Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-33-000-2014-00038-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-33-000-2014-00038-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 44001-23-33-000-2014-00038-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
7 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá, D.C. siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 44001 23 33 000 2014 00038 01 (0189–2017)
Demandante: Francisco Núñez Salinas y otros .
Demandado: E.S.E. Hospital Santo Tomás de Villanueva –
Departamento de la Guajira.
Temas: Régimen de cesantías retroactivas en los servidores de la
salud. Régimen anualizado del Fondo Nacional del Ahorro. Ley 6 de
1945. Decreto 3118 de 1968. Ley 10 de 1990. Ley 1437 de 2011.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección “A” procede a resolver el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia de 13 de octubre de
2016, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira , con la
que se negaron las súplicas de la demanda de la referencia.
I. ANTECEDENTES. 1
1.1. Pretensiones de la demanda.
Los señores Francisco Núñez Salinas, Wilfrido Celedó n González,
Arilda López Sierra , Libis Leonor Guerra Vega, Neira Luz Rodríguez
Cataño, Pedro Herr era Manja rrez, Juana Isabel Damián Martínez,
Natividad Saurith Maestre, Enrique Santo Maldonado Verdecia ,
Maricela Millán Fuentes, Maril is Leonor Quintero Quintero, Blanca
Elena Ramírez Bernuy, Claudia María Ovalle Came lo y Urilda
Ramírez Martínez , por intermedio de apoderado judicia l, solicitaron
declarar la nulidad del acto ficto o presunto resultado del silencio
del Departamento de la Guajira ante las peticiones elevadas el 13
y 25 de enero, el 26 de marzo y el 30 de agosto de 2010, por medio
de las cuales pidieron el reconocimient o y pago del auxilio de
cesantías.
1 Folios 1 a 14 del expediente.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Francisco Núñez Salinas y otros
A título de restablecimiento solicitaro n el reconocimiento y pago de
las cesantías anualizadas retroactivamente, descontando lo ya
cancelado por el Fondo Nacional del Ahorro; así como el pago de
intereses moratorios e indexación de los valores correspondientes ;
y el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de acuerdo a la
Ley 244 de 1995.
1.2. Hechos que funda mentan la demanda.
Indicó que los demandantes previamente señalados, al momento de
la radicación de la demanda, se encuentran prestando servicio en
la E.S.E. Hospital Santo Tomás de Villanueva – Depart amento de
la Guajira. Todos ellos, cuentan con afiliación en el Fondo Nacional
del Ahorro en el régimen retroactivo de cesantías .
Los días 13 y 25 de enero, 26 de marzo y 30 de agosto de 2010,
solicita ron al Departamento de la Guajira el reco nocimiento,
liquidación y pago del retroactivo del auxilio de cesantías desde la
fecha de vinculación, peticiones que no fueron contestadas,
configurando así el silencio administrativo negativo.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración.
Considera n que con la actuación de la administración se ha
presentado una vulneración de principios, derechos y d eberes de
orden constitucional, así como de las Leyes 10 y 50 de 1990 , 60 y
100 de 1993, 344 de 1996 y 715 de 2001 y decretos reglamentarios
que determina n el reconocimiento y pago de prestaciones sociales
para los servidores públicos del orden territorial y nacional, lo cual
expuso con transcripciones in extenso de estas.
1.4. Contestación de la demanda.
El Departamento de la Guajira 2, por intermedio de apoderado, se
opuso a las pretensiones de la demanda; además, indicó que, de
acuerdo con las certificaciones anexadas, los demandantes
2 Folios 117 al 120 del expediente.
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Demandante: Francisco Núñez Salinas y otros
prestaron servicio en el Hospital Santo Tomás de Villanueva el cual
es una empresa social del estado con au tonomía administrativa y
del orden municipal, razón por la cual, considera que el ente
departamental no tiene legitimación en la causa por pasiva.
La E.S.E. Hospital Santo Tomás de Villanueva 3, actuando a través
de abogado reconocido en el proceso, prese ntó oposición a las
súplicas propuestas por los demandantes. Aseguró que si bien esta
entidad se encargaba de la liquidación de las cesantí as, era el
Ministerio de Salud, hoy Ministerio de la Protección Social, a quien
le correspondía realizar de la consignación en el Fondo Nacional
del Ahorro. De igual manera, precisó que el Decreto 3118 de 1968,
por medio del cual se creo el Fondo Nacional del Ahorro, no permite
la liquidación de las cesantías de forma retroactiva.
