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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2017-00325-01

Acción de tutela contra autoridades públicas del orden nacional

Fecha
3 de mayo de 2018
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Velez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2017-00325-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR PARCIALMENTE la Sentencia de 17 de enero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, en lo que respecta a los numerales primero y segundo, a través de los cuales se negó el amparo del derecho fundamental a la consulta previa de la comunidad Afrodescendientes de Chancleta Nueva y se ordenó la conformación de mesas de trabajo y concertación en su favor, dentro de la acción de tutela presentada contra la Nación, Ministerio del Interior, dirección de asuntos indígenas, ROM y minorías, dirección de consulta previa; Ministerio de Ambiente; Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA; Carbones del Cerrejón Limited. SEGUNDO. REVOCAR el numeral tercero de la providencia de 17 de enero de 2018, emitida por el Tribunal Administrativo de La Guajira para, en su lugar, AMPARAR de manera transitoria, los derechos fundamentales a la vida digna, debido proceso, igualdad, educación, recreación y deporte, acceso a agua potable, dignidad humana y salud, por ello se dispone: Que en las mesas de concertación a realizarse entre la empresa El Cerrejón Limited y los miembros de la comunidad étnica accionante se incluya al Ministerio del Interior, a través de la dirección de consulta previa, a las autoridades locales, así como al Ministerio Público para que, como autoridades competentes, verifiquen la ejecución real y efectiva en la actualidad de los acuerdos suscritos entre las partes. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 44001-23-40-000-2017-00325-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez

3 de mayo de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA / PROCESO DE REASENTAMIENTO DE LA COMUNIDAD – Se suscribió de manera libre y consensuada con la empresa

[E]s preciso aclarar que respecto al primero de los grupos mencionados el máximo órgano de la jurisdicción constitucional ordenó la realización de una consulta previa en el que se inmiscuyera a los miembros de esa comunidad para decidir sobre los aspectos relacionados con la explotación minera del territorio que ocupan y respecto de sus garantías fundamentales. Por su parte, el grupo poblacional que conforma la parte accionante en esta oportunidad solicita, en virtud de su derecho a la igualdad, la inclusión en la consulta previa realizada, así como el beneficio de las órdenes dictadas por la mencionada providencia, sin embargo, los supuestos fácticos que diferencian a los mencionados impiden emitir un pronunciamiento favorable al reclamo formulado en sede amparo constitucional, en la medida en que la Corte Constitucional no dio un efecto inter pares o inter comunis al fallo mencionado. Sumado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que en el presente asunto se llevó a cabo un procedimiento consensuado entre las partes, es decir, los miembros de la comunidad afrodescendiente de Chancleta que aceptaron su reasentamiento y la empresa El Cerrejón Limited., en el cual se garantizó el derecho a decidir y participar de los primeros. De tal manera, suscribieron los denominados “contratos de cesión de posesión de lote, compraventa de mejoras y transacción” en los que se acordaron aspectos angulares como el precio a pagar por la cesión de los terrenos que poseían, indemnizaciones y compensaciones, beneficios de vivienda, restablecimiento y generación de ingresos, manejo de animales, apoyos económicos para educación, vejez, dotación y adecuación de casa nueva, y otros apoyos.

PROCESO DE REUBICACIÓN A COMUNIDAD / ABUSO DE LA POSICIÓN DOMINANTE DE LA EMPRESA EL CERREJÓN / VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE – Entrega de viviendas sin garantizar este servicio / VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE COMUNIDAD NEGRA / PERJUICIO IRREMEDIABLE – Configuración / ÁMPARO DE CARÁCTER TRANSITORIO

[Corresponde a esta Sala] [d]eterminar si se configuró el fenómeno jurídico de cosa juzgada en relación con la Sentencia T-256 de 2015, proferida por la Corte Constitucional, en caso contrario, establecer si las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales de (…) debido proceso, igualdad, educación, recreación, agua potable, dignidad humana y salud de los miembros de la comunidad afro descendiente de Chancleta Nuevo. (…) [E]l soporte de los argumentos de defensa presentados por El Cerrejón Limited solo se extiende hasta una etapa incipiente del proceso de traslado de los miembros de la comunidad de Chancleta Nueva, es decir, hasta el año 2014 aproximadamente, lo cual impide al juez de tutela tener certeza de las condiciones de vida y la realidad material de aquel grupo poblacional en la actualidad, situación frente a la cual cobra mayor importancia el papel del juez constitucional, pues aun cuando no es posible determinar la existencia de un abuso de la posición dominante por parte de la empresa accionada, esta última si es clara al tratarse de una persona jurídica que dispone de amplios recursos para la defensa de sus intereses, frente a una comunidad étnica que lucha para garantizarse al menos un mínimo vital y unas condiciones de vida dignas. (…) En vista de lo anterior, sin desconocer que la autoridad competente para conocer y pronunciarse sobre el cumplimiento de las clausulas pactadas dentro de los acuerdos suscritos por los accionantes y la empresa El Cerrejón en virtud del traslado de tierras al que accedieran los primeros, es el juez natural de asunto, esta Sala de decisión en virtud del rol de juez de tutela considera necesario efectuar un pronunciamiento que procure, al menos de manera transitoria, la protección de los bienes ius fundamentales invocados. (…) [En relación con la protección del derecho fundamental al agua,] en atención a que la empresa El Cerrejón Limited ha comprobado que se encuentra realizando las gestiones necesarias para asegurar el acceso, disponibilidad y calidad al agua pero no demostró la óptima prestación del servicio que es lo que reclaman los aquí accionantes, esta Sala de decisión deberá emitir una orden de amparo en tal sentido, máxime si se tiene en cuenta la crisis generalizada de carencia de agua potable en la que se encuentra sumido el departamento de La Guajira, además del informe rendido de impactos sociales en la comunidad de Chancleta, rendido por la Universidad de Antioquia.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VELEZ

Bogotá, D.C., tres (3) de mayo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 44001-23-40-000-2017-00325-01(AC)

Actor: COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DE CHANCLETA NUEVO

Demandado: NACIÓN – PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por el apoderado judicial de los miembros de la Comunidad Afrodescendiente de Chancleta Nuevo - municipio de Barrancas – La Guajira, contra la sentencia de 17 de enero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, que negó el amparo dentro de la acción de tutela de la referencia, con ocasión de su reasentamiento y el impacto generado por la explotación minera a cielo abierto.

I. EL ESCRITO DE TUTELA

Para una mejor comprensión del asunto, la Sala se permite resumir de la siguiente forma los supuestos fácticos y jurídicos planteados por la parte demandante:

Manifestaron que en virtud de la exploración y expansión del proyecto minero desarrollado en el Departamento de La Guajira, la Empresa Carbones de Cerrejón Limited, ofreció una serie de beneficios y pagos a los miembros de la comunidad afro descendiente de Chancleta para que con sus respectivas pertenencias abandonaran el territorio que habían habitado por años con el propósito de reubicarles en un lugar diferente, para lo cual suscribieron un contrato de cesión de posesión de lote, compraventa de mejoras y transacción en el año 2013, sin embargo, según su dicho, el acto jurídico fue celebrado sin el acompañamiento de las entidades estatales competentes y tampoco se ha protocolizado mediante la figura de la consulta previa.

Señalaron que la cláusula primera de los contratos de cesión señala el carácter discrecional de la entrega y limitación de la responsabilidad de la entidad, indicando que los programas que entregara Cerrejón estarían sometidos a su liberalidad, entre ellos, el capital semilla, situación que ha propiciado que los compromisos sean cumplidos al arbitrio de la empresa, en forma esporádica y deficiente.

Expusieron los accionantes que Carbones del Cerrejón indicó que las viviendas entregadas para la reubicación estarían en óptimas condiciones, no obstante, las mismas no cuentan con los servicios públicos más elementales - gas natural, suministro de agua potable y energía eléctrica eficiente.

Indicaron que el agua que llega a la comunidad es inadecuada para el consumo humano, que el suministro no se hace a las viviendas, sino que es depositada en sitios de almacenamiento donde debe ser recogida por las familias. Asimismo, afirmaron que la escasez de agua impide el desarrollo de programas productivos y sostenibles para la comunidad relacionados con la agricultura y la ganadería, actividades propias de la comunidad afro descendiente.

Explicaron que la energía eléctrica es de mala calidad y deficiente, resaltando la ocurrencia de un incendio el 17 de septiembre de 2015 producto de un corto circuito, lo que condujo a que el comandante del cuerpo de bomberos de Barrancas solicitara a Electricaribe y al municipio de Barrancas se tomaran los correctivos necesarios para salvaguardar la vida y bienes de los habitantes de Chancleta, debiendo realizarse una inspección con personal calificado. Agregaron que Carbones del Cerrejón a pesar de conocer la situación y tratarse de una obligación contraída a través del contrato de cesión, no ha realizado ningún mejoramiento a las instalaciones eléctricas.

Expresaron que Carbones del Cerrejón ha incumplido también los siguientes compromisos: i) construir una carretera para poder transportar y comercializar los productos que cultivara la comunidad, ii) la prestación de la asesoría y el acompañamiento necesario para el proyecto productivo durante el término pactado (4 años), iii) la entrega del capital semilla y las escrituras públicas de las viviendas para algunos de los miembros de la comunidad, iv) el beneficio o apoyo educativo para los jóvenes integrantes de Chancleta, v) asistencia nutricional, vi) la disposición de fondo rotatorio, vii) el traslado de los restos mortales ubicados en Chancleta Viejo.

Comentaron que los contratos de compraventa de las viviendas indican que Chancleta Nuevo sería propiedad horizontal lo que contraría sus usos y costumbres, pues la comunidad afro descendiente debe estar regida por la propiedad colectiva.

Advirtieron que, a diferencia de otras etnias, la comunidad afro descendiente de Chancleta no cuenta con un establecimiento educativo en el cual pueda impartirse la educación con enfoque diferencial, pues el colegio construido no cuenta con todos los grados escolares, no está dotado con suficiencia, ni cuenta con el personal docente capacitado.

Contaron que con los habitantes del viejo Chancleta se ha adelantado un proceso de consulta previa por mandato de la sentencia T-256 de 2015 emanada de la Corte Constitucional, la cual tiene como propósito reasentar a los habitantes que aún no han sido objeto de tal medida y proceder a su indemnización, lo que en su sentir, transgrede el derecho a la igualdad, pues los accionantes que, a su vez, suscribieron los contratos de cesión en el año 2013 no hacen parte de dicho proceso, teniendo en cuenta que han alcanzado acuerdos mejores e indemnizaciones superiores.

Adujeron que el trato desigual no se encuentra justificado, teniendo en cuenta que todos los miembros de la comunidad afro descendiente de Chancleta tienen los mismos derechos, condiciones y requisitos, por lo tanto deben obtener el mismo trato, beneficio y asistencia.

Argumentaron que el crecimiento poblacional de Chancleta producto del reasentamiento de las nuevas familias representará un incremento de las necesidades de agua, vivienda y trabajo, lo cual debe ser sorteado por la empresa Carbones del Cerrejón para garantizar las oportunidades y la subsistencia.

Pretensión

Como consecuencia de lo anterior, solicitó:
«[…] - La protección y garantía de los derechos fundamentales de la comunidad afrodescendiente del nuevo chancleta, de vida digna, Consulta previa libre e informada, Debido Proceso, Igualdad, Educación, Recreación y Deporte, Acceso a agua potable, dignidad humana, Salud y demás que considere el despacho necesarios y pertinentes para la subsistencia de las personas y familias que integran la comunidad reasentada.

• En aplicación al derecho de igualdad, se ordene que, dentro del proceso de consulta previa ordenado por su despacho, se otorguen a mis poderdantes los mismos beneficios de los que hoy son objeto los miembros de chancleta viejo o en su defecto los que ellos mismos consideren dentro del proceso de consulta previa que se realizare y que no serán inferior al beneficio mayor alcanzado como se indicó en los hechos de la presente acción de tutela; en cumplimiento del parágrafo primero de la cláusula primera de la parte dos del contrato suscrito entre mis clientes y la empresa cerrejón.

• Se someta a estudio y consideración de la comunidad en el proceso de consulta previa ordenado por su despacho, el cambio de propiedad horizontal a propiedad colectiva del lugar donde fueron reasentados.

• Se ordene a Cerrejón la contratación a través de la organización afrodescendiente que mis poderdantes elijan, la construcción, elaboración e implementación de un proyecto denominado PLAN DE VIDA de la comunidad afrodescendiente del nuevo chancleta con el propósito de trazar e implementar acciones tendientes al desarrollo mismo de la comunidad, garantizando para las próximas generaciones medios y métodos para su propia subsistencia.

• Se ordene a los accionados garantizar la construcción de viviendas para las nuevas familias, la ampliación del territorio delimitado para el lugar reasentado y con esto evitar un inminente hacinamiento.

• Se solicite el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación en todas y cada una de las etapas que se definan para la consulta previa, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de la comunidad afrodescendiente de Chancleta nuevo.

• Se ordene a la empresa Cerrejón el cumplimiento de todas las obligaciones consignadas en el contrato de Cesión de Posesión de Lote, Compraventa de Mejoras y Transacción, Parte Dos. Que las mismas dejen de ser discrecionales de la empresa y pasen a convertirse en obligaciones reales, que la certificación de su cumplimiento sea exclusiva del despacho judicial o en su defecto de la entidad que se elija por la comunidad en el proceso de consulta previa.

• Se ordene a la ANLA la suspensión de la licencia de expansión de la empresa Cerrejón hasta tanto no se logre el proceso de consulta previa, libre e informada con la comunidad de chancleta nuevo.

• Las demás que considere el despacho para darle solución definitiva y de fondo a la raíz de todos los problemas que hoy padece la comunidad afrodescendiente de chancleta nuevo. […]».

II. ACTUACIÓN PROCESAL DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante auto de 13 de diciembre de 2017, el Tribunal Administrativo de La Guajira, admitió la acción de tutela de la referencia, por lo que ordenó la notificación la Nación, Ministerio del Interior, dirección de asuntos indígenas, ROM y minorías, dirección de consulta previa; Ministerio de Ambiente; Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA; Carbones del Cerrejón Limited, como demandados, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 y concordantes del Decreto 2591 de 1991.

III. INFORMES RENDIDOS EN EL PROCESO

3.1. Carbones del Cerrejón.

El apoderado judicial de la mencionada empresa solicitó negar las pretensiones de los accionantes, con fundamento en lo siguiente:

Indicó que con el propósito de eludir las reglas de reparto previstas en el decreto 1983 del 30 de noviembre de 2017, el apoderado judicial de los actores dirigió la presente acción constitucional contra la presidencia de la República, no obstante, en el escrito de tutela no se evidencian las actuaciones violatorias de los derechos fundamentales invocados, mucho menos pretensión encaminada a satisfacerse por dicha entidad, por lo cual solicitó la remisión del presente proceso al juez competente.

