Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-33-000-2015-00170-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-33-000-2015-00170-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 44001-23-33-000-2015-00170-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
24 de noviembre de 2022
Radicación: 44001-23-33-000-2015-00170-01 (4606-2017)
Demandante: Laid del Socorro Díaz de Plata
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 44001-23-33-000-2015-00170-01 (4606-2017)
Demandante: LAID DEL SOCORRO DÍAZ DE PLATA
Demandada: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL1.
Tema: Reconocimiento pensión gracia.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
ASUNTO
La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
el 13 de julio de 2017, por el Tribunal Administrativo de La Guajira, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora Laid del Socorro Díaz de Plata en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20112 formuló, en síntesis, las siguientes
Pretensiones3
1. Declarar la nulidad de las siguientes Resoluciones: i) RDP 002934 del 23
de mayo de 2012 y RDP 20139 del 2 de mayo de 2013 que negaron el
reconocimiento de la pensión gracia en favor de la demandante; ii) RDP
27487 del 17 de junio de 2013 y RDP 031159 del 10 de julio de 2013, que
resolvieron los recursos de reposición y apelación contra el primer acto,
respectivamente, al confirmarlo en todas sus partes y; iii) RDP 038748 del
22 de agosto de 2013 que resolvió la solicitud de aclaración y modificación
de los actos administrativos que desataron los recursos.
1 En adelante UGPP.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
en adelante CPACA.
3 Folios 3 a 5.
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Demandante: Laid del Socorro Díaz de Plata
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó condenar a la UGPP: i) a
reconocer, liquidar y pagar la pensión gracia con el 75% del promedio de
los factores salariales devengados durante el último año de servicios
conforme lo preceptúan los artículos 14, 36, 46 y 47 de la Ley 100 de 1993
y el Decreto ley 1045 de 1978; ii) liquidar y pagar las mesadas pensionales
a partir del 22 de octubre de 2009, de manera indexada; iii) reconocer y
pagar los intereses moratorios conforme lo dispone el artículo 192 del
CPACA; iv) dar estricto cumplimiento a la sentencia en atención a lo
dispuesto por el artículo 192 del CPCA; v) reconocer los intereses que se
hablan en los artículos 192 ibidem y «77 del CCA» y la sentencia C-188 del
29 de marzo de 1999 y; vi) condenar en costas a la demandada.
Fundamentos fácticos relevantes4
1. La señora Laid del Socorro Díaz de Plata nació el 22 de octubre de 1959 y
laboró como docente al servicio del municipio de Maicao, La Guajira, en
forma ininterrumpida, por más de 28 años.
2. En virtud de lo anterior, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión
gracia. Por Resolución RDP 020139 del 2 de mayo de 2013, la UGPP negó
la petición, bajo el argumento de no haber acreditado los requisitos exigidos
por la Ley 114 de 1913, específicamente, por no haberse aportado el
formato único para la expedición de certificado de salarios.
3. Con el certificado de salarios procedió a peticionar nuevamente la
prestación y a través de la Resolución RDP 027487 del 17 de junio de 2013,
se negó la misma, ahora por no haber guardado buena conducta sin
analizar la reiterada jurisprudencia de esta Corporación en relación con el
requisito de la buena conducta exigida en materia de pensión gracia, ni los
motivos o razones por los cuales fue sancionada.
4. Agregó que se desempeñó con honradez y consagración en los empleos y
actualmente no recibe otra pensión o recompensa de carácter nacional y
que además carece de medio de subsistencia en armonía con su posición
social y costumbres.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la principal
función de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del proceso y de la
prueba.5
En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la
contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las principales
decisiones que guiarán el juicio.
Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia
inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:
4 Folios 1 y 2.
5 Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. (2015). EJRLB.
