Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2017-00260-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2017-00260-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 44001-23-40-000-2017-00260-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
12 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 44001-23-40-000-2017-00260-01 (6856-2023)
Demandante: Eduardo Rafael Lázaro Arroyo
Demandados: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y Distrito de
Riohacha
Temas: Reliquidación de pensión ordinaria de jubilación de docente.
Improcedencia de incluir todos los factores salariales
devengados. Aplicación de la sentencia de Unificación de 25 de
abril de 2019. No pueden computarse en el IBL emolumentos de
creación extralegal. Falta de legitimación en la causa por pasiva
declarada de oficio respecto de la entidad territorial. ADICIONA
Y MODIFICA SENTENCIA Y CONFIRMA EN LO DEMÁS.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el veintisiete (27) de julio de dos mil veintidós (2022) por el
Tribunal Administrativo de La Guajira, por medio de la cual se accedió parcialmente
a las pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Eduardo Rafael Lázaro Arroyo instauró demanda1 en contra de la Nación -
Ministerio de Educación Nacional – FOMAG y el distrito de Riohacha en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) parcialmente
de la Resolución 403 del 10 de julio de 2012, por medio de la cual se reconoció el
pago de una pensión de jubilación; (ii) Oficio del 28 de octubre de 2013 con el que
1 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
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se dio contestación a la solicitud del 23 de octubre de 2013; (iii) Resolución 563 del
16 de diciembre de 2013 a través de la cual se negó el ajuste de dicha prestación;
(iv) proyecto de acto administrativo de 2013, mediante el cual se reconoce y ordena
el pago de un ajuste pensional; y (v) Resolución 173 del 16 de mayo de 2014, con
la que se negó el recurso de reposición contra la Resolución 563 de 2013.
Que, a título de restablecimiento del derecho, se reliquide e incremente el valor de
la pensión de jubilación en cuantía del 75% del promedio de lo devengado durante
el último año de servicio anterior al cumplimiento del estatus, con la inclusión de la
asignación básica y de todos los demás factores (pago de antigüedad, prima de
navidad, prima de vacaciones, prima semestral de bonificación).
Que se paguen las diferencias de dinero sobre las mesadas generadas por la
reliquidación y las que ya han sido abonadas desde la fecha en que consolidó el
derecho (4 de mayo de 2012), hasta cuando se verifique la inclusión en nómina del
nuevo valor que por esta demanda se llegare a reconocer, esto junto a los aumentos
porcentuales legales y anuales establecidos por el Gobierno Nacional, al igual que
con la indexación de dichas sumas y los intereses moratorios a que haya lugar.
Que se ordene el cumplimiento del fallo en los términos del CPACA y se disponga
sobre la condena en costas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que mediante el Decreto 403 del 1.º de julio de 2012 se le reconoció una pensión
de jubilación por la suma de $1.926.324, efectiva a partir del 5 de mayo del mismo
año, pero liquidada sin incluir todos los factores salariales devengados el último año
de servicios anterior al cumplimiento del estatus jurídico.
Que, el 23 de octubre de 2013 solicitó ante la entidad territorial demandada en
nombre del FOMAG, la reliquidación de su prestación con el cómputo de la
asignación básica, la prima de antigüedad, la prima de navidad, la prima de
vacaciones, la prima semestral de bonificación y las horas extras; esto es, con todos
los emolumentos percibidos entre el 5 de mayo de 2011 y el 4 de mayo de 2012.
Que, mediante la Resolución 563 del 16 de diciembre de 2013 se negó dicha
petición, toda vez que la prima de bonificación, antigüedad y navidad no son factores
de liquidación de prestaciones de los docentes con vinculación nacional como el
actor, según lo consagrado en el manual de actas de liquidación de prestaciones
sociales aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional. Que interpuso recurso
de reposición, pero este fue resuelto negativamente mediante la Resolución 173 del
6 de mayo de 2014.
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NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Que con los actos administrativos demandados se transgredieron los artículos: 1, 2,
25, 48, y 53 de la Constitución Política; así como las Leyes 6 de 1945, 33 de 1985,
62 de 1985, 91 de 1989, 100 de 1993 y 812 de 2003; al igual que el Decreto 1045
de 1978.
