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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-33-000-2015-00100-01

Fecha
28 de octubre de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-33-000-2015-00100-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de septiembre de 2019 proferida por 64 Cfr. Art. 365 y ss. CGP. 65 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034 66 Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho. 26 Radicado: 44001233300020150010001 (65959) Demandante: Adalinda Solano y otro el Tribunal Administrativo de La Guajira, que negó las pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. TERCERO: CONDENAR en agencias en derecho a la parte actora y a favor del municipio de Hatonuevo, las cuales se fijan en derecho en 1 SMLMV. CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 44001-23-33-000-2015-00100-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

28 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 44001233300020150010001 (65959)
Demandante: ADALINDA SOLANO Y OTRO
Demandados: MUNICIPIO DE HATONUEVO

Tema: Error jurisdiccional. Proceso civil policivo por perturbación a la
posesión. No se reúnen los presupuestos para estudiar el error
alegado.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 30 de septiembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo
de La Guajira, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Según se narra en la demanda, el 15 de abril de 2013, un grupo de reclamantes de
tierras invadieron los predios rurales “Cerro El Trueno” y “Las Margaritas”, ubicados en
el municipio de Hatonuevo (La Guajira), de propiedad de Adalinda Solano y María
Eugenia Palmezano Solano, respectivamente. En consecuencia, el 22 de abril de 2013,
la señora Solano promovió querella policiva ante el Inspector Municipal de Policía de
Hatonuevo, en procura de que le fuera amparado su derecho real sobre el predio “Cerro
El Trueno”. Seguidamente, mediante Resolución No. 009 del 31 de mayo de 2013, la
Inspección Central de Policía de Hatonuevo admitió la querella por perturbación a la
posesión. Sin embargo, mediante Resolución No. 001 de julio de 2014, la autoridad
policiva declaró la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso policivo por haber
operado la prescripción de la acción administrativa sumaria de lanzamiento, al
constatar que el conflicto presentado en el predio “Cerro El Trueno” existía desde los
años 1983 y 1999.

2

Radicado: 44001233300020150010001 (65959)
Demandante: Adalinda Solano y otro

En tal virtud, la parte demandante considera que el municipio de Hatonuevo es
patrimonialmente responsable por “la falla de la administración en resolver una querella
policiva, que condujo a la ocupación por parte de personas indeterminadas, de los
predios rurales denominado ‘Cerro El Trueno’ y ‘Las Margaritas’”.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 26 de junio de 20151, Adalinda Solano y María Eugenia Palmezano Solano,
mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación
directa, presentaron demanda en contra del municipio de Hatonuevo para que fuera
declarado patrimonialmente responsable por “la falla de la administración en
resolver una querella policiva, que condujo a la ocupación por parte de personas
indeterminadas, de los predios rurales denominado ‘Cerro El Trueno’ y ‘Las
Margaritas’”.

Como pretensiones de su demanda, la parte actora solicita condenar a la entidad
demandada a pagarle, por daño emergente, la suma de $512.093.703; y por lucro
cesante, la suma de $45.036.006.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, mediante Resoluciones
No. 332 del 21 de abril de 1998 y No. 812 del 27 de abril de 2000, el INCODER adjudicó
a Adalinda Solano y María Eugenia Palmezano Solano, los predios rurales “Cerro El
Trueno” y “Las Margaritas”, respectivamente, ubicados en el municipio de Hatonuevo
(La Guajira) e identificados con los folios de matrícula inmobiliaria No. 210-32918 y 210-
37923.

Sostiene que, el 15 de abril de 2013, un grupo de reclamantes de tierras invadieron los
predios rurales “Cerro El Trueno” y “Las Margaritas”.

1 Fl. 1 a 7, C. 1.

3

Radicado: 44001233300020150010001 (65959)
Demandante: Adalinda Solano y otro

Aduce que, el 22 de abril de 2013, la señora Solano promovió querella policiva ante el
Inspector Municipal de Policía de Hatonuevo, en procura de que le fuera amparado su
derecho real sobre el predio “Cerro El Trueno”.

Indica que, mediante Resolución No. 008 del 24 de abril de 2013, la Inspección Central
de Policía de Hatonuevo admitió la querella por perturbación a la posesión.

Señala que, mediante Resolución No. 009 del 20 de mayo de 2013, la autoridad policiva
decretó la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso de lanzamiento por ocupación
y ordenó retrotraer el asunto a su admisión.

Afirma que, mediante Resolución No. 009 del 31 de mayo de 2013, la Inspección
Central de Policía de Hatonuevo admitió la querella referida.

Señala que, mediante Resolución No. 001 de julio de 2014, la autoridad policiva declaró
la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso policivo por haber operado la
prescripción de la acción administrativa sumaria de lanzamiento, al constatar que el
conflicto presentado en el predio “Cerro El Trueno” existía desde los años 1983 y 1999.

Las demandantes consideran que el municipio de Hatonuevo es patrimonialmente
responsable por “la falla de la administración en resolver una querella policiva, que
condujo a la ocupación por parte de personas indeterminadas, de los predios rurales
denominado ‘Cerro El Trueno’ y ‘Las Margaritas’”.

2. Contestación

El 6 de agosto de 20152 el Tribunal Administrativo de La Guajira admitió la demanda
y ordenó su notificación a la entidad demandada y al Ministerio Público.

