Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-40-000-2014-00001-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-40-000-2014-00001-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 44001-23-40-000-2014-00001-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
2 de agosto de 2024
69926REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, dos (2) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 44001-23-40-000-2014-00001-01 (69.926)
Demandante: CIVIL ENGINEERING TECHNOLOGY EU – CIVILTEC
EU Y CORPORACIÓN PROVIDA (INTEGRANTES DEL
CONSORCIO SAN JUAN)
Demandado: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL
(INCODER)
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – CPACA –
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL – LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE CONTRATO – AUSENCIA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA
Síntesis del caso: la parte actora pide que se declare la nulidad de los actos administrativos
mediante los cuales el Incoder declaró el incumplimiento del consorcio contratista, que se
declare el incumplimiento del Incoder en la obligación de pago de las obras efectivamente
ejecutadas y que se liquide judicialmente el contrato, pedimentos estos que el Tribunal
Administrativo de la Guajira validó parcialmente en cuanto ordenó la liquidación judicial del
negocio jurídico mediante trámite incidental y denegó las demás súplicas de la demanda.
Inconformes con la decisión, ambas partes se opusieron a la sentencia, de una parte, la
Agencia Nacional de Tierras solicitó declarar probada la falta de legitimación en la causa
por pasiva, por cuanto era la Agencia Nacional de Desarrollo Rural la entidad sucesora de
las funciones concernientes al objeto del contrato bajo de análisis y, de otra el consorcio
contratista pidió el reconocimiento de las pretensiones de la demanda, porque, en su
criterio, con los documentos aportados al proceso se acreditó el cabal cumplimiento de las
obligaciones adquiridas y la ejecución de la mayor cantidad de obra, elementos con los que
es posible proceder con la liquidación judicial del contrato con saldo a favor del contratista.
Temas: el cumplimiento de la obligación de pago de los contratos estatales – los elementos
necesarios para establecer el balance de ejecución de un contrato estatal para efectos de
proceder con la liquidación de los mismos.
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por ambas partes en contra
de la sentencia de 9 de noviembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo
de la Guajira que liquidó judicialmente el contrato objeto de demanda, balance
general que ordenó realizar mediante trámite incidental, y denegó las demás
súplicas de la demanda (índice no. 19 - gestión de otros despachos SAMAI), en los
siguientes términos:
“PRIMERO: LIQUIDAR JUDICIALMENTE el Contrato Estatal no. 000424
de 15 de julio de 2010, celebrado entre el INSTITUTO COLOMBIANO DE
2
Expediente no. 44001-23-40-000-2014-00001-01 (69.926)
Actor: Consorcio San Juan
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
DESARROLLO RURAL – INCODER y el CONSORCIO SAN JUAN, por
vía incidente. Para tal efecto proceda la parte demandante a dar inicio al
mismo, en la forma establecida por el artículo 193 CPACA, conforme lo
señalado en el respectivo acápite de la parte motiva.
SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
TERCERO: NO CONDENAR EN COSTAS, conforme a lo indicado en la
parte motiva de la sentencia.
CUARTO: ORDENAR por Secretaría a ver la devolución del remanente o
la totalidad de los gastos ordinarios cancelados por la parte demandante
si a ello hubiere lugar.
QUINTO: Si no fuere apelada la decisión adoptada en este asunto, se
orden su archivo.” (ibidem – negrillas y mayúsculas fijas del texto original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito radicado el 13 de enero de 2014 en el Tribunal Administrativo de
la Guajira, la compañía Civil Engineering Technology EU (Civiltec UE) y la
Corporación Provida 1, integrantes del consorcio San Juan, actuando por intermedio
de apoderado judicial interpusieron demanda en ejercicio del medio de control
jurisdiccional de controversias contractuales (fls. 2 a 114 documento no. 3 - índice
no. 2 SAMAI) con las siguientes súplicas:
“PRIMERA.- Que se decrete la NULIDAD de la Resolución no. 0962 de
17 de mayo de 2012 proferida por el INSTITUTO COLOMBIANO DE
DESARROLLO RURAL – INCODER, por la cual se declara un
incumplimiento y un siniestro del Contrato de Obra no. 0424 de 2010.
SEGUNDA.- Que se decrete la NULIDAD de la Resolución no. 1015 de
31 de mayo de 2012 proferida por el INSTITUTO COLOMBIANO DE
DESARROLLO RURAL – INCODER, por la cual se resuelven unos
recursos de reposición interpuestos contra Resolución no. 0962 de 17 de
mayo de 2012.
TERCERA.- Que se declare el incumplimiento por parte del INSTITUTO
COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER del Contrato
1 De acuerdo con los certificados de existencia y representación de la compañía Civil Engineering
Technology EU (Civiltec UE) y de la Corporación Provida emitidos por la Cámara de Comercio de
Barranquilla visibles en los folios números 119 a 123 y 124 a 129 del documento no. 3, índice no. 2
SAMAI, el representante legal de ambas agremiaciones es el señor Roberto José Gutiérrez Danies
quien, además, funge como representante del consorcio San Juan (fl. 4 documento no. 2, índice no.
2 SAMAI) y otorga los respectivos poderes al profesional de derecho que formula la demanda de la
referencia (fls. 115 a 118 documento no. 3, índice no. 2 SAMAI).
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Expediente no. 44001-23-40-000-2014-00001-01 (69.926)
Actor: Consorcio San Juan
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
Estatal no. 000424 de 15 de julio de 2010, celebrados entre este y el
CONSORCIO SAN JUAN, por no haber reconocido y pagado el valor de
las prestaciones debidamente cumplidas, así como por retardar su
liquidación, de acuerdo con las pruebas aportadas.
CUARTA.- Que se reconozca que en la ejecución del contrato no. 000424
de 15 de julio de 2010 celebrado entre el INSTITUTO COLOMBIANO DE
DESARROLLO RURAL – INCODER y el CONSORCIO SAN JUAN se
presentó un desequilibrio económico en contra de dicho consorcio.
QUINTO.- Que, en virtud de la declaración anterior, el INSTITUTO
COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER es responsable
de los perjuicios materiales sufridos por el contratista, imputables a su
conducta omisiva de no haber restablecido la conmutatividad y el
equilibrio económico del contrato.
SEXTA.- Que, como consecuencia de las declaraciones anteriores y para
restablecer la conmutatividad y el equilibrio económico del contrato, se
condene al INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL –
INCODER a pagar a las sociedades integrantes del CONSORCIO SAN
JUAN, los perjuicios materiales ocasionados con el incumplimiento por la
suma de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON NUEVE
CENTAVOS ($2.834.202.730.09) M/CTE, discriminados así:
1) Por concepto de CANTIDADES DE OBRAS RECIBIDAS Y NO
CANCELADAS contenidas en el acta no. 1 y correspondientes a
195,43 Hectáreas, la suma de MIL TREINTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (sic)
($1.032´455.163.85) M/CTE.
2) Por concepto de CANTIDADES DE OBRA RECIBIDAS Y NO
CANCELADAS contenidas en el acta no. 2 y correspondientes a
176.15 Hectáreas, la suma de MIL TREINTA Y SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (sic)
($1.036´497.240.83) M/CTE.
3) Por concepto de CANTIDADES DE OBRAS RECIBIDAS Y NO
CANCELADAS contenidas en el acta no. 3 y correspondientes a 95.16
Hectáreas, la suma de MIL TREINTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO OCHENTA Y TRES
PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($515´250.325.41)
M/CTE.
4) Por concepto de la pérdida de la MÁQUINA RETROEXCAVADORA
PC 200 KOMATSU como consecuencia de la falta de programación
real de llenado del Embalse El Cercado, la suma de DOSCIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000.oo) M/CTE.
SÉPTIMA.- Que se disponga la liquidación del Contrato No. 000424 del
15 de julio de 2010, y se ordene incluir dentro de la misma a cargo del
INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER el
reconocimiento a favor del CONSORCIO SAN JUAN los perjuicios
materiales ocasionados con el incumplimiento por la suma de DOS MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOS
MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON NUEVE CENTAVOS
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Expediente no. 44001-23-40-000-2014-00001-01 (69.926)
Actor: Consorcio San Juan
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
($2.834.202.730.09) M/CTE., conforme a las pruebas que se aportan, así
como a las que se allegarán y practicarán dentro del proceso.
OCTAVA.- Que se condene al INSTITUTO COLOMBIANO DE
DESARROLLO RURAL – INCODER, a pagar la actualización de las
anteriores sumas desde el momento en que fueron exigibles hasta la
fecha de la sentencia que se dicte en el presente proceso, tal como lo
autoriza el artículo 192 del C. de P.A. y de lo C.A.
NOVENA.- Que sobe el total de las mismas sumas señaladas se apliquen
los intereses moratorios respectivos, a la tasa más alta permitida por la
ley, tal como lo autoriza el artículo 192 ibidem.
DÉCIMA.- Que la demandada de cumplimiento a la respectiva sentencia
dentro del término señalado en el artículo 192 del C. de P.A. y de lo C.A.,
teniendo en cuenta igualmente el artículo 193 ibidem.
DÉCIMA PRIMERA.- Que se condene a la entidad demandada a pagar
las costas del proceso, incluidas las agencias en derecho
correspondiente, de acuerdo al artículo 188 del C. de P.A. y de lo C.A.”
(fls. 103 a 106 ibidem – mayúsculas sostenidas, negrillas y subrayado del
original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico la parte demandante expuso en el escrito contentivo de
la demanda, en síntesis, lo siguiente:
1) El 15 de junio de 2010, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y el
consorcio San Juan (integrado por la compañía Civil Engineering Technology EU –
Civiltec UE y la Corporación Provida) 2 suscribieron el contrato de obra no. 424 con
el objeto de llevar a cabo el “retiro y aprovechamiento de la biomasa existente en el
vaso del embalse El Cercado del proyecto Río Ranchería del Departamento de la
Guajira Etapa I” (fl. 6 documento no. 3 Contrato 424 de 2010, carpeta denominada
“soportes defensa demanda”, documento no. 7, índice no. 2 SAMAI), con un valor
estimado de $1.819.558.559 que dependía de las cantidades de obra realmente
ejecutadas.