Alegó que el apoderado judicial de los accionantes manifestó actuar en representación de la comunidad de Chancleta Nuevo, cuando solo unos cuantos integrantes otorgaron poder, como también que dos de los demandantes, señores Juan de Dios Pérez y Denis Manjarrez expresen ser miembros de la colectividad, cuando optaron por reasentarse individualmente y en un sitio de su escogencia al momento de suscribir los contratos de cesión.

En cuanto a la pretensión de los actores relacionada con su inclusión en el proceso de consulta previa que se adelanta con los habitantes del viejo Chancleta, afirmó que la misma no es procedente, de un lado, porque tal y como lo evidencia el acta de protocolización del proceso de consulta previa finalizó en diciembre de 2016, y de otro, la sentencia T-256 de 2015 proferida de la Corte Constitucional, excluye dicha posibilidad al expresamente delimitar en sus consideraciones, las personas beneficiarías del proceso consultivo, definido por virtud de una visita de campo que se efectuó por funcionarios del Tribunal Constitucional.

Agregó que dicha postura ha sido prohijada por el Tribunal Administrativo de La Guajira, asimismo, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha y la Corte Suprema de Justicia, esta última al confirmar los fallos de tutela en ese sentido.

Explicó que el proceso de reubicación de Chancleta se hizo conforme los lineamientos de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, esto es, identificando los impactos respecto de las familias por efecto del reasentamiento y la compensación voluntaria asumida por Cerrejón frente a los mismos.

Aclaró que el proceso de reasentamiento se ha surtido en debida forma y que contó con el consentimiento de la comunidad frente a la escogencia del predio y los términos de los contratos, que contrario a lo afirmado por los actores, hubo el acompañamiento de autoridades como el municipio y la personería de Barrancas, la realización de diversos talleres y concertaciones con los interesados. También explicó que no ha existido el incumplimiento de los términos del contrato de cesión, pues Carbones ha asumido cada uno de los compromisos adquiridos según pruebas que adjunta.

Aclaró que no hay violación al derecho de igualdad como lo insinúan los actores, pues las personas que fueron reasentadas antes de la sentencia de la Corte Constitucional recibieron compensaciones, pagos y prebendas (representado en apoyos educativos, sociales y de emprendimiento) que fueron satisfechas por la empresa y que no deben ser adicionadas.

Comentó que las pretensiones de los accionantes no tienen vocación de prosperidad porque no cuentan con el respaldo probatorio necesario, mucho menos los hechos que se aducen, en cuanto fueron incluidos en los acuerdos hechos con los habitantes reasentados en Chancleta Nuevo.

Mencionó que no fue acreditado el perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela, debiendo los accionantes ejercer los medios legales pertinentes, dentro de los cuales pueden ordenarse las indemnizaciones a que hubiere lugar, teniendo en cuenta que lo aducido es el incumplimiento de los contratos de cesión.

3.2. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

El apoderado judicial de la referida entidad indicó en su informe que en el presente asunto se configura una falta de legitimación en la causa por pasiva pues dicha entidad no es la competente para atender o ejercer algún tipo de injerencia respecto de los hechos y solicitudes planteados en la tutela de la referencia, teniendo en cuenta que el desarrollo y adelantamiento de la consulta previa planteada por los actores corresponde al Ministerio del Interior a través de la dirección de consulta previa y, por su parte la empresa Carbones de Cerrejón es la responsable de efectuar el reasentamiento de las personas que se encuentran en la comunidad afro descendiente de los corregimientos de Patilla y Chancleta del municipio de Barrancas.

Agregó que dentro de sus competencias no está la revisión de los acuerdos y contratos logrados entre la empresa Carbones de Cerrejón y los accionantes, resaltando que son de la esfera privada.

Señaló que, contrario a lo afirmado por los accionantes, la consulta previa sí fue realizada al interior de la comunidad de Chancleta, pero esta se hizo bajo los parámetros dados por la Corte Constitucional en la sentencia T-256 2015, en la que se identificaron plenamente a los destinatarios lo que imposibilita la inclusión de nuevos integrantes, que está ya se protocolizó el 14 de diciembre de 2016 y que según oficio del 5 de diciembre de la misma anualidad, se hizo saber que las familias optaron por reasentamientos individuales. No obstante lo anterior, especificó que la referida providencia no impuso ninguna orden a la ANLA, luego entonces, no se hace ningún seguimiento a dicho procedimiento.

Concluyó que la tutela es improcedente porque el accionante no demostró el perjuicio irremediable para que la acción constitucional proceda como mecanismo excepcional, que como Cerrejón ha reconocido que celebró con la comunidad los contratos de cesión, los demandantes deben promover procesos ejecutivos para hacer cumplir las presuntas obligaciones incumplidas, agregando que el juez de tutela no puede sustituir al juez natural.

De otra parte, afirmó que en el presente asunto existe una insuficiencia probatoria, pues las afirmaciones no tienen respaldo, tampoco la presunta vulneración de los derechos fundamentales, carga procesal que estaba en cabeza de la parte actora.

3.3. Ministerio del Interior.

El director de consulta previa de la referida cartera ministerial rindió informe sobre los hechos en términos similares a los demás accionados que se pronunciaron y pidió declarar la improcedencia de este mecanismo de amparo constitucional, en la medida en que se configuró el fenómeno de cosa juzgada, hecho superado e insuficiencia probatoria.

IV. LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante Sentencia de 17 de enero de 2018, negó el amparo del derecho fundamental deprecado. Por su parte, ordenó a Carbones El Cerrejón Limited para instale mesas de trabajo y de socialización con presencia activa de la comunidad de Chancleta Nuevo dentro de las cuales se concerte la modificación de la propiedad de horizontal a colectiva y proceda a dar solución frente al traslado de los restos mortales que reposan en el antiguo cementerio, bajo los siguientes argumentos:

«[…] 3.6.1. Del incumplimiento de los compromisos adquiridos en el contrato de cesión de posesión, compraventa de mejoras y transacción.

[…]

Tal y como es advertido por las entidades accionadas, las aseveraciones de los accionantes bajo el supuesto anteriormente descrito no encuentra sustento probatorio alguno dentro del plenario, especialmente la precariedad en la prestación de los servicios domiciliarios, pues aun cuando se comprobó la ocurrencia del incendio en la residencia de la señora MARTHA OROZCO OJEDA a través de los oficios del 25 de agosto, septiembre 16 y 29 de enero de 2014, no puede concluirse que la fluctuación de la luz esté relacionada con las instalaciones suministradas por Carbones del Cerrejón.

Por el contrario, Carbones de Cerrejón allegó con el respectivo informe los documentos que demuestran que el capital semilla fue entregado a los demandantes a través de distintas modalidades, que se suministró la asesoría para los proyectos productivos, la elaboración de las escrituras públicas, gestiones para el mejoramiento de las labores educativas y académicas al interior de la comunidad.

En cuanto al derecho fundamental al agua potable es importante advertir que como la sentencia T 256 - 15 dispuso una orden tutelar en torno a su protección, la desatención del fallo constitucional en ese sentido deberá ponerse en consideración del juez de tutela competente para que sea este que examine un eventual incumplimiento o desacato, lo que impide a esta Corporación emitir un pronunciamiento judicial al respecto.

Frente a la modificación de la propiedad de horizontal a colectiva, debe esclarecerse que la súplica no fue disentida por Carbones del Cerrejón al manifestar en su informe que si el deseo de la comunidad es adoptar el modelo de propiedad colectiva se encuentras dispuestos a hacer las modificaciones pertinentes, por lo que se dará la orden tutelar en ese sentido a fin de efectivizar su concreción, además, tendiendo en consideración lo dispuesto por el H. Consejo de Estado en un caso de similitud fáctica y jurídica al que ahora nos ocupa. Lo mismo habrá de puntualizarse en torno al traslado de los restos mortales que se encuentran en Chancleta viejo, pretensión que también fue aceptada pacíficamente por la entidad demandada.

En tan sentido, se ordenará a CARBONES DE CERREJÓN LIMITED para que un término no mayor a un (1) mes, contados a partir de la notificación de esta providencia, instale mesas de trabajo y de socialización con presencia activa de la comunidad de Chancleta Nuevo dentro de las cuales sea concertada la modificación de la propiedad de horizontal a colectiva, y proceda a dar solución frente al traslado de los restos mortales que reposan en el antiguo cementerio.

3.6.2. De la inclusión de nuevas familias en el proceso de consulta previa adelantado por mandato de la sentencia T -256-15.

Al respecto debe advertirse, tal y como lo ha hecho esta Corporación en anteriores pronunciamientos, que pese considerarse la pertenencia de los accionantes a la comunidad afro descendiente de Chancleta lo cierto es que las mismas no fueron inmiscuidas, identificadas e incluidas en la sentencia T-2^56/15, para ser parte del proceso de Consulta Previa llevado a cabo durante el año 2016.

Sobre el particular, es imperioso acotar que del análisis de los fallos de tutela emitidos en torno a la conculcación del derecho a la consulta previa de los miembros de las comunidades afrodescendientes de Patilla y Chancleta se tiene que, en efecto, existe un pronunciamiento que hace tránsito a cosa juzgada constitucional […]

Así mismo se itera que la cosa juzgada exige que se presente la identidad de partes, jurídica más no física, según lo visto en los referentes jurisprudenciales examinados en acápites precedentes.

En suma, el Tribunal considera operante el fenómeno de la cosa juzgada constitucional al existir un pronunciamiento judicial dentro de un trámite tutelar guarda identidad de partes, causa y objeto con el caso presente, que además fue seleccionado en sede de revisión por el máximo Tribunal Constitucional, y delimitó con suficiencia no solo las medidas de protección tendientes a materializar el derecho fundamental a la consulta previa de los integrantes de la comunidad de Chancleta, desplegando las órdenes judiciales consecuentes, sino que también expresamente definió las personas que serían destinatarias de la medida a través de su identificación plena.

Si los habitantes de Chancleta nuevo consideraron que correspondía su inclusión en el proceso de consulta previa a pesar de haber realizado una antelada negociación con Carbones de Cerrejón en virtud de las cuales suscribieron contratos de cesión, debieron promoverse las aclaraciones y adiciones consecuentes respecto de la sentencia de tutela emanada de la H. Corte Constitucional.

En el mismo sentido, es oportuno definir que las inconformidades argüidas en esta oportunidad frente a los elementos que sirvieron de base para la delimitación del grupo étnico objeto de consulta - inventario de activos, levantamiento topográfico y censo poblacional-, así como su exclusión de las accionantes del grupo de beneficiarios con la medida, debieron formularse dentro del trámite tutelar primigenio por virtud del cual ya se encuentran adelantadas las gestiones y trámites relacionados con el procedimiento que fue ordenado por la H. Corte Constitucional. Es decir, en tal escenario deberán hacer valer el derecho que exigen y solicitarse las inclusiones que ahora se deprecan.

Ahora bien, los demandantes aducen que conforme a la sentencia dictada por el H. Consejo de Estado en torno al proceso de reasentamiento de la comunidad de Roche, donde se ampararon los derechos a la igualdad, debido proceso y consulta previa de quienes vendieron sus viviendas y los derechos sobre el lote a la empresa minera y fueron excluidos de los beneficios que dentro del programa de reasentamiento iniciado desde el año 2003, se hagan extensivos, en esta ocasión, los beneficios adquiridos por quienes han participado de la consulta ordenada en la sentencia T-256 de 2015 en la comunidad de Chancleta y sean equiparadas las indemnizaciones y compensaciones, atendiendo al principio de igualdad.

En dicha ocasión, el máximo órgano de lo contencioso administrativo ordenó se iniciara un "proceso de consulta previa con la comunidad de negros afrodescendientes del caserío de Roche del municipio de Barrancas, departamento de La Guajira, en el que, conforme a los lineamientos fijados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, se incluyera a los pobladores que vendieron sus derechos a Intercor y a Carbones del Cerrejón desde el año 1997, cuando se inició el proceso de reasentamiento, proceso en el cual se evaluarán y definieran las medidas que deban adoptarse para que los beneficios, compensaciones e indemnizaciones sean otorgadas a todos integrantes de la comunidad que habitó el caserío de Roche consultando el principio de igualdad".

Sobre el particular, debe advertirse que los hechos que dieron lugar al pronunciamiento del H. Consejo de Estado discrepan de los que se plantean en la presente acción constitucional puesto que los vendedores de los terrenos ubicados en Roche no fueron objeto de las medidas de reasentamiento, mucho menos de las compensaciones contempladas en los contratos de cesión y la aplicación de las políticas allí descritas, es decir, habían sido excluidos por completo de los anteriores beneficios. En este caso - comunidad de Chancleta - los accionantes sí fueron reubicados, percibieron compensaciones y fueron beneficiados con las diversas políticas ampliamente descritas.

Luego entonces y ante la disparidad de los hechos examinados en el pronunciamiento del H. Consejo de Estado y los que ahora se analizan, no resulta aplicable la jurisprudencia reseñada.

Con todo, a juicio de esta Sala no puede aplicarse el referente jurisprudencial descrito y ordenar la inclusión de nuevas familias dada la intangibilidad de la que está revestida la sentencia emanada de la H. Corte Constitucional por virtud del principio de la cosa juzgada, la que se insiste, delimitó e identificó expresamente los destinatarios de la consulta, sin que hubiere habilitado la posibilidad de que esta se extendiera para aquellas personas que habían sido reasentadas antes de la orden tutelar. […]».

V. LA IMPUGNACIÓN

El apoderado judicial de la parte actora impugnó el fallo de 17 de enero de 2018, proferido por el Tribunal Administrativo de La Guajira, con los siguientes argumentos:

• Para la época en que se suscribieron los contratos entre los reasentados y El Cerrejón, esta última ejerció su posición dominante para desterrarlos, advirtiéndoles que en todo caso aplicaría la figura de la expropiación.

• Los hechos y pretensiones que dan origen a la presente acción de tutela son totalmente distintos a los aducidos en la Sentencia T-256 de 2015 por la Corte Constitucional, pues aquella protección estaba encaminada a garantizar los derechos de los habitantes de Chancleta Viejo que aún permanecen allí a diferencia de quienes conforman la parte actora en esta oportunidad que, para la época del mencionado fallo, ya habían abandonado su territorio.

• En el contrato suscrito entre las partes se pactó una cláusula en la que se les garantizaba el mejoramiento de sus condiciones en caso de existir otros residentes con mayores prebendas y compensaciones, razón por la cual insisten en la inexistencia de cosa juzgada y discriminación respecto a los beneficiarios de la Sentencia T-256 de 2015, circunstancias que, a su juicio, el juez de tutela debió revisar para procurar el cumplimiento de la obligación.

• Afirma que la decisión judicial cuestionada causa confusión, según su dicho, al afirmar que los accionantes como habitantes de Chancleta Nuevo no fueron beneficiados de la Sentencia T-256 de 2015 en lo relacionado al derecho al agua potable, pero, sin embargo, afirma que pueden presentar un desacato por incumplimiento del fallo judicial.