2.1. El municipio de Hatonuevo3 alegó que los perjuicios materiales peticionados en
la demanda no le eran atribuibles, toda vez que la Inspección Municipal de Policía

2 Fl. 212 y 213, C. 1.
3 Fl. 221 a 225, C. 1.

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Radicado: 44001233300020150010001 (65959)
Demandante: Adalinda Solano y otro

no incurrió en una falla en el servicio, pues se limitó a declarar la prescripción de la
la acción administrativa sumaria de lanzamiento, luego de constatar que la
perturbación a la posesión del predio “Cerro El Trueno” existía desde los años 1983
y 1999. De otro lado, señaló que María Eugenia Palmezano Solano no estaba
legitimada en la causa por activa, pues no fue querellante en el proceso policivo del
cual se desprendía el daño atribuido a la entidad.

3. Audiencia inicial

El 20 de enero de 20164 el Tribunal Administrativo de La Guajira celebró la audiencia
inicial, en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las excepciones
previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría
a determinar si “el municipio de Hatonuevo es administrativa y patrimonialmente
responsables de los perjuicios ocasionados a las señoras Adalinda Solano y María
Eugenia Palmezano Solano, debido a la omisión de resolver una querella policiva
presentada en abril de 2013, que condujo a la ocupación de los predios rurales
‘Cerro El Trueno’ y ‘Las Margaritas’, por parte de personas indeterminadas; o si por
el contrario, operó alguna causal de exoneración”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 1º de marzo de 20165 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte actora6 reiteró lo expuesto en la demanda.

4.2. El municipio de Hatonuevo y el Ministerio Público guardaron silencio.

4 Fl. 255 a 259, C. 1.
5 Fl. 268, C. 1.
6 Fl. 271 a 280, C. 1.

5

Radicado: 44001233300020150010001 (65959)
Demandante: Adalinda Solano y otro

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 30 de septiembre de 20197 el Tribunal Administrativo de La
Guajira negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el municipio de
Hatonuevo no incurrió en una falla del servicio, pues su actuación se ajustó a
derecho, en tanto se logró establecer que el conflicto presentado en el predio “Cerro
El Trueno” existía desde los años 1983 y 1999, razón por la cual había lugar a
declarar la prescripción del procedimiento policivo administrativo de lanzamiento por
ocupación. De otro lado, frente a María Eugenia Palmezano Solano estimó que sus
pretensiones no tenían vocación de prosperidad, puesto que no hizo parte del
proceso policivo respecto del cual se endilgó una omisión del ente territorial
demandado.

Al efecto indicó lo siguiente: “Desde esta perspectiva, no es clara la ocupación de
hecho sobre el predio de la demandante; no obstante, si en gracia de discusión, se
diera por probado en grado de certeza la ocupación del predio de propiedad de la
demandante, los perjuicios aducidos por la misma, no resultarían imputables a la
entidad territorial, pues, de su actuar dentro del proceso de lanzamiento por
ocupación de hecho incoado por la demandante, no se desprende que la entidad
territorial haya incurrido en la falla de servicio endilgada por la señora Solano, pues
el material probatorio da cuenta que su decisión estuvo ajustado a derecho y por el
contrario la parte actora con su actuar conllevó a que se iniciara un proceso
administrativo de lanzamiento por ocupación de hecho, cuando dicha acción se
encontraba prescripta según lo establecido en el artículo 15 del Decreto 992 de
1930, atendido la fecha desde que tuvo conocimiento de la ocupación por la que
hoy demanda, es decir que al proporcionar una información contraria a la realidad
indujo en error a la entidad territorial el cual se vio en la necesidad de subsanarlo
con la decisión de declarar la nulidad de todo lo actuado, mediante la Resolución
No. 001 de 2014. Finalmente, en lo que atañe a las pretensiones de la señora María
Eugenia Palmezano Solano, tampoco tienen vocación de prosperidad, pues no es
posible declarar la responsabilidad patrimonial de la entidad territorial bajo los
términos deprecados en la demanda por la actora, cuando esta no instauró querella

7 Fl. 296 a 307, C. Ppal.

6

Radicado: 44001233300020150010001 (65959)
Demandante: Adalinda Solano y otro

policiva por la presunta ocupación del predio rural denominado ‘Las Margaritas’,
ubicado en jurisdicción del municipio de Hatonuevo - La Guajira, por lo tanto, no se
le puede endilgar falla del servicio de la administración en resolver querella alguna”.

6. Recurso de apelación

El 13 de diciembre de 20198 la parte demandante interpuso recurso de apelación, el
cual fue concedido el 31 de enero de 20209 y admitido el 28 de mayo de 202010.

6.1. El extremo activo11 argumentó que el a quo no valoró las pruebas obrantes en
el expediente, las cuales, a su juicio, permitían establecer que la querella policiva
se presentó en término, pues para los años 1983 y 1999 no se había perturbado la
posesión del predio “Cerro El Trueno”, pues fue solo hasta el 15 de abril de 2013
que el predio referido resultó invadido. En virtud de lo anterior, consideró que la
Inspección Municipal de Policía incurrió en un yerro al declarar la nulidad de todo lo
actuado dentro del proceso policivo por prescripción de la acción administrativa
sumaria de lanzamiento.