2) Durante la ejecución del contrato la compañía contratista cumplió con las
obligaciones adquiridas y, en atención a que la totalidad de las obras ejecutadas
2 De acuerdo con el documento de constitución del consorcio San Juan, la compañía Civiltec EU tuvo
una participación del 90% y la corporación Provida del 10% (fl. 4 documento no. 2, índice no. 2
SAMAI).
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Expediente no. 44001-23-40-000-2014-00001-01 (69.926)
Actor: Consorcio San Juan
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
resultó superior a la estimada, el consorcio contratista solicitó la adición del valor
del contrato.
3) Luego de que transcurrieran más de tres (3) meses sin que el INCODER diera
respuesta a la petición de adición del valor del contrato, el consorcio contratista con
fundamento en el artículo 25 numeral 16 de la Ley 80 de 1993 elevó mediante
escritura pública no. 01507 de 9 de julio de 2011 ante la Notaría 5 del Círculo de
Bogotá el silencio administrativo positivo generado frente a dicha solicitud.
4) Posteriormente, el INCODER citó al consorcio contratista a audiencia de que trata
el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 para debatir el posible incumplimiento del
contrato.
5) El 11 de abril de 2012, constituida la audiencia de incumplimiento el apoderado
de la compañía de seguros garante del cumplimiento del contrato solicitó la
suspensión de la misma, por cuanto no se había adjuntado a la citación el informe
de interventoría, requerimiento que fue denegado por el INCODER y
consecuentemente continuó el trámite de la audiencia.
6) Adicionalmente, el consorcio contratista pidió la nulidad del procedimiento
adelantado, dado que la Ley 1474 de 2011 no había entrado en vigencia para la
fecha en la que se suscribió el contrato de obra, solicitud que fue denegada por el
INCODER.
7) En forma mancomunada, el consorcio San Juan y la compañía de seguros
solicitaron el decreto de varios medios de prueba para desvirtuar los presuntos
incumplimientos endilgados, sin que tales peticiones hubieran sido concedidas.
8) El 17 de mayo de 2012, el INCODER declaró el incumplimiento del consorcio San
Juan, decisión que fue confirmada el 31 de mayo siguiente.
3. Fundamento de la demanda
En el texto de la demanda la actora presentó como fundamentos de derecho y
concepto de violación normativa, en resumen, lo siguiente:
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Expediente no. 44001-23-40-000-2014-00001-01 (69.926)
Actor: Consorcio San Juan
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
Las Resoluciones números 962 de 17 de mayo y 1015 de 31 de mayo, ambas
emitidas por el INCODER en el año 2012, mediante las cuales se declaró el
incumplimiento del consorcio San Juan, adolecen de nulidad por el hecho de ser
contrarias a la normatividad en que debía fundarse, por razón de un único cargo de
nulidad por violación de los derechos del debido proceso y de defensa, cuyo
sustento es el siguiente razonamiento:
1) La decisión contentiva de la declaración de incumplimiento del contrato fue
proferida con violación de tales derechos, por cuanto el INCODER no remitió con la
citación el informe del interventor con el que sustentaba el inicio del proceso
sancionatorio, así como tampoco se permitió el decreto y práctica de las pruebas
que permitían contradecir los eventos de incumplimiento endilgados al consorcio
San Juan.
2) Las obligaciones reportadas como incumplidas fueron las siguientes:
a) Falta de disponibilidad permanente y total del director de obra y residente de obra.
b) Falta de presentación de los informes de ejecución mensual, así como también
la falta de entrega de los documentos que se le requerían, con excepción del informe
del mes de octubre de 2010 que sí fue proporcionado por el consorcio.
c) Falta de presentación del análisis de precios unitarios (APU).
d) Falta de disposición de los lugares de acopio para la medición, control,
aprovechamiento y pago de la madera aserrada.
e) Falta de reporte de los botaderos autorizados por Corpoguajira para la disposición
final de los residuos y presentación de los salvoconductos que comprobaran
almacenaje y transporte de la madera aprovechada.
4. Posición de la parte demandada
A través de escrito radicado el 15 de septiembre de 2014 contestó la demanda con
oposición a las pretensiones y solicitó que fueran negadas (fls. 193 a 208
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Expediente no. 44001-23-40-000-2014-00001-01 (69.926)
Actor: Consorcio San Juan
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
documento no. 3 y 1 a 12 documento no. 5 - índice no. 2 SAMAI), con los siguientes
argumentos:
1) El consorcio San Juan no cumplió con la disponibilidad exigida en el contrato para
el director y el residente de obra, razón por la cual, para el 10 de noviembre de 2010
se produjo un cese de actividades de personal, pues, el contratista no contaba con
la dirección y soporte técnico que impedían la continuidad de las actividades.
2) De otra parte, desde el inicio del contrato el contratista tan solo presentó un (1)
informe de los cinco (5) que debía radicar en forma mensual, así como tampoco
rindió los informes semanales exigidos contractualmente ni el análisis de precios
unitarios (APU), pues, conforme con la radicación del mismo ante la interventoría,
la entrega se dio cinco (5) meses después del inicio del contrato.
3) Los lugares para acopio identificados por el contratista solo tenían capacidad
para un uno por ciento (1%) del total del volumen de biomasa que debía transportar,
y de los quince (15) identificados solo se pudo verificar la existencia de tres (3).
4) El consorcio San Juan no reportó en forma alguna los botaderos autorizados por
Corpoguajira para la disposición final de los residuos ni presentó los salvoconductos
que comprobaran almacenaje y transporte de la madera aprovechada.
5) El consorcio contratista no cumplió con la entrega de los soportes del manejo y
destinación del anticipo, circunstancia que impidió la verificación del cumplimiento
contractual por parte de la interventoría.
6) Por último, el consorcio San Juan solo ha demostrado una inejecución contractual
frente a unos hechos concretos y motivos que causaron el incumplimiento de las
obligaciones asumidas con el contrato de obra no. 424-10.
4. Actuación en primera instancia
1) El 1° de agosto de 2017, estando el expediente al despacho para proferir la
decisión que en derecho corresponda, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del
INCODER puso en conocimiento el Decreto 2365 de 2015 mediante el cual se
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Expediente no. 44001-23-40-000-2014-00001-01 (69.926)
Actor: Consorcio San Juan
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
ordenó la supresión y liquidación de dicha entidad (fl. 180 documento no. 5, índice
no. 2 SAMAI).
2) Por auto de 23 de agosto de 2021, el despacho conductor del proceso puso en
conocimiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado la ausencia de
notificación del asunto y decretó a la Agencia Nacional de Desarrollo Rural como
sucesora del INCODER (fls. 241 a 246 ibidem).
3) El 30 de septiembre de 2021, el apoderado de la Agencia de Desarrollo Rural
señaló que el proceso de la referencia no fue asignado a esa entidad dentro de los
expedientes susceptibles de subrogación como consecuencia de la orden de
supresión y liquidación del INCODER, en ese sentido, solicitó declarar la falta de
legitimación en la causa por pasiva de la Agencia de Desarrollo Rural y, por ende,
su desvinculación del proceso de la referencia (fls. 281 a 288 documento no. 5,
índice no. 2 SAMAI).
4) El 26 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de la Guajira negó la petición
elevada por parte de la Agencia de Desarrollo Rural dirigida a obtener su
desvinculación del proceso y declaró a la Agencia de Desarrollo Rural y a la Agencia
Nacional de Tierras como sucesoras procesales del INCODER (fls. 318 a 320
ibidem).
5. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de la Guajira, en providencia de 9 de noviembre de 2022
(fls. 329 a 360 documento no. 5 – índice no. 2 SAMAI) liquidó judicialmente el
contrato objeto de demanda, balance general que ordenó ser realizado vía incidente
y, denegó las demás súplicas de la demanda, con base en la siguiente sustentación:
1) De la revisión de las conclusiones presentadas por el contador público encargado
de realizar el dictamen pericial, y de los puntos con los que el INCODER formuló
objeción por error grave del mismo, se tiene que el medio probatorio no resulta
inconducente; sin embargo, la labor adelantada por el perito se limitó a la
actualización de los valores propuestos por el demandante con el escrito de la
demanda, sin hacer cálculo alguno ni establecer la veracidad de los documentos
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Expediente no. 44001-23-40-000-2014-00001-01 (69.926)
Actor: Consorcio San Juan
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
aportados al expediente, razón por la cual, dicho medio probatorio resulta irrelevante
para desatar la litis, por lo que sus conclusiones no se tienen en cuenta.
2) Frente al cargo de nulidad por violación de los derechos del debido proceso y
defensa con la expedición de los actos administrativos mediante los cuales se
declaró el incumplimiento del consorcio contratista, se advierte que no está llamado
a prosperar puesto que, en efecto, el INCODER omitió adjuntar a la citación de la
compañía aseguradora el informe de la interventoría, pero, dicha aseguradora no
concurrió al estrado judicial, razón por la cual el contratista no está legitimado para
pretender tal defensa dado que la citación realizada a este se ajustó a derecho.
3) En cuanto al presunto incumplimiento del INCODER en la obligación de pago y
reconocimiento de las prestaciones debidamente cumplidas, así como por retardar
la liquidación del contrato, se advierte que al expediente fueron aportadas las actas
de obra correspondientes a los números 1, 2 y 3, sin embargo, tales documentos no
cuentan con la firma del interventor ni del supervisor del INCODER, circunstancias
por las que no se tienen pruebas del avance de obra cuyo reconocimiento pretende
el actor con la demanda.
4) De otra parte, en relación con el presunto desequilibrio económico del contrato
por motivo de la mayor cantidad de actividad encomendada al consorcio contratista,
se tiene que en realidad no existió mayor actividad, lo que ocurrió fue una definición
de la forma o metodología para realizar la actividad sin que ello implicara más
trabajo a cargo del contratista, motivo por el cual se impone denegar la petición por
falta de prueba.
