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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-31-001-2010-00141-01

Fecha
13 de marzo de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-31-001-2010-00141-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA REVÓCASE PARCIALMENTE la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de la Guajira, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, y en su lugar disponer: PRIMERO: DECLÁRASE la falta de legitimación en la causa por activa de Manuela Pushaina, Joaquín Hermes González Pushaina, Hernando González Pushaina y José de los Ángeles González Pushaina. SEGUNDO: CONFIRMASE la decisión de negar las demás pretensiones de la demanda, en la medida que no fue objeto de apelación. TERCERO: Sin condena en costas. CUARTO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 44001-23-31-001-2010-00141-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

13 de marzo de 2024

Expediente: 44001-23-31-001-2010-00141-01 (60869)
Demandante: Jorge Miguel González Pushaina y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 44001-23-31-001-2010-00141-01 (60869)
Demandantes: Jorge Miguel González Pushaina y otros
Demandada: La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada
Nacional.
Referencia: Acción de reparación directa.

Tema 1. Responsabilidad del Estado por accidentes de tránsito fluvial – colisión entre una
embarcación oficial y una particular. Subtema 1.1. legitimación en la causa por activa. Subtema 1.2.
documento idóneo para demostrar el parentesco.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
en contra de la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2017, por el Tribunal
Administrativo de La Guajira, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

I. SÍNTESIS

Vicente González Pushaina y su hijo Dubian1 González, el 18 de mayo de 2008,
mientras realizaban actividades de pesca a bordo de una embarcación artesanal,
colisionaron con una nave de la Armada Nacional que efectuaba patrullaje costero
a la altura de Riohacha. Con ocasión de este accidente, falleció el señor Vicente
González Pushaina, y Dubian González resultó lesionado. Los familiares del
fallecido y del lesionado demandan al Estado porque consideran que la muerte y las
lesiones de las víctimas se ocasionaron en desarrollo de una actividad peligrosa,
como lo es la conducción de vehículos.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda2

Manuela Pushaina; Joaquín Hermes Hernando, José de los Ángeles González
Pushaina; Luz Marina Pushaina; Jorge Miguel, Miguel Casimiro González Pushaina
y Karen Barros González pretenden que esta jurisdicción, en sede de reparación
directa, profiera sentencia de condena a cargo de la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Armada Nacional, con ocasión del fallecimiento de Vicente González
Pushaina y las lesiones sufridas por Dubián González, en los hechos ocurridos el
18 de mayo de 2008, en un accidente náutico a la altura de Riohacha. En
consecuencia, solicitaron que se ordene a pagar a la accionada (i) por concepto de
lucro cesante la suma de $178.920.000, (ii) por concepto de daño emergente “los

1 En todos los documentos el nombre figura sin tilde.
2 Demanda, folios 1 a 15, cuaderno 1.

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Demandante: Jorge Miguel González Pushaina y otros

daños causados al cayuco en que se transportaban, de propiedad de la comunidad
[y] (…) los gastos funerarios, gastos médicos, gastos de representación” y (iii) por
concepto de perjuicios morales, la suma de 180 SMLMV para la madre, 80 SMLMV
para cada uno de los hermanos y 50 SMLMV para cada uno de los sobrinos del
difunto Vicente González Pushaina.

A pesar de que en la demanda se solicita, se declare la responsabilidad del Estado
por la muerte de Vicente González Pushaina y las lesiones sufridas por Dubián
González, lo cierto es que no existen pretensiones concretas sobre el
reconocimiento de perjuicios en relación con el último de los nombrados.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

El Tribunal Administrativo de La Guajira admitió la demanda el 28 de septiembre
de 20103. Notificada la anterior decisión4 y corridos los traslados de ley, la entidad
demandada presentó su escrito de contestación a la demanda.

La Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional5, se opuso a las
pretensiones de la demanda pues consideró que carecían de todo supuesto fáctico
y jurídico. Propuso como excepciones (i) inexistencia de responsabilidad por parte
de la entidad y (ii) culpa exclusiva de la víctima. Afirmó que las razones de la defensa
las expondría al momento de presentar los alegatos de conclusión y una vez se
hubieren practicado las pruebas solicitadas por las partes. Por otra parte, sostuvo
que de lo aportado al expediente se podía concluir que los hechos ocurrieron debido
a la imprudencia de las víctimas, quienes se encontraban navegando en altamar,
sin ningún tipo de señalización, y en horas en las que la visibilidad era nula,
circunstancias estas que en conjunto constituyeron, la única y exclusiva causa del
daño. Aunado a esto, puso de presente que las víctimas se encontraban realizando
una actividad pesquera sin el lleno de los requisitos legales y en una embarcación
sin ningún tipo de seguridad del tipo de la que exigía el Decreto 2324 de 1984. Por
último, indicó que, para derivar consecuencias favorables de su demanda, era
indispensable que los actores acreditaran, además de los supuestos de la
responsabilidad que deprecaban, (i) que su embarcación se encontraba
debidamente registrada ante la autoridad marítima de la zona, (ii) que contaba con
todas las medidas de seguridad y (iii) que contaban con certificado expedido por la
autoridad marítima para realizar pesca en dicha zona.

Agotado el periodo probatorio6, el fallador de primera instancia corrió traslado a
las partes para que alegaran de conclusión, y al Ministerio Público para que
emitiera su concepto7. Así lo hizo la parte demandante8, la Nación Ministerio de
Defensa-Armada Nacional9 y la Procuraduría 154 Judicial ante el Tribunal
Administrativo de La Guajira10.

2.3. La sentencia recurrida

El Tribunal Administrativo de La Guajira profirió sentencia el 14 de septiembre de
2017, en la que declaró responsable a la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Armada Nacional por el daño ocasionado a los demandantes como
3 Auto admisorio de la demanda. Folio 84, cuaderno 1.
4 Diligencia de notificación, folio 167, cuaderno 1.
5 Contestación de la demanda, folios 170 a 186, cuaderno 1.
6 Auto que abrió la etapa de pruebas el 17 de agosto de 2011. Folios 190 a 192, cuaderno 1.
7 Auto que corrió traslado para alegar de conclusión en primera instancia. Folio 243, cuaderno 1.
8 Alegatos de conclusión del demandante. Folios 244 a 249, cuaderno 1.
9 Alegatos de conclusión de la Nación-Ministerio de Defensa-Armada Nacional. Folios 250 y 256, cuaderno 2.
10 Concepto del Ministerio Público. Folios 258 a 264, cuaderno 1.

2

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Demandante: Jorge Miguel González Pushaina y otros

consecuencia del fallecimiento de Vicente González Pushaina. Por lo tanto,
condenó a la demandada a cancelar, por concepto de perjuicios morales, la suma
equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) a favor
de Manuela Pushaina y 50 SMLMV para cada uno de los hermanos, Joaquín
Hermes González Pushaina, Hernando González Pushaina y José de los Ángeles
González Pushaina.

Respecto de Luz Marina Pushaina, Miguel Casimiro, Jorge Miguel González
Pushaina y Karen Barros González, quienes manifestaron acudir como hermanos y
sobrinos del occiso, el Tribunal Administrativo de La Guajira sostuvo que no se
aportaron los elementos necesarios para acreditar el parentesco, en la medida que
no obran en el expediente los registros civiles de nacimiento de Luz Marina
Pushaina, ni de Carmelita Remedios González Pushaina, a través de los cuales se
demostraría sus condiciones de hermanas del finado.

El a quo, en consideración a la pertenencia de los demandantes al pueblo Wayuu
de La Guajira, tuvo en cuenta la flexibilización en la apreciación y valoración de los
medios probatorios. Con todo, no vislumbró pieza procesal alguna tendiente a
demostrar que las personas antes nombradas fueran hermanas del occiso, así como
tampoco de que Luz Marina Pushaina, Miguel Casimiro, Jorge Miguel González
Pushaina y Karen Barros González hubieren resultado damnificados como
consecuencia de los hechos bajo análisis. Por lo tanto, negó las pretensiones
respecto a todos ellos.