Textualmente refirió: “la querella fue presentada en debida oportunidad observando
el cumplimiento de los términos… para esas fechas [1983 y 1999] en ningún
momento se privó a la señora Adalinda Solano del derecho a la propiedad, a la
tenencia, a la posesión material del predio rural denominado ‘Trueno’. Es así,
entonces, pertinente resaltar que se perturba la posesión el día 15 de abril de 2013,
invadiendo con la construcción de unos cambuches y ranchos de bareque en el
predio ‘El Trueno’. Por lo que mi mandante el día 24 de abril de 2013, es decir ocho
días después de conocida y enterada de la perturbación a la posesión, radica ante
la Alcaldía del municipio de Hatonuevo solicitud para trámite de querella por
perturbación a la posesión… se avizora una omisión o falla del servicio por parte del
inspector de policía lo cual sucedió en todo el procedimiento adelantando donde lo
que relució fueron los autos de decreto de nulidades de la actuación, según
Resolución No. 009 de 20 de mayo de 2013, Resolución 001 de 2014… De lo

8 Fl. 311 a 315, C. Ppal.
9 Fl. 319, C. Ppal.
10 Fl. 325, C. Ppal.
11 Fl. 311 a 315, C. Ppal.

7

Radicado: 44001233300020150010001 (65959)
Demandante: Adalinda Solano y otro

anterior, podemos decir que si hay una evidente falla del servicio frente al
cumplimiento de la normatividad aplicable al trámite de querella por perturbación a
la posesión por parte del municipio de Hatonuevo a través del Inspector de Policía,
quien no llevo a cabo el lanzamiento de los perturbadores de la posesión y tenencia
efectiva y pacifica que tenía mi mandante desde hace más de 60 años sobre el
predio ‘El Trueno’ y permitió que este fuera ocupado de manera irregular”.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 16 de abril de 202112 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente

7.1. La parte demandante13 y el municipio de Hatonuevo14 reiteraron los argumentos
expuestos en el recurso de apelación y en el trámite de primera instancia,
respectivamente.

7.2. El Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Jurisdicción y competencia

A través de la demanda que aquí nos ocupa, la parte actora pretende la declaratoria
de responsabilidad del municipio de Hatonuevo, porque “la Alcaldía Municipal de
Hatonuevo a través de la Inspección Central de Policía, mediante Resolución No.
001 de julio de 2014, decide irregular e ilegalmente revocar todo lo actuado y dar
por terminado el proceso policivo… dándose de bulto una omisión de funciones por
parte del Alcalde, equivalente a una falla del servicio, al no proceder con diligencia
y cuidado a la protección oportuna que se le solicitó”.

12 Fl. 333, C. Ppal.
13 Índice 19, Samai.
14 Índice 18, Samai.

8

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Demandante: Adalinda Solano y otro

Igualmente, en el recurso de apelación la parte actora sostuvo que el daño obedeció
a una “falla del servicio por parte del inspector de policía lo cual sucedió en todo el
procedimiento adelantando donde lo que relució fueron los autos de decreto de
nulidades de la actuación, según Resolución No. 001 de 2014… De lo anterior,
podemos decir que si hay una evidente falla del servicio frente al cumplimiento de
la normatividad aplicable al trámite de querella por perturbación a la posesión por
parte del municipio de Hatonuevo a través del Inspector de Policía”.

Lo expuesto permite constatar que, aun cuando la parte demandante intentó encauzar
el daño a través de un supuesto de falla del servicio, en el fondo su reproche va dirigido
a cuestionar la decisión adoptada en la resolución expedida a instancias de la querella
de lanzamiento por ocupación de hecho - la Resolución No. 001 de julio de 2014 -
mediante la cual se declaró la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso policivo
por haber operado la prescripción de la acción administrativa sumaria de lanzamiento.

En ese sentido, se advierte que se está ante una actuación de naturaleza judicial,
dictada en el marco de un proceso civil de policía, que fue dictada por una autoridad
revestida transitoriamente de funciones jurisdiccionales encaminada a resolver una
controversia entre dos particulares en un proceso policivo15, conforme a lo previsto en
el artículo 116 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1316 de la
Ley 270 de 1996.

Así, como no existen decisiones jurisdiccionales respecto de las cuales no pueda
predicarse la responsabilidad patrimonial del Estado, es posible que mediante la

15 Al respecto la jurisprudencia de las diferentes Secciones de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado ha reconocido el carácter judicial de los juicios civiles de
policía, toda vez que están dirigidos a resolver controversias jurídicas inter partes, en las que están
comprometidos intereses particulares e individuales de los asociados. Ver sentencia de 13 de
septiembre de 2001, con radicado No. 12915, de la Sección Tercera del Consejo de Estado;
sentencia de 1º de noviembre de 2007, con radicado No. 08001-23-31-000-2006-00905-01(ACU),
de la Sección Quinta del Consejo de Estado; sentencia de 3 de mayo de 2019, con radicado No.
70001-23-33-000-2017-00201-01, la Sección Primera; Corte Constitucional, sentencia T-048 de 14
de febrero de 1995, reiterada en sentencias T-289/95, T-149/98; T-127/99 y T-629/99.
16 “Artículo 13. Del Ejercicio de la Función Jurisdiccional por otras Autoridades y por Particulares.

<Artículo modificado por el artículo 6 de la Ley 1285 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Ejercen
función jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política: […] 2. Las
autoridades administrativas respecto de conflictos entre particulares, de acuerdo con las normas
sobre competencia y procedimiento previstas en las leyes. Tales autoridades no podrán, en ningún
caso, realizar funciones de instrucción o juzgamiento de carácter penal”.