1.5. Audiencia inicial. 4
En acatamiento al artículo 180 del CPACA, el Tribunal
Administrativo de La Guajira desarro lló la audiencia inicial el 9 de
marzo de 2016 , en la cual se fijó el lit igio de la siguiente manera:
«El l it igi o se cont r ae en det er m inar i) si los dem andant es t ienen
o no der echo al r econocim ient o, liq uida ción y pago al r égim en
de cesant í as r et r oact ivas ent r e lo pa gad o y lo qu e le galm ent e
cor r esponde y, ii) ver if icar qué ent idad es r esponsable de su
liqu idac ión y pago . » ( si c)
1.6. Decisión de primera instancia objeto de a pelación. 5
En sentencia de 13 de octubre de 20 16 , el Tribunal Administrativo
de La Guajira negó las pretensiones de la demanda y condenó en
costas a la parte demandante.
Como fundamento de lo anterior, est ableció que la vinculación de
los demandantes al Hospital Santo Tomás de Villanueva
3 Folios 133 al 135 del expediente.
4 Folios 157 a 159 y CD anexado a folio 161 del expediente.
5 Folios 227 a 240 del expediente.
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correspondía al orden nacional y se produjo con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 , razón por la cual, el
régimen de cesantías que les es aplicable es el previsto en el
Decreto Ley 3118 de 1958, modificado por la Ley 432 de 1998 , es
decir el correspo ndiente a los afiliados al Fo ndo Nacional del
Ahorro, régimen anualizado y no retroacti vo.
1.7. Recurso de apelación. 6
Francisco Núñez Salinas, Wilfrido Celedón G onzá lez, Arilda
López Sierra, Li bis Leonor G uerra Vega, Neira Luz Rodríguez
Cataño, Pedro Herrera Manjarrez, Juana Isabel Damián
Martínez, Na tividad Saurith Maestre, Enrique Santo Maldonado
Verdecia, Maricela Millán Fuentes , Marilis Leonor Quintero
Quintero, Blanca Elena Ramírez Bernuy, Claudia María Ovalle
Camelo y Urilda Ramírez Martí nez , a través de apoderado,
propusieron recurso de apelación en contra de la sentencia
previamente descrita; como fundamento indicaron que no se
comparte la apreciación del Tribunal Adminis trativo de la Guajira en
lo que tiene que ver al régimen aplicable a los actores, pues a su
juicio estos son servidores del nivel t erritorial.
En ese sentido, consideran que por tratarse de trabajadores
vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 60 de 1990 y
de la Ley 100 de 1993, tienen derecho a que se les respete el
régimen retroactivo de cesantías. De igual manera señalaron que la
vinculación se hizo con el Hospital Santo Tomás de Villanueva , el
cual estaba adscrito al Departamento de la Guaj ira y que la
afiliación al Fondo Nacional del Ahorro se dio de forma obligatoria.
A lo anterior, agreg aron que en un caso similar que cursó en el
Consejo de Estado con el radicado 44001-23-31-000-2000-00711-
01 (5329-2002), se acogieron las pretensiones de los demandantes
y se condenó al h ospital San Agustín de Fonseca de la Guajira a
6 Folios 244 a 247 del expediente.
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Demandante: Francisco Núñez Salinas y otros
reconocer las cesantías retroactivas. Por último, solicitaron se
revoque la condena en costas, pues no existió mala fe por parte de
los actore s.
1.8. Trámite correspondiente a la segunda instancia
El apoderado de los demandantes 7, presentó alegatos de
conclusión en los que reiteró los argumentos y peticiones puestos
en consideración en el escrito de apelación.
La E.S.E. Hospital Santo Tomás de Villanueva 8 allegó escrito en
el que realizó una síntesis de la sentencia de primera instancia y
precisó que el ente de salud no es el responsable por la
consignación o pago de las cesantías.
La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de E stado 9
presentó concepto en el que solicit ó confirmar la sentencia de
primera instancia. Como fundamento, indicó que se probó que los
demandantes fueron afiliados al Fondo Nacional del Aho rro previo
a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo t anto no hay
lugar al reconocimiento de cesantías retroactivas.
