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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2018-00011-01

Fecha
7 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2018-00011-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1. Revócase la sentencia proferida el 30 de octubre de 2019 por el Tribunal Administrativo de La Guajira, que negó las pretensiones de la demanda en el proceso instaurado por el señor Ligia Cristina Fuentes Suárez contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), conforme a lo indicado en la motivación; en su lugar: 1.1 Declárase la nulidad parcial de las Resoluciones SUB 212782 de 29 de septiembre y DIR 20526 de 15 de noviembre, ambas de 2017, por las cuales Colpensiones reliquidó la pensión de vejez de la actora, sin tener en cuenta los valores realmente cotizados, de conformidad con la parte motiva. 1.2 Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, ordénase a la demandada reajustar la pensión de vejez de la actora con el promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años de servicios (1° de junio de 2004 a 1° de junio de 2014), conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, de acuerdo con los valores consignados como aportados en las certificaciones laborales «FORMATO No. 3(B)» de 10 de abril de 2019, emitidas por la secretaría de educación de La Guajira, que obran en el expediente digital, con efectividad fiscal a partir del 2 de junio de 2014, por las razones consignadas en la parte motiva. 1.3 La accionada hará la actualización sobre las diferencias adeudadas, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber: R = Rh. índice final índice inicial 17 Expediente: 44001-23-40-000-2018-00011-01 (1799-2021) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Ligia Cristina Fuentes Suárez contra Colpensiones 1.4 La demandada dará cumplimiento al presente fallo en atención a lo previsto en el artículo 192 del CPACA. 1.5 Niéganse las demás pretensiones de la demanda. 2. Sin condena en costas. 3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 44001-23-40-000-2018-00011-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

7 de diciembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 44001-23-40-000-2018-00011-01 (1799-2021)
Demandante : Ligia Cristina Fuentes Suárez
Demandada : Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones)
Tema : Reliquidación de pensión ordinaria de jubilación
conforme a la Ley 33 de 1985; factores salariales que
deben tenerse en cuenta en el ingreso base de liquidación
pensional de persona beneficiaria del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993; aplicación del sistema
general de pensiones por razones de favorabilidad

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia de 30 de octubre de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante la cual negó las súplicas de la
demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control1. La señora Ligia Cristina Fuentes Suárez, a través de
apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), contra la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente
se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad parcial de las Resoluciones SUB
212782 de 29 de septiembre y DIR 20526 de 15 de noviembre, ambas de 2017,
por las cuales se le reliquidó la pensión de jubilación a la accionante.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la accionada reajustar la pensión de jubilación de la demandante con
lo devengado durante el último año de servicios, a partir del «2 de julio de
2014», cuyas diferencias deberán ser pagadas en forma indexada; y se le
condene en costas procesales.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata la accionante que nació el 13 de marzo de
1949, laboró en forma interrumpida para el fondo educativo de La Guajira del
5 de abril de 1972 al «02» de junio de 2014 y para el 30 de junio de 1995 (fecha
1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el índice 2 del expediente digital contenido
en la herramienta electrónica Samai.

Expediente: 44001-23-40-000-2018-00011-01 (1799-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ligia Cristina Fuentes Suárez contra Colpensiones

de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 para los servidores públicos del orden
territorial) tenía más de 35 años de edad, por lo que el extinguido Instituto de
Seguros Sociales (ISS) le reconoció pensión de jubilación, mediante Resolución
18710 de 8 de septiembre de 2008.

Que el 12 de diciembre de 2014 pidió la reliquidación de su pensión por retiro
definitivo del servicio (a partir del «1°» de junio de esa anualidad), lo que le fue
negado por medio de Resolución GNR 147341 de 20 de mayo de 2015, por
«[…] una presunta incompatibilidad entre la pensión de vejez otorgada por la
demandada, y una pensión gracia […] y una pensión de vejez […] a cargo de
CAJANAL» (sic), confirmada con Resoluciones GNR 380176 de 26 de
noviembre de 2015 y VPB 23386 de 27 de mayo de 2016.

Agrega que, por conducto de Resolución SUB 212782 de 29 de septiembre de
2017, Colpensiones deja sin efectos la mencionada Resolución GNR 147341 de
20 de mayo de 2015 y reliquida su pensión de jubilación de conformidad con la
Ley 33 de 1985, en aplicación del fallo SU-230 de 2015 de la Corte
Constitucional, desde el 1° de febrero de 2014, pese a que el retiro fue efectivo
el «1°» de junio de dicho año; decisión confirmada con Resolución DIR 20526
de 15 de noviembre de 2017, sin tener en cuenta que debe calcularse su
prestación con lo devengado durante el último año de servicios en virtud de la
sentencia de 4 de agosto de 2010 de la sección segunda del Consejo de Estado.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos demandados las Leyes 33 y 62 de 1985 y el artículo 36
de la Ley 100 de 1993.