En lo relativo a Dubián González (victima directa), tampoco encontró en el
expediente copia de su registro civil de su nacimiento. No obstante, consideró que
conforme a las demás pruebas aportadas al expediente (informes y declaraciones
juradas) se tenía por demostrado que era hijo del difunto Vicente González
Pushaina, y por lo tanto, tuvo por demostrado que Manuela Pushaina es su abuela,
y que Joaquín Hermes González Pushaina, Hernando González Pushaina y José
de los Ángeles González Pushaina son sus tíos.

Al margen de lo anterior, el juez de primera instancia a pesar de encontrar probada
su legitimación, no se pronunció sobre el reconocimiento de perjuicios a favor de la
víctima directa, Dubián González, y sostuvo que, en lo que atañe al perjuicio moral
deprecado como consecuencia de las lesiones sufridas por este, no encontraba
acreditada “la incidencia comprometedora desde el punto de vista psicoafectivo
para sus parientes (…)..”, pues estimó que brillaba “por su ausencia elementos
probatorios tendientes a demostrar que las referidas lesiones les hubiesen
generado un nivel serio de afectación para sus familiares a punto tal que se
hubiesen visto afectados bajo una angustia, zozobra o desespero para ser
indemnizados en los mismos términos de la víctima”, por lo tanto negó dicha
pretensión.

Precisó que, como los hechos que daban origen al caso bajo estudio fueron
dilucidados mediante sentencia proferida por la misma Corporación el 3 de mayo de
201711, se limitaba a reiterar el juicio de imputación jurídica y fáctica allí efectuada.
En consecuencia, citó en apoyo de su juicio de imputación, todas las

11 Tribunal Administrativo de La Guajira, Sentencia del 3 de mayo de 2017, Exp. 44001-23-31-003-2010-00147-

01, actor: Dubián Estivinson González Iguarán y otros, M.P. Carmen Dalis Argote Solano. La pretensión de la
demanda de ese proceso radicó en: “Primera. LA NACIÓN COLOMBIANA-MINISTERIO DE DEFENSA-
ARMADA NACIONAL, son solidaria y administrativamente responsables de los perjuicios materiales y morales
causados a la señora JOSEFINA IGUARÁN IPUANA y a sus hijos DUBIAN ESTIVINSON GONZÁLEZ
IGUALRÁN, JOSÉ DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ IGUARÁN, por falla en el servicio que produjo la muerte al
señor Vicente González Pushaina y lesiones personales a DUBIAN ESTIVINSON GONZÁLEZ IGUARAN”.

3

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Demandante: Jorge Miguel González Pushaina y otros

consideraciones de la providencia indicada, entre otras para descartar la conducta
de la víctima como la causa determinante del daño. Por consiguiente, concluyó que
este le era imputable a la entidad demandada, conforme al régimen subjetivo por
falla del servicio, dado que la Nación-Ministerio de Defensa-Armada Nacional no
cumplió con los protocolos que se debían seguir para la ejecución del tipo de
actividad que ejercía al momento de ocurrir el suceso dañoso y de manera
imprudente no tuvo en cuenta la especial circunstancia atinente a la presencia de
los indígenas en la zona.

Por otra parte, en cuanto a los perjuicios materiales deprecados, el Tribunal puso
de presente que, como en la sentencia proferida en primera instancia al interior del
proceso radicado 2010-00147-00 se condenó a la Nación-Ministerio de Defensa-
Armada Nacional al reconocimiento y pago de los gastos fúnebres y el valor de la
embarcación, no resultaba pertinente condenar dos veces por los mismos
conceptos. En lo relativo a los gastos médicos, sostuvo que, en el proceso no
reposaba prueba alguna tendiente a demostrar su causación y que permitiera
establecer su tasación.

Por último, en relación con el lucro cesante, la providencia apelada solo se
pronunció respecto de las pretensiones de la madre del difunto, Manuela Pushaina
y lo hizo en sentido adverso a éstas. Concluyó que, si bien, de conformidad con la
jurisprudencia del Consejo de Estado era posible presumir que los hijos ayudan a
sus padres hasta la edad de 25 años, lo cierto era que Vicente González Pushaina
falleció a la edad de 57 años, por lo que dicha presunción no era aplicable al caso.
Además, denotó que no había venido al proceso prueba que permitiera corroborar
la dependencia económica que la madre tenía de su hijo.

