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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 44001-23-40-000-2018-00125-01

Fecha
11 de mayo de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 44001-23-40-000-2018-00125-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, el cual quedará así: “[…] PRIMERO: PROTEGER los derechos colectivos a: i) la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, ii) la conservación de las especies vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y la restauración del medio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 174 Número único de radicación: 4001-23-40-000-2018-00125-01 Actoras: PROCURADURÍA 12 JUDICIAL II AGRARIA Y AMBIENTAL DE RIOHACHA Y OTRA. ambiente, iii) la defensa del patrimonio público, iv) el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, y v) al agua potable; vulnerados por la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, el cual quedará así: “SEGUNDO: ORDENAR a la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL: (i) CONFORMAR una Mesa Técnica de Trabajo integrada por el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN; la Gobernación del DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA y los ministerios de AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, MINAS Y ENERGÍA y del INTERIOR, con el fin de ejecutar las gestiones interinstitucionales proyectadas en el documento “Hoja de Ruta para la Terminación del Proyecto Estratégico de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Ranchería”. (ii) Llevar a cabo de manera coordinada con las autoridades que conformarán la Mesa Técnica de Trabajo las gestiones necesarias para finalizar el proyecto, según las proyecciones elaboradas por esa entidad en el documento “Hoja de Ruta para la Terminación del Proyecto Estratégico de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 44001-23-40-000-2018-00125-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

11 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 44001-23-40-000-2018-00125-01
Referencia: Acción Popular – Fallo
Actoras: PROCURADURÍA 12 JUDICIAL II AGRARIA Y AMBIENTAL
DE RIOHACHA Y PROCURADURÍA 91 JUDICIAL I PARA ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS

TESIS: EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA LICENCIA
AMBIENTAL PARA EL MEGAPROYECTO DE LA REPRESA RÍO RANCHERÍA EN
EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, VULNERA DERECHOS COLECTIVOS
POR FALTA DE ACCESO AL AGUA. LA HOJA DE RUTA ELABORADA PARA
CULMINAR EL PROYECTO NO SE HA EJECUTADO Y REQUIERE LA
INTERVENCIÓN DE OTRAS AUTORIDADES. ES PROCEDENTE ORDENAR LA
CONFORMACIÓN DE UNA MESA TÉCNICA DE TRABAJO PARA LLEVAR A
CABO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA CULMINACIÓN DEL
PROYECTO.

DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: A LA
EXISTENCIA DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y EL MANEJO Y
APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES, A LA
DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO, AL ACCESO A UNA
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS QUE GARANTICE LA SALUBRIDAD
PÚBLICA Y AL AGUA POTABLE.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la AGENCIA

DE DESARROLLO RURAL1 contra la sentencia de 4 de marzo de 2020,

proferida por el Tribunal Administrativo de la Guajira2.

1
En adelante la ADR.
2
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 4001-23-40-000-2018-00125-01
Actoras: PROCURADURÍA 12 JUDICIAL II AGRARIA Y AMBIENTAL DE
RIOHACHA Y OTRA.

I.- ANTECEDENTES

I.1- La Demanda

Los señores CESAR VALENCIA VILLAMIZAR y EDWIN JOSÉ

LÓPEZ FUENTES, en calidad de PROCURADOR 12 JUDICIAL II

AGRARIO Y AMBIENTAL DE LA GUAJIRA y PROCURADOR 91

JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE

RIOHACHA, respectivamente, en ejercicio de la acción popular

prevista en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada

por la Ley 472 de 5 de agosto de 19983, presentaron demanda ante

el Tribunal tendiente a obtener la protección de los derechos

colectivos a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y

aprovechamiento racional de los recursos naturales, a la moralidad

administrativa, a la defensa del patrimonio público, al acceso a una

infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y al

acceso a los servicios públicos y que su prestación sea eficiente y

oportuna, presuntamente vulnerados por la ADR, la CORPORACIÓN

AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA4, el DEPARTAMENTO

3
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
4
En adelante CORPOGUAJIRA.

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3

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Actoras: PROCURADURÍA 12 JUDICIAL II AGRARIA Y AMBIENTAL DE
RIOHACHA Y OTRA.

DE LA GUAJIRA5 y los MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR,

DISTRACCIÓN, FONSECA, BARRANCAS, HATONUEVO,

ALBANIA, MAICAO, MANAURE y URIBIA.

I.2. Hechos

Indicaron que el departamento de la Guajira es la región del país con

mayor déficit de agua, pues solo un 72% de los habitantes de zonas

urbanas están conectados al servicio de agua potable y un 52% al

servicio de alcantarillado, esto es, por debajo del promedio nacional

que se ubica en el 88% y el 74%, respectivamente.

Afirmaron que para atender dicha problemática, el Gobierno Nacional

en el año 2001 inició el proyecto de construcción de la presa “El

Cercado”, para lo cual se elaboraron los respectivos diseños y se

estimó el costo de la obra en la suma $177.100.000.000, siendo

necesaria la aprobación de vigencias futuras para los años 2001 a

2007.

5
En adelante el Departamento.

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RIOHACHA Y OTRA.

Mencionaron que, con fundamento en las vigencias futuras, el

INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACIÓN DE TIERRAS – INAT

suscribió el contrato núm. 140 de 2001 con la UNIÓN TEMPORAL

GUAJIRA – UTG para la terminación de diseños y construcción de

las obras y el contrato núm. 139 de 2001 para la interventoría, los

cuales, en su momento, fueron cedidos al INSTITUTO

COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER6.