Que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio aplicó
incorrectamente el artículo 3.º del Decreto 3752 de 2003, dado que, según su
interpretación, el ingreso base de liquidación de todas las pensiones causadas con
posterioridad a la Ley 812 del 27 de junio de 2003 corresponde a la base de
cotización sobre la cual realiza aportes el docente. Sin embargo, los factores
computables deben ser los derivados de la aplicación de la tesis expuesta por el
Consejo de Estado en la sentencia del 4 de agosto de 2010 (0112-09), según la cual
los emolumentos enlistados en la Ley 62 de 1985, son en principio generales y no
pueden considerarse de manera taxativa.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 17 de mayo de 2018 fue admitida la demanda,2 y el 18 de febrero de 2019 se
admitió su reforma,3 la cual se notificó a las entidades accionadas.
La Nación – Ministerio de Educación - FOMAG4 manifestó que, al reconocerse la
pensión de jubilación del actor atendiendo las observaciones realizadas por el
revisor de la entidad fiduciaria, es evidente que no se desconoció el ordenamiento
jurídico, ya que a la luz de la Ley 33 de 1985, los factores salariales tenidos en
cuenta para calcular la prestación son los taxativamente señalados en el artículo 1.º
de la Ley 62 de 1985, por lo que los conceptos salariales pretendidos por el
accionante no tienen incidencia para modificar el valor del derecho reconocido.
Propuso como excepciones las que denominó: (i) falta de legitimación en la causa
por pasiva, (ii) cumplimiento del deber constitucional y legal, (iii) legalidad del acto
administrativo, (iv) inaplicabilidad de normas sin vigencia y precedente
jurisprudencial, (v) inexistencia de la obligación legal, y (vi) genérica.
El distrito de Riohacha contestó la demanda de forma extemporánea según
constancia del 6 de noviembre de 2018.5
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
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El 10 de mayo de 20196 se celebró la audiencia inicial en la que se fijó el litigio, se
declaró fracasada la etapa de conciliación y se decretaron las pruebas solicitadas
por las partes, las cuales fueron recaudadas y practicadas en la audiencia del 18 de
julio de 2019, en la que finalmente se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público para conceptuar si a bien lo consideraba.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN7
El Tribunal Administrativo de La Guajira mediante sentencia del 27 de julio de 2022
declaró la inepta demanda parcial respecto del Oficio del 28 de octubre de 2013 y
el proyecto de acto administrativo de 2013 por ser decisiones de trámite.
Adicionalmente accedió a las pretensiones en el sentido de declarar la nulidad de
los demás actos demandados y ordenar a las entidades accionadas conforme a sus
competencias reliquidar las diferencias de las mesadas actualizadas de la pensión
de jubilación del actor, incluyendo los factores salariales de prima de antigüedad y
horas extras percibidas dentro del último año anterior a la adquisición de su estatus.
Se abstuvo de condenar en costas a la parte demandada.
Expresó que, el demandante fue nombrado como docente desde el 13 de junio de
1990, de manera que su vinculación se produjo antes de la vigencia de la Ley 812
de 2003, lo que significa que, para el reconocimiento de su pensión, se deben aplicar
las reglas de la Ley 33 de 1985, tal como se precisó en la sentencia del 25 de abril
de 2019 proferida por el Consejo de Estado.
Que de los factores certificados como devengados, se encuentran enlistados en la
Ley 62 de 1985 para efectos de determinar el ingreso base de liquidación – IBL,
solamente la asignación básica, la prima de antigüedad y las horas extras, lo que
lleva a concluir, por un lado, que el reclamante tiene derecho a que estos sean
computados pues acreditó que los percibió y sobre ellos cotizó, y, por otro lado, que
carece de derecho alguno a que otros conceptos como la prima de navidad, prima
semestral de bonificación, le sean tenidos en cuenta, pues si bien fueron recibidos,
no aparecen enlistados en la mencionada ley.
Que, al valorar el certificado aportado por la Administradora Temporal del Servicio
Educativo en el Departamento de la Guajira, en el que se da cuenta que la prima de
antigüedad cancelada a los funcionarios del sector educativo del distrito de
Riohacha hasta el mes de junio de 2017 estaba amparada en la Ordenanza 019 de
1981 y el Acuerdo 004 de 1983, se concluye que tal emolumento debe ser incluido
para calcular la prestación del demandante, porque está probado que sobre el
mismo se realizaron aportes, lo cual se ajusta a la tesis del Consejo de Estado en
sentencia del 3 de abril de 2020 que ordenó lo propio en un caso similar al presente.