• Explicaron que es un error por parte del a quo concluir que el incendio ocurrido en uno de los inmuebles no estaba relacionado con las instalaciones suministradas por la empresa El Cerrejón, pues el cuerpo de bomberos ha recomendado una revisión por el personal idóneo en atención a que la fluctuaciones de energía solo se han presentado en Chancleta Nuevo.

• Finalmente, expresó que la Corte Constitucional en asuntos en los que algunas personas que se encuentran en idénticas condiciones a aquellos que fueron objeto de amparo y que no incoaron acción de tutela, ha dado efectos inter comunis a sus pronunciamientos y que tal regla debe aplicar en el presente asunto.

VI. CONSIDERACIONES

Atendiendo a los argumentos expuestos en el recurso de alzada y a las pruebas que obran en el expediente, se decidirá el asunto sometido a consideración, en el siguiente orden: (i) la competencia para decidir el recurso de amparo; (ii) la determinación del problema jurídico; (iii) la procedencia de la acción de tutela; (iv) el derecho a la consulta previa; (v) el derecho a la igualdad; y (vi) el caso concreto.

6.1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto estipula que « […] Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]», esta Sala es competente para conocer la impugnación interpuesta contra el fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo de La Guajira, el día 17 de enero de 2018.

6.2. Problema Jurídico.

Conforme a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación, la Sala advierte que el asunto sub judice contiene los siguientes problemas jurídicos a resolver:

Determinar si se configuró el fenómeno jurídico de cosa juzgada en relación con la Sentencia T-256 de 2015, proferida por la Corte Constitucional, en caso contrario, establecer si las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales de consulta previa, debido proceso, igualdad, educación, recreación, agua potable, dignidad humana y salud de los miembros de la comunidad afro descendiente de Chancleta Nuevo.

Para resolver si existió la vulneración mencionada, se estudiarán los diferentes supuestos por los cuales la parte actora considera afectadas sus garantías ius fundamentales, tales como:
• La configuración del fenómeno de cosa juzgada en el presente asunto y los efectos de las sentencias emitidas por la Corte Constitucional y los correspondientes a la Sentencia T-256 de 2015.

• La posibilidad de realizar una consulta previa con los habitantes de Chancleta Nueva o su inclusión en la ordenada por la Corte Constitucional en la Sentencia T-256 de 2015.

• Abuso de la posición dominante de la empresa El Cerrejón al momento de suscribir los contratos de cesión de la posesión de inmuebles y cumplimiento de las cláusulas fijadas en el mismo.

• El derecho fundamental al agua potable, el amparo otorgado por la Sentencia T-256 de 2015, proferida por la Corte Constitucional, y la posibilidad de exigirlo a través de un incidente de desacato.

6.3. Del fenómeno de cosa juzgada en la acción de tutela.

La acción de tutela [al constituirse en un mecanismo efectivo de defensa judicial de los derechos constitucionales] cuenta con un procedimiento -que si bien es sumario- garantiza el desarrollo de una actividad dotada de todas las posibilidades de defensa para los involucrados, llegando –en todos los casos- al conocimiento de la Corte Constitucional, a quien se le confió la guarda y supremacía de la Carta Magna y ante quien opera un proceso de selección cuya decisión, en todo caso, le imprime a las providencias de las instancias fuerza de cosa juzgada constitucional.

En este sentido, entonces, el uso de la acción de tutela debe ser racionalizado y atender al hecho de que una vez resuelto el caso por un Juez constitucional, éste no puede ser puesto en conocimiento -bajo los mismos supuestos y con idénticas pretensiones y partes- ante otra autoridad, pues ello implicaría un quebrantamiento del principio de la cosa juzgada constitucional. Bajo esta óptica, entonces, el artículo 38 del Decreto 2591 de 1992 establece:

“[…] Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar […]». (Subrayas fuera del texto).

Sin embargo, no es suficiente presentar una acción de amparo más de dos veces ante varios despachos judiciales para que se configure la actuación temeraria, ya que deben concurrir una serie de requisitos establecidos por la jurisprudencia de la referida corporación, de la siguiente manera:

“[…] Para deducir que una misma demanda de tutela se ha interpuesto varias veces, con infracción de la prohibición prevista en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, es indispensable acreditar: (i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones de tutela se dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo sujeto en su condición de persona natural, ya sea obrando a nombre propio o a través de apoderado judicial, o por la misma persona jurídica a través de cualquiera de sus representantes legales. (ii) La identidad de causa petendi, o lo que es lo mismo, que el ejercicio simultáneo o sucesivo de la acción se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa. (iii) La identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen la satisfacción de una misma pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho fundamental. (iv) Por último, y como se dijo anteriormente, a pesar de concurrir en un caso en concreto los tres (3) primeros elementos que conducirían a rechazar la solicitud de tutela, el juez constitucional tiene la obligación a través del desarrollo de un incidente dentro del mismo proceso tutelar, de excluir la existencia de un argumento válido que permita convalidar la duplicidad en el ejercicio del derecho de acción […]»

De lo expuesto, se concluye que los jueces de tutela deben verificar cuidadosamente los citados requisitos partiendo de la presunción de buena fe del accionante, pues no es suficiente con el cumplimiento formal de los mismos, sino que se hace necesario examinar las razones por las cuales se interponen las demandas y evaluar si los motivos están plenamente justificados y, de esta manera, determinar la existencia de una actuación temeraria.

• Para resolver el problema jurídico planteado es necesario precisar que la Corte Constitucional, a través de sentencia T-256 de 2015 ordenó al Ministerio del Interior que adelantara proceso de consulta previa, por la afectación generada por la explotación de carbón a cielo abierto ejecutada por la empresa Carbones del Cerrejón Limited en los corregimientos de Patilla y Chancleta, incluyendo dos familias indígenas Wayuu que se encuentran asentadas en los referidos territorios.

Lo anterior por cuanto las colectividades reseñadas sí constituyen comunidades afro descendientes con identidad étnica y cultural a la cual debe preservársele su derecho constitucional de consulta previa, cuyo objeto es entrar en un proceso de diálogo y concertación, en el cual se garantice una estrategia de enfoque diferencial conforme a las particularidades de la comunidad negra asentada en dichas tierras, respetando su auto reconocimiento, su identidad cultural, sus costumbres y procurando la conservación de su forma de vida y subsistencia rural.

En aquella oportunidad, el máximo tribunal de la jurisdicción constitucional se refirió a los integrantes de la comunidad, indicando que frente a ellos debía aplicarse la regla del consentimiento previo, libre e informado, en punto de la evaluación de los estudios de impactos ambientales, sociales y culturales derivados del proyecto, en la determinación de las medidas de prevención, mitigación y compensación, y en la elaboración de los instrumentos empleados para censar a la población afectada. Asimismo, su derecho a recibir compensaciones equitativas por las mayores cargas ambientales y sociales correspondientes.

En consecuencia, expuso que dentro del referido proceso de consulta previa se deberá tener en cuenta la participación de todas las familias que conforman la referida comunidad para lo cual identificó y delimitó el grupo étnico que participaría en el proceso de consulta previa, de tal manera que así lo hizo con base en la información suministrada por el apoderado judicial de los accionantes en ese trámite tutelar, debido a la solicitud realizada por la Corte Constitucional a través de auto del 17 de febrero de 2015, que se denominó «[…] Plena identificación de las familias que integran los caseríos de Chancleta y Patilla, ubicados en la jurisdicción de Barrancas, departamento de La Guajira […]».

Por su parte, en el sub examine, presuntamente, se trata de varios miembros pertenecientes a la comunidad afrodescendiente de Chancleta, los cuales hacen parte del sector denominado Chancleta Nuevo que surgió a raíz del reasentamiento voluntario que los mismos hicieran al suscribir contratos de cesión de la posesión y compraventa con la empresa Carbones del Cerrejón Limited, mucho antes de que la Corte Constitucional profiriera la Sentencia T-256 de 2015.

En este orden de ideas, contrario a lo afirmado por el a quo, se observa que si bien el caso concreto presenta identidad de causa y objeto, en atención a que las circunstancias que originan el reclamo constitucional formulado son idénticas a las que fueron objeto de estudio por la Corte Constitucional, es decir, la explotación minera a cielo abierto que lleva a cabo la empresa El Cerrejón Ltda., así como, los derechos fundamentales invocados en su generalidad tales como vida digna, consulta previa, educación, salud, recreación y deporte, y acceso al agua potable, además de las pretensiones expuestas encaminadas a la obtención del consentimiento previo en relación con la evaluación de los estudios de impactos ambientales, sociales y culturales derivados del proyecto, determinación de las medidas de prevención, mitigación y compensación, y su derecho a recibir compensaciones equitativas por las mayores cargas ambientales y sociales correspondientes.

No obstante, no es posible asegurar lo mismo en cuanto a la identidad de partes, esto en la medida que aun cuando se podría entender que se trata prácticamente de las mismas autoridades accionadas el referirnos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio del Interior – Dirección de Consulta Previa y la empresa Carbones del Cerrejón Limited, no resulta ser lo mismo respecto a los accionantes, en razón a que estos hacen parte de aquellos habitantes de Chancleta que accedieron a su reubicación en lo que se denominó Chancleta Nuevo.

Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta que no es posible referirse a una unidad jurídica de partes, en tanto la misma Sentencia T-256 de 2015 limitó sus efectos a los habitantes de Chancleta que presentaron la acción de tutela objeto de análisis en aquella oportunidad, por lo tanto carecen de legitimación por activa para exigir su cumplimiento.

Así las cosas, es evidente que en este asunto no se configura el fenómeno de cosa juzgada en relación con la Sentencia T-256 de 2015, proferida por la Corte Constitucional, razón por la cual resulta procedente el estudio de fondo de la controversia planteada como a continuación se hará.

6.4. De los efectos de las Sentencias de la Corte Constitucional.

De otro lado, en atención a que la parte accionante en el recurso de impugnación interpuesto alegó que la Sentencia T-256 de 2015, proferida por la Corte Constitucional, debe aplicarse a su situación particular, otorgándole efectos inter comunis, es menester efectuar las siguientes consideraciones.

Al respecto, debe manifestarse que la competencia para modular los efectos de sus fallos radica exclusivamente en la Corte Constitucional. De manera que por regla general los efectos de sus fallos son erga omnes cuando realiza el control constitucional sobre normas de rango legal; y, son inter partes en los eventos en los que se pronuncia sobre acciones de tutela.

No obstante, debe resaltarse que la jurisprudencia de la mencionada Corporación Judicial ha indicado que aquella puede modular los efectos de sus fallos en consideración a la mejor posibilidad de protección de los derechos fundamentales y en salvaguarda de la supremacía de la Constitución. Sobre el tema, en Sentencia SU- 783 de 2003, la Corte Constitucional, sostuvo:

«[…] Según el artículo 1° del decreto 2591 de 1991 “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,.... la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales..”  El artículo 10 del mismo decreto al hablar de la legitimidad para instaurar la acción, la limita a “... cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará  por sí misma o a través de representante”.  De lo anterior se deduce, a primera vista, que el efecto del fallo de tutela proferido en instancia es “inter partes”.

Sin embargo, el inciso final del artículo 24 del decreto 2591 de 1991 permite lo siguiente:

“El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para evitar la repetición de la misma acción y omisión”.

Es por eso que en ocasiones se hacen llamados a prevención. Esta facultad puede ser utilizada por el juez de instancia y el juez de revisión, pero no se puede confundir con un “efecto erga omnes”.

Empero, tratándose de una sentencia de revisión de la Corte Constitucional, la situación es diferente porque la Corporación, como guardiana de la Constitución, puede ir más allá del simple efecto inter partes y de los llamados a prevención por lo siguiente:

a.  El interés principal de la revisión es el de unificar la jurisprudencia y dar pautas en la defensa de los derechos fundamentales, por eso, cuando hay modificación de un criterio jurisprudencial la determinación debe tomarse por Sala Plena. Por la misma razón todos los jueces deben respetar la posición que la Corte adopte porque sería un absurdo que la jurisprudencia sólo incidiera en las decisiones de la propia Corte Constitucional y no de la totalidad de los integrantes de la jurisdicción constitucional. […]».

Así, la Corte Constitucional ha proferido fallos con efectos: i) inter partes que son las que vinculan exclusivamente a las partes del proceso; ii) inter pares en las que establece que la regla decisional utilizada en el asunto analizado debe aplicarse a todos los demás casos similares; iii) inter comunis según las cuales sus efectos benefician a todos aquellos que no formaron parte del proceso, si comparten circunstancias comunes con los peticionarios; y, finalmente, iv) están las que declaran un estado de cosas inconstitucional, con las que ordena la adopción de políticas y programas beneficiosos para aquellas personas que no han interpuesto la respectiva acción de tutela.

En este orden de ideas, en atención a las consideraciones realizadas previamente, debe indicarse a la parte actora que no es posible acceder a su petición de dar efectos inter comunis, pues tal competencia solo está en cabeza de la Corte Constitucional.

6.5. Procedencia de la acción de tutela para procurar el amparo de ius fundamentales cuya vulneración proviene de la afectación de derechos colectivos.

En cuanto al tema objeto de estudio debe recordarse que el Decreto 2591 de 1991, en su artículo 6°, delineó el derrotero a seguir en tratándose de la procedencia de este mecanismo constitucional en diferentes eventualidades relacionadas con situaciones que implican la infracción de derechos colectivos, de la siguiente manera:

«[…] Artículo 6o. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
[…]
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable. […]».

En vista de lo anterior, se observa que la norma establece por regla general que la acción de tutela no es procedente para la protección de derechos colectivos, sin embargo, contempla una situación excepcional que habilita su viabilidad en el entendido de que el compromiso de intereses colectivos afecte los derechos fundamentales cuya vulneración se reclama.

De tal manera, la Corte Constitucional se ha pronunciado respecto al tema para establecer unos requisitos que deben confluir para hacer procedente el amparo de tutela, tal como lo hace en la sentencia SU-1116 de 2001 que consideró:

«[…] Para que la tutela proceda y prevalezca en caso de afectación de un interés colectivo, es necesario (i) que exista conexidad entre la vulneración de un derecho colectivo y la violación o amenaza a un derecho fundamental, de tal suerte que el daño o la amenaza del derecho fundamental sea "consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho colectivo". Además, (ii) el peticionario debe ser la persona directa o realmente afectada en su derecho fundamental, pues la acción de tutela es de naturaleza subjetiva; (iii) la vulneración o la amenaza del derecho fundamental no deben ser hipotéticas sino que deben aparecer expresamente probadas en el expediente. Y (iv) finalmente, la orden judicial debe buscar el restablecimiento del derecho fundamental afectado, y "no del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su decisión resulte protegido, igualmente, un derecho de esta naturaleza." La entrada en vigor de una regulación completa y eficaz sobre acciones populares implica que, fuera de los cuatro requisitos señalados en el fundamento 4º de la presente sentencia, para que la tutela proceda en caso de afectación de un derecho colectivo, es además necesario, teniendo en cuenta el carácter subsidiario y residual de la tutela, que en el expediente aparezca claro que la acción popular no es idónea, en concreto, para amparar específicamente el derecho fundamental vulnerado en conexidad con el derecho colectivo, por ejemplo porque sea necesaria una orden judicial individual en relación con el peticionario. […]»

En materia de la conexidad entre derechos colectivos y fundamentales para viabilizar la protección invocada, el tribunal de cierre de la jurisdicción constitucional, a través de sentencia T-222 de 2008, sostuvo:

«[…] Esta Corporación en reiterada jurisprudencia ha sostenido, que en principio, la acción de tutela no procede para la protección de derechos colectivos, pues la Constitución ha previsto en su artículo 88 que este tipo de derechos podrán ser protegidos por las acciones populares, reguladas en la ley 472 de 1998.