Pusieron de presente que en el documento CONPES 3362 de 14 de

julio de 2005, tanto el DEPARTAMENTO NACIONAL DE

PLANEACIÓN como los ministerios de AGRICULTURA Y

DESARROLLO RURAL y de HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

recomendaron declarar de importancia estratégica para el país la

construcción de la presa “El Cercado” y las conducciones principales

hacía las áreas de Ranchería y San Juan del Cesar. Además,

solicitaron al MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO

SOSTENIBLE y al INCODER adelantar los trámites necesarios para

la adición y reprogramación de las vigencias futuras aprobadas para

garantizar la financiación de la obra.

6
En adelante INCODER.

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RIOHACHA Y OTRA.

Afirmaron que la represa tiene una capacidad de almacenamiento de

198 millones de metros cúbicos; y que dentro de sus objetivos se

encuentra: i) suministrar agua a los distritos de riego de Ranchería y

San Juan; ii) suministrar agua para el consumo humano en los

municipios de San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas,

Hato Nuevo, Albania, Maicao, Manaure y Uribia; y iii) generar energía

eléctrica.

Aseveraron que el proyecto tenía dos fases: la primera, consistente

en los estudios y diseños detallados de la presa, conducciones

principales y su construcción; y la segunda, referida a los diseños

detallados de las redes de distribución de los distritos de riego de San

Juan del Cesar y Ranchería y la construcción de las obras de los

distritos de riego y las de los acueductos municipales.

Señalaron que CORPOGUAJIRA, para la ejecución del proyecto de

la represa, le otorgó al INCODER la licencia ambiental para la

construcción y operación del proyecto Río Ranchería, Distrito de

Riego Río Ranchería - San Juan del Cesar - La Guajira, en los

municipios de FONSECA, BARRANCAS, DISTRACCIÓN y SAN

JUAN DEL CESAR, a través de la Resolución núm. 3158 de 10 de

agosto de 2005, acto administrativo que fue modificado mediante la

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Resolución núm. 4360 de 5 de diciembre de 2005, en cuanto a los

caudales otorgados en la concesión, su regulación, programa de

capacitación de la comunidad y los programas de compensación.

Asimismo, advirtieron que a través de la Resolución núm. 02524 de

19 de diciembre de 2017, CORPOGUAJIRA autorizó la cesión total

de los derechos y obligaciones previstos en la licencia del año 2005,

a la ADR.

Informaron que la construcción de la presa “El Cercado” se desarrolló

entre el 10 de enero de 2006 y el 30 de noviembre de 2010, la cual

requirió una inversión de $639.000.000.000.

Advirtieron que el proyecto se encuentra en etapa de transición, es

decir, en la ejecución de actividades continuas de administración,

operación y mantenimiento de la fase I, ya que el Gobierno Nacional

no asignó recursos para la terminación del mismo.

Aseguraron que si bien la represa fue construida y llenada los tres

propósitos inicialmente planteados para dicha obra aún no se han

cumplido, pues no existe generación de energía eléctrica, no se han

construido los distritos de riego y tampoco la infraestructura

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necesaria para conectarla con los acueductos de los municipios

objeto del proyecto.

Mencionaron que en el año 2014 un funcionario de la

PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y

AGRARIOS efectuó una visita al proyecto, de la cual se emitió el

concepto técnico núm. 055-2014 de 24 de noviembre de 2017, en el

que la Delegada concluyó que no se halló justificación para la no

culminación del proyecto, pues si bien la fase I finalizó en el año 2010

no se han habilitado los proyectos de riego en forma organizada para

Ranchería y San Juan del Cesar, la generación de energía para la

población circunvecina y, lo más importante, la conexión al embalse

para el abastecimiento de agua para los acueductos de los municipios

que iban a ser beneficiados.

En relación con las inversiones forzosas establecidas en la Ley 99 de

22 diciembre 19937, para los proyectos que involucra en su ejecución

el uso del agua, narraron que mediante la Resolución núm. 00932 de

28 de mayo de 2015, CORPOGUAJIRA aprobó los ajustes realizados

7
“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”. Artículos 43 (parágrafo 1) y 111 (parágrafo
1).

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al programa de inversión del 1% del proyecto por valor de

$11.122.494.818, los cuales quedaron distribuidos así: i) 1% para la

recuperación, conservación, preservación y vigilancia de la cuenca

hidrográfica del río, por valor de $5.561.247.409; y ii) 1% para la

adquisición de áreas estratégicas para la conservación de los

recursos hídricos que los surten de agua, por la suma de

$5.561.47.409.

Que, a pesar de ello, CORPOGUAJIRA informó que el licenciatario

no cumplió con lo relacionado a la inversión forzosa del 1%.

Indicaron que mediante oficio de 7 de mayo de 2018, el

PROCURADOR 12 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIO DE LA

GUAJIRA solicitó información a la ADR sobre las actividades

ejecutadas para cumplir con el Plan de Manejo Ambiental para la

construcción del proyecto y si se habían efectuado apropiaciones

presupuestales, petición que fue contestada el 1o. de junio de ese

año en el sentido de afirmar que dicha Agencia había asumido

cabalmente sus obligaciones ambientales. No obstante,

CORPOGUAJIRA informó lo contrario, pues no se advirtió

cumplimiento por parte de la ADR frente a las fases pendientes del

proyecto Ranchería.

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Anotaron que CORPOGUAJIRA inició una investigación contra el

INCODER en el año 2016, por el posible incumplimiento de las

obligaciones impuestas en la licencia ambiental otorgada en el año

2005 dentro del cual se expidió el Auto núm. 0829 de 22 de junio de

2016, que declaró la sucesión procesal de la investigación en cabeza

de la ADR, como titular de la licencia, y ordenó continuar con el

proceso administrativo ambiental en su contra, el cual, para el 13 de

agosto de 2018, estaba en etapa probatoria sin que se hubiese

tomado decisión definitiva al respecto.

