promover la misma acción
cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una
actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un
servidor o ex -servidor público que no estuvo vinculado al
proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la
actuación de un particular o de la otra Entidad Pública”.
De conformidad con lo previsto en el Título XI del CCA y la
jurisprudencia de esta Corporación9, la escogencia de los
medios de control en ejercicio de los cuales se deben tramitar
los asuntos de conocimiento de esta jurisdicción no depende de
la discrecionalidad del demandante, sino del origen del perjuicio
alegado y del fin pretendido.
9
Al respecto, y en relación con los supuestos de procedencia de las acciones de reparación directa y de la de nulidad y
restablecimiento del derecho esta Sala en providencia del 19 de julio de 2007, rad. 33.628, C.P. Ruth Stella Correa
Palacio, señaló:
“Con la acción de reparación directa en los términos del artículo 86 del C.C.A. se busca la declaratoria de responsabilidad
del Estado, cuando con un hecho, omisión, operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un
inmueble por causa de trabajos públicos o cualquier otra causa, se ocasione un daño antijurídico que se le pueda
imputar y, por ende, tiene el deber jurídico de indemnizar. Jurisprudencialmente se ha establecido, además, como la
acción idónea para demandar la indemnización por el daño causado por el acto legal, cuando este rompe el principio
de la igualdad frente a las cargas públicas.
“La acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por su parte, es procedente cuando el daño proviene del acto
administrativo ilegal y para lograr su reparación es menester que el juez declare su nulidad, porque solo entonces el
daño causado por éste será antijurídico y comprometerá la responsabilidad patrimonial del Estado. Es decir, que
siempre que exista un acto administrativo con el cual se afirma haber causado un perjuicio, y del cual se acusa su
ilegalidad, ésta será la acción correcta”.
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Es así como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
prevista en el artículo 85 del CCA, dispone que toda persona
que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma
jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo y se le restablezca en su derecho, pudiendo
solicitar así mismo que se le repare el daño. Se trata pues de la
acción procedente para todos aquellos casos en los cuales el
particular sufre un daño cuyo origen se halla en un acto
administrativo, generalmente de carácter particular y concreto,
con la observación adicional de que debe tratarse de un acto
administrativo que se considere ilegal, puesto que la acción
procede, precisamente, para que se declare por el juez
administrativo la nulidad del acto demandado y como
consecuencia de tal declaratoria, que ordene el restablecimiento
del derecho conculcado, vulnerado o desconocido y/o la
indemnización de los perjuicios causados con dicho acto ilegal,
siendo requisito sine qua non la declaratoria de nulidad del acto
demandado para obtener dicho restablecimiento.
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Y la reparación directa, en los casos en los que la causa de las
pretensiones se encuentra en un hecho, omisión, operación
administrativa o en un acto administrativo, siempre que no se
cuestione su legalidad10 .
La Corporación también ha considerado que la reparación
directa es la vía procesal adecuada para solicitar la
indemnización de los perjuicios derivados de: i) un acto
administrativo particular que no sea susceptible de control
judicial por haber sido revocado en sede administrativa11; o ii)
un acto administrativo de carácter general, previa declaratoria
de nulidad y siempre que entre el daño y el acto general no
medie uno de carácter subjetivo que pueda ser objeto de
cuestionamiento en sede judicial12, lo que quiere decir que “si
la causa directa del perjuicio no es el acto administrativo
anulado, sino un acto administrativo particular expedido a su
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2006,
Radicación núm.. 16.079, Consejero Ponente, Ramiro Saavedra Becerra.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 24 de agosto de 1998,
Radicación núm. 13.685, Consejero Ponente, Daniel Suárez Hernández.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 15 de mayo de 2003, Radicación
núm. 23.205, Consejero Ponente, Alier Hernández Enríquez, y sentencia del 21 de marzo de 2012, Radicación núm.
21.986, Consejero Ponente, Hernán Andrade Rincón
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amparo, debe acudirse a la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho debido [a] que sólo a través de ella puede destruirse
la presunción de legalidad que lo caracteriza” 20 .
Asimismo, se ha señalado que este medio de control, -
reparación directa-, es el mecanismo procesal idóneo para pedir
el resarcimiento de los perjuicios derivados de la revocatoria de
un acto particular o la nulidad de un acto administrativo de
carácter general13.