6 Ibid.
7 Ibid.
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RECURSO DE APELACIÓN8
La Nación – Ministerio de Educación - FOMAG interpuso recurso de apelación
afirmando que, la interpretación del Consejo de Estado sobre la inclusión de todos
los factores expuesta en sentencia del 4 de agosto de 2010 fue modificada por
medio de providencia de unificación del 28 de agosto del 2018, en la que se señaló
la necesidad de cambiar la jurisprudencia en la medida que la que se venía
aplicando contrariaba el principio de solidaridad en materia de seguridad social.
Que, de acuerdo con la regla fijada en dicha sentencia, para el cálculo del IBL
pensional los factores que debían tenerse en cuenta son exclusivamente los
contemplados en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, es decir, solo computando la
asignación básica para el caso del reclamante, sin la prima de antigüedad al no
haber sido contemplada en dicha normativa y no hacer parte de la base salarial de
descuentos para aportes.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 3 de noviembre de 20239 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,
una vez ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.
El Ministerio Público10 se pronunció frente al presente caso con el fin de solicitar
que se confirme el fallo apelado, bajo el entendido de que, si bien no todos los
factores salariales que el actor solicita sean tenidos en cuenta en la reliquidación de
su pensión pueden computarse por no encontrarse enlistados en la Ley 62 de 1985,
no es menos cierto que, contrario al argumento expuesto por la entidad recurrente,
la prima de antigüedad sí hace parte de estos de manera taxativa, por lo que no
existe fundamento para no incluirlo en el IBL.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Deberá determinar la Subsección si el demandante tiene derecho a la reliquidación
de su pensión de jubilación con inclusión de la prima de antigüedad percibida
durante el año anterior al de la consolidación de su estatus jurídico.
Marco normativo y jurisprudencial
8 Ibid.
9 Ver índice 4 de SAMAI.
10 Ver índice 9 de SAMAI.
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En atención a que el presente asunto se centra en el debate sobre el ingreso base
de liquidación pensional, y por consiguiente en la determinación del valor final de la
pensión de los docentes oficiales, resulta necesario dar aplicación a la sentencia de
unificación SUJ-014 -CE-S2 -2019 proferida el 25 de abril de 2019 por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, dictada dentro del expediente
68001233300020150056901, a través de la cual se procedió a sentar jurisprudencia
frente al IBL en el régimen pensional de los educadores vinculados al servicio
público educativo oficial, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.
En dicha providencia se fijaron las siguientes reglas de unificación sobre el tema en
mención:
«[…] i.v. Reglas de unificación sobre el IBL en pensión de jubilación y vejez de los
docentes
[…] De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, son dos los
regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o
vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al
servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes
está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo
oficial de cada docente, y se deben tener en cuenta las siguientes reglas:
a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo
régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener
en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los
respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por
lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.
b. Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100
de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con
excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los
factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los
previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las
respectivas cotizaciones. […]» (Negrilla del texto original).
En conclusión, la citada sentencia fijó como regla jurisprudencial para el tema que
interesa en este proceso, que en la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación
de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003 (quienes
gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985), los factores que se deben
tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos
aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por tanto, no se puede
incluir ningún concepto diferente a estos.
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Ahora bien, sin perjuicio del acatamiento el criterio unificador de la sentencia de
antes mencionada, lo cierto es que de la lectura del mencionado precepto normativo
al que esta hace referencia, se extrae que: […] En todo caso, las pensiones de los
empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores
que hayan servido de base para calcular los aportes. […].
Lo anterior permite concluir que tanto la línea jurisprudencial en cita como la norma
aplicable a casos como el presente, conlleva la inclusión en el cálculo del IBL, no
solo de los enlistados en dicho precepto, sino también todos aquellos conceptos
sobre los cuales normativamente se hubiese establecido el carácter de factor
salarial computable para efectuar aportes.