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Radicado: 44001233300020150010001 (65959)
Demandante: Adalinda Solano y otro

acción de reparación directa la parte demandante alegue la responsabilidad del
Estado por la administración de justicia y pretenda la reparación de daños y
perjuicios derivados del proceso policivo o de sus decisiones, en ejercicio de
funciones jurisdiccionales, bajo la óptica del error jurisdiccional o del defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, tal y como lo expuso esta
Subsección en sentencia del 24 de enero de 202417.

En este orden de ideas, de conformidad de lo dispuesto en los artículos 65, 66, 67 y
73 de la Ley 270 de 1996, se estima que la Sala es competente para desatar el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 30 de septiembre de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, que negó las pretensiones de
la demanda.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el

17 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 24 de enero de 2024, Rad.:

60429.
En este pronunciamiento, se consideró la jurisdicción y la competencia del Juez en el ámbito de la
reparación directa para abordar las pretensiones que puedan surgir a raíz del funcionamiento
defectuoso o del error judicial en el contexto de un proceso policivo, pues sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 105 del CPACA, según el cual “la jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga
las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley”, la exclusión de la
mencionada norma alude a la posibilidad de efectuar el control judicial mediante un análisis de
legalidad de la decisión adoptada en el juicio de policía en sede de acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo cual, además, descarta la posibilidad de que la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo funja como superior funcional de la autoridad de policía y conozca en
segunda instancia del asunto en cuestión, en cuyo efecto es importante diferenciar los actos
judiciales de los actos administrativos propiamente dichos, ya que contra los primeros no procede el
juicio de validez, por las razones que se acaban de reseñar. En ese sentido, se advierte que la acción
de reparación directa dirigida contra las decisiones proferidas en juicios de policía no pretende
desvirtuar la legalidad o validez de tales decisiones, sino verificar la existencia del daño antijurídico
alegado en la demanda y de su imputación a la acción u omisión de la administración pública, pues
la responsabilidad del Estado también se predica de los errores en que incurren agentes del Estado
que sin pertenecer a la rama jurisdiccional cumplen la función de administrar justicia. Ello así, por
cuanto los inspectores de policía y alcaldes en el cumplimiento de su función jurisdiccional se
encuentran sometidos al imperio de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y sus
decisiones, así como las demás actuaciones surtidas para adelantar el proceso o la ejecución de sus
providencias, configuran hechos o actos judiciales que no escapan al ámbito de la responsabilidad
estatal, pues ello significaría admitir que los daños antijurídicos cometidos por las autoridades de
policía investidas de función jurisdiccional no son objeto de reparación, lo cual resulta inadmisible
dentro del ordenamiento constitucional colombiano y en el marco del Estado Social de Derecho.

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Radicado: 44001233300020150010001 (65959)
Demandante: Adalinda Solano y otro

artículo 14018 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se
reclama la reparación de un daño por hechos imputables al municipio de Hatonuevo
(La Guajira) en ejercicio de funciones de naturaleza jurisdiccional.

3. Vigencia del medio de control

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue
alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal
fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en
tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal y, por ende, ha de ser
examinado de oficio19.

Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del
tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando
a la protección del interés general20, estableció unos plazos para poder ejercer

18 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona

interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u
omisión de los agentes del Estado.
De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea
un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble
por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un
particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.
En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades
públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas,
teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto

a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar,
que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al
momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del
Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o
bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el
auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de
fondo- artículo 144 ordinal 3- e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se
encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.”
20 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,

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Radicado: 44001233300020150010001 (65959)
Demandante: Adalinda Solano y otro

oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción21, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure22 que opera por la falta de actividad oportuna en la

esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
21 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos”.
22 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes

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puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia23, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo24, señala que el medio de control de reparación directa deberá
ejercerse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de
la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante
tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

La Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que
cuando el daño alegado proviene de un error judicial el término de caducidad
empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la
providencia judicial que contiene el aludido yerro25.

En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo,
teniendo en cuenta: i) que la providencia del 1º de julio de 2014, frente a la cual se
endilga un error jurisdiccional, quedó ejecutoriada al tercer día hábil siguiente de su

tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
23 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
24 Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012,

le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y las modificaciones introducidas por el
legislador en la Ley 2080 de 2021. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General
del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de
los estatutos mencionados.
25 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2010, Rad: 17493; Auto del 9

de mayo de 2011, Rad.: 40.196; Sentencia del 27 de enero de 2012, Rad: 22.205.

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notificación26, esto es, el 30 de julio siguiente27, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 302 del Código General del Proceso28; ii) el extremo activo presentó
solicitud de conciliación extrajudicial el 3 de diciembre de 2014, la cual se declaró
fallida el 16 de febrero de 201529; y iii) la demanda se presentó el 26 de junio de
201530.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis31.

4.1. Adalinda Solano está legitimada en la causa por activa, ya que fungió como
querellante dentro del proceso policivo de radicado número 0640, en el marco del
cual se dictó la Resolución No. 001 de julio de 201432, y que puede dar lugar a
responsabilidad patrimonial de la Administración por error jurisdiccional.

4.2. María Eugenia Palmezano Solano, no se encuentra legitimada en la causa por
activa, pues si bien acreditó ser propietaria del predio “Las Margaritas” 33, lo cierto
es que no acreditó tener un interés jurídico en las resultas del proceso policivo de
radicado número 0640, dentro del cual se profirió la Resolución No. 001 de julio de
2014, en tanto no fungió como querellante en el mismo.

