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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 44001-23-40-000-2018-00028-01

Fecha
19 de octubre de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 44001-23-40-000-2018-00028-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: 1. REVOCAR el ordinal cuarto de la sentencia del 4 de marzo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira. En su lugar, se dispone: CUARTO. Sin condena en costas en primera instancia. 2. En lo demás, CONFIRMAR la sentencia apelada. 3. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 44001-23-40-000-2018-00028-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

19 de octubre de 2023

Radicado: 44001-23-40-000-2018-00028-01 [27706]
Demandante: Transelca SA ESP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 44001-23-40-000-2018-00028-01 [27706]
Demandante: TRANSELCA SA ESP
Demandado: MUNICIPIO DE DIBULLA

Temas: Impuesto de alumbrado público. Noviembre y diciembre de 2015,
y enero a marzo de 2016. Acto previo

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el municipio de Dibulla1 y su
coadyuvante Dolmen SA2, contra la sentencia del 4 de marzo de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de La Guajira, que resolvió3:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos acusados, emitidos por el
municipio de Dibulla y contenidos en la liquidación oficial 2016-0001 del 7 de marzo de 2016, y
de la resolución que decide el recurso de reconsideración No. 2017-001 de fecha 24 de marzo de
2017, que confirma la liquidación oficial antes referenciada. Lo anterior, por las razones
esgrimidas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del
derecho, declarar que la sociedad Transelca S.A. E.S.P. no tiene obligación alguna a su cargo y
en beneficio del municipio de Dibulla – La Guajira, por concepto del tributo de alumbrado público
causado para los periodos gravables correspondiente a los periodos de noviembre, y diciembre
de 2015, y enero, febrero y marzo de 2016, periodos objeto de la liquidación oficial cuya nulidad
se decreta. El municipio de Dibulla deberá devolver a Transelca S.A. E.S.P. toda suma que, por
concepto de impuesto de alumbrado público, le haya cancelado ésta por los periodos antes
aludidos, valor que será ajustado conforme a lo dispuesto en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: Esta sentencia se cumplirá conforme a lo dispuesto en los artículos 189, 191 y 195
del CPACA.

CUARTO: CONDENAR en costas a la parte demandada, a favor de la demandante. Por
secretaría se liquidarán incluyendo los gastos del proceso que se encuentren efectivamente
causados y acreditados en autos y las agencias en derecho en el porcentaje del cero punto cinco
por ciento (0.5%) que viene dispuesto en la parte motiva.

[…]».

1
Índice 2 de SAMAI - ED_CUADERNOP_00020180002800C2(.pdf) NroActua 2, págs. 275 a 285.
2
Índice 2 de SAMAI - ED_CUADERNOP_00020180002800C2(.pdf) NroActua 2, págs. 298 a 307.
3
Índice 2 de SAMAI - ED_CUADERNOP_00020180002800C2(.pdf) NroActua 2, págs. 245 a 271.

1

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Radicado: 44001-23-40-000-2018-00028-01 [27706]
Demandante: Transelca SA ESP

ANTECEDENTES

La Secretaría de Hacienda del municipio de Dibulla profirió la Liquidación Oficial nro.
2016-0001 del 7 de marzo de 2016, mediante la cual liquidó el impuesto al alumbrado
público a TRANSELCA SA ESP (en adelante, Transelca), por los períodos de
noviembre y diciembre de 2015, y enero, febrero y marzo de 2016, en la suma de
$83.926.5504.

La sociedad interpuso recurso de reconsideración contra la anterior liquidación, el cual
fue decidido por medio de la Resolución nro. 2017-0001 del 24 de marzo de 2017,
expedida por la citada secretaría, en el sentido de confirmar el acto recurrido5.

DEMANDA

La parte demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante, CPACA),
formuló las siguientes pretensiones6:

«1. Que se declare nula en su totalidad la liquidación oficial No. 2016-0001 expedida por la
Secretaría de Hacienda del Municipio de Dibulla, mediante la cual este municipio determinó el
Impuesto de Alumbrado Público a cargo de la sociedad que represento, correspondiente a los
periodos gravables de noviembre y diciembre de 2015 y enero, febrero y marzo de 2016.

