Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2017-00268-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2017-00268-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 44001-23-40-000-2017-00268-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
19 de enero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 44-001-23-40-000-2017-00268-01 (1016-2022)
Demandante : Maritza Esther Britto Escobar, Ventura Fredys
Coronado Orozco y Ximena Patricia, Andrés
Felipe y Karla Cristina Coronado Britto
Demandada : Nación - Procuraduría General de la Nación.
Tema : Terminación de nombramiento en provisionalidad.
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandante
contra la sentencia de 30 de junio de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de La Guajira, mediante la cual negó las súplicas de la demanda
dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 16 a 56 expediente digital, e.d.). La señora Maritza
Esther Britto Escobar, Ventura Fredys Coronado Orozco (esposo) y Ximena
Patricia, Andrés Felipe y Karla Cristina Coronado Britto (hijos), a través de
apoderado, ocurren ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a
incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), contra la Nación - Procuraduría General de la
Nación, para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se
precisan.
1.2 Pretensiones. (i) Se «[…] INAPLIQUEN por ilegales la Resolución N° 040
del 20 de enero de 2015, por medio de la cual la Procuraduría General de
Nación convocó al concurso de méritos para proveer en propiedad los cargos
de [p]rocuradores [j]udiciales I y II [y] la Resolución No. 338, que publicó la
lista de elegibles para el cargo de [procurador] para la [d]efensa de la
[i]nfancia, [a]dolescencia y [f]amilia de Riohacha […]» (sic); y (ii) se declare
la nulidad «[…] del Decreto 3372 proferido el 8 de agosto de 2016 por la
Procuraduría General de la Nación, que dispuso la desvinculación del cargo
que detentaba […] al interior de la entidad demandada» (sic).
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Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
condene a la parte accionada (i) al reintegro en el «[…] cargo [p]rocurador 24
[j]udicial II para la [d]efensa de la [i]nfancia, [a]dolescencia y [f]amilia de
Riohacha, en las mismas condiciones laborales, salariales y prestacionales que
detentaba con anterioridad» (sic); y (ii) el pago de perjuicios materiales, en la
modalidad de lucro cesante, consistente en los «[…] salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir entre la fecha de desvinculación efectiva de la
entidad (9 de septiembre de 2016) y la fecha en que se profiera la sentencia
[…]»; e inmateriales, como el daño moral por el «[…] dolor y afectación
emocional derivada de una destitución injusta e ilegal, así como de la
angustiosa situación económica […]» (sic), todo lo cual debe indexarse. Por
último, en costas procesales.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata la parte demandante que «[…] mediante
Resolución N° 747 del 27 de octubre de 2014, la [s]ecretaría [g]eneral de la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN ordenó la apertura de la
[l]icitación [p]ública N° 08 de 2014. Esta licitación tuvo por objeto
SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE
APOYO TÉCNICO, FUNCIONAL Y LOGÍSTICO EN LA CONVOCATORIA,
RECLUTAMIENTO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN DE LAS
PRUEBAS ESCRITAS DE CONOCIMIENTOS Y DE COMPETENCIAS Y LA
DE ANÁLISIS DE ANTECEDENTES, HASTA LA DETERMINACIÓN DE LAS
PERSONAS QUE INTEGRAN LAS LISTAS DE ELEGIBLES EN EL
CONCURSO ABIERTO PARA EL INGRESO DE PERSONAL IDÓNEO A LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL, EN
CARGOS DE PROCURADOR I Y II […]» (sic).
Que «[…] como resultado de dicha convocatoria, y para efectos de la
elaboración de las pruebas requeridas, la Procuraduría celebró con la
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA el contrato N° 197-097-2014 de 11 de
diciembre de 2014. El 20 de enero del 2015, [el] señor Procurador General de
la Nación expidió la Resolución No. 040 “por medio de la cual se da apertura
y se reglamenta la convocatoria del proceso de selección para proveer los
cargos de carrera de procuradores judiciales de la Entidad con el fin de
proveer 744 empleos de [p]rocurador [j]udicial I y II” […]» (sic).
Afirma que «en la Resolución No. 040 de 2015 brillan por su ausencia varias
de las exigencias constitucionales y legales previstas para llevar a cabo el
concurso abierto necesario para designar a los [P]rocuradores I y II […] no se
tuvo en cuenta, ni en su parte motiva ni en la resolutiva que el sistema especial
de carrera de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN […] la
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exigencia de que aprueben previamente el correspondiente curso de formación
judicial […] las equivalencias entre títulos y experiencia de los funcionarios
del nivel profesional […] no respeta el principio del mérito en el concurso
abierto para la provisión de los referidos cargos, en razón de la utilización de
la herramienta de selección llamada “análisis de antecedentes”».
Que «el 8 de agosto de 2016 a través del Decreto 3372, la Procuraduría
General de la Nación adoptó la lista de elegibles publicada mediante la
Resolución 344 de 2016, designando a la señora LUZ MYRIAM MENDIENTA
JARAMILLO para ocupar el cargo […] de [p]rocurador 24 [j]udicial ii [p]ara
la [d]efensa de la [i]nfancia, [a]dolescencia y [f]amilia de Riohacha, y
disponiendo en consecuencia la cesación del vínculo que este detentaba con la
entidad».
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo demandado los artículos 4, 13, 113, 125
(numeral 3), 179 y 280 de la Constitución Política; 194 y 203 del Decreto 262
de 2000, 20 del Decreto 263 de 2000, 4 y 7 del Decreto 264 de 2000 y la
Resolución 253 de 9 de agosto de 2012 de la Procuraduría General de la Nación.
Alega «[...] violación indirecta de los artículos 13 y 280 de la constitución
política porque a pesar de que los procuradores I y II deben tener las mismas
calidades, categoría, remuneración, derecho y prestaciones de los jueces y
magistrados de mayor jerarquía a los que ejercen el cargo, en el concurso [...]
no se tuvieron en cuenta las particulares condiciones que ha de tener la carrera
administrativa de quienes ejercen funciones de intervención judicial [...]» (sic).
Que la «Resolución No. 040 del 20 de enero del 2015, y de contera, la totalidad
del concurso adelantado por la Procuraduría General de la Nación, adolece de
nulidad porque no estableció el presupuesto de curso-concurso como parte de
homologación de derecho a acceso a los cargos que deben existir [...] el acto
administrativo particular y concreto [...] adoptó e hizo suyo el resultado de un
concurso viciado de las ilegalidades anotadas para desvincular de su cargo a
una persona que lo ocupaba de manera legítima y ajustada a derecho [...]».
Explica que «[...] si el trámite legislativo que se debe realizar para definir la
carrera administrativa de los Procuradores I y II, es propio de una ley
estatutaria, la Resolución [...] que convocó al concurso de méritos, los actos
administrativos generales que profirieron el marco del mismo, y el acto
administrativo particular enjuiciado [...] resultan inválidos por haber sido
expedido sin competencia para tal efecto [...]».
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Que «[...] los [p]rocuradores I y II se encuentran en el nivel profesional de la
planta de personal de la entidad demandada por lo que le son aplicables las
equivalencias del artículo 20 [del] Decreto 263 de 2000. [Sin embargo,] el
concurso convocado y todos los actos administrativos en él proferidos se
encuentran viciados de nulidad por no cumplir con los requisitos consagrados
en el ordenamiento jurídico [...] en ese mismo sentido [...] la decisión de
desvinculación con sustento en el resultado de dicho concurso, se encuentra
igualmente viciad[a] y debe ser declarad[a] nulo».