Al entrar en vigencia la Ley 472 de 1998, la acción de tutela se convirtió en un mecanismo subsidiario para la protección de los derechos colectivos y su procedencia se torna, en estos casos, excepcional, razón por la cual la Corte ha sostenido que los juzgadores deben ser especialmente cuidadosos al comprobar el requisito de conexidad con la afectación de derechos fundamentales. En este sentido se pronunció la sentencia T-1451 de 2000:

“(…) la ley 472 de 1998 viene a unificar términos, competencia, procedimientos, requisitos para la procedencia de la acción popular, en aras de lograr la protección real y efectiva de los derechos e intereses colectivos y, con ellos, de los derechos fundamentales que puedan resultar lesionados mediante la afectación de un derecho de esta naturaleza. Es así como en esta ley se consagra la facultad de juez de conocimiento para adoptar medidas cautelares una vez admitida la acción, con el objeto de prevenir un daño inminente o cesar los que se hubieren causado (artículo 25) para celebrar pactos de cumplimiento para la protección inmediata y concertada de los derechos colectivos afectados, pacto que se constituye en una sentencia anticipada (artículo 27); se fijan términos perentorios para la práctica de pruebas y la adopción de un fallo definitivo, etc.

Se hace necesario, entonces, que los jueces analicen con sumo cuidado los casos sometidos a su conocimiento para determinar si la acción procedente es la acción consagrada en la ley 472 de 1998 o si es la acción de tutela, pues ésta tiene que conservar su naturaleza de mecanismo subsidiario al que debe recurrirse únicamente cuando esté demostrado que, a través del ejercicio de la acción popular, no sea posible el restablecimiento del derecho fundamental que ha resultado lesionado o en amenaza de serlo por la afectación de un derecho de carácter colectivo. Para el efecto, entonces, se hará necesario demostrar que, pese a haberse instaurado la acción popular, ésta no ha resultado efectiva para lograr la protección que se requiere. Igualmente, se podrá hacer uso de la acción de tutela como mecanismo transitorio mientras la jurisdicción competente resuelve la acción popular en curso y cuando ello resulte indispensable para la protección de un derecho fundamental.”(Subrayado fuera del texto original). […]»

En síntesis de lo anterior, la Corte Constitucional, recientemente, profirió la sentencia T-099 de 2016 en la que recogió el criterio sentado por esa corporación en varios pronunciamientos precisando algunos supuestos relacionados con la subsidiariedad de la misma en asuntos como el que es objeto de debate, de tal forma concluyó:

«[…] Ahora bien, una de las derivaciones del principio de subsidiariedad, es la improcedencia de la acción de tutela para proteger derechos colectivos, pues en principio, éstos deberían ser salvaguardados por las acciones contenidas en el artículo 88 de la Constitución (populares o de grupo) y no por la acción de tutela. Dicho artículo establece la acción popular como la herramienta idónea para la protección de los derechos e intereses colectivos.  Al tratarse de un marco constitucional de protección distinto, el Legislador dotó a cada una de ellas de un procedimiento especial, y de un juez natural propio.

El artículo 88 Superior, desarrollado en el artículo 2° de la Ley 472 de 1998 señala precisamente que las acciones populares: “(…) [s]on los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos. Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos o intereses colectivos o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”.

Sin embargo, en los primeros pronunciamientos de esta Corporación, se definió que aunque se tratara de una afectación a un derecho colectivo cuya protección debiera perseguirse por la vía de la acción popular, la acción de tutela podría resultar procedente, si estaba de por medio, además, la vulneración o amenaza de un derecho fundamental del accionante que tenga una relación de causalidad existente e inescindible entre la acción u omisión que afecta el interés colectivo y su propia circunstancia. En tales condiciones, procede la protección del derecho personal afectado o amenazado, aunque, al protegerlo, se beneficie o favorezca a la comunidad. […]».
En el presente asunto, es procedente el análisis del reclamo constitucional planteado, en atención a que si bien los miembros de la comunidad afrodescendiente de Chancleta que hacen parte del grupo accionante en esta ocasión alegaron la vulneración de derechos colectivos como el medio ambiente sano y la salubridad pública, no se puede desconocer que los contornos que hacen parte de la situación expuesta permiten vislumbrar una, presunta, afectación de los mismos que incide en los derechos fundamentales invocados por una posible vulneración e inclusive la amenaza de un perjuicio irremediable se cierne sobre los mismos, especialmente su salud.

Así mismo, es preciso indicar que es la operación de explotación minera a cielo abierto llevada a cabo por la empresa El Cerrejón Limited la que está generando una perturbación de sus derechos a la vida digna, Consulta previa libre e informada, debido proceso, igualdad, educación, recreación y deporte, acceso a agua potable, dignidad humana y salud, de tal forma, como ya se dijo, si bien sería la acción popular para determinar si la mencionada sociedad y las autoridades accionadas están incurriendo en un desconocimiento de derechos colectivos, resulta evidente que de estos últimos se desprende la vulneración de ius fundamentales que amerita un pronunciamiento del juez de tutela que busque su amparo antes que el de cualquier garantía colectiva.

6.6. Del derecho fundamental de participación y su enfoque en relación con el medio ambiente.

La Constitución Política tal prerrogativa de orden fundamental en su artículo 2.°, de la siguiente manera:

«[…] Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. […]».

Al respecto, en Sentencia C-180 de 1994, la Corte Constitucional como guardián de la norma fundamental se pronunció respecto a la participación de los ciudadanos en procesos que afectan su vida, como a continuación se observa:

«[…] El principio de participación democrática expresa no sólo un sistema de toma de decisiones, sino un modelo de comportamiento social y político, fundamentado en los principios del pluralismo, la tolerancia, la protección de los derechos y libertades así como en una gran responsabilidad de los ciudadanos en la definición del destino colectivo. El concepto de democracia participativa lleva ínsita la aplicación de los principios democráticos que informan la práctica política a esferas diferentes de la electoral. Comporta una revaloración y un dimensionamiento vigoroso del concepto de ciudadano y un replanteamiento de su papel en la vida nacional. No comprende simplemente la consagración de mecanismos para que los ciudadanos tomen decisiones en referendos o en consultas populares, o para que revoquen el mandato de quienes han sido elegidos, sino que implica adicionalmente que el ciudadano puede participar permanentemente en los procesos decisorios no electorales que incidirán significativamente en el rumbo de su vida. Se busca así fortalecer los canales de representación, democratizarlos y promover un pluralismo más equilibrado y menos desigual. La participación concebida dentro del sistema democrático a que se ha hecho referencia, inspira el nuevo marco sobre el cual se estructura el sistema constitucional del Estado colombiano. Esta implica la ampliación cuantitativa de oportunidades reales de participación ciudadana, así como su recomposición cualitativa en forma que, además del aspecto político electoral, su espectro se proyecte a los planos de lo individual, familiar, económico y social. […]».

Por su parte, en el ámbito de construcción de obras públicas de gran envergadura que tienen incidencia en el medio ambiente, el derecho de participación se encuentra consagrado en el artículo 79 de la Constitución Política, frente al cual el máximo órgano de la jurisdicción constitucional, a través de la Sentencia T-348 de 2012, sostuvo:

«[…] En síntesis, el derecho a la participación de la comunidad en el diseño y ejecución de megaproyectos, es un derecho autónomo que se encuentra reconocido por la Constitución Política y la jurisprudencia de esta Corporación, y adquiere un carácter instrumental en el marco de la ejecución de megaproyectos que implican la intervención del medio ambiente, en la medida en que sirven para realizar diagnósticos de impacto adecuados y diseñar medidas de compensación acordes con las calidades de las comunidades locales que se verán afectadas. El derecho a la participación de comunidades que no son titulares del derecho fundamental a la consulta previa, debe garantizarse por medio de espacios de información y concertación, en los que se manifieste el consentimiento libre e informado de la comunidad que se verá afectada, con el fin de establecer medidas de compensación eficientes. […]».

6.7. El derecho a la consulta previa en materia ambiental.

El derecho a la consulta previa se encuentra consagrado en el artículo 2 de la Carta Política, en concordancia con el 7 y el 40 y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, el cual estableció en su artículo 6 que los gobiernos deberían:

«[…] a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;

establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. […]»

Además, en su artículo 7 estipuló que:

«[…] 1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.

Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.

3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. […]».

Frente a la incorporación de tal normatividad a la legislación interna, debe recordarse que:

«[…] (i) El Convenio 169 de la OIT hace parte del bloque de constitucionalidad y por tanto el mandato constitucional que ordena la consulta previa debe interpretarse tomando en consideración lo establecido por el mencionado Convenio, tal y como lo ordena el artículo 93 de la Carta, que señala que los derechos constitucionales deben ser interpretados de conformidad con los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia. […]»

Por lo anterior, las comunidades étnicas tienen derecho a decidir sobre las medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlas. Por lo que deben ser consultadas sobre la realización de las actividades que se pretendan realizar dentro de su territorio, buscando de esta forma proteger su integridad cultural, social y garantizar así el derecho a la participación.

Es oportuno resaltar que la consulta no implica sólo un trámite informativo y que no debe limitarse a una simple reunión con las comunidades étnicas. El gobierno debe propender para desarrollar de la mano de las mismas, un proceso en el que se conecten los diversos diálogos de saberes y de esa forma lograr una sincronía en cuanto a los planes a implementar, respetando en todo momento sus valores y prácticas.

Ahora bien, en la citada Sentencia T-348 de 2012, la Corte Constitucional consideró lo siguiente respecto a la consulta previa de comunidades étnicas en materia ambiental:

«[…] En relación con el derecho a la alimentación, las comunidades que se dedican a las economías tradicionales de subsistencia, en su mayoría rurales, se han enfrentado, por un lado, a un gran crecimiento y tecnificación de la industria de producción de alimentos, y por otro, a la exploración y explotación de recursos naturales para la realización de macroproyectos. Las dos situaciones ha ocasionado un detrimento en las prácticas tradicionales de agricultura y/o acuicultura provocando el aislamiento del oficio y producción de comunidades tradicionales del mercado de alimentos, y con ello, la afectación de las economías tradicionales de subsistencia.

Esta situación ha generado que los Estados deban encaminar la modernización y tecnificación de la industria, preservando a las comunidades de producción tradicional de alimentos, toda vez que el hecho de no garantizar la protección de su oficio, implica poner en riesgo su seguridad alimentaria. Así, el desarrollo sostenible debe ir en armonía no sólo con una planificación eficiente sobre la explotación de los recursos naturales para preservarlos para las generaciones siguientes, sino que también debe contar con una función social, ecológica y acorde con intereses comunitarios y la preservación de valores históricos y culturales de las poblaciones más vulnerables. […]».

6.7.1. Criterio de la Corte Constitucional en lo relacionado con el traslado, reubicación y derechos de las comunidades afectadas por proyectos de explotación a gran escala.

Al respecto, el máximo órgano de la jurisdicción constitucional, a través de la Sentencia T-256 de 2015 efectuó una acuciosa síntesis y reiteración del criterio asumido en tales eventualidades para lo cual se extraen los aspectos más relevantes que resultan pertinentes para el estudio de la controversia planteada en el sub lite, como se observa a continuación:

«[…] Las actividades relacionadas con programas de ejecución de proyectos hidroeléctricos, extractivos, industriales y de transporte, sólo son realizables si se reubica a los habitantes de las tierras requeridas para el proyecto, lo cual puede generar la pérdida de fuentes de ingresos, como tierras agrícolas, cría de amínales de corral, la caza y otros recursos de producción, los cuales deben ser reemplazados.

Dentro del proceso de traslado y reubicación las empresas tienen la obligación de proveer medios alternativos de subsistencia que sean igualmente productivos, con el fin de que los habitantes de las comunidades afectadas puedan reconstruir sus vidas y consolidar una estabilidad económica. Lo anterior, por cuanto se pueden perder bienes inmateriales y tradiciones culturales de los pueblos por el impacto generado al cambiar de territorio, entendido éste como “el lugar donde se plasma una historia de la ocupación”.

25. En los casos en que el traslado y la reubicación se considere necesario, se deberá asegurar a la población todas las oportunidades para que su calidad de vida mejore, o se restaure en igualdad de condiciones a los niveles de habitabilidad que tenían antes del proyecto. Máxime, si se tiene en cuenta que toda reubicación de una comunidad determinada, produce impactos negativos sumamente significativos en la población afectada. Por lo anterior, durante la planeación, ejecución y evaluación del referido proceso se deben respetar y garantizar los derechos de participación, consulta y consentimiento previo, intercambio libre de información y resolución de quejas, entre otros.

[…]

La Organización Internacional del Trabajo, indica que la consulta debe hacerse de buena fe, con el objetivo de llegar a un acuerdo. Para lo cual, las partes involucradas deben establecer un dialogo que les permita encontrar soluciones adecuadas en un ambiente de respeto mutuo y participación plena, la consulta efectiva es aquella en la que “los interesados tienen la oportunidad de influir la decisión adoptada”. Esto significa una consulta real y oportuna. Resaltando la Organización que, una simple reunión informativa no constituye una consulta real; tampoco lo es una reunión celebrada en un idioma que los pueblos indígenas presentes no comprenden.

La Comisión de Expertos de la OIT, sostienen que una consulta apropiada es fundamental para alcanzar un diálogo constructivo y para la resolución efectiva de los diferentes desafíos asociados con la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y tribales.

Derecho a decidir las prioridades para el desarrollo

38. El artículo 7 del Convenio núm. 169 establece que los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho de “decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo económico, social y cultural”.

39. Las disposiciones del Convenio núm. 169 son compatibles con los preceptos de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Es así como, su artículo 3 establece que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de los pueblos indígenas y tribales, con el fin de asegurar que existen instituciones y mecanismos apropiados (artículo 33).

40. Aunado a lo anterior, el numeral 2 del artículo 16 del Convenio 169 de la OIT, establece que: “Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados”. (Resaltado fuera del texto original).

[…]

44. En relación con las comunidades negras y su reubicación como consecuencia de la explotación minera a gran escala, cabe destacar que esta Corporación se ha pronunciado de manera contundente en Auto 005 del 2009. En esta providencia, identificó como factores que inciden en el traslado de la población afrocolombiana, la exclusión estructural, las presiones generadas por procesos mineros y agrícolas considerados de gran escala y la deficiente protección jurídica de los territorios colectivos de las comunidades negras. Estas circunstancias llevaron a la Corte Constitucional, a ordenar en la citada providencia, el diseño participativo y la implementación de un plan de protección y atención de las comunidades, teniendo en cuenta los factores transversales y los riesgos específicos identificados, así como el desarrollo de un plan de caracterización de este territorio ancestral. […]».

