RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 44001-23-40-000-2016-00165-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2016-00165-01

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2016-00165-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 26 de febrero de 2021 por el Tribunal Administrativo de La Guajira que negó las pretensiones de la demanda presentada por Ovidio de Jesús Banquet Guerra contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el departamento de La Guajira, y la ESE Hospital San Rafael de San Juan del Cesar, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 44001-23-40-000-2016-00165-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

25 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 44001-23-40-000-2016-00165-01 (3330-2022)
Demandante: Ovidio de Jesús Banquet Guerra
Demandados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, departamento de La
Guajira, ESE Hospital San Rafael de San Juan del Cesar

Temas: Cesantías servidores públicos del sector salud. Competencia de
la segunda instancia. Apelación fallida

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por Ovidio de Jesús Banquet
Guerra contra la sentencia proferida el 26 de febrero de 2021 por el Tribunal
Administrativo de La Guajira, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

Ovidio de Jesús Banquet Guerra presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 44001-23-40-000-2016-00165-01 (3330-2022)
Demandante: Ovidio de Jesús Banquet Guerra

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo1, en
orden a que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos: i)
Oficio radicado 2-2015-033272 del 28 de agosto de 2015; ii) acto administrativo
ficto que se originó por falta de respuesta a la petición efectuada el 19 de agosto
de 2015; y iii) Oficio GJUR-174 del 1° de septiembre de 2015, por medio de los
cuales las entidades demandadas le negaron la solicitud de liquidación,
reconocimiento y pago de cesantías retroactivas.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó que i) se condenara a las entidades demandadas a pagar el mayor valor
que se generara por la liquidación de la prestación debidamente actualizada, así
como también la sanción moratoria por el pago extemporáneo de las cesantías
retroactivas; ii) se indexaran las sumas que resultaren de acuerdo con el IPC,
desde el momento de su vinculación hasta cuando se liquide la obligación; iii) se
ordenara el estricto cumplimiento de la sentencia conforme con lo previsto en los
artículos 192 y 193 del CPACA; y iv) se condenara en costas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

• Desde el 14 de febrero de 1989 «hasta la fecha [de presentación de la demanda]»,
Ovidio de Jesús Banquet Guerra se encuentra vinculado laboralmente con La ESE
Hospital San Rafael de San Juan del Cesar como técnico del área de salud.

• El servicio seccional de salud, hoy secretaría de salud departamental, y
«posteriormente el hospital demandado», lo afiliaron al Fondo Nacional del Ahorro2,
razón por la cual, le consignaban sus cesantías a dicho fondo, «sin retroactividad
alguna por cada año de servicios sin que hasta la fecha se hayan cancelado dicho pasivo
prestacional».

• Los servidores del sector salud vinculados a las instituciones «hospitalarias en el
departamento de La Guajira antes del 23 de diciembre de 1993» y afiliados a un fondo
administrador de cesantías con anterioridad a dicha fecha, tenían el derecho a
exigir el pago de la retroactividad de la cesantía, «obligación que le corresponde

1 En adelante CPACA.
2 En adelante FNA.

2

Radicado: 44001-23-40-000-2016-00165-01 (3330-2022)
Demandante: Ovidio de Jesús Banquet Guerra

asumir a la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las entidades territoriales y a
las instituciones hospitalarias».

• El 13 y el 19 de agosto de 2015, solicitó a las entidades demandadas el
reconocimiento y pago del retroactivo del auxilio de cesantías, pero le fue negado
a través de los actos acusados.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 2, 6, 25, 53 y 209 de la Constitución
Política; 22, 25, 27, 28, 30 y 37 del Decreto 3118 de 1968; 45 de Decreto Ley 1045
de 1978; 35 y 37 de la Ley 10 de 1990; 99 de la Ley 50 de 1990; 242 de la Ley
100 de 1993; 19 y 33 de la Ley 60 de 1993; 17, 19, 20 y 22 del Decreto 530 de
1994; 13 de la Ley 344 de 1996; y 61, 62 y 63 de la Ley 715 de 2001
reglamentado por los Decretos 238 de 2002 y 306 de 2004.

En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente3:

• La responsabilidad del reconocimiento, liquidación y pago de la retroactividad de
las cesantías de los servidores vinculados a instituciones hospitalarias en el
departamento de La Guajira antes del 23 de diciembre de 1993 y afiliados a un
fondo administrador de cesantías, corresponde a las entidades territoriales y a las
instituciones hospitalarias.

• Al demandante no se le dio la oportunidad de optar por un sistema sin
retroactividad, lo que implica que hasta la actualidad pertenece al régimen
retroactivo y, en consecuencia, la prestación aludida debe ser liquidada por todo el
tiempo de servicio con el último salario devengado en consideración de los
factores salariales previstos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a las pretensiones de
la demanda con fundamento en los siguientes argumentos4:

3 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_00020160016500ZI(.zip), 000-2016-00165-00.pdf, folios 2 al 29.
4 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_00020160016500ZI(.zip), 000-2016-00165-00.pdf, folios 143 al

177.

3

Radicado: 44001-23-40-000-2016-00165-01 (3330-2022)
Demandante: Ovidio de Jesús Banquet Guerra

• Revisada la «certificación de calidad de beneficiarios del extinto fondo pasivo
prestacional del sector salud del departamento de La Guajira» se estableció que el
demandante no ostentaba tal condición, por ende, no tiene compromiso alguno
con las supuestas prestaciones dejadas de pagar.

• No puede endilgarse responsabilidad a dicho ente ministerial, ya que en
cumplimiento de las obligaciones derivadas del «contrato de concurrencia 001 de
2010» giró al departamento de La Guajira los recursos que le correspondían por
concepto de las cesantías «causadas al 31 de diciembre de 1993 de los funcionarios
del sector del departamento de La Guajira».

• Según lo dispuesto en las leyes 30 de 1993, 530 de 1994 y 715 de 2001, los
derechos prestacionales de los empleados que no se reportaron oportunamente
por las instituciones hospitalarias como los beneficiarios del extinto fondo del
pasivo prestacional del sector salud, deben asumirlos la institución de salud para
la cual prestaron sus servicios.