Adicionalmente, considera que no se realizó ponderación alguna
sobre conductas que llevaran a condenar en costas a la parte
vencida, razón por la cual solicitó modificar dicha condena.
El Departamento de la Guajira y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado guardaron silencio en esta etapa.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 10, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
7 Folios 273 y 274 del expediente.
8 Folios 282 al 285 del expediente.
9 Folios 288 al 299 del expediente.
10 « E l
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en pr imera
instancia por los tribunales administrativos […]».
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interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 328 del Código General d el Proceso 11, la competencia
del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por el apelante, situación que se cumple en el proceso
de la referencia , razón por la cual, la competencia de la Sala se
encuentra limitada a lo descrito en el recurso de apelación
presentado.
2.2. Problema jurídico.
De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto, le corresponde
a la Sala determinar lo siguiente:
1. ¿Los demandantes 12 tienen derecho al reconocimiento y pago
sus cesantías de acuerdo al régimen retroactivo? Así mismo, ¿Es
posible condenar a la entidad demandada a reconocer y pagar la
sanción por mora en el pago de las cesantías a favor de aquellos?
2. ¿Procede la modificación de la condena en costas?
Para resolver lo anterior, la Sala desarrolla rá el siguiente orden
metodológico: (i) régimen de cesantías aplicable a los empleados
públicos, (ii) régimen de cesantías en el sector salud y (iii) análisis
del caso concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial.
2.3.1. Régimen de cesantías de los empleados públicos.
11 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.»
12Francisco Núñez Salinas, Wilfrido Celedón González, Arilda López Sierra,
Libis Leonor Guerra Vega, Neira Luz Rodríguez Cataño, Pedro Herrera
Manjarrez, Juana Isabel Damián Martínez, Natividad Saurith Maestre, Enrique
Santo Maldonado Verdecia, Maricela Millán Fuentes, Marilis Leonor Quintero
Quintero, Blanca Elena Ramírez Bernuy, Claudia María Ovalle Camelo y Urilda
Ramírez Martínez.
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La Ley 6ª de 1945 , en el artículo 17, determinó que los empleados
y obreros nacionales de carácter permanente, gozarían, entre otras
prestaciones, de un auxilio de cesantía, a razón de un mes de
sueldo o jornal por cada año de servicio, para lo cual solamente se
tendría en cuenta el tiempo de servicio prestado con posterioridad
al 1 de enero de 1942 13. Posteriormente, el artículo 1º del Decreto
2767 de 1945 extendió dicho auxilio a los empleados de los
departamentos, intendencias, comisarías y municipios . 14
Mediante la Ley 65 de 1946 , se modif icaron las disposiciones sobre
cesantías y fue reglamentada por el Decreto 2567 de 31 de agosto
de 1946 que fijó los parámetros para su liquidación 15; de igual
forma, el Decreto 1160 de 28 de marzo de 1947 previó que tendría
derecho a dicho auxilio, el empleado inscrito o no en carrera
administrativa, sea cual fuere la causa de su retiro, aclarando que
el monto de la prestación era equivalente a un mes de salario por
cada año de servicio o proporcionalmente al tiempo laborado, si era
inferior a ese lap so, con lo que se estableció el régimen de
cesantías retroactivo, por cuanto para su liquidación se tenía
en cuenta todo el tiempo de servicio y el último salario
devengado.
Más adelante, con el Decreto 3118 de 1968 se creó el Fondo
Nacional del Ahorro (FNA ) como un establecimiento público,
13 « A r t í c u l o
17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente
gozarán de las siguientes prestaciones: // a) Auxilio de cesantía a razón de un
mes de sueldo o jornal por cada año de servicio. Para la liquidación de este
auxilio solamente se tendrá en cuenta el tiempo de servicios prestados con
posterioridad al 1o. de enero de 1942. […].»
14«Artículo 1.º Con las solas excepciones previstas en el presente decreto,
los empleados y obreros al servicio de un Departamento, Intendencia,
Comisaría o Municipio tiene derecho a la totalidad de las prestaciones
señaladas en el artículo 17 de la Ley 6ª de 1945, y el artículo 11 del Decreto
1600 del mismo año para los empleados y obreros de la Nación. A la entidad
que alegue estar comprendida en uno de los casos de excepción, de
corresponderá probarlo.»