Arguye que, de acuerdo con el derrotero jurisprudencial del Consejo de Estado,
fijado en el fallo de 4 de agosto de 2010, le asiste derecho a que su pensión de
jubilación sea liquidada con el universo de factores salariales devengados
durante el último año de servicios, al ser beneficiaria del régimen de transición
de la Ley 33 de 1985.

1.5 Contestación de la demanda. Colpensiones, por intermedio de apoderada,
se opone a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y respecto de los
hechos afirma que son ciertos, excepto el 22 que no comporta una situación
fáctica; y opuso las excepciones que denominó inexistencia de la obligación,
presunción de legalidad de los actos administrativos, buena fe, imposibilidad de
costas y gastos del proceso y compensación; asevera que para efectos de la
liquidación de las pensiones de las personas beneficiarias del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, ha de aplicarse la regla contenida en el inciso
3° de su artículo 36, en virtud de los principios de solidaridad y sostenibilidad
presupuestal, de acuerdo con las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015
de la Corte Constitucional.
2

Expediente: 44001-23-40-000-2018-00011-01 (1799-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ligia Cristina Fuentes Suárez contra Colpensiones

1.6 La providencia apelada. El Tribunal Administrativo de La Guajira,
mediante sentencia de 30 de octubre de 2019, negó las súplicas de la demanda
(sin condena en costas), al considerar que, de conformidad con el criterio del
Consejo de Estado fijado en fallo de 28 de agosto de 2018, las personas
beneficiarias del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, se les liquida su
pensión de jubilación con los factores salariales cotizados durante los últimos
10 años de servicios, en armonía con los previstos en el Decreto 1158 de 1994.
Pero, comoquiera que la entidad demandada al reliquidar la prestación de la
actora, le aplicó una tasa de reemplazo del 84.45%, conforme al artículo 34 de
la Ley 100 de 1993, esta le resulta más favorable que la del 75%, que depreca
en su escrito introductorio.

1.7 El recurso de apelación. Inconforme con la anterior decisión, la actora,
mediante apoderado, interpuso recurso de apelación, al estimar que el a quo no
verificó los factores sobre los cuales en efecto realizó aportes durante los
últimos 10 años de servicios, en virtud del principio de iura novit curia. Por otra
parte, pide se dé aplicación al fallo de 4 de agosto de 2010 de la sección segunda
del Consejo de Estado, por cuanto era el precedente vigente a la presentación
de la demanda.

II. TRÁMITE PROCESAL.

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 6 de marzo de 2020
y admitido por esta Corporación a través de auto de 4 de abril de 2022, en el
que se dispuso la notificación personal al agente del Ministerio Público y a las
partes por estado, en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del
CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de auto de 12 de agosto de 2022, para que aquellas alegaran
de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por la demandante
para reiterar los argumentos expuestos en su recurso de apelación2.

III. CONSIDERACIONES.

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le compete conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación3, corresponde
2
Los alegatos de conclusión allegados reposan en expediente digital contenido en la herramienta electrónica
para la gestión judicial denominada Samai.
3
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
3

Expediente: 44001-23-40-000-2018-00011-01 (1799-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ligia Cristina Fuentes Suárez contra Colpensiones

en esta oportunidad a la Sala (i) determinar si a la demandante le asiste derecho
a la reliquidación de su pensión de jubilación, por no habérsele tenido en cuenta
el 75% de los factores salariales devengados durante el último año de servicios,
de conformidad con el régimen ordinario previsto en la Ley 33 de 1985; o, por
el contrario, carece de razón, pues para efectos de la liquidación pensional le es
aplicable el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y su Decreto reglamentario 1158
de 1994, como lo concluyó el a quo; y (ii) de ser cierta la última hipótesis,
establecer si Colpensiones al calcular el monto pensional no incluyó la totalidad
de los emolumentos sobre los cuales cotizó en los últimos 10 años de labores.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídicos planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.

Lo primero que ha de anotarse es que la Ley 100 de 1993, «Por la cual se crea
el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones», fue
expedida por el Congreso de la República con el fin, entre otros, de unificar la
normativa en cuanto a la diversidad de regímenes pensionales especiales
existentes.

No obstante lo anterior y con el objetivo de evitar menoscabar derechos a
personas que se encontraban próximas a ser pensionadas o tuviesen cierto
tiempo de servicio, se previó el régimen de transición, consagrado en el artículo
36 de la referida Ley 100 de 1993.

En efecto, en dicha norma se dispuso que las personas que al momento de entrar
en vigencia el sistema de seguridad social integral (1° de abril de 1994) contaran
con treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más
años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, se
les reconocerá la pensión de jubilación de conformidad con el régimen anterior al
cual se encontraban afiliados, es decir, la pensión de jubilación respecto de la
edad, tiempo de servicio y monto se les aplicará el régimen anterior.

