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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-33-000-2015-00018-01

Fecha
26 de enero de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-33-000-2015-00018-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Confírmase la sentencia de 23 de febrero de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira por las razones expuestas en esta providencia. 3 La Sala no empleará las tarifas del Acuerdo no. PSAA16-10554 de 2016 toda vez que este solo es aplicable a los procesos iniciados con posterioridad a su expedición y en este caso la demanda se presentó con antelación (artículo 7). 13 Expediente: 44001-23-33-002-2015-00018-01 Actor: Lilia Janeth Acosta y otros Reparación de perjuicios causados a un grupo Sentencia de segunda instancia 2º) Condénase en costas a la parte recurrente. Por Secretaría liquídense con inclusión de las agencias en derecho de cero punto cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (0.5 SMLMV) para cada entidad demandada, esto es, el municipio de Dibulla y la UNGRD. 3º) Ejecutoriada la presente sentencia, por Secretaría de la Sección devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 44001-23-33-000-2015-00018-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

26 de enero de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintiséis (26) de enero de dos mil veintidós (2022).

Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 44001-23-33-000-2015-00018-01
Demandante: LILIA JANETH ACOSTA Y OTROS
Demandado: MUNICIPIO DE DIBULLA Y OTROS
Medio de control: REPARACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS A UN
GRUPO
Asunto: CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD EN ACCIÓN
DE GRUPO

Temas: medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo de personas –
caducidad del medio de control / cómputo del plazo de caducidad del medio de control –
literal h) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 / derecho de petición – no
tiene la virtualidad de prolongar o reiniciar el cómputo de la caducidad de la acción.

La Sala decide el recurso de apelación (fls. 741 a 744 cdno. ppal.) contra la
sentencia de 23 de febrero de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de La
Guajira (fls. 719 a 399 cdno. ppal.) que declaró probada la excepción de caducidad
del medio de control.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El grupo demandante solicita que se revoque la sentencia del 23 de febrero de 2017
proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira por considerar que el término
de caducidad del medio de control jurisdiccional ejercido con la demanda no debió
computarse desde la efectiva causación del daño, sino, a partir de la fecha en que
el municipio de Dibulla contestó un derecho de petición elevado por el apoderado
judicial de los miembros del grupo. El tribunal concluyó que la acción fue ejercida
de forma extemporánea porque el daño consistió en el no pago de la ayuda
económica otorgada por el Gobierno Nacional a los afectados con la ola invernal de
los años 2010 y 2011.

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Expediente: 44001-23-33-002-2015-00018-01
Actor: Lilia Janeth Acosta y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Sentencia de segunda instancia

II. ANTECEDENTES

La demanda

Mediante escrito radicado el 24 de febrero de 2015 (fls. 1 a 10 cdno. 1) la señora
Lilia Janeth Acosta y otras 23 personas1, por intermedio de apoderado judicial,
presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación de perjuicios
causados a un grupo de personas contra el municipio de Dibulla (Guajira) y la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD para que se
acceda a las siguientes pretensiones:

“Los perjuicios causados están representados por la pérdida de los
diferentes cultivos en cada una de las parcelas, las cuales se discriminan a
continuación así:

1. Lilia Janeth Acosta Peluff CC (…) sufrió pérdidas por un valor total
aproximado a los $6´500.000 moneda corriente representados así (…)

2. Ángel Benjamín Bermúdez Toro CC (…) sufrió pérdidas por un valor total
aproximado a los $12´940.000 moneda corriente representados así (…)