Ahora bien, la Resolución 0017 de 2001, del CONSEJO
NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, propendió por la adopción de
un mecanismo expedito que atendiera ágilmente las quejas
presentadas por las personas afectadas con el programa de
aspersión aérea con el herbicida glifosato, y al efecto ilustra
sobre los pasos a seguir en virtud del mencionado trámite,
destacando dentro de éste, que el grupo de quejas procede a
reponer a los afectados sus plantaciones lícitas siempre y
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 5 de julio de 2006,
Radicación núm. 21.051, Consejera Ponente, Ruth Stella Correa Palacio.
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cuando éstos no hubieren iniciado una acción judicial y
prejudicial.
El referido procedimiento administrativo se regulaba, entre
otras, por las siguientes reglas14:
“Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente resolución es
adoptar un procedimiento expedito para la debida
atención de las quejas presentadas por las personas
presuntamente afectadas por el Programa de Aspersión
Aérea de Cultivos Ilícitos con el herbicida glifosato, con el
fin de garantizar la protección de sus derechos fundamentales,
según los términos de la Constitución Política de Colombia.
Artículo 2°. Autoridades responsables. La Dirección
Nacional de Estupefacientes y la Dirección Antinarcóticos
de la Policía Nacional son las autoridades responsables
de atender y tramitar las quejas presentadas por los
ciudadanos presuntamente afectados con el Programa de
Aspersión Aérea de Cultivos Ilícitos con el herbicida glifosato,
observando los principios de celeridad, eficacia, transparencia,
buena fe y oportunidad, así como los demás consagrados en las
normas legales vigentes.
Artículo 3°. Recepción de la queja. Las quejas presentadas
por operaciones de erradicación de cultivos ilícitos mediante
aspersión aérea con el herbicida Glifosato serán
recepcionadas por las Personerías Municipales, por su
condición de Ministerio Público con presencia en todos los
municipios del País.
[…]
Artículo 6°. Remisión de la queja a la Dirección Nacional
de Estupefacientes. Dentro de los dos (2) días siguientes a la
verificación preliminar el Personero Municipal remitirá
simultáneamente la queja y el acta de verificación
preliminar a la Dirección Antinarcóticos de la Policía
14
En la transcripción de las normas no se incluyen las reformas introducidas por la Resolución núm. 08 de 2007, por no
encontrarse vigente para la época de los hechos la referida resolución.
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Nacional y copia de la queja a la Dirección Nacional de
Estupefacientes, informando de este hecho al quejoso.
[…]
Artículo 9°. Reposición de cultivos. El grupo de quejas
repondrá exclusivamente a los afectados en sus plantaciones
lícitas como consecuencia directa de la aspersión aérea con el
herbicida glifosato en aplicación del Programa de Erradicación
de Cultivos Ilícitos, siempre y cuando éstos no hubieren
iniciado una acción prejudicial o judicial.”(La Sala destaca
y subraya).
Descendiendo al caso concreto se tiene que el 3 de julio de 2004
la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, que en
adelante se denominará “DIRAN”, realizó operaciones de
aspersión a cultivos ilícitos en el municipio de Dibulla – Guajira,
las cuales destruyeron plantaciones que eran de propiedad de
los demandantes.
Como consecuencia y en consideración a que para la fecha se
encontraba vigente el procedimiento administrativo especial
previsto en la Resolución 017 de 2001, “Por la cual se adopta
un procedimiento para la atención de quejas derivadas
de los presuntos daños causados por la aspersión aérea
con el herbicida glifosato dentro del marco Programa de
Erradicación de Cultivos Ilícitos”, entre el 8 de julio de
2004 y el 23 de julio del mismo año los señores Teófilo Caro
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Peñaloza15, Mónica Cecilia Sánchez Durango16, Edulfo José