En lo que atañe al ingreso base de liquidación (IBL) pensional de tales personas,
el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 preceptúa que los
beneficiarios del régimen de transición «[…] que les faltare menos de diez (10)
años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE» (se subraya).
Respecto de esta norma, la Corte Constitucional4 precisó:

relacionados con ella».
4
Corte Constitucional, sentencia C-258 de 2013.
4

Expediente: 44001-23-40-000-2018-00011-01 (1799-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ligia Cristina Fuentes Suárez contra Colpensiones

[…] En efecto, la Sala recuerda que el propósito original del
Legislador al introducir el artículo 36 de la Ley 100 de 19935, tal
como se desprende del texto de la disposición y de los antecedentes
legislativos, fue crear un régimen de transición que beneficiara a
quienes tenían una expectativa legítima de pensionarse conforme a
las reglas especiales que serían derogadas. Para estas personas, el
beneficio derivado del régimen de transición consistiría en una
autorización de aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes a
los que se encontraban afiliados, relacionadas con los requisitos de
edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo. El
Ingreso Base de Liquidación no fue un aspecto sometido a transición,
como se aprecia claramente en el texto del artículo 36… […]

Para el efecto, la Corte acudirá a la regla general de Ingreso Base de
Liquidación prevista en los artículos 21 y 36 de la Ley 100. En efecto,
el artículo 36 estableció dos reglas específicas en la materia: (i) para
quienes el 1° de abril de 1994, les faltara menos de 10 años para
pensionarse, el IBL sería (a) “el promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciere falta” para reunir los requisitos para causar el
derecho a la pensión, o (b) el promedio de lo “cotizado durante todo
el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en
la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación
que expida el DANE”. (ii) En los demás casos, es decir, en la
hipótesis de las personas a quienes el 1° de abril de 1994 les faltaban
más de 10 años para reunir los requisitos de causación de la pensión,
a falta de regla especial en el artículo 36 y teniendo en cuenta que el
inciso segundo ibídem solamente ordena la aplicación ultractiva de
las reglas de los regímenes especiales sobre edad, tiempo de
cotización o servicios prestados, y tasa de reemplazo, se les debe
aplicar la regla general del artículo 21 de la Ley 100, el cual indica:

“ARTÍCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se
entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas
en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales
ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al
reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere
inferior para el caso de las pensiones de invalidez o
sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación
del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.

5
El artículo 36 indica: “ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de
vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el
año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y
62 para los hombres. || La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el
Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si
son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al
cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la
pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley. || El ingreso base para liquidar
la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para
adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado
durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE” (negrilla fuera del texto).
5

Expediente: 44001-23-40-000-2018-00011-01 (1799-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ligia Cristina Fuentes Suárez contra Colpensiones

Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación,
calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del
trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el
trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya
cotizado 1250 semanas como mínimo.”

El precitado derrotero fue acogido por la sala de lo contencioso-administrativo
del Consejo de Estado, al estudiar un caso en el que se reclamaba el reajuste de
la pensión de jubilación en virtud de la Ley 33 de 1985, mediante sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2018, expediente 52001-23-33-000-2012-00143-
01 (4403-2013), consejero ponente César Palomino Cortés, en la que se fijaron
las siguientes reglas de interpretación en torno al tema, así:

[…] Sentar como jurisprudencia del Consejo de Estado frente a la
interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que consagra el
régimen de transición pensional, lo siguiente:

1. El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para
aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los
requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.

2. Para los servidores públicos que se pensionen conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión
es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la
pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el
cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será
el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el
afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la
pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice
de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

3. Los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la
pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado
los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.

Lo anterior, al considerar:

A juicio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
6

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Ligia Cristina Fuentes Suárez contra Colpensiones

permite concluir que en el régimen de transición el IBL que debe
tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en
el inciso 3 de dicha norma.

86. Como se dijo en párrafos anteriores el régimen de transición
prorrogó la vigencia de todos los regímenes pensionales anteriores a
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, otorgando efectos
ultractivos a algunos elementos constitutivos de dichos regímenes
para aquellas personas que se encontraban afiliadas a los mismos y
que estaban próximas a adquirir el derecho pensional. Tales
elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la
pensión.

87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso
de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración,
fijó un elemento, el IBL, que cumpliría con la finalidad no solo de
unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban
próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios
de solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para
garantizar la viabilidad futura del Sistema General de Pensiones;
máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición abarcaría
varias décadas6.

88. Como toda reforma pensional implica un cambio de las
condiciones para acceder a la pensión, es importante que ese cambio
no resulte traumático o desafortunado para aquellas personas que, si
bien no alcanzaron a consolidar su derecho pensional bajo el régimen
anterior, sí estaban próximos a adquirir tal derecho y venían
cotizando con la confianza legítima que se pensionarían en las
condiciones que los cobijaban.

89. Entonces la razonabilidad de ese cambio legislativo está en poder
conciliar la finalidad que motiva la reforma pensional con la
confianza y la expectativa de los ciudadanos que están próximos a
pensionarse, es decir, garantizar el interés general sin sacrificar del
todo el interés particular. Es importante precisar que un cambio en el
sistema de pensiones necesariamente implica el establecimiento de
requisitos y condiciones, en principio, menos favorables, para
adquirir la pensión, por eso se requiere un periodo de transición que
permita implementar de manera ponderada y equilibrada el nuevo
régimen, concretamente, para aquellas personas que, bajo las
condiciones legales anteriores, podrían adquirir su pensión en un
corto periodo de tiempo.

