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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-33-000-2013-00043-01

Caducidad del medio de control de reparación directa

Fecha
2 de julio de 2021
Consejero ponente
María Adriana Marín
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-33-000-2013-00043-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 17 de junio de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera instancia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso. Como agencias en derecho en esta instancia, se fija la cifra de $5.329.126. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador" \h http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 44001-23-33-000-2013-00043-01

Consejero ponente: María Adriana Marín

2 de julio de 2021

MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / REGLAS DE COMPETENCIA / VALOR DE LA PRETENSIÓN MAYOR

El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuestos por la parte demandante (…) toda vez que la cuantía de la demanda, fijada por la pretensión mayor, supera la exigida por la norma para tal efecto.

FUENTE FORMAL: C.P.A.C.A. - ARTÍCULO 157 / C.P.A.C.A. - ARTÍCULO 153

CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / INUNDACIÓN / INUNDACIÓN DE PREDIO / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVA / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN JUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / ACTA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

De conformidad con el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos. En el caso concreto, la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda se originó en el daño que alega haber sufrido la parte actora como consecuencia de la inundación del predio “Palo Negro”, la cual ocurrió el 7 de diciembre de 2010 (…) el demandante radicó solicitud de conciliación extrajudicial el 7 de diciembre de 2012, y el día 29 de enero de 2013, se practicó audiencia de conciliación, la cual se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio (…). Por tanto, al haberse presentado la demanda el 30 de enero de 2013, resulta que la acción se ejerció dentro del término previsto para ese efecto (…).

FUENTE FORMAL: C.P.A.C.A. - ARTÍCULO 164

PRESUPUESTOS PROCESALES / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DE HECHO / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / INUNDACIÓN / INUNDACIÓN DE PREDIO / AGRICULTOR / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / PÉRDIDA DEL CULTIVO / CALIDAD DE ARRENDATARIO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / INCODER / DAÑO OCASIONADO POR LA ADMINISTRACIÓN / SUCESIÓN PROCESAL / AGENCIA DE DESARROLLO RURAL / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LLAMAMIENTO EN GARANTÍA / IMPROCEDENCIA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA / CONTRATO DE OBRA / UNIÓN TEMPORAL MAGDALENA

El señor (...) acude en calidad de directo afectado a fin de que le sean resarcidos los perjuicios ocasionados por la inundación del predio “Palo Negro”, en el que ejercía su actividad económica como agricultor, ubicado en el municipio de San Juan del César, La Guajira. (…)el demandante se encuentra legitimado en la causa por activa, en razón a que no hay duda de que era arrendatario del inmueble y que en el mismo tenía un cultivo de papaya. En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, se observa que al Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural - Incoder se le imputa el daño, debido a la inundación y con ella la pérdida del cultivo de papaya, de propiedad del señor (...). De la contestación de la demanda y de algunos documentos técnicos aportados por ella, se puede inferir que el Incoder suscribió un contrato con la Unión Temporal Magdalena para ejecutar el proyecto de construcción de la represa “El Cercado”, sobre el río Ranchería. Dado que en el expediente no obra el contrato, que en el presente caso solo se demandó al Incoder y que esta entidad no llamó en garantía a la Unión Temporal Magdalena, y que en el plenario no se hace referencia a que alguna otra entidad pública se hubiera visto involucrada o beneficiada con la ejecución del proyecto, es claro que el Incoder fungió como dueño de la obra, motivo por el cual considera la Sala que la entidad está legitimada para actuar dentro del presente asunto.

DAÑO ANTIJURÍDICO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / INUNDACIÓN / INUNDACIÓN DE PREDIO / AGRICULTOR / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / PÉRDIDA DEL CULTIVO / CALIDAD DE ARRENDATARIO / DAÑO OCASIONADO POR LA ADMINISTRACIÓN

En el caso concreto, el daño alegado por el demandante consiste en la pérdida del cultivo de papaya que, según el demandante, estaba cosechando para su venta, toda vez que su actividad económica se basaba en el cultivo y venta de algunos productos agrícolas, entre ellos la papaya y el tomate. El daño se produjo por el proceso de llenado de embalse de la represa “El Cercado”, aledaña al predio “Palo Negro”, donde el señor (...) permanecía en calidad de arrendatario, lo que generó la pérdida del cultivo.

ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / INUNDACIÓN / INUNDACIÓN DE PREDIO / AGRICULTOR / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / PÉRDIDA DEL CULTIVO / CALIDAD DE ARRENDATARIO / DAÑO OCASIONADO POR LA ADMINISTRACIÓN / AUSENCIA DE PRUEBA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR OMISIÓN / INCODER / INEXISTENCIA DE FALLA EN EL SERVICIO / AUSENCIA DE PRUEBA DE FALLA EN EL SERVICIO / INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA

Frente a una posible omisión o conducta irregular por parte del Incoder al momento de realizar las labores de llenado de embalse no se allegó ninguna prueba. De esta forma, la Sala considera que no existen los elementos suficientes para declarar configurada una falla del servicio, pero, por otro lado, dada la magnitud de la infraestructura que implica la construcción de una represa como la del río Ranchería, se entrará a examinar si la presencia de esta implicó un riesgo excepcional para los habitantes de la zona.

ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / INUNDACIÓN / INUNDACIÓN DE PREDIO / AGRICULTOR / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / PÉRDIDA DEL CULTIVO / CALIDAD DE ARRENDATARIO / DAÑO OCASIONADO POR LA ADMINISTRACIÓN / TEORÍA DEL RIESGO / RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD / RIESGO EXCEPCIONAL / REQUISITOS DE TEORÍA DEL RIESGO EXCEPCIONAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR RIESGO EXCEPCIONAL

La teoría del riesgo - peligro - ha sido desarrollada, con anterioridad, por la doctrina y la jurisprudencia en el sentido de considerar que cuando la Administración causa un daño con ocasión de una actividad lícita y necesaria para la vida en sociedad, que implica el uso de un objeto, sustancia o instalación peligrosa, a pesar de que exista un comportamiento diligente y sin falla por parte del ente público, este deberá resarcir el daño causado, por el hecho de haber generado un riesgo anormal para el ciudadano.

NOTA DE RELATORÍA: Ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 26 de marzo de 2008, exp. 16.530, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de febrero de 2016, radicado: 05001 23 31 000 2000 (AG-03491) 01, C.P: Danilo Rojas Betancourth. Sobre la teoría del riesgo, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27 de julio de 2000, rad. n.° 12099, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, sentencia del 29 de agosto de 2007, rad. n.° 15001-23-31-000-1994-04691-01(15494), C.P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia del 8 de junio de 2011, rad. n.° 19001-23-31-000-1998-05110-01(20328), C.P. Hernán Andrade Rincón.