Expresaron que en la misma investigación se determinó que no se

había presentado informe de seguimiento al proyecto del Río

Ranchería para el año 2018 y que tampoco se brindó información

sobre la inversión forzosa del 1% para la protección de la cuenca en

los términos de la Ley 99, información que resultaba de vital

importancia para establecer el grado de cumplimiento de los deberes

ambientales a cargo del licenciado.

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Agregaron que presentaron acción de tutela8 contra las entidades

demandadas en el proceso de la referencia y otras de naturaleza

privada, al no obedecer la resolución por medio de la cual la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos decretó medidas cautelares a

favor de la comunidad indígena Wayúu, por el acceso al agua potable.

Por último, estimaron que las accionadas violaron los derechos

colectivos invocados al no culminar en su totalidad el proyecto

multipropósito del río Ranchería, no realizar la inversión del 1% de

que trata los artículos 43 y 111 de la Ley 99 e incumplir con las

obligaciones ambientales señaladas en la Resolución núm. 3158 de

2005 y demás actos administrativos que la modificaron.

I.3. Pretensiones

Los actores solicitaron lo siguiente:

“[…] PRIMERO.- Que se AMPARE a la comunidad de los municipios de
San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo,
Albania, Maicao, Manaure y Uribia, los derechos colectivos
correspondientes a la moralidad administrativa; la existencia del
equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución; la conservación de las
especies vegetales, la protección de áreas de especial importancia
ecológica, así como los demás intereses de la comunidad

8
La accionante fue la PROCURADURÍA 91 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

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relacionados con la preservación y restauración del medio
ambiente; la defensa del patrimonio público; el acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; y
el acceso a los servicios públicos y que su prestación sea eficiente
y oportuna; como se establece en los literales b), c), e), h) y j) del
artículo 4° de la Ley 472 de 1998.

SEGUNDO.- Que se DECLARE que la Agencia de Desarrollo Rural -
ADR- la Corporación Autónoma Regional de la Guajira-
CORPOGUAJIRA, el Departamento de La Guajira, y los Municipios
de San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato
Nuevo, Albania, Maicao, Manaure y Uribia, son responsables por la
violación de los derechos e intereses colectivos consagrados en los
literales b), c), e), h) y j) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.

TERCERO.- Que se ORDENE a la Agencia de Desarrollo Rural – ADR-
realizar la inversión del 1% del proyecto de la represa del río
Ranchería de que trata el parágrafo del artículo 43 y artículo 111
de la Ley 99 de 1993, y/o normas que la modifican y reglamentan,
lo cual fue aprobado por la Corporación Autónoma Regional -
CORPOGUAJIRA-, mediante la Resolución No.00932 del 28 de
mayo de 2015, en un monto total de las inversiones forzosas
adquiridas dentro de la Licencia Ambiental Vigente (Resolución
No.3158 de 10 de agosto de 2005), que asciende a ONCE MIL
CIENTO VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTÓS DIECIOCHO PESOS $11.122.494.818,
distribuido de la siguiente manera:

• 1% para la recuperación, conservación, preservación y vigilancia
de la cuenca hidrográfica del Rio Ranchería, por valor de
$5.1.247.409.

• 1% para la adquisición de áreas estratégicas para la conservación
de los recursos hídricos que los surten de agua por valor de
$5.561.247.409.

CUARTO.- Que se ORDENE a la Corporación Autónoma Regional de
la Guajira – CORPOGUAJIRA-, ejercer un control estricto sobre la
Agencia de Desarrollo además sobre la Agencia de Desarrollo Rural
– ADR-, respecto de la inversión de 1% de trata la orden anterior,
y además sobre el cumplimiento de todas las demás obligaciones
ambientales impuestas mediante la Resolución No. 3158 del 10 de
agosto de 2005, que otorgó la licencia ambiental para la
construcción de la represa del Río Ranchería, y en los demás actos
administrativos que otorgaron permisos ambientales y han
efectuado requerimientos al extinto INCODER, y ahora a la Agencia

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de Desarrollo Rural – ADR-. De todo lo anterior deberá rendir
informe al juez constitucional, dentro de los términos que se
establezcan en la sentencia que ponga fin al proceso.

QUINTO.- Que se ORDENE a la Agencia de Desarrollo Rural – ADR-
, que adopte e inicie los trámites administrativos, financieros y
presupuestales necesarios tendientes a la terminación total del
proyecto estratégico multipropósito del Rio Ranchería – Distritos de
Riego y Adecuación de Tierras de Ranchería y San Juan del Cesar,
para lo cual deberá presentar una hoja de ruta con términos
perentorios, medibles y verificables por parte del comité de
seguimiento.

SEXTO.- Que se ORDENE al Departamento de la Guajira y a los
Municipios de San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato
Nuevo, Albania, Maicao, Manaure y Uribia, en coordinada interacción con
la Agencia de Desarrollo Rural – ADR- y las demás entidades
competentes, que adopten e inicien los trámites administrativos,
financieros y presupuestales necesarios tendientes a la culminación
del proyecto multipropósito del Rio Ranchería en el componente del
Acueducto, bien sea Regional, Subregional, o Local, que incluya la
culminación de esta fase del proyecto, que contempla el suministro
de agua para los acueductos de los 9 municipios, es decir, que los
9 acueductos de los 9 municipios de San Juan del Cesar, Distracción,
Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Albania, Maicao, Manaure y Uribia, se
conectan al embalse de la Represa del Cercado, priorizando en todo
caso, los acueductos de los 3 últimos municipios por ser sus niños, niñas
y adolescentes, mujeres gestantes y lactantes de la etnia Wayuu
beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas mediante las
Resoluciones 060/1523 y 3/2017 de la CIDH; para lo cual deberá
presentarse una hoja de ruta con términos perentorios, medibles y
verificables por parte del comité de seguimiento.