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Demandante: Laid del Socorro Díaz de Plata
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
En el acta de la audiencia inicial se consignó lo siguiente respecto de las
excepciones propuestas:
«Dentro del término señalado por la ley (sic) 1437 de 2011, la entidad
demandad, en los escritos contentivos de las contestaciones de a demanda,
formularon las siguientes excepciones:
3.1. Falta de requisitos pensionales (pensión gracia) o inexistencia de la
obligación: No es propiamente una excepción previa o mixta que deba
resolverse en esta etapa procesal, según lo previsto en el artículo 180 del
CPACA. Sino que es una excepción de fondo que deberá resolverse a
momento de la sentencia.
3.2. Prescripción: El Tribunal considera que la figura de la prescripción no
prospera por las razones siguientes:
La accionante laboró hasta el 28 de diciembre de 2007.
Nació el 22 de octubre de 1959
Los 50 años los cumplió el 22 de octubre de 2009.
Se le consolidó el estatus jurídico el día 22 de octubre de 2009, y la petición la
realizó, el día 15 de febrero de 2012, por consiguiente no existe el rango
temporal de acuerdo con lo previsto en el decreto (sic) 3135.
No se encuentra probada la prescripción trienal en el evento que prosperaran
las pretensiones.
[…]
De acuerdo con el artículo 180 numeral 6° del CPACA, el Despacho tampoco
encuentra probada excepción oficiosa previa o mixta que deba decidir en esta
etapa procesal.
Decisión: No se encuentra excepción previa o mixta, a petición de parte u
oficiosa que deba resolver en esta etapa procesal.»
Se notificó la decisión en estrados y no se propusieron recursos.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] el litigio se fija en determinar si la señora LAID DEL SOCORRO DÍAZ DE
PLATA, tiene o no derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia,
conforme lo establecido en la Ley 114 de 1913 o si como lo señala la UGPP no
reúne los requisitos en virtud de la sanción disciplinaria impuesta mediante los
fallos disciplinarios mencionados que le impusieron suspensión e inhabilidad
por 6 meses.»
La decisión fue notificada en estrados y frente a esta no se interpusieron
recursos.
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Demandante: Laid del Socorro Díaz de Plata
SENTENCIA APELADA6
El a quo profirió sentencia el 13 de julio de 2017, en la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda por cumplir con los requisitos normativos para
obtener la prestación deprecada.
Como fundamento de su decisión señaló que los actos administrativos
demandados negaron el reconocimiento pensional deprecado por la
demandante, teniendo en cuenta que fue sancionada con destitución en el
ejercicio del cargo, cuando ejercía como concejal del municipio de Maicao, al
considerar que la buena conducta debe predicarse no solo respecto de la
actividad docente, sino de todas las actividades que desempeñe la persona
que aspire a la pensión gracia.
En relación con lo anterior, sostuvo que esta ejerció su labor como docente
desde el 12 de junio de 1979 y hasta el 27 de diciembre de 2007, tiempo en el
cual asumió un comportamiento con decoro y buena conducta, sin que le
figurara alguna sanción o amonestación en el ejercicio de su labor educativa.
Así mismo, sostuvo que la sanción disciplinaria que le fue impuesta la
Procuraduría Regional Guajira y la Procuraduría Primera Delegada para la
Vigilancia Administrativa, obedeció a hechos acaecidos el 14 de mayo de
2010, cuando fungía como presidente de la citada corporación edilica, al haber
posesionado a un concejal estando incurso en una causal de inhabilidad,
hecho que consideró aislado y, en consecuencia, no tiene la fuerza suficiente
para hacer nugatorio el derecho pensional; máxime cuando ya había cumplido
con los requisitos para ser beneficiaria del mismo, no fue reiterada ni tuvo
repercusiones en el medio escolar .
De conformidad con lo anterior, encontró demostrado que la libelista cumple
con 20 años al servicio de la Secretaría de Educación de Maicao y 50 años
cumplidos el 29 de octubre de 2009.