RIESGO / OBRA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD OBJETIVA POR OBRA PÚBLICA / DAÑO CAUSADO POR OBRA PÚBLICA / DAÑO OCASIONADO POR EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA – Construcción y funcionamiento de represa / PROCEDENCIA DE LA TEORÍA DEL RIESGO EXCEPCIONAL / REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR RIESGO EXCEPCIONAL / REQUISITOS DE TEORÍA DEL RIESGO EXCEPCIONAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR RIESGO EXCEPCIONAL / TEORÍA DEL RIESGO EXCEPCIONAL / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR RIESGO EXCEPCIONAL

Con respecto al riesgo creado por proyectos de infraestructura que impliquen la construcción y funcionamiento de una represa, esta Corporación ya se ha pronunciado respecto de los efectos que la presencia de estas instalaciones causan a las comunidades asentadas en sus zonas de influencia, en el sentido de considerar que, a pesar de que estos proyectos, puedan tener una finalidad legítima, dada su magnitud y características tienen unos efectos inherentes que alteran el medio ambiente, las condiciones sociales y económicas de sus cercanías. (…) el hecho de que una represa se estuviera construyendo sobre el río Ranchería, necesariamente generaba un riesgo para las personas asentadas en sus cercanías, razón por la cual, a pesar de que la construcción y funcionamiento de la represa “El Cercado” fuera una actividad lícita y provechosa para el bienestar general, sin importar que hubiera sido construida y operada con una debida diligencia, en caso en que llegara a generar un daño, la Administración, o quien estuviera a cargo del proyecto, está obligado a repararlo.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el riesgo creado por la construcción y funcionamiento de represas, ver Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de febrero de 2016, radicado: 05001 23 31 000 2000 (AG-03491) 01, C.P: Danilo Rojas Betancourth y sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de febrero de 2016, radicado: 05001 23 31 000 2000 (AG-03491) 01, C.P: Danilo Rojas Betancourth. Sobre los efectos del desbordamiento del río Guatapé, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de febrero de 2016, radicado: 05001 23 31 000 2000 (AG-03491) 01, C.P: Danilo Rojas Betancourth, sentencia T 135 de 2013 de la Corte Constitucional.

FUERZA MAYOR / ELEMENTOS DE LA FUERZA MAYOR / IMPREVISIBILIDAD / IRRESISTIBILIDAD / PLAN DE CONTINGENCIA / MATRIZ DE RIESGOS / INEXISTENCIA DE FUERZA MAYOR / RESPONSABILIDAD OBJETIVA POR OBRA PÚBLICA / DAÑO CAUSADO POR OBRA PÚBLICA / DAÑO OCASIONADO POR EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / CLASES DE RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL RIESGO PREVISIBLE / INEXISTENCIA DE FUERZA MAYOR

[P]ara que un evento de la naturaleza pueda ser considerado como fuerza mayor, este debe ser imprevisible e irresistible. La Sala observa que en el plan de contingencia que hace parte del documento “Memoria Técnica para el Cierre del Túnel de Desviación de la Presa El Cercado”, se realizó una matriz de riesgos en donde se estableció la probabilidad y la vulnerabilidad del proyecto ante diferentes siniestros, entre los que se contó el posible aumento del caudal del río como consecuencia de lluvias (…), lo cual permite considerar que el elemento de imprevisibilidad requerido para que se configure la causal eximente de responsabilidad no se cumplió, y, por tanto, el fenómeno climático no se entenderá, en esta ocasión, como una fuerza mayor.

INUNDACIÓN DEL PREDIO / INUNDACIÓN DE PREDIO / MALA FE / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / VENTA DE INMUEBLE / RIESGO / OBRA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD OBJETIVA POR OBRA PÚBLICA / DAÑO CAUSADO POR OBRA PÚBLICA / DAÑO OCASIONADO POR EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA – Construcción y funcionamiento de represa / HECHO DEL TERCERO / INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR HECHO DE UN TERCERO

[L]a Sala considera que, en efecto, existió una conducta maliciosa por parte de la señora (…), dado que, a pesar de conocer de las labores que se llevarían a cabo en la represa “El Cercado” y que estas podrían afectar el predio del cual era propietaria, celebró contrato de arrendamiento con el señor (...), sin poner en conocimiento la situación del predio, el posible riesgo que existía, y, al momento en que se realizó la venta tampoco dio aviso del cambio de propietario, además, no advirtió al Incoder de la existencia de este contrato de arrendamiento. (…) Con respecto a la actuación del Incoder, se encuentra que al momento de negociar las condiciones de la compraventa y de elevar el contrato a escritura pública, la propietaria transfirió el derecho de dominio, garantizando que no existía ningún tipo de limitación para su ejercicio, incluyendo derechos reales de hipoteca ni contratos de arrendamiento (…), lo que determinó la conducta de la entidad, pues, dado que, para el Incoder el predio “Palo Negro” era de su propiedad y estaba vacío, tomó las correspondientes precauciones, las cuales hubieran podido ser diferentes de haber conocido del contrato de arrendamiento vigente. En este sentido la Sala considerará probado el hecho de un tercero.

INUNDACIÓN DEL PREDIO / INUNDACIÓN DE PREDIO / MALA FE / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / VENTA DE INMUEBLE / RIESGO / OBRA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD OBJETIVA POR OBRA PÚBLICA / DAÑO CAUSADO POR OBRA PÚBLICA / DAÑO OCASIONADO POR EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA – Construcción y funcionamiento de represa / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / CONFIGURACIÓN DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / CONOCIMIENTO DEL HECHO / RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA / /

Por otro lado, con respecto a la configuración de una culpa exclusiva de la víctima, la Sala considera que esta causal eximente de responsabilidad también quedó probada en el trámite del proceso. Esto debido a que, aunque la propietaria no hubiera informado de la compraventa del inmueble y del inminente riesgo de inundación, no es posible afirmar el desconocimiento total de estas circunstancias por parte del señor (...), debido a que del derecho de petición presentado ante el Incoder (…), se puede afirmar que para junio de 2010, había realizado una reclamación ante la entidad (…) con el fin de reclamar a la entidad el posible perjuicio que sufriría.

FUENTE FORMAL: LEY 56 DE 1981 – ARTÍCULO 10

INUNDACIÓN DEL PREDIO / INUNDACIÓN DE PREDIO / MALA FE / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / VENTA DE INMUEBLE / RIESGO / OBRA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD OBJETIVA POR OBRA PÚBLICA / DAÑO CAUSADO POR OBRA PÚBLICA / DAÑO OCASIONADO POR EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA – Construcción y funcionamiento de represa / INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR INUNDACIÓN DE PREDIO / AUSENCIA DE PRUEBA / INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL / RUPTURA DEL NEXO DE CAUSALIDAD

Finalmente, la Sala encuentra que existió una conducta suficiente, por parte del Incoder, con respecto a la posible causación de un daño, puesto que i) con el hecho de comprar el predio “Palo Negro”, teniendo como soporte el estudio de títulos allegado (fl. 292, c2.) y los documentos de planeación que indicaban que era necesario inundarlo (fls. 120-169, c. 1), sus acciones estuvieron encaminadas a evitar perjuicios al propietario del predio; además, ii) no existe en el expediente ningún documento o protocolo en el que se estableciera que el Incoder tenía algún deber de verificación, posterior a la compraventa, teniendo en cuenta que esta comprobación la realizó antes de celebrar el contrato con la propietaria y que ella, al momento de elevarlo a escritura pública, no manifestó que el inmueble hubiera sufrido alguna modificación con respecto a sus circunstancias fácticas o jurídicas; por el contrario, en escrituras públicas del 14 de mayo de 2010 (fls. 280- 283, c. 1) y del 25 de agosto de 2010 (fls. 328-330, c. 2), la señora (…) manifiesta que el predio se encontraba libre de todo gravamen o limitación de dominio, entre los que incluye derechos reales de hipoteca y contratos de arrendamiento. De esta forma, la Sala coincide con el Tribunal Administrativo de La Guajira con respecto a que, en el presente caso, se hizo evidente la ruptura del nexo causal entre las actuaciones del Incoder y el daño, debido a que las conductas tanto de la señora Natividad López, como del señor (...) configuraron una causa extraña y, en ese sentido se confirmará la decisión de primera instancia.

MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / COSTAS / CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO / LIQUIDACIÓN DE COSTAS / COSTAS PROCESALES / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / AGENCIAS EN DERECHO

De conformidad con el artículo 188 del CPACA, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil. En efecto, como la condena en costas obedece a un factor objetivo, no se tiene en cuenta la conducta de las partes, sino a los supuestos decantados por la norma. El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en un proceso; sin embargo, el artículo 361 ibídem establece que las costas “están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con el numeral 4 del artículo 366 de esa misma norma. (…) En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 del CGP, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las hubiere.