Asevera que «el Decreto 3372 del 8 de agosto de 2016 dispuso, de un lado, [su]
desvinculación del cargo que ocupaba al interior de la Procuraduría General
de la Nación; y de otro, designó su remplazo de la lista de elegibles conformada
mediante la Resolución 344 de 2016; sin embargo [...] no [fue] notificada
personalmente de la misma [sino que la entidad demandada] solo se contentó
con comunicar mediante correo electrónico, que había proferido un acto
administrativo por virtud del cual era separado de su empleo público [por lo
que] no podía hacerse efectivo ni producir efectos jurídicos».
En síntesis, sostiene que el acto administrativo acusado está viciado de
expedición irregular y violación de las normas en que debió fundarse.
1.5 Contestación de la demanda (ff. 90 a 131 e.d.). La Nación - Procuraduría
General de la Nación, a través de apoderada, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda; y respecto de los hechos afirma que algunos son
ciertos parcialmente y, en general, lo que observa son las apreciaciones
subjetivas de la accionante.
Aduce que «[…] la Corte Constitucional en sentencia C-101 de 2013, en la
cual declaró la inexequibilidad de la expresión «Procurador Judicial»
contenida en el numeral 2), del artículo 182, del Decreto Ley 262 de 2000, por
la vulneración del artículo 280 de la Constitución Política, ordenó a la
Procuraduría General de la Nación convocar a un concurso público para la
provisión en propiedad de los cargos de procurador Judicial, catalogados en
carrera [...] En cumplimiento de la orden dada por la Honorable Corte
Constitucional, la Procuraduría General de la Nación a través de la Resolución
No. 040 del 20 de enero de 2015, dispuso la apertura del proceso de selección
de personal para la provisión en carrera administrativa de todos los empleos
de Procurador Judicial […]» (sic).
Que «[…] la Corte ratificó que la igualdad de derechos que había sido
dispuesta mediante sentencia C-101 de 2013 se limitada a su ingreso a través
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de concurso público de méritos pero que ello no implicaba un régimen especial
distinto al que ya regía en la Procuraduría General de la Nación [...] Por lo
anterior, no le asiste razón a la demandante en cuanto a la necesidad de
tramitar una ley para establecer un nuevo sistema de carrera para los
procuradores judiciales. Tampoco resulta posible que el concurso de
procuradores judiciales se rija por las disposiciones de la Ley 270 de 1996,
pues este estatuto solo aplica para los empleos de la Rama Judicial».
Arguye que «[…] después de la sentencia C-101 de 2013, los cargos de
procuradores judiciales no pueden ser clasificados como de libre
nombramiento y remoción, por lo cual opera la disposición constitucional
citada "Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se
exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los
de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley" (Art.125 CP). Dado
que los procuradores judiciales ya no están en la excepción que contempla
dicho artículo son de carrera por expresa disposición constitucional y
corresponde a la Entidad tramitar el concurso de méritos respectivo en los
términos previstos en el Decreto Ley 262 de 2000 sin acudir a etapas o pruebas
que no hacen parte de nuestro ordenamiento especial de carrera y que dilaten
el cumplimiento de la orden judicial […]»
Expresa que «[…] la Entidad debe respetar la equiparación realizada por la
Constitución Política y por las decisiones emitidas por la Corte Constitucional,
conceptos del Departamento Administrativo de la Función Pública y la
reglamentación del Manual Específico de Funciones y Requisitos de la
Procuraduría General de la Nación que impiden considerar equivalencias para
acreditar los requisitos exigidos a los jueces y magistrados, normas que a su
vez se tienen en cuenta para determinar los requisitos de estudios y experiencia
necesarios para ejercer los cargos de procuradores judiciales».
Que «[…] por un lado del actor quiere que se apliquen las mismas condiciones
concurso de la Rama Judicial, por virtud de lo dispuesto en el artículo 280
constitucional, pero por otro, se aleja de lo dicho en ese mismo artículo para
que no se apliquen los mismos requisitos exigidos para uno y otro empleo, lo
cual resulta a todas luces contradictorio».
Agrega que «[…] la Procuraduría General de la Nación actuó en debida forma
al comunicar la decisión a través de la cual se le informaba [al] demandante su
desvinculación en el cargo que ocupaba en provisionalidad, en la medida en
que, como se señala en la normativa y jurisprudencia aplicable, dichos actos
de trámite se comunican sin que sea obligatoria su notificación personal, como
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ella ahora lo pretende».
1.6 La providencia apelada (ff. 355 a 378 e.d.). El Tribunal Administrativo de
La Guajira, en sentencia de 30 de junio de 2021, negó las súplicas de la demanda
(sin condena en costas), al considerar que «[…] no existen razones objetivas y
constitucionalmente válidas que conlleven a determinar que el régimen de
carrera de los procuradores judiciales debe ser exactamente el mismo de
quienes ejercen funciones de intervención judicial, pues la Corte Constitucional
señaló que la igualdad de derechos comprendía el acceso al cargo por
concurso de méritos, siendo en todo caso, un régimen de carrera propio de la
procuraduría y distinto al administrado por el Consejo Superior de la
Judicatura».
Que «[…] no se desprende de la normativa legal y constitucional que deba ser
el legislador quien deba regular directamente aspectos como la homologación
o equivalencias, su divulgación, criterios de calificación, entre otros, dado que
el mismo decreto ley No. 262 de 2000 estableció como función del procurador
definir todas las condiciones de los concursos de méritos [...] Una
interpretación como la propuesta por la demandante, le restaría efecto útil a la
escogencia mediante concurso de méritos de los cargos de procuradores
judiciales, pues quedaría supeditada a la expedición de una ley cada vez que
sea necesaria la convocatoria».
Precisa que «[…] no es posible señalar que el procurador general de la Nación
estuviera obligado a incluir las equivalencias consagradas en el aludido
artículo 20 del decreto 263 de 2000, y mucho menos que su falta de inclusión
viciara el concurso de méritos».
Que «[…] la falta de notificación del acto administrativo acusado no conduce
a su invalidez, sino a su inoponibilidad, razón por la cual este no tiene la
virtualidad de conducir a su ilegalidad».
Concluye que «[…] al no haber prosperado los cargos de violación que han
sido propuestos, se negarán las pretensiones de la demanda, sin que haya lugar
a otros análisis que reñirían con el principio de economía, al ser claro que la
razón central de la demanda es la impugnación del acto de retiro de la actora
y que cada una de las imputaciones de ilegalidad en las que se sustenta el
concepto de violación base de las pretensiones de anulación e inaplicación, han
quedado desatadas por la sala».
1.7 El recurso de apelación (ff. 381 a 400 e.d.). Inconforme con la anterior
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sentencia, la parte demandante interpuso recurso de apelación, en el que insiste
en que «[…] es el Congreso de la República quien tiene la competencia para
dictar las leyes que regulan este tipo de situaciones generales que afectan a la
colectividad, todos aquellos aspectos esenciales y básicos de la organización,
la confirmación de los poderes públicos fundamentales para la comunidad y la
ciudadanía. Ello, porque sólo mediante el trámite constitucional dispuesto para
la expedición de las leyes se puede garantizar, una vez discurridos los debates
bicamerales obligatorios».