6.8. Caso concreto.

6.8.1. Determinar si la empresa Carbones del Cerrejón Limited vulneró los derechos fundamentales a la consulta previa al realizar su reasentamiento en un territorio que no cumple sus expectativas en el que se respete su identidad cultural y su modo de vida, además de garantizarle unas condiciones mínimas de vida.

En cuanto a este cuestionamiento en el que el grupo accionante centra la mayoría de sus esfuerzos a través del reclamo constitucional formulado, la empresa El Cerrejón Limited encaminó el escrito de defensa a dilucidar cada uno de los cuestionamientos esbozados, aportando el acervo probatorio que respalda cada una de sus afirmaciones, de tal manera, explicó que el proceso de reubicación de Chancleta se hizo conforme los lineamientos de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, esto es, identificando los impactos respecto de las familias por efecto del reasentamiento y la compensación voluntaria asumida por Cerrejón frente a los mismos.

Así mismo, resaltó que el proceso de reasentamiento se ha surtido en debida forma y que contó con el consentimiento de la comunidad frente a la escogencia del predio y los términos de los contratos, además del acompañamiento de autoridades como el municipio y la personería de Barrancas, la realización de diversos talleres y concertaciones con los interesados. Al respecto, se refirió in extenso al procedimiento mencionado de la siguiente manera:

« […] En el año 2006 Cerrejón informó al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el inicio del proceso de reasentamiento con las comunidades, siguiendo los parámetros establecidos en la ficha de manejo ambiental PGS 07 Programa Manejo Afectaciones a Terceros e Infraestructura, en la cual se planteó el diseño y ejecución de un plan participativo de reasentamiento que contempló cuatro fases:

Fase I: Fortalecimiento del Capital Social.
Fase II: Diseño e Implementación del Plan Participativo del Reasentamiento.
Fase III: Ejecución del Plan participativo de reasentamiento.
Fase IV: Seguimiento y evaluación del Plan.

En el año 2006, se creó formalmente una mesa de concertación con participación de líderes comunitarios de Chancleta, la Alcaldía de Barrancas, la Personería Municipal y representantes de Cerrejón, para iniciar diálogos conducentes al reasentamiento de la Comunidad.

Durante el año 2008, la Alcaldía de Barrancas emite acto administrativo mediante Resolución 087, por medio del cual se precisan los parámetros y construcciones existentes en el Caserío de Chancleta, equivalente al corte que se define quienes son los poseedores y cuales los predios que se contemplaran para la continuidad del reasentamiento.

Luego de las concertaciones iniciales se llevó a cabo la escogencia del predio donde debería reubicarse la población de Patilla y Chancleta, en el año 2010, la Empresa oficializó la compra del predio, para lo cual firmó el acta en la que se escoge la finca Dios Vera como el sitio para el reasentamiento de la comunidad de Patilla, situado a 32 kilómetros del lugar original de Patilla, sobre la vía principal de Barrancas a Fonseca. Este fue un trabajo participativo de la comunidad, durante los meses de julio y noviembre del mismo año.

En concertación con la Comunidad y el acompañamiento de las autoridades municipales y Organismos de Control como la Personería Municipal de Barrancas, fue acordado lo siguiente:

• Definición y escogencia del predio (Dios Vera).
• Diseño participativo urbanístico en el nuevo sitio.
• Diseño participativo de la vivienda.
• Planificación de proyectos productivos.

Es de mencionar que El nuevo Chancleta cuenta con una infraestructura adecuada a las necesidades de los habitantes como parques, zonas verdes, plazas de eventos, colegio, iglesia, cementerio y zonas proindiviso que cumplen con el requerimiento de adecuar hectáreas para toda (sic) las familias que apoyaran el proceso productivo, todo ello construido por la Empresa.

[…] la Empresa dentro de un plan (sic) respuesta acordó con la comunidad la implementación de un plan de reasentamiento colectivo para los habitantes de Patilla y Chancleta, actividad que contó con la participación de la comunidad y el acompañamiento de las autoridades locales y de organismos de control como veedores del proceso, de este ejercicio, algunas familias decidieron por iniciativa propia excluirse, a su juicio porque les pareció más provechoso un traslado individual. Sobre este aspecto se recalca que no fueron excluidos por la Empresa, si no que voluntariamente no quisieron acogerse al reasentamiento colectivo.
Fue así como en el año 2007 en desarrollo de la Fase II Pre-Operativa: Plan participativo para el reasentamiento, se adelantaron tareas preliminares al diseño del Plan Participativo para el reasentamiento de las comunidades de Patilla y Chancleta, apoyados por la Corporación Antioquia presente, organización de gran experiencia en Colombia en el manejo de comunidades en procesos de este tipo y acompañados permanentemente por el Municipio de Barrancas, la Personería Municipal y organismos de control y representación ciudadana como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría Agraria, donde se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Levantamientos topográficos del perímetro total de cada caserío y de los predios y mejoras existentes: Desde el 4 de mayo hasta el 20 de julio se realizaron todas las tareas concernientes al levantamiento topográfico, inventario de activos y censo de la población. Para este trabajo se contó con la participación de la Junta de Acción Comunal, el Comité de Seguimiento Ciudadano y la Secretaría de Planeación Municipal y el aval de los representantes delegados de la Personaría, la Defensoría del Pueblo.

Dicho Comité de Seguimiento se organizó en la comunidad de Chancleta como ente de apoyo a la Corporación Antioquia Presente en el avance de las actividades tales como el censo y los levantamientos de predios.

En este proceso se resaltó el manejo participativo de las actividades y la devolución oportuna de resultados a la comunidad en asambleas generales donde asistieron poseedores residentes y no residentes y de forma particular por poseedores detallando las particularidades de su caso. Se contó con la participación permanente y activa de las autoridades del Municipio de Barrancas, de funcionarios de la secretaría de Gobierno y de la secretaría de Planeación, que son las directamente implicadas en el desarrollo del proceso, así como de la Personería Municipal.

Continuando con lo planeado y como parte integral del proceso, día 6 de diciembre de 2007, se iniciaron con la Lonja Inmobiliaria de Valledupar las actividades para los avalúos de predios y mejoras de ambos caseríos, presentando ante toda la comunidad asistente en reunión comunitaria la propuesta metodológica para los avalúos de predios y mejoras. Se aclararon inquietudes y se precisaron aspectos técnicos de los avalúos. A esta reunión asistieron tanto poseedores residentes como no residentes de los dos caseríos.

Complementario a los avances técnicos se adelantó un ciclo de capacitaciones en el tema de reasentamiento, donde se abordó toda la temática referente a este proceso: Marco teórico, marco jurídico, experiencias exitosas de reasentamiento en Colombia y fortalezas y debilidades de los procesos adelantados por Cerrejón, permitiendo llevar a un mejor nivel de conocimiento a la comunidad en lo que refiere a un reasentamiento y las oportunidades que se generan de este proceso como medida de mitigación de impacto por el desarrollo de un proyecto económico.

En el año 2008 se firmó el acto administrativo de Resolución de Corte de Construcciones de Patilla y Chancleta y se definió de manera concertada el sitio de reubicación de la comunidad de Chancleta.

Para esto se realizaron varios talleres con las familias reubicables de chancleta a fin de determinar los criterios a tener en cuenta para la selección del sitio de reasentamiento y características del predio a ser visitado.

En taller del 8 de septiembre de 2008, cuya acta se aporta, se establecieron finalmente estos criterios y características del predio a ser seleccionado como opción para ser visitado y posible sitio de reasentamiento.

En el punto 2 de la mencionada acta se observa que el predio de Dios Vera, terreno donde finalmente estos criterios y características del predio a ser seleccionado como opción para ser visitado y posible sitio de reasentamiento.

En el punto 2 de la mencionada acta se observa que el predio Dios Vera, terreno donde finalmente se hizo el reasentamiento, fue escogido por la Comunidad como una de sus opciones.

Igualmente, en documento de formalización del acuerdo colectivo por el cual las familias acreditadas e reubicación de la Comunidad de Chancleta con el apoyo de Cerrejón y el acompañamiento de la Alcaldía y la Personería Municipal de Barrancas, esta Comunidad reitera su voluntad de reubicarse en el nuevo sitio y define un diseño de vivienda mediante un proceso participativo y concertado entre las familias acreditadas a reubicación.

En acta No. 001 de 2008 de fecha 18 de noviembre de 2008, contentiva de la reunión final de escogencia del nuevo sitio de reasentamiento de la Comunidad de Chancleta, se puede evidenciar que la Comunidad fue la que escogió la finca Dios Vera, luego de haber sido visitada por sus miembros. [….]

Durante el año 2009 se realizaron los talleres sobre diseño participativo de vivienda, y urbanismo en Chancleta, haciendo especial énfasis en la infraestructura Educativa y de salud, para lo cual se contó con la presencia de funcionarios de la alcaldía de Barrancas y la gobernación de La Guajira.

Se realizaron 13 talleres participativos sobre el diseño de vivienda con las familias acreditadas a reasentamiento. Representantes de 31 familias firmaron el acuerdo definitivo.

En conclusión Cerrejón si definió, diseño y puso en ejecución un plan participativo de reasentamiento que contempló las fases a la que se hizo referencia, todas ya cumplidas.

Las condiciones para el reasentamiento no fueron impuestas de manera unilateral por Cerrejón, estas se construyeron de manera participativa y democrática con las comunidades a través de los diferentes talleres y reuniones de concertación efectuadas en las distintas etapas del proceso.
[…]
Como es lógico estas fases están integradas por diferentes actividades que por su complejidad e involucramiento de las autoridades locales, departamentales y nacionales requiere cierto tiempo para su desarrollo. […]».

Conforme al informe rendido por El Cerrejón y las pruebas aportadas, además de la normatividad y la jurisprudencia aplicables, aun cuando es la regla general la realización de un proceso de consulta previa de la comunidad afectada por obras de gran magnitud, no se puede desconocer que en el presente asunto se presentan particularidades como el hecho de que la población de Chancleta se dividió en dos grupos, a saber: 1. Aquellos que decidieron quedarse en el antiguo territorio de la comunidad de Chancleta, quienes iniciaron la acción de tutela que fue dirimida por la Corte Constitucional, a través de la Sentencia T-256 de 2015; y,

2. Los miembros del mencionado grupo afrodescendiente que optaron por reasentarse en el territorio de Chancleta Nueva.

En vista de lo anterior, es preciso aclarar que respecto al primero de los grupos mencionados el máximo órgano de la jurisdicción constitucional ordenó la realización de una consulta previa en el que se inmiscuyera a los miembros de esa comunidad para decidir sobre los aspectos relacionados con la explotación minera del territorio que ocupan y respecto de sus garantías fundamentales.

Por su parte, el grupo poblacional que conforma la parte accionante en esta oportunidad solicita, en virtud de su derecho a la igualdad, la inclusión en la consulta previa realizada, así como el beneficio de las órdenes dictadas por la mencionada providencia, sin embargo, los supuestos fácticos que diferencian a los mencionados impiden emitir un pronunciamiento favorable al reclamo formulado en sede amparo constitucional, en la medida en que la Corte Constitucional no dio un efecto inter pares o inter comunis al fallo mencionado.

Sumado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que en el presente asunto se llevó a cabo un procedimiento consensuado entre las partes, es decir, los miembros de la comunidad afrodescendiente de Chancleta que aceptaron su reasentamiento y la empresa El Cerrejón Limited., en el cual se garantizó el derecho a decidir y participar de los primeros. De tal manera, suscribieron los denominados “contratos de cesión de posesión de lote, compraventa de mejoras y transacción” en los que se acordaron aspectos angulares como el precio a pagar por la cesión de los terrenos que poseían, indemnizaciones y compensaciones, beneficios de vivienda, restablecimiento y generación de ingresos, manejo de animales, apoyos económicos para educación, vejez, dotación y adecuación de casa nueva, y otros apoyos.

Así mismo, se garantizó su intervención, así como la de las autoridades competentes, en cada una de las etapas del plan diseñado para realizar su reubicación, tales como: Fase I: Fortalecimiento del Capital Social, Fase II: Diseño e Implementación del Plan Participativo del Reasentamiento, Fase III: Ejecución del Plan participativo de reasentamiento, Fase IV: Seguimiento y evaluación del Plan.

En este orden de ideas, debe concluirse que el procedimiento mencionado y las condiciones acordadas guardan relación con la normatividad que busca la protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, en este caso afrodescendientes, ya que, al presentarse la afectación de sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, les permitieron decidir sus propias prioridades con el consentimiento dado libremente y con pleno conocimiento de causa.

6.8.2. Abuso de la posición dominante de la empresa El Cerrejón al momento de suscribir los contratos de cesión de la posesión de inmuebles y cumplimiento de las cláusulas fijadas en el mismo.

Al respecto, el grupo accionante afirmó que para la suscripción del contrato de cesión de posesión de lote, compraventa de mejoras y transacción en el año 2013 con el que la empresa carbones de Cerrejón Limited, ofreció una serie de beneficios y pagos a los miembros de la comunidad afro descendiente de Chancleta para que con sus respectivas pertenencias accedieran a su reubicación.

Sin embargo, se encuentran inconformes con el cumplimiento de algunas de las cláusulas fijadas en el mencionado documento, tales como el carácter discrecional de la entrega y limitación de la responsabilidad de la entidad, indicando que los programas que entregara Cerrejón estarían sometidos a su liberalidad, entre ellos, el capital semilla, situación que ha propiciado que los compromisos sean cumplidos al arbitrio de la empresa, en forma esporádica y deficiente.

De otro lado, alegaron que las viviendas entregadas para la reubicación estarían en óptimas condiciones, no obstante, las mismas no cuentan con los servicios públicos más elementales - gas natural, suministro de agua potable y energía eléctrica eficiente. Así como, el incumplimiento de los siguientes compromisos: i) construir una carretera para poder transportar y comercializar los productos que cultivara la comunidad, ii) la prestación de la asesoría y el acompañamiento necesario para el proyecto productivo durante el término pactado (4 años), iii) la entrega del capital semilla y las escrituras públicas de las viviendas para algunos de los miembros de la comunidad, iv) el beneficio o apoyo educativo para los jóvenes integrantes de Chancleta, v) asistencia nutricional, vi) la disposición de fondo rotatorio, vii) el traslado de los restos mortales ubicados en Chancleta Viejo.

Sumado a lo anterior, adujeron que la consagración de sus viviendas como propiedad horizontal contraría sus usos y costumbres, pues la comunidad afro descendiente debe estar regida por la propiedad colectiva; además, de que la comunidad afro descendiente de Chancleta no cuenta con un establecimiento educativo en el cual pueda impartirse la educación con enfoque diferencial, pues el colegio construido no cuenta con todos los grados escolares, no está dotado con suficiencia, ni cuenta con el personal docente capacitado.