2. Que se declare nula en su totalidad la Resolución No. 2017-0001, que decide el Recurso de
Reconsideración, expedida por la Secretaría de Hacienda del municipio de Dibulla, por medio de
la cual se decidió el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación oficial del
impuesto de alumbrado público correspondiente a los períodos de noviembre y diciembre de
2015 y enero, febrero y marzo de 2016, confirmando el cobro de la mencionada liquidación.

3. Que como consecuencia de la prosperidad de cualesquiera de las peticiones anteriores, se
restablezca el derecho de la sociedad TRANSELCA S.A. E.S.P., mediante sentencia en la que se
declare que ésta no tiene obligación alguna a su cargo y en beneficio del municipio de Dibulla, La
Guajira por concepto del tributo de alumbrado público causado por la vigencia fiscal del periodo
gravable de octubre de 2015 (sic) y que, consecuentemente se ordene devolver a TRANSELCA
la suma de OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS
CINCUENTA PESOS M.L. ($83.926.550) que esta empresa pagó por concepto del impuesto de
alumbrado público liquidado por los periodos de noviembre y diciembre de 2015 y enero, febrero
y marzo de 2016, junto con los intereses y/o indexación, ordenando dar aplicación, en lo que sea
del caso, a los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, respecto a lo que en ellos se dispone para la ejecución de la
sentencia que se dicte.

4. Que de acuerdo con los resultados del proceso, se condene en costas al municipio de Dibulla
y a los terceros o partes que intervengan en este proceso a favor del Municipio y de sus
argumentos y en contra de TRANSELCA o de sus argumentos».

Invocó como disposiciones violadas, las siguientes:

• Artículos 1, 13 inciso 1, 29, 95 num. 9, 150 num. 12, 313 num. 4, 338 y 363 de la
Constitución Política (CP)
4
Índice 2 de SAMAI - ED_CUADERNOP_00020180002800C1(.pdf) NroActua 2, págs. 60 a 62.
5
Índice 2 de SAMAI - ED_CUADERNOP_00020180002800C1(.pdf) NroActua 2, págs. 96 a 117.
6
Índice 2 de SAMAI - ED_CUADERNOP_00020180002800C1(.pdf) NroActua 2, págs. 3 a 4.

2

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Radicado: 44001-23-40-000-2018-00028-01 [27706]
Demandante: Transelca SA ESP

• Artículo 1 literal d) de la Ley 97 de 1913
• Artículo 32 num. 7 de la Ley 136 de 1994
• Artículo 14 nums. 14.20 y 14.21 y 18 de la Ley 142 de 1994
• Artículo 59 de la Ley 788 de 2002
• Artículo 66 de la Ley 383 de 1997
• Artículos 712, 715, 717, 719 y 730 num. 4 del Estatuto Tributario (ET)
• Artículos 2, 42 y 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA)
• Artículo 9 del Decreto 2424 de 2006.
• Artículo 9 parágrafo 2 de la Resolución Nro. 43 de 1995 de la CREG
• Acuerdo 014 de 2013 de Dibulla

Como concepto de la violación, expuso:

Violación al principio de legalidad del tributo por no ostentar la calidad de sujeto
pasivo del impuesto de alumbrado público. El municipio de Dibulla con fundamento
en los artículos 138 (sujetos pasivos) y 141 (tarifa) del Acuerdo 014 de 2013, liquidó el
tributo a Transelca, por el hecho de ser propietaria o usufructuario de líneas de
transmisión de energía, sin tener sede o establecimiento en esa jurisdicción, en razón
a la naturaleza del beneficio directo o indirecto del servicio, como lo ha precisado la
jurisprudencia7.

Violación al debido proceso. La administración municipal omitió observar lo previsto
en los artículos 66 de la Ley 383 de 1997 y 59 de la Ley 788 de 2002, que establecen
que a los municipios en sus actuaciones tributarias les corresponde aplicar el
procedimiento indicado en el Estatuto Tributario Nacional (arts. 555 a 869). En el
presente caso, el municipio de Dibulla con anterioridad a la expedición de la
liquidación oficial no profirió ni notificó acto previo, como lo exige el ET.