Que «[…] el Procurador General de la Nación a través de la Resolución No.
040 de 20 de enero de 2015 no podía regular aspectos esenciales y definitorios
de la carrera y el concurso de los [p]rocuradores [j]udiciales I y II. Lo anterior,
por cuanto, al igual que para [j]ueces, [m]agistrados y [f]iscales, se requiere
una ley que garantice a los aspirantes al cargo de agentes del Ministerio
Público los mismos derechos de acceso a la carrera de los funcionarios
judiciales de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo».
Estima «[…] que lo establecido en la convocatoria efectuada por la Resolución
No 040 de 2015 contradice lo estipulado en las normas sobre la validez y
eficacia probatoria de los mensajes de datos y documentos electrónicos en las
actuaciones administrativas, pues no cabe duda de que los mensajes de datos
son considerados documentos electrónicos y que tendrán la misma validez que
los documentos cuyo soporte es el papel. En consecuencia, no existe razón
jurídica alguna para exigir, so pretexto de acreditar la autenticidad de la
publicación, que estas se aporten en ejemplares físicos, cuando las copias de
los mismos, en medio magnético, tienen igual valor jurídico y mérito persuasivo
que las originales».
Agrega que «[…] todo acto administrativo de contenido particular, como
decisión subjetiva que es, por mandato legal debe ser notificada personalmente
al destinatario de sus efectos, tal y como lo hizo el Decreto 3372 […] la
notificación personal es una diligencia en todo rigor, sometida a precisar
formalidades cuya inobservancia, de un lado, la invalida (artículo 67 ibidem)
y, de otro, impide que la decisión en cuestión produzca efectos legales (artículo
72 ibidem)».
II. TRÁMITE PROCESAL.
El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 29 de julio de 2021
(ff. 402 y 403 e.d.) y admitido por esta Corporación a través de proveído de 20
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de mayo de 20221, en cumplimiento del artículo 247 del CPACA2; y durante la
oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem los sujetos procesales guardaron
silencio.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si a la parte accionante le asiste razón
jurídica o no al deprecar la ilegalidad del acto administrativo acusado, a través
del cual se declaró terminado el nombramiento de la señora Britto Escobar
como procuradora 24 judicial II para la defensa de la infancia, adolescencia y
familia de Riohacha y, en consecuencia, si tiene derecho a ser reintegrada y se
le paguen las prestaciones no devengadas durante el tiempo en que estuvo
desvinculada del servicio oficial.
3.4 Marco normativo. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.
El artículo 125 de la Constitución Política prevé que «[l]os empleos en los
órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección
popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y
los demás que determine la ley».
En lo referente al régimen de carrera en la Procuraduría General de la Nación,
este fue originalmente dispuesto en la Ley 201 de 19953 y luego derogado por
el Decreto 262 de 2000, «por el cual se modifican la estructura y la
organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de
Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la
Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica
el régimen de carrera […] el de inhabilidades e incompatibilidades de sus
servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se
encuentren sujetos».
1
Índice del Samai 6.
2
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
3
«Por la cual se establece la estructura y organización de la Procuraduría General de la Nación, y se dictan
otras disposiciones».
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El artículo 182 del Decreto 262 de 2000 clasifica los empleos al interior de dicho
organismo, así:
Los empleos, de acuerdo con su naturaleza y forma de provisión, se
clasifican así:
1) De carrera
2) De libre nombramiento y remoción
Los empleos de la Procuraduría General de la Nación son de carrera,
con excepción de los de libre nombramiento y remoción.
Los empleos de libre nombramiento y remoción son:
• Viceprocurador general
• Secretario general
• Tesorero
• Procurador auxiliar
• Director
• Jefe de la división administrativa y financiera del instituto de
estudios del Ministerio Público
• Procurador delegado
• Procurador judicial [Expresión declarada inexequible por la Corte
Constitucional mediante sentencia C-101 de 2013]
• Asesor del despacho del procurador
• Asesor del despacho del viceprocurador
• Veedor
• Secretario privado
• Procurador regional
• Procurador distrital
• Procurador provincial
• Jefe de oficina
• Jefe de la división de seguridad
• Agentes adscritos a la división de seguridad y demás servidores
cuyas funciones consistan en la protección y seguridad personales de
los servidores públicos, cualquiera sea la denominación del empleo.
3. De período fijo: Procurador General de la Nación.
La Corte Constitucional, por medio de sentencia C-101 de 20134, declaró
inexequible la expresión «procurador judicial» contenida en el numeral 2 del
artículo 182 del Decreto 262 de 2000, en el entendido de que vulneraba el 280
de la Constitución Política que consagra la equiparación de derechos entre los
magistrados, jueces y agentes del Ministerio Público que actúan ante ellos, por
cuanto no era que estos últimos tuvieran una vinculación de libre nombramiento
y remoción, mientras que aquellos fueran de carrera judicial; para tal propósito,
ordenó que los procuradores judiciales debían pertenecer al régimen de carrera
de la Procuraduría General de la Nación, motivo por el que, a partir de la
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M. P. Mauricio González Cuervo.
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expedición de tal decisión judicial, ese cargo pasó de ser de libre nombramiento
y remoción a un empleo de carrera.
Por su parte, el título XIV, capítulo I, del referido Decreto 262 de 2000, frente
a dicho régimen de carrera, preceptúa:
Artículo 183. Concepto. La carrera de la Procuraduría es un sistema
técnico de administración de personal, que tiene por objeto garantizar
la eficiencia de la entidad y ofrecer igualdad de oportunidades para el
acceso a ella, la estabilidad en los empleos y la posibilidad de
ascender, como también establecer la forma de retiro de la misma.
Para alcanzar estos objetivos, el ingreso, la permanencia y el ascenso
en los empleos de carrera de la Procuraduría se hará exclusivamente
con base en el mérito, sin que las consideraciones de raza, religión,
sexo, filiación política u otro carácter puedan influir sobre el proceso
de selección.
[…]
Artículo 185. Procedencia del encargo y de los nombramientos
provisionales. En caso de vacancia definitiva de un empleo de carrera,
el Procurador General podrá nombrar en encargo a empleados de
carrera, o en provisionalidad a cualquier persona que reúna los
requisitos exigidos para su desempeño.
Se hará nombramiento en encargo cuando un empleado inscrito en
carrera cumpla los requisitos exigidos para el empleo y haya obtenido
calificación de servicios sobresaliente en el último año y una
calificación mínima del 70% sobre el total del puntaje en los cursos
de reinducción a que se refiere el numeral segundo del artículo 253
de este decreto. Sin embargo, por razones del servicio, el Procurador
General de la Nación podrá nombrar a cualquier persona en
provisionalidad siempre que ésta reúna los requisitos legales exigidos
para el desempeño del empleo por proveer.
[…]
Artículo 186. Nombramiento provisional. El nombramiento tendrá
carácter provisional cuando se trate de proveer transitoriamente un
empleo de carrera con personal no seleccionado mediante el sistema
de mérito, aunque en el respectivo acto administrativo no se
determine la clase de nombramiento de que se trata.
