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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-33-000-2015-00045-01

Fecha
28 de abril de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-33-000-2015-00045-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2016 por el Tribunal Administrativo de la Guajira, que negó las súplicas de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovió Claudia Estela Bolívar Soto contra la ESE Hospital Nuestra Señora de Carmen. Segundo: Declarar la nulidad del acto administrativo presunto surgido de la petición del 8 de abril de 2013, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006. Tercero: Condenar a la ESE Hospital Nuestra Señora de Carmen a reconocer y pagar a la señora Claudia Estela Bolívar Soto la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías de que trata el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, desde el 7 de marzo del año 2013 y hasta la fecha que se produzca la cancelación de sus cesantías definitivas. Cuarto: Negar las demás pretensiones de la demanda. 21 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]» Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Quinto: Sin condena en costas de segunda instancia, por lo brevemente expuesto. Sexto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 44001-23-33-000-2015-00045-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

28 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 44001-23-33-000-2015-00045-01 (0759-2017)
Demandante: CLAUDIA ESTELA BOLÍVAR SOTO
Demandados: ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Tema: Sanción moratoria por retardo en el pago del auxilio de cesantías
definitivas.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011

ASUNTO

La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide el recurso de
apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 28 de
septiembre de 2016 por el Tribunal Administrativo de la Guajira, que negó las
pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Claudia Estela Bolívar Soto en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del 2011 1,
formuló, en síntesis, las siguientes:

Pretensiones2

1. Declarar la nulidad de los actos presuntos producto del silencio administrativo
negativo de la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen, respecto de las peticiones
que presentó la demandante el 23 de noviembre de 2012 tendientes al
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que le asistían por haber
laborado en el cargo de gerente de la ESE desde el día 30 de marzo hasta el 5 de
noviembre del año 2012, y la del 8 de abril de 2013 con la que pidió el
reconocimiento y pago de sus derechos laborales, entre ellos, la sanción moratoria
por el no pago oportuno de sus cesantías definitivas.

2. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento
del derecho, condenar a la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen del municipio
de Hatonuevo a pagar a la señora Claudia Estela Bolívar Soto las sumas de:
$2.827.611 por auxilio de cesantías; $339.313 de intereses sobre las cesantías;
$1.413.806 por prima de vacaciones; $2.827.611 por prima de navidad; más el
pago de la indemnización moratoria por el no pago oportuno de las cesantías,
equivalente a un día de salario por cada día de retardo, causado desde el día 28
de febrero 2013 hasta que se materialice su efectivo pago con base en el salario
que devengó mientras existió la relación laboral y en los términos de la Ley 244 de
1995, modificada por la Ley 1071 de 2006.

1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», en adelante

CPACA.
2 Folios 2 a 3.

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1

3. Ordenar que las sumas de dinero que resulten a favor de la demandante por
concepto de prestaciones sociales sean actualizadas desde la exigencia del
derecho hasta la fecha de la sentencia con base en el IPC, como también que, a
partir de la ejecutoria de la providencia que reconozca e imponga una condena a
favor, se causen intereses moratorios al DTF de las sumas reconocidas.

4. Ordenar a la entidad demandada pagar la condena conforme al artículo 192 del
CPACA, liquidar los intereses moratorios a la tasa comercial hasta que se ejecuté
el pago indexado y actualizado al IPC; y condenar en costas y agencias en derecho.

Fundamentos fácticos relevantes3

1. La señora Claudia Estela Bolívar Soto laboró para la E.S.E Hospital Nuestra Señora
del Carmen como gerente en provisionalidad, desde el 30 de marzo hasta el 5 de
noviembre del año 2012 (220 días).

2. Sus actividades fueron ejecutadas en forma personal, sin quejas, ni llamados de
atención durante la relación laboral.

3. Mediante Decreto municipal 110 del 6 de noviembre de 2012 se nombró al señor
Henry Antonio Cobo Brito como gerente en propiedad de la ESE.

4. La demandante presentó solicitud escrita el 23 de noviembre de 2012 con la
intención de obtener el pago de sus prestaciones sociales, entre ellas sus
cesantías, sin que a la fecha de presentación de la demanda se le hubiese dado
una respuesta.