SÉPTIMO.- Que se ORDENE, a las entidades del orden nacional que el
juez constitucional haya vinculado al trámite de la presente acción,
debido a la importancia y magnitud del proyecto, tales como
Departamento Nacional de Planeación -DNP-, que coordine con las
demás entidades demandadas, en especial con el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, el Departamento de la Guajira, y los Municipios de
San José del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo,
Albania, Maicao, Manaure y Uribia, para que se evalúe, viabilice,
apruebe y priorice la conveniencia y oportunidad de financiar la segunda
fase del proyecto multipropósito del Rio Ranchería en los componentes
Distrito de Riego y Acueducto bien sea Regional, Subregional, o Local,
designando igualmente su ejecutor, para que el proyecto de la represa
del Rio Rancherías cumpla con los fines para los cuales se construyó,

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priorizando en todo caso, los acueductos de los 3 últimos municipios por
ser sus niños, niñas y adolescentes, mujeres gestantes y lactantes de la
etnia wayuu beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas mediante
las Resoluciones 060/1523 y 3/2017 de la CIDH; con lo cual, además se
le da cabal acatamiento a las medidas cautelares de la CIDH tal como
fue ordenado en diferentes sentencias proferidas por la Corte
Constitucional, en especial, T – 302/17 en donde declaró la existencia
de un estado de cosas inconstitucional en relación con el goce efectivo
de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua
potable y a la participación de los niños y niñas del pueblo Wayuu, ante
el incumplimiento de los parámetros mínimos constitucionales aplicables
a las políticas públicas del Gobierno Nacional, del Departamento de La
Guajira, de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia y de
las autoridades indígenas con jurisdicción en esos municipios, y
reiterada en la sentencia T – 359/18.

OCTAVO.- Ordenar, en subsidio, a la Presidencia de la República-
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE,
que coordine con las entidades demandadas y demás entes u
organismos competentes, incluir el proyecto del Acueducto Regional o
Subregional, en la alianza por el Agua y la Vida que viene implementado
en virtud de las medidas cautelares de la CIDH y las sentencias
expedidas por la jurisdicción ordinaria, constitucional y contencioso
administrativa, priorizando el proyecto de ejecución de las obras
necesarias para conectar los acueductos a la represa El Cercado, como
se indica en la propuesta 33 del ANEXO III, MATRIZ DE PROPUESTAS
de la sentencia T -302/17 estado de cosas inconstitucional en relación
con el goce efectivo de los derechos fundamentales, entre otros, al agua
potable, de los niños y niñas del pueblo Wayuu.

NOVENO.- Consecuencialmente, con lo anterior, se ordene, al DAPRE,
que coordine con las entidades demandadas y demás entes u
organismos competentes, la articulación de las tres (3) fuentes de
financiamiento, vale decir, Alianza por el Agua y la Vida, Órgano
Colegiado de Administración y Decisión (OCADS) Departamental o
regional, y el PDA Guajira.

DÉCIMO.- Que se ordene a la parte vencida la constitución de una
garantía bancaria o una póliza de seguros mediante la cual se garantice
el cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia definitiva, de
conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 472 de 1998.

DÉCIMO PRIMERO.- Que se ordene la integración de un Comité de
vigilancia, verificación y seguimiento, en los términos previstos en el
artículo 34 de la Ley 472 de 1998.

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RIOHACHA Y OTRA.

DÉCIMO SEGUNDO.- Designar a la Defensoría del Pueblo para que vigile
el cumplimiento de la sentencia que resuelva la presente acción […]”.

I.4. Defensa

I.4.1.- El MUNICIPIO DE MAICAO9 afirmó que no fue objeto de

ningún señalamiento por parte del accionante en su demanda, ya que

el río Ranchería no cruza por su territorio, motivo por el que no le es

aplicable el marco legal señalado por la parte demandante.

Propuso la excepción que denominó “ineficacia sustantiva de la

demanda”, para lo cual argumentó que la demanda y la eventual

sentencia que decida el presente proceso le resultaría ineficaz, pues

no existe ninguna pretensión deprecada en su contra.

I.4.2.- CORPOGUAJIRA10 arguyó haber cumplido a cabalidad sus

funciones y competencias en lo relacionado con el otorgamiento de

licencias y permisos ambientales para el control y seguimiento de las

obligaciones derivadas de las mismas, por lo que no le resulta

atribuible la vulneración de los derechos colectivos.

9 9 Expediente digital, pagina 402.
10
Expediente digital, pagina 409.

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Afirmó haber realizado periódicamente visitas de control y

seguimiento a la situación aquí planteada, de lo cual existen los

siguientes informes y actuaciones administrativas:

• Informe de seguimiento con número de radicación

20153300154303 de 18 de diciembre de 2015, en el que hizo

referencia al cumplimiento de las inversiones forzosas de que trata

la Ley 99, esto es, del 1% para la protección de la cuenca

hidrográfica. En dicho documento se indicó que de acuerdo con lo

informado por el entonces INCODER, no se habían recibido a

satisfacción los proyectos de inversión del 1%.

• Informe de seguimiento con número de radicación

20163300157233 de 29 de enero de 2016, en el que, nuevamente,

precisó que no había recibido a satisfacción los proyectos de inversión

del 1% a que se refiere la Ley 99. Asimismo, indicó que la línea de

inversión aprobada era la adquisición de áreas estratégicas para la

conservación de los recursos que surten de agua al proyecto.

• Informe de seguimiento con número de radicación INT-037 de 14

y 15 de septiembre de 2017, en el que reiteró la presentación de un

cronograma detallado para la entrega formal de las inversiones del

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1% para la recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca

hidrográfica del Río Ranchería y del 1% para la adquisición de áreas

estratégicas cuyas líneas de inversión fueron ajustadas por medio de

la Resolución núm. 0932 de 2015.