26 Según da cuenta copia auténtica de la constancia notificatoria de dicho proveído y teniendo
presente que en contra de la misma no se presentaron recursos ordinarios. Fl. 68, C. 1.
27 Se advierte que los días 26 y 27 de julio de 2014 no fueron días hábiles.
28 “Artículo 302. Ejecutoria. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez

notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. No obstante, cuando se pida
aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la
solicitud. Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después
de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos”.
29 Fl. 204, C. 1.
30 Fl. 1 a 7, C. 1.
31 Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, Exp. 24677. “La legitimación en la

causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la
ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas del
libelo petitorio.”
32 Fl. 69 a 71, C. 1.
33 Fl. 58, C. 1.

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4.3. El municipio de Hatonuevo se encuentra legitimado en la causa por pasiva, en
razón a que el Proceso de Policía de radicado número 0640, dentro del cual se dictó
la Resolución No. 001 de julio de 201434, cuyo error jurisdiccional se demanda, se
surtió ante la Inspección Central de Policía de Hatonuevo35.

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se reunieron los presupuestos formales para
estudiar la configuración de un error jurisdiccional en la providencia del 1º de julio
de 2014 dictada por la Inspección Central de Policía de Hatonuevo.

6. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado y el régimen de responsabilidad del
Estado por error jurisdiccional.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 199136 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho37, que contraría el orden legal38 o que está desprovista de una

34 Fl. 69 a 71, C. 1.
35 “Artículo 320 de la Ley 1333 de 1986. La creación de Inspecciones Municipales de Policía
corresponde a los Concejos que determinarán su número, sede y área de jurisdicción. Las
Inspecciones que se creen conforme al presente artículo dependen del respectivo Alcalde”.
36 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean

imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
37 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
38 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez

Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.

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causa que la justifique39, resultado que se produce sin derecho, al contrastar con
las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida
o protegida40, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto
resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que aunque ilustra en
términos generales el fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para
explicarlo integralmente.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño
antijurídico se hace al Estado, que lo obliga a repararlo y que comprende los daños
causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella,
de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para
ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la
jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el
desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros41.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.

6.2. Régimen de responsabilidad del Estado por error jurisdiccional

En desarrollo del artículo 90 constitucional, el legislador instituyó la responsabilidad
del Estado por la actuación o funcionamiento de sus órganos jurisdiccionales o de
sus funcionarios mediante la Ley 270 de 1996, regulación que en su artículo 65
dispuso lo siguiente:

39 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;
Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
40 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva

Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,

sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.

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“Artículo 65. De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por
la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

La mencionada normatividad estableció que el Estado sería patrimonialmente
responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes
eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error
jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad42.

En cuanto a la modalidad de responsabilidad por la actuación judicial, derivada del
error judicial, el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 lo definió como aquel “cometido
por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el
curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.”
En otras palabras, esta fuente de responsabilidad se refiere a aquellos yerros
emanados de una autoridad jurisdiccional o de particulares investidos
transitoriamente de la función de impartir justicia en un proceso determinado, que
se materializan en una providencia judicial contraria a derecho, mediante la cual se
interpreta, se declara o se hace efectivo un interés o derecho subjetivo43 y que
causa un daño antijurídico al destinatario de la decisión, pues de haberse dictado
conforme al ordenamiento jurídico, el resultado hubiera sido adecuado y no habría
causado la afectación patrimonial que se pretende resarcir en el juicio de
responsabilidad.

El error judicial entonces, puede entenderse como “todo acto judicial ejecutado por
el juez en el proceso, que resulta objetivamente contradictorio con los hechos de la
causa o con el derecho y la equidad, desviando la solución del resultado justo al
que naturalmente debió llegar.”44. Es por ello que la decisión que se reputa errada
puede considerarse como un verdadero “acto ilícito contrario a la ley, sea por acción
u omisión, en el curso del proceso sometido a su jurisdicción.”45

42 Cfr. Artículo 65. Ley 270 de 1996.
43 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativa. Sección Tercera. Sentencia del 22 de

noviembre de 2001. Rad.: 13164.
44 Felix A. Trigo Represas – Marcelo J. Lopez Mesa, Responsabiliad del Estado, Tratado de

Responsabilidad Civil, Tomo IV, Ed. La Lñy Buenos Aires, República Argentina, 2008, pg 170.
45 Ibídem

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Por otra parte, el legislador en el artículo 67 de la ley 270 de 1996 dispuso una serie
de requisitos para la procedencia de esta fuente de responsabilidad, a saber: (i) que
el afectado haya interpuesto los recursos de ley contra la providencia que se reputa
contener el error y; (ii) que dicha decisión judicial haya cobrado firmeza. Lo anterior
se traduce en que la persona que persiga la responsabilidad del Estado con
fundamento en ese título de atribución, para poder reclamar la responsabilidad
producto de una decisión judicial errónea, debe haber presentado oportunamente
los recursos ordinarios46 procedentes para controvertir la providencia a la que se le
atribuye el error y debe haber certeza de que la manifestación judicial acusada es
inmodificable por haber cobrado firmeza, pues, en caso de no haberse controvertido
aquella, el daño se entenderá como debido a la culpa exclusiva de la propia
víctima47 que ahora busca el resarcimiento de los efectos patrimoniales nocivos que
la disposición del juez le pudo haber causado o, podría considerarse que el daño
que pudo haber producido es apenas eventual.