De acuerdo con la anterior normativa y la jurisprudencia citada, nótese que en
criterio de la Corte Constitucional y la sala de lo contencioso-administrativo del

6
En virtud del Acto Legislativo No. 1 de 2005, la aplicabilidad del régimen de transición corrió hasta el 31 de
julio de 2010, o, excepcionalmente, hasta el 31 de diciembre de 2014, en el caso que los beneficiarios contaran
con 750 semanas de cotización o su equivalente en tiempo de servicios al momento de la entrada en vigencia
de dicho Acto Legislativo.
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Expediente: 44001-23-40-000-2018-00011-01 (1799-2021)
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Consejo de Estado en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el
legislador excluyó del régimen de transición la expectativa de las personas
beneficiarias de este de obtener su pensión con el ingreso base de liquidación
que consagraba el régimen anterior al que se encontraban afiliadas al entrar en
vigor aquella; por ende, en virtud del principio de favorabilidad, la
correspondiente entidad de previsión social, al momento de la liquidación
pensional deberá determinar el ingreso base de liquidación que le fuera más
benéfico al pensionado, en la medida en que la Ley 100 de 1993 permite optar
por (i) el promedio de lo cotizado durante el tiempo que le hiciere falta entre la
entrada en vigor de la Ley 100 (1° de abril de 1994) y la adquisición del estatus
pensional, si fuere inferior a 10 años; (ii) el promedio de lo aportado durante
todo el tiempo, si el monto es superior, actualizado anualmente con el índice de
precios al consumidor (IPC); o (iii) el promedio de lo cotizado durante los
últimos 10 años, conforme al artículo 21 ibidem.

Ahora bien, para efectos de determinar los factores sobre los cuales se debieron
efectuar cotizaciones, cabe anotar que con el Decreto 691 de 1994,
reglamentario de la Ley 100 de 1993, se incorporaron el sistema general de
pensiones a los servidores públicos (i) de la rama ejecutiva del orden nacional,
departamental, municipal o distrital, así como de sus entidades
descentralizadas; y (ii) del Congreso de la República, de la rama judicial, el
Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la organización electoral
y la Contraloría General de la República; en cuyo artículo 6° se estableció el
salario mensual base para calcular las cotizaciones al sistema de tales
servidores, modificado por el Decreto 1158 de 1994, que previó los siguientes
factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica mensual,
b) gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d)
primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial;
e) remuneración por trabajo dominical o festivo; f) remuneración por trabajo
suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; y g)
bonificación por servicios prestados.

Por otro lado, en lo pertinente a la normativa a la que concierne la demanda, la
Sala se remite a lo preceptuado en la Ley 33 de 1985, que en relación con el
asunto objeto de examen dispone:

Artículo 1o. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20)
años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco
años (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se
le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al
setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de
base para los aportes durante el último año de servicio.
[…].

Obsérvese que la Ley 33 de 1985 prescribe, como requisitos para acceder a la
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Expediente: 44001-23-40-000-2018-00011-01 (1799-2021)
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pensión mensual vitalicia de jubilación por parte de los empleados oficiales,
haber servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegado a la edad de
cincuenta y cinco (55) años. Igualmente, determina que la cuantía será del 75%
del salario promedio.

3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario7 da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:

a) Según cédula de ciudadanía, la actora nació el 13 de marzo de 1949.

b) Certificaciones laborales de 10 de abril de 2019, expedidas por la secretaría
de educación de La Guajira, que dan cuenta de que la accionante laboró desde
el 5 de abril de 1972 hasta el 1° de junio de 2014 para un total de 44 años y 3
días y aportó sobre la asignación básica, las primas de antigüedad, ascensional
y de capacitación y la bonificación o remuneración por servicios prestados de
2004 a 2014 («FORMATO No. 3(B)»), así: $1.442.905 mensuales de julio a
diciembre de 2004, $1.536.715 mensuales de enero a abril y de junio a
diciembre de 2005, $2.074.526 en mayo de 2005, $1.779.000 mensuales de
enero a abril y de junio a diciembre de 2006, $2.246.705 en mayo de 2006,
$1.859.000 mensuales de enero a mayo y de julio a diciembre de 2007,
$2.379.520 en junio de 2007, $1.942.625 mensuales de enero a mayo y de julio
a diciembre de 2008, $2.346.560 en junio de 2008, $2.049.500 mensuales de
enero a mayo y de julio a diciembre de 2009, $2.623.415 en junio de 2009,
$2.131.480 mensuales de enero a mayo y de julio a diciembre de 2010,
$2.728.294 en junio de 2010, $2.216.789 mensuales de enero a junio y de agosto
a diciembre de 2011, $2.654.265 en julio de 2011, $2.305.409 mensuales de
enero a abril y de junio a diciembre de 2012, $2.926.096 en mayo de 2012,
$2.397.623 mensuales de enero a abril y de junio a diciembre de 2013,
$3.204.518 en mayo de 2013, $2.502.641 mensuales en enero y marzo a junio
de 2014 y $3.341.810 en febrero de 2014.