5. El 8 de abril de 2013 con el «ánimo de agotar la vía gubernativa» la demandante
reiteró su solicitud enfocada al reconocimiento de sus prestaciones sociales y sus
cesantías definitivas. Además, solicitó el pago de la sanción moratoria por el no
pago oportuno de la mismas en los términos de la Ley 244 de 1995 modificada por
la Ley 1071 de 2006, sin que a la fecha exista respuesta alguna.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la principal función
de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del proceso y de la prueba.4 En esta
etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de
la reconvención. Además, se conciertan las principales decisiones que guiarán el
juicio.

Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia inicial
en el presente caso, a modo de antecedentes:

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En la audiencia inicial5 se indicó lo siguiente durante la etapa de excepciones previas:

«[…] 1. INEPTA DEMANDA […] el Tribunal la declara no probada como quiera que se
ha hecho el saneamiento, y que el estudio va a versar sobre la resolución número 029
del 10 de enero de 2015, por tal razón no prospera la excepción; 2. ENRIQUECIMIENTO
SIN CAUSA; 3. INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN. Respecto de las excepciones
enunciadas en los numerales 2 y 3, el Tribunal las resolverá con el fondo del asunto
conforme a los hechos que resulten probados en el proceso. De otra parte, es de anotar
que el Despacho no encuentra excepciones previas que deban ser declaradas de oficio,

3 Folios 3 a 6.
4 Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. (2015). EJRLB.
5 Folio 109 a 114 CD.

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2

como tampoco las de cosa “juzgada, caducidad, transacción, conciliación o falta de
legitimación en la causa”. […]» (mayúsculas, cursivas del texto original)

Se notificó la decisión en estrados y no se presentaron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación entre ella y
la sentencia es la de “tuerca y tornillo”, porque es guía y ajuste de esta última.6

En la audiencia inicial se fijó el litigio de la siguiente manera:

«[…] Estudiar si efectivamente se generó a favor de la parte demandante la sanción
moratoria pese a la expedición de la Resolución 029 del 10 de enero de 2015,
específicamente si existen saldos a favor por concepto de cesantías que den lugar al
reconocimiento y pago de la indemnización por pago moroso. […]»

Se notificó la decisión en estrados y no se presentaron recursos.

SENTENCIA APELADA7

El a quo profirió sentencia escrita el 28 de septiembre de 2016, por medio de la cual
negó las pretensiones con fundamento en las siguientes consideraciones:

En primer lugar, dejó en claro que el estudio del caso en cuestión se consagró
exclusivamente a determinar la legalidad de la Resolución 029 del 10 de enero de
20158 y, en consecuencia, si a la señora Claudia Estela Bolívar Soto le asistía el
derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de
sus cesantías definitivas en los términos de la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley
1071 de 2006, y que de la Litis se excluyeron las reclamaciones laborales relacionadas
con las cesantías, intereses, vacaciones, primas de vacaciones y navidad.

En segundo término, el tribunal realizó un análisis sobre el marco legal y jurisprudencial
de la Ley 244 de 1995, adicionada y modificada por la Ley 1071 de 2006, que regularon
los parámetros para el reconocimiento, liquidación y pago de la sanción moratoria.

Frente al caso concreto, encontró configurado el silencio administrativo negativo que
dio lugar al acto presunto acusado, y que si bien antes de presentar el medio de control
en estudio fue proferida y notificada por edicto la Resolución 029 del 10 de enero de
2015, por medio de la cual se reconoció y ordenó pagar las cesantías definitivas e
intereses en un valor de $2.957.130, prestaciones sociales proporcionales el monto de
$6.098.431, se practicó una deducción sobre las mismas por $1.291.547 por concepto
de reintegro de avances irregulares de salarios cancelados sin ejecución de labores,
lo que arrojó como valor neto a pagar $4.806.884.