Por lo expuesto, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y
dispuso el reconocimiento de la pensión con el 75 % de los factores salariales
por ella devengados en el año anterior a la fecha en que se obtuvo el estatus
pensional (29 de octubre de 2009) y declaró la prescripción de las mesadas
pensionales anteriores al 13 de noviembre de 2012, teniendo en cuenta que
entre la fecha en que radicó la solicitud ante la administración (15 de febrero
de 2012) y la fecha de presentación de la demanda (13 de noviembre de 2015),
transcurrieron más de 3 años.
Así mismo, condenó a la demandada a título de costas y agencias en derecho
la suma correspondiente al 2% del valor de las pretensiones reconocidas en
la sentencia.
RECURSO DE APELACIÓN7
La UGPP interpuso recurso de apelación contra la sentencia y solicitó se
nieguen las súplicas de la demanda, al considerar que de la anotación de la
6 Folios 224 a 235.
7 Folios 241 y 242.
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Demandante: Laid del Socorro Díaz de Plata
Procuraduría General de la Nación se advierte que la demandante fue
sancionada, lo que impide que cumpla con el requisito de buena conducta.
Agregó que no comparte las consideraciones del tribunal cuando afirma que
la sanción fue impuesta con posterioridad a la fecha en que adquirió el estatus
pensional, ni que se trató de un hecho aislado, puesto la norma no indica un
tipo de sanción determinada, sino que implique mala conducta, lo que
efectivamente se evidenció.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La UGPP8 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
La parte demandante y el ministerio público guardaron silencio, tal como se
advierte de la constancia secretarial visible a folio 257 del expediente.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en
las siguientes preguntas:
1. ¿La señora Laid del Socorro Díaz de Plata incurrió en causal de mala
conducta, dado que fue sancionada con la destitución de su cargo como
concejal del municipio de Maicao?
2. En caso de que no sea así ¿La señora Laid del Socorro Díaz de Plata
acreditó los demás requisitos para acceder al reconocimiento y pago de la
pensión gracia de jubilación?
Marco legal y jurisprudencial para el reconocimiento de la pensión de
jubilación gracia. Síntesis.
La pensión de jubilación gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la
Ley 114 de 1913, en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales
que hubiesen servido en el magisterio por un término no menor de 20 años. El
derecho a la prestación se extendió a través de las Leyes 116 de 1928 (a
empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de
instrucción pública) y 37 de 1993 (a los maestros de escuela que hubieren
completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de
enseñanza secundaria), pero siempre bajo el entendido de que se debe
8 Folios 255 y 256.
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cumplir con los demás requisitos regulados por el artículo 4 de la Ley 114
citada.
Luego, la Ley 91 de 1989, en el numeral 2 de su artículo 15, limitó el derecho
al reconocimiento de la pensión gracia, en el sentido de que, a partir de esta
solo serían beneficiarios aquellos docentes vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980, de modo que todo aquel que haya ingresado al servicio
docente oficial con posterioridad a dicha fecha carece de legitimidad para
reclamar la prestación.
En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión
gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su
reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse
desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta;
ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional;
y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige
que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1.° de
enero de 1981.
Ahora, de las diferentes normas enunciadas la jurisprudencia de esta
corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo
docente que cumpla con los requisitos citados, sino que en virtud de sus
condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter territorial y
nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 19979 señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta
el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión
de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»
Para ayudar a determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo
de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de
201810 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o
fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban
a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de
rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones,
por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
9Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto
de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
10 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys
Amanda Hernández Triana contra la UGPP.
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iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender
al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto
3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio
que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para
tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades
territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le
pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus
presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii)
por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen
su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el
legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede
acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra
sometido el docente oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de
la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
(Resaltado del texto original)
Por último, y no menos importante, debe recalcarse que en reciente sentencia
de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 202211 la Sección
Segunda también incorporó como regla jurisprudencial sobre la interpretación
que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989,
11 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia
Jiménez Lozano contra la UGPP.
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siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con
antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos
legalmente establecidos para su reconocimiento».
Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.