Al respecto, resulta pertinente recordar que el artículo 86 de la Carta Política consagró la acción de tutela para reclamar ante los Jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resultaren vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública [o incluso de particulares bajo determinados supuestos]. A su turno, según lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, este mecanismo procede: (1) cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial eficaz e idóneo; o, (2) cuando teniéndolo, se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en cuyo caso surgiría esta acción como mecanismo alterno de protección [artículo 8º del Decreto 2591 de 1991].

La Corte Constitucional en Sentencia T-187 de 2010. M.P. Doctor Jorge Iván Palacio Palacio, manifestó que la acción de tutela es subsidiaria y, por tanto, no sustituye los mecanismos procesales ofrecidos por el ordenamiento jurídico para defender los intereses de los particulares. Al respecto, precisó que:

«[…] La acción de amparo es un mecanismo preferente y sumario que busca dar protección privilegiada a los derechos fundamentales de las personas cuando los mismos se vean amenazados por una autoridad pública con su acción u omisión y excepcionalmente cuando se vean  conculcados por un particular.
De igual manera la acción de tutela, por su naturaleza, opera de manera subsidiaria y residual, lo que implica que para su procedencia el accionante debe i) carecer de un mecanismo de defensa judicial o carezca de  eficacia o ii) estar ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable y el amparo se promueva como mecanismo transitorio. […]» (Subrayas fuera del texto).

Así pues, esta Sala de decisión debe precisar que este mecanismo de amparo constitucional no puede reemplazar los medios de defensa idóneos, de tal forma que si lo pretendido por la parte actora es exigir el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos que cada uno de ellos suscribió con la empresa El Cerrejón Limited., estos deben acudir ante la jurisdicción ordinaria a través de las acciones procedentes, es por tal motivo que esta acción de tutela es improcedente para tal fin.

Sin embargo, no se puede desconocer que el juez constitucional está en la obligación de verificar cada caso en particular con el fin de descartar la configuración de un perjuicio irremediable que pudiere ameritar un amparo transitorio, tal como a continuación se hará.

Al respecto, debe mencionarse que como respaldo de las afirmaciones realizadas en el escrito de tutela inicial, aportaron un folleto que la empresa El Cerrejón Limited llama “Reasentamiento Colectivo CHANCLETA Plan de Respuesta a Impactos – PRI julio 2012”, en el que se ilustran cada una de las condiciones acordadas y ofrecidas en el contrato suscrito entre las partes, y el “informe sobre los impactos socio ambientales a la comunidad de Chancleta reubicada al sur del municipio de Barrancas por la empresa Cerrejón” en el que se refieren a lo siguiente:

«[…] Este problema se ha evidenciado en La Guajira desde que comenzaron las exploraciones y explotaciones de carbón a mitad de los años setenta como solución a la crisis energética que se vivía en todo el mundo por la reducción en los suministros de petróleo. A partir de entonces, las comunidades indígenas y afrodescendientes que han habitado el territorio guajiro históricamente han sido impactadas por Cerrejón, en tanto su presencia ha significado la reorganización territorial, la contaminación de aire, agua y suelo, el desplazamiento forzado, afectaciones a la salud, problemas de hambrunas e inseguridad alimentaria, ruptura de saberes y conocimientos tradicionales como consecuencia de las transformaciones en la identidad cultural, y nuevos fenómenos de violencia […]

El trabajo de campo fue realizado entre el 23 y 30 de junio de 2017, y el propósito principal era identificar el contexto actual de la comunidad y los impactos sociales causados por el reasentamiento. En este sentido, se identificaron cinco aspectos principales que los habitantes de Chancleta compartieron a través de sus conversaciones: acceso y calidad del agua, formas tradicionales de producción, nuevas casas y servicios públicos, alteración de las redes sociales e identificación con el territorio.
[…]
La falta de participación en la toma de decisiones se ve reflejada en la inutilidad productiva del nuevo territorio, pues las condiciones no están adaptadas a la forma de vida que tenían en el lugar original; esto, entonces, tiene como consecuencia el hecho de que el acceso al agua no sea de buena calidad ni completo.
[…]
El hecho de que el agua no sea potable como lo estipuló el Cerrejón en sus negociaciones con la comunidad, ha afectado las economías familiares de la misma.
[…]
En segundo lugar, el no acceso al agua tiene una afectación directa y permanente sobre las formas de producción.
[…]
Oro de los aspectos a través del cual la comunidad ha sido impactada debido al cambio de territorio es que ellas y ellos ya no pueden ejercer sus formas económicas tradicionales.
[…]
De igual forma, los pobladores argumentan que uno de los puntos acordados con Cerrejón fue la construcción de vías de acceso que les permitieran sacar la producción que sería destinada a la venta; para esto, se harían locales frente a la carretera con el fin de tener un espacio comercial. Es menester decir que, frente a este aspecto, la inconformidad de la comunidad se debe a que ninguno de los dos compromisos se ha llevado a cabo por parte de la multinacional.
[…]
El traslado de las familias no ha sido homogéneo, Según relatan los pobladores, el reasentamiento comenzó hace cinco años y hasta hace seis meses, aproximadamente, se mudó la última familia. Este cambio de vivienda no ha satisfecho las expectativas que sembró Cerrejón durante las negociaciones: agua potable, gas por red y luz eficiente
[…]
El reasentamiento vivido por la comunidad ha significado una pérdida tanto en lo material como en lo emocional, ya que es una experiencia de despojo y abandono forzoso –en el sentido de que las personas son presionadas para vender- y altera las configuraciones sociales, las formas de habitar el territorio, las actividades productivas y la vecindad […]

El auge extractivista en Colombia ha sido el (sic) mayor causal de desplazamiento involuntario inducido por el desarrollo, pues las poblaciones que antes solían habitar las áreas con riqueza mineral, han sido desalojadas por las multinacionales en su afán por expandirse; así, esta expropiación de tierras ha conllevado a que las poblaciones deban buscar maneras alternativas de producir y reproducir sus vidas. En Colombia ha habido muchos casos donde la posición de la empresa está por encima de la posición de la comunidad, pues se privilegia la “necesidad” de expansión para seguir respondiendo a la economía global y se subordina la historia y las tradiciones de la comunidad a merced del desarrollo. […]».

De otro lado, la empresa El Cerrejón Limited. accionada en el presente asunto se refirió a cada uno de los argumentos expuestos por la parte actora en la respuesta brindada en la cual resultan pertinentes los siguientes apartes:

«[…] Sobre el concepto de liberalidad y discrecionalidad es de precisar que dichos términos son utilizados en los contratos, para expresar que los beneficios y programas sociales entregados a los beneficiarios, superan por mucho los impactos ocasionados por el reasentamiento, en este sentido, Cerrejón por mera liberalidad entregó mayores beneficios a los impactos identificados.

La finalidad del pacto de retroventa contenido en la cláusula tercera de la parte dos del contrato, no es otra que asegurar el tejido social a fin de evitar la dispersión de la comunidad, lo cual fue un objetivo común de los interesados en el proceso (parágrafo primero de la cláusula). Es de anotar que los cuatro (4) años para retrotraer la venta de la vivienda si el bien no era usado para habitación del beneficiario y su familia ya venció, luego a la fecha no existe tal limitación.

Finalmente en el hecho decimo se hace referencia a la entrega del capital semilla de $20.000.000 con destino a patrocinar proyectos productivos de los beneficiarios, monto que ya fue entregado por Cerrejón, a todos los beneficiarios conforme lo pactado en los contratos, circunstancia acreditada en la información contenida en actas de solicitud de desembolsos de capital semilla y comprobantes de desembolso que hacen parte del presente documento.
[…]
Con relación al servicio de energía eléctrica prestado por Electricaribe, Cerrejón construyó la infraestructura necesaria para tal fin.
[…]
Adicionalmente Cerrejón cancela el 100% del recibo de energía eléctrica absolutamente de todas las viviendas de Chancleta Nuevo (se adjuntan recibos pagados por la Empresa).

En cuanto al servicio de gas, cada casa cuenta con tanque de gas y se han adelantado gestiones con Gases de la Guajira para la instalación de redes que lleven el gas a las viviendas.

[…] los lotes proindiviso entregados a los beneficiarios para su cultivo y demás actividades agrícolas cuentan con carretera peatonal y vehicular que los conectan con la carretera peatonal y vehicular que los conecta con la vía nacional.

[…] el valor correspondiente al capital semilla de $ 20.000.000 con destino a patrocinar proyectos productivos de los beneficiarios, si fue entregado por Cerrejón a todos los beneficiarios conforme lo pactado en los contratos, circunstancia acreditada en la información contenida en actas de solicitud de desembolsos de capital semilla y comprobantes de desembolso que hacen parte del presente documento.

[…] Los accionantes afirman de manera general que no se les ha hecho entrega de las escrituras de las viviendas […] se aportan copia de las escrituras suscritas por los residentes reubicables en colectivo que fungen como accionantes en esta acción de tutela. […]»

Así, después de hacer alusión a los argumentos expuestos por las partes respecto al cumplimiento de las cláusulas pactadas en el contrato mencionado, se evidencia que si bien el grupo accionante manifestó algunas inconformidades, utilizando como prueba principal el “informe sobre los impactos socio ambientales a la comunidad de Chancleta reubicada al sur del municipio de Barrancas por la empresa Cerrejón”, también lo es que la empresa Cerrejón se refirió a todas y cada una de las mismas en la contestación presentada, aportando los documentos pertinentes para acreditar sus afirmaciones.

En todo caso, como en principio se dijo, en este acápite no le está dado al juez de tutela determinar el valor probatorio de cada uno de los medios allegados al expediente, en atención a que esto corresponderá a la autoridad judicial competente para estudiar el cumplimiento del contrato suscrito entre cada uno de los accionantes con El Cerrejón Limited.

Sin embrago, esta Sala de decisión no puede desconocer que las circunstancias adversas que deben afrontar las comunidades étnicas en La Guajira son un hecho notorio a nivel nacional, pues aquellos son azotados de manera negativa por fenómenos ambientales, económicos, sociales y políticos que los ponen en un estado de indefensión, frente al cual debe flexibilizarse el estudio de los supuestos jurídicos y fácticos que inciden en las problemáticas que los afectan.

Por ello, partiendo de tal premisa, se advierte que si bien la empresa El Cerrejón Limited fue acuciosa en el material probatorio aportado para acreditar la veracidad de las afirmaciones efectuadas en el escrito de contestación, no se puede desconocer que en el asunto bajo análisis la situación real de los habitantes de comunidades de Chancleta Nueva no se compadece con la que pudiera reflejarse a través los medios de convicción arrimados al expediente.

Al contrario, se presentan documentos como el “informe sobre los impactos socio ambientales a la comunidad de Chancleta reubicada al sur del municipio de Barrancas por la empresa Cerrejón”, aunado a la amplia actividad probatoria que efectuara la Corte Constitucional en la mentada Sentencia T-256 de 2015, además de algunos otros asuntos constitucionales, de los cuales se pueden extraer testimonios y conceptos emitidos por profesionales idóneos y con experticia en las problemáticas manifestadas por los miembros de las comunidades étnicas afectadas, de manera que configuran indicios que cumplen los elementos de gravedad, concordancia y convergencia, en tanto dan cuenta de aspectos angulares como: el acceso al agua potable, la contaminación ambiental que afecta su salud y así mismo la posibilidad de desarrollar sus actividades ancestrales como la pesca y la agricultura, el acceso a la educación, etc.

En este orden de ideas, se evidencia que el traslado de los miembros de la comunidad accionante se hizo de manera convenida, a través de un proceso de concertación en el que las partes pudieron fijar, de común acuerdo, las condiciones bajo las cuales se llevaría a cabo el mismo, además de que tuvieron la posibilidad de pactar los beneficios que tendría, al punto de que, conforme a las pruebas aportadas por la empresa El Cerrejón Limited, pudieron escoger la actividad económica en la cual invertirían el denominado “Capital semilla” que les otorgó la referida empresa, como una de las medidas para mitigar y compensar el impacto causado a los mismos, asesorando y acompañando a cada una de las personas que hizo uso de tal opción, tal como lo demuestran las actas, documentos y recibos de pago adjuntas.

Pese a lo anterior, el soporte de los argumentos de defensa presentados por El Cerrejón Limited solo se extiende hasta una etapa incipiente del proceso de traslado de los miembros de la comunidad de Chancleta Nueva, es decir, hasta el año 2014 aproximadamente, lo cual impide al juez de tutela tener certeza de las condiciones de vida y la realidad material de aquel grupo poblacional en la actualidad, situación frente a la cual cobra mayor importancia el papel del juez constitucional, pues aun cuando no es posible determinar la existencia de un abuso de la posición dominante por parte de la empresa accionada, esta última si es clara al tratarse de una persona jurídica que dispone de amplios recursos para la defensa de sus intereses, frente a una comunidad étnica que lucha para garantizarse al menos un mínimo vital y unas condiciones de vida dignas.

Situación en la cual cobra mayor importancia este mecanismo de defensa constitucional de las garantías fundamentales invocadas, máxime cuando es evidente que someter a los accionantes al uso de las acciones ordinarias sin un amparo por lo menos transitorio podría ocasionar la materialización del perjuicio irremediable que se cierne sobre la comunidad.

En vista de lo anterior, sin desconocer que la autoridad competente para conocer y pronunciarse sobre el cumplimiento de las clausulas pactadas dentro de los acuerdos suscritos por los accionantes y la empresa El Cerrejón en virtud del traslado de tierras al que accedieran los primeros, es el juez natural de asunto, esta Sala de decisión en virtud del rol de juez de tutela considera necesario efectuar un pronunciamiento que procure, al menos de manera transitoria, la protección de los bienes ius fundamentales invocados.

De tal forma se modificará el numeral segundo de la providencia de 17 de enero de 2018, proferida por el a quo para disponer que: i) en las mesas de concertación a realizarse entre la empresa El Cerrejón Limited y los miembros de la comunidad étnica accionante se incluya al Ministerio del Interior, a través de la dirección de consulta previa, a las autoridades locales, así como al Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo) para que, como autoridades competentes, verifiquen la ejecución real y efectiva en la actualidad de los acuerdos suscritos entre las partes; y ii) dentro de los asuntos a concertar en las mesas se incluyan los relacionados con: a) la construcción de una carretera para poder transportar y comercializar los productos que cultivara la comunidad, b) la prestación de la asesoría y el acompañamiento necesario para el proyecto productivo durante el término pactado, c) la entrega del capital semilla y las escrituras públicas de las viviendas para algunos de los miembros de la comunidad, d) el beneficio o apoyo educativo para los jóvenes integrantes de Chancleta, e) asistencia nutricional, f) la disposición de fondo rotatorio.