5) Por último, en cuanto la petición de liquidación del contrato no. 424 de 2010 se
advierte que no se cuenta con los elementos suficientes, razón por la cual se
liquidará el contrato en abstracto con base en los parámetros y conceptos que se
encuentran establecidos en el acta final de la interventoría que para tal fin deberá
ser allegada por la entidad accionada, junto con el acta de entrega de la obra,
documentos que debían haber sido allegados por ser parte del expediente
administrativo.
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Expediente no. 44001-23-40-000-2014-00001-01 (69.926)
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Controversias contractuales
Apelación de sentencia
6. El recurso de apelación
Las partes se opusieron a la sentencia de primera instancia a través de la
formulación de los respectivos recursos de apelación (404 a 418 y 500 a 529
documento no. 5, índice no. 2 SAMAI) los cuales fueron concedidos por el a quo
mediante auto de 25 de abril de 2023 (fls. 549 a 550 ibidem), impugnaciones que
fueron sustentadas en los términos que se reseñan a continuación.
6.1 Agencia Nacional de Tierras
Los argumentos de la impugnación son los siguientes:
El tribunal de primera instancia pasó por alto que la Agencia Nacional de Tierras no
tiene dentro de sus funciones la administración ni operación de los distritos de
adecuación de tierras o el aprovechamiento de la biomasa, mientras que la Agencia
de Desarrollo Rural es la responsable de gestionar, promover y financiar el
desarrollo agropecuario y rural para la transformación del campo, circunstancia por
la cual, debe declararse la ausencia de legitimación en la causa por pasiva de la
Agencia Nacional de Tierras.
6.2 Consorcio San Juan
La parte demandante se opone a la decisión adoptada por el tribunal de primera
instancia, solicita hacer una valoración de las pruebas que conforman el expediente,
información con la que, a su juicio, se obtiene el fundamento para declarar
prósperas las pretensiones de la demanda en relación con las instrucciones
dirigidas a ejecutar mayores obras emitidas por el INCODER y que conllevaron a la
configuración del desequilibrio económico del consorcio contratista, elementos
necesarios para poder determinar la orden de liquidación judicial del contrato, razón
por la cual la decisión emitida por el tribunal de primera instancia no resulta acorde
a la realidad del negocio jurídico.
Asimismo, se opuso a la determinación de ausencia de legitimación en la causa
para pretender la nulidad de la actuación administrativa sancionatoria por el hecho
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Expediente no. 44001-23-40-000-2014-00001-01 (69.926)
Actor: Consorcio San Juan
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
de no remitir a la compañía aseguradora como anexo a la citación del procedimiento
en informe de supervisión.
7. Actuación surtida en segunda instancia
1) Por auto de 4 de septiembre de 2023 se admitieron los recursos de apelación
(índice no. 6 SAMAI).
2) Posteriormente, el 22 de septiembre de 2023 se notificó al Ministerio Público del
auto admisorio (índice no. 10 ibidem) y, en los términos del numeral 5 del artículo
247 del CPACA se le informó que no había solicitud ni decreto de pruebas en
segunda instancia y se le corrió traslado para emitir el respectivo concepto; sin
embargo, transcurrido el término otorgado el Ministerio Público guardó silencio
(índice no. 13 SAMAI).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado 3, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la impugnación, 3) conclusiones y, 4) condena en costas
y agencias en derecho.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
El contenido de la controversia planteada se centra en la discusión acerca del
supuesto incumplimiento del INCODER en la obligación de pago del contrato no.
424 de 2010 celebrado con el consorcio San Juan integrado por la compañía Civil
Engineering Techno EU (Civiltec EU) y la corporación Provida, por el hecho de
haber recibido las obras contratadas sin reconocer el valor de las mismas,
3 El plazo del contrato objeto de demanda terminó el 31 de mayo de 2011 y la oportunidad para
liquidar el mismo, tanto bilateral como unilateralmente, feneció el 30 de noviembre de 2011 y, como
como la parte actora el 22 de noviembre de 2012 suspendió el término de caducidad con la radicación
de la solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, término que se reanudó el
12 de diciembre de 2012, la demanda radicada el 13 de enero de 2014 resulta presentada
oportunamente.
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Expediente no. 44001-23-40-000-2014-00001-01 (69.926)
Actor: Consorcio San Juan
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
circunstancia que conllevó al desequilibrio económico del contrato en cabeza del
contratista.
El Tribunal Administrativo de la Guajira concedió parcialmente las súplicas de la
demanda, en el sentido de ordenar la liquidación judicial del contrato no. 424 de
2010 a través de incidente y denegó las demás pretensiones formuladas.
En el presente asunto, ambas partes se opusieron a la sentencia de primera
instancia, el consorcio demandante solicitó analizar las pruebas que conforman el
expediente, en especial, el informe de interventoría, las actas de reunión, el silencio
administrativo positivo y el cruce de comunicaciones, documentos con los que, en
su criterio, se acreditó la ejecución de mayores cantidades de obra por parte del
contratista, elementos que resultan suficientes para realizar la liquidación judicial
del contrato con un saldo a su favor, así como también insistió en la nulidad del
procedimiento sancionatorio por el hecho de que no se remitiera a la compañía
aseguradora, como anexo a la citación, el informe de supervisión.
Adicionalmente, la Agencia Nacional de Tierras, en condición de sucesora de las
funciones del INCODER, se opuso a la decisión adoptada por el a quo, porque fue
la Agencia de Desarrollo Rural la entidad que recibió las funciones concernientes a
los distritos de riego y en particular las del objeto del contrato no. 424 de 2010, razón
por la cual la Agencia Nacional de Tierras no es la sucesora funcional del INCODER
en el presente asunto.
La Sala revocará la sentencia objeto de apelación, para en su lugar declarar
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Agencia
Nacional de Tierras y denegar las súplicas de la demanda.
2. Análisis de la impugnación
2.1 Aspecto preliminar
En primer lugar, advierte la Sala el reparo sobre la ausencia de legitimación en la
causa por pasiva de la Agencia Nacional de Tierras en condición de sucesora del
extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), para lo cual procede
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Expediente no. 44001-23-40-000-2014-00001-01 (69.926)
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la Sala a resolver tal cuestión puesta en consideración con fundamento en lo
siguiente:
1) La legitimación en la causa, como presupuesto procesal para obtener una
decisión de fondo hace referencia a la relación sustancial que debe existir entre las
partes del proceso y el interés sustancial del litigio, de manera tal que aquella
persona que ostenta la titularidad de la relación jurídica material es a quien se
encuentra habilitada por la ley para actuar procesalmente.
2) Así las cosas, la legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal del
medio de control que debe ser observado por el ad quem al margen que haya sido
cuestionado o no en el marco del recurso de apelación.
La Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, en relación con la falta
de legitimación en la causa verificada en segunda instancia, en sentencia de
unificación del 6 de abril de 2018 4 se pronunció en los siguientes términos:
“Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites
competenciales del ad quem frente el recurso de apelación es el que la
Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto global de la
sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos
que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa
no se haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego,
sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse
oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias
para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta
de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción,
aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como
fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada”
(Resalta la Sala) 5.
Lo anterior en consonancia con lo expreso y puntualmente dispuesto en el inciso
segundo del artículo 187 del CPACA, según el cual en la sentencia el juez decidirá
sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que encuentre probada,
4 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 6 de abril de 2018, expediente número
46.005, MP Danilo Rojas Betancourth.
5 Al respecto, pueden consultarse las sentencias de la Sección Tercera esta Corporación de 17 de
marzo de 2021 de la Subsección B, en el expediente con radicación no. 33.970, MP Ramiro Pazos
Guerrero, de 27 de agosto de 2021 de la Subsección A, en el expediente con radicación no. 50.093,
MP José Roberto Sáchica Méndez y del 11 octubre de 2021 de la Subsección A, en el expediente
con radicación no. 49.758, MP José Roberto Sáchica.
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Expediente no. 44001-23-40-000-2014-00001-01 (69.926)
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además, el silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas
las excepciones, propuestas o no, sin perjuicio de la non reformatio in pejus 6.
3) En el presente asunto el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) en
condición de parte demandada, puso en conocimiento que a través del Decreto
2365 de 2015 dicha entidad fue suprimida y se ordenó su liquidación, información
con la que el tribunal conductor del proceso mediante auto del 23 de agosto de 2021
decretó como sucesora del INCODER a la Agencia Nacional de Desarrollo Rural
(fls. 241 a 246 documento no. 5, índice no. 1 SAMAI) 7.
4) El 30 de septiembre de 2021, la Agencia Nacional de Desarrollo Rural solicitó su
desvinculación del proceso por razón de que el contrato no. 424 de 2010 no fue
enlistado dentro del inventario entregado por el extinto INCODER y, además, porque
el objeto de dicho negocio jurídico no hacía parte de las funciones asignadas a
través del Decreto 2364 de 2015 mediante el cual se creó la Agencia Nacional de
Desarrollo Rural 8.
5) Por auto de 26 de agosto de 2022 el a quo negó la solicitud presentada por la
Agencia Nacional de Desarrollo Rural y determinó, expresamente, que “a fin de
garantizar el debido proceso, [se tiene], además de la entidad ya citada, como
sucesor procesal del INCODER a la Agencia Nacional de Tierras, para que ambas
entidades funjan dentro del proceso” (fls. 318 a 320 documento no. 5, índice no. 2
SAMAI).
6) El tribunal de primera instancia en la sentencia a través de la cual resolvió el
fondo de la controversia ordenó liquidar judicialmente el contrato no. 424 de 2010 a
través de incidente y denegó las demás súplicas de la demanda, sin establecer
concretamente a qué entidad le correspondía adelantar la liquidación del contrato
6 Similar disposición contenía el artículo 164 del CCA.
7 La notificación del auto de 23 de agosto de 2021, se surtió entre los días 13 y 22 de septiembre de
2021, razón por la cual, la providencia en comento quedó finalmente ejecutoriada el 28 de septiembre
siguiente (fls. 247 a 271 documento no. 5, índice no. 2 SAMAI).