15 El auxilio de cesantía a que tengan derecho los empleados y obreros al
servicio de la Nación, los Departamentos y los Municipios, se liquidará de
conformidad con el último sueldo o jornal devengado, a menos que el sueldo
o jornal haya tenido modificaciones en los tres últimos meses, en cuyo caso la
liquidación se hará por el promedio de lo devengado en los últimos doce
meses, o en todo el tiempo de servicio, si este fuera menor de doce meses .
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ordenando que se debían liquidar y entregar a este las cesantías
de los empleados públicos y trabajadores oficiales de los
ministerios, departamentos administrativos, supe rint endencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales
del estado del orden nacional, con excepción de las de los
miembros de las cámaras legislativas y de sus empleados, los
miembros de las Fuerzas Militares, la Policía y el person al civil del
ramo de la defensa nacional.
Así, en relación con la liquidación de las cesantías, el artículo 27
del citado decreto, señala lo siguiente:
«A rt í cul o 27. Li quidaci ones anual es. Cada año calendar i o,
cont ado a par t ir del 1o. de ener o de 1969, los M inist er ios,
Depar t am ent os Adm inist r at ivo s, Super int endencias,
Est ablecim ient os Públ icos y Em pr esas I ndust r iales y
Com er ciales de l Est ado, liqu idar án la ce sant í a que anualm ent e
se cause en f avor de sus t r abaj ador es o em pleados.
La liqu idac ión anual así pr act icada t endr á car áct er def init ivo y
no podr á r evisar se aunque en años post er ior es var í e la
r em uner ación del r e spect ivo em pleado o t r abaj ador . »
De igual manera, con este decreto se inició en el sector público el
desmonte de la retroactividad de las cesantías para dar paso al
sistema de liquidación anualizado , del cual encontramos sus
características en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 :
«A rt í cul o 99: El nuevo r égim en es pecia l de aux il io de
cesant í a, t endr á las sigui ent es car act er íst icas:
1ª. El 31 de dic ie m br e de cada año se har á la li quid aci ón
def init iva de cesan t í a, por la anual id ad o por la f r acci ón
cor r espondient e, si n per j uicio de la q ue deba ef ect uar se en
f echa dif er ent e por la t er m inación del co nt r at o de tr abaj o.
2ª. El em plead or cancelar á al t r abaj ado r los int er eses leg al es
del 12% anual o pr opor ciona les por f r acción, en los t ér m inos
de las nor m as vigent es sobr e el r égim en t r adicio na l de
cesant í a, con r espect o a la sum a causada en el año o en la
f r acción que se liqu i de def init ivam ent e.
3ª. El val or li quida d o por concept o de c esant í a se consigna r á
ant es del 15 de f ebr er o del año si guie nt e, en cuent a indiv id ual
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a nom br e del t r abajador en el f ondo de cesant í a que el m ism o
elij a. El em pleador que incum p la e l p lazo seña lado debe r á
pagar un dí a de salar io por cada r et ar do. [ …] »
A su vez, el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 extendió el régimen
de cesantías fijado en la Ley 50 de 1 990 a los servidores públicos
vinculados con p osterioridad a su entrada en vigencia (31 de
diciembre de 1996), en virtud del cual, la liquidación defin itiva debía
realizarse el 31 de diciembre de cada año.
Posteriormente, se expidió el Decreto 1582 de 1998 16 que amplió
el régimen de cesantías de que trata la Ley 50 de 1990 (anualizado)
a los servidores pú blicos del orden territo rial, así:
«A rt í cul o 1º. El r égi m en de liq uidac ión y pago de las cesant í as
de los ser vidor es p úblic os del nive l t er r it or ial vincu lados a
par t ir del 31 de dici em br e de 1996 que se af ilien a los f ond os
pr ivados de cesa nt í as, ser á el pr evist o en los ar t í culos 99, 102 ,
104 y dem ás nor m as concor dant es de la Ley 50 de 1990; y el
de los ser vidor es públic os del m ism o nivel que se af il ien al
Fondo Nac iona l de Ahor r o ser á el est ab lecid o en e l ar t í culo 5º
y dem ás nor m as pert inent es de la Ley 432 de 1998. »
Visto lo anterior, coexisten dos regímenes de cesantías, las
retroactivas, que son dables para quienes se vincularon a la
administración pública hasta el 30 de diciembre de 1996 y las
anualizadas creadas por la Ley 50 de 1990, inicialmente para el
sector privado y que la Ley 344 de 1996 extendió a los servidores
públicos vinculados con posterioridad a su entrada en vigencia ( 31
de diciembre de 1996), incluidos los d el nivel territorial.