I.4.3.- La ADR11 precisó aspectos de la institucionalidad del sector

agrario y el cumplimiento del objeto y fines del proyecto represa del

río Ranchería – CONPES 3362 de 2005, para lo cual se refirió a sus

orígenes y a los antecedentes para la ejecución de la primera etapa

del proyecto.

Explicó que la Ley 99 creó el INSTITUTO NACIONAL DE

ADECUACIÓN DE TIERRAS – INAT que, posteriormente, fue

suprimido. Con el Decreto 1300 de 21 de mayo de 200312 se creó el

INCODER, cuya supresión y liquidación se ordenó en la Ley 1753 de

9 de junio de 201513 que contenía el Plan Nacional de Desarrollo en

el que se estableció la transformación del campo, lo que trajo como

consecuencia su creación y la de la AGENCIA NACIONAL DE

11 11 Expediente digital, pagina 498.
12
Por el cual se crea el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder y se determina su estructura.
13
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país.

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TIERRAS – ANT, mediante los Decretos Leyes 236414 y 2363 de 7

de diciembre de 201515.

Manifestó que el proyecto del río Ranchería fue concluido en

noviembre de 2010 y comprendió la construcción de la presa “El

Cercado” y sus obras complementarias, así como la conducción de

los distritos de adecuación de tierras de San Juan del Cesar y

Ranchería.

En cuanto al documento CONPES 3362 de 2005, que tuvo como

finalidad declarar la construcción de la presa “El Cercado” y las

conducciones principales hacia las áreas de Ranchería y San Juan del

Cesar como de importancia estratégica para el País, señaló que esas

eran las obras que se habían previsto y no como lo indicó el

accionante, que se pretendía el cumplimiento de tres propósitos

principales, los cuales, según su dicho, no se efectuaron.

Arguyó, con respecto a los nueve acueductos municipales previstos

en el proyecto, que no era la responsable de adelantar las gestiones

14
Por el cual se crea la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), se determinan su objeto y su estructura
orgánica.
15
Por el cual se crea la Agencia Nacional de Tierras, (ANT), se fija su objeto y estructura.

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para proveer el servicio de agua potable a esos entes territoriales,

cuya competencia era del sector de agua y saneamiento básico en

cabeza de las autoridades municipales y departamentales.

Aseveró no estar legitimada en la causa por pasiva, especialmente

en lo relacionado con el abastecimiento de agua potable a los nueve

municipios en que tenía presencia el proyecto multipropósito río

Ranchería, no solo porque no existe nexo de causalidad entre los

hechos narrados y la acción, omisión o amenaza de los derechos

colectivos presuntamente afectados, sino porque de acuerdo con el

artículo 31 de la Ley 99, las Corporaciones Autónomas Regionales

tienen el deber de promover y ejecutar programas de abastecimiento

de agua a las comunidades indígenas y negras del área de su

jurisdicción, en coordinación con las autoridades competentes.

Manifestó que en aras de diseñar y formular una política pública en

materia de recursos hídricos, estaba dispuesta a participar, en

coordinación con las demás entidades competentes, conforme con lo

establecido en el numeral 3 del artículo 2º del Decreto 3570 de 27

de septiembre de 201116.

16
Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

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Hizo referencia a las gestiones adelantadas para garantizar el

cumplimiento del proyecto multipropósito del río Ranchería y explicó

que lo pedido por el demandante se remontaba a actuaciones

desplegadas por entidades que existían antes de su creación, sobre

las cuales no tuvo injerencia; y que el estado en que fueron tomadas

en el marco de la liquidación del INCODER dificultaron la adopción

de decisiones, específicamente en lo que tenía que ver con las

gestiones del cumplimiento del proyecto del río Ranchería, así como

la existencia y disposición de recursos para su culminación.

Informó que, frente al “1% para la recuperación, conservación,

preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica del río Ranchería,

por valor de $5.561.247.409”, luego de revisar minuciosamente la

documentación entregada por el Patrimonio Autónomo de

Remanentes del INCODER evidenció que esa entidad contrató en el

año 2010 la reforestación de 909 Has de árboles nativos y

aislamiento de 62 km de terreno en la cuenca media y alta del río,

área de influencia de la presa El Cercado; asimismo, identificó los

predios localizados en el área de influencia del embalse y que el

CONSORCIO RÍO RANCHERÍA 2017 (contratista para la

administración, operación y mantenimiento del proyecto)

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subcontrató un estudio de batimetría que incluyó el reconocimiento

de áreas provistas de cobertura vegetal en el contorno del embalse.

Estimó que, sin embargo, para tener por cumplida la referida

obligación era indispensable contar con la georreferenciación de las

parcelaciones en las que se realizaron actividades de reforestación y

enriquecimiento para efectuar la entrega de la cartografía, conforme

las especificaciones requeridas por CORPOGUAJIRA, para,

posteriormente, realizar la identificación de las especies forestales de

la zona.

Con relación al “1% para la adquisición de áreas estratégicas para la

conservación de los recursos hídricos por valor de $5.561.247.409”,

señaló que ha avanzado en el análisis predial de los insumos

catastrales disponibles en la Dirección de Adecuación de Tierras

frente a los predios que tenían folio de matrícula inmobiliaria, plano

de levantamiento topográfico, registros R1 del INSTITUTO

GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI – IGAC y escrituras públicas de

adquisición de 16 predios a favor del INCODER.

Puso de presente que recibió el proyecto mediante el acta núm. 0098

de 30 de noviembre de 2016, frente al cual ha adelantado actividades

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de administración, operación y mantenimiento con el fin de

salvaguardar los bienes que le fueron entregados.