También tendrá carácter provisional la vinculación del servidor que
ejerza un empleo de libre nombramiento y remoción que, en virtud de
la ley o de decisión judicial, se convierta en cargo de carrera. En este
caso, el concurso para proveer definitivamente la vacante respectiva
será abierto.
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[…]
Artículo 188. Duración del encargo y del nombramiento provisional.
El encargo y la provisionalidad, cuando se trate de vacancia definitiva
en cargos de carrera, podrán hacerse hasta por seis (6) meses. El
término respectivo podrá prorrogarse por un período igual.
Si vencida la prórroga no ha culminado el proceso de selección, el
término de duración del encargo y de la provisionalidad podrá
extenderse hasta que culmine el proceso de selección.
Cuando la vacancia sea el resultado de ascenso que implique período
de prueba, el encargo o el nombramiento provisional podrán
extenderse por el tiempo necesario para determinar la superación del
mismo.
Parágrafo. Por razones del servicio el Procurador General de la
Nación podrá desvincular a un servidor nombrado en provisionalidad
o dar por terminado el encargo, aún antes del vencimiento del término
establecido en el presente artículo.
Del anterior recuento normativo y jurisprudencial, se tiene que con ocasión de
la expedición de la sentencia C-101 de 28 de febrero de 2013, el empleo de
procurador judicial pasó de ser de libre nombramiento y remoción a ser de
carrera, por lo que, para el caso del accionante, su designación mutó a
provisional y, en esa medida, por razones del servicio, podía ser desvinculado
del órgano de control.
En ese entendimiento, el artículo 158 del Decreto 262 de 2000 establece, frente
al retiro del servicio al interior del organismo demandado, que:
Retiro del servicio. El retiro definitivo de un servidor de la
Procuraduría General de la Nación, se produce por:
1. Insubsistencia por una calificación de servicios insatisfactoria,
según lo establecido en el régimen de carrera aplicable a la entidad.
2. Insubsistencia por inhabilidad anterior a la posesión o
sobreviniente.
3. Insubsistencia discrecional.
4. Renuncia.
5. Destitución del empleo.
6. Vencimiento del período.
7. Vacancia por abandono del empleo.
8. Revocatoria del nombramiento.
9. Declaratoria de nulidad del nombramiento.
10. Supresión del empleo.
11. Edad de retiro forzoso.
11
Expediente 44-001-23-40-000-2017-00268-00 (1016-2022)
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12. Retiro con derecho a pensión de jubilación o vejez.
13. Invalidez absoluta.
14. Muerte.
En lo atañedero al régimen de carrera, esta Corporación, en sentencia de 12 de
octubre de 20115, lo definió como:
[…] un sistema de administración de personal que tiene por finalidad
escoger, en beneficio del servicio público, el aporte humano más
capacitado y calificado para desempeñar la función pública. En ese
sentido, el proceso de selección es la herramienta de la escogencia, y
el mérito, es el pilar fundamental en la superación de las etapas que
lo conforman, y solamente el sometimiento y aprobación satisfactoria
de ello, es la condición necesaria para ser nombrado y para predicar
los derechos que le otorga la carrera administrativa, entre otros, una
mayor estabilidad en el empleo. En cuanto al retiro, está rodeado de
una serie de formalidades, es decir, solamente puede hacerse
mediante acto de insubsistencia motivado en una calificación
insatisfactoria.
A su turno, no es lo mismo el nombramiento del servidor que ingresa
al servicio sin preceder al concurso de méritos al de aquél que se
somete a las etapas del proceso selectivo. En este sentido el
nombramiento en provisionalidad no es equiparable al del
escalafonado en la carrera administrativa, y por lo mismo el retiro no
puede estar revestido de las mismas formalidades.
Conforme a lo anterior, no es dable predicar que el empleado
nombrado provisionalmente para desempeñar transitoriamente un
cargo de carrera administrativa y mientras se realiza el concurso,
pueda ostentar la misma condición del que se vincula a la
administración previa superación rigurosa de un conjunto de etapas
que ponen a prueba su idoneidad personal e intelectual para
desempeñar la función.
La situación del nombrado provisionalmente se asemeja a la de los
designados para ocupar cargos de libre nombramiento y remoción,
porque en ambos casos, el nombramiento se efectúa en ejercicio de la
facultad discrecional del nominador de escoger a quien tenga las
condiciones de idoneidad para desempeñar la función y el retiro, a su
vez, debe ir encaminado al mejoramiento del servicio.
En este orden de ideas, el nombramiento en provisionalidad es
procedente para proveer cargos de carrera, en eventos en que no sea
5
Sección segunda, subsección A, expediente 05001-23-31-000-2004-06836-01 (1680-10), C. P. Alfonso
Vargas Rincón.
12
Expediente 44-001-23-40-000-2017-00268-00 (1016-2022)
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posible hacerlo por el sistema de concurso, o por encargo con otro
empleado de carrera. La situación en provisionalidad, no otorga fuero
de estabilidad relativa alguno. Aun cuando la normatividad
reguladora de esta materia prevé la designación en provisionalidad
por un determinado tiempo e igualmente ésta es prorrogable en los
términos que señala la ley, ello no significa que la persona designada
bajo esa situación adquiera estabilidad por dicho lapso.
Por estas razones, la Sala estima que si bien es cierto el
nombramiento provisional se ha instituido para los cargos
clasificados de carrera administrativa que no hayan sido provistos por
concurso y que dicho nombramiento no es forma de provisión de los
cargos de libre nombramiento y remoción, sí es pertinente predicar
respecto de tal modalidad de vinculación las reglas de la facultad
discrecional, dada la similitud en el ingreso y el retiro que se presenta
tanto para los nombramientos provisionales como para los de libre
nombramiento y remoción.
En consecuencia, el retiro del servicio para los empleados
provisionales puede disponerse mediante acto que dé por terminada
la provisionalidad o de insubsistencia […].
Por otro lado, la jurisprudencia de este alto Tribunal6, respecto de la denominada
«insubsistencia tácita», ha precisado:
El nombramiento de un empleado para el cargo que ocupa otro
funcionario, implica para éste último un acto tácito de insubsistencia.
Tratándose de un empleado con carácter provisional como es el caso,
significa el ejercicio de la facultad discrecional. El nombramiento
provisional es una forma de proveer los cargos de la Administración,
de forma transitoria, y como tal nombramiento no otorga al
funcionario ningún fuero especial de estabilidad, porque su
nombramiento no está precedido por un concurso, ni ha acreditado
las condiciones requeridas, razón por la cual puede ser retirado en
cualquier momento por razones del servicio.
[…]
En ese evento, la permanencia en el cargo del empleado provisional
por encima del término previsto en la ley no le genera ningún derecho
de inamovilidad, ni el nominador pierde la facultad de removerla
pues, estas circunstancias no pueden modificar la condición legal de
provisionalidad. Si aún no puede proveerse el cargo por concurso se
puede designar al reemplazante nuevamente en provisionalidad, hasta
cuando sea reemplazada mediante el mismo. Además, conforme al
artículo 125 de la Constitución Política, inciso 1, “el ingreso a los
6
Sección segunda, subsección B, expediente 25000-23-24-000-2002-05139-01 (7545-05), C. P. Bertha Lucía
Ramírez de Páez.
13
Expediente 44-001-23-40-000-2017-00268-00 (1016-2022)
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cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para
determinar los méritos y calidades de los aspirantes.”