8 La Agencia Nacional de Desarrollo Rural acompañó a la solicitud de desvinculación un documento
titulado “Formato Único de Inventario Documental”, sin firma del creador ni fecha de su elaboración,
así como también copia de la certificación emitida el 15 de septiembre de 2021 por el Vicepresidente
de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Desarrollo Rural (fls. 311 a 312 documento no. 5,
índice no. 2 SAMAI) que da cuenta de que el contrato no. 424 de 2010 no fue subrogado por el
extinto INCODER.
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Expediente no. 44001-23-40-000-2014-00001-01 (69.926)
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no. 424 de 2010, es decir, si la carga era de la Agencia Nacional de Desarrollo Rural
o de la Agencia Nacional de Tierras.
7) En los términos en que la Agencia Nacional de Tierras presenta su oposición a la
decisión de primera instancia, la entidad legitimada en la causa por pasiva del
proceso de la referencia es la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, según lo
dispuesto en los Decretos 2363, 2364 y 2365 emitidos en el año 2015, punto sobre
el cual es necesario hacer las siguientes consideraciones:
a) El objeto del contrato no. 424 de 15 de junio de 2010 consistió en la ejecución de
las obras para el “RETIRO Y APROVECHAMIENTO DE LA BIOMASA EXISTENTE
EN EL VASO DEL EMBALSE EL CERCADO DEL PROYECTO RÍO RANCHERÍA,
DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA – ETAPA I” (fl. 2 documento denominado
“Contrato 424 de 2010”, carpeta soportes de la defensa – índice no. 2 SAMAI –
mayúsculas sostenidas del original).
b) Del acápite de las consideraciones del negocio jurídico en comento, se extrae lo
siguiente como elementos relevantes para el análisis y decisión de la controversia:
“(…).
2. Que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, necesita
desarrollar la actividad relacionada con las obras de retiro y
aprovechamiento de la biomasa existente en el vaso del Embalse El
Cercado del proyecto Río Ranchería – Etapa I, para apoyar la ejecución
de programas de desarrollo rural, cuya implementación es imprescindible
para poder efectuar uno de los fines esenciales previstos en el Decreto
1300 del 23 de mayo de 2003 por medio del cual se creó INCODER, a fin
de dar cumplimiento a las funciones dispuestas para ello.
3. Que para la realización de los objetivos descritos anteriormente el
Instituto tiene previsto dentro de su Banco de Proyectos y en el Plan Anual
Mensualizado de Caja, la contratación de las obras de retiro y
aprovechamiento de la Biomasa existente en el vaso del Embalse el
Cercado del proyecto Río Ranchería – Etapa I, las cuales deben contener
las características especificadas, y que han sido previamente estudiadas
y avaladas.
4. Que el proyecto Río Ranchería corresponde a un embalse
multipropósito con el que se pretende aprovechar los recursos hídricos e
hidráulicos de la corriente de su mismo nombre.
5. Que con el proyecto se pretende embalsar una cantidad aproximada de
198 millones de metros cúbicos de agua que se utilizará para regular y
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abastecer a los distintos distritos de riego y a los acueductos de nueve
municipios del departamento de la Guajira.
6. Que los municipios y los distritos de riego que en la actualidad se
proyecta surtir con el agua del embalse sufren racionamientos y escasez
de agua en los meses más secos y el propósito es que cuando esto ocurra
se puedan satisfacer las necesidades de agua de manera controlada y
vigilada en donde se procure el mayor y mejor aprovechamiento del
preciado líquido.
7. Que en virtud de lo anterior se hace imperativo el inicio del llenado de
ese embalse previo el retiro y aprovechamiento de la biomasa existente
para evitar la contaminación de las aguas con material vegetal. Por lo
tanto se hace necesario la remoción de la cubierta vegetal existente en el
vaso de ese embalse para que las aguas que se depositen allí no sufran
efectos de eutrofización o de alta oxidación por los resultados de la
descomposición de la materia orgánica que se puede presentar y que los
usuarios del agua de este embalse se les pueda proveer un recurso de
inmejorable calidad.” (fls. 1 y 2 documento denominado “Contrato 424 de
2010”, carpeta soportes de la defensa – índice no. 2 SAMAI – negrillas
sostenidas del original).
c) Con la expedición del Decreto 2363 de 2015 se creó la Agencia Nacional de
Tierras como agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de
la Rama Ejecutiva, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural como máxima autoridad de tierras de la Nación, encargada del desarrollo de
la tierra, propiedad rural, mejoramiento, aprovechamiento razonado y productivo de
la misma.
d) A su turno, el Decreto 2364 de 2015 creó la Agencia de Desarrollo Rural que, al
igual que la Agencia Nacional de Tierras, se constituyó como agencia estatal de
naturaleza especial del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva, con personería
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita
al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural “encargada ejecutar la política de
desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial formulada por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural (…), así como fortalecer la gestión del desarrollo
agropecuario y rural y contribuir a mejorar las condiciones de vida de los pobladores
rurales y la competitividad del país”9.
Además, es la entidad responsable de la gestión, promoción y financiación del
desarrollo agropecuario y rural para la transformación del campo, así como también
9 Extracto del artículo 3 del Decreto 2364 de diciembre 7 de 2015.
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de adelantar programas de impacto regional a través entre otras acciones de la
adecuación de tierras entendida como “la construcción de infraestructura destinadas
a dotar un área determinada con riego, drenaje o protección contra inundaciones,
con el propósito de aumentar la productividad del sector agropecuario” 10.
e) El 28 de marzo de 2017 se suscribió el acta final de liquidación del INCODER,
documento que en el capítulo III incorporó lo correspondiente a la Agencia de
Desarrollo Rural y específicamente en el numeral 4 de los “inventarios” se
relacionaron los distritos de adecuación de tierras, así:
“CAPÍTULO III
ENTREGA A LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL
(…).
4. Inventario
• Distritos de Adecuación de Tierras
Esta entrega se realizó a través de las resoluciones 1275 del 27 de
octubre de 2016 y 1415 del 30 de noviembre de 2016, donde se
entregaron 83 Distritos de Gran, Mediana y pequeña escala.
Adicionalmente, mediante Acta no. 222 de 6 de diciembre de 2016, se
recibieron los equipos que hacen parte del inventario del banco de
maquinaria al servicio de los distritos de riego, entregados por CORPOICA
a INCODER, según convenio no. 252 de 2008.
Además, a través del acta no. 223 de 2016 se entregó la cartera por
concepto de tarifas, recuperación de inversión y venta de distritos de riego
a Agencia Nacional de Tierras. Un informe detallado de esta cartera se
encuentra en el informe ejecutivo anexo a esta acta.
ACTAS DE ENTREGA DE 15 DISTRITOS DE RIEGO
(…).
Y tres (3) actas de proyectos de Adecuación de Tierras.
NÚMERO FECHA SERIE Y/O ASUNTO NÚMERO ACTA FOLIOS
DE ACTA ACTA DE ADR RECIBIDOS
FOLIOS ADR
97 30/11/206 Proyecto Triángulo del Tolima 11 A 17 6
(sic)
98 30/11/2016 Proyecto Río Ranchería 10 A 18 10
99 30/11/2016 Proyecto Tesalia Paicol 22 A 16 22
(…)” (folio 468 documento no. 5 Consorcio San Juan – índice no. 2 SAMAI
– mayúsculas sostenidas y negrillas del original, adicionales de la Sala).
10 Artículo 3 de la Ley 41 de 1993, “por la cual se organiza el subsector de adecuación de tierras y
se establecen sus funciones”.
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De acuerdo con lo evidenciado en el expediente, es claro que el objeto de
intervención del referido contrato de obra no. 424 de 2010 es precisamente el
proyecto de adecuación de tierras denominado “Río Ranchería”, proyecto que fue
entregado a la Agencia de Desarrollo Rural como resultado de la liquidación del
extinto INCODER.
Asimismo, debe igualmente precisarse que, el contrato no. 424 de 2010 finalizó por
cumplimiento del plazo pactado el 31 de mayo de 2011, circunstancia que permite
entender la razón por la cual no fue objeto de subrogación en cabeza de la Agencia
de Desarrollo Rural, pues, para los años 2015 y 2016, en los que se llevó a cabo el
proceso de liquidación del INCODER dicho negocio jurídico ya había terminado.
f) En ese contexto fáctico y normativo, para la Sala es evidente que la entidad
legitimada en la causa por pasiva en relación con el resultado del proceso judicial
en torno al contrato no. 424 de 2010 luego de la extinción del INCODER es la
Agencia de Desarrollo Rural y no la Agencia Nacional de Tierras, razón por la cual
se declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
de la Agencia Nacional de Tierras.
2.2 Hechos probados
Examinadas las pruebas allegadas al proceso, se encuentran probados los
siguientes hechos relevantes para la adopción de la decisión:
1) En abril de 2010, el consorcio San Juan (integrado por la compañía Civil
Engineering Technology EU (Civiltec EU) y la Corporación Provida) radicó en las
oficinas de la Secretaría General del INCODER una oferta para el “retiro y
aprovecahmiento de la biomasa existente en el vaso del embalse “El Cercado” del
Proyecto Río Ranchería, en el Departamento de la Guajira – Etapa I (…)” (fl. 125
documento denominado “2. Propuesta” tomado de la carpeta “soportes defensa
demanda”, índice no. 2 SAMAI).
2) El 15 de junio de 2010, el INCODER y el consorcio San Juan suscribieron el
contrato no. 424 con el objeto de ejecutar “conforme a la propuesta presentada y
aceptada por el INCODER y bajo los términos que se estipulan en este contrato y
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en los pliegos de condiciones, y a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios -materiales, equipos y personal- en forma independiente y con plena
autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las
obras para el “RETIRO Y APROVECHAMIENTO DE LA BIOMASA EXISTENTE
EN EL VASO DEL EMBALSE EL CERCADO DEL PROYECTO RÍO RANCHERÍA,
EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA – ETAPA I”” (fls. 23 a 36 documento
no. 2 – índice no. 2 SAMAI – mayúsculas sostenidas y negrillas del original), con un
valor de $1.819.558.559 y un plazo de seis (6) meses y quince (15) días.