Lo anterior, fue acogido por esta Corporación, que en sentencia de
unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 2016 17, en la cual
se argumentó:
16«Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de
1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del
nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia».
17 C o n s e j o
de Estado, Sección Segunda. Sentencia de 25 de agosto de 2016.
Radicación 8001-23-31-000-2011-00628-01(0528-2014) CE-SUJ2-004-16.
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Demandante: Francisco Núñez Salinas y otros
«[ …] En ese or den, se puede decir que los em pleados qu e
ingr esar on a la administ r ació n pública c on post er ior idad a la
ent r ada en vigencia de la Ley 344 de 199 6, est án cobij ados por
el r égim en anu al izad o de li quid ación de c esant í as , al igua l qu e
los vincul ados con ant er ior idad per o que se hubier an acogido
al r égim en anua liz a do, y par a ef ect o de la li quid ación y pa go
de esa pr est ación s e r igen por lo que e n esa m at er ia consagr a
la Ley 50 de 1990 y nor m as concor dant es, en vir t ud de lo
dispuest o en el ar t í culo 1° del Decr et o 1 582 de 1998. [ …] »
2.4. El régimen de cesantías en el sector salud.
Como primera cuestión, se debe recordar que el Sistema Nacional
de Salud en Colombia se administraba de manera centralizada, por
tanto, las entidades de salud, así como sus empleados, se
encontraban en dependen cia administrativa y financiera de la Rama
Ejecutiva, situació n que comenzó a reorganizarse con la expedición
del Decreto 2470 de 1968 , que en su artículo 32 creó lo s Servicios
Seccionales de Salud, los cuales, de acuerdo con el artículo 8º del
Decreto 56 de 1975 , funcionaron como Dependencias Técnicas del
Ministerio de Salud Pública.
Ahora bien, los empleados públicos de las entidades que componen
los Servicios Seccionales de Salud, vinculados con anterioridad a
1990 son del orden territorial, así lo def inió la jurisp rudencia del
Consejo de Estado al señalar que « los Servicios Seccionales de
Salud son dependencias administrativas de los Departamentos y
sus servidores son empleados departamentales» 18, y, por tanto, sus
cesantías se liquidan de acuerdo a lo establecido en las Leyes 6 de
1945 y 65 de 1946, es decir con el régimen retroactivo, así como se
explicó en el acápite anterior.
Lo anterior es coherente con el articulo 30 de la Ley 10 de 1990 en
donde se precisó que a partir de la vigencia de esta norma «[a] los
empleados públicos del sector de la salud de las entidades
territoriales y de sus entes descentralizados, se les aplicará el
18 C o n s e j o d e E s t a d o . S a l a P l e n a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o . E x p e d i e n t e
C-231. Sentencia de 4 de mayo de 1993.
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Demandante: Francisco Núñez Salinas y otros
mismo régimen prestacional de los empleados públicos del or den
nacional.». Ello quiere decir que, previo a esta ley, los empleados
territoriales del se ctor salud aún eran beneficiarios del régimen de
cesantías retroactivo, sin embargo, con el desmonte gradual del
mencionado régimen pasarían a la liquidación y cons ignación de
cesantías de manera anualizada, situación ratificada con la
expedición de las Leyes 60 y 100 de 1993.
Vale la pena recordar que, el empleado público que se encontrara
en el régimen de cesantías retroactivas y que no manifestara su
interés en cambiar al régimen anualizado, seguiría en el primero
hasta la terminación de su vinculo laboral, momento en el cual se
realizaría la liquid ación del respectivo auxilio.