Agregó que del tiempo en el que la demandante suplicó la liquidación de sus
acreencias (23 de noviembre de 2012 y 8 de abril de 2013) y la expedición del acto
administrativo (10 de enero de 2015), resultó notorio que transcurrió un tiempo mayor
al previsto por Ley para el pago de las cesantías, a lo cual la demandada endosó la
responsabilidad por la tardanza en dicho reconocimiento a la omisión de la
demandante en afiliarse a un fondo de cesantías, al considerar que por conducto
regular, a estos se efectúan los depósitos por tal concepto, y los hallazgos alegados
por el nuevo gerente que, en síntesis, dan fe de conductas fraudulentas demostradas
con los comprobantes de egresos allegados con la contestación de la demanda y las

6 Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. (2015). EJRLB.
7 Folios 222 al 233 del cuaderno principal.
8 Folio 70

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3

declaraciones de los señores Héctor Hugo Gonzáles Epiayu y Hugo Nelson Cuello
Ustaris9.

Para finalizar, sostuvo que en el caso de la señora Bolívar Soto debía darse aplicación
al principio nemo auditur propiam turpitudinem allegans (nadie puede alegar a su favor
su propia culpa), al concluir que de esta forma se reveló el mal propósito gestado, con
el ánimo de crear ventajas indebidas e inmerecidas dentro del ordenamiento jurídico
con el abuso del derecho propio, por lo que se desestimaron las pretensiones de la
demanda en relación con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de la Ley
244 de 1995.

En ese sentido, reiteró que la demora en el pago de las cesantías se originó en la
conducta de la demandante quien tenía la responsabilidad de afiliarse a un fondo
privado o público y realizar las transferencias periódicas, sin dejar de lado que,
asimismo, incurrió en conductas reprochables como la cancelación adelantada de
salario y prestaciones por fuera de la Ley.

Acorde con los anteriores razonamientos, el tribunal denegó las pretensiones de la
demanda y se abstuvo de condenar en costas.

RECURSO DE APELACIÓN10

La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia. Los principales
argumentos del recurso de apelación son los siguientes:

En primer término, indicó que el tribunal omitió realizar un estudio profundo en cuanto
a lo solicitado, es decir, no valoró adecuadamente las pretensiones de la demanda, las
pruebas allegadas y la normatividad aplicable para el caso en cuestión, toda vez que
a la parte demandada le asistía la obligación de probar tanto el reconocimiento de las
prestaciones sociales adeudadas, como el pago de las mismas, de lo cual se
desprende acreditar también el pago de las cesantías a tiempo, bajo los parámetros
contemplados por la Ley, situación que dentro del debate probatorio estuvo ausente.

En segundo lugar, consideró que al realizar la ficción contemplada en la Ley 244 de
1995, modificada por la Ley 1971 de 2006, se pudo comprobar que la relación laboral
culminó el 5 de noviembre de 2012, se radicaron solicitudes el 23 de noviembre de
2012 y el 8 de abril de 2013, y sólo después de haber transcurrido un lapso de tiempo
de 2 años, 2 meses y 5 días fue expedida la Resolución 029 de 2015, en la cual la
demandada reconoció las cesantías definitivas y demás prestaciones sociales
adeudadas, sin que a la fecha se cuente con un comprobante de pago como lo indicó
el salvamento de voto.

Además, sostuvo que los hechos cuestionados para negar la demanda en efecto
vulneran notablemente sus derechos laborales, pues no es obligación estar afiliada a
un fondo privado o público de cesantías, máxime cuando el pago de las cesantías
definitivas deviene de la terminación de un vínculo laboral, por lo cual sostuvo que el
Tribunal de manera equivocada interpretó la ley aplicable para su caso. Agregó que el
principio aplicado y las razones que utilizó para justificar la tardanza en el pago de las
cesantías no son justas, así como cuestionó los testimonios de los señores Héctor
Hugo Gonzáles Epiayu y Hugo Nelson Cuello Ustaris los cuales, señaló, carecen de
toda veracidad.

Por último, como no se acreditó prueba dentro del expediente del pago de las cesantías
definitivas y las prestaciones sociales a la demandante, afirmó que con la negativa de
las suplicas de la demanda se vulneraron los artículos 25 y 53 de la Constitución

9 Folio 164 a 168 audiencia de pruebas
10 Folio 209 a 225

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Nacional; además que en el expediente solo se acreditó el reconocimiento con la
Resolución 029 del 10 de enero de 2015, mas no el pago de los derechos reconocidos.