Aseguró que además de la consecución de recursos dinamizó la

gestión de los mismos para avanzar en su proceso constructivo, así:

i) En marzo de 2018 inició el proyecto núm. 2018011000151, cuyo

objeto era el apoyo a la formulación e implementación de distritos de

adecuación de tierras y la prestación del servicio público de tierras a

nivel nacional, vigencias 2019 -2022, dentro del Sistema Unificado

de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFO. Dentro de los objetivos

estaba la terminación total del proyecto multipropósito del río

Ranchería – Distritos de adecuación de tierras de Ranchería y San

Juan, con lo cual se esperaba que el proyecto fuera terminado en su

100% y entrara en operación.

ii) Para la vigencia 2019 solicitó la suma de $658.870.000.000 del

presupuesto nacional para la formulación e implementación de

distritos de adecuación de tierras y la prestación del servicio público

de adecuación de tierras a nivel nacional, dentro del cual se

encontraba la petición de recursos para avanzar en la construcción

del proyecto estratégico multipropósito del río Ranchería; sin

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embargo, para la fecha de presentación de la contestació no se

habían cumplido los plazos legalmente establecidos para la

aprobación del presupuesto.

iii) El documento CONPES 3926 de 2018 estableció el eje estratégico

para la optimización de sus inversiones que le permitiera lograr un

mayor impacto en la productividad y competitividad agropecuaria,

así como para mejorar el impacto de las inversiones en adecuación

de tierras, lo que incluyó una línea de acción para la culminación

progresiva de proyectos de importancia estratégica, como el

proyecto multipropósito del río Ranchería.

Concluyó que adelantó las acciones establecidas en el documento de

política pública; y que, además, una vez cuente con los recursos

técnicos y presupuestales que serían destinados para tal fin,

procedería a dar inicio a las acciones que dentro del ámbito de su

competencia fueran necesarias para culminar el plurimentado

proyecto de importancia estratégica y, por lo tanto, pidió ser

desvinculada de la presente acción.

I.5. Pacto de cumplimiento

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La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 6 de febrero

de 2019, la cual se declaró fallida por ausencia de ánimo conciliatorio

de las partes.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, mediante sentencia de 4 de marzo de 2020, resolvió:

“[…] PRIMERO: PROTEGER los derechos e intereses colectivos a: i)
la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, ii) la
conservación de las especies vegetales, la protección de áreas de
especial importancia ecológica, así como los demás intereses de la
comunidad relacionados con la preservación y la restauración del
medio ambiente, iii) la defensa del patrimonio público, iv) el acceso
a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública, y v) el acceso a los servicios públicos y a que su prestación
sea eficiente y oportuna; previstos en los literales c, e, h y j del
artículo 4 de la Ley 472 de 1998, vulnerados por el ADR de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva
de esta sentencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Agencia de Desarrollo Rural acreditar
dentro del término de 6 meses el cumplimiento de todas las
obligaciones adquiridas en virtud de la licencia ambiental otorgada
por CORPOGUAJIRA a través de la Resolución mediante Resolución
(sic) No. 3158 de 2005, modificada por las Resoluciones Nos. 4360
de 2005, 02024 de 2008 y la 064 de 2009, así como allegar al
expediente pruebas del cumplimiento de las obligaciones que le
fueron impuestas en el documento CONPES 3926 de 2018, de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva
de esta sentencia.

TERCERO: ORDENAR a CORPOGUAJIRA continuar con la
evaluación, control y seguimiento sobre las actividades que debe
realizar la ADR en virtud de la licencia ambiental y con el proceso

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administrativo sancionatorio ambiental tendiente a dilucidar el
grado de responsabilidad de la ADR, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: ORDENAR la conformación del Comité de verificación
integrado por el Despacho ponente del Tribunal Contencioso
Administrativo de la Guajira, parte accionante, la Agencia de
Desarrollo Rural (ADR), la Corporación Autónoma Regional de la
Guajira (Corpoguajira), el Departamento de la Guajira, los
Municipios de San Juan del Cesar – Distracción – Fonseca –
Barrancas – Hatonuevo – Albania – Maicao – Manaure y Uribia, la
Defensoría del Pueblo, para que se encarguen de comprobar el
cumplimiento de lo ordenado en el presente fallo, y se suscriba el
respectivo informe de manera bimensual y se remita con destino
al proceso de la referencia, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

QUINTO: DENEGAR las demás súplicas de la demanda.

SEXTO: Sin costas en esta instancia […]”.

Tras referirse a las generalidades de la acción popular y al material

probatorio obrante en el expediente, abordó el examen del caso

concreto y examinó la vulneración de los derechos colectivos

invocados por los demandantes así:

(i) Derecho colectivo al patrimonio público: Encontró que le

asistía razón al accionante en cuanto a la omisión de la ADR de

adelantar los trámites necesarios para ejecutar; i) la segunda etapa

del proyecto del río Ranchería – Distritos de riego del río Ranchería

– San Juan del Cesar; y ii) las obligaciones ambientales esbozadas

en los distintos informes elaborados por CORPOGUAJIRA, en el

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marco del seguimiento efectuado a la licencia ambiental otorgada por

medio de la Resolución núm. 3158 de 2005.

Frente a los entes territoriales demandados consideró que no estaban

llamados a responder, pues no era de su competencia adoptar

medidas administrativas y presupuestales para la culminación de la

segunda etapa del proyecto río Ranchería – Distritos de riego río

Ranchería – San Juan del Cesar, como lo advirtió del documento

CONPES 3926 de 2018 y del contenido de la licencia ambiental

expedida por CORPOGUAJIRA. No obstante, adujo que esa

circunstancia no los exime de adoptar un papel activo ante las

autoridades competentes para la culminación del proyecto, pues

dentro de sus finalidades se encuentra el suministro de agua potable

para la población de sus territorios.