Así las cosas, la ley prevé que cuando tales decisiones implican resultados sin razón
legalmente válida, la misma no esté soportada en pruebas debidamente
recaudadas, se aleje de los cánones procesales, sea el resultado o se dicte bajo el
amparo de una violación al debido proceso o signifique una vía de hecho y que
aquella no pueda además ser corregida por los medios y recursos ordinarios
idóneos en el proceso, se califiquen de error judicial y se ordene la indemnización
de los perjuicios que tal equívoco causó, cuando adicionalmente se encuentren
acreditados en el proceso todos los demás elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado.

Empero, tal error no se refiere a cualquier desacierto contenido en una providencia
judicial, pues este debe surgir de una conducta carente de fundamento objetivo,
debe significar la vulneración de derechos o intereses subjetivos y ser contraria al
ordenamiento jurídico.

46 En sentencia del 28 de septiembre de 2015, Rad.: 33.733, la Sección Tercera de ésta Corporación

manifestó que debía entenderse que los recursos de ley que menciona el artículo 67 de la Ley 270
de 1996 son los medios ordinarios de impugnación y no los recursos extraordinarios.
47 Artículo 70, Ley 270 de 1996.

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Es por ello que el error jurisdiccional contenido en la providencia debe ser
determinante para el proceso y para los intereses de las partes y nunca podrá
convertirse en una instancia adicional del proceso48, por lo que el juez deberá
verificar si la decisión controvertida se encuentra jurídicamente motivada y
probatoriamente sustentada, para luego, en virtud de lo preceptuado en el artículo
90 constitucional y en la Ley 270 de 1996, determinar si el Estado está obligado a
responder patrimonialmente por el daño antijurídico que la decisión de uno de sus
jueces causó, previa comprobación de los demás elementos estructurales de la
responsabilidad patrimonial del Estado. No se trata pues, el juicio que busca
declarar la existencia de responsabilidad de los administradores de justicia por las
decisiones erróneas que estos dicten en desarrollo de sus atribuciones judiciales,
de una tercera instancia del juicio en el cual se dictó la decisión lesiva, ni de evitar
que la misma cobre firmeza, destruir su fuerza obligatoria para sus destinatarios,
así como tampoco de levantar el estado de cosa juzgada sobre el proceso en la cual
se produjo, ni de sustituir la decisión errónea por una más acertada, pues en el
sistema legal colombiano para ello existen otros mecanismos judiciales apropiados.
En cambio, se trata, como se deduce del texto legal que define la figura, de verificar
si la providencia reputada de contener el error produjo consecuencias patrimoniales
adversas para los destinatarios de esa decisión judicial y que no les corresponde
asumir, así como hacer la imputación de tales daños a la administración de justicia
bajo cuyo amparo y en ejercicio de las potestades estatales se dictó la decisión
errada.

De igual manera, y de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación49, este
error puede ser de carácter fáctico o sustantivo, esto es, puede enmarcarse en una
equivocación entre la realidad procesal y la decisión judicial, o residir en la
aplicación distorsionada del derecho. Es así que se puede presentar, entre otros
casos, cuando la autoridad, en ejercicio de funciones jurisdiccionales: i) no valoró
un hecho debidamente probado, que era fundamental para adoptar una decisión de
fondo; ii) consideró que un hecho era fundamental, cuando realmente no lo era; iii)

48Cfr. Tolivar Alas. Leopoldo. La responsabilidad patrimonial del Estado – juez. Tomás Quintana
López [Director]. La responsabilidad patrimonial de la administración pública. Estudio general y
ámbitos sectoriales. Valencia: Tirant lo Blanch. 2009. P.524.
49 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 27 de abril de 2006, Rad.: 14837, del 23

de abril de 2008, Rad.: 16271, del 21 de noviembre de 2017, Rad.: 39515.

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no decretó una prueba conducente para determinar un hecho relevante y solucionar
el caso concreto; iv) adoptó la decisión judicial con fundamento en un hecho que
era falso; v) aplicó una norma que no era aplicable al caso concreto; vi) dejo de
aplicar una norma que era necesaria para solucionar la litis; vii) aplicó una norma
inexistente o derogada50 o; viii) actuó sin competencia.

Asimismo, y en punto del régimen de responsabilidad aplicable a los casos de error
jurisdiccional, es dable aclarar que este es un título de atribución de responsabilidad
de carácter subjetivo que impone la carga a la parte demandante de indicar en que
consiste el aludido yerro y demostrar, además del error jurisdiccional, el daño y la
imputación fáctica y jurídica frente al Estado, ante lo cual, la parte demandada, para
eximir su responsabilidad, podrá demostrar la inexistencia del error jurisdiccional,
una causa extraña que rompa la imputación o la ausencia de cualquiera de los
elementos que componen el juicio de responsabilidad patrimonial.

7. Caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 30 de
septiembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de La Guajira, que negó las
pretensiones de la demanda, la parte actora argumentó que el a quo no valoró las
pruebas obrantes en el expediente, las cuales, a su juicio, permitían establecer que la
querella policiva se presentó en término, pues para los años 1983 y 1999 no se había
perturbado la posesión del predio “Cerro El Trueno”, pues fue solo hasta el 15 de abril
de 2013 que el predio referido resultó invadido. En virtud de lo anterior, consideró que
el Inspector de Policía incurrió en un yerro al declarar la nulidad de todo lo actuado
dentro del proceso policivo por prescripción de la acción administrativa sumaria de
lanzamiento.