Propuso las siguientes excepciones: i) acto administrativo informativo no
susceptible de control jurisdiccional; ii) falta de jurisdicción y competencia; iii) falta
de calidad de beneficiario del pasivo prestacional; iv) inexistencia de la obligación;
v) improcedencia del régimen de retroactividad; vi) falta de legitimación por pasiva;
y vii) la genérica e innominada.

1.2.2. El departamento de La Guajira alegó su falta de legitimación en la causa,
toda vez que no existe prueba de que la ESE Hospital San Rafael de San Juan del
Cesar haya cumplido con la obligación de reportar la lista de beneficiarios al
Fondo de Pasivo del Sector Salud, por lo que, no es la entidad responsable del
reconocimiento y pago del mayor valor de las cesantías reclamado por el
demandante.

Por último, planteó las excepciones de: i) inexistencia de las obligaciones
demandadas; ii) falta de legitimación por pasiva; y iii) presunción de legalidad del
acto acusado5.

5 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_00020160016500ZI(.zip), 000-2016-00165-00.pdf, folios 205 al

210.

4

Radicado: 44001-23-40-000-2016-00165-01 (3330-2022)
Demandante: Ovidio de Jesús Banquet Guerra

1.2.3. La ESE Hospital San Rafael de San Juan del Cesar se opuso a la
prosperidad de las pretensiones con fundamento en los siguientes argumentos6:

• El demandante se vinculó al FNA desde 1989, por lo que pertenece al régimen
de liquidación anual de cesantías.

• Los servidores públicos de salud vinculados con anterioridad a la expedición de
la Ley 100 de 1993, eran empleados del orden nacional, razón por la cual mal
puede el actor acudir a la «inescindibilidad del régimen del FNA» y pretender los
beneficios de retroactividad de los empleados del orden territorial.

Finalmente, formuló las excepciones de: i) caducidad; ii) falta de exigibilidad de la
obligación; y iii) falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de La Guajira mediante sentencia proferida el 26 de
febrero de 2021 negó las pretensiones de la demanda y declaró la falta de
legitimación en la causa por pasiva del departamento de La Guajira y del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Para tal efecto, luego de realizar un recuento de algunos preceptos legales y
jurisprudenciales aplicables al asunto concluyó lo siguiente7:

• La naturaleza jurídica de la ESE Hospital de San Rafael de San Juan del Cesar
es «de carácter departamental o territorial», en consecuencia, teniendo en cuenta que
mediante Resolución 0034 del 1° de febrero de 1989 se nombró al demandante
como técnico del área de salud de dicha institución, resulta claro que su
vinculación fue de orden territorial y no nacional, por lo que el régimen de
liquidación aplicable para sus cesantías era el retroactivo.

6 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_00020160016500ZI(.zip), 000-2016-00165-00.pdf, folios 217 al

224.
7 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_00020160016500ZI(.zip), 000-2016-00165-00.pdf, folios 383 al

406.

5

Radicado: 44001-23-40-000-2016-00165-01 (3330-2022)
Demandante: Ovidio de Jesús Banquet Guerra

• El traslado de administrador de cesantías no envuelve una renuncia tácita al
régimen de retroactividad, pues solo implica el cambio de administrador, y no la
intención de renunciar al régimen que los cobija.

• Así las cosas, al actor le asiste el derecho a que le sean liquidadas sus cesantías
bajo el régimen de retroactividad.

• La liquidación de cesantías con el régimen de retroactividad causadas con
anterioridad al 31 de diciembre de 1993, estaba a cargo del Fondo de Pasivo
Prestacional del Sector Salud, el cual fue eliminado por el artículo 61 de la Ley 715
de 2001, por tanto, el Ministerio asumió el pago de dicha prestación, según los
convenios de concurrencia a nivel territorial.

• Ahora, para que la nación y las entidades territoriales sean responsables del
auxilio de cesantías, es necesario que el beneficiario haya sido reconocido como
beneficiario de dicho fondo en calidad de trabajador de la salud, presupuesto que
no fue probado en el sub judice, pues a pesar de que la Dirección General de
Financiamiento y Gestión de Recurso certificó que el Hospital San Rafael de San
Juan del Cesar era beneficiario del Fondo Pasivo Prestaciones, la entidad
hospitalaria no realizó el reporte de los funcionarios activos que se encontraban
afiliados al FNA ni el correspondiente corte de cuentas por concepto de cesantías.

• El hospital demandado no demostró haber efectuado el correspondiente corte de
cuentas e incluir al actor en el contrato de concurrencia respectivo, razón por la
cual deberá responder directamente por el reconocimiento de las cesantías
retroactivas.

• Ahora, si bien el actor cumple con los requisitos para hacerse acreedor a las
cesantías con retroactividad en el sector salud y cuyo pago corresponde a la ESE
Hospital San Rafael de San Juan del Cesar, también es cierto que en dicho
régimen su liquidación solo es exigible a la terminación de la relación laboral,
vínculo que «a la fecha de la reclamación administrativa» aún se encontraba vigente,
razón por la cual no están dados los presupuestos para su reconocimiento y pago.

• Comoquiera que la sanción moratoria se encuentra ligada a la reclamación «en
sede administrativa y a su reconocimiento dentro de la oportunidad legal», no hay lugar
a su reconocimiento.

6

Radicado: 44001-23-40-000-2016-00165-01 (3330-2022)
Demandante: Ovidio de Jesús Banquet Guerra

1.4. El recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación y lo sustentó así8:

• Contrario a lo concluido por el tribunal, Ovidio de Jesús Banquet Guerra es
empleado territorial y no nacional, toda vez que comenzó a prestar sus servicios a
la ESE, previo a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, razón por la cual es
beneficiario del régimen retroactivo.

• Se desconoció el derecho a la igualdad, toda vez que existen pronunciamientos
del Consejo de Estado9 en donde se accede al reconocimiento y pago de
cesantías bajo el sistema de retroactividad a favor de funcionarios del sector de la
salud afiliados al FNA.