Así las cosas y según las preceptivas antes expuestas, queda claro que para
acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar que él o la
docente laboró 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o
municipales, en primaria o en secundaria o como normalista o inspector de
instrucción pública, o en calidad de docente nacionalizado, con alguna
posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se
demuestre que se ostentó dicha vinculación con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980 y cumplir con los demás requisitos exigidos por la Ley 114
de 1913.
Primer problema jurídico
¿La señora Laid del Socorro Díaz de Plata incurrió en causal de mala
conducta, dado que fue sancionada con la destitución de su cargo como
concejal del municipio de Maicao?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: no se probó una causal de
mala conducta de tal naturaleza que pueda hacer nugatorio el derecho a la
pensión gracia, como se explica a continuación:
Mala conducta como causal para la pérdida del derecho de la pensión
gracia.
Como se señaló en precedencia, la Ley 114 de 1913, en su artículo 4.°
consagró, como uno de los requisito para ser beneficiario de la pensión gracia,
el desempeño de las labores en el área de la docencia con buena conducta,
concepto analizado por la Corte Constitucional12, que sobre su alcance y
aplicación ha sido clara al establecer, que cuando una actuación es objeto de
censura y utilizada como fundamento para limitar los derechos, la calificación
de la misma no puede dejarse al arbitrio o apreciación del juzgador, sino
atender valoraciones objetivas.
En vista de lo anterior, es necesario referirnos a los deberes y prohibiciones
de los docentes contemplados en el artículo 44 del Decreto 2277 de 1979, ya
que un desconocimiento de aquellos podría considerarse como una
manifestación de mala conducta:
«Artículo 44º.- Deberes de los docentes. Son deberes de los docentes
vinculados al servicio oficial,
a. Cumplir la constitución y las leyes de Colombia;
b. Inculcar en los educandos el amor a los valores históricos y culturales de la
12 Sentencia C-371/02.
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Nación y el respeto a los símbolos patrios;
c. Desempeñar con solicitud y eficiencia las funciones de su cargo;
d. Cumplir las órdenes inherentes a sus cargos que les impartan sus
superiores jerárquicos;
e. Dar un trato cortés a sus compañeros y a sus subordinados y compartir sus
tareas con espíritu de solidaridad y unidad de propósitos;
f. Cumplir la jornada laboral y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario a
las funciones propias de su cargo;
g. Velar por la conservación de documentos, útiles, equipos, muebles y bienes
que le sean confiados;
h. Observar una conducta pública acorde con el decoro y la dignidad del cargo;
i. Las demás que para el personal docente, determinen las leyes y los
reglamentos ejecutivos.»
Respecto de lo que se considera mala conducta e ineficiencia en el ejercicio
de la profesión docente, el mencionado decreto, en su artículo 46, determinó:
«Artículo 46. CAUSALES DE MALA CONDUCTA. Los siguientes hechos
debidamente comprobados constituyen causales de mala conducta:
a) La asistencia habitual al sitio de trabajo en estado de embriaguez o la
toxicomanía;
b) El homosexualismo o la práctica de aberraciones sexuales;
c) La malversación de fondos y bienes escolares o cooperativas;
d) El tráfico con calificaciones, certificados de estudio, de trabajo o documentos
públicos;
e) La aplicación de castigos denigrantes o físicos a los educandos;
f) El incumplimiento sistemático de los deberes y la violación reiterada de las
prohibiciones;
g) El ser condenado por delito o delitos dolosos;
h) El uso de documentos o informaciones falsas para inscripción o ascenso en
el escalafón, o para obtener nombramientos, traslados, licencias o
comisiones;
i) El abandono del cargo;
j) La utilización de la cátedra para hacer proselitismo político.»
Ahora bien, no cualquier actuación reprochable realizada por un docente puede
originar la pérdida de su derecho a percibir la pensión gracia. Al respecto, el
Consejo de Estado13 ha considerado dos circunstancias específicas pasibles
de la consecuencia descrita: i) el comportamiento censurable fue realizado
repetitivamente durante toda la vigencia de su relación laboral, y ii) cuando a
pesar de ser realizado una sola vez, reviste tal gravedad que la conducta
implica peligro para la comunidad educativa o el ejercicio de la docencia.