2.4. El recurso de apelación

La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional interpuso recurso
de apelación12 en contra del fallo de primera instancia, con la pretensión de que esta
Corporación lo revoque y, en su lugar, deniegue las pretensiones de la demanda.
El recurso se sustentó en los siguientes cargos:

2.4.1. Que, conforme a las pruebas aportadas al expediente estaba acreditado que
los hechos ocurrieron debido a la imprudencia de quienes tripulaban la embarcación
particular, ya que navegaban en alta mar sin ningún tipo de señalización y en horas
donde la visibilidad era nula, sin contar con permiso de pesca y sin observar
mínimas medidas de seguridad. En síntesis, que en el asunto se configuraba la
culpa exclusiva de la víctima.

2.4.2. De manera reiterada, aseveró que las víctimas se encontraban realizando
una actividad pesquera sin el lleno de los requisitos legales y en embarcaciones sin
ningún tipo de seguridad, de conformidad con lo que exige el Decreto 2324 de 1984,
que regula la materia.

2.5. Conciliación

El Tribunal convocó a audiencia de conciliación judicial, la cual fue evacuada el 28
de noviembre de 2017, y hubo de declararse fallida13.

12 Recurso de apelación. Folios 283 a 299, cuaderno principal.
13 Auto que convocó a audiencia de conciliación judicial y audiencia de conciliación judicial. Folios 301 y 308 a

309, cuaderno principal.

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Demandante: Jorge Miguel González Pushaina y otros

2.6. Trámite relevante en segunda instancia

Esta Corporación, el 26 de febrero de 201814, admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada; y, el 10 de mayo de 201815, corrió traslado a
las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera
su concepto. Las partes guardaron silencio16, no obstante, por su parte, el
Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, Nicolás Yepes Corrales,
el 15 de junio de 2018, emitió concepto de fondo de la controversia, en el sentido
de requerir a esta Subsección que confirmara el fallo de primera instancia17.

2.7. Impedimento por parte del magistrado Nicolas Yepes Corrales

Mediante escrito del 25 de abril de 201918 el magistrado Nicolás Yepes Corrales
manifestó estar incurso en causal de impedimento por haber rendido concepto en
este proceso, en calidad de agente del Ministerio Público. Dicho impedimento se
declaró fundado mediante auto proferido por el magistrado ponente, el 9 de julio de
201919, toda vez que el consejero se encontraba incurso en la causal establecida
en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso, en consecuencia,
el magistrado ponente avocó el conocimiento de la acción.

III. PROBLEMAS JURÍDICOS

Comoquiera que el recurso de apelación fue presentado únicamente por la parte
demandada, a esta Corporación le está vedado, en principio y salvo las excepciones
establecidas por el legislador, revisar temas del fallo de primera instancia que son
aceptados por el recurrente (bien porque omite reargüirlos en la sustentación del
recurso de apelación o en la medida en que expresamente los elimina de la
discusión, manifestando su asentimiento en relación con ellos) pues, éstos quedan
excluidos del debate y, por lo mismo, debe decirse que, frente a dichos aspectos,
fenece por completo el litigio o la controversia.

3.2. Pues bien, esta Subsección, atendiendo a los cargos que formuló la parte
recurrente contra la sentencia de primera instancia, deberá dar respuesta al
siguiente problema jurídico:

¿El fallecimiento de Vicente González Pushaina, como consecuencia de la colisión
de su embarcación con una nave de la Armada Nacional, esto determinada por un
a actuación culposa de la víctima?

De resultar negativa la respuesta a este problema, tomará las determinaciones a
que haya lugar en materia de perjuicios.

Sin embargo, antes de dar respuesta a esta cuestión, la Sala debe establecer que
se hallen satisfechos los presupuestos de ley para que pueda proferir sentencia de
fondo válida.

14 Auto admisorio del recurso de apelación. Folio 314, cuaderno principal.
15 Auto que corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Folio 317, cuaderno principal.
16 Constancia secretarial. Folio 328, cuaderno principal.
17 Concepto del Ministerio Público en segunda instancia. Folios 319 a 327, cuaderno principal.
18 Folio 329, cuaderno principal.
19 Folios 331 y 332, cuaderno principal.