Movilla Ortiz17, Rafael de Jesús Manjarrez18, Edwin Narváez
Fontalvo19, Gabriel Eduardo Manjarrez Yepes20, José Herrera
Becerra21, Leovigido Salas Machacóm22, Sara Esmir Sánchez
Ropero23, Jhon Mario Cárdenas Robles24, Manuel Vicente
Villegas Meza25, Oscar Castillo Manganez26, Fernando Enrique
Rodríguez Atencia27, Alida Rosa Herrera Herrera28, Atilio Manuel
Moreno García29, Wilson Sierra Simanca30, Régulo Jacinto
Montes Guzmán31, Jairo Rafael Torres Huette32, Ana Beatriz
Arias Sierra33, Carlos Antonio Palacio Patiño34, Miguel Arias
Díaz35, Rafael Antonio Conde Ramos36 y Dalila Beatriz Sierra37,
15 Folio 424 del cuaderno Núm.2.
16 Folio 429 del cuaderno Núm.2.
17 Folio 432 del cuaderno Núm.2.
18 Folio 435 del cuaderno Núm.2.
19 Folio 438 del cuaderno Núm.2.
20 Folio 441 del cuaderno Núm.2.
21 Folio 449 del cuaderno Núm.2.
22 Folio 238 del cuaderno Núm.2.
23 Folio 211 del cuaderno Núm.2.
24 Folio 207 del cuaderno Núm.2.
25 Folio 203 del cuaderno Núm.2.
26 Folio 187 del cuaderno Núm.2.
27 Folio 189 del cuaderno Núm.2.
28 Folio 169 del cuaderno Núm.2.
29 Folio 256 del cuaderno Núm.2.
30
Folio 179 del cuaderno Núm.2.
31 Folio 264 del cuaderno Núm.2.
32 Folio 231 del cuaderno Núm.2.
33 Folio 268 del cuaderno Núm.2.
34 Folio 223 del cuaderno Núm.2.
35 Folio 227 del cuaderno Núm.2.
36 Folio 251 del cuaderno Núm.2.
37
Folio 234 del cuaderno Núm.2.
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radicaron ante la Personería Municipal de Dibulla-Guajira,
quejas por los supuestos perjuicios causados con las
aspersiones con glifosato que, según ellos, se efectuaron sobre
sus cultivos el 3 de julio de 2004, por lo que solicitaron evaluar
los daños “ y por parte del ESTADO el resarcimiento de los daños
causados”.
Las reclamaciones fueron decididas por la Dirección de
Antinarcóticos de la Policía Nacional, a través de las
Resoluciones 178938, 181739, 182040, 183941, 184942, 186243,
186544, 186645, 187046, 187347, 1878, 189248, 1897, 190849,
194450, 195251, 142552, 188153, 189754, 1905, 191155, 191656,
38 Folios 184 a 186 del cuaderno Núm.1.
39 Folios 180 a 182 del cuaderno Núm.1.
40 Folios 200 a 202 del cuaderno Núm.1.
41 Folios 204 a 206 del cuaderno Núm.1.
42 Folios 208 a 210 del cuaderno Núm.1.
43 Folios 212 a 214 del cuaderno Núm.1.
44 Folios 216 a 218 del cuaderno Núm.1.
45 Folios 220 a 222 del cuaderno Núm.1.
46 Folios 244 a 246 del cuaderno Núm.1.
47 Folios 248 a 250 del cuaderno Núm.1.
48 Folios 252 a 254 del cuaderno Núm.1.
49
Folios 186 a 188 del cuaderno Núm.1.
50 Folios 224 a 226 del cuaderno Núm.1.
51 Folios 228 a 230 del cuaderno Núm.1.
52 Folios 232 y 233 del cuaderno Núm.1.
53 Folios 239 a 242 del cuaderno Núm.1.
54 Folios 257 a 259 del cuaderno Núm.1.
55 Folios 261 a 263 del cuaderno Núm.1.
56
Folios 265 a 267 del cuaderno Núm.1.
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194157 y 194358 de 16 de junio de 2005, en el sentido de
negar las indemnizaciones pedidas, porque, a su juicio, las
operaciones de aspersión aérea con glifosato estaban
justificadas, debido a que en las siembras de los actores se
encontraron cultivos ilícitos.
Los actores en diferentes oportunidades, solicitaron se les
notificara la decisión mediante la cual la entidad resolvió sus
reclamaciones y, mediante orden impartida por un Juez
Constitucional, 6 años después, el 13 de abril de 2010, se les
informó que éstas fueron resueltas de manera negativa, y
contra tales decisiones se interpusieron recursos de reposición,
los cuales, mediante los actos administrativos núm. 4155, 4151,
4141, 4139, 4137, 4131, 4132, 4135, 4143, 4144, 4147, 4149,
4153, 4159, 4161, 4163, 4165, 4177, 4167, 4171, 4173, 4157
y 4169 de 10 de junio de 2010, notificados el 19 de junio de
2010, se resolvieron los recursos contra los autos que niegan
quejas59, confirmando su rechazo y, en consecuencia, se ordenó
57 Folios 269 a 271 del cuaderno Núm.1.
58 Folios 235 a 237 del cuaderno Núm.1.
59
Folios 18 a 157 del cuaderno núm. 1.