[…]
La declaratoria de insubsistencia tácita del cargo que desempeñaba la
demandante era de carácter provisional, por lo que ostentaba una
posición diferente al empleado vinculado y escalafonado en la
carrera, debido a que, se repite, no accedió al cargo mediante
concurso, en consecuencia quien ocupa un cargo en provisionalidad
no queda bajo el gobierno de las normas que reglamentan el retiro del
personal de carrera. Admitir lo contrario equivaldría a conferirle
garantías que la Ley no le reconoce.
La estabilidad sólo existe para el personal de carrera. Como el
nombrado en provisionalidad en un empleo de carrera accede a él en
forma discrecional, sin procedimientos ni motivación, su
desvinculación puede hacerse de la misma manera, y el nominador no
pierde la facultad para removerlo.
Concretamente de la causal de retiro del servicio por insubsistencia en los
cargos en provisionalidad, esta Corporación, en providencia de 23 de
septiembre de 20107, indicó:
El nombramiento provisional se produce cuando se trata de proveer
transitoriamente empleos de carrera con personal no seleccionado de
acuerdo con la reglamentación de la respectiva carrera, sin que
otorgue fuero alguno de estabilidad, pues “el empleado no ha
accedido a la carrera por los medios legales”. Los derechos de carrera
administrativa se derivan del sometimiento a la superación
satisfactoria de las etapas del concurso.
[…]
Ha sido criterio reiterado de la Sala el precisar que, la situación del
nombrado provisionalmente, aunque no es idéntica, tiene importantes
semejanzas con la de los designados para ocupar cargos de libre
nombramiento y remoción, porque en ambos casos, el nombramiento
se efectúa en ejercicio de la facultad discrecional del nominador de
escoger, en beneficio del servicio, a quien tenga las condiciones de
idoneidad para desempeñar la función, y el retiro a su vez debe estar
precedido de razones objetivas plenamente justificadas en el interés
general.
[…]
Se ha dicho que, si bien es cierto la clasificación de los cargos de
carrera administrativa obedece a un criterio técnico que difiere de la
naturaleza directiva y en ocasiones política de los cargos de libre
7
Sección segunda, subsección B, expediente 25000-23-25-000-2005-01341-02 (883-08), C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
14
Expediente 44-001-23-40-000-2017-00268-00 (1016-2022)
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nombramiento y remoción, la facultad discrecional se impone al
efectuar los nombramientos provisionales, en cuanto que la
transitoriedad de la designación, mientras se realiza el proceso
selectivo, faculta a la administración para efectuar el nombramiento
provisional, actuación administrativa en la que la discrecionalidad es
el marco rector.
En este orden de ideas, a juicio de la Sala, mientras el cargo
clasificado como de carrera administrativa no haya sido provisto por
el sistema selectivo, el empleado se encuentra en una situación
precaria, y admitir el fuero de estabilidad propio de los empleados de
carrera administrativa para los nombramientos provisionales, dada la
naturaleza del empleo, desatiende el sentido del concurso de méritos
y desconoce que la permanencia en los cargos de carrera no se
condiciona a la realización del concurso de méritos, sino que opera
exclusivamente cuando se ingrese al sistema previa superación de las
etapas que comprende el proceso selectivo, y siempre que no se
obtenga calificación insatisfactoria en la prestación de los servicios
[…].
Por estas razones, la jurisprudencia de la Sala ha señalado, que si bien
es cierto el nombramiento provisional es válido para los cargos
clasificados como de carrera administrativa que no hayan sido
provistos por concurso, y que dicho nombramiento no procede como
forma de provisión de cargos de libre nombramiento y remoción, sí
es posible predicar respecto de tal modalidad de vinculación las
reglas de la facultad discrecional, dada la similitud en el ingreso y el
retiro que se presenta tanto para los nombramientos provisionales
como para los de libre nombramiento y remoción […].
En lo referente a la motivación del acto administrativo que retira del servicio a
un empleado con nombramiento en provisionalidad, esta Corporación, por
medio de sentencia de 13 de abril de 20038, unificó el criterio en el siguiente
sentido:
Es claro que el empleado nombrado en provisionalidad ostenta una
“posición diferente” al vinculado y escalafonado en la carrera
judicial, como también a la del designado por la vía del libre
nombramiento y remoción. En efecto, el primero no puede asimilarse
en sus derechos al de carrera (estabilidad), por cuanto no ha accedido
al cargo mediante el respectivo concurso de méritos; tampoco puede
equipararse al de libre nombramiento, por cuanto el cargo que ejerce
provisionalmente es de carrera.
El servidor público judicial nombrado en provisionalidad, antes que
8
Sección segunda, expediente 76001-23-31-000-1998-1834-01 (4972-01), C. P. Tarcisio Cáceres Toro.
15
Expediente 44-001-23-40-000-2017-00268-00 (1016-2022)
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cobijarle algún tipo de estabilidad, le rodea una situación de doble
inestabilidad, pues, por una parte, al no pertenecer al sistema de
carrera, puede ser desvinculado del servicio de manera discrecional
por el nominador, y por otra, puede ser desplazado por quien
habiendo concursado tenga derecho a ocupar el cargo.
[…]
En estas condiciones, se considera que para los empleos judiciales no
es posible reconocer una estabilidad al empleado nombrado en
provisionalidad.
Además, el nombrado en provisionalidad en un empleo de carrera
[…], lo es en forma “discrecional” por el nominador por cuanto no
requiere de procedimiento, ni motivación dicho acto; de igual manera,
su desvinculación puede seguir igual procedimiento. Así, tienen
similitud el nombramiento y la insubsistencia del empleado de libre
nombramiento y remoción con el nombrado provisionalmente.
[…]
De conformidad con lo anterior, esta Sala de Sección, en cuanto al
punto del nombramiento en provisionalidad judicial, unifica su
criterio acogiendo la tesis que de que al empleado nombrado en
provisionalidad no le asiste fuero alguno de estabilidad, pudiéndose,
en consecuencia, proceder a su retiro sin que sea menester motivación
alguna.
No obstante, por medio del mencionado fallo de 23 de septiembre de 20109, esta
sección determinó que la declaratoria de insubsistencia de empleados
provisionales que surjan en vigor de la Ley 909 de 200410 deben motivarse, con
fundamento en lo siguiente:
La motivación del acto de retiro del servicio de empleados nombrados
en provisionalidad, aún respecto de aquellos cuyo nombramiento se
haya producido en vigencia de la Ley 443 de 1998, y su
desvinculación ocurra luego de entrada en vigencia de la Ley 909 de
2004, se justifica en atención a que, de acuerdo con el parágrafo 2º
del artículo 41 de la citada Ley 909 de 2004 (que prevé las causales
de retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre
nombramiento y remoción y de carrera administrativa), la
competencia para el retiro de los empleos de carrera (que pueden
haber sido provistos a través de nombramientos en provisionalidad),
es reglada, esto es, dicho retiro es procedente sólo y de conformidad
con las causales consagradas en la Constitución Política y la ley, y el
9
Sección segunda, subsección B, expediente 25000-23-25-000-2005-01341-02 (883-08), C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
10
Es del caso precisar que el artículo 3 (numeral 2) de la Ley 909 de 2004 preceptúa que las disposiciones
contenidas en esa Ley pueden aplicarse, con carácter supletorio, en caso de presentarse vacíos en la normativa
que rige la carrera en la Procuraduría General de la Nación.