En otras palabras, la mala conducta que hace nugatorio el acceso a la pensión
gracia, debe observarse en el transcurso del ejercicio profesional del docente,
por lo cual, en principio, los hechos aislados no constituyen fundamento para
decretar tal sanción, salvo que los mismos sean tan graves que justifiquen la
imposición de la misma. Al respecto, se han trazado los siguientes
lineamientos14:
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de septiembre de 20111,
radicado 76001-23-31-000-2007-00034-01 (2442-11).
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
de 7 de septiembre de 2006, radicado 25000-23-25-000-2002-13151-01(4896-04).
Radicación: 44001-23-33-000-2015-00170-01 (4606-2017)
Demandante: Laid del Socorro Díaz de Plata
«[...] Indudablemente la ley exige como presupuesto para gozar de esta
prestación la prueba de que la interesada haya observado buena conducta; sin
embargo, tal expresión no puede entenderse referida a una situación
determinada sino que sus alcances abarcan el comportamiento que durante
todo el tiempo de docente observó pues la pensión gracia fue concebida como
un estímulo a los educadores, entre otras razones, por su dedicación y buen
comportamiento.
La mala conducta a que se refiere la norma hace relación a aquella que reviste
cierta permanencia a lo largo de la carrera docente, de tal manera que se
pueda concluir que su comportamiento fue inadecuado persistentemente. La
falta cometida no fue de tal magnitud para ocasionar la pérdida de la prestación
reclamada, puesto que la participación en el paro fue una situación relacionada
con conductas laborales y no con aspectos censurables respecto a su
conducta personal o en el ejercicio de sus funciones profesionales.
Ahora bien, si la falta es grave y se comete una sola vez esta no requiere
permanencia; en otras palabras el transcurso del tiempo tampoco es esencial
porque la falta pudo haberse cometido mucho tiempo atrás. Un solo hecho
aislado sin la gravedad que reviste otro tipo de faltas no puede servir como
parámetro de evaluación y por ende esgrimido como argumento para negar el
derecho pensional.»
En otra oportunidad, indicó:
«[…] En efecto, en reiterados pronunciamientos la Sala ha señalado que la
pérdida de la pensión gracia de jubilación a casual de una mala conducta, se
configura cando existe certeza con respecto a que durante su vinculación el
docente asumió un comportamiento recriminable en el ejercicio de sus
funciones y que el mismo ha sido sistemático o de tal gravedad, que amerite la
sanción o pérdida de la pensión. En ese orden de ideas, una sanción no puede
generar la pérdida del derecho pensional por sí misma, pues es necesario
evaluar si a través de la prestación de sus servicios como educador la conducta
negativa fue reiterada o si tuvo incidencia en el medio escolar. Un solo hecho,
sin mayores repercusiones, no puede ser la medida para descalificar de plano
el servicio que tuvo que prestar el docente, durante un tiempo no inferior a vente
años, para poder acceder a la pensión gracia. […].»15
Así las cosas, en cada caso se deberá analizar la naturaleza de la conducta
atribuida al docente, la frecuencia con que esta se realizó y la incidencia o
grado de afección de la comunidad educativa, lo anterior, a fin de evitar que
un hecho aislado o sin repercusión alguna constituya en causal de
impedimento para el reconocimiento de un derecho pensional.
En este orden de ideas, resulta imperioso determinar si se encuentra probada
la causal de mala conducta invocada por la parte demandada a efectos de
establecer si procede la negativa del beneficio prestacional.
Según se desprende de las consideraciones de los actos administrativos
demandados y del escrito de apelación, la negativa en el reconocimiento y
pago de la pensión gracia a favor de la demandante obedece a que la entidad
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de junio de 2013, radicado
73001-23-31-000-2010-00361-01 (1395-12).