2.5. Caso concreto.
Revisado el expediente, la Sala encuentra probad o que entre los
demandantes y el Hospital Santo Tomás de Villanueva (La Guajira) ,
existió vinculo laboral, de igual forma, que fueron afiliados al Fondo
Nacional del Ahorro :
TIEMPO DE SERVICIO19 AFILIACIÓN AL FNA 20
DEMANDANTE ESTADO DE
RETIRO DE
VINCULACIÓN LA DESDE
CESANTÍAS
VINCULACIÓN
PEDRO HERRERA CRÉDITO
1/07/1967 VIGENTE 1969
MANJARREZ HIPOTECARIO
LIBIS LEONOR CRÉDITO
1/12/1972 VIGENTE 1972
GUERRA VEGA HIPOTECARIO
FRANCISCO NÚÑEZ CRÉDITO
24/09/1975 VIGENTE 1975
SALINAS HIPOTECARIO
BLANCA ELENA RETIRADA - CRÉDITO
20/05/1976 1976
RAMÍREZ BERNUY 30/06/2009 HIPOTECARIO
19 I n f o r m a c i ó n extraída de certificados laborales allegados a folios 18 a 46 del
expediente.
20 S e g ú n
se constató en certificados y extractos expedidos por el FNA visibles
a folios 185 a 186, corroborado con extractos allegados en CD ubicado en el
folio 187 del expediente y a la información allegada a través de correo
electrónico y visible en el Sistema de Gestión Judicial – SAMAI.
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Demandante: Francisco Núñez Salinas y otros
NATIVIDAD SAURITH CRÉDITO
1/09/1976 VIGENTE 1985
MAESTRE HIPOTECARIO
JUANA ISABEL CRÉDITO
12/11/1976 VIGENTE 1976
DAMIÁN MARTÍNEZ HIPOTECARIO
MARILIS QUINTERO CRÉDITO
1/05/1978 VIGENTE 1978
QUINTERO HIPOTECARIO
URILDA MARÍA RETIRADA - CRÉDITO
1/01/1980 1980
RAMÍREZ MARTÍNEZ 30/02/2009 HIPOTECARIO
NEIRA LUZ CRÉDITO
9/01/1981 VIGENTE 1981
RODRÍGUEZ CATAÑO HIPOTECARIO
MARICELA MILLÁN CRÉDITO
1/10/1982 VIGENTE 1982
FUENTES HIPOTECARIO
WILFRIDO CELEDÓN CRÉDITO
3/10/1986 VIGENTE 1985
GONZÁLEZ HIPOTECARIO
ENRIQUE SANTO CRÉDITO
1/07/1988 VIGENTE 1988
MALDONADO HIPOTECARIO
ARILDA MARÍA LÓPEZ CRÉDITO
10/08/1992 VIGENTE 1992
SIERRA HIPOTECARIO
CLAUDIA MARÍA CRÉDITO
10/08/1992 VIGENTE 1992
OVALLE CAMELO HIPOTECARIO
Lo anterior lleva a demostrar que las cesantías de los demandantes
fueron consignadas a un fondo administrador, dentro de la cuenta
individual de cada trabajador, y que además, fueron utilizadas por
cada uno para pagar créditos hipotecarios.
El 13 y 27 de enero y el 26 de marzo de 2010, a través de
apoderado, los hoy demandantes solicitaron al Gerente de la ESE
Hospital Santo Tomás de Villanueva (La Guajira) “e l
reconocimiento, liquidación y pago de la retroactividad en las
cesantías”. 21 Similar pe tición se ra dicó ante la Gobernación de la
Guajira el 30 de julio de 2010 .
La Gobernación de La Guajira y la E. S.E. Hospital Santo Tomás de
Villanueva guardaron silencio a nte las peticiones elevadas.
De acuerdo con todo lo anterior, se observa que los demandantes
se vincularon como emplead os públicos del sector salud con
21 F o l i o 49 y 52 del expediente.
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Demandante: Francisco Núñez Salinas y otros
anterioridad a 1996, lo que quiere decir que era n beneficiari os del
régimen retroactivo de cesantías, razón por la cual la liquidació n de
este auxilió procedía al finalizar el vinculo laboral. No obstante, la
entidad empleadora realizó la s liquidaciones de manera anualizada
y consignó los valores de esta operación en el Fondo Nacional del
Ahorro en las respectivas cuentas individuales d e cada uno de los
demandantes.
Al respecto vale la pena precisar que, desde las posesiones en la
entidad demandada se cumplió, bajo un régimen distinto, con la
obligación de liquidación y pago del auxilio de cesantías, y que en
ningún caso le fue negado el acceso a este, pues recordemos todos
los demandantes hicieron uso de sus cesantías durante el vinculo
laboral, pues estas fueron usadas para el pago de crédit os
hipotecarios.