3) El 15 de julio de 2010, las partes suscribieron la correspondiente acta de inicio
(fls 38 y 39 ibidem).
4) El 14 de septiembre de 2010 se suscribió el acta de reunión no. 01, documento
que fue suscrito por el profesional de apoyo a la supervisión del INCODER, director
de interventoría y el representante legal del consorcio contratista (documento
denominado “Acta de Reunión 01 14-09-10” tomado de la carpeta “soportes defensa
demanda”, índice no. 2 SAMAI – mayúsculas sostenidas y negrillas del original,
resalta la Sala).
5) El 7 de octubre de 2010 se firmó el acta de reunión no. 02, documento que fue
suscrito por el profesional de apoyo a la supervisión del INCODER, el director y
varios funcionarios de la interventoría y, el representante legal del consorcio
contratista, oportunidad que tuvo como objetivo solucionar los atrasos en las
actividades de retiro de biomasa (documento denominado “Acta de Reunión 02 07-
10-10” tomado de la carpeta “soportes defensa demanda”, índice no. 2 SAMAI).
6) El 11 de noviembre de 2010 se llevó a cabo la reunión de seguimiento no. 3 a la
ejecución del contrato no. 424 de 2010, ocasión en la que con presencia de los
funcionarios de la interventoría y supervisión del INCODER y sin que compareciera
el consorcio contratista se relacionaron los incumplimientos del contratista
presentados hasta esa fecha (documento denominado “Acta de Reunión 03 11-11-
10” tomado de la carpeta “soportes defensa demanda”, índice no. 2 SAMAI).
7) El 16 de diciembre de 2010 se suscribió el acta de reunión no. 04, evento en el
que con presencia del representante del consorcio San Juan y funcionarios de la
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interventoría, el contratista se comprometió a continuar con “las actividades de tala
y retiro de aquellas zonas en donde hace falta subir el nivel o emparar el corteo en
donde la interventoría lo disponga” (fl. 3 documento denominado “Acta de Reunión
04 16-12-10” tomado de la carpeta “soportes defensa demanda”, índice no. 2
SAMAI).
Adicionalmente, la interventoría indicó en el informe que como el contratista no
presentó los soportes de las actas tales como análisis de precios unitarios, soportes
de topografía de las áreas intervenidas y demás solicitados debió elaborar un
análisis a partir del tipo de cobertura, área del embalse y porcentaje de ejecución
verificada.
8) En febrero de 2011, la interventoría presentó un informe de la ejecución del
contrato no. 424 de 2010 con fecha de corte a 9 de diciembre de 2010, documento
en el que se presentaron las siguientes conclusiones y recomendaciones:
“4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Considerando los reiterados incumplimientos del CSJ en las actividades
propias del contrato y la ausencia de respuestas y medidas adecuadas y
a tiempo que atendieran las observaciones y/o recomendaciones dadas
por parte de la interventoría y la supervisión, la Interventoría reitera los
incumplimientos del contratista durante la ejecución de las obras y
relaciona a continuación la contravención de las diferentes obligaciones
del contrato:
• No se realizó aprovechamiento forestal; solamente se ejecutó el
procedimiento de la tala de árboles por medio de herramientas
manuales (hacha y moto-sierra), así como el derribo de árboles y
apilado de vegetación por medio mecánico (bulldozer). (…).
• No se observaron respuestas ni compromisos del CSJ, en
referencia a las distintas observaciones realizadas por parte de la
interventoría, aspecto que da la impresión de estar ante un
contratista renuente, que no tenía interés en cumplir con el objeto
contractual (…).
• Solo se recibió un informe de actividades mensuales del
contratista, no presentó informes semanales, carteras de
topografía, corrección y ajustes a las observaciones al Plan de
Higiene y Salud, ni al Plan de Contingencia presentado (…).
• El contratista no suministró la totalidad de equipos y maquinaria
para la extracción de la biomasa desmontada, dejando buena
parte del material talado sin retiro ene l embalse ocasionando
problemas mayores ya que dicho material quedó desprendido a lo
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largo y ancho del mismo ocasionando el efecto opuesto al
esperado con la ejecución del contrato 424-10 (…).
• Debido a que no se dispuso de un lugar de acopio de la madera y
no se tramitó los salvoconductos y las licencias para zonas de
botaderos (…).” (fl. 47 documento denominado “4. Informe de
Interventoría 01” tomado de la carpeta “soportes defensa
demanda”, índice no. 2 SAMAI – mayúsculas sostenidas y
negrillas del original).
9) El 17 de mayo de 2012, el INCODER mediante la Resolución no. 0962 declaró
(i) el incumplimiento del consorcio San Juan en la ejecución del contrato no. 424 de
2010; (ii) declaró el incumplimiento del consorcio San Juan en la obligación de dar
buen manejo y debida inversión al anticipo entregado para la ejecución del contrato
no. 424; (iii) ordenó la devolución del anticipo entregado; (iv) hizo efectiva la cláusula
penal pecuniaria por el 10% del valor total del contrato y, (v) declaró el siniestro de
buen manejo y correcta inversión del anticipo (fls. 80 a 126 documento no. 2 – índice
no. 2 SAMAI).
10) En contra de la anterior decisión la compañía aseguradora del cumplimiento del
contratista y el consorcio San Juan formularon sendos recursos de reposición, los
cuales fueron resueltos por el INCODER a través de la Resolución no. 1015 de 31
de mayo de 2012 en el sentido de confirmar la decisión adoptada con la Resolución
no. 0962 de 17 de mayo de 2012 (fls. 127 a 155 ibidem).
2.2 Examen del caso concreto
En primer lugar, en cuanto se refiere al cargo de violación del derecho del debido
proceso con la expedición de las Resoluciones números 0962 de 17 de mayo y 1015
de 31 de mayo, ambas emitidas en el año 2012 por parte del INCODER, en virtud
del cual, tales actos administrativos deben ser declarados nulos, por cuanto con la
citación al inicio del procedimiento la entidad omitió remitir a la compañía
aseguradora el informe de supervisión con el cual se sustentaba dicho
procedimiento.
El consorcio demandante sostiene en el recurso de apelación que el a quo ignoró
que “en virtud del contrato de seguro la compañía aseguradora se torna en litis
consorte necesario” (página 522 documento no. 5 – índice no. 2 SAMAI), en relación
de lo cual el preciso hacer las siguientes consideraciones:
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a) El artículo 60 del CGP en relación con la figura del litisconsorcio facultativo
determina que se consideran sus relaciones como litigantes separados y “los actos
de cada uno de ellos no redundarán en provecho no en perjuicio de los otros”,
mientras que en el artículo 61 del mismo cuerpo normativo, el legislador determinó
que cuando se trate de “relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su
naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no será
posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de
tales relaciones o que intervinieron en dichos actos” 11.
b) A su turno, el artículo 62 del CGP dispone que los litisconsortes cuasinecesarios
“podrán intervenir en un proceso como litisconsorte de una parte y con las mismas
facultades de esta, quienes sean titulares de una determinada relación sustancia a
la cual se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, y que por ello estaban
legitimados para demandar o ser demandados en el proceso”.
c) Esta Corporación en un caso similar que la compañía de seguros garante del
cumplimiento de un contrato estatal ante un juicio de legalidad del acto
administrativo mediante el cual se haya declarado incumplido al contratista, se haya
declarado la ocurrencia del siniestro y hecho efectiva la póliza de seguros, no se
encuadra en un litisconsorte necesario ni facultativo, “en la medida en que el vínculo
jurídico que hay entre ambos hace que en efecto la decisión que se tome en el
sentido de sacar o no de la vida jurídica el acto administrativo tendrá el mismo efecto
para ambos, pero ello no quiere decir que deban los dos concurrir al proceso para
su validez, con lo que se estaría hablando de un litisconsorte cuasinecesario” 12.
11 Los artículos 60 y 61 del CGP disponen expresamente lo siguiente: “ARTÍCULO 60.
LITISCONSORTES FACULTATIVOS. Salvo disposición en contrario, los litisconsortes facultativos
serán considerados en sus relaciones con la contraparte, como litigantes separados. Los actos de
cada uno de ellos no redundarán en provecho ni en perjuicio de los otros, sin que por ello se afecte
la unidad del proceso.”
ARTÍCULO 61. LITISCONSORCIO NECESARIO E INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO.
Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza
o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito
sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en
dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así,
el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten
para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el
demandado. (…)”. (mayúsculas sostenidas y negrillas del original).
12 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias del Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B del 23 de febrero de 2012, en el expediente 05001-23-26-000-1994-00558-
01 (20.810) MP Ruth Stella Correa Palacio y del 27 de marzo de 2014, en el expediente 25000-23-
26-000-2001-02301-01 (29.857) MP Danilo Rojas Betancourth.
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Expediente no. 44001-23-40-000-2014-00001-01 (69.926)
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En ese sentido, para la Sala es claro que la relación que comparte el contratista con
la compañía aseguradora se enmarca en la figura del litisconsorte cuasinecesario,
en razón de lo cual, nada impedía continuar con el trámite procesal sin su
concurrencia, lo cual no habilitaba al contratista para que su defensa abarcara o
cubriera las eventuales pretensiones que le convenían a la compañía de seguros
para obtener la nulidad de los actos administrativos demandados.
Así las cosas, como no tiene vocación de prosperidad este preciso cargo del recurso
de apelación se deniega, aspecto este que habilitaría a la Sala a no continuar con
el análisis de los incumplimientos pretendidos en contra de la entidad contratante,
pues, tal como lo determinó esta misma Subsección en un caso similar13, es
necesario desvirtuar la legalidad del acto administrativo que declaró el
incumplimiento del contratista para proceder con el análisis del supuesto
incumplimiento de la entidad, sin embargo, como en el presente asunto, el
incumplimiento que pretende el consorcio actor se constituye como fuente de la
presunta configuración del desequilibrio económico del contrato, continua la Sala
con su determinación.