3. Romelio Herrera Ahumada CC (…) sufrió pérdidas por un valor total
aproximado a los $13´800.000 (…).

4. Moisés Celedón Torres CC (…) sufrió pérdidas por un valor total
aproximado a los $6´500.000 (…).

5. Tomás Serpa CC (…) sufrió pérdidas por un valor total aproximado a los
$14´500.000 (…).

6. Juana Carrillo San Juan CC (…) sufrió pérdidas por un valor total
aproximado a los $17´000.000.

7. Hugues Enrique Celedón CC (…) sufrió pérdidas por un valor total
aproximado a los $4´500.000 (…).

8. Alba Rosa Rosado Melendez CC (…) sufrió pérdidas por un valor total
aproximado a los $13´050.000 (…)

9. Adiel Fragozo CC (…) sufrió pérdidas por un valor total aproximado a los
$6´000.000 (…).

1 Ángel Benjamín Bermúdez Toro, Romelio Herrera Ahumada, Moisés Celedón Torres, Tomás
Serpa, Juana Carrillo San Juan, Hugues Enrique Celedón, Alba Rosa Rosado Meléndez, Adiel
Fragozo, Juan Tomás Muñoz Sierra, Robinson Arturo Acosta Arias, César Pertuz Torregroza, José
del Carmen Salcedo Peluffo, Ledis Margot Serrano Pimienta, Ramón López de la Hoz, Uriel
Humanes Almario, Antonio Manuel Guerra Mejía, Antonio Manuel Guerra, Denis María Vanegas
Arcia, Blas Hernando Hernández, Consuelo de Jiménez Redondo, Víctor Abelardo Smit Ibarra, Julio
César Serpa y Magaly Vega Torres.

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Expediente: 44001-23-33-002-2015-00018-01
Actor: Lilia Janeth Acosta y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
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10. Juan Tomás Muñoz Sierra CC (…) sufrió pérdidas por un valor total
aproximado a los $22´000.000 (…).

11. Róbinson Arturo Acosta Arias CC (…) sufrió pérdidas por un valor total
aproximado a los $24´500.000 (…).

12. César Pertuz Torregroza CC (…) sufrió pérdidas por un valor total
aproximado a los $21´000.000 (…).

13. José del Carmen Salcedo Peluffo CC (…) sufrió pérdidas por un valor
total aproximado a los $5´000.000 (…).

14. Ledis Margot Serrano Pimienta CC (…) sufrió pérdidas por un valor total
aproximado a los $5´500.000 (…).

15. Ramón López de la Hoz CC (…) sufrió pérdidas por un valor total
aproximado a los $9´500.000 (…).

16. Uriel Humanes Almario CC (…) sufrió pérdidas por un valor total
aproximado a los $13´440.000 (…).

17. Antonio Manuel Guerra Guerra CC (…) sufrió pérdidas por un valor total
aproximado a los $33´000.000 (…).

18. Antonio Manuel Guerra Mejía CC (…) sufrió pérdidas por un valor total
aproximado a los $24´000.000 (…).

19. Denis María Vanegas Arcia CC (…) sufrió pérdidas por un valor total
aproximado a los $19´400.000 (…).

20. Blas Hernando Hernández CC (…) sufrió pérdidas por un valor total
aproximado a los $6´500.000 (…).

21. Consuelo Jiménez Redondo CC (…) sufrió pérdidas por un valor total
aproximado a los $9´500.000 (…).

22. Víctor Abelardo Smit Ibarra CC (…) sufrió pérdidas por un valor total
aproximado a los $60´000.000 (…).

23. Julio César Serpa CC (…) sufrió pérdidas por un valor total aproximado
a los $6´500.000 (…).

24. Magaly Vega Torres CC (…) sufrió pérdidas por un valor total
aproximado a los $8´500.000 (…)”. (fls. 2 a 8 cdno. 1).

Como fundamento fáctico de las pretensiones los demandantes expusieron que
perdieron la totalidad de sus cultivos con la ola invernal de los años 2010 y 2011
conocida como el fenómeno de “La Niña”. Los demandantes presentaron un
derecho de petición ante la alcaldía de Dibulla y la UNGRD para que les fueran
reconocidas las ayudas otorgadas por el Gobierno Nacional pero se obtuvo una
decisión negativa por parte de estas autoridades. Indicaron que la responsabilidad
se configura en el caso concreto por “la negligencia y falta de pago de las
indemnizaciones a que tienen derecho como consecuencia de la ola invernal”.

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Actor: Lilia Janeth Acosta y otros
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Sentencia de segunda instancia

2. La admisión y las contestaciones de la demanda

1) El Tribunal Administrativo de La Guajira admitió la demanda mediante auto del 4
de marzo de 2015 (fls. 283 y 284 cdno. 2) y ordenó su notificación.