Ausencia de calidad de sujeto pasivo por parte de Transelca. El hecho generador
del tributo no se configuró, toda vez que, si bien la sociedad cuenta con una
subestación de energía eléctrica en esa jurisdicción, en los términos del artículo 139
del Acuerdo 014 de 2013 (hecho generador) es necesario que en el correspondiente
inmueble se preste el servicio de alumbrado público, lo que no se cumple en este
caso.

Violación del principio constitucional de legalidad de los tributos. Por cuanto las
Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915 que crearon el impuesto al servicio de alumbrado
público no establecieron los elementos mínimos necesarios para que los municipios
pudieran adoptarlo y liquidarlo, careciendo el ente territorial demandado de facultad
legal y constitucional para suplir los vacíos del legislador.

Violación a los principios constitucionales de equidad, igualdad y de capacidad
contributiva. El impuesto en discusión se liquidó con fundamento en hechos
generadores, bases gravables y tarifas diferenciales ajenas a la naturaleza del tributo,
que no son indicadores de la capacidad económica del sujeto pasivo, generando un
trato discriminatorio de manera injustificada.

7
Sentencias del 11 de marzo de 2010, exp. 16667, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, del 24 de octubre de 2013, exp.
18685 y del 19 de febrero de 2015, exp. 19546, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

3

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Radicado: 44001-23-40-000-2018-00028-01 [27706]
Demandante: Transelca SA ESP

Violación a los límites impuestos por la regulación del sector. El municipio de
Dibulla al expedir el Acuerdo 014 de 2013, así como los actos demandados, no acató
los límites y parámetros establecidos en la Resolución 43 de 1995 y el Decreto 2424
de 2006, por cuanto no se indicó si los ingresos adquiridos en virtud de los actos
individuales permiten que este recupere «más de los usuarios de lo que se paga por el
servicio incluyendo expansión y mantenimiento».

OPOSICIÓN

El municipio de Dibulla se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento
en los argumentos que se exponen a continuación 8.

Transelca es sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público, porque en el municipio
cuenta con una subestación de energía eléctrica, la que constituye un establecimiento
(lugar donde habitualmente se ejerce una actividad), por encontrarse en forma
permanente en el mismo9.

Indicó que conforme a los artículos 138 y 139 del Acuerdo 014 de 2013, el hecho
generador del tributo es la prestación del servicio de alumbrado público, por lo que la
obligación de pagarlo es de todos los contribuyentes que sean beneficiarios directa o
indirectamente del mismo, como en el caso de la demandante, por ser usuaria
potencial.

No se vulneró el debido proceso, teniendo en cuenta que, para recaudar el impuesto
de alumbrado público en el municipio de Dibulla la Secretaría de Hacienda cuenta con
la posibilidad de facturarlo directamente o cobrarlo mediante el comercializador que
presta el servicio de energía, tal como está previsto en los artículos 8 del Acuerdo 013
de 2009 y 295 del Acuerdo 014 de 2013.

Afirmó que el municipio no desconoce que se deben implementar procedimientos
tributarios y puso de presente que cuenta con facultades constitucionales otorgadas a
los entes territoriales de simplificarlos en procura de articular y efectivizar la gestión de
ingresos en cada jurisdicción. Mencionó que el trámite de determinación oficial
previsto en el ET está referido para tributos del orden nacional y no para el impuesto
de alumbrado público.

Agregó que el procedimiento de aforo no es aplicable para el impuesto en cuestión,
razón por la cual, para su determinación no se requería de la expedición de un
emplazamiento para declarar. Al respecto citó jurisprudencia10.

Expuso que en el acto por medio del cual se liquidó el impuesto se indicó el acuerdo
municipal, la tarifa aplicada, la base gravable, el valor a pagar y el lugar de pago, con
lo cual se le garantizó el debido proceso a Transelca.