En el caso particular de los docentes oficiales, se encuentra que los Decretos 633 y
634 de 2007 crearon un emolumento denominado asignación adicional, también
concebido como un sobresueldo, al cual accederían los directivos docentes regidos
por los Decretos 2277 de 1979 y el 1278 de 2002, como por ejemplo los rectores.
De igual forma, el Decreto 1566 de 2014 creó una bonificación mensual efectiva a
partir 1.° de junio de 2014, la cual ha sido fijada con posterioridad cada año bajo el
mismo criterio, esto es, el relativo a que la naturaleza de dicho emolumento es el de
un factor salarial con efectos legales para el cálculo de las cotizaciones, respecto
del cual deben efectuarse los respectivos descuentos.
Por otro lado, el Decreto 2354 de 2018 creó la denominada bonificación pedagógica
efectiva para los docentes y directivos docentes de las plantas de personal de las
entidades territoriales certificadas en educación, la cual, además, también fue
concebida como un factor salarial para efectos de aportes a pensión, tal como lo
previó el artículo 3.°, numeral 4.° de la norma en cita.
En tal sentido, esta Sala acogerá la posición del Consejo de Estado establecida en
la sentencia de unificación y la normativa analizada previamente.
Resolución del caso concreto
Para definir el presente asunto debe recalcarse inicialmente que, el actor había
solicitado la reliquidación del IBL pensional con base en todos los factores salariales
que hubiese devengado durante el año anterior a la adquisición del estatus (ello en
aplicación de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010).
Aun así, lo cierto es que tanto el juez de primera instancia como la entidad accionada
en su recurso de apelación (que es la fuente de competencia de esta segunda
instancia y al que se circunscribe el estudio de esta corporación por principio de
congruencia), reconocen expresamente que la providencia aplicable es la del 25 de
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abril de 2019, por lo que no es dable entrar a rebatir la posición anterior, ya que el
demandante se abstuvo de recurrir los puntos contrarios a sus pretensiones.
Ahora, con base en esta misma postura de la parte apelante, lo que se observa es
que su motivo de inconformidad únicamente se refiere a la orden de incluir en el
cálculo pensional la prima de antigüedad como factor computable del IBL, pues
consideró que este haber laboral no hacía parte del listado propio del artículo 1.º de
la Ley 62 de 1985.
Pues bien, a la Sala le corresponde aplicar la regla jurisprudencial establecida en la
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, en razón a que tal como allí se
estableció, esta providencia constituye un precedente vinculante y obligatorio para
los casos que guardan identidad fáctica y que se encuentran pendientes de solución
tanto en vía administrativa como judicial, siempre que no se haya configurado el
fenómeno de la cosa juzgada11, tal como sucede en el presente asunto, dado que
la providencia apelada no ha quedado ejecutoriada.
En tal sentido, sin que exista discusión en esta instancia sobre el régimen pensional
que rige la situación particular del actor, esto es, el de la Ley 33 de 1985 por haber
sido vinculada como docente oficial antes del 27 de junio de 2003 cuando entró en
vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de mayo de 1997),12 resulta evidente que, para
definir el litigio bajo estudio se debe acudir a la primera regla esbozada
anteriormente.
Al respecto, dicho postulado en materia de liquidación del derecho reconocido al
reclamante, indica que el ingreso base de liquidación de la pensión comprende: i)
el período correspondiente al último año de servicio, anterior a la consolidación del
estatus pensional o del retiro del servicio si es el caso, y ii) los factores que hayan
servido de base para calcular los aportes previstos en el artículo 1.° de la Ley 62 de
1985, que corresponden a los siguientes: asignación básica, gastos de
representación, primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras, bonificación por servicios prestados, y trabajo
suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
Contrastados los factores enlistados en la anterior disposición con los devengados
por el interesado durante el mencionado período13, comprendido entre el 5 de mayo
de 2011 y el 4 de mayo de 2012 (año anterior a la adquisición del estatus), se
observa lo siguiente:
11 Ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 25 de abril de 2019, Expediente:
680012333000201500569-01 (0935-2017), Demandante: Abadía Reynel Toloza, acápite «Efectos de la
decisión».
12 Pues así lo determinó el tribunal de primera instancia y ello no fue materia de apelación por el reclamante ni
por la entidad demandada.