FUENTE FORMAL: C.P.A.C.A. – ARTÍCULO 188 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 365 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 361 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 366 NUMERAL 3

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 44001-23-33-000-2013-00043-01 (55019)

Actor: TIMOLEÓN CHAPARRO CHAPARRO

Demandado: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / No se configuró una falla del servicio / RIESGO EXCEPCIONAL / CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD / No se logró probar la imprevisibilidad del hecho de la naturaleza / Se configuró la causal eximente de responsabilidad del hecho de un tercero

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 17 de junio de 2015, por el Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

El 7 de diciembre de 2010, se inundó el predio “Palo Negro”, como consecuencia de las labores de llenado de la represa “El Cercado”, ubicada en el río Ranchería, lo que provocó la pérdida de un cultivo de papaya, de propiedad del señor Timoleón Chaparro Chaparro. Una vez efectuada la reclamación correspondiente ante el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural - Incoder, la entidad expuso que el predio en cuestión era de su propiedad, y que, en todo caso, la inundación había sido producida por la ola invernal que se presentó durante los meses de noviembre y diciembre de 2010, en esa región del país.

II. ANTECEDENTES

1.- La demanda

En escrito presentado el 30 de enero de 2013 (fl. 7, c.1), el señor Timoleón Chaparro Chaparro, por conducto de apoderado judicial (fl. 8, c.1), interpuso demanda en ejercicio de la acción de reparación directa en contra del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural - Incoder (hoy representado por la Agencia de Desarrollo Rural), con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable por los perjuicios causados por la pérdida de un cultivo de papaya, a causa de una inundación provocada por el proceso de llenado de la represa “El Cercado”.

El demandante solicitó que se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas:

PRIMERA: Que el INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO RURAL INCODER, es administrativa y patrimonialmente responsable de los perjuicios materiales y morales causados al señor TIMOLEÓN CHAPARRO CHAPARRO, mayor de edad, y de esta vecindad, actuando en su nombre y representación, a raíz de los daños materiales y morales causados con ocasión de la inundación de los cultivos de pancoger, producida por el proyecto del río Ranchería, jurisdicción del municipio de San Juan del Cesar, Guajira.

SEGUNDA: Condenar en consecuencia al INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO RURAL INCODER, a pagar al actor o a quien represente legalmente sus derechos, como reparación o indemnización del daño ocasionado, los perjuicios de orden moral y material, los cuales estimo de la siguiente manera o conforme a lo que resulte probado dentro del proceso así:

DAÑOS MORALES

A favor de TIMOLEÓN CHAPARRO CHAPARRO, mayor de edad, quien actúa en su propio nombre y representación, el equivalente en dinero, efectivo a la fecha de la ejecutoria del fallo la cantidad de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes de los perjuicios que se deriva del dolor sufrido por la pérdida total de sus cultivos a raíz de la inundación causada por la demandada.

DAÑOS MATERIALES

En la modalidad de daño emergente la suma superior a los CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SESENTA MIL PESOS ($442.060.000) discriminadas así:

Casa: $10.000.000
Alberca: $5.000.000
Motobomba: $3.600.000
Mangueras 1.600 metros por una pulgada: $960.000
Mangueras 300 metros por tres pulgadas: $1.500.000
Mangueras 1.000 metros por dos pulgadas: $1.600.000
40 aspersores más accesorios: $2.400.000

Producción por árbol de 50 kilogramos de papaya con un valor promedio de $1.200 Kg.

Total de árboles 1.250 por hectáreas distribuidos en 5 hectáreas para un total de 6.250 árboles de papaya, total de la cosecha $375.000.000

Producción de la cosecha de tomate 30.000 kg por hectáreas a un valor de $700 por kilogramo para(sic). Total de la cosecha $42.000.000

TERCERA: La demanda dará cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A

CUARTA: Las condenas respectivas serán actualizadas de acuerdo con lo previsto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los hechos, hasta la ejecutoria de la correspondiente sentencia definitiva.

QUINTA: Condenar en costas a las demandadas(sic) (Art. 55, L. 446/98).

Como fundamento fáctico de la demanda, se narró que:

El señor Timoleón Chaparro Chaparro, el 1 de octubre de 2009, suscribió contrato de arrendamiento con la señora Natividad López Mendoza, quien para la época era la propietaria del predio “Palo Negro”.

El día 20 de diciembre de 2009 comenzó el proceso de siembra y germinación de semillas de papaya.

En el mes de septiembre de 2010, durante el proceso de construcción de la represa “El Cercado” ubicada en el río Ranchería, se dio inicio al proceso de llenado del embalse, el cual, según las manifestaciones hechas por el Incoder, al momento de socializar el proyecto, tendría un período de duración entre tres (3) y cuatro (4) años.

Pero, realmente, el proceso de llenado de embalse se llevó a cabo de una forma acelerada y culminó en un período de entre tres (3) a cuatro (4) meses, razón por la cual, el 7 de diciembre de 2010, el predio donde el señor Timoleón Chaparro Chaparro ejercía su actividad como agricultor se inundó, lo que ocasionó que su cultivo de papaya se perdiera sin haber sido cosechado.

Como consecuencia de lo anterior, el señor Timoleón Chaparro Chaparro se dirigió al Incoder con el fin de reclamar la indemnización por los daños causados por el proceso de llenado de embalse. La entidad contestó que dado que el Incoder era propietario del predio “Palo Negro”, no podía responsabilizarse por la pérdida de cultivos hechos con posterioridad a la adquisición del inmueble, y, por otro lado, dada su calidad de agricultor, si el peticionario consideraba que había sufrido algún daño en su actividad económica, por cuenta de la ola invernal que para ese momento afectaba esa región del país, podía dirigirse a los comités locales y departamentales con el fin de obtener información sobre los planes de atención implementados por el Gobierno Nacional para afrontar esta emergencia.

2. Trámite de primera instancia

La demanda fue admitida mediante auto del 19 de marzo de 2013 (fls. 53-54, c.1), por el Tribunal Administrativo de La Guajira, y, fue notificada en debida forma a la demandada y al Ministerio Público (fls. 55-58, c.1).

El Incoder contestó oportunamente la demanda (fls. 70-86, c. 1), y señaló, de una parte, que el predio “Palo Negro” había sido adquirido por la entidad, mediante contrato de compraventa celebrado con la señora Natividad López, y no se había autorizado ningún tipo de explotación, y, por el otro, que el fenómeno invernal de La Niña había afectado el proceso de llenado de embalse “El Cercado”, por lo que no existía una relación de causalidad entre el daño reclamado y la actuación de la entidad, puesto que la operación de esta obra de infraestructura no guardaba ningún tipo de relación con fenómenos climáticos; además, argumentó que esta era una situación irresistible e imprevisible.

Sumado a lo anterior, manifestó que no era posible responsabilizar al Estado por una actividad legítima, que, en el caso de la construcción de la represa, buscaba beneficiar a los pobladores de la zona, mejorando el acceso al agua potable, y, que, dada la capacidad de contención de la obra, su mera existencia había minimizado los daños que el fenómeno invernal hubiera podido ocasionar.

Mediante auto del 22 de julio de 2013 (fl. 333, c.3), el Tribunal Administrativo de La Guajira convocó a la audiencia inicial contemplada en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, que se llevó a cabo el día 24 de septiembre de 2013 (fls. 336 – 341, c.3), en la cual, luego de verificar la asistencia de las partes, la inexistencia de nulidades y pronunciarse sobre las excepciones previas, se fijó el litigio así:

El conflicto es derivado de los perjuicios ocasionados al actor, con ocasión de las inundaciones que sufrieron varios predios aledaños a la represa del Río Ranchería, entre ellos el denominado “Palo Negro”, donde el actor tenía cultivos de pan coger, cuando la empresa contratista Unión Temporal Guajira, bajó la compuerta y al no poder subirla nuevamente ocasionó la inundación de dicho predio trayendo como consecuencia la pérdida total de sus cultivos.