8
Índice 2 de SAMAI - ED_CUADERNOP_00020180002800C1(.pdf) NroActua 2, págs. 208 a 222.
9
Citó al respecto la sentencia del Consejo de Estado del 30 de mayo de 2013, exp. 19071 y las sentencias Tribunal
Administrativo de La Guajira del 18 de agosto de 2016 y del 29 de agosto de 2018.
10
Sentencias del Consejo de Estado del 10 de febrero de 2016, exp. 20712, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, del 26 de
mayo de 2016, exp. 20792 y del 19 de julio de 2017, exp. 22522, C.P. Milton Chaves García. Reiteró la cita de las sentencias del
Tribunal Administrativo de La Guajira, antes enunciadas.

4

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Radicado: 44001-23-40-000-2018-00028-01 [27706]
Demandante: Transelca SA ESP

Los Acuerdos 013 de 2009, 021 de 2009 y 014 de 2013 del municipio de Dibulla no
vulneran el principio de legalidad del tributo, toda vez que existe una ley que autoriza
la creación del impuesto de alumbrado público. Además, los concejos municipales
tienen facultades para establecer los elementos estructurales del tributo creado por las
Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915.

Sostuvo que no se vulneraron los principios de equidad, igualdad y capacidad
contributiva, debido a que Transelca posee una mayor capacidad económica frente a
otras empresas industriales y comerciales.

En cuanto a los límites impuestos por la regulación del sector, manifestó que, dada la
naturaleza de la carga impositiva del tributo, este reúne los elementos esenciales del
mismo, y no es necesario que en el acuerdo municipal se fije la tarifa con fundamento
en un sistema y método para definir los costos y beneficios que se derivan del
servicio, pues esto es indispensable cuando se reglamenta o crea una tasa y no para
el presente gravamen. No se desconoció el parágrafo 2 del artículo 9 de la Resolución
043 de 1995 de la CREG, porque con lo que se está recaudando no se logra el
sostenimiento del servicio de alumbrado público en ninguna de las actividades que lo
componen.

La sociedad DOLMEN SA ESP, actuando en calidad de coadyuvante de la parte
demandada reprodujo los argumentos expuestos por el municipio de Dibulla en la
contestación de la demanda11.

AUDIENCIAS INICIAL Y DE PRUEBAS

El 15 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180
de la Ley 1437 de 201112. En la diligencia no se advirtieron irregularidades procesales,
nulidades o medidas cautelares que debieran ser declaradas. El litigio se concretó en
determinar la legalidad de los actos administrativos demandados.

En audiencia de pruebas celebrada el 7 de mayo de 201913 se tuvieron como pruebas
las aportadas con la demanda y su contestación, y se dio traslado a las partes para
alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de La Guajira en la sentencia apelada: i) anuló los actos
administrativos demandados, ii) declaró que la sociedad no tiene obligación a su cargo
por concepto de alumbrado público por los períodos de noviembre y diciembre de
2015, y enero, febrero y marzo de 2016, iii) ordenó la devolución de toda suma que
por el citado impuesto haya pagado la demandante y iv) condenó en costas a la parte
demandada, con fundamento en lo siguiente14:

11
Índice 2 de SAMAI - ED_CUADERNOP_00020180002800C2(.pdf) NroActua 2, págs. 151 a 185.
12
Índice 2 de SAMAI - ED_CUADERNOP_00020180002800C2(.pdf) NroActua 2, págs. 129 a 130.
13
Índice 2 de SAMAI - ED_CUADERNOP_00020180002800C2(.pdf) NroActua 2, págs. 152 a 160.
14
Índice 2 de SAMAI - ED_CUADERNOP_00020180002800C2(.pdf) NroActua 2, págs. 245 a 271.

5

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Demandante: Transelca SA ESP

Se refirió a la creación, naturaleza, recaudo y sujeción pasiva del impuesto de
alumbrado público y citó jurisprudencia al respecto15.