• Según la Ley 715 de 200110 el departamento de La Guajira debe responder por
las consecuencias relativas a las pretensiones de la demanda, pues dicha
responsabilidad recae sobre los entes territoriales.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar.

1.6. Concepto del Ministerio Público

En esta etapa procesal guardó silencio.

8 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_00020160016500ZI(.zip), 000-2016-00165-00.pdf, folios 410 al

412.
9 Consejo de Estado – Sección Segunda, Sentencia de 17 de febrero de 2011, Rad. 2003-00906-

02, C.P.: Bertha Lucía Ramírez de Páez.
10 «por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad

con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones.»

7

Radicado: 44001-23-40-000-2016-00165-01 (3330-2022)
Demandante: Ovidio de Jesús Banquet Guerra

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación, el
problema jurídico se circunscribe en determinar si ¿los argumentos de la apelación
expuestos por la parte demandante guardan congruencia con lo decidido en la
sentencia recurrida, lo cual ameritaría un pronunciamiento de fondo sobre la
decisión de primera instancia?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. El régimen de las cesantías para los servidores públicos

Es importante precisar los regímenes de liquidación de cesantías que han sido
aplicables a los empleados públicos, a saber:

1. Régimen retroactivo: de conformidad con los artículos 17 de la Ley 6.ª de 1945;
1 del Decreto 2767 de 1945, 1 de la Ley 65 de 1946, y 1, 2, 5 y 6 del Decreto 1160
de 1947, los empleados públicos de los órdenes nacional, departamental,
municipal o distrital estaban cobijados por el régimen de retroactividad y la
liquidación se efectuaba «a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de
servicio»11. Ahora, los servidores públicos que accedieron a este régimen
conservaron la posibilidad de mantenerlo, tal y como se desprende de los artículos
5 de la Ley 432 de 1998, 2 del Decreto 1252 de 2000 y 3 del Decreto 1919 de
2002, entre otros.

2. Fondo Nacional del Ahorro: el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional del
Ahorro -FNA- como un establecimiento público al cual debían afiliarse de forma
obligatoria empleados públicos y trabajadores oficiales de los ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y
empresas industriales y comerciales del estado del orden nacional. La excepción a
esta regla estaba constituida por los miembros de las cámaras legislativas y sus
empleados, los miembros de la fuerza pública, así como el personal civil del ramo
de la Defensa Nacional.

11 Ley 6.ª de 1945, artículo 45, literal a).

8

Radicado: 44001-23-40-000-2016-00165-01 (3330-2022)
Demandante: Ovidio de Jesús Banquet Guerra

Para los afiliados obligatorios al FNA, el Decreto 3118 de 1968 introdujo un
sistema de liquidación anualizado del auxilio de cesantías. Sin embargo, la norma
no impuso igual condición para los trabajadores que se vincularan a dicha entidad
de forma voluntaria.

Posteriormente, la Ley 432 de 1998 reorganizó el FNA y dispuso, en su artículo 6,
que las entidades públicas empleadoras debían transferir mensualmente «una
doceava parte de los factores de salario que sean base para liquidar las
cesantías». Con todo, en el parágrafo del artículo 5 determinó que «[e]n los casos
en que los servidores públicos tengan régimen de retroactividad en las cesantías, el
mayor valor será responsabilidad de la entidad empleadora».

3. Régimen anualizado: el sistema de liquidación anual de la prestación se
instituyó como regla general para los empleados públicos con ocasión de la Ley
344 de 1996 y estableció que para las personas que en adelante se vincularan con
entidades del Estado las cesantías de liquidarían el 31 de diciembre de cada año
(artículo 13). Por su parte, el Decreto 1582 de 1998 extendió el régimen previsto
por los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990 a los empleados públicos del
orden territorial que ingresaran a partir del 31 de diciembre de 1996.

La anterior disposición se mantuvo en el Decreto 1919 de 2002, que extendió el
régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos de la rama ejecutiva
del nivel nacional a los servidores del orden territorial, con la salvedad12 de que los
beneficiarios del régimen retroactivo continuarían disfrutándolo, en concordancia
con la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000.

2.2.2. El régimen de las cesantías para los servidores públicos del sector
salud

Antes se dejó precisado que el sistema retroactivo de liquidación de cesantías
acogió a los servidores públicos de manera uniforme, hasta 1968, año en el que
se implementó un sistema de liquidación anualizado administrado por el FNA para
sus afiliados obligatorios; estos trabajadores, en todo caso, eran las personas
vinculadas a entidades de la rama ejecutiva del orden nacional.

12 Artículo 3 del Decreto 1919 de 2002.

9

Radicado: 44001-23-40-000-2016-00165-01 (3330-2022)
Demandante: Ovidio de Jesús Banquet Guerra

Lo expuesto determina la relevancia de definir el marco jurídico aplicable a los
servidores del sector de la salud, particularmente del orden territorial, con el
propósito de identificar el régimen aplicable en materia de cesantías. En efecto, es
necesario definir si la afiliación al FNA desde 1968 los hace destinatarios del
sistema de liquidación anualizado allí dispuesto, o si, por el contrario, podían
mantener la retroactividad del auxilio.

Para efectos del análisis propuesto, conviene señalar que el Sistema Nacional de
Salud Pública se reorganizó por virtud del Decreto 2470 de 1968, como el conjunto
de organismos encauzados por la finalidad de procurar la salud de la comunidad.
En el nivel local estaba constituido por recursos tales como hospitales, centros y
puestos de salud y demás instituciones encargadas de ejecutar los programas de
salud en su respectiva jurisdicción. Luego, el Decreto 621 de 1974 definió las
funciones que debía desarrollar el Ministerio de Salud Pública como director del
Sistema.

Posteriormente, el Decreto 56 de 1975 definió el Sistema Nacional de Salud como
«el conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como
finalidad especifica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de promoción,
protección, recuperación y rehabilitación». Esta norma indicó que los servicios
seccionales de salud funcionarían como dependencias técnicas del Ministerio de
Salud Pública (artículo 8), entidad que, al tiempo velaría por el cumplimiento de
sus normas y vigilaría el ejercicio presupuestal, entre otros asuntos. A su vez, el
Decreto 706 de 1974 dispuso que los servicios seccionales de salud serán
creados por contratos suscritos entre la Nación, Ministerio de Salud Pública y los
departamentos, intendencias, comisarías y Distrito Especial de Bogotá y las
correspondientes beneficencias y loterías.