Lo anterior, en atención a la obligación que tiene el Estado de velar por la garantía del derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades étnicas en asuntos como el que es objeto de debate en el sub examine, de cara a un proceso adelantado con los miembros accionantes que resulta ser sui generis, pero que procuró al máximo la participación de los mismos en las decisiones que tendrían incidencia en sus condiciones de vida, faltando, únicamente, un papel más activo del Estado en su desarrollo y verificación, especialmente por parte de la autoridad competente, es decir, la dirección de consulta previa del Ministerio del Interior.

Por su parte, no se presentó disenso entre las partes respecto a dos asuntos relacionados con el traslado de unos restos mortales y la conversión de la propiedad horizontal de las viviendas de Chancleta Nueva a colectiva, esto en tanto, la entidad accionada sostuvo en su informe:

«[…] La información con que cuenta la Empresa sobre el particular es que en el antiguo caserío de Chancleta se encuentran cuatro difuntos, cuyos familiares en ningún momento han solicitado a la autoridad competente su exhumación para trasladar los restos mortales al cementerio construido por el Cerrejón en Chancleta Nuevo. Una vez se efectúe tal solicitud se procederá a realizar las gestiones correspondientes.
[…]
Cerrejón reconoce que la comunidad tiene la potestad de decidir la forma de propiedad que considere, para lo cual está podrá utilizar el mecanismo de participación que permita decidir mayoritariamente la adopción de propiedad colectiva si ese es su deseo, por supuesto siguiendo los lineamientos dispuestos en la Ley 70 de 1993 y Decreto 1745 de 1995. No obstante considera innecesario la implementación de una consulta previa para tal propósito, toda vez que es una decisión autónoma de la comunidad. […]».

6.8.3. El derecho fundamental al agua potable, la crisis por carencia en La Guajira, y el amparo otorgado por la Sentencia T-256 de 2015, proferida por la Corte Constitucional, y la posibilidad de exigirlo a través de un incidente de desacato.

Previo a pronunciarse respecto los argumentos expuestos por la parte activa sobre el acceso al agua potable y su situación particular, es pertinente indicar que la Corte Constitucional desde el principio de su jurisprudencia ha establecido que aquel es un derecho fundamental, porque de él depende la vida misma del ser humano. Así, en la Sentencia T-302 de 2017, sostuvo:

«[…] En sentencias T-406 de 1992, HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-302-17.htm" \l "_ftn176" \o "" [176] T-570 de 1992, HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-302-17.htm" \l "_ftn177" \o "" [177] T-578 de 1992, HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-302-17.htm" \l "_ftn178" \o "" [178] T-539 de 1993, HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-302-17.htm" \l "_ftn179" \o "" [179] entre otras, la Corte dijo:

“El agua constituye fuente de vida y la falta del servicio atenta directamente con el derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas, la salubridad pública o la salud, es un derecho constitucional fundamental y como tal ser objeto de protección a través de la acción de tutela. En este caso el servicio de acueducto no cumple con la finalidad de satisfacer las necesidades esenciales de las personas naturales, pues en este caso la conexión o la habilitación del predio para la construcción posterior de las viviendas beneficiaría a una persona jurídica para las cuales no constituye derecho constitucional fundamental.” HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-302-17.htm" \l "_ftn180" \o "" [180]

En sustento del principio de dignidad humana, establecido desde el preámbulo de la Carta, las directrices que rigen un Estado Social y democrático de Derecho, la importancia que se otorga a los recursos naturales y las obligaciones que se establecen al Estado para la prestación prevalente del servicio público de agua potable y saneamiento básico como fines sociales del Estado, el derecho al acceso continuo y permanente de agua es un pilar fundamental del ordenamiento jurídico colombiano. HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-302-17.htm" \l "_ftn181" \o "" [181]

6.3.1.2. El contenido e interpretación del derecho al agua debe hacerse a la luz de los lineamientos establecidos por la jurisprudencia constitucional en conjunto con las garantías establecidas en el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas a través de la Observación General No. 15 del 2002 HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-302-17.htm" \l "_ftn182" \o "" [182] que propende porque todas las personas gocen de un mínimo de agua apta para el consumo, con el cual puedan satisfacer sus necesidades básicas domiciliarias, y además se prevengan problemas de salud y, en general, sanitarios. HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-302-17.htm" \l "_ftn183" \o "" [183] Se dispone el derecho al agua como “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.” HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-302-17.htm" \l "_ftn184" \o "" [184] El fundamento jurídico de éste derecho, además de reposar en varios textos de tratados internacionales sobre derechos humanos, HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-302-17.htm" \l "_ftn185" \o "" [185] supone tres facetas: (i) el derecho a disponer, y a (ii) acceder a cantidades suficientes de agua, y además, que el mismo sea (iii) de calidad “para los usos personales y domésticos.” HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-302-17.htm" \l "_ftn186" \o "" [186]

6.3.1.3. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha desarrollado el contenido de cada uno de estos componentes: HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-302-17.htm" \l "_ftn187" \o "" [187] (a) la disponibilidad exige que el abastecimiento de agua sea continuo y suficiente para los usos personales y domésticos, (b) la calidad requiere que el agua sea salubre y no contenga elementos químicos o residuos tóxicos que amenacen la salud de las personas, (c) la accesibilidad implica que la población debe contar con un alcance físico de los servicios e instalaciones del agua. Además, esta accesibilidad debe ser económica, es decir, los costos y cargos para el abastecimiento del agua deben ser asequibles, debe observar el principio de no discriminación y se debe garantizar el acceso a la información sobre el suministro del agua. Igualmente, mediante la Resolución 64/292, la Asamblea General de Naciones Unidas, instó a los Estados y organizaciones internacionales para que proporcionaran los recursos financieros necesarios, mejoraran las capacidades y la transferencia de tecnología, especialmente en los países en desarrollo, e intensificaran los esfuerzos para proporcionar agua limpia y pura, potable, accesible y asequible y saneamiento para todos.

[…]

6.3.1.7. La Corte ha indicado que el derecho al agua es un derecho constitucional complejo que se encuentra interrelacionado con los demás derechos fundamentales, precisando en qué casos procede su protección a través de la acción de tutela y en qué casos no. Dijo al respecto:

“(i) cuando la entidad encargada de prestar el servicio adopta la decisión de suspender el servicio de agua, dentro de las reglas establecidas y con el respeto debido a los derechos fundamentales de la persona y en especial a su mínimo vital, pues en tal caso no viola un derecho sino que cumple un deber; (ii) cuando el riesgo de las obras pendientes, inconclusas o deterioradas constituyen una amenaza que no representa un riesgo real para los derechos fundamentales de las personas; (iii) cuando se pretenda reclamaciones de carácter puramente económico, que pueden ser reclamadas por otros medios de defensa judicial, y no impliquen la afectación de derechos fundamentales; (iv) cuando no se constata que la calidad del agua a la que se accede no es adecuada para el consumo humano; (v) cuando una persona está disfrutando el servicio de agua, por medios ilícitos, reconectándose a la fuerza, y se encuentra disfrutando del goce efectivo de su derecho al agua, por ejemplo, pierde la posibilidad de reclamar su protección mediante la acción de tutela. En este caso la persona no pierde sus derechos, pero sí la posibilidad de legitimar a posteriori sus actos de hecho mediante el procedimiento constitucional de la tutela; (vi) cuando una persona pretende acceder por sus propios medios al agua disponible, pero de una forma irregular, desconociendo los procedimientos y afectando el acceso de las demás personas de la comunidad que dependen de la misma fuente de agua; (vii) cuando la afectación a la salubridad pública, como obstrucción a tuberías de alcantarillado, no afecta el mínimo vital en dignidad de las personas; en tal caso, se trata de una afectación que puede ser reclamada judicialmente, pero que no es objeto de acción de tutela”. HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-302-17.htm" \l "_ftn193" \o "" [193]

Así la jurisprudencia ha establecido que la carencia de agua para consumo humano es una situación que pone en riesgo la vida, la salud y la dignidad de las personas afectadas y, frente a ella, la acción de tutela es el mecanismo más idóneo y eficaz para su protección. HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-302-17.htm" \l "_ftn194" \o "" [194] […]».

Ahora bien, especialmente en el caso particular del departamento de La Guajira, la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha dado cuenta de la carencia generalizada de agua potable, tal como se observa en la citada providencia:

«[…] 6.3.2. Situación de disponibilidad de agua potable

6.3.2.1. Las comunidades wayúu sufren de manera generalizada una carencia de agua potable. Esta situación tiene al menos dos causas significativas, (i) el entorno ambiental que ha sufrido periodos extensos de sequía que secan los pozos naturales y (ii) una omisión de parte de las autoridades competentes para proveer un servicio sostenible de suministro de agua potable.

6.3.2.2. La Defensoría del Pueblo pone de presente las causas de la falta de agua potable que sufren las comunidades wayúu:

“El fenómeno de aumento de la temperatura media global de la atmósfera terrestre y de los océanos, ha afectado de manera desproporcionada a la población indígena wayúu que habita particularmente en la Alta Guajira (están distribuidos en zonas rurales desérticas, agrupados en rancherías y en viviendas rústicas las cuales no cuentan con servicios de agua potable, ni alcantarillado […] la ausencia de lluvias y la sequía de los jagüeyes agrava los problemas de alimentación […] Si bien la necesidad básica insatisfecha más apremiante para estas comunidades es la consecución y el acceso al agua potable, esta situación no responde únicamente al aumento de las temperaturas y al descenso en las lluvias, pues el Estado desde el nivel central y desde los entes descentralizados tiene responsabilidad […] ausencia de políticas públicas claras para el acceso y disfrute de servicio públicos básicos, acordes a las realidades territoriales de estas comunidades” HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-302-17.htm" \l "_ftn203" \o "" [203]

En el mismo sentido, la Defensoría del Pueblo estableció la necesidad de implementar medidas de contingencia para la provisión de agua como “pozos profundos y rehabilitación de jagüeyes reservorios existentes”. Sin duda la seguridad alimentaria de las comunidades depende esencialmente del acceso al agua, pues es con ella que se puede hacer pastoreo y cultivos de pancoger, actividades que constituyen el sustento básico. La afectación de sus fuentes de alimentación por falta de agua también la registró Oxfam en su informe, organización que expresó que “la escasa disponibilidad de agua para el consumo humano y animal, y la ausencia o deterioro de los micro-acueductos, pozos, molinos y plantas desalinizadoras actúan como factores agravantes considerables: muchos jagüeyes se han secado, y las mujeres, los niños y niñas, a cargo del aprovisionamiento de agua para el hogar, demoran más de 1 hora en llegar a la fuente de agua más cercana que, en muchos casos, se encuentra contaminada o contiene agua salobre.” HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-302-17.htm" \l "_ftn204" \o "" [204]

6.3.2.3. Las zonas más afectadas por la falta de disponibilidad del recurso hídrico son la media y alta Guajira, donde predomina la población indígena y no existe ningún cuerpo de agua parecido a un río o lago suficiente para abastecer a la población. Lo que se encuentra en esta área son los arroyos, los cuales solo permanecen llenos en temporada de lluvias. Oxfam ha registrado que el agua salobre, que no es apta para el consumo humano, es utilizada para las actividades diarias, como el aseo doméstico y personal, mientras que el agua desalinizada, se reparte en carro tanques o carros cisternas que llegan a puntos céntricos a los que llegan las personas, sin embargo, “el suministro de agua con carro tanques en la Alta Guajira, es infortunadamente de escaso cubrimiento, ocasional, y es susceptible de verse sujeto a presiones de diversa índole”. HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-302-17.htm" \l "_ftn205" \o "" [205] La Corte confirmó esta apreciación sobre el carácter esporádico del suministro de agua durante su visita a La Guajira, en particular durante la audiencia pública en la comunidad de Zucaramana y la inspección judicial de Casa Azul en el municipio de Manaure.

6.3.2.4. Las cifras de cobertura del servicio público de agua potable y saneamiento básico en las áreas urbanas del departamento de La Guajira son inferiores al promedio nacional (97% en acueducto y 91% en alcantarillado). Según el censo de 2005 del Departamento Nacional de Estadística la cobertura alcanza el 87% en acueducto y 71% en alcantarillado. HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-302-17.htm" \l "_ftn206" \o "" [206] Solo los municipios de El Molino, Riohacha y Maicao contaron con suministro de agua apta para el consumo humano en el año 2015. En relación con las zonas rurales, el departamento presenta bajas coberturas en acueducto y alcantarillado (22% y 7% respectivamente), lo que contrasta con el promedio nacional (73% y 70% respectivamente).

6.3.2.5. Por su parte, en el estudio allegado por el Sistema de Fundaciones Cerrejón se registra que más del 90% de las comunidades indígenas en los municipios de Albania, Maicao, Manaure y Uribia tienen necesidades básicas insatisfechas. Entre estas se reporta 95.6% sin servicio sanitario, 97.7% sin servicio de electricidad ni acueducto, 100% sin alcantarillado y 99.8% sin servicio de gas. HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-302-17.htm" \l "_ftn207" \o "" [207] Con fundamento en el Plan de Desarrollo departamental de La Guajira 2016-2019, la Fundación Cerrejón, observa que las poblaciones rurales dispersas de la alta y media Guajira son quienes más sufren de acceso a fuentes de agua suficientes para el consumo y sus actividades diarias. El informe pone de presente que las fuentes del recurso hídrico suelen ser tres principales: las aguas lluvias –el jagüey-, HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-302-17.htm" \l "_ftn208" \o "" [208] las aguas subterráneas y las aguas de mar. Al respecto precisa que es esencial evaluar las estrategias de distribución del agua, toda vez que existen dos retos: (i) la alta dispersión de las comunidades y (ii) la falta de vías de acceso adecuadas. […]».

Una vez precisados los supuestos jurídicos relevantes en este caso, es necesario precisar, el grupo accionante indicó que el agua que llega a la comunidad es inadecuada para el consumo humano, que el suministro no se hace a las viviendas, sino que es depositada en sitios de almacenamiento donde debe ser recogida por las familias. Asimismo, afirmaron que la escasez de agua impide el desarrollo de programas productivos y sostenibles para la comunidad relacionados con la agricultura y la ganadería, actividades propias de la comunidad afro descendiente.

Sobre tal aspecto, el Cerrejón Limited explicó:

«[…] El reasentamiento de Chancleta se encuentra por fuera de la red de acueducto del Municipio, razón por la cual se construyó un sistema independiente de suministro de agua consistente en un punto de captación con una bocatoma, planta de tratamiento de agua potable (PTAP), sistema de bombeo de agua potable a los tanques elevados de almacenamiento y red interna de distribución de agua potable a las viviendas.

Para el efecto se adjunta i) contrato suscrito por la Empresa para la construcción de obras civiles, estructurales, hidráulicas y eléctricas de una bocatoma y pozo de succión en el Rio Ranchería. Ii) contrato para la rehabilitación de la planta de tratamiento compacta de agua potable que surte los reasentamientos, incluyendo Chancleta (40 viviendas).