Por lo anterior, afirmó que la negativa de la demandante no le eximía a la demandada
de su deber de consumar dicho pago conforme a lo determinado en el artículo 65 del
Código Sustantivo del Trabajo como se destacó en el salvamento de voto de la
sentencia apelada, por lo que solicitó revocar la providencia del 28 de septiembre de
2016 y, en su lugar, se disponga acceder a las suplicas de la demanda,
correspondiente a la condena de la indemnización moratoria por no pago oportuno de
las cesantías definitivas prevista en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de
2006, de un día de salario por cada día de retardo, hasta que se haga efectivo o se
pruebe el pago de las mismas.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

La entidad demandada11 reiteró los argumentos planteados en la contestación de la
demandada, alegatos y transcurso del proceso. Solicitó se confirme en su integralidad
la sentencia de primera instancia del 28 de septiembre de 2016.

La parte demandante12 insistió en los motivos expresados en el recurso de alzada.

El Ministerio Público13 rindió concepto en el que solicitó se confirme la sentencia de
primera instancia en toda su extensión, de conformidad con el material probatorio
estudiado, del cual se determinó que la demandante incurrió en conductas que
influyeron en la eventual demora del ente hospitalario en el pago de sus acreencias.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es competente
para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328
del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de alzada. Sin embargo,
cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

Problema jurídico

De conformidad con los motivos de disenso expuestos en el recurso de apelación, el
problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en la siguiente pregunta:

¿Se encuentra acreditada en el sub lite la causación de la sanción por la mora en el
pago definitivo del auxilio de cesantía en favor de la señora Claudia Estela Bolívar
Soto?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: después de la terminación de vínculo
laboral, la entidad demandada tenía la obligación de reconocer, liquidar y pagar a su
ex funcionaria las prestaciones adeudadas al momento de su retiro, por lo que, al
incurrir en mora en el pago de las cesantías definitivas, la demandante tiene derecho
al reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que tratan las Leyes 244 de 1995
y 1071 de 2006, como se explica a continuación.

Naturaleza jurídica de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995

11 Folios 258 a 262
12 Folios 272 a 278
13 Folios 279 al 286.

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5

Es preciso referirnos a la manera en que dicha sanción se encuentra desarrollada por
el ordenamiento jurídico. Así, se tiene que la Ley 1071 de 2006, que adicionó y modificó
la Ley 244 de 1995, reguló el pago de las cesantías definitivas o parciales a los
servidores públicos, previó las sanciones derivadas de su incumplimiento y fijó los
términos para su cancelación, reiterando los parámetros respecto de los cuales se
entiende configurada la mora en el pago de las cesantías solicitadas:

«Artículo 4o. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación
de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los
peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y
pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los
requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la
solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5o. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de
cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo
que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para
cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de
Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al
beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago
de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término
previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando
se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.» (Subrayas
propias)

Ahora bien, la sanción por mora en el pago de las cesantías, parciales o definitivas,
se instituye como una penalidad económica contra el empleador por su retardo en el
pago de dicha prestación social, en favor del servidor público, de manera que su
propósito se orienta a procurar el pago oportuno de la prestación y no a resarcir o
indemnizar al trabajador por los perjuicios derivados de ese retardo. Así lo señaló la
Sección Segunda en la providencia de unificación del 18 de julio de 2018 14, en los
siguientes términos:

«[…] 182. Visto lo anterior, es preciso concluir que la sanción moratoria por pago
extemporáneo de las cesantías, es una sanción o penalidad cuyo propósito es procurar que
el empleador reconozca y pague de manera oportuna la mencionada prestación, más no
mantener el poder adquisitivo de la suma de dinero que la representa y con ella, la
capacidad para adquirir bienes y servicios o lo que la ley disponga como su propósito.

183. Desde la óptica del empleado, si bien la sanción moratoria representa una suma de
dinero considerable, sucesiva mientras no se produzca el pago de las cesantías; ella ni lo
compensa ni lo indemniza por la ocurrencia de la mora del empleador en cumplir con su
obligación de dar, puesto que su propósito es procurar el pago oportuno de la prestación
social, razón por la cual, no es posible hablar que estamos ante un derecho o una acreencia
derivada de la relación de trabajo o de las eventualidades que el empleador ampare en
virtud de lo que ordena la ley.