En relación con el modelo descrito, la jurisprudencia del Consejo de Estado
concluyó que los servidores de la salud de las entidades territoriales no podían ser
considerados como empleados de la rama ejecutiva del orden nacional. Ello es
así, en atención a que la creación, organización y funcionamiento del sistema
seccional de salud se adelantaba a través de contratos con las entidades
territoriales. Este sistema implica que las entidades que prestaban el servicio de
salud en el orden departamental no están dentro de los organismos que integran
la rama ejecutiva del orden nacional, descritos por el artículo 1 del Decreto 1050

10

Radicado: 44001-23-40-000-2016-00165-01 (3330-2022)
Demandante: Ovidio de Jesús Banquet Guerra

de 196813. Con base en lo anterior, esta Sección ha reiterado que los empleados
del sector salud vinculados a una dirección seccional de salud son servidores
departamentales y no nacionales14.

Posteriormente, la Ley 10 de 1990 reorganizó el sistema nacional de salud y
dispuso en el artículo 30 que los empleados de las entidades públicas de cualquier
nivel de la administración que prestaran servicios de salud serían beneficiarios,
como mínimo, del régimen prestacional previsto en el Decreto 3135 de 1968, esta
previsión se extendió a los servidores del orden territorial, con la salvedad de que
no se les podían disminuir los niveles salariales y prestaciones de que venían
gozando en las entidades cuya liquidación se ordenó (artículo 17).

En línea con lo anterior, la Ley 60 de 1993 creó el Fondo Prestacional del Sector
Salud como una cuenta especial de la Nación, para garantizar el pasivo
prestacional de los servidores pertenecientes a las entidades de salud del sector
oficial, del subsector privado sostenido y administrado por el Estado, de las
entidades de naturaleza jurídica indefinida pero igualmente sostenidas por el
Estado, por concepto de cesantías, reservas para pensiones y pensiones de
jubilación, causadas hasta el fin de la vigencia presupuestal de 1993. Para dar
cumplimiento a esta finalidad de financiación y garantía, el artículo 33, parágrafo 2
ejusdem dispuso:

«[…] PARÁGRAFO 2. - El Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales
Distritales y Municipales podrán emitir bonos de reconocimiento u otros títulos de
deuda pública para pagar el pasivo prestacional según reglamento que para el efecto
se expida. Los pagos del pasivo prestacional por cesantías y pensiones podrán ser
hechos a los fondos privados de cesantías y pensiones, a las cajas de previsión, al
Instituto de Seguros Sociales o a los fondos territoriales que para el efecto se creen, y
en todos los casos se entenderá que en la fecha de los pagos del pasivo prestacional
causado se interrumpe cualquier retroactividad con cargo a la Nación, a las entidades

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 4 de mayo de

1993, expediente: C-231 del 4 de mayo de 1993. En este auto se dirimió un conflicto de
competencias entre el Ministerio de Salud y la Gobernación del Huila.
14 Al respecto se puede revisar la tesis reiterada contenida entre otras en las siguientes

providencias: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 17 de febrero
de 2011, radicación: 440012331000200300906-02 (0553-10); 8 de marzo de 2018, radicación:
4400123330002014000155-02(0816-17); 22 de marzo de 2018, radicación:
440012331000200300906-02 (0553-10); y de la Subsección A, sentencia del 18 de enero de 2018,
radicación: 440012333000201490035-01 (1575-2016).

11

Radicado: 44001-23-40-000-2016-00165-01 (3330-2022)
Demandante: Ovidio de Jesús Banquet Guerra

territoriales o a la entidad de prestación de servicios de salud que corresponda […]»
(Subrayas fuera del texto original).

Lo destacado en el texto fue objeto de pronunciamiento por parte de la Corte
Constitucional en sentencia C-687 de 1996 que resolvió que las diferencias
surgidas con ocasión de la liquidación retroactiva de las cesantías, con
posterioridad al 31 de diciembre de 1993, deben ser reconocidas por las entidades
territoriales; así:

«[…] 3.1. Hay que reconocer que la redacción del aparte normativo acusado del art. 33
no fue afortunada, porque por su imprecisión da pie para una interpretación equívoca,
en el sentido de que puede estar consagrando el congelamiento de las cesantías de
aquéllos servidores que con arreglo a la ley puedan gozar del beneficio de la
retroactividad de esta prestación.

3.2. Para la Corte es claro que el entendimiento real de la norma es otro.

Cuando la disposición se refiere a la irretroactividad para efectos de pagar el pasivo
prestacional, con cargo a las entidades señaladas, hace alusión a las relaciones
obligacionales entre el Fondo y los organismos que recibieron el pago (Fondos de
pensiones, Cajas de Previsión, ISS, Fondos Territoriales), pero no a las prestaciones
que originan la obligación; por lo tanto el aparte normativo acusado no desconoce
ningún derecho a los servidores sometidos a su régimen.

En resumen, diríase que para la norma en cuestión la expresión de que el pago de los
pasivos prestacionales interrumpe la retroactividad con cargo a la Nación o a las
entidades territoriales, significa que la medida soluciona definitivamente la obligación y
hacía adelante, es decir, que después del 31 de Diciembre de 1993 se consolida la
responsabilidad prestacional para los servidores de la salud, pero a cargo de las
entidades territoriales como resultado del proceso de descentralización […]»

La Ley 100 de 1993 se refirió de igual forma al Fondo Prestacional del sector
Salud en el artículo 242, para aclarar que asumiría el costo adicional generado por
concepto de la retroactividad de las cesantías del sector salud en los términos
señalados por el artículo 33 de la Ley 60 de 1993. Igualmente, dispuso que a partir
de su vigencia no podría reconocerse ni pactarse la retroactividad de las
cesantías, para los nuevos servidores del sector salud.