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Demandante: Jorge Miguel González Pushaina y otros

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto20 iniciado por el ejercicio
de la acción de reparación directa que hicieron los demandantes, pues el proceso
que lo trajo a esta instancia es procedente en atención a su cuantía que,
determinada como se encuentra, por el valor de la suma de todas las pretensiones
acumuladas en la demanda21, que supera la exigida por el artículo 132 del Código
Contencioso Administrativo (CCA)22.

3.2. Vigencia de la acción

El daño objeto de las pretensiones resarcitorias de la demanda, esto es, la muerte
de Vicente González Pushaina y las lesiones de Dubian González, ocurrieron el 18
de mayo de 200823. Por tanto, como el demandante radicó solicitud de conciliación
prejudicial el 18 de mayo de 201024, la cual fue declara fallida el 13 de julio de
201025, y presentó demanda el 14 de julio siguiente26; el ejercicio del derecho de
acción fue oportuno27.

3.3. Legitimación en la causa

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en
relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”28. Como tal, consiste
en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva)
de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho
para postular determinadas pretensiones.

En esta segunda instancia las Sala se detendrá exclusivamente en el estudio de la
prueba de la legitimación en la causa por activa de Manuela Pushaina, Joaquín
Hermes González Pushaina, Hernando González Pushaina y José de los Ángeles
González Pushaina, pues sólo en favor de ellas se profirió la condena al
resarcimiento de perjuicios en la sentencia de primera instancia, y la parte
demandante no presentó, ni sustentó recurso de apelación relativo a la declarada
falta de legitimación por activa de los demás actores.

20 Demanda. Folios 1 a 15, cuaderno 1. En el acápite de “Estimación razonada de la cuantía” el accionante

indicó que “el total de la estimación de la cuantía es de quinientos un millones novecientos setenta mil pesos
$501.970.000”.
21 Artículo 20.2 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 3 de la Ley 1395 de 2010, que

establecía que la cuantía se determinará “por el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al
momento de la presentación de la demanda”.
22 El monto de las pretensiones supera la cuantía requerida por el artículo 132 del CCA, con la modificación

introducida por la Ley 954 de 2005 –500 SMLMV– al momento de la presentación de la demanda, para que un
proceso adelantado en acción de reparación directa fuera considerado como de doble instancia ante esta
Corporación.
23 Conforme a los registros de defunción visibles a folios 111, 125 y 141, cuaderno 1; las necropsias practicadas

por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, folios 326 a 338 del cuaderno 1; y las actas de
levantamiento de cadáver, folios 433 a 453, cuaderno 1.
24 Constancia conciliación prejudicial. Folio 153, cuaderno 1.
25 Acta de conciliación fallida, folio 152, cuaderno 1.
26 Fecha de radicación de la demanda, folio 158. Cuaderno 1.
27 El numeral 8° del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo dispone que el término para formular

pretensiones en sede de reparación directa es de dos años que se cuentan a partir del día siguiente del
acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa que originó el daño reclamado.
28 Corte Constitucional. Sentencia C- 965 del 21 de octubre de 2003.

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Para demostrar la legitimación en la causa por activa, la parte demandante aportó
copia de la partida de defunción de Vicente González Pushaina, una de las víctimas
directas, expedida por la Parroquia Santísima Trinidad de Riohacha29.

Como al proceso vinieron, en condición de demandantes, y a esta instancia lo
hicieron como recurrentes su madre y hermanos, estos debían probar que Manuela
Pushaina era la madre de Vicente, y lo debían hacer con aportación de copia del
registro civil de nacimiento de éste último; y que Joaquín Hermes, Hernando y José
de los Ángeles eran sus hermanos, relación que debían probar con el registro civil
de nacimiento de cada uno de ellos, en asocio de las pruebas ya indicadas, que
demostraran que Vicente era hijo de Manuela.