Procede entonces la Sala a verificar la determinación del cumplimiento del contrato
no. 424 de 2010 y la ejecución de una mayor cantidad de obra pendiente de
reconocimiento económico por parte de la entidad contratante, ejercicio para el cual
es necesario partir del análisis de las órdenes o instrucciones de dichas mayores
ejecuciones, así como también de las actas de entrega y recibo de obras en los
siguientes términos:
1) En marzo de 2010, el INCODER emitió el pliego de condiciones para la licitación
pública no. SAT-02-10-LP con el objeto de realizar el “Retiro y aprovechamiento de
la biomasa existente en el vaso del embalse “El Cercado” del proyecto Río
Ranchería”, documento que, en cuanto a las mayores y menores cantidades de
obra, señala lo siguiente:
“14.10.1 Mayores y menores cantidades de obra
13 Al respecto puede consultarse la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B del 7 de septiembre de 2023, en el expediente 25000-23-26-000-2010-00750-01 (68.293), MP
Martín Bermúdez Muñoz.
24
Expediente no. 44001-23-40-000-2014-00001-01 (69.926)
Actor: Consorcio San Juan
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
Las cantidades de obras consignadas en el contrato son aproximadas y
se pueden aumentar, disminuir o suprimir durante el desarrollo del mismo.
Cualquier variación que aumente o disminuya las cantidades de obra por
ejecutar requerirá de la aprobación previa de la interventoría y del
Supervisor del INCODER. Para el efecto, la interventoría remitirá la
solicitud de aprobación para la ejecución de las mayores cantidades de
obra al Supervisor, quien las aprobará, si así lo considera.
Si la mayor cantidad de obra hace que el valor del contrato supere el
presupuesto, se requiere para su ejecución disponibilidad presupuestal
previa.
En todo caso, el Contratista está obligado a ejecutar las mayores o
menores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la
propuesta”. (fl. 59 documento denominado “1. Pliego” tomado de la
carpeta “soportes defensa demanda”, índice no. 2 SAMAI – negrillas fijas
del original).
2) En abril de 2010, el consorcio San Juan presentó una oferta para el “retiro y
aprovechamiento de la biomasa existente en el vaso del embalse “El Cercado” del
Proyecto Río Ranchería, en el Departamento de la Guajira – Etapa I”, documento
en el que especificó lo siguiente:
“(…).
LICITACIÓN PÚBLICA No. SAT-02-10-LP
OBJERO: “RETIRO Y APROVECHAMIENTO DE LA BIOMASA EXISTENTE EN EL VASO DEL EMBALSE “EL CERCADO”
DEL PROYECTO RÍO RANCHERÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA – ETAPA I”
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 SÍMBOLO UNIDAD ÁREA HASTA VALORES VALOR
LA COTA 420 POR Ha
EM Ha
TERRITORIOS (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)
AGRÍCOLAS
(…). (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)
BOSQUES (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)
TOTALES 354.00 52740699,94 1.541.999.576,27
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO 1.541.999.576,27
ADMINISTRACIÓN (10%) 154.199.957,63
IMPREVISTOS (5%) 77.099.978,81
UTILIDAD (3%) 46.259.987,29
VALOR TOTAL RETIRO Y APROVECHAMIENTO DE BIOMASA 1.819.559.500,00
(…)” (fl. 125 documento denominado “2. Propuesta” tomado de la carpeta
“soportes defensa demanda”, índice no. 2 SAMAI – se resalta).
3) El 15 de junio de 2010, el INCODER y el consorcio San Juan suscribieron el
contrato no. 424, negocio jurídico que en la cláusula segunda determinó que el valor
del mismo resultaba de precios fijos sin reajuste, en las cantidades y precios
unitarios establecidos en la oferta.
4) El 14 de septiembre de 2010 se levantó el acta de reunión no. 01, documento
que fue suscrito por el profesional de apoyo a la supervisión del INCODER, el
director de interventoría y el representante legal del consorcio contratista, en donde
25
Expediente no. 44001-23-40-000-2014-00001-01 (69.926)
Actor: Consorcio San Juan
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
se expusieron y registraron, entre otras cuestiones, la delimitación de las zonas de
trabajo en los siguientes términos:
“2.1 DELIMITACIÓN ZONAS DE TRABAJO
Las condiciones establecidas para el inicio de las actividades de remoción
de la biomasa, estaban definidas a partir de la cota 356 m.s.n.m., sin
embargo debido al aumento del nivel del agua del embalse, consecuencia
de los altos índices de pluviosidad en la temporada, estas condiciones
han cambiado quedando sumergida una franja de biomasa hasta la cota
390m.s.n.m. aproximadamente, por tal razón se concluyó por parte de
todos los asistentes al comité que se debía iniciar de inmediato, y de esta
forma garantizar que se removiera la mayor cantidad de cobertura vegetal
en las cotas aproximadas a inundar, de ahí que se estima una nueva cota
superior al nivel 440 m.s.n.m.
En esencia se conviene que el objeto del contrato es llevar a cabo la
remoción de la biomasa, equivalente al área total a los precios
unitarios que resulten del inventario forestal” (fl. 2 documento
denominado “Acta de Reunión 01 14-09-10” tomado de la carpeta
“soportes defensa demanda”, índice no. 2 SAMAI – mayúsculas
sostenidas y negrillas del original, resalta la Sala).
De la revisión de los documentos que conforman el expediente administrativo del
contrato no. 424 de 2010 es claro que este tenía por objeto la ejecución de una serie
de actividades cuyas cantidades resultaban estimadas por su propia naturaleza y
alcance.
5) En ese sentido, el marco de referencia y límite presupuestal con el que se ejecutó
el contrato no. 424 de 2010 que se comenta, era precisamente la propuesta
presentada por el consorcio contratista, pero no en las cantidades de obra sino en
el límite máximo del valor allí indicado, pues, el INCODER desde el pliego de
condiciones para la licitación pública que culminó con la suscripción del negocio
jurídico objeto de debate, determinó que las cantidades de obra eran aproximadas;
luego, en relación con una eventual ejecución de mayores cantidades de obra el
debate deberá circunscribirse a la existencia de la correspondiente aprobación de
estas, su entrega, recibo a satisfacción por parte de la interventoría y el
correspondiente pago.
6) En el presente asunto, se cuenta con un acta de reunión en la que, a juicio del
consorcio contratista, el INCODER dio la instrucción de ejecutar una mayor cantidad
de obra para la remoción de la biomasa del vaso del embalse del proyecto río
Ranchería, sin embargo, dicho documento no contiene tales órdenes o
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Expediente no. 44001-23-40-000-2014-00001-01 (69.926)
Actor: Consorcio San Juan
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
determinaciones, pues, si bien en el numeral 2.1 sobre la delimitación de las zonas
de trabajo, el texto del acta expresamente señala que “se concluyó por parte de
todos los asistentes al comité que se debía iniciar de inmediato, y de esta forma
garantizar que se removiera la mayor cantidad de cobertura vegetal en las cotas
aproximadas a inundar, de ahí se estima una nueva cota superior al nivel 440 msnm”
(fl. 2 documento denominado “Acta de Reunión 01 14-09-10” tomado de la carpeta
“soportes defensa demanda”, índice no. 2 SAMAI), lo cierto es que en el párrafo
siguiente y a modo de conclusión de ese preciso numeral se determinó lo siguiente:
“En esencia se conviene que el objeto del contrato es llevar a cabo la
remoción de la biomasa, equivalente al área total a los precios unitarios
que resulten del inventario forestal” (ibidem).
7) Así las cosas, para la Sala es claro que en el acta no. 1 de 14 de septiembre de
2010 en modo alguno el INCODER emitió orden o instrucción de ejecutar una mayor
cantidad de obra para la ejecución del contrato no. 424 de 2010 ya que, de la lectura
del documento se extrae, inequívocamente, que el objeto e instrucción de obra
inminente en el área correspondía al total de los precios unitarios del inventario
forestal, sin que se pueda extraer de dicho texto, puntualmente que se le ordenaban
actividades adicionales a las contratadas.
8) De otra parte, debe igualmente precisarse que tampoco puede considerarse el
acta no. 1 de 14 de septiembre de 2010 como orden de ejecución en los términos
en que pretende la parte actora, pues, el pliego de condiciones impone que para
ello se requería de una aprobación por parte del supervisor del INCODER y de la
disponibilidad presupuestal en forma previa, elementos estos que no se encuentran
presentes en el acta en comento ni tampoco en ningún otro documento o elemento
de prueba.
9) Ahora bien, al expediente fueron aportados los informes del supervisor y de la
interventoría, documentos de los que se extraen las siguientes conclusiones:
a) Del informe del supervisor se concluyó que el consorcio San Juan, en la actividad
de retiro de biomasa entre las cotas 390 a 440 msnm correspondiente a un área de
354 Ha, “realizó únicamente 72 viajes de volqueta con capacidad de 3.5 m3 para
las 35 Ha, evidenciando el incumplimiento en la realización de la actividad de retiro,
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Expediente no. 44001-23-40-000-2014-00001-01 (69.926)
Actor: Consorcio San Juan
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
lo cual ratifica el mínimo de retiro que ejecutó”, pues, en comparación con otro
contratista sobre el mismo embalse entre las cotas 335 a 365 msnm
correspondiente a un área de 22 Ha “para el caso del retiro de biomasa realizó 610
viajes de volqueta tipo Dumper 730 – capacidad de 16.9 m3 para las 22 Ha
intervenidas” (documento denominado “7. Informe supervisor”, tomado de la carpeta
“soportes defensa demanda”, índice no. 2 SAMAI).
b) De informe de la interventoría del 9 de diciembre de 2010 identificado con el
radicado no. IN-095-IEG-001-2011-00 se puede concluir válidamente que “las
actividades de retiro y disposición final se realizaron parcialmente y las actividades
de aprovechamiento no se realizaron, por lo cual es necesario que el INCODER
establezca o califique el grado de incumplimiento del contrato para proceder a definir
el balance financiero del contrato. (…). Tal como se indicó anteriormente la
disposición final solamente se efectuó en un área de 1.5 Ha (predio Cardones), lo
cual confirma el retiro y disposición final de una mínima parte del área intervenida
(…).” (documento denominado “4. Informe interventoría 01”, tomado de la carpeta
“soportes defensa demanda”, índice no. 2 SAMAI).