c) «Reporte de semanas cotizadas en pensiones» actualizado al 15 de marzo de
2018, emitido por Colpensiones, en el que se evidencia el ingreso base de
cotización reportado, así: $501.461 mensuales de julio a septiembre de 2004,
$501.000 mensuales de octubre a diciembre de 2004, $534.000 mensuales de
enero a marzo de 2005, $845.000 en abril de 2005, $563.000 mensuales de junio
a agosto y de octubre a diciembre de 2005; $564.000 en septiembre de 2005;
$563.000 en enero de 2006, $592.000 mensuales de febrero a marzo, de mayo
a julio y en octubre de 2006; $887.000 en abril de 2006, $571.600 en agosto de
2006, $591.400 en septiembre de 2006, $2.921.000 en noviembre de 2006,
$1.278.000 en diciembre de 2006 y enero de 2007, $1.095.000 en febrero de
2007, $1.136.000 en marzo de 2007, $1.609.000 en abril de 2007, $1.136.000
7
Documentos adjuntados en el índice 2 del expediente digital contenido en la herramienta electrónica Samai.
9

Expediente: 44001-23-40-000-2018-00011-01 (1799-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ligia Cristina Fuentes Suárez contra Colpensiones

en mayo de 2007, $954.000 mensuales de junio a diciembre de 2007 y de
febrero, marzo y mayo de 2008, $763.000 en enero de 2008, $1.431.000 en abril
de 2008, $797.000 mensuales en junio y julio de 2008, $763.000 mensuales de
agosto a diciembre de 2008 y de enero a marzo de 2009, $1.145.000 en abril de
2009, $2.019.000 en mayo de 2009, $1.262.000 en julio de 2009, $1.052.000
mensuales en junio y de agosto a diciembre de 2009, $1.094.000 mensuales de
enero a marzo, en mayo, de julio a diciembre de 2010; $1.531.000 en abril de
2010, $1.312.000 en junio de 2010, $2.174.000 mensuales de enero a marzo y
de mayo a junio de 2011, $2.611.000 en abril de 2011, $2.392.000 en julio de
2011, $2.217.000 mensuales de agosto a diciembre de 2011, $2.305.000
mensuales de enero a marzo, de mayo a junio y de agosto a diciembre de 2012;
$2.951.000 en abril de 2012, $2.766.000 en julio de 2012, $2.305.000
mensuales de enero a marzo de 2013, $3.237.000 en abril de 2013, $2.398.000
mensuales en mayo y de julio a diciembre de 2013, $3.229.000 en junio de 2013,
$2.398.000 mensuales en enero, marzo y abril de 2014, $3.101.000 en febrero
de 2014, $3.237.000 en mayo de 2014 y $2.781.000 en junio de 2014.

d) Resolución SUB 212782 de 29 de septiembre de 2017, mediante la cual
Colpensiones revocó la Resolución GNR 147341 de 20 de mayo de 2015 y
reliquidó la pensión de jubilación de la demandante reconocida con la 18710 de
8 de septiembre de 2008 del extinguido ISS, con el 84,34% del promedio de lo
aportado durante los últimos 10 años de servicios, de conformidad con la Ley
100 de 1993, por resultarle más favorable que la prevista en la Ley 33 de 1985,
al haber alcanzado 2.033 semanas cotizados, con efectividad fiscal desde el 1°
de febrero de 2014.

e) Resolución DIR 20526 de 15 de noviembre de 2017, por la que Colpensiones
confirmó la citada en la letra anterior, en la que se revisa la liquidación
efectuada, cuyo IBL con Ley 33 de 1985 sería de $1.520.162 y con Ley 100 de
1993 de $1.427.649; y se advierte que se calculó la pensión de jubilación en
consideración a los siguientes valores (con su correspondiente actualización):

Año Valor año legal (sin actualización)
2003 $574.667
2004 $5.494.300
2005 $6.952.000
2006 $9.894.200
2007 $12.932.000
2008 $10.465.000
2009 $13.027.000
2010 $13.783.000
2011 $15.078.000
2012 $28.389.000
2013 $30.043.000

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Expediente: 44001-23-40-000-2018-00011-01 (1799-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ligia Cristina Fuentes Suárez contra Colpensiones

2014 $2.398.000

En este acto administrativo también se indica que el 12 de diciembre de 2014
la accionante pidió el reajuste de su pensión con ocasión de su retiro del
servicio, pero por Resolución GNR 147341 de 20 de mayo de 2015 le fue
negado al estimar que no tenía derecho a la prestación y deprecó su
consentimiento para revocar el reconocimiento pensional, confirmada con
Resoluciones GNR 380176 de 26 de noviembre siguiente y VBP 23386 de 27
de mayo de 2016; sin embargo, el 15 de agosto de 2017 solicitó desistir de dicha
revocación y nuevamente tal reliquidación8, reclamación que dio lugar a los
actos acusados.