Las anteriores disposiciones fueron reglamentadas por el Decreto 530 de 1994,
que fijó los requisitos para ser beneficiario del Fondo del Pasivo Prestacional del
Sector Salud y la forma de pago de dicho pasivo. En el artículo 13, precisó que la
12

Radicado: 44001-23-40-000-2016-00165-01 (3330-2022)
Demandante: Ovidio de Jesús Banquet Guerra

garantía del auxilio de cesantía recaía sobre el valor neto causado al 31 de
diciembre de 1993, incluso si la persona tenía derecho a la retroactividad. Sin
embargo, si el servidor estaba afiliado al FNA o a un fondo que no reconociera
dicho régimen, el Fondo se abstendría de liquidar y pagar tal retroactividad. Para
el giro de los pagos, se impuso la suscripción de contratos entre el Ministerio de
Salud y los entes territoriales o instituciones correspondientes, según el artículo 19
ibidem.

Con la expedición de la Ley 715 de 2001 se suprimió el Fondo Pasivo Prestacional
para el Sector Salud y se trasladó su responsabilidad financiera al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público (artículo 61). El Decreto 306 de 2004 reglamentó lo
anterior y precisó la forma de pago del pasivo de cesantías (artículo 4), así como
sus beneficiarios (artículo 8), estos son: «aquellos servidores públicos y trabajadores
privados que fueron certificados como tales por el Ministerio de Salud de conformidad a la
normatividad entonces vigente, sin perjuicio de las modificaciones a que haya lugar con
ocasión de la revisión que efectúe el Ministerio de Hacienda y Crédito Público […]».

Todo lo expuesto permite concluir que los empleados públicos y trabajadores
oficiales del sector salud del nivel territorial vinculados antes de la entrada en vigor
de las Leyes 10 de 1990 y 100 de 1993, por regla general, son beneficiarios del
régimen de retroactividad, a menos que se hubiesen acogido al sistema
anualizado.

En lo atinente a este último aspecto, conviene tener presente que el solo hecho de
afiliarse a un fondo de cesantías privado no conlleva el cambio de régimen al
anualizado. Ciertamente, el artículo 2 del Decreto 1585 de 1998 prevé la
posibilidad de que las entidades administradoras reciban los recursos destinados
al pago de cesantías de los servidores públicos del orden territorial cobijados por
el régimen de retroactividad, en virtud de convenios suscritos entre los
empleadores y los mencionados fondos. De ahí que esta corporación sostenga
que, para que opere el cambio de régimen retroactivo de cesantías al anualizado,
es necesario que el servidor territorial, vinculado con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 344 de 1996, manifieste expresamente su voluntad en tal
sentido15.

15 Al respecto, ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de

8 de junio de 2006, radicación: 15001-23-31-000-2000-02249-01(8593-05) y de la Subsección A,
sentencia del 11 de febrero de 2016, radicación: 080012331000201100794 01 (1519-2015).

13

Radicado: 44001-23-40-000-2016-00165-01 (3330-2022)
Demandante: Ovidio de Jesús Banquet Guerra

2.2.3. Principio de la doble instancia y el marco del recurso de apelación.
Apelación fallida

El principio de la doble instancia, elevado a canon constitucional en el artículo 31
de la Carta Política16, prevé que toda sentencia judicial podrá ser apelada, salvo
las excepciones que estipula la ley; esta garantía del derecho de impugnación,
como posibilidad de controvertir una decisión judicial, exige la presencia de un
superior funcional, quien participa como autoridad independiente, imparcial y de
distinta categoría en la revisión de una actuación previa. En suma, el principio de
la doble instancia encierra una de las más altas garantías establecidas en la Carta
Superior, por ello, es deber del juez, salvo las excepciones expresamente
consignadas por el legislador, procurar su realización y plena efectividad como
garantía de los derechos de impugnación y de contradicción que de ella subyacen.

No obstante, el acceso a dicho derecho no opera de manera deliberada; por ello,
el legislador ha establecido algunos requisitos de oportunidad y procedencia para
su efectividad que deben ser satisfechos a cabalidad, so pena de que el recurso
de apelación fracase, requisitos que dentro del procedimiento contencioso
administrativo quedaron preceptuados en los artículos 24317 y 24718 de la Ley
1437 de 2011. El primero, prevé que serán apelables las sentencias de primera
instancia dictadas por los jueces y tribunales administrativos; el segundo

16 ARTICULO 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que
consagre la ley.
17 «ARTÍCULO 243. APELACIÓN. Artículo modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo

texto es el siguiente: Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la
misma instancia».
18 «ARTÍCULO 247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS. <Artículo
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El recurso de apelación
contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez
(10) días siguientes a su notificación. Este término también aplica para las sentencias dictadas en audiencia.

[…]
3. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se concederá mediante
auto en el que se dispondrá remitir el expediente al superior. Recibido el expediente por el superior, este
decidirá sobre su admisión si encuentra reunidos los requisitos.
4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda
instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por
los demás intervinientes.
[…]
7. La sentencia se dictará dentro de los veinte (20) días siguientes. En ella se ordenará devolver el expediente
al juez de primera instancia para su obedecimiento y cumplimiento».

14

Radicado: 44001-23-40-000-2016-00165-01 (3330-2022)
Demandante: Ovidio de Jesús Banquet Guerra

establece, el trámite bajo el cual ha de surtirse la apelación señalando el término
para la sustentación.

Por su parte, la Ley 1564 de 2012 aplicable al procedimiento contencioso
administrativo por remisión del artículo 306 del CPACA, señala los fines y el
alcance de la apelación, como también el interés para interponerla, al precisar lo
que a continuación se transcribe:

«Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos
concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la
decisión.

Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia
(…).

(…)

Artículo 322. Oportunidad y requisitos. El recurso de apelación se propondrá de
acuerdo con las siguientes reglas:

(…)

Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la
audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su
finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia,
deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión,
sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior».