Luego de verificar que no existía ánimo conciliatorio, se incorporaron y decretaron algunas pruebas y se fijó fecha para la audiencia de pruebas, la cual se llevó a cabo el 12 de noviembre de 2013 (fls. 352-356, c.3).
Finalmente, en audiencia del 18 de febrero de 2015 (fls. 404 -405, c.3), se cerró el período probatorio, se dio traslado a las partes para que formularan sus alegatos de conclusión en la misma diligencia y se anunció el sentido del fallo.

El apoderado del demandante presentó sus alegatos de conclusión (grabación 1, cd. 4), en el sentido de considerar que se había configurado la responsabilidad del Estado por daño especial, dado que se había probado el daño reclamado (la pérdida del cultivo de papaya) y el nexo causal con la actuación del Incoder. Además, consideró que al señor Timoleón Chaparro Chaparro, en su calidad de inquilino, no se le dio aviso del cambio de propietario, y, que, en todo caso si era necesario que desalojara el predio, se le debió indemnizar previamente por esto.

Por su parte, el Incoder, en sus alegatos (grabación 1, cd. 4) reiteró todos los argumentos que había planteado en la contestación de la demanda; manifestó que i) el daño se había producido por una fuerza mayor, como lo fue el fenómeno de La Niña, que se presentó entre los años 2010 y 2011, en la región; ii) la construcción de la presa no generó ningún daño, sino que, por el contrario, lo contuvo; iii) en todo caso, se le sugirió al señor Timoleón Chaparro Chaparro hacerse parte de los programas del Gobierno Nacional para los damnificados por la ola invernal, y iv) no era posible responsabilizar a la entidad por cultivos existentes en el predio “Palo Negro”, luego de que ella hubiera adquirido su dominio.

El representante del Ministerio Público también intervino en esta oportunidad (grabación 1, cd. 4), en el sentido de señalar que el señor Timoléon Chaparro Chaparro era un tenedor legítimo del predio “Palo Negro”; que el contrato de compraventa se celebró en mayo del 2010, mientras que el contrato de arrendamiento era de octubre de 2009, y, que nunca existió una acción policiva por parte del Incoder ni ningún tipo de reclamación con respecto a la permanencia del demandante en el predio.

Así, teniendo en cuenta todos estos hechos, consideró que i) el daño había quedado probado; ii) su causa fue la construcción de la represa sobre el río Ranchería; iii) las inundaciones no se dieron como consecuencia de una causa extraña, dado que, sin la existencia de la represa en la zona, no se hubieran inundado los predios aledaños; iv) el hecho de que no se esperara el aumento de lluvias en la zona, evidencia un fallo en los cálculos de la ejecución del proyecto, y, por tanto, consideró que el Tribunal debía acceder a las pretensiones de la demanda bajo el régimen objetivo de daño especial, puesto que, a pesar de que la construcción de la represa “El Cercado” obedeció a una actividad legítima del Estado, el daño que ocasionó al demandante evidenció un rompimiento en el equilibrio de las cargas públicas.

3. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 17 de junio de 2015 (fls. 415-423, c. ppal), el Tribunal Administrativo de La Guajira decidió las pretensiones de la demanda. Así:

Primero. Negar las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones que anteceden.

SEGUNDO: Condénese en costas y agencias en derecho a la entidad demandada en cuantía equivalente al 2% de las pretensiones negadas en la sentencia. Por Secretaría tásense las costas.

Tercero. - Ejecutoriada la presente providencia, archívese el expediente previas las anotaciones del caso.

El Tribunal consideró que, aunque se logró probar el daño ocasionado por la entidad demandada, consistente en la inundación que ocasionó la pérdida del cultivo de papaya del accionante, por no haber previsto ni hecho control adecuado de la apertura y cierre de compuertas que causaron la inundación a los predios cercanos al proyecto, el mismo no le era imputable a la entidad sino a un tercero, la señora Natividad López Mendoza, quien era la anterior propietaria del predio y, en la escritura pública en que aceptó la oferta de compra del Incoder, garantizó que el inmueble estaba exento de todo tipo de limitaciones de dominio, incluidos derechos reales de hipoteca y contratos de arrendamiento vigentes.

4. El recurso de apelación

La parte demandante formuló recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia (fls. 426-428, c. ppal) y argumentó que, en virtud del contrato de arrendamiento suscrito con la propietaria del predio, el 1º de octubre de 2009, el señor Timoleón Chaparro era un tenedor legítimo del inmueble. En ese sentido, a pesar de que el contrato de arrendamiento no impedía la transferencia de dominio, el derecho del demandante debía ser respetado por la entidad demandada, por lo que debió, al menos, indemnizarle el valor de los cultivos que perdió. Además, consideró que el daño no fue ocasionado por un tercero -la propietaria del predio-, sino por el Incoder, puesto que la ejecución del proyecto de infraestructura fue la causa de las inundaciones, por lo que la causal de exoneración no se había configurado.

5. El trámite en segunda Instancia

El recurso fue admitido en auto del 10 de septiembre de 2015 (fl. 436, c. ppal.). Mediante providencia del 29 de octubre siguiente (fl. 439, c. ppal.), se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.

En esta oportunidad, el Incoder (fls. 440-443, c. ppal) manifestó que el daño reclamado no había tenido origen en sus acciones u omisiones sino en causas totalmente ajenas a la ejecución de la obra pública de construcción de la presa “El Cercado”, como lo fue un fenómeno invernal. Con respecto de este, la demandada consideró que no era necesaria su prueba, dado que era un hecho notorio no solo su existencia sino el efecto que tuvo, dado que ocasionó que el embalse se llenara en aproximadamente cuatro (4) meses y no en los tres (3) o cuatro (4) años que inicialmente se habían proyectado.

Además, el Incoder reiteró que, en todo caso, para el momento en que se presentaron las inundaciones, la entidad era propietaria del predio en cuestión y no existía ninguna autorización para su explotación.

La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuestos por la parte demandante contra la sentencia del 17 junio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, toda vez que la cuantía de la demanda, fijada por la pretensión mayor, supera la exigida por la norma para tal efecto.

2. Ejercicio oportuno de la acción

De conformidad con el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

En el caso concreto, la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda se originó en el daño que alega haber sufrido la parte actora como consecuencia de la inundación del predio “Palo Negro”, la cual ocurrió el 7 de diciembre de 2010 (fls. 19-22 y fls. 70- 86, c.1).

Según constancia con radicado 1095/2012, emitida por la Procuraduría 154 Judicial Administrativa (fls. 32-33, c.1), el demandante radicó solicitud de conciliación extrajudicial el 7 de diciembre de 2012, y el día 29 de enero de 2013, se practicó audiencia de conciliación, la cual se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio (fls. 44-45, c.1). Por tanto, al haberse presentado la demanda el 30 de enero de 2013, resulta que la acción se ejerció dentro del término previsto para ese efecto (fl. 7, c.1).

3. La legitimación en la causa

El señor Timoleón Chaparro Chaparro acude en calidad de directo afectado a fin de que le sean resarcidos los perjuicios ocasionados por la inundación del predio “Palo Negro”, en el que ejercía su actividad económica como agricultor, ubicado en el municipio de San Juan del César, La Guajira.

A fin de acreditar su calidad de arrendatario del predio “Palo Negro” y la explotación de este, allegó contrato de arrendamiento suscrito con la señora Natividad López (fl. 18, c.1), diligencia de inspección de la UMATA (fl. 17, c.1), y evidencias fotográficas (fls. 19-22, c.1), de modo que el demandante se encuentra legitimado en la causa por activa, en razón a que no hay duda de que era arrendatario del inmueble y que en el mismo tenía un cultivo de papaya.