Con el ánimo de desatar la cuestión litigiosa, lo primero que ha de advertirse es
que la demandante está amparada por el régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que para el 30 de junio de 19959 tenía
más de 35 años de edad (nació el 13 de marzo de 1949).

Asimismo, de las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que la
accionante trabajó para la secretaría de educación de La Guajira (del 5 de abril
de 1972 al 1° de junio de 2014) por 44 años y 3 días, por lo que el desaparecido
ISS, mediante Resolución 18710 de 8 de septiembre de 2008, le reconoció
pensión de jubilación, reajustada por retiro definitivo del servicio, con
Resolución SUB 212782 de 29 de septiembre de 2017 (confirmada por la DIR
20526 de 15 de noviembre siguiente), a partir del 1° de febrero de 2014, de
conformidad con la Ley 100 de 1993, esto es, con el 84,34% del promedio de
lo cotizado durante los últimos 10 años, con inclusión de los factores
establecidos en el Decreto 1158 de 1994 (sin especificar cuáles).

Ahora bien, la Sala itera las reglas de interpretación fijadas tanto por la Corte
Constitucional como por el Consejo de Estado, plasmadas en las sentencias
citadas en el acápite precedente, en el sentido de advertir que en el inciso 3° del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 el legislador excluyó del régimen de transición
la expectativa de las personas beneficiarias de este de obtener su pensión con el
ingreso base de liquidación que consagraba el régimen anterior al que se
encontraban afiliadas al entrar en vigor aquella, por lo que se someten al
mandato contenido en tal norma o en el artículo 21 ibidem, según corresponda;
lo que, además, guarda relación con el artículo 48 superior, en cuanto dispone
que «Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores
sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones […]», motivo
por el cual la pretensión concerniente a obtener la reliquidación de la pensión

8
Peticiones y actos que también obran en el expediente digital.
9
Al 1° de abril de 1994 estaba vinculado al departamento de Córdoba y según el artículo 151 (parágrafo) de la
Ley 100 de 1993, «El Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del nivel departamental,
municipal y distrital, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1.995, en la fecha que así lo determine la
respectiva autoridad gubernamental»
11

Expediente: 44001-23-40-000-2018-00011-01 (1799-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ligia Cristina Fuentes Suárez contra Colpensiones

de jubilación de la actor, con la totalidad de los factores devengados durante el
último año de servicios, no se ajusta al derrotero jurisprudencial hoy vigente.

Cabe anotar que si bien el fallo del Consejo de Estado, en el cual se precisó la
aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en particular, en lo
que dice relación con el ingreso base de liquidación pensional, fue dictado con
posterioridad a los actos administrativos acusados y a la demanda, la sala plena
de esta Corporación advirtió que «[…] por regla general, ha dado aplicación
al precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta
sentencia, disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este
pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en
vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo
los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables».

Por otro lado, con el propósito de no desmejorar el derecho pensional, se
evidencia que en la Resolución SUB 212782 de 29 de septiembre de 2017 se
concedió pensión de vejez a la actora con una tasa de reemplazo del 84,34%,
conforme a la Ley 100 de 1993, por favorabilidad, y con el IBL que de igual
modo se calcula para los beneficiarios del régimen de transición de esa
normativa10, por lo que aplicar la Ley 33 de 1985 le sería menos benéfico,
comoquiera que la tasa pensional prevista en esta norma es del 75%.

No obstante, se observa que Colpensiones, al reajustar la pensión de jubilación
de la accionante en la Resolución SUB 212782 de 29 de septiembre de 2017,
pese a que tomó como período para calcularla los últimos 10 años de servicios,
tuvo en cuenta valores por debajo de lo que cotizó según certificaciones
laborales «FORMATO No. 3(B)» de 10 de abril de 2019, emitidas por la
secretaría de educación de La Guajira; incluso, en el «Reporte de semanas
cotizadas en pensiones» actualizado al 15 de marzo de 2018, expedido por
Colpensiones, aparecen ingresos base de cotización que no concuerdan con lo
consignado por su empleador en las aludidas certificaciones y que tampoco
coinciden con las sumas anuales indicadas en la Resolución DIR 20526 de 15
de noviembre de 2017, por lo que resulta procedente que Colpensiones corrija
la liquidación realizada de acuerdo con lo reportado en las mencionadas
certificaciones de la secretaría de educación de La Guajira.