Advirtió que en el presente asunto no existe controversia sobre el hecho de que
Transelca posee una subestación de energía en el municipio de Dibulla, de allí que
sea sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público en los términos del artículo 3 del
Acuerdo 013 de 2009.

Contrario a lo señalado por la sociedad, para ser sujeto pasivo no se requiere ser
usuario directo del servicio de alumbrado público, sino hacer parte de la colectividad y
ser usuario potencial del mismo.

En cuanto a la violación del debido proceso por no emitir acto previo, manifestó que el
Consejo de Estado en reiteradas sentencias16 ha indicado que en aquellos casos en
los que el administrado no está obligado a presentar la declaración del impuesto al
servicio de alumbrado público, la omisión del acto previo a la determinación de la
obligación fiscal vulnera el artículo 29 de la CP.

Advirtió que en este caso el municipio de Dibulla profirió liquidación oficial del citado
impuesto por los períodos en discusión, pero no expidió un acto previo a la
determinación del tributo, lo que conforme a la citada jurisprudencia desconoció el
debido proceso de la demandante.

De acuerdo con el artículo 187 del CPACA, las condenas al pago o devolución de una
cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base el IPC vigente a la fecha
de ejecutoria de la sentencia, por el índice inicial existente a aquella en la que se hizo
cada pago. La entidad demandada deberá aplicar la fórmula en forma separada a
cada período.

Finalmente, condenó en costas al municipio por ser la parte vencida, debiendo asumir
el monto de los gastos del proceso que estén debidamente causados y acreditados en
autos, así como las agencias en derecho que se fijaron en un porcentaje del 0.5% de
la cuantía de las pretensiones, estimando la naturaleza, calidad y duración útil de la
gestión ejecutada por el apoderado de la sociedad, y los principios de equidad y
razonabilidad.

RECURSOS DE APELACIÓN

El municipio de Dibulla apeló la sentencia de primera instancia y solicitó que se
revoque17, con fundamento en lo siguiente:

No comparte los argumentos del tribunal en cuanto a que se violó el debido proceso
de Transelca, porque para cobrar el impuesto de alumbrado público la Secretaría de
Hacienda cuenta con la facultad de facturarlo directamente a través de la liquidación

15
Sentencias de la Corte Constitucional C-504 de 2002 y C-035 de 2009, y del Consejo de Estado del 19 de julio de 2012, exp.
18806, C.P. William Giraldo Giraldo, del 27 de junio de 2018, exp. 22166, del 6 de junio de 2019, exp. 24054, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto, y del 6 de noviembre de 2019, exp. 23103, C.P. Milton Chaves García.
16
Citó la sentencia del 18 de octubre de 2018, exp. 22892, C.P. Milton Chaves García.
17
Índice 2 de SAMAI - ED_CUADERNOP_00020180002800C2(.pdf) NroActua 2, págs. 275 a 285.

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oficial o realizar su cobro mediante el comercializador que presta el servicio de
energía en la correspondiente factura.

El Concejo municipal de Dibulla con fundamento en la Ley 788 de 2002 dispuso en el
parágrafo primero del artículo 10 del Acuerdo 013 de 2009 que el referido impuesto
tiene carácter impositivo y, por lo tanto, no es susceptible de presentación de
declaración privada, por lo que no se requiere de un emplazamiento previo para
poderse facturar.

Agregó que el Estatuto Tributario (arts. 574 y 578) no relaciona dentro de las
declaraciones y/o formularios que deben presentar los contribuyentes la del impuesto
de alumbrado público cuya causación y cobro se realiza a través de la factura de
energía eléctrica o facturación por parte de la Secretaría de Hacienda. Indicó que el
Consejo de Estado18 se ha pronunciado con respecto a la aplicación del
procedimiento de aforo para el cobro del mencionado tributo.

La administración municipal al expedir la liquidación oficial demandada contaba con
fundamentos legales y jurisprudenciales para el cobro directo del impuesto, además,
posee herramientas de información necesarias para la validación de la tenencia y
capacidad nominal de la subestación de energía que Transelca tiene en el municipio,
tales como «Evidencias públicas de propiedad de la subestación en el Municipio de Dibulla –
Termoguajira y capacidad instalada».