En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, se observa que al Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural – Incoder se le imputa el daño, debido a la inundación y con ella la pérdida del cultivo de papaya, de propiedad del señor Timoleón Chaparro Chaparro. De la contestación de la demanda y de algunos documentos técnicos aportados por ella, se puede inferir que el Incoder suscribió un contrato con la Unión Temporal Magdalena para ejecutar el proyecto de construcción de la represa “El Cercado”, sobre el río Ranchería. Dado que en el expediente no obra el contrato, que en el presente caso solo se demandó al Incoder y que esta entidad no llamó en garantía a la Unión Temporal Magdalena, y que en el plenario no se hace referencia a que alguna otra entidad pública se hubiera visto involucrada o beneficiada con la ejecución del proyecto, es claro que el Incoder fungió como dueño de la obra, motivo por el cual considera la Sala que la entidad está legitimada para actuar dentro del presente asunto.

4. Problema jurídico

La Sala deberá decidir si en el presente caso se reúnen los presupuestos necesarios para mantener o no la decisión tomada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de La Guajira, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda, por considerar probada una causa extraña en la generación del daño.

4.1. El daño

Con el fin de abordar integralmente la problemática que supone el recurso de apelación interpuesto, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe dilucidar para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado. Una vez establecida la alegada afectación de los intereses de la parte demandante, se entrará a estudiar la posibilidad de imputarla a la demandada.

En el caso concreto, el daño alegado por el demandante consiste en la pérdida del cultivo de papaya que, según el demandante, estaba cosechando para su venta, toda vez que su actividad económica se basaba en el cultivo y venta de algunos productos agrícolas, entre ellos la papaya y el tomate. El daño se produjo por el proceso de llenado de embalse de la represa “El Cercado”, aledaña al predio “Palo Negro”, donde el señor Timoleón Chaparro Chaparro permanecía en calidad de arrendatario, lo que generó la pérdida del cultivo.

A efectos de acreditar el daño antijurídico alegado y el hecho que aduce como fuente, la parte actora aportó a este proceso, varios elementos probatorios, entre ellos, la reclamación efectuada al Incoder a fin de que le fueran resarcidos los perjuicios ocasionados al cultivo de su propiedad, y la respuesta a esa solicitud (fls. 9-16, c. 1); la diligencia de inspección de la UMATA, realizada el 2 de diciembre de 2010 (fl. 17, c. 1), en la cual se verificó la existencia de los cultivos en el predio “Palo Negro”; evidencias fotográficas (fls. 19-22, c. 1), y, los testimonios de los señores Emiliano Balaguera Angarita y Luval Figueroa Buitrago (grabación 1, cd. 3).

Por su parte, la entidad demandada, en relación con las labores de la represa, allegó documentos titulados “Plan de Transición Proyecto Río Ranchería” (fls. 120-169, c. 1); “Memoria Técnica para el Cierre del Túnel de Desviación de la Presa El Cercado”, en el cual se incluía un plan de contingencia (fls. 182-277, c.1); Resolución 01720 del 19 de julio de 2010, proferida por Corpoguajira (fls. 172-177, c.1); estudio de títulos del predio “Palo Negro” (fl. 292, c.2), y documento en el que la señora Natividad López Mendoza acepta la oferta de compra hecha por el Incoder (fls. 294-295, c.2).

Tales pruebas permiten tener por acreditados los siguientes hechos:

El 1 de octubre de 2009, los señores Natividad López Mendoza y Timoleón Chaparro Chaparro celebraron contrato de arrendamiento que tuvo por objeto siete (7) hectáreas del inmueble denominado “Palo Negro”, en el que se estableció una duración de dos (2) años y una destinación exclusiva para el “cultivo transitorio” (fl. 18, c.1).

Para el año 2010, el proyecto de Construcción y Operación Río Ranchería – San Juan del Cesar, que consistía en la construcción de una represa, se encontraba en ejecución (fls. 120-196 y fls. 182-277, c.1).

El 30 de noviembre de 2009, la señora Natividad López Mendoza, propietaria del predio “Palo Negro”, aceptó la oferta de compra formulada por el Incoder, y, en consecuencia, el 14 de mayo (fls. 280- 283, c.2) y el 25 de agosto de 2010 (fl. 328-330, c.2), se elevó a escritura pública el contrato de compraventa del inmueble.

El 7 de diciembre de 2010 (fls. 19-22, c.1), como consecuencia de las labores de llenado de embalse de la represa “El Cercado”, las cuales se llevaron a cabo desde el 5 de agosto hasta el 7 de diciembre de 2010 (fls. 70- 86, c.1), se inundó el predio “Palo Negro”, lo que ocasionó la pérdida de los cultivos de papaya de propiedad del señor Timoleón Chaparro Chaparro.

Así, es clara la existencia del daño alegado por el demandante, consistente en la pérdida del cultivo de papaya, ubicado en el predio “Palo Negro”, en el que el señor Timoleón Chaparro Chaparro permanecía como arrendatario.

Por lo anterior, se procede a analizar si el daño le es atribuible al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - Incoder.

4.2. La imputación

Establecida la existencia del daño es necesario verificar si tiene un carácter de antijurídico que sea atribuible a la demandada, y, si se configuró alguna causal eximente de responsabilidad. Este es uno de los aspectos del objeto del recurso de apelación, dado que la parte demandante considera que el Incoder le causó un daño antijurídico, y, no se logró probar ninguna causal eximente de responsabilidad.

Entre las pruebas allegadas por el Incoder, se cuenta con algunos documentos relacionados con la ejecución del proyecto de construcción de la represa “El Cercado”, sobre el río Ranchería, particularmente, la Resolución 1720 de 2001 proferida por la Corporación Autónoma de La Guajira (fls. 172-177, c.1), el “Plan de Transición Proyecto Río Ranchería” (fls. 120-169, c. 1), la “Memoria Técnica para el Cierre del Túnel de Desviación de la Presa El Cercado” (fls. 182-277, c.1), en el que se incluyeron los “Históricos de volumen del embalse y llenado de la Presa El Cercado y curva gráfica del llenado entre agosto a diciembre de 2010”.

Con fundamento en estos documentos se concluye que para la ejecución del proyecto, se determinaron las características de la población aledaña a la represa; los usos que se le daba a la tierra, relacionados con actividades agropecuarias, turísticas, mineras, domésticas e industriales; el uso que hacían de las aguas del río Ranchería; se determinó una posible área de influencia total de 12.786,35 hectáreas, una zona de amortiguamiento de riesgos y la construcción de contraembalses.

Además, con respecto a las labores de llenado de embalse, se estableció que existían épocas del año óptimas para realizar estas labores, así:

Existen dos épocas óptimas de caudales bajos para operaciones de colocación de la tubería de 2.20 m de diámetro y/o colocación de las compuertas ya mencionadas: una al inicio del mes de abril, en la primera década, y la otra entre la tercera década del mes de julio y la segunda del mes de agosto.

Con respecto a la posible afectación de la población cercana al proyecto, se llevaron a cabo actividades de divulgación y socialización, en las cuales se dio un espacio en el que los pobladores de la zona pudieran expresar sus dudas e incertidumbres con respecto de la construcción del proyecto (fls. 141- 143, c.1), y, se informó que el proceso de llenado del embalse tendría una duración de entre tres (3) y cuatro (4) años.

Frente a una posible omisión o conducta irregular por parte del Incoder al momento de realizar las labores de llenado de embalse no se allegó ninguna prueba. De esta forma, la Sala considera que no existen los elementos suficientes para declarar configurada una falla del servicio, pero, por otro lado, dada la magnitud de la infraestructura que implica la construcción de una represa como la del río Ranchería, se entrará a examinar si la presencia de esta implicó un riesgo excepcional para los habitantes de la zona.