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el archivo de las mismas, poniendo fin a la actuación
administrativa, mediante los referidos actos administrativos
definitivos60.
Agotada la vía gubernativa, el 11 de enero de 2011 los actores
presentaron demanda donde expresamente indicaron que
era en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, contra la Nación – Ministerio
de Defensa -Policía Nacional, ya que, a su juicio, la pérdida de
los efectos de las resoluciones acusadas, daba lugar a perjuicios
causados durante el procedimiento administrativo por los daños
ocasionados con la fumigación aérea de glifosato en sus predios
el 3 de julio de 2004, en el Municipio de Dibulla – Guajira.
Mediante sentencia de 27 de marzo de 2014, el Tribunal
Administrativo de la Guajira declaró probada, de oficio, la
excepción de inepta demanda por indebida escogencia de la
acción, pues consideró que las pretensiones no eran
60
Código Contencioso Administrativo; Artículo 50.- […]Son actos definitivos, que ponen fin a una actuación
administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto;[…]
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susceptibles de ser tramitadas a través de la acción de nulidad
y restablecimiento derecho, sino que la procedente era la de
reparación directa, declarándose inhibido para estudiar el fondo
del asunto.
No comparte la Sala las conclusiones a las que arribó el Tribunal,
por las siguientes razones:
Cabe advertir que para la época de ocurrencia de los hechos,
además del medio de control previsto en el artículo 86 del CCA,
se encontraba vigente un procedimiento administrativo especial
y expedito para la reclamación de los perjuicios derivados de las
aspersiones con glifosato con el fin de garantizar la protección
de sus derechos fundamentales, según los términos de la
Constitución Política, expedido por el Consejo Nacional de
Estupefacientes, previsto en la Resolución núm. 017 de 4 de
octubre de 2001, “Por la cual se adopta un procedimiento
para la atención de quejas derivadas de los presuntos
daños causados por la aspersión aérea con el herbicida
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glifosato dentro del Programa de Erradicación de Cultivos
Ilícitos”.
Es así como ante la opción contenciosa o la administrativa, los
actores optaron por esta última para tramitar sus quejas, ya sea
porque consideraron que era más expedita, ágil y sus términos
eran más cortos para la solución de sus reclamos, y como
requisito de procedibilidad para la reposición a los afectados,
siempre y cuando éstos no hubieren iniciado una acción
prejudicial o judicial. Dicho trámite fue agotado por los
demandantes; sin embargo, obtuvieron una decisión
desfavorable a sus intereses, en el sentido de negar las
indemnizaciones reclamadas, actos administrativos expedidos
el 16 de junio de 2005 y notificados el 13 de abril de
2010, procediendo los interesados a interponer los
correspondientes recursos de reposición contra los anteriores
actos administrativos, los cuales fueron resueltos de manera
negativa, quedando así agotada la vía gubernativa.
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Ahora bien, conforme a lo previsto en el inciso final del artículo
50 de CCA: “Son actos definitivos, que ponen fin a una
actuación administrativa, los que deciden directa o
indirectamente el fondo del asunto […]”.
De acuerdo con lo anterior, para la Sala es claro que el
procedimiento administrativo elegido por los demandantes
también era idóneo para obtener el resarcimiento de los
perjuicios ocasionados con la aspersión con glifosato, por estar
vigente y gozar de la presunción de legalidad de dicho
procedimiento (Resolución 017 de 2001), el cual fue agotado
por los demandantes, siendo los actos administrativos mediante
los cuales se denegaron las reclamaciones y los que
posteriormente resolvieron los recursos de reposición, actos
administrativos definitivos, al haber decidido el fondo del asunto
poniendo fin a la actuación administrativa y, por lo tanto, objeto
de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Ahora bien, como ya se tiene precisado por esta Corporación, el
acto administrativo es toda manifestación de voluntad de
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una entidad pública, o de un particular en ejercicio de
funciones públicas, capaz de producir efectos jurídicos, y
entre sus características tenemos, entre otras, la creación,
modificación o extinción de una situación jurídica general o
particular, que impacta los derechos u obligaciones de los
asociados, «sean subjetivos, personales, reales o de crédito»61.