Mencionó que, en ejercicio de las facultades de fiscalización y determinación de los
impuestos municipales, con el fin de validar la actividad que realiza y los activos que
posee Transelca en el municipio, para así determinar su calidad de sujeto pasivo del
impuesto de alumbrado público, se profirieron requerimientos ordinarios de
información, los que fueron respondidos por dicha sociedad, por ende, no es
desconocido para la actora el rango bajo el cual se le liquidó el tributo.

En cuanto a la condena en costas impuesta manifestó que el numeral 8 del artículo
365 del CGP dispone que solo se aplicará si se causaron y en la medida de su
comprobación y, en el presente proceso no se cumplen tales requisitos, razón por la
cual se debe revocar esa decisión.

La sociedad DOLMEN SA ESP -coadyuvante de la parte demandada- reiteró los
argumentos expuestos por el municipio en el recurso de apelación19.

TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación se admitió mediante auto del 29 de junio de 202320 y dentro
del término de su ejecutoria la parte demandante insistió en los planteamientos de la
demanda, y solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia21.

18
Citó las sentencias del 10 de febrero de 2016, exp. 20712, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez y del 26 de mayo de 2016,
exp. 20792, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
19
Índice 2 de SAMAI - ED_CUADERNOP_00020180002800C2(.pdf) NroActua 2, págs. 298 a 307.
20
Índice 4 de SAMAI.
21
Índice 18 de SAMAI.

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Demandante: Transelca SA ESP

El municipio de Dibulla y Dolmen SA ESP reiteraron lo expuesto en la contestación de
la demanda y en el recurso de apelación22. Al no ser necesaria la práctica de pruebas
en segunda instancia no se corrió traslado para alegar (nums. 4 y 6, art. 247 del
CPACA)23.

El Ministerio Público rindió concepto y solicitó que se confirme la sentencia apelada,
porque está probado que a la demandante se le vulneró el derecho a la defensa al
omitirse el acto previo a la notificación de la determinación y cobro del tributo,
impidiéndosele exponer las razones por las cuales no era declarante y sujeto del
impuesto24.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide sobre la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales se
liquidó a TRANSELCA SA ESP el impuesto de alumbrado público por los períodos de
noviembre y diciembre de 2015, y enero, febrero y marzo de 2016.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y su
coadyuvante, se debe establecer si: i) el procedimiento adelantado por el municipio de
Dibulla para liquidar el impuesto de alumbrado público a Transelca por los citados
períodos garantizó el debido proceso y ii) si no procede la condena en costas
impuesta.

Impuesto de alumbrado público - acto previo. Reiteración jurisprudencial

El tribunal sostuvo que el municipio de Dibulla emitió liquidación oficial del impuesto
de alumbrado público por los períodos en discusión, sin embargo, no expidió un acto
previo a la determinación del tributo, lo que vulneró el debido proceso de la
demandante.

Argumento del cual difiere el municipio por cuanto para cobrar el impuesto de
alumbrado público la Secretaría de Hacienda cuenta con la facultad de facturarlo
directamente a través de la liquidación oficial o realizar su cobro mediante el
comercializador que presta el servicio de energía.

Para resolver, se advierte que la Sección ha indicado que «en los impuestos en los
cuales el contribuyente no tiene la obligación formal de declarar, no es aplicable el
procedimiento de liquidación de aforo, pero la Autoridad Fiscal sí debe emitir un acto previo a
la determinación del tributo, de tal forma que el administrado pueda discutir los elementos de
la obligación tributaria previo a su cobro y, en este sentido, se le garantice el debido
proceso»25.