Una lectura sistemática de las anteriores normas lleva a concluir que, al sustentar
la apelación, el recurrente debe señalar al ad quem las inconformidades frente a la
decisión del a quo para que el superior revise los posibles errores en que se haya
podido incurrir en la primera instancia. La jurisprudencia, en relación con la carga
procesal de indicar los motivos de inconformidad frente a la decisión de primera
instancia, ha precisado19:

«Esta Corporación ha sostenido que la competencia funcional del juez de segunda
instancia está limitada por las razones de inconformidad expresadas por el recurrente

19
Expediente N° 08001-23-31-000-2006-00420-01(1832-15); C.P William Hernández Gómez.

15

Radicado: 44001-23-40-000-2016-00165-01 (3330-2022)
Demandante: Ovidio de Jesús Banquet Guerra

en el recurso de apelación. Lo anterior significa que las competencias funcionales del
juez de la apelación, cuando el apelante es único, no son irrestrictas, pues están
limitadas, en primer lugar, por el principio de la non reformatio in pejus (art. 31 de la
Constitución Política y 328 del C.G.P), y en segundo, por el objeto mismo del recurso,
cuyo marco está definido, a su vez, por los juicios de reproche esbozados por el
apelante, en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia.

Así pues, al ad quem le está vedado, en principio y salvo las excepciones hechas por
el legislador, revisar temas del fallo de primera instancia que no fueron objeto de
impugnación, como quiera que los mismos quedan excluidos del siguiente debate y,
por lo tanto, debe decirse que, frente a dichos aspectos, termina por completo la
controversia» (sic).

Entonces, cuando los argumentos expuestos en el recurso de apelación no se
dirigen contra el fondo de la decisión recurrida, al no existir correspondencia lógica
ni jurídica con los presupuestos del asunto que se resuelve, se presenta la
apelación fallida, lo que trae como consecuencia que permanezca incólume lo
resuelto en primera instancia. Ello materializa el debido proceso, teniendo en
cuenta que la decisión que debe adoptar el ad quem necesariamente debe
guardar congruencia con lo resuelto por el juez de primera instancia, razón por la
cual, los argumentos que se presenten en el recurso de apelación son los que
eventualmente darán lugar a que la providencia sea confirmada, revocada o
modificada, según el caso.

También resulta importante hacer referencia al artículo 328 del CGP el cual
establece la competencia del superior en los siguientes términos:

«Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio
de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el
recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en
razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados
con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación.
Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
16

Radicado: 44001-23-40-000-2016-00165-01 (3330-2022)
Demandante: Ovidio de Jesús Banquet Guerra

Visto lo anterior, debe concluirse que la competencia del superior se supedita o
limita al estudio de aquellos argumentos que fueron expuestos por el apelante, de
ahí que, si esos planteamientos no hacen referencia al tema de fondo que decidió
el a quo, no puede en segunda instancia efectuarse pronunciamiento alguno, lo
que trae como consecuencia que la apelación sea fallida. Frente al punto, esta
sección ha explicado lo siguiente:

«[…] Se debe precisar, a la altura de lo enunciado, que al no respetar el principio de
congruencia el recurso de apelación presentado por el apoderado del Ministerio de
Educación frente a la sentencia de primera instancia, la apelación es fallida y por
consiguiente se tiene por no presentado.

Lo anterior por cuanto el recurso de apelación demarca la competencia del juez de
segunda instancia y, por lo mismo, cuando los fundamentos de la apelación son
extraños al debate del sub judice por no corresponder a los mismos hechos analizados
por el a quo, se entiende como una apelación fallida, según lo ha sostenido el Consejo
de Estado, así: (…) En conclusión, se observa que los argumentos esgrimidos por el
recurrente como sustentación del recurso, en verdad, no están dirigidos contra el fondo
de la sentencia apelada, por no corresponder al caso que se juzga, lo cual impide en el
fondo desatar la apelación, es decir, ésta resulta fallida porque es imposible confrontar
la sentencia con una apelación de la misma que no lo es.

Así, realmente no existe apelación de la sentencia. Y esta situación impide conocer de
fondo el caso por la vía de la apelación (…)».

2.3. Caso concreto

En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

• Mediante Resolución 0034 del 1° de febrero de 198920, el médico director del
Hospital Regional San Rafael de San Juan del César nombró a Ovidio de Jesús
Banquet Guerra como promotor II del hospital. Cargo del cual tomó posesión el 14
de dicho mes y año21.

• El 31 de mayo de 2001, la directora general de financiamiento y gestión de
recursos del Fondo Pasivo Prestacional certificó que «el Departamento

20 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_00020160016500ZI(.zip), 000-2016-00165-00.pdf, folio 38.
21 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_00020160016500ZI(.zip), 000-2016-00165-00.pdf, folio 39.

17

Radicado: 44001-23-40-000-2016-00165-01 (3330-2022)
Demandante: Ovidio de Jesús Banquet Guerra

Administrativo de Salud de la Guajira y los hospitales (…) San Rafael de San Juan del
Cesar (…) cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 33 de la Ley 60 de 1993,
en concordancia con los literales a) y b) del artículo 8 del Decreto 530 de 1994 para ser
considerados como beneficiarios del Fondo Pasivo Prestacional»22 (sic).

• Contrato de concurrencia 001 del 15 de octubre de 2010, celebrado entre la
Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el departamento del Cesar, el
cual tenía por objeto «establecer el valor, los términos y mecanismos de pago de
concurrencia a cargo de la Nación y del departamento en la financiación del pasivo
prestacional por concepto de aportes para cesantías adeudas a 31 de diciembre de 1993,
de los trabajadores y extrabajadores de las entidades de salud del departamento de la
Guajira, reconocidos en la misma resolución expedida por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público»23 (sic).

• En certificaciones expedidas el 10 de febrero de 201524 y el 31 de agosto de
201525 por el profesional universitario de la Unidad Funcional de Recursos
Humanos de la ESE San Rafael en la cual se informó que Ovidio de Jesús
Banquet Guerra «labora en esa entidad como técnico área de salud desde el 14 de
febrero hasta la fecha» y que durante el periodo comprendido entre el 14 de febrero
de 1989 y el 31 de mayo de 1994, sus aportes de cesantías «estuvieron a cargo de
DESALUD Guajira hoy Secretaría de Salud Departamental de la Guajira»,
respectivamente .