En ese sentido, para la Sala es claro que no solo no existió orden o instrucción
alguna de ejecución de una mayor cantidad de obra para la ejecución del contrato
no. 424 de 2010, sino que, además, al expediente tampoco fue aportada prueba
que acredite la ejecución de tales actividades u obras supuestamente adicionales a
las que fueron estimadas en la oferta presentada por el consorcio San Juan, máxime
si se tiene en cuenta que el INCODER mediante las Resoluciones números 0962
de 17 de mayo y 1015 de 31 de mayo, ambas emitidas en el año 2012 determinó
que el consorcio contratista había incurrido en un incumplimiento en las obligaciones
adquiridas, al punto que solo se había comprobado un avance total de un 9% de la
remoción de biomasa, actos administrativos estos que gozan de presunción de
legalidad y fuerza ejecutoria.
10) De otra parte, el consorcio contratista en el recurso de apelación solicita un
análisis de fondo sobre el silencio administrativo positivo que se concretó durante la
ejecución del contrato no. 424 de 2010, punto sobre el cual debe advertirse lo
siguiente:
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Expediente no. 44001-23-40-000-2014-00001-01 (69.926)
Actor: Consorcio San Juan
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
a) En efecto, al expediente fue aportada la escritura pública no. 1507 de 9 de junio
de 2011 de la Notaría Quinta del Círculo de Bogotá mediante la cual se protocolizó
un evento de silencio administrativo positivo durante la ejecución del contrato no.
424 de 2010 (fls. 14 a 22 documento no. 4, índice no. 2 SAMAI).
b) Del contenido de la escritura pública se extrae particularmente lo siguiente:
“12. A la fecha de hoy la interventoría no se pronunció sobre las actas de
avance parcial radicadas, ni sobre las cantidades de obra allí señaladas
y/o cobertura vegetal de las mismas.
13. Las actas de avance parcial de obra no. 1 y 2 se radicaron al
INCODER desde el día 30 de noviembre de 2010, con sus respectivos
soportes, cuadro de áreas y mapa de cobertura vegetal actualizado.
14. El Consorcio San Juan solicitó formalmente la adición de dinero al
contrato 424 de 2010, ya que las cantidades de hectáreas son superiores
a la establecida en la propuesta económica del contrato en mención.
15. El acta de avance parcial no. 1, 2 y 3, con su respectivo mapa de
cobertura vegetal y cuadro de áreas detallado fueron radicadas ante el
INCODER e interventoría el día 20 de diciembre de 2010.
16. En repetidas ocasiones el Consorcio san juan solicitó respuesta u
observaciones a las actas presentadas, a las cantidades en ellas
reportadas y cobertura vegetal detallada en las mismas, tanto al Incoder
como a la firma interventora.
17. El cuadro de áreas para las diferentes cotas incluidas la cota 440
msnm se radicó a la interventoría e Incoder el día 1 de octubre de 2010.
18. En repetidas ocasiones el Consorcio san juan solicitó adición de dinero
al contrato 424 de 2010, tanto al Incoder como a la interventoría, debido
a la mayor cantidad de área.
19. Al día de hoy han transcurrido más de tres meses y el INCODER no
se ha pronunciado sobre las actas de avance parcial radicadas, ni sobre
las cantidades de obra allí señaladas, ni sobre el mapa de cobertura
vegetal actualizado entregado y sus respectivos cuadros de áreas, ni ha
hecho observaciones, reclamos, reparos, advertencias, ni ha solicitado
aclaraciones o adiciones a las mismas. (…).” (fls. 16 y 17 ibidem).
c) La ocurrencia del silencio administrativo positivo en materia de contratación
estatal está regulada en el numeral 16 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 14 y el
14 El texto de la norma en comento es del siguiente tenor: “16. En las solicitudes que se presenten
en el curso de la ejecución del contrato, si la entidad estatal no se pronuncia dentro del término de
tres (3) meses siguientes, se entenderá que la decisión es favorable a las pretensiones del solicitante
en virtud del silencio administrativo positivo. Pero el funcionario o funcionarios competentes para dar
respuesta serán responsables en los términos de esta ley.”
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Expediente no. 44001-23-40-000-2014-00001-01 (69.926)
Actor: Consorcio San Juan
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
procedimiento para ello está dispuesto en los artículos 5 y 42 15 del CCA, aplicables
al presente asunto en atención a que el contrato no. 424 de 2010 fue suscrito el 15
de junio de 2010 y terminó por vencimiento del plazo el 31 de mayo de 2011, fecha
para la cual aún no había entrado en vigencia el CPACA 16.
d) En los términos en que el consorcio contratista protocolizó la configuración del
silencio administrativo positivo, se evidencia que se trata de un total de cuatro (4)
asuntos que se concretaron en varias solicitudes y que, a juicio de la parte
demandante, para la fecha en la que se otorgó la mencionada escritura pública
carecen de respuesta.
Para la debida comprensión del asunto, se presenta a continuación un cuadro en el
que se agrupan los temas y prueba de la solicitud dirigida en su momento al
INCODER:
SOLICITUD PRUEBA
Correo electrónico remitido el 20 de octubre de 2010 con la remisión de la copia “del acta
de obra del contrato 424 de 2010, para su revisión y debido trámite” (fl. 49 documento
Actas de avance
no. 4 – índice no. 2 SAMAI).
parcial de obra
Comunicación con radicación no. CSJ-424-INCODER-2010-12 de 30 de noviembre de
números 1 y 2
2010, con el objeto de remitir acta no. 1 y acta no. 2 (fl. 53 ibidem).
de 30 de
noviembre de
Comunicación dirigida al Incoder con la copia del “acta parcial de obra del contrato 424
2010
de 2010, en fecha 20 de octubre, para la respectiva revisión y trámite” (fls. 50 y 51
documento no. 4 – índice no. 2 SAMAI).
Comunicación dirigida al Incoder con radicación no. CSJ-424- INCODER-2010-13 de 26
Solicitud de
de noviembre de 2010, con el objeto de solicitar “una adición de dinero, ya que las
adición del
cantidades de hectáreas son superiores a las establecidas en la propuesta” (fls. 50 y 51
contrato
ibidem).
Acta de avance Comunicación con radicación no. CSJ-424-INCODER-2010-33 de 23 de febrero de 2011,
parcial números con el objeto remitir análisis de precios unitarios correspondientes a las actas de pago
1, 2 y 3 del 20 de números 1, 2 y 3 (fl. 56 documento no. 4 – índice no. 2 SAMAI).
diciembre de
2010
Correo electrónico remitido el 30 de septiembre de 2010 con “los planos del área con
Cuadro de áreas
curvas de nivel y cotas de inundación” (fl. 44 ibidem).
de las diferentes
cotas de 1 de
Comunicación con radicación no. CSJ-424-incoder-2010-07 de 10 de octubre de 2010
octubre de 2010
(fls. 47 y 48 documento no. 4 – índice no. 2 SAMAI).
e) El consorcio contratista afirma bajo la gravedad de juramento que sobre tales
peticiones la entidad contratante ni la interventoría emitieron respuesta alguna, sin
15 El artículo 42 del CCA es como sigue: “ARTÍCULO 42. PROCEDIMIENTO PARA INVOCAR EL
SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO. La persona que se hallare en las condiciones previstas
en las disposiciones legales que establecen el beneficio del silencio administrativo positivo,
protocolizará la constancia o copia de que trata el artículo 5o., junto con su declaración jurada de no
haberle sido notificada una decisión dentro del término previsto.” (mayúsculas sostenidas y negrillas
del original).
16 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA) este código “comenzará a regir el dos (2) de julio de 2012”.
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Expediente no. 44001-23-40-000-2014-00001-01 (69.926)
Actor: Consorcio San Juan
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
embargo, de la revisión de las comunicaciones cruzadas durante la ejecución del
contrato no. 424 de 2010 se tiene lo siguiente:
COMUNICACIÓN OBJETO
El consorcio contratista solicitó la ampliación del plazo por sesenta (60) días adicionales
CSJ-424-
y el trámite de las actas parciales de avance de obra presentadas desde octubre de
INCODER-3 del
2010 (fls. 8 a 10 documento denominado In-095-38-2011, tomado de la carpeta
25 de marzo de
“comunicaciones”, ubicado dentro de la carpeta “soportes defensa demanda”, índice
2011
no. 2 SAMAI).
La interventoría responde al concesionario, en el sentido de negar la solicitud de adición
del plazo y reconocimiento de mayor cantidad de obra ejecutada.
En relación con el trámite de las actas parciales números 1, 2 y 3 “realizadas
IN-095-023-2011
unilateralmente por el contratista CSJ radicadas en el INCODER el 20 de diciembre, no
de 5 de abril de
tienen validez teniendo en cuenta que para efectuar el trámite correspondiente, es
2011
indispensable la aprobación y autorización previa de la interventoría, así mismo es claro
que la interventoría realizó observaciones al contratista CSJ, quien ignoró el
requerimiento y pretendió evadir el conducto regular establecido con dichas acciones”
(fl. 6 ibidem).
La interventoría denegó el trámite de pago de las actas parciales de obra por falta de
documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
IN-95-079-2010 contrato no. 424 de 2010, respuesta que fue reiteración de las comunicaciones IN-95-
de 9 de diciembre 052-2010, IN-095-053-2010, IN-095-076-2010, IN-095-061-2010, IN-095-047-2010 y
de 2010 en las observaciones dejadas en el acta de reunión del 7 de octubre de 2010 (fl. 17
documento denominado IN-095-038-2011, tomado de la carpeta “comunicaciones”,
ubicado dentro de la carpeta “soportes defensa demanda”, índice no. 2 SAMAI).