22
Índices 19 y 20 de SAMAI.
23
Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
24
Índice 21 de SAMAI.
25
Sentencias del 15 de septiembre de 2022, exp. 26276, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, del 18 de octubre de 2018, exp.
22892, C.P. Milton Chaves García, del 15 de noviembre de 2018, exp. 23552, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto y del 10 de
febrero de 2016, exp. 20712, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 44001-23-40-000-2018-00028-01 [27706]
Demandante: Transelca SA ESP

El Acuerdo 014 de 201326 aplicable en el municipio de Dibulla para los períodos en
discusión no estableció a cargo de los obligados tributarios el deber formal de
presentar declaraciones del impuesto de alumbrado público. Por el contrario, en el
artículo 141 se prevé que la «tarifa de alumbrado público se cobrará mensualmente a cada
sujeto pasivo de manera uniforme a través de la empresa comercializadora y distribuidora de
energía eléctrica que prestan estos servicios en toda la jurisdicción del Municipio de Dibulla,
las cuales tendrán la obligación de facturar y recaudar a todos sus usuarios, ya sean estos
propietarios, poseedores o tenedores a cualquier título los bienes inmuebles dotados de
conexiones eléctricas».

En el presente caso se observa que a Transelca no se le expidió factura de cobro del
impuesto de alumbrado público por parte de la empresa comercializadora y
distribuidora de energía eléctrica del municipio, no obstante, el 7 de marzo de 2016, la
Secretaría de Hacienda de Dibulla le profirió Liquidación Oficial nro. 2016-0001,
mediante la cual liquidó el mencionado tributo por los períodos de noviembre y
diciembre de 2015, y enero, febrero y marzo de 2016, de acuerdo con la capacidad
nominal (MVA) de la subestación (Mayor de 20 MVA), para un total impuesto a cargo
de $83.926.550.

Del contenido del acto enjuiciado y de la revisión del expediente no se advierte que
previo a la citada liquidación oficial se haya proferido actuación alguna, y si el
municipio expidió requerimientos ordinarios de información a Transelca -como se
afirmó en el recurso de apelación-, los mismos no obran en el plenario; además,
como se indicó, con estos se pretendía obtener información de los activos que poseía
la sociedad en esa jurisdicción y la actividad que realizaba, lo que de ninguna manera
permite que a los mismos se les considere como acto previo por el que se le pusiera
en conocimiento al contribuyente que iba a ser gravado con el impuesto de alumbrado
público.

Así las cosas, se concluye que a Transelca no se le permitió discutir aspectos tales
como las normas que fundamentaron la decisión, su calidad de sujeto pasivo del
impuesto de alumbrado público, la base de determinación y la tarifa aplicable
respecto de los períodos objeto de cuestionamiento, por lo que le asiste razón al
tribunal al concluir que dicha omisión condujo a la vulneración del derecho al debido
proceso, razón suficiente para que no prospere el recurso de apelación, siendo del
caso confirmar la sentencia apelada.

Por otra parte, los apelantes manifestaron su inconformidad respecto de la condena
en costas impuesta por el a-quo, pues a su juicio no se encuentran probadas.

Frente a este aspecto, se advierte que de conformidad con lo previsto en los artículos
188 del CPACA y 365 (numeral 8) del CGP, para que proceda la condena en costas
(agencias en derecho y gastos del proceso), deben estar probadas en el expediente,
situación que no se evidencia en el presente caso. Por lo anterior, se revocará la
condena en costas impuesta por el tribunal y, por las mismas razones, la Sala se
abstendrá de condenar en costas en esta instancia.

26
Por medio del cual se adopta el código de rentas, la normatividad sustantiva tributaria, el procedimiento tributario y el régimen
sancionatorio tributario para el municipio de Dibulla, expedido por el Concejo del Municipio de Dibulla.

9

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Radicado: 44001-23-40-000-2018-00028-01 [27706]
Demandante: Transelca SA ESP

En conclusión, se revocará el ordinal cuarto de la decisión de primera instancia
respecto a la condena en costas, y en lo demás se confirmará.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. REVOCAR el ordinal cuarto de la sentencia del 4 de marzo de 2020, proferida
por el Tribunal Administrativo de La Guajira. En su lugar, se dispone:

CUARTO. Sin condena en costas en primera instancia.

2. En lo demás, CONFIRMAR la sentencia apelada.

3. Sin condena en costas en esta instancia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Ausente en comisión Presidenta (E)

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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