16
Expediente 44-001-23-40-000-2017-00268-00 (1016-2022)
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acto administrativo que así lo disponga debe ser MOTIVADO 11, de
tal manera que, la discrecionalidad del nominador sólo se predica
respecto del retiro en empleos de libre nombramiento y remoción, la
cual se efectuará mediante acto no motivado (inciso segundo
parágrafo 2º, art. 41 Ley 909 de 2004).
Así las cosas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 13, 123 y
125 de la Constitución Política, 3º y 41 de la Ley 909 de 2005 y 10
del decreto 1227 del mismo año, el retiro del servicio de los
empleados que ocupen en la actualidad cargos de carrera en
provisionalidad, debe ser justificado mediante la expedición de un
acto administrativo motivado, y para ello, la administración no debe
considerar la fecha en la que se produjo la vinculación a través del
nombramiento en provisionalidad, esto es, si fue o no con
anterioridad a la vigencia de la nueva normatividad de carrera
administrativa, pues ello implicaría un tratamiento desigual en
detrimento incluso del derecho al debido proceso (en el aspecto del
derecho a la defensa) respecto de aquellos cuyos nombramientos de
produjeron en vigencia de la Ley 443 de 1998.
La motivación del acto de retiro del servicio frente a servidores que
estén desempeñando en provisionalidad empleos12[27] de carrera
administrativa, y que de manera expresa exige el legislador, luego de
entrada en vigencia la Ley 909 de 2004, obedece a razones de índole
constitucional que ya la Corte había precisado, y se traduce en la
obligación para la administración de prodigar un trato igual a quienes
desempeñan un empleo de carrera, el que funcionalmente
considerado determina su propio régimen, que para los efectos de los
empleados provisionales hace parte de sus garantías laborales, entre
ellas la estabilidad relativa, en la medida en que su retiro del servicio
se produce bajo una competencia reglada del nominador, por causales
expresamente previstas (art. 41 Ley 909 de 2004, art. 10 Dec. 1227
de 2005), y que justifican la decisión que debe producirse mediante
acto motivado [sic para toda la cita].
El anterior derrotero coincide con el criterio fijado por la Corte Constitucional13,
según el cual «[…] la necesidad de motivación del acto administrativo no se
reduce a un simple requisito formal de introducir cualquier argumentación en
el texto de la providencia. Por el contrario, esta Corporación ha acudido al
concepto de “razón suficiente” para señalar que la motivación del acto deberá
exponer los argumentos puntuales que describan de manera clara, detallada y
11
«De conformidad con el artículo 10 del Decreto 1227 de 2005 la provisionalidad puede darse por terminada
antes de cumplirse el término de duración que se contempla en la misma disposición, mediante resolución
motivada».
12
«La función pública está integrada con criterio objetivo por funciones y no subjetivamente por personas».
13
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-11 de 2009, M. P. Nilson Pinilla Pinilla; y T-
204 y T-726 de 2012, ambas del M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
17
Expediente 44-001-23-40-000-2017-00268-00 (1016-2022)
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precisa las razones a las que acude el ente público para retirar del servicio al
funcionario. Un proceder distinto violaría el sustento constitucional que da
origen a la necesidad de motivar las actuaciones de la administración y
convertiría este requerimiento en un simple requisito inane y formal»14.
En conclusión, el empleo de procurador judicial, en virtud de la sentencia C-
101 de 2013, mutó para ser de carrera, por lo que el nombramiento del
demandante es provisional, el que, de acuerdo con las disposiciones del Decreto
262 de 2000, puede terminarse por razones del servicio, decisión que, en
armonía con el derrotero jurisprudencial de esta Corporación y de la Corte
Constitucional, debe ser motivada, además de que se trata de una potestad que
se presume ejercida con el fin de lograr el mejoramiento del servicio oficial.
Por otro lado, en lo que se refiere a la Resolución 40 de 2015, cabe anotar que
esta Corporación tramitó el medio de control de nulidad bajo el radicado 11001-
03-25-000-2015-00366-00, proceso en el que se controvirtió su legalidad.
Ahora bien, tras ser consultada la herramienta electrónica para la gestión
judicial denominada Samai15, pudo constatarse que aquel proceso fue decidido
con sentencia de 30 de julio de 2021, ejecutoriada el 10 de agosto siguiente, en
la que se adoptaron las siguientes decisiones:
PRIMERO: DECLARAR de oficio la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda 1016-2016 por indebida escogencia del
medio de control, presentada por los demandantes Luis Rafael
Calderón Daza y Luis Francisco Calvete Ribero, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la legalidad condicionada del inciso 3º del
numeral 1º del art. 17 de la Resolución 040 de 2015, en el entendido
de que en la prueba de análisis de antecedentes puede otorgarse
puntaje tanto a los posgrados (maestrías, doctorados o posdoctorados
en derecho) que sean específicos respecto de la convocatoria y
empleo correspondiente, así como también, aquellos cuyo título no
especifique determinada área de profundizacion del derecho, pero de
los cuales se pueda derivar, bien sea por las calificaciones obtenidas,
por el contenido del programa académico cursado o por la tesis o
trabajo de investigación adelantado, que el concursante cuenta con la
idoneidad profesional y los conocimientos previstos en cada
convocatoria para el desempeño del empleo correspondiente.
14
Sentencia T-204 de 2012, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
15
En este sistema se verificó que se trata de un proceso de nulidad en el se discute la legalidad de la Resolución
40 de 2015, dictada por la Procuraduría General de la Nación, su radicado es 11001-03-25-000-2015-00366-00
y el consejero de Estado que lo tenía a su cargo es el magistrado Gabriel Valbuena Hernández.
18
Expediente 44-001-23-40-000-2017-00268-00 (1016-2022)
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TERCERO: DECLARAR la legalidad condicionada de los arts. 5º
(inciso 3º), 9º (numeral 2.9) y 17 (parágrafo 1º) de la Resolución 040
de 2015, en el entendido que las publicaciones de libros que dan lugar
a puntaje en la prueba de análisis de antecedentes se pueden presentar
en original y físico o en forma digital por quienes superen la prueba
de conocimientos, en la fecha y lugares que se establezcan mediante
aviso en la página web institucional, los cuales deberán calificarse
bajo los mismos criterios y parámetros en términos de igualdad,
siempre y cuando los derechos de autor de unos y otros se encuentren
debidamente registrados y la publicaciones cuenten con el respectivo
ISBN (International Standard Book Number), tal como se exige en el
numeral 2º del art. 17 del acto demandando.
CUARTO: Las decisiones contenidas en los dos numerales
precedentes, tendrán el efecto que se menciona a continuación:
1. La legalidad condicionada de los artículos 5º inciso 3º; 9º numeral
2.9 y 17 parágrafo 1º y del artículo 17, numeral 1ª. Inciso 3ª de la
Resolución 040 de 2015, tal como se expresó en los numerales 3.9 y
3.11 de esta providencia, solamente producirá efectos ex nunc, esto
es, hacia futuro, con el propósito de salvaguardar las situaciones
jurídicas y los derechos individuales ya consolidados.