En este punto, vale la pena recordar que la jurisprudencia de esta
Sección ya se ha pronunciado en casos similares 22, en el sentido de
aclarar que, si bien era procedente el reconocimiento de las
cesantías bajo el régimen retroactivo, l as actuaciones del empleado
al retirar ocasionalmente sus cesantías del Fondo Na cional del
Ahorro y no oponerse a que estas fueran administradas por ese
fondo, conllevan a aceptar el régimen que la ley dispuso para sus
administrados, es decir el anualiza do . Al respecto, se pone de
presente lo resuelto en sentencia de 8 de marzo de 2018:
«Conf or m e a lo r eseñado es pr eciso conclu ir que la señor a
Esm er alda Lam us Rodr í guez no le asist e el der echo a la
r eliqu idac ión de las cesant í as def init ivas conf or m e al r ég im en
r et r oact ivo de la Ley 6ª de 1945, por que bien es cier t o que se
vincul ó a la ES E Hospit a l Sant o To m as de Vil lanueva con
– Sección Segunda
22 A l r e s p e c t o v é a n s e l a s s e n t e n c i a s d e l C o n s e j o d e E s t a d o
Radicado: 41001233300020130013501 (4402-2014) de fecha 5 de abril de
2017; Radicado: 4001233300020150004101(0261-2017) de fecha 26 de abril
de 2018; Radicado 54001233300020160016401 (0557-2019) de fecha 17 de
junio de 2021; Radicado: 54001233300020140034601 (1406-2018) de fecha 19
de agosto de 2021; y Radicado: 13001233300020120018101 (0141-2016) de
fecha 4 de noviembre de 2021 .
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ant er ior idad a la ent r ada en vigencia de la ley 100 de 1993 (4
de sept iem br e de 1985) , est á af iliada al Fondo Naciona l del
Ahor r o, d esde el 30 de sept iem br e de 1999.
Ahor a, no obst ant e no obr a en el exp edient e m anif est aci ón
expr esa de su vo lun t ad acoger se a ese sist em a, el hecho d e
haber r ealizado r et ir os par ciales de sus cesant í as dir ect am ent e
del Fond o Nac iona l del Ahor r o y em pl ear dicho aux il io p ar a
abonar a un cr éd it o hipot ecar io desde el año 2000 hast a el
2010, per m it e a la Sala i nf er ir que la d em andant e conocí a de
su vinculac ión al al udido f ondo acogié ndose por t ant o a las
r eglas y dispos icion es que lo r egulan.
Así las cosas, com oquier a que l a dem andant e per t enece al
sist em a de cesantí as del Fondo Nacional del Ahor r o, no t iene
der echo a la r eliq u idaci ón de las m is m as con base en el
r égim en r et r oact ivo de la Ley 6ª de 1945 . » 23
Ahora bien, es claro que Francisco Núñez Salinas, Wilfrido Celedón
González, Arilda Ló pez Sierra, Libis L eonor Guerra Vega, Neira Luz
Rodríguez Cataño, Pedro Herrera Ma njarrez, Juana Isabel Damián
Martínez, Nativida d Saurith Maestre, Enrique Santo Maldonado
Verdecia, Maricela Millán Fuentes, Marilis Leonor Quintero
Quintero, Blanca Elena Ra mírez Bernuy, Claudia María Ovalle
Camelo y Urilda Ramírez Martínez se benefic iaron de la liquidación
anualizada de sus cesantías, teniendo plena conciencia de que
estas se encontraban en el Fondo Nacional del Ahorro, además de
darles el uso ya mencionado para la compra de vivienda .
En ese sentido, esta Sala considera q ue ordenar el reco nocimiento
y pago del auxilio de cesantías bajo el régimen de retroactividad
contraría, no solo la línea jurisprudencial que sobre el tema se ha
plasmado en esta Corporaci ón, sino que además resultaría ser una
decisión equivocada a la luz de la finalidad del auxilio de
cesantías 24, lo anterior se entiende porque el ahorro que estaba n
23Consejo de Estado – Sección Segunda. Radicado: 44001-23-33-000-2014-
00155-02 (0816-2017) de fecha 8 de marzo de 2018.