2) El municipio de Dibulla contestó la demanda y como argumentos de defensa
esgrimió (fls. 335 a 342 cdno. 2) los siguientes:

a) Con la demanda se aportaron unas certificaciones otorgadas por la Secretaría de
Gobierno de Dibulla de la época de los hechos; no obstante, no se elaboró un acta
de inspección a los bienes supuestamente destruidos o perdidos ni tampoco existe
un registro fotográfico de las visitas a los predios.

b) La UNGRD respondió de forma negativa varios derechos de petición presentados
por los demandantes. La mencionada entidad precisó que la entrega de la ayuda de
$1´500.000 establecida por el Gobierno Nacional para los damnificados directos de
la segunda ola invernal de 2011 requería una verificación previa de los requisitos
establecidos en la Resolución 074 de 2011, entre otros que los daños se hubieran
presentado durante el periodo comprendido entre el 1º de septiembre y el 10 de
diciembre de 2011.

La UNGRD agregó que el censo Reunidos 2010-2011 no tenía incidencia frente a
las ayudas correspondientes a la segunda ola invernal puesto que se trataba de dos
eventos diferentes.

c) Los fenómenos de la naturaleza no pueden generar responsabilidad patrimonial
del Estado porque constituyen una fuerza mayor. Las ayudas que otorga el Estado
no pueden comprometer la responsabilidad de este.

3) La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD se opuso a
las pretensiones de la demanda (fls. 398 a 425 c. 2) con apoyo en las siguientes
razones:

a) El 3 de noviembre de 2011, el municipio de Dibulla fue requerido por el UNGRD
para que remitiera la información relacionada con la verificación de las personas
que fueron reportadas y que aún estaban pendientes por validar para el pago de las

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Actor: Lilia Janeth Acosta y otros
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ayudas otorgadas por el Gobierno Nacional con ocasión de los daños sufridos con
la segunda ola invernal de esa anualidad.

b) La entidad territorial no envió la información de las personas que estaban
pendientes de recibir el apoyo económico.

c) Revisada la base de datos de gestión de apoyo económico correspondiente a los
listados enviados por el municipio de Dibulla, relacionados con los hechos ocurridos
entre el 1º de septiembre y el 10 de diciembre de 2011, no se encontraron los
nombres de los demandantes.

3. Los alegatos de conclusión

Vencido el período probatorio dispuesto en providencia de 7 de mayo de 2015 (fl.
480 y 481 c. 2), el tribunal de primera instancia mediante auto del 8 de octubre de
2015 corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al
Ministerio Público para que rindiera concepto (fl. 670 cdno. 3).

1) El grupo demandante manifestó que a pesar de que cumplieron con las
exigencias para acceder a las ayudas económicas otorgadas por el Gobierno
Nacional no fueron incluidos en la lista de beneficiarios de estas por haber dejado
vencer el plazo máximo de diligenciamiento de los censos el 15 de marzo de 2011.

Agregaron que se vieron afectados por la primera ola invernal de 2011 y, por tanto,
no persiguen el apoyo económico de $1´500.000 establecido por el Gobierno
Nacional para la segunda temporada invernal de ese año, así como tampoco
quedaron cobijados por la sentencia T-648 de 2013 que le ordenó a la UNGRD
rehacer el procedimiento administrativo contenido en la Resolución 074 de 2011.

Finalmente, adujeron que el municipio de Dibulla tenía a su cargo la implementación
de los procesos de gestión del riesgo que y la UNGRD era la encargada de dirigir y
coordinar el sistema nacional para la prevención y atención de desastres, de allí que
ambas entidades son patrimonialmente responsables por la negligencia y falta de
reconocimiento y de pago de las ayudas humanitarias (fls. 674 a 679 cdno. 3).

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2) La UNGRD invocó la configuración de una fuerza mayor como causal eximente
de responsabilidad; que el nivel de las lluvias en 2011 fue muy superior a la que
siempre se había registrado en otros periodos (fls. 693 a 697 cdno. 3).