• Oficio 1450 del 19 de noviembre de 2019, suscrito por el coordinador del grupo
de atención y respuesta al consumidor financiero del FNA, en el cual se manifestó
que Ovidio de Jesús Banquet Guerra «se encuentra afiliado al Fondo Nacional del
Ahorro por el producto de cesantías por las siguientes entidades», así: i) Desde 1989
hasta 1994 por el Departamento de Salud de La Guajira; y ii) Desde 1995 hasta
2018 por el Hospital San Rafael de San Juan del Cesar26.

22 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_00020160016500ZI(.zip), 000-2016-00165-00.pdf, folios 182 al

184.
23 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_00020160016500ZI(.zip), 000-2016-00165-00.pdf, folios 202 al

204.
24 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_00020160016500ZI(.zip), 000-2016-00165-00.pdf, folio 32.
25 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_00020160016500ZI(.zip), 000-2016-00165-00.pdf, folios 35 al

37.
26 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_00020160016500ZI(.zip), 000-2016-00165-00.pdf, folios 283 al

292.

18

Radicado: 44001-23-40-000-2016-00165-01 (3330-2022)
Demandante: Ovidio de Jesús Banquet Guerra

• El 19 de agosto de 201527, Ovidio de Jesús Banquet Guerra le solicitó a las
entidades demandadas el reconocimiento, liquidación y pago de sus cesantías
debidamente indexadas. Dichas solicitudes fueron resueltas por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público a través del Oficio 2-2015-033272 del 28 de agosto de
201528 y por el gerente del hospital con Oficio GJUR-174 del 1° de septiembre de
201529, el departamento de La Guajira guardó silencio.

2.3.1. Valoración probatoria y análisis sustancial del caso concreto

Sea lo primero señalar, que los argumentos expuestos por la parte demandante
pretenden desvirtuar la vinculación de orden nacional y, en consecuencia, la
aplicación del régimen de liquidación anual de sus cesantías. Al respecto, en la
sentencia proferida por el a quo, al resolver el objeto materia de controversia se
concluyó lo siguiente:

«La tesis del Tribunal consiste en afirmar que las pretensiones de la demanda deben
ser negadas, toda vez que, el actor al no acreditar haberse retirado del servicio de
la E.S.E Hospital San Rafael de San Juan del Cesar, no hay lugar al reclamo
actual de ese mayor valor, derivado de la aplicación del régimen de
retroactividad que se alega le es aplicable y por contera, tampoco ha surgido el
derecho a reclamar sanción moratoria». [Se resalta].

A continuación, señaló que la naturaleza jurídica de la ESE Hospital San Rafael de
San Juan del Cesar, es de carácter departamental o territorial y que comoquiera
que mediante Resolución 0034 del 1° de febrero de 1989, Ovidio Banquet Guerra
fue nombrado en el cargo de técnico área salud de la entidad hospitalaria su
vinculación «fue a una entidad del orden territorial y no del orden nacional, por lo que sí
le era aplicable el régimen retroactivo de cesantías», además resaltó que debía
atenderse la jurisprudencia del Consejo de Estado, al expresar que por regla
general el auxilio de cesantía de los empleados públicos y trabajadores oficiales
del sector salud del nivel territorial, vinculados con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, se liquida con el régimen de retroactividad, es

27 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_00020160016500ZI(.zip), 000-2016-00165-00.pdf, folios 43 al

44, 48 al 49 y 50 al 51.
28 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_00020160016500ZI(.zip), 000-2016-00165-00.pdf, folios 45 al

47.
29 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_00020160016500ZI(.zip), 000-2016-00165-00.pdf, folios 52 y

53.

19

Radicado: 44001-23-40-000-2016-00165-01 (3330-2022)
Demandante: Ovidio de Jesús Banquet Guerra

decir, con base en el último salario devengado al momento de la desvinculación de
la entidad o de la liquidación parcial de cesantías.

El tribunal resaltó que no había prueba en el expediente de que el demandante
expresa y voluntariamente hubiera optado por otro régimen de liquidación de
cesantías, aún después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, pues la
ESE demandada no había cumplido con dicha carga probatoria, lo que forzaba
concluir que sus cesantías se regulaban por el sistema retroactivo de pago, pues
consideró que la mera acreditación de la afiliación del servidor público al FNA con
anterioridad a diciembre de 1993, no constituía prueba eficiente que pudiera
enervar tal derecho; y que el sólo traslado de fondo de cesantías, no implica una
renuncia tácita al régimen de cesantías con retroactividad, pues solo genera el
cambio de administrador y no la intención de renunciar al régimen que los
cobijaba, tal como se desprende de la lectura de los artículos 1 y 2 del Decreto
1582 de 1998.

Sin embargo, el tribunal advirtió lo siguiente:

«Finalmente, si bien el actor cumple con los requisitos para hacerse acreedor a las
cesantías con retroactividad en el sector salud y cuyo pago corresponde a la E.S.E
Hospital San Rafael de San Juan del Cesar, también es necesario precisar, según lo
consignado en el marco jurídico de este fallo, que el régimen de liquidación de
cesantías por retroactividad, se caracteriza por su reconocimiento con base en el
último salario realmente recibido, o el promedio de lo percibido en el último año de
servicios, en caso de que durante los últimos tres meses de labores el salario
devengado hubiera sufrido modificaciones, o con base en todo el tiempo si la
vinculación hubiera sido inferior a un año, por lo que sólo es exigible la cesantía
definitiva al final de la relación laboral.