13 Acreditados en el formato único para la expedición de certificado de salarios obrante en el expediente digital.
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Factores de la Ley 62 de 1985 y demás normas en materia salarial
Factores devengados
docente
Asignación básica / Sueldo Asignación básica
Gastos de representación
Primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación
Dominicales y feriados
Horas extras Horas extras
Bonificación por servicios
Trabajo suplementario
Asignación adicional
Bonificación mensual docente
Bonificación pedagógica
Pago antigüedad (factor
extralegal)
Prima de navidad
Prima semestral de bonificación
Prima de vacaciones
Se concluye entonces que los únicos factores salariales que coinciden para el caso
del actor son: la asignación básica y las horas extras. Por eso, estos habrían sido
los únicos haberes laborales para incluir en la base de liquidación conforme a la
sentencia de unificación, toda vez que el pago de dichos emolumentos fue
debidamente demostrado con las pruebas practicadas en el proceso, y además se
encuentran enlistados en el artículo 1. ° de la Ley 62 de 1985.
Por otra parte, en lo que es materia de discusión en virtud del recurso de apelación
que corresponde al factor denominado “pago antigüedad”, el cual la parte
demandante, el juez de origen y el Ministerio Público señalan que equivale al de
prima de antigüedad que sí está enlistado como emolumento computable según el
artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, para la Subsección tal concepto tampoco podrá
ser objeto de inclusión en el cálculo del IBL, pero no por no haberse demostrado
que se cotizó sobre el mismo, sino porque dicho haber laboral pagado al accionante
no es igual al concebido legalmente en dicha norma.
Al respecto, basta con recordar que el régimen prestacional aplicable a los docentes
oficiales nunca ha reconocido la prima en su favor, pues este ha sido un emolumento
originado desde el Decreto 1042 y 1045 de 1978 a favor de los empleados de la
rama ejecutiva del orden nacional, y no para el personal del magisterio que ha
estado sometido a su propia regulación especial.
Es decir, la prima de antigüedad a la que hace alusión el artículo 1.º de la Ley 62 de
1985, es la de creación legal y con competencia por parte del Gobierno Nacional en
cumplimiento de un mandato del legislador, ya que en ningún momento dicha norma
se refería a los emolumentos que bajo esa misma denominación, pero de manera
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irregular, fueron creados por las entidades territoriales para sus servidores, como
en efecto lo fue el pago certificado para el caso del reclamante, pues así mismo está
demostrado a través de la certificación del 28 de octubre de 2019 emitida por la
Administración Temporal para el Sector Educación del Distrito de Riohacha en la
que se indica que este haber se derivó de la Ordenanza 019 de 1981 y el Acuerdo
004 de 1983.14
De hecho, el sustento del tribunal de primera instancia y del Ministerio Público para
asegurar que el “factor” que le fue certificado sí puede ser computado en el IBL
pensional, es que esta Corporación ya ha ordenado lo propio en casos como el que
es objeto de análisis, puntualmente en la sentencia del 3 de abril de 2020 de la cual
no indicó la radicación.
Sin embargo, al verificar lo resuelto y argumentado en la transcripción de dicha
providencia, se advierte que, pese a haberse condenado al FOMAG a reliquidar las
pensiones ordinarias de jubilación con inclusión de la “prima de antigüedad”
certificada en cada caso, ello obedeció a un análisis comparativo entre lo devengado
y el listado del artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, pero sin haberse referido en ningún
momento a la naturaleza jurídica de ese concepto y si se trataba de un factor legal
o extralegal, pues solo se ordenó su cómputo por estar enunciado en la referida
norma.
Contrario a esta postura, lo cierto es que al advertirse que el “pago por antigüedad”
realizado al accionante fue originado en virtud de una regulación territorial que de
entrada era ilegal por falta de competencia como pacíficamente lo ha determinado
esta corporación en numerosas providencias15 que han declarado la nulidad de los
actos que las creaban, claramente no puede condenarse a una reliquidación en tal
sentido, pues sería tanto como convalidar que una situación ilegal pueda crear o
modificar otros derechos, lo cual también viciaría del mismo defecto la decisión que
así lo reconozca.