2. En el caso de que existan listas de elegibles pendientes de elaborar,
deberá darse estricta aplicación a las disposiciones cuya legalidad
condicionada se declara en esta providencia, en el sentido de asignar
puntaje en las diferentes pruebas y análisis de antecedentes, a los
posgrados de maestría, doctorado y posdoctorado cuyos títulos no
|reflejen un área específica del derecho, pero de los cuales se pueda
derivar que se cuenta con los conocimientos específicos de la
convocatoria a la cual se aspira. En cuanto a los libros, se tendrán
como válidos tanto los aportados en físico como aquellos que se
presenten en forma digital, siempre y cuando los derechos de autor de
unos y otros se encuentren debidamente registrados y las
publicaciones cuenten con el respectivo ISBN (International Standard
Book Number), tal como se exige en el numeral 2º del art. 17 del acto
demandando.
3. Respecto de aquellos asuntos que se estén ventilando en procesos
de nulidad y restablecimiento del derecho que se encuentren en
trámite y que tengan que ver con los problemas jurídicos
mencionados en los numerales 3.9 y 3.11 de esta providencia, el
efecto será retrospectivo, siempre y cuando las decisiones que se
adopten no afecten las situaciones jurídicas y los derechos
individuales ya consolidados.
QUINTO: NEGAR la nulidad del acto deman[da]do respecto de las
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Expediente 44-001-23-40-000-2017-00268-00 (1016-2022)
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demás pretensiones de las demandas acumuladas.
[…] (sic para toda la cita).
En suma, la sección segunda declaró la validez condicionada de alguno de los
aspectos definidos por la Resolución 40 de 2015, es decir, que el Procurador
General de la Nación tenía competencia para regular el trámite concursal dentro
del organismo que regentaba y que, en general, los términos y condiciones del
concurso de méritos abierto los mantuvo el Consejo de Estado, al no evidenciar
algún vicio de anulabilidad.
3.5 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:
a) Resolución 40 de 20 de enero de 2015 (ff. 143 a 159, e.d.), expedida por el
Procurador General de la Nación, a través de la cual se «[…] da apertura y se
reglamenta la convocatoria del proceso de selección para proveer los cargos
de carrera de procuradores de la Entidad».
b) Decreto 3372 de 8 de agosto de 2016 (ff. 8 y 9, e.d.), por el cual el Procurador
General de la Nación nombró a la señora Luz Myriam Mendieta Jaramillo «[…]
en el cargo de Procurador Judicial II Código 3PJ, Grado EC, en la
Procuraduría 24 Judicial II para la Defensa de la Infancia, Adolescencia y
Familia, con sede en la ciudad de Riohacha» (sic).
En ese acto administrativo también se dispuso que «[…] a partir de la posesión
del (la) doctor (a) LUZ MYRIAM MENDIETA JARAMILLO en el cargo
señalado, culminará la vinculación laboral, en provisionalidad, del (la) doctor
(a) MARITZA ESTHER BRITTO ESCOBAR, quien se desempeña en este
empleo» (sic).
c) Oficio 3991 de 12 de agosto de 2016 (f. 7, e.d.), con el que la secretaria
general (e) de la demandada informó a la señora Britto Escobar que su
vinculación en provisionalidad había terminado, debido al nombramiento de la
señora Luz Myriam Mendieta Jaramillo en el empleo que ella ocupaba en
provisionalidad.
d) Certificación de 15 de diciembre de 2016 (f. 14, e.d.), firmada por el jefe de
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Expediente 44-001-23-40-000-2017-00268-00 (1016-2022)
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la división de gestión humana de la Procuraduría, según la cual la señora Britto
Escobar laboró hasta el 8 de septiembre de 2016 e informa los sueldos y
prestaciones devengados del 1º de enero de 2015 a la fecha de su retiro.
De las pruebas relacionadas se infiere que hasta el 8 de septiembre de 2016 la
señora Martha Esther Britto Escobar se desempeñó como procuradora judicial
II para la defensa de la infancia, adolescencia y familia, con sede en la ciudad
de Riohacha, de la Procuraduría General de la Nación, cuando se tuvo por
terminada su vinculación en provisionalidad, con ocasión del nombramiento de
la señora Luz Myriam Mendieta Jaramillo en ese empleo, dado el concurso de
méritos para proveer cargos de procuradores judiciales I y II de ese ente de
control.
De acuerdo con el marco jurídico de este fallo, se precisa que «[l]a regla
general en el ejercicio de la función administrativa lo constituye el ingreso
mediante el sistema de carrera administrativa, tal como lo ha previsto el
artículo 125 de la Constitución Política […]»16; sin embargo, existen
diferentes situaciones que conllevan que no pueda darse aplicación a ese
sistema, una de ellas es «[…] la figura de la provisionalidad, es la forma de
vinculación de quien accede al cargo de carrera sin el cumplimiento del
procedimiento previsto para ello, razón por la que no cuenta con el fuero de
estabilidad propio de quienes acceden por mérito a los cargos de carrera
administrativa, luego de agotar las diferentes etapas de un concurso; es por
ello que el empleado así vinculado adquiere el carácter de análogo con el que
ingresa al servicio por nombramiento ordinario, pudiendo ejercerse
válidamente la facultad discrecional al momento de su retiro por parte del
nominador […]»17.
En ese entendimiento, como la señora Britto Escobar se desempeñó como
procuradora judicial II de la accionada, su tipo de vinculación no le otorgaba
fuero de estabilidad, toda vez que ocupaba un empleo en provisionalidad, pues
debe recordarse que ese cargo (junto con el de procurador judicial I), según la
sentencia C-101 de 2013 de la Corte Constitucional, debía proveerse previo
concurso de méritos y, al no ser cubierto con el registro de elegibles, quien lo
ocupara se encontraba en provisionalidad; sumado a ello, el artículo 186
(inciso 2º) del Decreto 262 de 2000 consagró esta situación al disponer que
«[t]ambién tendrá carácter provisional la vinculación del servidor que ejerza
16
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 19 de febrero de 2018, expediente 25000-
23-42-000-2013-01223-02 (4578-16).
17
Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, sentencia de 12 de octubre de 2011, expediente 05001-
23-31-000-2005-01435-01 (451-11), C. P. Luis Rafael Vergara Quintero.
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Expediente 44-001-23-40-000-2017-00268-00 (1016-2022)
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Maritza Esther Britto Escobar y otros contra la Nación - Procuraduría General de la Nación
un empleo de libre nombramiento y remoción que, en virtud de la ley o de
decisión judicial, se convierta en cargo de carrera […]».
Por tanto, resulta claro para esta Sala que la vinculación que tuvo la aludida
señora fue en provisionalidad, en la medida en que ocupaba un cargo de carrera
que estaba vacante en forma definitiva.
Ahora bien, la Resolución 40 de 2015, expedida por el Procurador General de
la Nación, dispuso la apertura del procedimiento de selección del que se
derivaron un total de 14 convocatorias, acto administrativo que fue acusado de
ilegal ante esta jurisdicción, la que, con sentencia de 30 de junio de 2021 18, en
lo concerniente al asunto sub examine, como se indicó arriba, negó las
pretensiones de nulidad, tras determinar, entre otros aspectos estudiados, lo
siguiente:
[…] 90 La Sala le concede la razón al apoderado de la parte
demandada y al Ministerio Público, cuando señalan que la ley que
regula esa materia no es otra distinta al Decreto Ley 262 de 2000,
expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las precisas
facultades extraordinarias conferidas por el Congreso mediante la
Ley 573 de 2000, para modificar tanto la estructura de la Procuraduría
General de la Nación como su régimen de carrera administrativa. En
tal sentido, esa y no otra es la ley previa aplicable en cuyo articulado
se regulan todos los asuntos mencionados en el problema jurídico.