La teoría del riesgo – peligro – ha sido desarrollada, con anterioridad, por la doctrina y la jurisprudencia en el sentido de considerar que cuando la Administración causa un daño con ocasión de una actividad lícita y necesaria para la vida en sociedad, que implica el uso de un objeto, sustancia o instalación peligrosa, a pesar de que exista un comportamiento diligente y sin falla por parte del ente público, este deberá resarcir el daño causado, por el hecho de haber generado un riesgo anormal para el ciudadano.

Con respecto al riesgo creado por proyectos de infraestructura que impliquen la construcción y funcionamiento de una represa, esta Corporación ya se ha pronunciado respecto de los efectos que la presencia de estas instalaciones causan a las comunidades asentadas en sus zonas de influencia, en el sentido de considerar que, a pesar de que estos proyectos, puedan tener una finalidad legítima, dada su magnitud y características tienen unos efectos inherentes que alteran el medio ambiente, las condiciones sociales y económicas de sus cercanías.

Tanto la sentencia del 29 de febrero de 2016 del Consejo de Estado, que se pronunció sobre el desbordamiento del río Guatapé, como la sentencia T 135 de 2013 de la Corte Constitucional -en la que se estableció que varias personas, que desempeñaban actividades de pesca artesanal, transporte de carga y construcción, se habían visto afectados por la construcción de la represa “El Quimbo”, sobre los ríos Suaza y Magdalena-, han citado un análisis realizado por la Comisión Mundial de Represas, en el que se afirma:

Las grandes represas han alterado significativamente muchas de las cuencas fluviales del mundo, con impactos destructivos, duraderos y, por lo general, involuntarios, en los medios de vida y las fundaciones socioculturales de decenas de millones de personas que viven en estas regiones. Los impactos de la construcción de represas en las personas y sus medios de vida –aguas arriba y abajo- han sido particularmente devastadores en Asia, África y América Latina, donde los sistemas fluviales existentes servían de soporte a las economías locales y a la forma cultural de vida de una población grande que contiene diversas comunidades. (...) Sin embargo, la inundación de las tierras y la alteración de los ecosistemas fluviales - ya sea aguas arriba o aguas abajo - también afectan los recursos disponibles para las actividades productivas terrestres y ribereñas. En el caso de las comunidades que dependen del cultivo de la tierra y de los recursos naturales, esto a menudo resulta en la pérdida de acceso a los medios tradicionales de subsistencia, incluida la producción agrícola, la pesca, el pastoreo de ganado, la recolección de leña y de productos forestales, para nombrar unos pocos.

Así, el hecho de que una represa se estuviera construyendo sobre el río Ranchería, necesariamente generaba un riesgo para las personas asentadas en sus cercanías, razón por la cual, a pesar de que la construcción y funcionamiento de la represa “El Cercado” fuera una actividad lícita y provechosa para el bienestar general, sin importar que hubiera sido construida y operada con una debida diligencia, en caso en que llegara a generar un daño, la Administración, o quien estuviera a cargo del proyecto, está obligado a repararlo.

De esta forma, bajo un análisis de responsabilidad objetiva por riesgo excepcional, es necesario que se prueben dos elementos: i) el daño y ii) el nexo causal.

Dado que la Sala ya analizó la existencia de un daño, el cual encontró plenamente acreditado y consistió en la pérdida del cultivo de papaya, de propiedad del señor Timoleón Chaparro Chaparro; se procederá a analizar la existencia de un nexo causal entre este daño y las labores de llenado de embalse realizadas en la represa “El Cercado”.

A pesar de que el Incoder, argumentó que al momento en que se hicieron visitas al predio para realizar el correspondiente informe de avalúo (fls. 284-326, c. 2), no se advirtió la presencia de ningún tipo de cultivo, la Sala observa que, según este documento, las visitas se hicieron el 23 de septiembre de 2009, es decir, antes de que el señor Timoleón Chaparro Chaparro celebrara el contrato de arrendamiento.

Por el contrario, en el expediente obra Inspección de la UMATA al predio “Palo Negro” realizada el 2 de diciembre de 2010 (fl. 17, c. 1), en el que consta que el señor Timoleón Chaparro Chaparro tenía establecido un cultivo de papaya, el cual, de conformidad con la evidencia fotográfica aportada (fls. 19-22, c.1) y los testimonios de los señores Emiliano Balaguera Angarita y Luval Figueroa Buitrago (grabación 1, cd. 3), se vio afectado por las inundaciones ocasionadas por las tareas de llenado de embalse de la represa “El Cercado”, de esta forma, es posible afirmar que existió una relación de causalidad entre el llenado del embalse del proyecto del río Ranchería y el daño.

Pero, con el fin de comprobar si esta relación de causalidad se pudo haber visto afectada por una causa extraña, la Sala procederá a examinar si se configuró, una fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o una culpa exclusiva de la víctima.

El Incoder, en repetidas ocasiones, incluyendo la contestación de la demanda y los alegatos de conclusión en segunda instancia, ha insistido en que, el hecho de que el proceso de llenado de embalse se hubiera llevado a cabo en un tiempo menor al proyectado – tres (3) meses en vez de tres (3) o cuatro (4) años -, obedeció al fenómeno climático de La Niña, que aumentó el caudal del río.

Al respecto es necesario aclarar que para que un evento de la naturaleza pueda ser considerado como fuerza mayor, este debe ser imprevisible e irresistible. La Sala observa que en el plan de contingencia que hace parte del documento “Memoria Técnica para el Cierre del Túnel de Desviación de la Presa El Cercado”, se realizó una matriz de riesgos en donde se estableció la probabilidad y la vulnerabilidad del proyecto ante diferentes siniestros, entre los que se contó el posible aumento del caudal del río como consecuencia de lluvias (fls. 269 - 274, c.1), lo cual permite considerar que el elemento de imprevisibilidad requerido para que se configure la causal eximente de responsabilidad no se cumplió, y, por tanto, el fenómeno climático no se entenderá, en esta ocasión, como una fuerza mayor.
Con respecto a la posible configuración del hecho de un tercero o de una culpa exclusiva de la víctima, el Tribunal Administrativo de La Guajira consideró que se había probado la primera de estas causales eximentes de responsabilidad, razón por la cual, fue objeto del recurso de apelación interpuesto por el demandante.

Con el fin de realizar el respectivo análisis, es importante tener clara la línea de tiempo en que sucedió la negociación del predio “Palo Negro”:

De conformidad con el folio de matrícula obrante a folio 299 el cuaderno 2, la señora Natividad López Mendoza era la propietaria del predio “Palo Negro” desde el 27 de julio de 2009.

El 23 de septiembre de 2009 (fls. 284-326, c.2), el Incoder realizó una visita al predio rural para poder determinar el avalúo de este, con el fin de comprarlo.

El 1 de octubre de 2009 (fl. 18, c.1), la señora Natividad López Mendoza y el señor Timoleón Chaparro Chaparro celebraron contrato de arrendamiento.

Mediante documento del 30 de noviembre de 2009 (fls. 294 – 295, c.2), la señora Natividad López Mendoza aceptó la oferta de compra formulada por el Incoder.

Según el derecho de petición formulado ante el Incoder (fls. 9-14, c.1), el señor Timoleón Chaparro Chaparro, el 20 de diciembre de 2009, comenzó con la siembra de semillas de papaya en el predio “Palo Negro”.

En escrituras públicas del 14 de mayo de 2010 (fls. 280- 283, c. 1) y del 25 de agosto de 2010 (fls. 328-330, c. 2) se protocolizó contrato de compraventa entre la señora Natividad López Mendoza y el Incoder.