Resulta oportuno aclarar que si el error proviene del empleador en torno a las
cotizaciones que debió efectuar en su respectivo momento, la empresa
administradora de pensiones disponía de todo un refinado y preciso arsenal
normativo para reclamar no del trabajador o asalariado, sino del empleador, el

10
Correspondía también con el promedio de lo cotizado en los últimos 10 años, comoquiera que entre la entrada
en vigor de la Ley 100 de 1993 (30 de junio de 1995) y la efectividad fiscal de la pensión (junio de 2014)
trascurrió más de un decenio.
12

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Ligia Cristina Fuentes Suárez contra Colpensiones

pago de los aportes dejados de cancelar, por lo que ello no puede ser excusa
para liquidar en forma errónea la mesada pensional. Acerca de este aspecto,
resulta pertinente recordar las pautas que ha precisado la Corte Constitucional11,
tales como:

1) Que es «necesario separar jurídicamente el vínculo entre el patrono y la
EAP y la relación entre la EAP y el trabajador»;

2) Que «cuando el empresario descuenta los aportes del trabajador, no lo hace
por el hecho de ser patrono y por las relaciones jurídicas laborales que existen
con el trabajador, sino que el empresario actúa como una especie de agente
retenedor del sistema de seguridad social»;

3) Que, en consecuencia, «el dinero así retenido no es propiedad del patrono
sino que es un recurso parafiscal del sistema de pensiones»;

4) Que «Son estrictamente razones de eficiencia las que justifican la facultad
patronal de retención, lo cual significa que los dineros descontados
representan contribuciones parafiscales, que son propiedad del sistema y no
del patrono»;

5) «que exigir el traslado efectivo de las cotizaciones para que se puedan
reconocer las semanas o tiempos laborados por el trabajador constituye un
requisito innecesariamente gravoso para el empleado»;

6) Que «el artículo 53 de la Ley 100 de 1993 precisa que estas entidades ‘tienen
amplias facultades de fiscalización e investigación sobre el empleador o agente
retenedor de las cotizaciones al régimen, para asegurar el efectivo
cumplimiento de la presente ley»;

7) Que entre las aludidas facultades se encuentran las de « (i) verificar la
exactitud de las cotizaciones y aportes u otros informes; (ii) adelantar las
investigaciones que estimen convenientes para verificar la ocurrencia de
hechos generadores de obligaciones no declarados; (iii) citar o requerir a los
empleadores o agentes retenedores de las cotizaciones al régimen, o a terceros,
para que rindan informes; (iv) exigir a los empleadores o agentes retenedores
de las cotizaciones al régimen, o a terceros, la presentación de documentos o
registros de operaciones, cuando unos u otros estén obligados a llevar libros
registrados; (v) ordenar la exhibición y examen de los libros, comprobantes y
documentos del empleador o agente retenedor de las cotizaciones al régimen,
y realizar las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación
de las obligaciones»;

11
Véanse sentencias C-177 de 1998, M. P. Alejandro Martínez Caballero, T-1201 de 2004, T-106 de 2006,
T-284 de 2007, T-668 de 2007, entre otras.
13

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8) Que «la misma ley, en su artículo 24 precisa que para que esas entidades
puedan adelantar las acciones de cobro, se entiende que “la liquidación
mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará
mérito ejecutivo»;

9) Que «el artículo 57 confiere a las entidades administradoras del Régimen de
Prima Media con Prestación Definida la posibilidad de establecer el cobro
coactivo, para hacer efectivos sus créditos»; y

10) Por último, que «En tales condiciones, y con ese abanico de facultades,
resulta inaceptable que una EAP invoque su negligencia en el cumplimiento de
sus funciones para imponer una carga desproporcionada a la parte más débil
de esta relación triangular, esto es, al trabajador».

Por otra parte, en lo atañedero al fenómeno prescriptivo, cabe precisar que, por
ser el derecho pensional de carácter imprescriptible, este se causa día a día y se
puede solicitar en cualquier época por el interesado. Contrario sensu, para el
caso de las diferencias entre las mesadas pensionales canceladas y lo que debió
sufragarse, el legislador ha establecido el fenómeno de la prescripción, de
manera que se pagan solamente las causadas hasta tres (3) años antes de la fecha
en que se haya formulado la reclamación ante la entidad de previsión, conforme
a los artículos 48812 y 48913 del Código Sustantivo del Trabajo14.

En consecuencia, si bien es cierto que la reclamación de 15 de agosto de 2017
dio origen a los actos administrativos acusados, también lo es que la
reliquidación por retiro definitivo del servicio (que ocurrió el 2 de junio de
2014) fue deprecada el 12 de diciembre de 2014, pero por un error de la
Administración en torno al derecho se adelantó trámite administrativo con el fin
de obtener la revocación del reconocimiento pensional que culminó con
Resolución VPB 23386 de 27 de mayo de 2016, actuación que fue dejada sin
efectos a través de las Resoluciones demandadas, que, además, concedieron el
reajuste de la pensión sin aplicación del fenómeno prescriptivo, por lo que, por
razones de justicia y equidad, comoquiera que Colpensiones incurrió en un error
que impidió a tiempo una solución concreta respecto de la reliquidación, que
con posterioridad fue enmendado, no hay lugar a aplicar la prescripción trienal
de mesadas, porque el trámite primigenio quedó sin efectos, por tanto, el lapso
que demoró la Administración en definir el derecho pensional que ya tenía

12
«ARTICULO 488. REGLA GENERAL. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este
código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible,
salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente
estatuto».
13
«ARTICULO 489. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. El simple reclamo escrito del trabajador,
recibido por el empleador, acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por
una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para
la prescripción correspondiente».
14
Que regula el término de prescripción en el régimen general.
14

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concedido desde el 2008 no puede ser oponible a la persona.