La interventoría informó al consorcio contratista que, para dar trámite al acta de obra
no. 1 correspondiente al periodo comprendido durante los meses de julio a septiembre,
IN-095-052-2010
era necesario realizar una reunión para establecer la revisión del acta, soportes,
de 26 de octubre
soportes del manejo del anticipo y soportes del aprovechamiento forestal (documento
de 2010
denominado IN-095-052-2010, tomado de la carpeta “comunicaciones”, ubicado dentro
de la carpeta “soportes defensa demanda”, índice no. 2 SAMAI).
La interventoría informa al Incoder la imposibilidad de dar trámite del acta no. 1 de obra
IN-095-053-2010 del consorcio San Juan, por cuanto el contratista no se ha dado respuesta a ninguno
de 2 de de los requerimientos realizados en torno al acta, sin que haya sido posible la
noviembre de verificación de cumplimiento sobre las observaciones y recomendaciones realizadas
2010 (documento denominado IN-095-053-2010, tomado de la carpeta “comunicaciones”,
ubicado dentro de la carpeta “soportes defensa demanda”, índice no. 2 SAMAI).
La interventoría conceptúa al Incoder sobre la solicitud de adición del contrato en valor
y plazo, y señala que tal petición “carece de todo fundamento debido a que a la fecha,
IN-095-081-2010 aun no se han intervenido la totalidad de las áreas pactadas y especialmente no se ha
de 9 de diciembre ejecutado completos ítems de obra, como lo ha reiterado la interventoría, referente a
de 2010 las actividades de acopio y retiro del material talado” (documento denominado IN-095-
081-2010, tomado de la carpeta “comunicaciones”, ubicado dentro de la carpeta
“soportes defensa demanda”, índice no. 2 SAMAI).
En las
comunicaciones
IN-095-061-2010,
IN-095-065-2010,
IN-095-067-2010,
IN-095-072-2010,
IN-095-073-2010, La interventoría puso en conocimiento del Incoder el incumplimiento reiterado y
IN-095-074-2010, constante del consorcio contratista en las obligaciones adquiridas con la suscripción del
IN-095-077-2010, contrato no. 424 de 2010 (documentos tomados de la carpeta “comunicaciones”,
IN-095-079-2010, ubicado dentro de la carpeta “soportes defensa demanda”, índice no. 2 SAMAI).
IN-095-082-2010,
IN-095-085-2010,
IN-095-086-2010,
IN-095-088-2010
y, IN-095-089-
2010
De acuerdo con lo anterior, advierte la Sala que, si bien el consorcio San Juan
protocolizó a través de la escritura pública no. 1507 de 9 de junio de 2011 de la
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Expediente no. 44001-23-40-000-2014-00001-01 (69.926)
Actor: Consorcio San Juan
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
Notaría 5 del Círculo de Bogotá la ocurrencia del pretendido silencio administrativo
positivo respecto de la aparente falta de respuesta de varias comunicaciones
radicadas ante la interventoría y el INCODER entre los meses de octubre a
diciembre de 2010 en relación con el contrato no. 424 de 2010, lo cierto es que, con
las comunicaciones aportadas al expediente por parte de la entidad demandada, es
posible afirmar que todas las comunicaciones radicadas por el contratista fueron
atendidas por parte de la interventoría, y aun cuando las respuestas no resolvieron
en forma favorable tales requerimientos, fueron contestadas, motivo por el cual se
rompe el presupuesto jurídico fáctico principal para tener por acreditado el silencio
administrativo positivo de acuerdo con lo dispuesto expresamente en el numeral 16
del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 42 del CCA 17.
Aunado a lo anterior, es preciso tener en cuenta que resulta indispensable para la
prosperidad del silencio administrativo positivo que, el contratista acredite el debido
cumplimiento de la obligación que se reclama, situación que de acuerdo con lo
probado en el presente asunto no ocurrió 18.
11) Así las cosas, de la revisión y análisis de los documentos que conforman el
expediente, contrario a lo aducido por la parte actora en el recurso de apelación, no
es posible tener por acreditado el cabal cumplimiento de las obligaciones que
adquirió el consorcio San Juan con la suscripción del contrato no. 424 de 2010, pues
de lo que si dan cuenta las evidencias de la ejecución de dicho negocio jurídico es
del incumplimiento reiterado por parte del consorcio contratista respecto de las
obligaciones concernientes a la remoción y retiro de la biomasa del vaso del
embalse del río Ranchería.
12) En ese contexto, encuentra la Sala que la decisión del tribunal de primera
instancia de ordenar la liquidación del contrato no. 424 de 2010 mediante incidente
no resulta acertada, pues, con los documentos que conforman el expediente no es
17 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes sentencias de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, de la Subsección B del 29 de marzo de 2017, MP Danilo Rojas Betancourth, con
radicación no. 25000-23-26-000-2006-01723-01 (36.714); de la Subsección A del 22 de octubre de
2021, MP María Adriana Marín, con radicación no. 54001-23-31-000-2010-00216-01 (55541) y de la
subsección B del 11 de octubre de 2021, MP Martín Bermúdez Muñoz, con radicación no. 70001-23-
31-000-2008-00147-01 (55990).
18 Al respecto puede consultarse la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B del 3 de abril de 2020, en el expediente 05001-23-31-000-1998-00120-01 (48.114), MP Alberto
Montaña Plata.
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Expediente no. 44001-23-40-000-2014-00001-01 (69.926)
Actor: Consorcio San Juan
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
jurídicamente viable tener por acreditado el cumplimiento de las obligaciones que
adquirió el consorcio San Juan con la suscripción de dicho negocio jurídico, máxime
si se tiene en cuenta que al proceso ni si quiera fueron aportados los documentos u
otro tipo de pruebas con los que se acreditaría la entrega y recibo de las obras y
actividades a satisfacción de la interventoría, así como tampoco el balance
económico, constancia de pago del anticipo e inversión del mismo.
13) Por consiguiente, para la Sala es evidente que la parte actora no demostró que
las actividades que dice haber adelantado por encima de las inicialmente
contratadas se hubiesen ejecutado, que no hubieran sido reconocidas por la entidad
contratante, razón por la cual el recurso de apelación no está llamado a prosperar.
En ese sentido, como al proceso no se allegaron los documentos ni tampoco se
solicitó el decreto de medios probatorios que condujeran a la acreditación de las
mayores cantidades de obra adicionales a las estimadas y presupuestadas en la
oferta que condujo a la suscripción del contrato no. 424 de 2010, no es posible
proceder con la liquidación de dicho negocio jurídico, razón por la cual se impone
revocar la sentencia apelada para en su lugar denegar las súplicas de la demanda.
3. Conclusiones
1) En el presente asunto, ambas partes se opusieron a la decisión adoptada en la
sentencia de primera instancia por cuanto, de una parte, se sostiene que la Agencia
Nacional de Tierras no es la entidad sucesora de las funciones encargadas de los
proyectos de distritos de riego y adecuación de tierras objeto del contrato no. 424
de 2010 y, de otra, que con las pruebas que conforman el expediente si es posible
acreditar el cabal y debido cumplimiento de las obligaciones a las que se
comprometió el consorcio San Juan, así como también la orden e instrucción de
ejecución de una mayor cantidad de obra y actividades, elementos con los que es
posible liquidar el contrato con saldo a favor del consorcio contratista.
2) Del análisis de las funciones legalmente asignadas tanto a la Agencia Nacional
de Tierras como a la Agencia de Desarrollo Rural luego de la extinción del Instituto
Nacional de Desarrollo Rural (INCODER), se evidenció que el contrato no. 424 de
2010 objeto de análisis en presente asunto es del resorte exclusivo de la Agencia
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Expediente no. 44001-23-40-000-2014-00001-01 (69.926)
Actor: Consorcio San Juan
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
de Desarrollo Rural, razón por la cual se declarará probada la excepción de
ausencia de legitimación en la causa por pasiva de la Agencia Nacional de Tierras.
3) Del examen y valoración de los documentos aportados por ambas partes durante
el trámite judicial no es posible establecer que en efecto el consorcio contratista
hubiera cumplido con las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato no.
424 de 2010, que la interventoría o el INCODER hubieran impartido alguna orden o
instrucción al contratista en relación con la ejecución de una mayor cantidad de obra
o actividad, ni que la interventoría hubiera recibido las obras y actividades
supuestamente adelantadas por el consorcio contratista, razón por la cual se
impone revocar la decisión de primera instancia, para en su lugar declarar probada
la excepción de falta de legitimación en la causa de la Agencia Nacional de Tierras
y denegar las súplicas de la demanda.
4. Condena en costas y agencias en derecho
En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 1) del CGP, como
se desestimó el recurso de apelación de la parte demandante, esta asumirá las
costas procesales de la segunda instancia, las cuales deberán ser liquidadas en
forma concentrada por el tribunal de primera instancia de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:
1º) Revócase la decisión del Tribunal Administrativo de la Guajira del 9 de
noviembre de 2022 y, en su lugar, dispónese lo siguiente:
“PRIMERO: Declárase probada la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva de la Agencia Nacional de Tierras.
SEGUNDO: Deniéganse las súplicas de la demanda.
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Expediente no. 44001-23-40-000-2014-00001-01 (69.926)
Actor: Consorcio San Juan
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
2°) Condénase en costas en ambas instancias a la compañía Civil Engineering
Technology EU (Civiltec EU) y la Corporación Provida, integrantes del consorcio
San Juan, las cuales deberán liquidarse por la Secretaría del Tribunal Administrativo
de la Guajira de manera concentrada en caso de haberse causado, incluidas las
agencias en derecho, tásense.
3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las respectivas constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
Salvamento parcial de voto
y Aclara voto
(Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
Aclara voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Ponente Magistrado
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente por el Magistrado
Ponente de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma
digital SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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