El 2 de diciembre de 2010, la UMATA certificó la existencia de cultivos de papaya en el predio “Palo Negro”, y

El 7 de diciembre del mismo año, ocurrió la inundación.

Observado este recuento, la Sala considera que, en efecto, existió una conducta maliciosa por parte de la señora Natividad López Mendoza, dado que, a pesar de conocer de las labores que se llevarían a cabo en la represa “El Cercado” y que estas podrían afectar el predio del cual era propietaria, celebró contrato de arrendamiento con el señor Timoleón Chaparro Chaparro, sin poner en conocimiento la situación del predio, el posible riesgo que existía, y, al momento en que se realizó la venta tampoco dio aviso del cambio de propietario, además, no advirtió al Incoder de la existencia de este contrato de arrendamiento.

La Sala encuentra que el Incoder no allegó folio de matrícula en el que conste que, en efecto, se realizó la tradición del inmueble, y, por tanto, la transferencia de dominio.

Dado que en el presente caso, la discusión jurídica planteada no tiene que ver con la titularidad del derecho de dominio existente sobre el predio “Palo Negro”, esta circunstancia solo agrava la culpa de la señora Natividad López Mendoza, puesto que i) para el momento en que aceptó la oferta hecha por la entidad pública - 30 de noviembre de 2009 (fls. 294 - 295, c.2), no solo omitió informar al señor Timoleón Chaparro Chaparro de la futura venta del inmueble y de los riesgos que podrían correr sus cultivos, sino que, ii) aún después de elevado el contrato de compraventa a escritura pública - 14 de mayo de 2010 (fls. 280 - 283, c.1) y 25 de agosto de 2010 (fls. 328-330, c.1)-, ella seguía siendo la propietaria del predio hasta que se hiciera efectiva la tradición, por lo que, en este interregno, no podía desentender sus deberes como propietaria y, por tanto, tenía la obligación de informar al demandante, tanto del cambio de propietario que acaecería como de las razones por las cuales la entidad adquiría el bien.

Con respecto a la actuación del Incoder, se encuentra que al momento de negociar las condiciones de la compraventa y de elevar el contrato a escritura pública, la propietaria transfirió el derecho de dominio, garantizando que no existía ningún tipo de limitación para su ejercicio, incluyendo derechos reales de hipoteca ni contratos de arrendamiento (fls. 280-283, c.1 y fls. 328-330, c.2), lo que determinó la conducta de la entidad, pues, dado que, para el Incoder el predio “Palo Negro” era de su propiedad y estaba vacío, tomó las correspondientes precauciones, las cuales hubieran podido ser diferentes de haber conocido del contrato de arrendamiento vigente. En este sentido la Sala considerará probado el hecho de un tercero.

Por otro lado, con respecto a la configuración de una culpa exclusiva de la víctima, la Sala considera que esta causal eximente de responsabilidad también quedó probada en el trámite del proceso. Esto debido a que, aunque la propietaria no hubiera informado de la compraventa del inmueble y del inminente riesgo de inundación, no es posible afirmar el desconocimiento total de estas circunstancias por parte del señor Timoleón Chaparro Chaparro, debido a que del derecho de petición presentado ante el Incoder (fls. 9-16, c.1), se puede afirmar que para junio de 2010, había realizado una reclamación ante la entidad por “la inminente pérdida de nuestros cultivos y bienes”, en ese mismo sentido, el demandante afirma que el 17 de agosto, el 12 de octubre y el 13 de octubre de 2010, se dirigió a funcionarios del Incoder con el fin de reclamar a la entidad el posible perjuicio que sufriría.

Adicionalmente, de la anterior información se puede inferir que la visita realizada por la UMATA, el 2 de diciembre de 2010, en la cual no participó el Incoder, fue solicitada por el demandante con el fin de constituir prueba de la existencia y composición de su cultivo.

Además, de los testimonios de los señores Emiliano Balaguera Angarita y Luval Figueroa Buitrago (grabación 1, cd. 3), es claro que la existencia de la represa y la posibilidad de inundaciones en la zona habían sido socializadas con los habitantes de los predios aledaños al proyecto. En ese sentido, aunque la propietaria del predio “Palo Negro” no hubiera informado de esta situación, no era posible que el demandante, luego de vivir en el predio por aproximadamente un (1) año, no conociera las circunstancias generadoras de riesgo.

De esta forma, la Sala considera que el demandante no era ajeno a la situación de riesgo, dados los múltiples reclamos previos formulados ante la entidad que, en efecto, era la titular de las operaciones de la represa “El Cercado”; el derecho de petición ya mencionado en el que se expresa claramente que ya conocía de las operaciones de la represa, y que aún así, el 18 de octubre de 2010 (fl. 11, c.1), optó no solo por seguir cultivando papayas, sino también por iniciar el cultivo de treinta mil (30.000) plantas de tomate.

Por esta razón, para el momento en que el señor Timoleón Chaparro Chaparro advirtió un riesgo para sus intereses, debió acudir a la propietaria del predio, con el fin de que cumpliera con su obligación, como arrendadora, de garantizar al arrendatario la tenencia del inmueble en condiciones óptimas para el cumplimiento del contrato de arrendamiento, sobretodo, teniendo en cuenta que en el contrato se estableció que la destinación exclusiva que se le daría al inmueble sería de “cultivo transitorio” (fl. 18, c.1). Esto, debido a que el Incoder, con anterioridad ya había encaminado todos sus actos a comprar el predio, con el fin de evitar cualquier tipo de perjuicio que se pudiera causar a su propietario y ajustó su conducta a las declaraciones dadas por la propietaria según las cuales el inmueble no era objeto de ningún contrato de arrendamiento o hipoteca.

Finalmente, la Sala encuentra que existió una conducta suficiente, por parte del Incoder, con respecto a la posible causación de un daño, puesto que i) con el hecho de comprar el predio “Palo Negro”, teniendo como soporte el estudio de títulos allegado (fl. 292, c2.) y los documentos de planeación que indicaban que era necesario inundarlo (fls. 120-169, c. 1), sus acciones estuvieron encaminadas a evitar perjuicios al propietario del predio; además, ii) no existe en el expediente ningún documento o protocolo en el que se estableciera que el Incoder tenía algún deber de verificación, posterior a la compraventa, teniendo en cuenta que esta comprobación la realizó antes de celebrar el contrato con la propietaria y que ella, al momento de elevarlo a escritura pública, no manifestó que el inmueble hubiera sufrido alguna modificación con respecto a sus circunstancias fácticas o jurídicas; por el contrario, en escrituras públicas del 14 de mayo de 2010 (fls. 280- 283, c. 1) y del 25 de agosto de 2010 (fls. 328-330, c. 2), la señora Natividad López manifiesta que el predio se encontraba libre de todo gravamen o limitación de dominio, entre los que incluye derechos reales de hipoteca y contratos de arrendamiento.

De esta forma, la Sala coincide con el Tribunal Administrativo de La Guajira con respecto a que, en el presente caso, se hizo evidente la ruptura del nexo causal entre las actuaciones del Incoder y el daño, debido a que las conductas tanto de la señora Natividad López, como del señor Timoleón Chaparro Chaparro configuraron una causa extraña y, en ese sentido se confirmará la decisión de primera instancia.

6. Costas

6.1 De conformidad con el artículo 188 del CPACA, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil. En efecto, como la condena en costas obedece a un factor objetivo, no se tiene en cuenta la conducta de las partes, sino a los supuestos decantados por la norma.

El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en un proceso; sin embargo, el artículo 361 ibídem establece que las costas <<están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho>>. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con el numeral 4 del artículo 366 de esa misma norma.

Así las cosas, se condenará en costas a la parte demandante, es decir, a quien interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, debido a que no prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el Tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso.