Lo anterior, porque el artículo 1º del Decreto 1260 de 1970 prescribe que el estado
civil de una persona no es otra cosa que la situación jurídica que los sujetos tienen
en la familia y la sociedad; el artículo 101 de dicho decreto preceptúa que el estado
civil debe constar en el registro del estado civil; el artículo 105 establece que los
hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, ocurridos con
posterioridad a la Ley 92 de 1938, deben ser probados con copia de la
correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los
mismos; y en armonía con las anteriores prescripciones, el artículo 115 habilita la
expedición de copias y certificados que consignen el nombre de los progenitores y
la calidad de la filiación, solamente en los casos en que sea necesario demostrar el
parentesco y con esa sola finalidad.

En relación con la normativa del estado civil antes referida, la Corte Constitucional
ha sostenido que “el estado civil, además de ser una institución de orden público
inherente al ser humano, es la calidad permanente de un individuo dentro de una
sociedad, y su familia, debido a la cual goza de ciertos derechos o se encuentra
sometido a ciertas obligaciones, teniendo incluso efectos con respecto a otras
personas. Igualmente, ha señalado que su función es “demostrar la capacidad de la
persona para que esta pueda ser titular de derechos y obligaciones”, además de
conferir estabilidad y seguridad jurídica. Tiene como fuentes: los hechos, como el
nacimiento; los actos, como el matrimonio; y las providencias, como la interdicción
judicial; así mismo está compuesto por cinco elementos, a saber: la individualidad,
la edad, el sexo, el lugar de nacimiento y la filiación, este último, permite identificar
la relación de parentesco entre padres e hijos”30.

En consecuencia con estos asertos, la Corte Constitucional ha señalado que, “se
ha reconocido prima facie, que los elementos del estado civil, solo pueden
demostrarse mediante el correspondiente registro civil según el Decreto 1260 de
1970 o el respectivo documento de identidad. Pues a diferencia de lo que
anteriormente ocurría con la Ley 92 de 1938, que distinguía entre pruebas
principales y pruebas supletorias (tales como partidas eclesiásticas de matrimonios,
bautismos y defunciones) del estado civil y el nombre, estas últimas perdieron valor
probatorio, por no estar directamente relacionadas con el registro, que así adquiere
un carácter necesario y la prueba se convierte en formal, sin libertad probatoria. Lo
anterior, no constituye un requisito meramente legal, sino que es la única manera
de verdaderamente garantizar no solo el derecho a la personalidad jurídica, sino
además los derechos a la identidad, a la intimidad, al libre desarrollo de la
personalidad, a la expresión y a la familia, siendo el instrumento jurídico que por
excelencia sirve para probar los lazos de consanguinidad y de parentesco, toda vez
que el registro, incluido el nombre, le permite al ser humano distinguirse de los

29 Partida de defunción del señor Vicente González Pushaina, folio 18, cuaderno 1.
30 Corte Constitucional, Sentencia T-107 de 2019.

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demás, gozar de identidad e identificarse en sus relaciones sociales y jurídicas,
entre terceros y ante el Estado, así como también a ser reconocido como sujeto de
derechos y obligaciones”31.

En línea con la aludida preceptiva del estado civil y con la jurisprudencia
constitucional, la Sala encuentra, en este caso, que el certificado de defunción de
Vicente González Pushaina32 no es medio idóneo para demostrar su relación de
parentesco con su madre y sus hermanos, puesto que, de conformidad con el
artículo 105 del Decreto 1260 de 1970, ese parentesco debía ser probado mediante
la aportación del registro civil de nacimiento.

La simple copia del registro civil de Manuela Pushaina33, Joaquín Hermes González
Pushaina34, Hernando Gonzalez Pushaina35 y José de los Ángeles González
Pushaina36, prueba que los tres últimos son hijos de Manuela Pushaina, pero no
demuestran la predicada relación de parentesco entre el occiso y la señora antes
nombrada, ni su relación con quienes dijeron ser sus hermanos.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la sentencia de primer grado consideró que
como las personas que conforman la parte actora son integrantes del pueblo
Wayuu, era procedente flexibilizar la apreciación y valoración de los medios de
prueba, la Sala considera hacer unas precisiones al respecto.