3) El Ministerio Público rindió concepto en el cual solicitó denegar las súplicas de la
demanda. Los fundamentos del concepto rendido en la primera instancia son los
que se resumen a continuación (fls. 708 a 717 cdno. 3):

a) El acervo probatorio permite acreditar la existencia de un hecho dañoso que
afectó a un grupo de ciudadanos que sufrieron los efectos de la ola invernal de los
años 2010 y 2011.

b) A pesar de lo anterior, la parte actora no probó que el hecho dañoso le sea
imputable a las entidades demandadas por cuanto no se demostró que los perjuicios
que alegan los miembros del grupo demandante hayan sido consecuencia de la
acción u omisión del municipio de Dibulla o de la UNGRD.

c) Además, la parte actora no acreditó el nexo causal entre los perjuicios
relacionados en la demanda y las actividades desplegadas por las demandadas, de
modo que estas no están obligadas a responder patrimonialmente.

La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 23 de febrero de 2017 el Tribunal Administrativo de La
Guajira declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control
(fls. 718 a 729 cdno. ppal.).

El tribunal concluyó que el hecho que se les atribuye a las entidades demandadas
consiste en haber omitido entregar los recursos que fueron destinados por el
Gobierno Nacional a través de la UNGRD para conjurar la situación de calamidad
pública producida por la ola invernal conocida como el fenómeno de La Niña durante
los años 2010 y 2011.

El a quo agregó que los demandantes reconocieron directamente y a través de su
apoderado judicial que fueron afectados con la primera ola invernal de 2011
comprendida entre el 1º de abril y el 30 de junio de 2011.

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En tal virtud, el fallador de primera instancia consideró que la demanda se presentó
de forma extemporánea el 24 de febrero de 2015, luego de cuatro años de la fecha
de ocurrencia del hecho dañoso.

Puntualizó que con independencia de que los perjuicios se hubiesen podido
prolongar en el tiempo, lo cierto es que la acción causante de los daños cesó a
finales de 2011 y, por ende, a partir de este momento inició el cómputo del término
para interponer oportunamente el medio de control.

Una de las magistradas integrantes del tribunal de primera instancia aclaró el voto
para sostener que, en su criterio, el plazo de caducidad debió contabilizarse desde
el 30 de enero de 2012 momento en que se debieron materializar las ayudas
económicas a las que hubieran podido tenido derecho los demandantes (fls. 732 a
735 cdno. ppal.).

5. El recurso de apelación

Inconforme con la decisión la parte actora interpuso recurso de apelación el que fue
concedido por auto del 30 de marzo de 2017 (fl. 746 cdno. ppal.) y admitido por esta
Corporación en providencia del 1º de marzo de 2018 (fl. 773 cdno. ppal.).

Los fundamentos del recurso de apelación (fls. 741 a 744 cdno. ppal.) son, en
síntesis, los siguientes:

1) El plazo de caducidad inició su cómputo el 21 de julio de 2014 con la respuesta
al derecho de petición radicado por la parte actora el 7 de julio de ese mismo año,
a partir de ese momento los demandantes tuvieron conocimiento de la “ausencia
irrefutable de las ayudas humanitarias”.

2) Los demandantes solo hacían parte del grupo de personas afectadas con la ola
invernal en su primera etapa cuya ocurrencia estuvo comprendida entre el 1º de
abril y el 30 de julio de 2011.

3) El daño causado por la naturaleza generó una expectativa de ayuda y reparación
ofrecidas por las autoridades nacionales. El grupo demandante solo tuvo
conocimiento del daño el 21 de julio de 2014, cuando la alcaldía de Dibulla informó

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las razones por las cuales los peticionarios no fueron incluidos como beneficiarios
de las ayudas ofrecidas.

4) La acción impetrada no fue presentada de forma extemporánea porque la
negligencia y negación de la administración municipal hace que el daño permanezca
más allá del 30 de enero de 2012.

5) El municipio de Dibulla y la UNGRD fueron indolentes con el grupo demandante
por el hecho de no tenerlos en cuenta para el resarcimiento de los daños sufridos
por la acción de la naturaleza. Ese comportamiento de las demandadas produjo una
expectativa angustiante que generó una “falsa caducidad” de la acción.

6. El trámite de segunda instancia

Mediante auto del 16 de noviembre de 2018 se corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión en esta instancia y al Ministerio Público para rendir concepto
(fl. 785 cdno. ppal.).