184. De ahí que, en materia de sanción moratoria sea necesario distinguir su naturaleza de
la voluntad legislativa de orientar que el empleado fuera su beneficiario, y en ese panorama
concluir que se trata de un derecho; pues contrario a ello, no se erige como una prerrogativa
prestacional en la medida que no busca proteger al trabajador de las eventualidades a las

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de
unificación del 18/07/2018, Rad.: 73001-23-33-000-2014-00580-01 (4961-15).
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que puede verse sometido durante una relación laboral, sino que se instituye como
una penalidad económica contra el empleador por su retardo en el pago de la prestación
social de las cesantías y en favor del servidor público.

185. En tal sentido, al no tratarse de un derecho laboral, sino de una penalidad de carácter
económica que sanciona la negligencia del empleador en la gestión administrativa y
presupuestal para reconocer y pagar en tiempo la cesantía, no es procedente ordenar su
ajuste a valor presente, pues, se trata de valores monetarios que no tienen intención de
compensar ninguna contingencia relacionada con el trabajo ni menos remunerarlo. […].»
(negrita del texto original, subrayas de la Sala)

De esa suerte, la sanción moratoria por el pago extemporáneo de las cesantías,
prevista en la Ley 244 de 1995, no comporta un derecho, prerrogativa o acreencia
derivada de la relación laboral, no está encaminada a compensar ninguna
contingencia relacionada con el trabajo ni menos remunerarlo, y no posee
connotaciones resarcitorias de perjuicios. Así, no se ubica en el plano de los derechos
ciertos e irrenunciables, circunstancia que posibilita su disposición por parte del
trabajador e incluso su negociación y condonación.

Cabe decir que, el marco normativo que regula la penalidad por el pago tardío del
auxilio de cesantías, parciales o definitivas, no contempla condicionamientos para la
causación de la sanción, distinta de la constatación objetiva de la tardanza del
empleador en la consignación del auxilio de cesantías, vencidos los 45 días hábiles
desde la firmeza del acto administrativo que las liquida.

Así, para la causación de la sanción moratoria resulta irrelevante el examen sobre la
conducta desplegada por el empleador o por la entidad que tiene a su cargo el pago
de las cesantías causadas, pues la norma concibe dicha prestación como una
obligación a su cargo y no como una facultad discrecional cuyo cumplimiento pueda
ser relativizado o condicionado por elementos intrínsecos o extrínsecos.

Bajo dicho entendimiento, la entidad obligada no puede excusarse en trámites o plazos
administrativos internos, ni pretender que por virtud de los mismos se impida la
causación de una penalidad que opera por ministerio de la ley, de pleno derecho, que
no requiere declaración judicial y que puede ser reclamada y reconocida aún por vía
administrativa. Aceptar aquello sería tanto como convalidar la ineficiencia de la
administración en el cumplimiento de sus funciones, y equivaldría a admitir que le es
dable a la entidad desplazar hacia el administrado la carga de soportar las
consecuencias de su mal funcionamiento y que, en definitiva, le estaría permitido
alegar la propia culpa en su beneficio, en detrimento de la filosofía de la cesantía y de
los derechos del trabajador, como extremo débil de la relación laboral. Aquello, por
supuesto, es inadmisible15.

Se reitera, la sanción moratoria por el pago tardío del auxilio de cesantías opera por
ministerio de la ley y representa una penalidad para el empleador o entidad obligada
omisiva, de manera que la responsabilidad por su causación y prolongación en el
tiempo es del resorte exclusivo de aquél y no del trabajador, y no pueden alegarse
razones internas de orden administrativo o presupuestal para soslayar su causación.

En el sub examine se demostró la causación de la sanción moratoria

En el caso que nos ocupa, está acreditado que la demandante trabajó para la E.S.E
Hospital Nuestra Señora del Carmen como gerente de la entidad, en provisionalidad,
desde el 30 de marzo hasta el 5 de noviembre del año 201216.