La Sala considera oportuno recordar que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo únicamente se ocupa del estudio de
los actos definitivos, expresos o fictos, que culminen un proceso
administrativo, en la medida en que se presumen legales, gozan
de los atributos de ejecutividad y ejecutoriedad e impactan en
las relaciones de las personas naturales y jurídicas, sus
derechos y obligaciones. En consecuencia, el control judicial de
las decisiones administrativas definitivas se torna obligatorio
dentro de un Estado social de derecho, en aras de garantizar su
validez, así como los valores constitucionales, el imperio del
principio de legalidad y los derechos subjetivos de los asociados.
61
En cuanto al concepto de acto administrativo, ver: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 26 de agosto de
2004, radicación: 2000-0057-01, Consejero Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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No resulta acertado el criterio del Tribunal en cuanto estima que
la acción procedente en este caso debió ser la de reparación
directa ante la existencia de una operación administrativa y
menos con el argumento de que ello también se deduce de las
pretensiones de la demanda que estaban orientadas a la
indemnización de perjuicios.
La acción procedente en el caso sub lite es la de nulidad y
restablecimiento del derecho, por cuanto se está controvirtiendo
la legalidad de unos actos administrativos, como lo son las
resoluciones 178962, 181763, 182064, 183965, 184966, 186267,
186568, 186669, 187070, 187371, 1878, 189272, 1897, 190873,
62 Folios 184 a 186 del cuaderno No. 1 de primera instancia.
63 Folios 180 a 182 del cuaderno No. 1 de primera instancia.
64 Folios 200 a 202 del cuaderno No. 1 de primera instancia.
65 Folios 204 a 206 del cuaderno No. 1 de primera instancia.
66 Folios 208 a 210 del cuaderno No. 1 de primera instancia.
67 Folios 212 a 214 del cuaderno No. 1 de primera instancia.
68 Folios 216 a 218 del cuaderno No. 1 de primera instancia.
69 Folios 220 a 222 del cuaderno No. 1 de primera instancia.
70 Folios 244 a 246 del cuaderno No. 1 de primera instancia.
71 Folios 248 a 250 del cuaderno No. 1 de primera instancia.
72 Folios 252 a 254 del cuaderno No. 1 de primera instancia.
73 Folios 186 a 188 del cuaderno No. 1 de primera instancia.
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194474, 195275, 142576, 188177, 189778, 1905, 191179, 191680,
194181 y 194382 del 2005, que denegaron las indemnizaciones
pedidas, y no la operación administrativa materializada en la
fumigación de los cultivos con el herbicida glifosato.
Ahora, conforme al artículo 85 del CCA, “Toda persona que se
crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica,
podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y
se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que
se le repare el daño[...]”, lo que quiere decir que la
pretensión de indemnización de perjuicios también es
procedente en tratándose de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho y no exclusiva de la acción de
reparación directa.
74 Folios 224 a 226 del cuaderno No. 1 de primera instancia.
75 Folios 228 a 230 del cuaderno No. 1 de primera instancia.
76 Folios 232 y 233 del cuaderno No. 1 de primera instancia.
77 Folios 239 a 242 del cuaderno No. 1 de primera instancia.
78 Folios 257 a 259 del cuaderno No. 1 de primera instancia.
79 Folios 261 a 263 del cuaderno No. 1 de primera instancia.
80 Folios 265 a 267 del cuaderno No. 1 de primera instancia.
81 Folios 269 a 271 del cuaderno No. 1 de primera instancia.
82 Folios 235 a 237 del cuaderno No. 1 de primera instancia.
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Cabe resaltar que a la jurisdicción contenciosa administrativa,
de acuerdo con los artículos 82 a 83 del CCA, le corresponde el
control de la actividad administrativa que realizan las entidades
públicas y las personas privadas en ejercicio de funciones
administrativas, actividad que se traduce en actos, hechos,
operaciones administrativas, omisiones administrativas y
celebración de contratos.
Por su parte, la operación administrativa es la actividad material
de una entidad pública o persona privada en ejercicio de
funciones administrativas, que tiene por objeto la ejecución de
los actos administrativos. Hacer efectivo su cumplimiento.