En cuanto a la manera de probar el nombre y el estado civil para las comunidades
indígenas, la Corte Constitucional (T-083 de 2017) ha sostenido que, la no
presentación de un registro civil o una cédula de ciudadanía, en principio, “no puede
ser argumento suficiente para que un operador jurídico concluya que no existe
parentesco o que los apellidos, como elemento integral del nombre de los
accionantes no coinciden y por ende no pertenecen a una misma familia o a una
determinada comunidad”. Para el efecto, debe constatarse que el Estado puso a su
disposición “mecanismos oportunos para que pudieran haberse registrado y, por
consiguiente, la ausencia de registro constituye la no ejecución de una carga que
era efectivamente realizable. En caso de concluir que el Estado no puso a
disposición de dicha comunidad los mecanismos que permitieran adecuadamente
cumplir con esta carga, el juez deberá permitir la presentación de mecanismos
alternativos para probar de manera certera elementos tan importantes como el
parentesco, verbigracia la prueba de ADN, que podrán ser decretados incluso de
oficio, para garantizar no solo el derecho fundamental de acceso a la administración
de justicia, sino el pluralismo que protege el multiculturalismo, y los derechos de las
comunidades indígenas, la personería jurídica de sus integrantes e incluso otra serie
de prerrogativas iusfundamentales que variarán dependiendo de las pretensiones
que los hayan llevado a acudir a los jueces, como por ejemplo: el derecho
fundamental al mínimo vital o pretender una reparación integral de perjuicios. Lo
anterior, siempre y cuando se evidencie que los demandantes explicaron y
probaron durante el proceso, al menos sumariamente, la razón por la cual se
encuentran en la imposibilidad de aportar la prueba formal del registro civil”37
(negrita fuera de texto).

31 Ibidem
32 Certificado de defunción de Vicente González Pushaina, número 2589466, folio 17, cuaderno 1.
33 Registro civil de nacimiento de Manuela Pushaina, indicativo serial 43013552, folio 33, cuaderno 1.
34 Registro civil de nacimiento de Joaquín Hermes González Pushaina, indicativo serial 15743830, folio 35,

cuaderno 1.
35 Registro civil de nacimiento de Hernando González Pushaina, indicativo serial 43013647, folio 39, cuaderno

1.
36 Registro civil de nacimiento de José de los Ángeles González Pushaina, indicativo serial 9143010, folio 37,

cuaderno 1
37 Corte Constitucional, Sentencia T-083 de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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Expediente: 44001-23-31-001-2010-00141-01 (60869)
Demandante: Jorge Miguel González Pushaina y otros

Por consiguiente, conforme a lo expuesto, los demandantes soportaban la carga de
manifestar y demostrar, que pertenecían a una comunidad indígena, y exponer y
acreditar los motivos por los cuales no pudieron aportar el registro civil nacimiento,
para que, a partir de esto, el juez pudiera analizar, con base en lo aportado al
expediente, todas las circunstancias por las cuales el accionante se encontraba
imposibilitado para aportar el documento idóneo que pruebe su estado civil.

Pues bien, aunque la parte actora, en su escrito de demanda, dio a entender que
los integrantes del extremo activo pertenecían a la comunidad indígena Wayuu 38,
no aportó prueba alguna de tal adscripción cultural39, como tampoco para acreditar
que se encontraban en la imposibilidad de allegar el registro civil de nacimiento del
señor Vicente González Pushaina, máxime, cuando lo que está visto es que a pesar
de tal condición pudieron aportar la mencionada prueba respecto de otros
demandantes, por lo que pierde sentido suponer o inferir alguna talanquera cultural
o fáctica que les impidiera o dificultara la consecución del mentado registro.

En consecuencia, de conformidad con la jurisprudencia citada del Tribunal
Constitucional, no procede la flexibilización de la valoración de los documentos
aportados para demostrar la condición que adujeron las pares para venir a este
proceso, pues, se echan de menos los presupuestos que a la luz de lo dispuesto
por la Corte han de obrar para que el juez deba dar un trato preferente a los
demandantes.