1) La parte actora reiteró los argumentos del recurso de apelación. Agregó que los
miembros del grupo demandante fueron “mantenidos en espera indefinida de una
decisión para la cual fueron debidamente censados en tiempo y solo cuando se dio
respuesta al derecho de petición reclamando incumplimiento es que se procedió a
la demanda con el convencimiento de que los efectos del daño no solo
permanecían, sino que aún permanecen”, que el Estado debe hacer lo
indispensable y necesario para procurar el resarcimiento de los daños causados y
la administración de justicia no debe premiar la desidia y la negligencia de las
entidades estatales (fls. 791 a 796 cdno. ppal.).

2) Las entidades demandadas y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y sentido de la
decisión, 2) caso concreto, 3) conclusión y, 4) condena en costas.

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1. Objeto de la controversia y sentido de la decisión

La controversia planteada consiste en determinar si la demanda de reparación de
perjuicios causados a un grupo fue presentada de forma oportuna o, si por el
contrario, tal como lo concluyó el tribunal de primera instancia, se interpuso en forma
extemporánea, por fuera del plazo de dos años establecido en la norma legal que
regula la materia.

La Sala confirmará la decisión apelada porque el medio de control fue ejercido por
fuera del plazo de caducidad establecido en la ley.

2. Caso concreto

La caducidad es la consecuencia que consagra la ley por el ejercicio tardío del
derecho de acción debido a la desatención de los plazos y términos definidos en
el ordenamiento jurídico para la presentación oportuna de la correspondiente
demanda, además, se trata de un presupuesto procesal que puede ser declarado
de oficio.

Para casos como el analizado, la norma de caducidad aplicable es la contenida
en el literal h) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA
según la cual:

“La demanda deberá ser presentada:

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

h) Cuando se pretenda la declaratoria de responsabilidad y el
reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios causados
a un grupo, la demanda deberá promoverse dentro de los dos (2)
años siguientes a la fecha en que se causó el daño. Sin embargo, si el
daño causado al grupo proviene de un acto administrativo y se pretende
la nulidad del mismo, la demanda con tal solicitud deberá presentarse
dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente
al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto
administrativo”. (Negrillas adicionales).

La Corte Constitucional puntualizó que el legislador se encuentra facultado para
establecer un plazo de caducidad para las acciones de grupo porque en estas se
persigue la reparación de derechos subjetivos -o colectivos con impacto o incidencia

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patrimonial individual- y, por consiguiente, resulta razonable fijar un término
adecuado y prudencial para acudir a la administración de justicia en aras de la
seguridad jurídica:

“En el caso de la caducidad para la instauración de la acción de grupo,
se está frente a circunstancias diferentes a las que se protegen mediante
la acción popular, toda vez que es evidente que se refiere a derechos de
distinta entidad, pues se trata de derechos subjetivos que si bien
pertenecen a un conjunto de personas, aquellos pueden ser también
objeto de acciones individuales para el resarcimiento que corresponda a
cada una de ellas. La garantía constitucional se reduce entonces, a la
alternativa de acudir a un mecanismo ágil de defensa en un lapso
prudencial, sin que con ello se elimine la posibilidad para los miembros de
ese grupo, de ejercer posteriormente y dentro de los términos ordinarios
de caducidad, las acciones individuales que correspondan. Por
consiguiente, la fijación de un término de caducidad para ejercer la acción
de grupo encuentra pleno sustento en la defensa de la seguridad jurídica,
el interés general y la eficacia de la administración justicia y en el deber
consagrado en el artículo 95-7 de la Constitución de colaborar con el buen
funcionamiento de la misma”2.

Es importante precisar que las leyes procesales son de orden público y de aplicación
inmediata, por tal razón, a la presente controversia le es aplicable el término de
caducidad previsto en el literal h) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA que
derogó tácitamente el artículo 47 de la Ley 472 de 1998 que preveía: “Sin perjuicio
de la acción individual que corresponda por la indemnización de perjuicios, la acción
de grupo deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en
que se causó el daño o cesó la acción vulnerante causante del mismo”.

En esa perspectiva, salvo que se trate de una acción de grupo en que se
controvierta un acto administrativo -hipótesis que tiene una regulación
específica-, el término de caducidad de este medio de control es de dos años
contados a partir de la fecha en que se causó el daño.

La Sala advierte que la demanda atribuye una omisión a las entidades
demandadas por no haber incluido a los demandantes en el censo de población
afectada por la primera ola invernal de 2011, lo cual habría constituido una
negligencia y desidia que impidió que aquellos recibieran las ayudas económicas
establecidas por el Gobierno Nacional.