De tal manera que resulta injustificado que el juzgador de
primer grado se haya abstenido de estudiar el fondo de la
controversia, teniendo a su alcance la facultad oficiosa de
interpretar la demanda, máxime si, como ya se dijo, los
demandantes en su escrito introductorio, indicaron
expresamente, que la demanda se presentaba en ejercicio de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo el
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Tribunal el deber legal de estudiar el fondo del asunto, y no
como lo hizo al declararse inhibido, lo que se traduce en una
violación al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
La Sala estima oportuno traer a colación el criterio de esta
Sección plasmado en la sentencia de 26 de abril de 2013 (dentro
del radicago núm. 50001-23-31-000-2006-01004-01,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en
el cual expresó:
“[…] Cabe advertir que esta Corporación, al estudiar en
segunda instancia los recursos de apelación interpuestos contra
las sentencias dictadas en primera por los Tribunales
Contencioso Administrativos, en las cuales no se ha resuelto el
fondo del asunto -ello ha sido considerado injustificado-, en su
lugar, ha procedido a proferir la providencia de mérito que
corresponda, en aplicación del último inciso del artículo 357 del
C. de P.C., el cual prevé:
“Cuando se hubiere apelado una sentencia
inhibitoria y la revocare el superior, éste deberá
proferir decisión de mérito aun cuando fuere
desfavorable al apelante”.
Sin embargo, la Sala observa que esta norma resulta
incompatible con el texto de los artículos 29 y 31 de la Carta
Política, que consagran el principio de la doble instancia.
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Sobre este principio, la Corte Constitucional en sentencia C-095
de 2003 (Expediente D-4172, Magistrado ponente, doctor
Rodrigo Escobar Gil), precisó:
“… 6.3. De la doble instancia, del debido
proceso y del acceso a la administración de
justicia.
4. El principio de la doble instancia está previsto en
el artículo 31 de la Constitución Política, a cuyo
tenor: "Toda sentencia podrá ser apelada o
consultada, salvo las excepciones que consagre la
ley", en armonía con el artículo 29 del mismo
ordenamiento, que consagra que toda persona tiene
derecho a "... impugnar la sentencia
condenatoria...".
Dicho principio no sólo se encuentra previsto en los
artículos 29 y 31 de la Carta Fundamental, sino que
también aparece consagrado en las normas de
derecho internacional humanitario, concretamente,
en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José) y en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los
cuales le otorgan el carácter de garantía judicial y
de mecanismo de protección, destinado a hacer
efectivos los derechos consagrados en el
ordenamiento jurídico y a velar por la recta
actuación de la administración, máxime en aquellos
casos en los cuales a partir del ejercicio de sus
funciones puede imponer sanciones (v.gr. en los
procesos penales).
Así, en torno al desarrollo del procedimiento penal,
el artículo 8 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José), dispone
que: "Garantías judiciales. (...) 2. Toda persona
inculpada de delito tiene derecho a que se presuma
su inocencia mientras no se establezca legalmente
su culpabilidad. Durante el proceso toda persona
tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes
garantías mínimas: (...) h) Derecho a recurrir el
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fallo ante juez o tribunal superior". A su vez, el
artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos establece que: " (...)5. Toda
persona declarada culpable de un delito tendrá
derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se
le haya impuesto sean sometidos a un tribunal
superior, conforme a lo prescrito por la ley(...).
Luego, la misma Convención Americana sobre
Derechos Humanos, de manera genérica y en
relación con todo tipo de procedimientos, determina
que: "Artículo 25. Protección judicial. 1. Toda
persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido
o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes, que la ampare contra actos
que violen sus derechos fundamentales reconocidos
por la Constitución, la ley o la presente convención,
aun cuando tal violación sea cometida por personas
que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados parte se comprometen:
a) A garantizar que la autoridad competente
prevista por el sistema legal del Estado decidirá
sobre los derechos de toda persona que interponga
el recurso;
b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial,
y
c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades
competentes, de toda decisión en que se haya
estimado procedente el recurso".
Es claro que a partir de la interpretación armónica y
sistemática de la Constitución Política y de los
tratados internacionales de derechos humanos, el
principio de la doble instancia se erige en una
garantía esencial para preservar el debido proceso
y, además, para mantener incólume la integridad de
los derechos e intereses de los asociados.