Radicación: 44001-23-33-000-2015-00170-01 (4606-2017)
Demandante: Laid del Socorro Díaz de Plata
demandada encontró, luego de consultar en la página de internet de la
Procuraduría General de la Nación16, que le figuraba una sanción en su
condición de Concejal del municipio de Maicao (Guajira) y, en ese sentido,
consideró que no observó buena conducta, requisito que en su sentir, se
predica no solo respecto de la actividad docente, sino de todas las actividades
que desempeñe la persona que aspira a la pensión gracia.
Al respecto, es del caso resaltar que de conformidad con la copia de las
decisiones proferidas el 15 de octubre de 2010, por la Procuraduría General
de la Nación, Regional de La Guajira17, que declaró a la señora Díaz de Plata
disciplinariamente responsable a título de culpa grave, al haber posesionado
a un concejal estando este incurso en una de las causales de inhabilidad
señaladas en la Constitución Política y la ley y, en consecuencia, se sancionó
con suspensión e inhabilidad especial por el término de 6 meses; providencia
que fue confirmada por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia
Administrativa18, del 30 de marzo de 201119.
No obstante ello, considera la Sala que la conducta desplegada por la
demandante y que es objeto de reproche en el caso sub examine, ocurrió
cuando esta se desempeñaba como Concejal del municipio de Maicao y no
como educadora, pues según se deprede del acervo probatorio la labor como
docente la desempeñó hasta el 28 de diciembre de 200720; por lo tanto,
constituye un hecho aislado que carece de la entidad suficiente para enervar
el posible derecho que le asiste de gozar de la pensión gracia reclamada.
Lo anterior, toda vez que no resultaría equitativo tener en cuenta un solo hecho
desfavorable, el cual fue ajeno al ejercicio docente y que en ningún momento
afectó gravemente derechos y libertades de la comunidad educativa. Nótese
que en el tiempo que estuvo vinculada como maestra del municipio de Maicao
no registró sanciones, tal como se puede inferir de las certificaciones del 30
de mayo de 2012, la primera, emitida por la secretaría general y coordinadora
del Comité Disciplinario del citado ente territorial en el que se indicó que la
parte demandante «[…] en el tiempo de servicio laborado del 12 de junio de
1979 y hasta la fecha de su retiro 28 de Diciembre de 2007, no aparece
amonestación ni proceso disciplinario» y la segunda, expedida por el rector de
la época de la Institución Educativa Número Cuatro -centro educativo en el
que trabajo toda su vida laboral docente- que indicó «[d]urante su permanencia
como docente de esta institución observó BUENA CONDUCTA.». Repárese
además, que dichos documentos no fueron tachados de falsos y tampoco
fueron objeto de reproche durante el trámite de primera instancia.
De lo expuesto, se puede colegir que la decisión del tribunal de instancia se
encuentra ajustada a la jurisprudencia de esta Corporación frente a este
aspecto, por lo que es del caso pasar a analizar si la demandante cumple los
demás requisitos exigidos en la normativa aplicable.
16 En fecha 22 de mayo de 2012.
17 Folios 38 a 66.
18 Folios 67 a 76.
19 Fecha de dicha providencia se advierte en el certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la
Procuraduría General de la Nación, visible en el CD que contienen el expediente administrativo.
20 Según se desprende del formato No. 1, certificación de información laboral y las certificaciones
expedidas por el rector de la Institución Educativa Número Cuatro y de la secretaría general del municipio
de Maicao.
Radicación: 44001-23-33-000-2015-00170-01 (4606-2017)
Demandante: Laid del Socorro Díaz de Plata
Segundo problema jurídico.
¿La señora Laid del Socorro Díaz de Plata acreditó los demás requisitos para
acceder al reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: De conformidad con las
sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y 11 de agosto de 2022, de
la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la parte
demandante tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, como se
explica a continuación:
La parte demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la
pensión gracia de jubilación
En el presente caso se observa que la señora Laid del Socorro Díaz de Plata
nació el 22 de octubre de 1959, de modo que cumplió los 50 años en el año
200921.