En este sentido, y comoquiera que sólo la parte demandante presentó recurso de
apelación contra la sentencia del 30 de septiembre de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de La Guajira, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso, se resolverá el asunto sub lite en aquello que se

50 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27

de abril de 2006. Rad.: 14837.

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reprocha como desfavorable en el recurso51. Por ello, a continuación se analizará si
se reunieron los presupuestos formales para estudiar la configuración de un error
jurisdiccional en la Resolución No. 001 de julio de 2014.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.

7.1. Hechos probados

De conformidad con los medios probatorios allegados oportuna y válidamente al
proceso, se demostraron los siguientes hechos:

7.1.1. Se acreditó que mediante Resolución No. 332 del 21 de abril de 1998, el
INCODER adjudicó a Adalinda Solano el predio rural “Cerro El Trueno”, ubicado en
el municipio de Hatonuevo (La Guajira) e identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria No. 210-32918, según da cuenta copia auténtica de dicha Resolución52
y del certificado de tradición y libertad del predio referido53.

7.1.2. Está probado que mediante escritura pública No. 191, se protocolizó la
adjudicación del predio “Cerro El Trueno”, realizada por el INCODER a Adalinda
Solano, según da cuenta copia autentica de dicha escritura54.

7.1.3. Se demostró que el 22 de abril de 2013, Adalinda Solano promovió querella
policiva ante la Inspección Municipal de Policía de Hatonuevo, en procura de que le
fuera amparado su derecho real sobre el predio “Cerro El Trueno”, pues un grupo

51 “Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos

expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el
superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón
de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el
trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia”.
52 Fl. 56 y 57, C. 1.
53 Fl. 60 y 62, C. 1.
54 Fl. 63 y 64, C. 1.

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de reclamantes de tierras lo habían invadido. De esta información da cuenta copia
auténtica de dicho memorial55.

7.1.4. Se acreditó que mediante auto No. 008 del 24 de abril de 2013, el Inspector
Central de Policía de Hatonuevo admitió la querella de acción policiva de
lanzamiento por ocupación presentada por Adalinda Solano, según da cuenta copia
auténtica de dicho proveído56.

7.1.5. Consta que el 2 de mayo de 2013, el Inspector Central de Policía de
Hatonuevo realizó diligencia de inspección ocular en la que identificó el inmueble
objeto de la querella, según da cuenta copia auténtica del acta de dicha diligencia57.

7.1.6. Se acreditó que mediante Resolución No. 009 del 20 de mayo de 2013, la
Inspección Central de Policía de Hatonuevo decretó la nulidad de todo lo actuado
dentro del proceso de lanzamiento por ocupación y ordenó retrotraer el asunto a su
admisión, según da cuenta copia auténtica de dicha providencia58.

7.1.7. Se probó que mediante Resolución No. 009 del 31 de mayo de 2013, la
Inspección Central de Policía de Hatonuevo admitió la querella referida. De esta
información da cuenta copia auténtica de dicho proveído59.

7.1.8. Está acreditado que mediante Resolución No. 001 de julio de 2014, la
autoridad policiva declaró la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso policivo
por haber operado la prescripción de la acción administrativa sumaria de
lanzamiento, al constatar que el conflicto presentado en el predio “Cerro El Trueno”
existía desde los años 1983 y 1999. Lo anterior consta en copia auténtica de dicha
providencia60.

55 Fl. 163 a 166, C. 1.
56 Fl. 143 a 145, C. 1.
57 Fl. 151 y 152, C. 1.
58 Fl. 134 a 136, C. 1.
59 Fl. 128 a 130, C. 1.
60 Fl. 69 a 71, C. 1.

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7.1.9. Está probado que el 25 de julio de 2014, se notificó la Resolución No. 001 de
julio de 2014 a Adalinda Solano, según da cuenta copia auténtica de dicho
documento61.

7.2. Imposibilidad de estudiar error jurisdiccional por no haber presentado
recursos ordinarios de ley frente a providencia acusada de contenerlo

En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la afectación del
derecho a la propiedad de Adalinda Solano sobre el predio “Cerro El Trueno”, por
la declaratoria de nulidad que hizo la Inspección Central de Policía de Hatonuevo
mediante Resolución No. 001 de julio de 2014, la cual se acusa de contener un error
jurisdiccional.

Ahora bien, el artículo 66 de la Ley 270 de 199662 dispone que el error jurisdiccional
es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en el curso
de un proceso, el cual se materializa a través de una providencia contraria a la ley.

Además, el artículo 67 ibídem señala que para que sea procedente la reclamación
de perjuicios por un error judicial, la parte afectada deberá haber interpuesto los
recursos de ley contra dicha providencia y ésta deberá encontrarse en firme. A
propósito de esta temática, la Sección Tercera de esta Corporación indicó en
sentencia del 26 de julio de 2012 que:

“[…] el error judicial solo se configura si el interesado ha ejercido los ‘recursos de ley’
pues si no agota los medios de defensa judicial que tiene a su alcance el perjuicio
sería ocasionado por su negligencia y no por el error judicial; ‘en estos eventos se
presenta una culpa exclusiva de la víctima que excluye la responsabilidad del Estado’.
Y de otra parte, que los ‘recursos de ley’ deben entenderse como ‘los medios
ordinarios de impugnación de las providencias, es decir, aquellos que no sólo
permiten el examen limitado de la decisión con el objeto de corregir los errores de
toda clase, tanto de hecho como jurídicos, sino que pueden interponerse sin sujeción
a las rígidas causales que operan para los extraordinarios, los que adicionalmente
requieren para su trámite la presentación de una demanda’.