15 En ese mismo sentido se ha pronunciado esta Subsección en sentencias del 26 de noviembre de 2020 (radicación

73001-23-33-000-2016-00743-01 (4822-2017). Miguel Ángel González Ocampos contra el Ministerio de Educación
Nacional, Fomag y el departamento del Tolima) y del 3 de junio de 2021 (radicación 76001-23-33-000-2017-00699-
01 (5876-2018). Ligia Robles Navia contra el Ministerio de Educación, Fomag).
16 Folio 31 a 32 - Decreto 045 del 30 de marzo de 2012 por medio del cual se realizó un nombramiento provisional

en el cargo de gerente de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen del Municipio de Hatonuevo la Guajira.
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7

Una vez finalizó el vínculo laboral, la demandante solicitó el pago de sus prestaciones
sociales, entre ellas el auxilio de cesantías definitivas, el 23 de noviembre de 201217.
Posteriormente, dada la ausencia de respuesta ante la primera petición, el 8 de abril
de 201318 reclamó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no
cancelación oportuna de las cesantías.

El 10 de enero de 2015, la entidad demandada expidió la Resolución 029 en la cual
reconoció y ordenó el pago las siguientes acreencias: cesantías definitivas e intereses
sobre las mismas por valor de $2.957.130, prestaciones sociales proporcionales en
monto equivalente a $6.098.431. Sobre este último valor se practicó una deducción
de $1.291.547, por concepto de reintegro de avances irregulares de salarios
cancelados sin ejecución de labores, lo que arrojó como valor neto a pagar la suma
de $4.806.884.

Ahora bien, por disposición de las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, la entidad
demandada contaba con un plazo máximo de 15 días hábiles para expedir el acto
administrativo, más 10 días de ejecutoria del acto y 45 días para realizar el pago. De
conformidad con los hechos acreditados en el sub lite, la Sala estima válido para el
caso concreto, efectuar el cómputo de 70 días hábiles en total indicados en la norma,
a partir del día hábil siguiente a la radicación de la solicitud del pago de acreencias
laborales incluido el auxilio de cesantía definitivas, lo que ocurrió el 23 de noviembre
de 2012, término que venció el 6 de marzo de 201319.

Así, el plazo con el que contaba la E.S.E. demandada para el pago de las cesantías
definitivas corrió desde el 7 de marzo del año 2013 y, toda vez que no se encuentra
acreditado el pago de las cesantías, este debe correr hasta el día que se corrobore y
haga efectivo su pago.

Sobre la prueba del pago del auxilio de cesantías, esta Sala mediante auto del 10 de
junio de 2021 decretó prueba de oficio tendiente a que la entidad demandada aportara
las pruebas que demostraran el pago echado de menos, sin que a la fecha la ESE los
haya aportado.

Ahora, la E.S.E. Nuestra Señora del Carmen sostiene que la demandante no tiene
derecho al reconocimiento y pago de la citada sanción en tanto que mientras estuvo
al frente de la entidad incurrió en conductas reprochables al ordenar su pago
adelantado de emolumentos no causados, así como por negarse a notificarse del acto
administrativo que reconoció sus prestaciones, lo que consideró como una maniobra
torticera para que se ordenara pagar las pretensiones de la demanda.

Sobre el primero de los razonamientos expuestos por la entidad, la Sala considera
que las situaciones descritas no permiten desconocer un derecho laboral, cierto e
indiscutible como es el auxilio de cesantías para el momento en que finalizó el vínculo
laboral. Ahora, aun cuando la señora Bolívar Soto hubiese obtenido adelantos de su
nómina mientras laboró como gerente, incluso sobre emolumentos no causados, ello
no era óbice para el reconocimiento del derecho, puesto que legalmente procedía la
compensación de deudas, como así lo hizo la demandada en la Resolución 029 de
enero de 2015 donde se descontó la suma que la libelista había adelantado de
nómina.

Asimismo, tampoco resulta procedente afirmar que no hay derecho al reconocimiento
y pago de la sanción moratoria porque la demandante se negó a notificarse del acto
administrativo citado, ello por cuanto, aun cuando en efecto obra prueba de que la

17
Folio 36.
18 Folio 37
19 Término que corrió así: 15 días para proferir el acto administrativo que corrieron hasta el 14 de diciembre de

2012, 10 días de ejecutoria hasta el 31 de diciembre, y 45 días para el pago que finalizaron el 6 de marzo de 2013.
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señora Claudia Estela Bolívar se negó a recibir las comunicaciones para notificarla
personalmente de la Resolución 029, por lo que solo se entendió notificada por edicto,
resulta evidente que dicho acto fue proferido cuando ya se habían vencido los términos
legales para el pago del auxilio de cesantía.