Señaló que a través del CONPES 3362 de 2005 se declaró el proyecto

como de importancia estratégica para el País y, además, se requirió

al MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL y al

entonces INCODER, para que adelantaran los trámites para la

adición y reprogramación de las vigencias futuras aprobadas y así

garantizar la financiación total de las obras, las cuales requerían una

inversión de $347.548.000.000, por lo que CORPOGUAJIRA otorgó

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licencia ambiental al INCODER por medio de la Resolución núm.

3158 de 2005, modificada por la Resolución núm. 4360 de 2005 y,

posteriormente, se declaró a la ADR como sucesora procesal del

INCODER.

Encontró, a partir del análisis del informe técnico núm. 055 de 2014

elaborado por la PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS

AMBIENTALES Y AGRARIOS, que el proyecto del río Ranchería

estaba dividido en tres etapas a saber: 1) la construcción de la

represa El Cercado, sus obras anexas y las conducciones principales

de las áreas de los distritos de riego de Ranchería y San Juan del

Cesar; 2) la construcción de las obras dentro del área de los distritos

de riego Ranchería y San Juan del Cesar; y 3) la administración,

operación y mantenimiento de la represa El Cercado y los distritos

de riego Ranchería y San Juan del Cesar.

Destacó que pese a invertirse la suma de $606.751.308.644 que

permitió la culminación de la primera etapa del proyecto, no se logró

establecer con grado de certeza la fecha de finalización y puesta en

marcha de las obras en un 100%, así como tampoco se acreditó que

la ADR, en cumplimiento de lo señalado en el documento CONPES

3926 de 2018, procediera a elaborar la hoja de ruta y a presentarla

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ante el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

para su aprobación, en coordinación con el DNP, para que de esa

forma la cartera Ministerial asegurara los recursos requeridos para la

implementación del CONPES, el cual debe finalizarse en el año 2025.

Agregó que la ADR aseguró haber radicado en el Sistema Unificado

de Inversiones y Finanzas Públicas SUIFO el proyecto núm.

2018011000151, denominado "Apoyo a la formulación e implementación

de Distritos de Adecuación de Tierras y la prestación del servicio público de

tierras a nivel nacional” para las vigencias 2019 -2022, proyectos

dentro de los cuales se encontraba la terminación total del proyecto

multipropósito del río Ranchería – Distritos de adecuación de tierras

de Ranchería y San Juan del Cesar, por un valor total de

$653.210.000.000; sin embargo, no se allegó prueba al expediente

de la destinación de estas sumas para las referidas vigencias.

Que, por estas razones, era procedente el amparo del derecho

colectivo a la defensa del patrimonio público, pues no era admisible

que desde la fecha en que la ADR recibió el proyecto para continuar

con la ejecución de los distritos de adecuación de tierras no haya

acreditado la inversión de recurso alguno tendiente a finalizar la

etapa II del proyecto.

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(ii) Derecho colectivo a la moralidad administrativa: Indicó que

no era procedente su amparo, pues no se comprobaron los requisitos

jurisprudencialmente exigidos para acreditar su vulneración, pues si

bien se estableció el quebrantamiento del ordenamiento jurídico

(elemento objetivo) porque la ADR no ha cumplido las funciones

señaladas en el Decreto 2364 de 2015 ni en el documento CONPES

3926 de 2018, lo cierto es que no se evidenciaron conductas

amañadas, corruptas, arbitrarias y/o acciones que permitan afirmar

que hubo una indebida administración de los recursos públicos

(elemento subjetivo).

(iii) Derecho colectivo a la existencia del equilibrio ecológico

y manejo y aprovechamiento racional de los recursos

naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su

conservación, restauración o sustitución y la conservación de

las especies vegetales, la protección de áreas de especial

importancia ecológica así como los demás intereses de la

comunidad relacionados con la preservación y restauración

del medio ambiente: Consideró que se configuró su vulneración,

en atención a que no se logró acreditar la adquisición de 16 predios

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con los cuales se hubiese alcanzado la inversión del 1%

correspondiente a la obligación ambiental.

Estimó que para probar la violación bastaban los informes de

seguimiento y los autos núms. 011116 de septiembre 26 de 2016 y

829 de junio 22 de 2018, expedidos por CORPOGUAJIRA, ya que

con ellos se acreditan las obligaciones incumplidas por parte de la

ADR, entre las que se encuentra la siembra de especies nativas en

un área de 909 hectáreas, la adquisición de predios para la protección

de la ronda hídrica del embalse, el ajuste al programa para la

compensación y mitigación de los impactos originados por el

aprovechamiento forestal, y la entrega formal de las inversiones del

1% para la recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca

hidrográfica del río Ranchería, cuya inactividad, a su juicio, afectó la

diversidad e integridad del medio ambiente en el que se encuentra

localizado el proyecto del río Ranchería.

(iv) Derecho colectivo de acceso a una infraestructura de

servicios que garantice la salubridad pública: Aseguró que si no

se cumple con el plazo establecido en el documento CONPES 3926

de 2018, esto es, que en el año 2025 se dé por terminado el proyecto

del río Ranchería, se pondrá en riesgo el referido derecho colectivo,

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toda vez que podría convertirse en un foco de contaminación que

afectaría la salud y la tranquilidad de la comunidad del área de

influencia del proyecto, razón por la que la ADR debe tomar las

medidas necesarias para lograr su finalización.

(v) Derecho colectivo de acceso a los servicios públicos y a

que su prestación sea eficiente y oportuna: Puso de presente

que la crisis permanente por la falta de la prestación del servicio de

agua de manera eficiente y oportuna en el DEPARTAMENTO es un

hecho notorio, por haber causado la pérdida de numerosas vidas

tanto de población infantil, como de animales, cultivos y tierras, y

que ocasiona un alto nivel de desnutrición por la escasez de

alimentos y del líquido para el consumo humano.