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En esta medida, el principio de la doble instancia se
convierte en una garantía constitucional que
informa el ejercicio del ius puniendi del Estado en
todas sus manifestaciones, no sólo cuando se trata
de la aplicación del derecho penal por los órganos
judiciales sino también en el derecho administrativo
sancionatorio y, específicamente, en tratándose del
desarrollo y práctica del derecho disciplinario1
5. La doble instancia surgió ante la necesidad de
preservar el principio de legalidad y la integridad en
la aplicación del derecho, ya que asegura la
posibilidad de corregir los errores en que pueda
incurrir el juez o fallador en la adopción de una
decisión judicial o administrativa, y permite
enmendar la aplicación indebida que se haga por
parte de una autoridad de la Constitución o la ley.
Con este propósito, el citado principio - según lo
expuesto -, se constituye en una garantía contra la
arbitrariedad, y en mecanismo principal, idóneo y
eficaz para la corrección de los yerros en que pueda
incurrir una autoridad pública.
6. Es, entonces, indudable que en el origen de la
institución de la doble instancia subyacen los
derechos de impugnación y de contradicción. En
efecto, la garantía del derecho de impugnación y la
posibilidad de controvertir una decisión, exigen la
presencia de una estructura jerárquica que permita
la participación de una autoridad independiente,
imparcial y de distinta categoría en la revisión de
una actuación previa, sea porque los interesados
interpusieron el recurso de apelación o resulte
forzosa la consulta.
La Corte, en relación con el tema, ha determinado
que:
"[t]radicionalmente se ha aceptado que el recurso
de apelación forma parte de la garantía universal de
impugnación que se reconoce a quienes han
intervenido o están legitimados para intervenir en
la causa, con el fin de poder obtener la tutela de un
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interés jurídico propio, previo análisis del juez
superior quien revisa y corrige los defectos, vicios o
errores jurídicos del procedimiento o de la sentencia
en que hubiere podido incurrir el a-quo..."2
7. Por otra parte, el citado principio permite hacer
efectivo el derecho de acceso a la administración de
justicia, ya que éste por su esencia, implica la
posibilidad del afectado con una decisión errónea o
arbitraria, de solicitarle al juez o autoridad
competente la protección y restablecimiento de los
derechos consagrados en la Constitución y la ley3.
Así mismo, la doble instancia tiene una relación
estrecha con el derecho de defensa, ya que a través
del establecimiento de un mecanismo idóneo y
efectivo para asegurar la recta administración de
justicia, garantiza la protección de los derechos e
intereses de quienes acceden al aparato estatal4.
Por consiguiente, mediante la ponderación y
aplicación armónica de estos derechos, se logra
comprometer a las autoridades públicas en el logro
de los fines propios del Estado Social de Derecho,
entre los cuales, se destacan la efectividad de los
principios y derechos consagrados en la
Constitución, la vigencia de un orden justo y el
respeto de la dignidad humana (artículo 2 C.P.)…”.
Como quiera que el asunto a que se contrae la sentencia
dictada en el proceso de la referencia, no está considerado
dentro de los casos que deban ventilarse en única instancia,
resolver de fondo la controversia en la segunda instancia,
implica reemplazar al a quo en el estudio de los cargos de la
demanda que no realizó y equivale a convertirla en única
instancia, privando a la parte desfavorecida del derecho
fundamental de ejercer legítimamente su defensa,
íntimamente ligado al debido proceso y al acceso a la
Administración de Justicia[…]”.
Siguiendo el anterior criterio jurisprudencial, la Sala advierte
que en el presente caso la sentencia proferida en el proceso de
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la referencia no es de única instancia, por lo tanto, resolver el
fondo de la controversia en esta instancia implicaría reemplazar
al a quo en la resolución de los cargos propuestos en la
demanda y que no realizó, lo que equivaldría a convertirla en
única instancia, despojando a la parte vencida en su legítimo
derecho a la defensa, íntimamente relacionado con los del
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Así las cosas, la Sala revocará la sentencia de primera instancia,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva y ordenará
devolver el expediente para que el Tribunal a quo, en el término
de cuarenta (40) días, de conformidad con el artículo 211 del
CCA, profiera sentencia que estudie el fondo de las pretensiones
planteadas en el caso sub examine.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
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F A L L A:
REVOCAR la sentencia de 27 de marzo de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo de la Guajira, para disponer, en su lugar
que, dicho Tribunal, en el término de cuarenta (40) días, de
conformidad con el artículo 211 del CCA, profiera sentencia que
estudie el fondo de las pretensiones planteadas en el caso sub
examine.
En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de abril de 2022.
ROBERTO AUGUSTOSERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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