Por su parte, el tribunal dispuso negar las pretensiones por considerar que, como
también lo sostuvo la ESE en la contestación del medio de control, la omisión en el
pago obedeció a un hecho de la propia demandante como fue el no haber informado
a que fondo administrador de cesantías debía consignársele tal rubro.

No obstante, la Sala considera que dicho argumento está errado, puesto que
confundió la obligación legal de consignar las cesantías anualizadas, que según las
Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, se causan el 31 de diciembre de cada año, sea por
la anualidad completa o la fracción, y que deben consignarse en un fondo a más tardar
el 14 de febrero del año siguiente, puesto que, en el caso de la finalización del vínculo
laboral el auxilio debe pagarse directamente al empleado, de modo que no resulta
acertado exigir la afiliación a una entidad administradora de cesantías para efectos de
pagar la acreencia.

Por lo anterior, se concluye que la entidad territorial demandada, incurrió en mora
sancionable con un día de salario por cada día de retardo, durante el lapso
comprendido desde 7 de marzo del año 2013 y hasta que se compruebe su pago, en
tanto que, si bien está acreditado el reconocimiento de las cesantías definitivas, no se
demostró su pago efectivo.

En ese orden de ideas, se reitera que las razones en que se fundamentó el tribunal
para justificar que la señora Claudia Estela Bolívar Soto actuó bajo conductas que
crearon una situación favorable para ella y en contra de la Ley, no son de recibo y,
toda vez que se demostró que a la fecha no hay prueba alguna de la que se pueda
colegir o inferir que ya fue realizado el pago de las cesantías definitivas, reconocidas
y liquidadas a favor de la demandante, debe accederse a las pretensiones de la
demanda en lo que se refiere al pago de la sanción moratoria de que trata la Ley 244
de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, desde el 7 de marzo del año 2013 y
hasta que se compruebe su pago.

Finalmente, la Sala advierte que al no haber transcurrido más de tres años entre la
causación de la sanción, la reclamación ante la administración y la presentación de la
demanda, no se configuró la prescripción de la obligación.

Decisión de segunda instancia

Según lo expuesto, se impone revocar la sentencia del 28 de septiembre de 2016 que
negó las pretensiones de la demandada, para en su lugar, declarar la nulidad del acto
presunto surgido del silencio administrativo negativo ante la solicitud del 8 de abril de
2013 y, en consecuencia, se condenará a la ESE demandada a reconocer y pagar la
sanción moratoria de que tratan las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, en favor de la
demandante, en razón de un día de salario por cada día de retardo, a partir del 7 de
marzo del año 2013 y hasta que se compruebe su pago.

De la condena en costas

Esta Subsección, en providencia del 7 de abril de 201620, sentó posición sobre la
condena en costas en vigencia del CPACA, y señaló como conclusión lo siguiente:

a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al
pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.

20 Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Demandante: María del Rosario

Mendoza Parra y 1291-2014, Demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
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b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien
para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente
el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal
y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y
con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se
recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará
atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte
vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y
generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la
participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura).

d) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas,
por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.

e) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP 21, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.

f) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

De conformidad con lo señalado, en el presente caso la Sala se abstendrá de
condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada, pues no se evidencia
actividad de la contraparte ante esta Corporación que permita concluir su causación
objetiva.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2016 por el Tribunal
Administrativo de la Guajira, que negó las súplicas de la demanda que, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovió Claudia Estela
Bolívar Soto contra la ESE Hospital Nuestra Señora de Carmen.

Segundo: Declarar la nulidad del acto administrativo presunto surgido de la petición
del 8 de abril de 2013, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria de que trata la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de
2006.

Tercero: Condenar a la ESE Hospital Nuestra Señora de Carmen a reconocer y pagar
a la señora Claudia Estela Bolívar Soto la sanción moratoria por el no pago oportuno
de las cesantías de que trata el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, desde el 7 de marzo
del año 2013 y hasta la fecha que se produzca la cancelación de sus cesantías
definitivas.

Cuarto: Negar las demás pretensiones de la demanda.

21
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en
el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con
sujeción a las siguientes reglas: […]»
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Quinto: Sin condena en costas de segunda instancia, por lo brevemente expuesto.

Sexto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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