91 La Corte Constitucional ordenó convocar un concurso público
para la provisión en propiedad de todos los cargos de Procurador
Judicial y precisó que el sistema de carrera aplicable al concurso sería
el sistema especial de carrera de la Procuraduría, argumento que
reiteró en el Auto 255 del 2013, en el cual explicó que la Sentencia
C-101 de 2013 no homologó los sistemas de carrera de la rama
judicial y el del ministerio público -tal como lo entiende la parte
actora-, sino el “derecho de acceso a la carrera” mediante concurso
público.
92 En ese orden de ideas, el proceso de selección convocado a través
de la Resolución 040 de 20 de enero de 2015, fue realizado dentro de
los parámetros de la legalidad preexistente y en cumplimiento de una
orden judicial que ya hizo tránsito a cosa juzgada constitucional y
que, por lo mismo, obliga a todas las autoridades y a los particulares,
tal como lo disponen los arts. 21 del Decreto 2067 de 1991 y 48 de la
Ley 270 de 1997.
18
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, expediente 11001-03-25-000-
2015-00366-00, C. P. Gabriel Valbuena Hernández.
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Expediente 44-001-23-40-000-2017-00268-00 (1016-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Maritza Esther Britto Escobar y otros contra la Nación - Procuraduría General de la Nación
93 Ha de tenerse en cuenta que las decisiones contenidas en La
Resolución 040 de 2015, no tuvieron la pretensión de regular de
manera general “todos” los concursos que ulteriormente deba
convocar la Procuraduría General de la Nación para la provisión de
los empleos de procuradores judiciales I y II, pues lo que se dispone
en esa Resolución tan solo aplica al trámite de las 14 convocatorias
mencionadas en su texto, al definir los requisitos y condiciones de
cada una ellas e instrumentalizar los respectivos procesos de
selección, con el objeto de dar cumplimiento a la orden emitida por
la Corte Constitucional en la Sentencia C-101 del 28 de febrero de
2013.
94 Todo ello conduce a desvirtuar el cargo formulado, más aún
cuando el artículo 7º, numeral 45 del Decreto Ley 262 de 2000, que
es una ley en sentido material, le asignó esas funciones al Procurador
General de la Nación como supremo director y administrador del
sistema de carrera de la entidad.
95 El aludido numeral 45 le atribuyó al Procurador la competencia
para definir las políticas para la elaboración y aplicación de las
pruebas que se utilizarán en los concursos y determinar los
parámetros para su calificación; adoptar los instrumentos necesarios
para el cumplimiento de los fines de cada una de las etapas del
proceso de selección; designar a las personas que integrarán el jurado
encargado de elaborar y calificar las pruebas de pregunta abierta y la
entrevista y de resolver las reclamaciones relacionadas con estas
pruebas y definir las condiciones de las convocatorias para los
concursos de méritos y suscribirlas.
96 Lo expuesto hasta aquí, permite inferir que era totalmente
innecesaria la expedición de una nueva ley de carrera para ser
aplicada a los concursos públicos de mérito dirigidos a la provisión
de los cargos de procurador judicial, pues estando en vigencia el
Decreto Ley 262 de 2000, ello llevaría al absurdo de permitir la
coexistencia de dos sistemas de carrera administrativa distintos en el
seno de la Procuraduría General de la Nación, uno de los cuales sería
aplicable a los concursos para la selección por mérito de los
procuradores judiciales y otro para los demás concursos que deba
adelantar ese organismo de control. […]
(sic para toda la cita).
De los anteriores argumentos se extrae que, en lo referente a la competencia y
los términos y condiciones del concurso de méritos abierto por medio de la
Resolución 40 de 2015, esta Corporación no evidenció vicio de nulidad alguno,
aunque declaró la legalidad condicionada de algunos apartes de ese acto
administrativo, pero en cuanto a la prueba del análisis de antecedentes frente a
23
Expediente 44-001-23-40-000-2017-00268-00 (1016-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Maritza Esther Britto Escobar y otros contra la Nación - Procuraduría General de la Nación
estudios adicionales y publicaciones, lo que no guarda relación con la
controversia sub judice.
El mismo destino sigue la pretendida inaplicación de la Resolución «338» (sic),
cuando en realidad es la 344 de 2016, a través de la cual se conformó el registro
de elegibles para proveer, entre otros, el cargo que ocupaba la señora Britto
Escobar, por tanto, las previsiones contenidas en ese acto administrativo, amén
de estar revestidas de la presunción de legalidad, no evidencian algún motivo o
razón para sustraerla del ordenamiento jurídico frente a este caso particular.
De igual modo, se destaca que en las convocatorias al concurso de méritos
objeto de estudio no se discriminaron los empleos que eventualmente ocuparían
quienes conformaran el registro de elegibles, sino que se ofreció, de manera
general, los cargos de procuradores judiciales I y II en cada especialidad (con
la advertencia que cada aspirante solo podía inscribirse a una de tales
convocatorias), esto es, no se individualizó una plaza específica y, por
consiguiente, se entiende que la provisión de los cargos quedaría sujeta a la
disponibilidad existente, una vez se expida el registro de elegibles y durante su
vigencia.
Asimismo, esta Sala concluye, como lo hizo el a quo, que no le asiste razón
jurídica a la parte actora cuando predica la ilegalidad del Decreto 3372 de 8 de
agosto de 2016, a través del cual se desvinculó a la señora Britto Escobar del
cargo de procurador 24 judicial II para la defensa de la infancia, adolescencia y
familia de Riohacha, pues se nombró en su reemplazo a la señora Luz Myriam
Mendieta Jaramillo, quien integró el registro de elegibles derivado de la
convocatoria 4 de 2015, originada en el concurso de méritos dispuesto por
medio de Resolución 40 de 2015, habida cuenta de que los términos y
condiciones del concurso dentro de la Procuraduría mantuvieron su legalidad,
en consecuencia, no hay lugar a declarar nulidad alguna ni ordenar el
consecuente reintegro o pago de prestaciones dejadas de recibir durante la
desvinculación.
Por último, respecto de la falta de notificación del decreto de retiro antes
mencionado, se tiene que esta es una actuación que no afecta la validez ni la
legalidad del acto acusado por tratarse de un procedimiento externo y ajeno a
su contenido.
Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
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Expediente 44-001-23-40-000-2017-00268-00 (1016-2022)
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Maritza Esther Britto Escobar y otros contra la Nación - Procuraduría General de la Nación
confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la
demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Confírmase la sentencia proferida el 30 de junio de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de La Guajira, que negó las pretensiones de la
demanda incoada por los señores Maritza Esther Britto Escobar, Ventura
Fredys Coronado Orozco y Ximena Patricia, Andrés Felipe y Karla Cristina
Coronado Britto contra la Nación - Procuraduría General de la Nación,
conforme la parte motiva.
2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Ausente con excusa Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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