Frente al caso debe precisarse que la providencia citada en el fallo de primera
instancia no es de unificación con efectos erga omnes, razón por la cual no es de
obligatoria aplicación en casos particulares, y, además, no abordó el punto que
ahora se estudió respecto a la inclusión o no de un factor extralegal en el cálculo
del IBL, lo cual constituye un elemento esencial para considerar la pertinencia de su
cómputo.
En respaldo de lo anterior se recuerda que la sentencia de unificación del 25 de abril
de 2019 lo que pretendió fue consolidar una sola línea interpretativa sobre la forma
de calcular el IBL de las pensiones ordinarias de jubilación de los maestros oficiales,
14 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
15 Entre otras, en la sentencia proferida por esta misma Subsección el 9 de noviembre de 2023 en el proceso
con radicado: 76001-23-33-000-2016-01013-02 (3982-2021), con ponencia del consejero Jorge Iván Duque
Gutiérrez.
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Radicado: 44001-23-40-000-2017-00260-01 (6856-2023)
para lo cual, en relación con los factores salariales a tener en cuenta se indicó con
precisión que únicamente serían aquellos sobre los que se hubiesen efectuado
cotizaciones, y que a la vez se encontraran enunciados expresamente en el listado
del artículo 1.º de la Ley 62 de 1985.
Incluso, en tal postulado se descartó como factor de liquidación, en esencia,
cualquier otro pago que no haya tenido descuento para aportes y que
evidentemente fuese extralegal, pues explícitamente se manifestó en la aludida
providencia que: «[…] no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo […]», precepto legal que en su parte final planteó que: «[…] En
todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se
liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes.
[…]».
De esta manera, como lo que se buscaba con el fallo de unificación y con la
normativa aplicable, era restringir dentro del marco legal los haberes salariales que
podían conformar el IBL pensional, necesariamente se debe llegar a la conclusión
de que los emolumentos computables únicamente podían ser aquellos que tuvieron
una fuente de origen adecuada a derecho, esto es, que estuviesen dentro de los
fines de la misma ley, lo cual claramente no ocurrió con los pagos extralegales
creados por las entidades territoriales sin competencia para ello como lo fue el
concepto de antigüedad que devengó el demandante.16
Ahora, en el caso particular se observa que la misma entidad demandada tuvo en
cuenta la prima de vacaciones como factor computable para el cálculo del IBL de la
pensión del accionante, ello pese a que tal concepto no está enlistado en el artículo
1.° de la Ley 62 de 1985, y tampoco se advierte que hubiese sido obligatorio o que
materialmente se hubiesen realizado descuentos para aportes a pensión sobre
dicho emolumento. Lo anterior conllevaría inferir que la prima en mención no debió
hacer parte del ingreso base de liquidación pensional.
Sin embargo, debido a que la demanda que originó la presente actuación fue
interpuesta por el pensionado con el fin de incrementar el monto de su pensión, no
para disminuirlo, no resulta procedente efectuar orden alguna tendiente a que se
excluya la prima de vacaciones del ejercicio de determinación del IBL del
reclamante, pues se afectaría su derecho prestacional como actualmente se
encuentra reconocido, el cual en todo caso no es objeto de controversia ni apelación
en esta causa judicial, más aún cuando tampoco se trata de una demanda de
lesividad promovida por la misma autoridad demandada contra su propio acto.
Estos argumentos son suficientes para modificar el ordinal tercero del fallo recurrido,
a fin de ordenar la reliquidación pensional solo con inclusión de los factores ya
16 Esta tesis ya fue analizada en un precedente de esta misma Subsección emitido en sentencia del 8 de agosto
de 2024, proferida en el proceso con radicado 44001-23-40-000-2018-00143-01 (5066-2022), C.P. Jorge Iván
Duque Gutiérrez.
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tenidos en cuenta al momento del reconocimiento del derecho, y adicionalmente las
horas extras, esto contrario a lo estimado por el Ministerio Público en su concepto.
En todo lo demás se confirmará el fallo apelado.
Por otra parte, en atención a la facultad oficiosa del juez de segunda instancia de
declarar probada cualquier excepción que encuentre demostrada, aun ante el
silencio del inferior, tal como lo prevé el artículo 187 del CPACA, la Sala considera
necesario estudiar la situación jurídica de la vinculación del distrito de Riohacha a
la presente actuación.