Aunado a lo anterior, esta judicatura denota que los demandantes, tampoco podrían
considerarse como terceros damnificados, en la medida en que, en el proceso, no
reposan pruebas que demuestren afectación alguna de padecimiento y dolor
respecto de la muerte del señor González Pushaina, pues los únicos testimonios
aportados al proceso corresponden a los rendidos por Eusebio Enrique Cantillo
Zambrano40 y Everth Enrique Martínez Padilla41 y la finalidad de estos fue demostrar
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el accidente de tránsito
fluvial.

Ante tal falencia probatoria para la debida y fidedigna acreditación de la existencia
del vínculo de Manuela González Pushaina como madre del occiso y de Joaquín
Hermes González Pushaina, Hernando González Pushaina y José de los Ángeles
González Pushaina como sus hermanos, fuerza declarar la falta de legitimación en
la causa por activa.

38 Así se consignó en el hecho sexto de la demanda. “En vida el señor González (Q.E.P.D.) era un líder innato

se preocupaba por la comunidad y mucho más por su familia, ya que era un pilar fundamental para el
sostenimiento de ellos, pues como es de público conocimiento los indígenas Wayuu viven en matriarcado y por
tal razón apoyaban el sostenimiento de su conglomerado”. Folio 4, c. 1.
39 Sobre la acreditación de pertenencia de una persona a una comunidad indígena, la Corte Constitucional ha

dicho que “ El reconocimiento por parte de la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del Ministerio del
Interior de una comunidad indígena, no es el único documento y elemento del cual se deriva la posibilidad de
reconocer su existencia, pues de ser así se afectaría el derecho que tiene una comunidad indígena de
autodeterminarse, y constituiría una intromisión arbitraria del Estado, por cuanto la existencia de la comunidad
indígena y su pertenencia a la misma, no puede depender de que el Estado la incluya en un registro y así lo
certifique, sino que se trata de una condición fáctica que identifica al ser miembro de ella, con independencia
de que sea incorporado a los registros estatales o no, en tanto, en muchos casos por las características de los
mismos grupos étnicos no es posible llevar un registro real íntegro de comunidades y de sus integrantes, y no
puede someterse entonces al reconocimiento, de su identidad a una acreditación formal por una autoridad
estatal desconociendo la condición fáctica del grupo”. Sentencia T-475 de 2014.
Es decir, que la pertenencia puede ser acreditada por cualquier medio, sin embargo, en el presente asunto
solamente obra una mención somera en los hechos de la demanda, la cual no es suficiente para tener por
acreditado el dicho de los demandantes.
40 Testimonio rendido por Eusebio Enrique Cantillo Zambrano, folio 205 y 206, cuaderno 1.
41 Testimonio rendido por Everth Enrique Martínez Padilla, folio 2007 y 208, cuaderno 1.

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Expediente: 44001-23-31-001-2010-00141-01 (60869)
Demandante: Jorge Miguel González Pushaina y otros

Así las cosas, teniendo en cuenta que la sentencia de primera instancia, únicamente
se pronunció sobre los perjuicios de los anteriormente nombrados y dado que la
entidad demandada funge como apelante único, la Sala no realizará ninguna
consideración al respecto, esto en virtud del principio de la no reformatio in pejus.

En consecuencia, se revocará la decisión de primera instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de La Guajira y, en su lugar, se declarará le falta de
legitimación en la causa por activa de Manuela Pushaina, Joaquín Hermes
González Pushaina, Hernando González Pushaina y José de los Ángeles González
Pushaina. En cuanto a la decisión de negar las demás pretensiones, está se
mantendrá incólume, en la medida en que no fue objeto de apelación.

V. COSTAS

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar
a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado
temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no
se efectuará condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

REVÓCASE PARCIALMENTE la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2017
por el Tribunal Administrativo de la Guajira, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia, y en su lugar disponer:

PRIMERO: DECLÁRASE la falta de legitimación en la causa por activa de Manuela
Pushaina, Joaquín Hermes González Pushaina, Hernando González Pushaina y
José de los Ángeles González Pushaina.

SEGUNDO: CONFIRMASE la decisión de negar las demás pretensiones de la
demanda, en la medida que no fue objeto de apelación.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

VF
SABF

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