De igual forma, tal como se abordó en el primer problema jurídico, es claro que
la aquí reclamante no incurrió en una casual de mala conducta, dado que el
hecho que originó la sanción impuesta a la demandante ocurrió respecto de
hechos ajenos al ejercicio docente, circunstancia que no puede enervar el
posible derecho que le asiste de gozar de la pensión gracia deprecada.
Finalmente, la parte demandante acreditó su vinculación al servicio de la
Secretaría de Educación de municipio de Maicao (La Guajira) desde el 12 de
junio de 1979 y hasta el 28 de diciembre de 2007, como docente de la
Institución Educativa No. 4, Sede Loma Fresca22, para un total de 28 años, 6
meses y 12 días.
Y si bien, no obra acto administrativo de nombramiento o certificación de la
autoridad nominadora que da cuenta de manera inequívoca del tipo de
vinculación al cual se encuentra sometida, lo cierto es que no ha sido objeto
de discusión por la entidad demandada que el período laborado por la señora
Laid del Socorro Díaz de Plata como maestra en la aludida entidad territorial
lo fue en calidad de docente nacionalizada, tal como se desprende de la
Resolución RDP 002934 del 23 de mayo de 201223, al reconocer dichos
tiempos de servicio así:
Lo anterior se convalida aún más, con lo dispuesto en el artículo 1.° de la Ley
91 de 1989, al disponer que adquieren la condición de nacionalizados «los
docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de
enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo
21 Según documento de identidad y certificado civil de nacimiento obrantes en el CD que contienen el
expediente administrativo.
22 Según Formato No. 1 Certificado de Información Laboral y las certificaciones y las certificaciones del
del 30 de mayo de 2012, expedida por el rector de la Institución Educativa N.° 4 y de la secretaria general
del municipio de Maicao.
23 Folios 15 a 17.
Radicación: 44001-23-33-000-2015-00170-01 (4606-2017)
Demandante: Laid del Socorro Díaz de Plata
dispuesto por la Ley 43 de 1975». En similar sentido, la Corte Constitucional,
mediante Sentencia C-085 de 2002, indicó que los «docentes nacionalizados»
son «los vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, por las entidades
territoriales».
En consecuencia, y según los criterios fijados por esta sección en las
sentencias de unificación citadas, la Sala evidencia que la señora Díaz de
Plata laboró como docente territorial o nacionalizado por más de 20 años, con
honradez, consagración y buena conducta, así como acreditó los 50 años de
edad y su vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, de modo
que cumplió con la totalidad de requisitos exigidos para ser beneficiaria de la
pensión gracia y consolidó el derecho el 22 de octubre de 2009, fecha en la
que cumplió los 50 años de edad.
En conclusión: La parte demandante tiene derecho al reconocimiento y pago
de la pensión gracia al haber acreditado el cumplimiento de los requisitos
legales y jurisprudenciales exigidos para ser beneficiaria de la prestación.
Decisión de segunda instancia
Según se ha expuesto, se impone confirmar la sentencia del 13 de julio de
2017, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
De la condena en costas
En lo que respecta a la condena en costas, pese a la posición adoptada por
esta subsección en providencias del 7 de abril de 201624, en esta oportunidad
resulta necesario tener presente que la decisión adoptada en esta instancia
obedeció al cambio jurisprudencial ocurrido durante el curso del proceso,
razón por la cual la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte
vencida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 13 de julio de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo de La Guajira, dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho promovida por la señora Laid del Socorro Díaz
de Plata contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.
Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia, por lo brevemente
expuesto.
24 Ver sentencias proferidas dentro de los números internos: 4492-2013, demandante: María del Rosario
Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
Radicación: 44001-23-33-000-2015-00170-01 (4606-2017)
Demandante: Laid del Socorro Díaz de Plata
Tercero: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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