Adicionalmente fue constituida la Asociación de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado de las Comunidades de Roche, Chancleta y Patilla – ASOWINKA encargada de prestar y operar el sistema del servicio público de acueducto y alcantarillado de los reasentamientos, organización que recibe anualmente donaciones de Cerrejón para sus gastos de funcionamiento y la operación del sistema.
[…]
Cerrejón ha puesto en funcionamiento un sistema de riego que permite suministrar agua a 111 predios pertenecientes a las comunidades de Roche, Patilla y Chancleta.
[…]
Toda vez que la sentencia T-256/15 impuso a Cerrejón y algunas entidades públicas del orden nacional y territorial una serie de obligaciones relacionadas con la prestación del servicio de agua, las cuales se han venido cumpliendo por la Empresa, para mayor ilustración se adjunta el informe de avance de fecha 29 de abril de 2016 radicado en el Juzgado Promiscuo Municipal de Barrancas sobre las medidas adoptadas para la adecuada prestación del servicio de agua potable. […]».

En consecuencia, el Tribunal Administrativo de La Guajira, en primera instancia, concluyó que la Sentencia T-256 de 2015 emitió una disposición en cuanto al amparo del derecho fundamental al agua potable que inmiscuye a los aquí accionantes y, por ende, están legitimados para exigir su cumplimiento ante el juez de tutela competente.

Ahora bien, esta Sala de decisión evidencia que la referida sentencia dispuso:

«[…] Cuarto -ORDENAR a Carbones del Cerrejón Limited, a la Alcaldía Municipal de Barrancas, La Guajira y a Aguas del Sur de La Guajira S.A. E.S.P., que mientras se surte la consulta previa que se ordena en esta sentencia, adopten dentro del plazo máximo de un (1) mes contado a partir de la notificación de esta sentencia y en forma coordinada, las medidas transitorias, adecuadas y necesarias para asegurar un mínimo de acceso, disponibilidad y calidad de agua potable para los miembros de las comunidades accionantes, mediante una forma alternativa de conexión al acueducto que funciona en el municipio de Barrancas, empleando el medio que consideren adecuado para tal efecto y realizando las alianzas y compromisos que sean del caso. Estas medidas deberán ser concertadas con la Asociación de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado de las Comunidades de Roche, Chancleta y Patilla -ASOAWINKA- para conocer los problemas, las necesidades, la cultura y las tradiciones de las comunidades, y para que la comunidad controle y fiscalice el cumplimiento de las acciones que se acuerden adelantar.

Estas medidas transitorias sólo podrán suspenderse en el momento en que se realice la consulta previa y regularice el servicio definitivo de agua potable.

Quinto.- ORDENAR a Carbones del Cerrejón Limited, a la empresa Aguas del Sur de La Guajira S.A. E.S.P., a la Alcaldía Municipal de Barrancas, La Guajira, a la Gobernación de La Guajira, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que adopten de inmediato las medidas adecuadas y necesarias para diseñar un plan definitivo que asegure en favor de todas las comunidades indígenas y tribales que habitan en el Sur del Departamento de La Guajira, el acceso, la calidad y la disponibilidad del servicio público esencial de agua potable. El Plan no podrá desconocer los lineamientos generales de las políticas que en materia de agua se hayan trazado, pero tales lineamientos han de ser ajustados, para amparar un mínimo vital de agua que asegure la dignidad de las comunidades ancestrales en La Guajira. El plan específico que se adopte deberá: a) ejecutarse en el término máximo de dos (2) años, contado a partir de la notificación de la sentencia; b) establecer fechas y plazos específicos y precisos que permitan a las comunidades indígenas y tribales, hacer un seguimiento del desarrollo del plan; c) diseñar mecanismos de control y evaluación, que permitan dar cuenta del avance del mismo y sus grados de cumplimiento, y d) prever un porcentaje adicional de agua que garantice el desarrollo de procesos productivos y ayude a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones, identidad y formas de vida.

El plan definitivo de abastecimiento y suministro de agua potable que se diseñe, concederá espacios de participación efectivos y reales, durante sus etapas de elaboración, implementación, evaluación y control, con los representantes de los pueblos indígenas y tribales del Departamento de La Guajira afectados por la escasez de agua. […]». (Subrayado y negrilla fuera del texto)

En vista de lo anterior, se infiere que la orden emitida por la Corte Constitucional en la Sentencia T-256 de 2015 tiene dos componentes que buscar la protección de la garantía fundamental de agua potable a corto y mediano plazo, de un lado, la adopción de medidas transitorias para asegurar un acceso mínimo, disponibilidad y calidad de agua potable para los miembros de las comunidades accionantes; y, de otro, el diseño de un plan definitivo que garantice el ius fundamental invocado a todas las comunidades indígenas y tribales que habitan el sur del departamento de La Guajira.

Entonces, debe aclararse que quienes conforman la parte actora en esta oportunidad no tienen legitimación para exigir el cumplimiento de la referida orden, pues debe recordarse que aquella tiene un efecto inter partes y, adicionalmente, la parte resolutiva correspondiente limita el amparo a quienes accionaron en el referido asunto, por lo menos en lo que a la adopción de medidas transitorias de corto plazo se refiere.

Adicionalmente, no puede desconocerse que las órdenes proferidas en la Sentencia T-256 de 2015, proferidas por la Corte Constitucional, se refieren a los habitantes que hacían parte del grupo poblacional que residía en Chancleta Vieja y, precisamente, los documentos con los que El Cerrejón Limited pretende acreditar la realización de gestiones para asegurar la prestación del servicio de agua se refieren a tal circunscripción territorial, a excepción de algunos contratos de obra civil mencionados y aportados.

En ese caso es necesario reiterar que en asuntos como el que nos atañe la acción de tutela procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable [artículo 8º del Decreto 2591 de 1991].

Así, el perjuicio irremediable, a su turno, ha sido entendido como aquel que presente las características de: inminente, esto es que amenaza o está por suceder; urgente, en relación con las medidas a adoptar para evitar la consumación del mismo aplicando para el efecto un criterio de proporcionalidad; grave, relacionado con el bien jurídico protegido por el ordenamiento y que es objetivamente [determinado o determinable] relevante para el afectado; e, impostergabilidad, lo que determina que la tutela sea adecuada para el restablecimiento del orden social justo en su integridad. Además, el aludido perjuicio debe ser valorado en concreto por el juez atendiendo a las circunstancias en que se encuentre el accionante, a quien, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Sala, le compete la carga de probarlo.

De tal forma, en atención a que la empresa El Cerrejón Limited ha comprobado que se encuentra realizando las gestiones necesarias para asegurar el acceso, disponibilidad y calidad al agua pero no demostró la óptima prestación del servicio que es lo que reclaman los aquí accionantes, esta Sala de decisión deberá emitir una orden de amparo en tal sentido, máxime si se tiene en cuenta la crisis generalizada de carencia de agua potable en la que se encuentra sumido el departamento de La Guajira, además del informe rendido de impactos sociales en la comunidad de Chancleta, rendido por la Universidad de Antioquia.

Así las cosas, se confirmará parcialmente la Sentencia de 17 de enero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, y se revocará la negativa de amparo frente a los derechos fundamentales a la vida digna, debido proceso, igualdad, educación, recreación y deporte, acceso a agua potable, dignidad humana y salud, para, en su lugar, acceder al mismo de manera transitoria.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

VII. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR PARCIALMENTE la Sentencia de 17 de enero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, en lo que respecta a los numerales primero y segundo, a través de los cuales se negó el amparo del derecho fundamental a la consulta previa de la comunidad Afrodescendientes de Chancleta Nueva y se ordenó la conformación de mesas de trabajo y concertación en su favor, dentro de la acción de tutela presentada contra la Nación, Ministerio del Interior, dirección de asuntos indígenas, ROM y minorías, dirección de consulta previa; Ministerio de Ambiente; Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA; Carbones del Cerrejón Limited.

SEGUNDO. REVOCAR el numeral tercero de la providencia de 17 de enero de 2018, emitida por el Tribunal Administrativo de La Guajira para, en su lugar, AMPARAR de manera transitoria, los derechos fundamentales a la vida digna, debido proceso, igualdad, educación, recreación y deporte, acceso a agua potable, dignidad humana y salud, por ello se dispone:

Que en las mesas de concertación a realizarse entre la empresa El Cerrejón Limited y los miembros de la comunidad étnica accionante se incluya al Ministerio del Interior, a través de la dirección de consulta previa, a las autoridades locales, así como al Ministerio Público para que, como autoridades competentes, verifiquen la ejecución real y efectiva en la actualidad de los acuerdos suscritos entre las partes.

Dentro de los asuntos a concertar en las mesas se incluyan los relacionados con: a) la construcción de una carretera para poder transportar y comercializar los productos que cultivara la comunidad, b) la prestación de la asesoría y el acompañamiento necesario para el proyecto productivo durante el término pactado, esto teniendo en cuenta que se debe buscar o propender a que estos sean viables para su supervivencia y correspondan a sus características e identidad como comunidad afrodescendiente rural, c) la entrega del capital semilla y las escrituras públicas de las viviendas para algunos de los miembros de la comunidad (siempre y cuando esto no contraríe lo relacionado con la propiedad colectiva que en uso de su autonomía determine la comunidad), d) el beneficio o apoyo educativo para los jóvenes integrantes de Chancleta, e) asistencia nutricional, f) la disposición de fondo rotatorio.

Se ORDENA a la empresa El Cerrejón Limited.:

a) Dentro de las 72 horas siguientes, suministre en forma continua el agua potable a los accionantes y sus núcleos familiares, por el medio que considere más idóneo.

Dicho suministro deberá garantizar el consumo diario que les permita vivir digna y sanamente hasta que se brinde una solución definitiva al problema de provisión constante y de calidad del recurso hídrico.

Para tal efecto, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas contadas desde la notificación de esta providencia, deberá realizar una visita al inmueble y establecer cuál es la situación socio económica actual de los núcleos familiares y sus necesidades básicas en términos de escasez de agua potable, con el fin de determinar la cantidad de agua a suministrar.

b) Realice las gestiones pertinentes para brindar una solución definitiva al problema de escasez y calidad del agua de la Comunidad Afrodescendiente de Chancleta Nueva, garantizando la satisfacción de los componentes de disponibilidad, calidad y accesibilidad al recurso hídrico.

TERCERO. LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30 de Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

CUARTO. En acatamiento a las disposiciones del articulo 32 ibídem, dentro de los diez (10) días siguientes REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sección de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER

El proceso de la referencia subió al Despacho con informe de Secretaría General de la Corporación de 02 de abril de 2018. ALEXANDER MENDOZA GÓMEZ, ANA CARMELA PINEDA AGUILLON, BELQUIS ANTONIA OROZCO OJEDA, DENIS ESTHER MANJARREZ OSPINO, JOSÉ DEL CARMEN ANGULO, JUAN DE DIOS PÉREZ ARIAS, LUZ MARINA PERTUZ MANJÁRREZ, LUZ VENIS CORREA VILLAREAL, LUIS CARLOS USTSTE VILLAREAL, MARTHA FLOR OROZCO OJEDA, LILIANA PATRICIA PALMEZANO OROZCO, LILIBETH ANDREA PALMEZANO OROZCO, MIRELLA OROZCO OJEDA, MIRIAM LUZ DAZA BERMÚDEZ, MARTHA BEATRIZ GÓMEZ BELEÑO, EDUARDO RAFAEL CARO CHAMORRO, ÁNGEL VICENTE USTATE ARREGOCÉS, ALGEMIRO RAFAEL DUARTE PALMEZANO junto a los integrantes de sus respectivos grupos familiares. Folios 1 a 5. Folio 456 vto. Folios 474 a 512. Aspecto que fue resuelto por el juez de primera instancia y no fue objeto de discusión en segunda. Folios 526 a 532. Folios 549 a 556 vto. Folios 558 a 578 vto. Folios 580 a 584. La impugnación presentada fue adicionada a través de dos escritos obrantes a folios 589 a 592, 648 a 656, las cuales fueron rechazadas por parte del Tribunal Administrativo de La Guajira, a través de Auto de 15 de febrero de 2018. Corte Constitucional, Sentencia T-507 de 2011 M.P. Dr. Jorge Ivan Palacio Palacio. Grupo dentro del cual no están incluidos los aquí accionantes. Sentencias T-534 de 1992, T-203 de 2002 y T-493 de 2005 de la Corte Constitucional, entre otras. Sentencia SU-1023 de la Corte Constitucional. Sentencias T-153 de 1998, T-217 de 2000, T-203 de 2002 y T-025 de 2004 de la Corte Constitucional. Art.2. Acciones Populares: “Son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos.” Entiéndase entre otros como derechos: “El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias.”
M.P. Martha Sáchica Méndez. También se pueden consultar las sentencias SU-067 de 1993, T-254 de 1993, T-500 de 1994, SU-429 de 1997, T-244 de 1998, T-644 de 1999, y T-1527 de 2001. T-888 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy. T-539 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández
ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. ARTICULO 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: (…)
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. 7. Desarrollado por la Ley 43 de 1993 Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. Incorporado a la legislación interna mediante la Ley 21 de 1991. Sentencia T-129 de 2011. Del cual se extraen algunos aspectos relevantes para el asunto objeto de estudio. Folios 398 a 417. Folios 419 a 444. Esto siempre y cuando no contraríe la manifestación de la voluntad en lo relacionado con el cambio de propiedad horizontal a colectiva. Al respecto, ver las Sentencias T- 300 de 2010, T-1316 de 2001; T-225 de 1993, entre otras.

La primera se refirió al concepto es estudio en los siguientes términos: “que (i) se esté ante un perjuicio inminente o próximo o suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos y la causa del daño; (ii) el perjuicio debe ser grave, esto es, que conlleve la afectación de un bien susceptible de determinación jurídica, altamente significativo para la persona; (iii) se requieran de medidas urgentes para superar el daño, las cuales deben ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a su vez, deben considerar las circunstancias particulares del caso; y (iv) las medidas de protección deben ser impostergables, lo que significa que deben responder a condiciones de oportunidad y eficacia, que eviten la consumación del daño irreparable.”. Conformada por quienes accionan en esta oportunidad, ALEXANDER MENDOZA GÓMEZ, ANA CARMELA PINEDA AGUILLON, BELQUIS ANTONIA OROZCO OJEDA, DENIS ESTHER MANJARREZ OSPINO, JOSÉ DEL CARMEN ANGULO, JUAN DE DIOS PÉREZ ARIAS, LUZ MARINA PERTUZ MANJÁRREZ, LUZ VENIS CORREA VILLAREAL, LUIS CARLOS USTSTE VILLAREAL, MARTHA FLOR OROZCO OJEDA, LILIANA PATRICIA PALMEZANO OROZCO, LILIBETH ANDREA PALMEZANO OROZCO, MIRELLA OROZCO OJEDA, MIRIAM LUZ DAZA BERMÚDEZ, MARTHA BEATRIZ GÓMEZ BELEÑO, EDUARDO RAFAEL CARO CHAMORRO, ÁNGEL VICENTE USTATE ARREGOCÉS, ALGEMIRO RAFAEL DUARTE PALMEZANO junto a los integrantes de sus respectivos grupos familiares.

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