En segundo término, la norma exige que el error se encuentre contenido en una
providencia judicial que esté en firme, esto es, que haya puesto fin de manera normal

61 Fl. 68, C. 1.
62 Estatutaria de la Administración de Justicia.

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o anormal al proceso, lo cual tiene pleno sentido ya que si la misma todavía puede ser
impugnada a través de los recursos ordinarios, no se configura el error judicial.

Finalmente, es necesario que la providencia sea contraria a derecho, lo cual no
supone que la víctima de un daño causado por un error jurisdiccional tenga que
demostrar que la misma es constitutiva de una vía de hecho por ser abiertamente
grosera, ilegal o arbitraria, o que el agente jurisdiccional actuó con culpa o dolo, ya
que el régimen que fundamenta la responsabilidad extracontractual del Estado es
distinto al que fundamenta el de la responsabilidad personal del funcionario judicial.
Basta, en estos casos, que la providencia judicial sea contraria a la ley, bien porque
surja de una inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), de la falta de
aplicación de la norma que corresponde al caso concreto o de la indebida aplicación
de la misma (error de derecho).”63

Bajo el anterior contexto, es preciso indicar que en el sub examine no se cumplieron
los presupuestos para estudiar la eventual configuración de un error jurisdiccional
en la providencia de la Resolución No. 001 de julio de 2014 dictada por la Inspección
Central de Policía de Hatonuevo (hecho probado 7.1.8.), toda vez que el proveído
que se acusa de contener un yerro judicial no fue recurrido por la parte querellante
en el proceso policivo de radicado número 0640, siendo éste uno de los
presupuestos que exige el artículo 67 de la Ley 270 de 1996 para que pueda
reclamarse indemnización de perjuicios por este motivo.

Al efecto, es oportuno advertir que si bien la parte actora aduce en su recurso de
apelación que el “error jurídico del acto administrativo [Resolución No. 001 de julio
de 2014] es que en él no se le brinda la oportunidad de atacar la resolución, porque
no expresa literalmente que contra la misma proceden los recursos en la vía
gubernativa”, lo cierto es que no es de recibo el argumento, pues la Resolución No.
001 de julio de 2014 era un acto de naturaleza jurisdiccional, frente al cual procedían
los recursos ordinarios contra providencias judiciales, consagrados en los artículos
318 y 322 del Código General del Proceso.

Justamente, de conformidad con el artículo 318 del Código General del Proceso
“Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que
dicte el juez… para que se reformen o revoquen”. A su vez, el artículo 322 de la
precitada disposición reza que “La apelación contra autos podrá interponerse
directamente o en subsidio de la reposición […]”.

63 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 26 de julio de 2012, Rad.: 22581.

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Radicado: 44001233300020150010001 (65959)
Demandante: Adalinda Solano y otro

Así las cosas, concluye la Sala que no es procedente analizar si existió un error
judicial en la Resolución No. 001 de julio de 2014, por cuanto la decisión que declaró
la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso policivo con número de radicado
0640, no fue recurrida por la aquí demandante, quien fungió como querellante en el
proceso referido.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia del 30 de septiembre de 2019
proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, que negó las pretensiones de
la demanda, pero por lo aquí expuesto, esto es, al constatar que no es procedente
estudiar el error jurisdiccional alegado sobre la Resolución No. 001 de julio de 2014,
porque la demandante no presentó los recursos ordinarios de ley que procedían
contra dicha decisión.

A estos efectos, no sobra advertir que el daño, entonces, se produjo por culpa
exclusiva de la víctima, en tanto el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 dispone que
“El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando… no
haya interpuesto los recursos de ley”.

8. Condena en costas

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.

Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a
la condena en costas, a saber:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que
dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes
la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. 4.

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Radicado: 44001233300020150010001 (65959)
Demandante: Adalinda Solano y otro

Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte
vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. […]. 8. Solo habrá
lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación”.

De conformidad con las normas anteriormente transcritas, la Sala en la parte
resolutiva condenará en costas en segunda instancia a la parte actora, toda vez que
el recurso de apelación que interpuso no prosperó. La liquidación de las costas la
hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código
General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8
ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las expensas que
aparezcan efectivamente probadas en el proceso.

En relación con las agencias en derecho64 en segunda instancia, se entienden
causadas en razón de la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación
desplegada por la parte vencedora65. A su turno, el Acuerdo 1887 de 200366
proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, determina
que, en los procesos declarativos con cuantía en segunda instancia, podrán fijarse
“hasta por el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o
negadas en la sentencia”.

En el caso de autos la Sala estima procedente su fijación en esta instancia, respecto
del municipio de Hatonuevo, comoquiera que se encuentra acreditada su causación,
pues presentó alegatos de conclusión en la oportunidad procesal correspondiente,
las cuales se fijan en derecho en 1 SMLMV.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de septiembre de 2019 proferida por

64 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
65 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034
66 Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho.

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Radicado: 44001233300020150010001 (65959)
Demandante: Adalinda Solano y otro

el Tribunal Administrativo de La Guajira, que negó las pretensiones de la demanda,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo
dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso.

TERCERO: CONDENAR en agencias en derecho a la parte actora y a favor del
municipio de Hatonuevo, las cuales se fijan en derecho en 1 SMLMV.

CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen para lo de su cargo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado

VF

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