(…)

Traído lo anterior al caso concreto, observa el Tribunal que según certificados visibles
a folios 17, 18, 21-23 y 163, el señor Ovidio Banquet Guerra tanto a la fecha de la
reclamación administrativa del mayor valor de cesantías definitivas que se genere en
razón del régimen de retroactividad como a la fecha de presentación de la demanda
todavía se encontraba laborando para la E.S.E Hospital San Rafael de San Juan
del Cesar - La Guajira, vínculo laboral que a la fecha de expedición del extracto
individual de cesantías expedido por el FNA visible a folios 204 a 209, esto es 19
noviembre de 2019 aun se encontraba vigente, lo que permite inferir que el vínculo de
trabajo en cuyo marco se causan las cesantías a la presentación de la demanda no ha
finalizado. Luego entonces, si no se ha probado que la relación laboral terminó, no
están dados los supuestos para que se reclame el derecho a la liquidación y pago del
20

Radicado: 44001-23-40-000-2016-00165-01 (3330-2022)
Demandante: Ovidio de Jesús Banquet Guerra

mayor valor que se hubiere producido por la liquidación o reliquidación de la cesantía
definitiva con la metodología de la retroactividad, razón por la cual dicha pretensión no
está llamada a prosperar, tal como lo indica la señora Agente del Ministerio Público

Por otro lado, y en lo que respecta a la sanción moratoria que se pretende, si bien a
voces del Consejo de Estado no es accesoria a la prestación ‹cesantías›, su causación
se realiza en torno a ella, luego entonces, tal como también lo advierte el Ministerio
Público, en el sub lite, la parte actora no acreditó haber solicitado en sede
administrativa cesantías parciales y que estás no fueran reconocidas dentro de la
oportunidad legal, así como tampoco, la terminación de la relación legal y
reglamentaria que diera paso a la solicitud de la cesantías definitivas y con ello en el
evento de no ser atendidas dentro del lapso establecido por el legislador, presentar
reclamación administrativa previa ante la entidad para el reconocimiento de la sanción
moratoria» (sic). [Se resalta].

Ahora bien, en el recurso de apelación la parte demandante circunscribe sus
argumentos, únicamente, a la negativa de la liquidación, reconocimiento y pago de
las cesantías del régimen retroactivo por su «vinculación nacional». Al respecto
indicó lo siguiente:

«el tribunal administrativo admite y sigue con los trámites pertinentes del debido
proceso, hasta que en ocasión la sala en pleno resuelve finalmente fallando
negativamente las pretensiones de la demanda argumentándose que mi poderdante es
empleado Nacional por lo que comenzó su labor no estando vigente la Ley 100 de
1993, ya que según la constancia expedida por la entidad nominadora la ESE Hospital
San Juan del Cesar La Guajira, es desde el día 4 de febrero de 1989 hasta la fecha,
concepto que no compartimos en razón a que el régimen retroactivo es aplicable a
aquellos servidores del Estado vinculados antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y
estando vigente la Ley 344 de 1996, teniendo en cuenta que dicho régimen no es
posible que se le reconozcan intereses sino indexación (…) todos los trabajadores de
la salud en la Guajira son del régimen retroactivo y no anualizado como lo está
afirmando la sala en pleno quien últimamente profiere fallo en contra de las
pretensiones de la demanda. Por otro lado no nos satisface el pronunciamiento
promulgado por la señora Magistrada y los conceptos de la Sala en pleno, cuando
están negando las pretensiones de la demanda argumentando también la
inclusión de afiliación al Fondo del ahorro por parte del Ente Territorial
Departamento de la Guajira, en intermedio la Secretaría de Salud, ya esto con lo
habíamos explicado en los hecho de la demanda cuando decimos que el actor no fue
su voluntad, ni escogió su respectiva afiliación y esta demostrado en el presente
proceso, por lo que desde hace mucho tiempo se viene reclamando lo establecido por
la Ley 60 de 1993 y posterior a la vigencia de la ley 100 de 1993 y 715 de 2001» (sic).
[Se resalta].

21

Radicado: 44001-23-40-000-2016-00165-01 (3330-2022)
Demandante: Ovidio de Jesús Banquet Guerra

Lo expuesto permite evidenciar que el actor incurrió en una imprecisión al señalar
en su escrito de apelación, que no se accedió a lo pretendido con fundamento en
que la vinculación del actor era de orden nacional, en virtud de su ingreso al sector
salud con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, en tanto
ello no fue lo concluido por el tribunal. En efecto, contrario a lo señalado por el
apelante, el a quo encontró que, en su calidad de empleado público del sector
salud del nivel territorial vinculado antes de la entrada en vigencia de las Leyes 10
de 1990 y 100 de 1993, Ovidio de Jesús Banquet Guerra era beneficiario del
régimen de liquidación retroactiva; sin embargo, al no probar la terminación de su
relación laboral o la reclamación administrativa de cesantías parciales no se
cumplía con los supuestos para reclamar el pago de la prestación y su sanción por
el no pago.

Precisado lo anterior y en atención al marco de competencia de esta instancia30, la
Sala, luego de confrontar los argumentos del recurso respecto de lo decidido por
el Tribunal Administrativo de La Guajira, observa que no hay congruencia entre
uno y otro, comoquiera que, si el propósito principal de ese medio impugnatorio es
controvertir lo que efectivamente le fue favorable, carece de razón y sentido la
apelación, limitando ello a esta colegiatura para emitir un pronunciamiento de
fondo.

En consecuencia, en atención al fin teleológico del recurso de apelación, y al no
encontrar otro motivo que implique otro pronunciamiento en esta instancia, la Sala
declarará fallida la apelación y se confirmará la sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda.

2.4. Costas

La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.

30 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el

artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.

22

Radicado: 44001-23-40-000-2016-00165-01 (3330-2022)
Demandante: Ovidio de Jesús Banquet Guerra

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».

Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.

Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma31.

Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se
causaron dichas costas.

En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de la condena en costas a la
parte demandada.

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no es procedente entrar a
examinar los argumentos expuestos por el a quo en la primera instancia, en la
medida en que no existe congruencia entre los consignados en la apelación
presentada por Ovidio de Jesús Banquet Guerra y aquellos señalados en la
decisión controvertida, por consiguiente, la Sala confirmará la sentencia apelada.

31En igual sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia del 1° de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación
70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

23

Radicado: 44001-23-40-000-2016-00165-01 (3330-2022)
Demandante: Ovidio de Jesús Banquet Guerra

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 26 de febrero de 2021 por el Tribunal
Administrativo de La Guajira que negó las pretensiones de la demanda presentada
por Ovidio de Jesús Banquet Guerra contra el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, el departamento de La Guajira, y la ESE Hospital San Rafael de San Juan
del Cesar, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

DMGT

24

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.