Al respecto, el Consejo de Estado17 ha señalado en reiteradas oportunidades que la
entidad encargada del reconocimiento, reliquidación y pago de las pensiones
ordinarias de los maestros oficiales, únicamente es la Nación - Ministerio de
Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues este
corresponde a una cuenta especial adscrita a dicha cartera gubernamental,
administrada bajo la figura de una fiducia y generada precisamente para gestionar
y asumir las prestaciones del personal docente del Estado debidamente afiliado.
De hecho, los artículos 4 y 5 de la Ley 91 del 29 de diciembre de 1989 (por medio
de la cual se creó este fondo), contemplan expresamente que el anterior es el
objetivo y responsabilidad del mencionado fondo, tanto así que, para el manejo de
los recursos, el artículo 3 de dicha norma reguló que, para tal propósito, el Gobierno
Nacional suscribiría un contrato de fiducia mercantil con una entidad fiduciaria de
naturaleza estatal o de economía mixta la cual se encargaría de ello.
Ahora, a través del Decreto 1775 del 3 de agosto de 1990 se reglamentó lo propio,
para lo cual los artículos 5 a 8 consagraron que serían los Fondos Educativos
Regionales en cada entidad territorial los que conocerían de las solicitudes
prestacionales de los docentes, efectuando incluso la liquidación en proyectos de
actos administrativos que serían avalados por la respectiva entidad fiduciaria.
Adicionalmente, el artículo 180 de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación),
señaló que: «[…] Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por intermedio del Representante
del Ministerio de Educación Nacional ante la entidad territorial, a la que se encuentre
vinculado el docente. […]». Es decir, se ratifica el hecho de que la concesión de
prestaciones como las pensiones de los educadores, está a cargo del FOMAG, solo
que por intermedio de una entidad territorial.
Sobre el trámite para el reconocimiento pensional, es de destacar que el Decreto
2831 de 2005 en sus artículos 3.º y 4.º dispuso que, la entidad demandada siempre
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
18 de febrero de 2021, radicado: 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-2014). Subsección B, sentencia del
14 de febrero de 2013, número interno 1048-2012.
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sería la única encargada de definir la situación jurídica de los maestros solicitantes,
en tanto que los distritos, departamentos o municipios en el marco de sus
competencias solo serían facilitadores del procedimiento para poder emitir el acto
que resuelva la petición prestacional, sin que ello implique que sea su propia
manifestación de voluntad, sino la del Ministerio de Educación en representación
del fondo, tanto así que esto es precisado en detalle en el artículo 56 de la Ley 962
de 2005.18
Por tal motivo, es claro que la entidad territorial demandada carece de legitimación
para ser responsable de la condena, más allá de su gestión para la eventual
elaboración del acto administrativo de reliquidación pensional, por lo que en virtud
de la mencionada facultad oficiosa se declarará probada esta excepción con el fin
de desvincular al distrito de Riohacha.
Condena en costas de segunda instancia
Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202119 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, tanto así que se
modificará el fallo apelado en lo que fue motivo de apelación, de manera que no se
impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: PRIMERO: ADICIONAR el ordinal «primero bis» a la sentencia
proferida el veintisiete (27) de julio de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal
Administrativo de La Guajira, por medio de la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones, el cual indicará lo siguiente:
18 «[…] ARTÍCULO 56. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES EN MATERIA DEL FONDO DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO. Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de
resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación
de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto
administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de Educación
de la entidad territorial. […]».
19 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.
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«[…] Primero Bis: Declarar probada de oficio la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva respecto del distrito de Riohacha. […]»
SEGUNDO: MODIFICAR EL ORDINAL TERCERO de la providencia recurrida, el
cual quedará de la siguiente forma:
«[…] Tercero: Como consecuencia de la declaración anterior, y a título de
restablecimiento del derecho:
(i) ORDENAR a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG-, reliquidar las diferencias de las
mesadas actualizadas en la pensión de jubilación que a partir del mes de mayo de
2012 tiene reconocida el señor Eduardo Rafael Lázaro Arroyo, incluyendo los
factores salariales ya computados en el acto de reconocimiento, pero
adicionalmente teniendo en cuenta las horas extras devengadas dentro del último
año anterior a la adquisición de su estatus. […]»
TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás el fallo apelado.
CUARTO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
apelante.
QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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