2 Corte Constitucional, sentencia C-215 de 1999, MP (E) Martha Victoria Sáchica de Moncaleano.

En idéntico sentido y ya en vigencia del CPACA consultar: sentencia T-869 de 2014, MP Jorge Pretelt
Chaljub.

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Ahora bien, la parte actora reconoció expresamente en el recurso de apelación
que “las ayudas económicas a las que los accionantes (sic) tenían y tienen
derecho debieron materializarse el día 30 de enero de 2012, de acuerdo con los
términos que definieron las Resoluciones 074 de 2011 y 002 de 2012” pero, que
es “necesario que se tenga en cuenta que solo al respuesta al derecho de
petición de fecha julio 7 de 2014 -respuesta que se produjo el 21 de julio de 2014-
es desde esta última fecha (sic) que se debe tener en cuenta el término de dos
años que establece la norma y la jurisprudencia para que opere la caducidad de
la acción” (fl. 742 cdno. ppal.).

En ese orden de ideas, la Sala considera que el derecho de petición no tiene la
virtualidad de reiniciar, suspender, ampliar o prolongar el término de caducidad
porque la ley es enfática y clara en señalar que los dos años se cuentan a partir
del momento de la causación del daño, esto es, desde la fecha en que los
demandantes debieron recibir las ayudas económicas y sin embargo no les
fueron entregadas porque no estaban inscritos en los censos reportados por el
municipio de Dibulla.

En consecuencia, el derecho de petición radicado el 7 de julio de 2014 (fls. 61 a
64 cdno. 1) denota una clara intención del apoderado de la parte actora por revivir
un término legalmente concluido, en este caso el de dos años establecido por el
legislador en el literal h) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia apelada dado que en el caso
concreto la demanda fue presentada de forma extemporánea. La Sala acoge el
criterio según el cual el plazo de dos años no inició su cómputo en el primer
semestre de 2011 sino el 30 de enero de 2012, puesto que fue en esta fecha que
se causó o materializó el daño y los miembros del grupo demandante tuvieron
conocimiento de que no recibirían las ayudas económicas otorgadas por el
Gobierno Nacional.

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Conclusión

El medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo se presentó
de forma abiertamente extemporánea el 24 de febrero de 2015 toda vez que el plazo
máximo para la radicación de la demanda venció el 31 de enero de 2014.

Condena en costas

En relación con el contenido y alcance de los artículos 188 y 255 del CPACA en
materia de costas y agencias en derecho la Sala reitera la jurisprudencia contenida
en la sentencia del 11 de octubre de 2021 proferida por esta Subsección en el
expediente 63.217; en esta decisión la Sala definió la hermenéutica de las citadas
disposiciones luego de las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021.

La Sala advierte que para efectos de la condena en costas y la fijación en agencias
en derecho se tendrán en cuenta las disposiciones normativas del Acuerdo no. 1887
de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura3, específicamente el numeral 1.7 que
determina que en las acciones de grupo las agencias en derecho por la segunda
instancia pueden ascender hasta 2 SMLMV.

En el caso concreto se fijarán agencias en derecho a favor de las entidades
demandadas en cero punto cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes para
cada una (0.5 SMLMV).

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

1º) Confírmase la sentencia de 23 de febrero de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo de La Guajira por las razones expuestas en esta providencia.

3 La Sala no empleará las tarifas del Acuerdo no. PSAA16-10554 de 2016 toda vez que este solo es

aplicable a los procesos iniciados con posterioridad a su expedición y en este caso la demanda se
presentó con antelación (artículo 7).

13
Expediente: 44001-23-33-002-2015-00018-01
Actor: Lilia Janeth Acosta y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Sentencia de segunda instancia

2º) Condénase en costas a la parte recurrente. Por Secretaría liquídense con
inclusión de las agencias en derecho de cero punto cinco salarios mínimos legales
mensuales vigentes (0.5 SMLMV) para cada entidad demandada, esto es, el
municipio de Dibulla y la UNGRD.

3º) Ejecutoriada la presente sentencia, por Secretaría de la Sección devuélvase el
expediente al tribunal de origen para lo su cargo.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados integrantes
de la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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