En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 del CGP, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las hubiere. En ese sentido se observa que:

i) Se trata de un proceso de reparación directa, cuyas pretensiones equivalían a la suma de cuatrocientos cuarenta y dos millones sesenta mil pesos ($442.060.000), a título de daño emergente, y 100 SMLMV por perjuicios morales, cuya sumatoria corresponde a quinientos treinta y dos millones novecientos doce mil seiscientos pesos ($532.912.600), asunto en el que la parte demandante resultó vencida en segunda instancia porque no se accedió a lo pretendido con el recurso de apelación.

ii) Teniendo en cuenta lo anterior, para efectos de la fijación de las agencias en derecho correspondientes a la segunda instancia, acerca de la duración y la complejidad de la gestión procesal, se observa que, además del seguimiento propio que amerita un caso como el presente, la entidad demandada presentó de manera oportuna alegatos de conclusión.

A manera de precisión y para justificar con mayor razón lo expuesto anteriormente, resulta importante destacar que la fijación de agencias en derecho no se ve afectada en el evento en el que la parte haya litigado, incluso, a nombre propio, sin apoderado, pues aun en ese caso tiene derecho a que se fije el monto de agencias para retribuir su actuación, tal como se desprende de lo señalado en los numerales 3 y 4 del artículo 366 del CGP.

Por lo anterior, si la parte actuó a nombre propio y tiene derecho a que se le fijen agencias en derecho a su favor, a pesar de que no incurrió en el pago de honorarios de un apoderado que lo representara, igual razonamiento debe aplicarse cuando se trata de una entidad pública que actúa a través de un apoderado que hace parte de su planta de personal, pues el hecho de que no se hayan realizado pagos adicionales a su salario no enerva la causación de las agencias en derecho como parte de la condena en costas.

En atención a lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo vigente para la fecha en que se presentó la demanda, en materia de tarifas de agencias en derecho se tiene en cuenta lo siguiente:

ACUERDO 1887 DE 2003
(junio 26)
Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho

(…) Artículo 2—Concepto. Se entiende por agencias en derecho la porción de las costas imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa, a cargo de quien pierda el proceso el incidente o trámite especial por él promovido, y de quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, (…).

Artículo 3—Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones.

(…) Artículo 5—Fijación de tarifas. Las tarifas máximas de agencias en derecho se establecen en salarios mínimos mensuales legales vigentes, o en porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la sentencia.

Artículo. 6—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:
(…).

III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

(…)

3.1.2. Primera instancia.
Sin cuantía: Hasta quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Con cuantía: Hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia.

3.1.3. Segunda instancia.
Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia.

Así las cosas, se fijan las agencias en derecho en segunda instancia en el 1% de $532.912.600, es decir, la suma de $5.329.126, que estará a cargo del demandante y a favor de la entidad. La anterior condena deberá incluirse en el auto de liquidación de costas a cargo de la parte vencida, en este caso la demandante.

En cuanto a la condena en costas y agencias en derecho en primera instancia, la Sala advierte que dicha decisión no fue cuestionada por la parte actora a través de recurso de apelación y, por esta razón, no se pronunciará al respecto y se confirmará la decisión de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 17 de junio de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera instancia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

Como agencias en derecho en esta instancia, se fija la cifra de $5.329.126.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link  HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador" \h http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Firmado Electrónicamente

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
La Agencia de Desarrollo Rural – ADR sucedió procesalmente al Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural- Incoder, mediante auto del 10 de mayo de 2017 (fls. 453-544, c. ppal). Según el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011, antes de la modificación efectuada por la Ley 2080 de 2021, la cuantía se determinaba así: “Cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor”. De conformidad con el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, los Tribunales Administrativos conocían en primera instancia de las acciones de reparación directa cuando la cuantía excediera la suma equivalente a 500 SMLMV a la fecha de la presentación de la demanda -30 de enero de 2013-. La pretensión mayor incluida en la demanda fue de “$375.000.000” consistente en el daño emergente que implicó la pérdida de “Total de árboles 1.250 por hectáreas distribuidos en 5 hectáreas para un total de 6.250 árboles de papaya”, suma que supera los 500 SMLMV. El cual fue sucedido procesalmente por la Agencia de Desarrollo Rural – ADR (fls. 453-544, c. ppal). Sucedido procesalmente por la Agencia de Desarrollo Rural – ADR (fls. 453-544, c. ppal). Dentro de este documento, obra un estudio económico y social en el que se determinan las características de la población que habitaba las zonas cercanas a la represa, y, una proyección de los valores que serían sufragados por la entidad, con respecto a la futura compra de varios predios. En un principio se proyectó e informó a la comunidad que este proceso se llevaría a cabo durante tres (3) o cuatro (4) años, pero, realmente el embalse se llenó en un período de entre tres (3) o cuatro (4) meses. Esta afirmación se desprende del “Plan de Transición Proyecto Río Ranchería” (fls. 120-169, c.1), los testimonios de los señores Emiliano Balaguera Angarita y Luval Figueroa Buitrago (grabación 1, cd. 3), y la contestación de la demanda (fls. 70-86, c.1). Ramiro Saavedra Becerra, De la Responsabilidad Patrimonial del Estado, Ibáñez. (2018). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27 de julio de 2000, rad. n.° 12099, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, sentencia del 29 de agosto de 2007, rad. n.° 15001-23-31-000-1994-04691-01(15494), C.P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia del 8 de junio de 2011, rad. n.° 19001-23-31-000-1998-05110-01(20328), C.P. Hernán Andrade Rincón. Ramiro Saavedra Becerra, De la Responsabilidad Patrimonial del Estado, Ibáñez. (2018). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 26 de marzo de 2008, exp. 16.530, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
“El daño causado ha sido la consecuencia de una actividad organizada (económica o no) potencialmente creadora de daños previsibles e inevitables (o al menos inevitables totalmente), actividad que aporta ventajas a su titular y que en cuanto tal está permitida por el ordenamiento, siempre que sean reparados los daños causados a los particulares, en el desarrollo de aquella”. Leguina Villa Jesús, La responsabilidad civil de la administración pública”, editorial Tecnos, 1983, Madrid, p. 146; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de febrero de 2016, radicado: 05001 23 31 000 2000 (AG-03491) 01, C.P: Danilo Rojas Betancourth. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de febrero de 2016, radicado: 05001 23 31 000 2000 (AG-03491) 01, C.P: Danilo Rojas Betancourth. Para un mayor desarrollo respecto de estos efectos adversos ver la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de febrero de 2016, radicado: 05001 23 31 000 2000 (AG-03491) 01, C.P: Danilo Rojas Betancourth. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de febrero de 2016, radicado: 05001 23 31 000 2000 (AG-03491) 01, C.P: Danilo Rojas Betancourth. Corte Constitucional, sentencia T 135 de 2013. M.P. Jorge Iván Palacio; 13 de marzo de 2013.

Contrario a lo considerado por el Tribunal, la Sala tomará la fecha que se estipula en el contrato, debido a que no es necesario que un contrato de arrendamiento sea protocolizado ante notaría para existir. Fechas anteriores a la inundación del inmueble. Aunque la Sala no desconoce que el artículo 10 de la Ley 56 de 1981 establece un procedimiento en sede administrativa para cuestionar los posibles agravios ocasionados por este tipo de proyectos de obra pública, el inciso 1º de esta norma es claro en señalar que este procedimiento esta previsto para los propietarios de los predios que se puedan ver afectados. Por la fecha de interposición de la demanda – 30 de enero de 2013- y del recurso de apelación – 9 de julio de 2015-, no es aplicable al caso concreto la reforma incluida en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El salario mínimo legal mensual corresponde el vigente a la fecha de ejecutoria de la presente providencia, es decir $908,526. La demanda se presentó el 30 de enero de 2013, fecha en la que se encontraba vigente el acuerdo.

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