Lo contrario, sería tanto como avalar las consecuencias indeseables para la
ciudadana a partir de la molicie de la Administración, lo cual resulta
inaceptable, inclusive, desde una perspectiva de simple lógica formal, o lo que
es lo mismo, privilegiar la demora infundada del Estado en la resolución de los
derechos reclamados, en desmedro de quien acude oportunamente para su
reconocimiento.

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
revocará la sentencia de primera instancia, que negó las súplicas de la demanda;
en su lugar, se declarará la nulidad parcial de los actos administrativos acusados
y se ordenará a Colpensiones reliquidar la pensión de vejez de la actora con el
promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años de servicios (1° de junio
de 2004 a 1° de junio de 2014), conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993,
de acuerdo con los valores consignados como aportados en las certificaciones
laborales «FORMATO No. 3(B)» de 10 de abril de 2019, emitidas por la
secretaría de educación de La Guajira, que obran en el expediente digital, con
efectividad fiscal a partir del 2 de junio de 2014 (fecha del retiro del servicio).

Las diferencias en las mesadas que deberá cancelar la accionada se actualizarán
de acuerdo con la fórmula según la cual el valor presente (R) se determinará al
multiplicar el valor histórico (Rh) por el guarismo que resulta de dividir el índice
final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de la
sentencia) por el índice inicial (vigente a la fecha de la causación de la prestación).
La fórmula que debe aplicar la entidad demandada es la siguiente:

R = Rh. índice final
índice inicial

Se aclara que por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, dicha fórmula debe
aplicarse mes por mes, conforme el índice inicial es el vigente al momento de la
causación de cada uno de ellos.

Por último, respecto de la condena en costas, esta Sala estima que no es dable
aplicar de manera restrictiva lo dispuesto en el artículo 365 del Código General
del Proceso (CGP), por remisión expresa del artículo 188 del CPACA, a la parte
vencida, pues debe estudiarse aspectos como la temeridad o mala fe en la que
esta pudo incurrir, sino que adoptó esa decisión con el único fundamento de que
la norma en mención preceptuaba de manera inexorable la imposición de tal

15

Expediente: 44001-23-40-000-2018-00011-01 (1799-2021)
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Ligia Cristina Fuentes Suárez contra Colpensiones

condena. En este sentido, se pronunció esta Corporación, en sentencia de 1.º de
diciembre de 201615, así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en
costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que
se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación
especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya
segunda acepción es entendida por la Real Academia Española como
«2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas
no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio
y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo
366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un
juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal
asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan
el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación
razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte
vencida esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que
dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento,
cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal
de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a
sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan
calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca
el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del
demandante, se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la
vía judicial del derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia,

15
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada:
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
16

Expediente: 44001-23-40-000-2018-00011-01 (1799-2021)
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pues con base en el ordenamiento que la rige y los lineamientos
jurisprudenciales en la materia, así lo consideró.

Por consiguiente, esta Sala considera que la referida normativa deja a
disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que
para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar
su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron
desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener
certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala
fe, por lo que, al no predicarse tal proceder de la parte demandada, no se
impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase la sentencia proferida el 30 de octubre de 2019 por el Tribunal
Administrativo de La Guajira, que negó las pretensiones de la demanda en el
proceso instaurado por el señor Ligia Cristina Fuentes Suárez contra la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), conforme a lo
indicado en la motivación; en su lugar:

1.1 Declárase la nulidad parcial de las Resoluciones SUB 212782 de 29 de
septiembre y DIR 20526 de 15 de noviembre, ambas de 2017, por las cuales
Colpensiones reliquidó la pensión de vejez de la actora, sin tener en cuenta los
valores realmente cotizados, de conformidad con la parte motiva.

1.2 Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento
del derecho, ordénase a la demandada reajustar la pensión de vejez de la actora
con el promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años de servicios (1° de
junio de 2004 a 1° de junio de 2014), conforme al artículo 21 de la Ley 100 de
1993, de acuerdo con los valores consignados como aportados en las
certificaciones laborales «FORMATO No. 3(B)» de 10 de abril de 2019,
emitidas por la secretaría de educación de La Guajira, que obran en el
expediente digital, con efectividad fiscal a partir del 2 de junio de 2014, por las
razones consignadas en la parte motiva.

1.3 La accionada hará la actualización sobre las diferencias adeudadas, teniendo
en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:

R = Rh. índice final
índice inicial
17

Expediente: 44001-23-40-000-2018-00011-01 (1799-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ligia Cristina Fuentes Suárez contra Colpensiones

1.4 La demandada dará cumplimiento al presente fallo en atención a lo previsto
en el artículo 192 del CPACA.

1.5 Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Ausente con permiso Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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