24 « E n r e i t e r a d a j u r i s p r u d e n c i a l a C o r t e h a e x p r e s a d o q u e e l a u x i l i o d e c e s a n t í a
es una prestación social a favor de los trabajadores, que se paga en dinero, y
que atiende a una doble finalida d. Por una parte, en atención a que la cesantía
es una especie de ahorro, busca que el trabajador pueda satisfacer sus
necesidades mientras permanece cesante. De otro lado, este auxilio busca que
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haciendo como trabajador es, y cuyo fin era el de satisfacer sus
necesidades al momento de quedar cesante s, fue utilizado para la
compra de vivienda .
Vale la pena resaltar que durante la relación laboral los
demandantes no present aron reclamo alguno por la forma en que
fueron liquidadas y administradas sus cesantías durante todo el
periodo laboral, por lo que se puede entender que con sus
actuaciones tácitamente acept aron las condiciones con las que
percibieron y disfrut aron del auxilio.
Con lo descrito, para la Sala es claro que debe confirmarse la
sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal
Administrativo de La Guajira, por medio de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
Finalmente, respecto de la condena en costas de primera in stancia,
es necesario precisar que el a quo fundamentó su decisión en dar
estricta aplicación al numeral 1º del artículo 365 del Código General
del Proceso, bajo remisión expresa del artículo 188 del CPACA, es
decir, condenó en costas a la parte vencida . Lo anterior, resulta
coherente frente al criterio objetivo – valorat ivo que esta
Corporación ha venido desarrollado para establecer la condena en
costas, dado que , más que observar un actuar temerario o de mala
fe, se tuvo en cuenta el resultado del proceso , esto es que los
demandantes resultaron vencidos , y la participación de las partes
involucradas, es decir que las entidades demandadas actuaron
activamente, a través de apoderados , en el transcurso del trámite
de la primera instancia, lo que lleva a con firmar la medida apelada.
2.6. Costas.
Respecto de las costas procesales, se debe tener en cuenta el
el empleado pueda atender otro tipo de necesidades important es como la
adquisición de vivienda o el pago de servicios de educación. En esa medida,
el auxilio de cesantía es una prestación por medio de la cual se garantiza el
goce efectivo de los derechos al trabajo y a la seguridad social. » - Corte
Constitucional – Sentencia de 25 de julio de 2019. SU 332 -19
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Demandante: Francisco Núñez Salinas y otros
numeral 8º del artículo 365 del Código General del Proceso, que
señala expresamente que «solo habrá lugar a costas cuand o en el
expediente aparezcan que se causaron y en la medida de su
comprobación».
En el caso concreto, y de acuerdo con todo lo anterior, se advierte
que sí hay lugar a condenar en costas y agencias en derecho los
demandantes, como quiera se resolverá de manera desfavorable el
recurso de apelación y será confirmada la sentencia de primera
instancia, dando aplicación a los numerales 1º y 3º del artículo 365
ibídem, además se debe tener en cuenta que la entidad demandada
actuó en esta instan cia al presentar alegatos de conclusión. 25 Las
mismas se liquidarán de acuerdo con lo establecido en el artículo
366 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Su bsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFI RMAR la sentencia del 13 de octubre de 2016 ,
proferida por el Tribunal Administrativo de la Guajira que negó las
pretensiones de la de manda de nulidad y restablecimiento del
derecho planteada por Francisco Núñez Salinas, Wilfrido Celedón
González, Arilda López Sierra , Libis L eonor Guerra Vega, Neira Luz
Rodríguez Cataño, Pedro Herr era Ma njarrez, Juana Isabel Damián
Martínez, Nativida d Saurith Maestre, Enrique Santo Maldonado
25«Artículo 365. Condena en costas . En los procesos y en las actuaciones
posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se
sujetará a las siguientes reglas: […] 1. Se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. […] 3.
En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera
instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. »
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Demandante: Francisco Núñez Salinas y otros
Verdecia , Maricela Millán Fuentes, Maril is Leonor Quintero
Quintero, Blanca Elena Ramírez Bernuy, Claudia María Ovalle
Camelo y Urilda Ramírez Martínez en contra del Departamento de
la Guajira y el Hospital Santo Tomás de Villanueva, de acuerdo con
las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Se condena en costas de segunda instancia a los
demandantes relacionados en esta providencia , de acuerdo con lo
expresado en esta sentencia .
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en el
Sistema de Gestión Judicial – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión del siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022) .
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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