Expuso que con ocasión de la difícil situación de acceso al agua

potable que existe en el DEPARTAMENTO, la comunidad acudió al

juez constitucional para lograr la protección del derecho al agua, lo

cual dio como resultado las siguientes sentencias de la Corte

Constitucional: i) T – 302 de 2017, por medio de la cual declaró el

estado de cosas inconstitucional -ECI en relación con el goce efectivo

de los derechos fundamentales a la salud, el agua potable y a la

participación de los niños y niñas del pueblo Wayúu; y ii) T – 415 de

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2015 en la que se amparó el derecho al agua potable de 5

comunidades indígenas del MUNICIPIO DE URIBIA.

Con fundamento en lo anterior ordenó a la ADR acreditar el

cumplimiento de las obligaciones de la licencia y de las directrices

consignadas en el documento CONPES 3926 de 2018, mediante el

cual se fijó la política de Adecuación de Tierras 2018 – 2038 y se

incluyó el mega proyecto Río Ranchería.

En relación con la responsabilidad de los MUNICIPIOS demandados,

señaló que escapa de sus competencias la adopción de medidas para

la culminación de la II fase del proyecto en discusión.

Y en cuanto a CORPOGUAJIRA, aseguró que si bien ha adelantado

informes de seguimiento y dio inicio al proceso sancionatorio

ambiental por los hechos objeto de controversia estas acciones no

han sido suficientes para acreditar una gestión diligente en relación

con sus competencias de evaluación, control y seguimiento sobre las

actividades que afectan el medio ambiente, así como tampoco han

resultado efectivas para lograr el cumplimiento de las obligaciones

de la licencia ambiental. Por esta razón, le ordenó “continuar con la

evaluación, control y seguimiento sobre las actividades que debe realizar

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la ADR en virtud de la licencia ambiental y con el proceso administrativo

sancionatorio ambiental tendiente a dilucidar el grado de responsabilidad

de la ADR”.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La ADR17 fundamentó su recurso en los siguientes aspectos:

1.- Cumplimiento de las obligaciones derivadas de la licencia

ambiental: explicó que las obligaciones derivadas de la licencia

ambiental para el proyecto Río Ranchería y los distritos de riego le

son exigibles desde el momento en que adquirió firmeza la

Resolución núm. 2524 de 2017, por medio de la cual se cedió el

mencionado permiso ambiental, por lo que resulta improcedente

atribuirle responsabilidad en los hechos acaecidos con anterioridad a

dicha fecha, pues no había nacido a la vida jurídica.

Se refirió a las gestiones adelantadas para dar cumplimiento a las

obligaciones contenidas en la licencia, de la siguiente manera:

17
Expediente digital, página 835.

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i) Frente a las inversiones forzosas del 1%, indicó que en la visita

técnica realizada los días 25 y 26 de julio de 2019 por parte de

CORPOGUAJIRA, de acuerdo con la Resolución núm. 932 de 2015,

hizo entrega a la autoridad ambiental de la siguiente documentación:

“[…] 1. Copia digital de los diseños detallados y estudios
complementarios del alcantarillado sanitario y la planta de
tratamiento de aguas residuales domésticas del área urbana del
corregimiento de Caracolí y el documento final del contrato de
consultoría núm. 711 de 2015, suscrito por el INCODER;

2. Copia digital de los documentos relacionados con el monitoreo
limnológico e hidrobiológico de la fuente hídrica, para lo cual el
INCODER suscribió los contratos núm. 415 y 416 de 2016;

3. Copia digital de los documentos relacionados con el suministro
e instalación de un sistema de control de caudales, para lo cual se
firmó el contrato núm. 014 de 2015, que tenía por objeto el
mantenimiento y/o reparación de las compuertas;

4. Copia digital de los documentos relacionados con el diseño e
implementación del monitoreo del recurso hídrico superficial y
subterráneo, para lo cual se celebró el contrato núm. 020 de 2010,
entre el INCODER y el IDEAM; y

5. Copia digital de los documentos relacionados con la ejecución de
obras para el enriquecimiento con árboles nativos en 521 Has y
aislamiento de 90 Km de terreno, para lo cual se celebraron por
parte del INCODER, los contratos núms. 654 de 2012 y 1172 de
2013, con sus respectivas interventorías […]”.

ii) Respecto de las acciones de cumplimiento ambiental adelantadas,

informó que por medio de oficio ADR 20203300021802 de 8 de abril

de 2020 remitió a CORPOGUAJIRA la documentación relacionada

con las gestiones ejecutadas por el INCODER desde que obtuvo la

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titularidad de la licencia, con el fin de que la autoridad ambiental

revisara dicha documentación, realizara un estudio, efectuara una

visita y, finalmente, adoptara las acciones necesarias para “establecer

los cumplimientos que se realizaron por parte del INCODER, darles cierre

y establecer los compromisos faltantes, como nuevos compromisos por

parte de la ADR”.

Agregó, sobre este asunto, que “posteriormente la ADR realizará los

trámites administrativos ante la Corporación Autónoma de La Guajira –

CORPOGUAJIRA, a fin de hacer la entrega jurídica y material de los predios

adquiridos con la destinación específica de compensación ambiental,

conforme los compromisos pactados en la Resolución 932 de 2015”.

Argumentó también que con el fin de facilitar el seguimiento y

cumplimiento de los deberes derivados de la licencia ambiental del

Río Ranchería, era necesario que CORPOGUAJIRA realizara el

“cierre de los cumplimientos entre los años 2005 a 2017”, período en

el que el INCODER tuvo a cargo el proyecto, para de esa forma

actualizar los compromisos adquiridos frente a las condiciones reales

del proyecto.

Respecto de la orden contenida en la sentencia de primera instancia,

dirigida a que acredite, en el término de seis meses, el cumplimiento

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de las obligaciones contenidas en la licencia ambiental, estimó que el

aludido plazo no es razonable debido a que desconoce la cesión de la

licencia reconocida por la Resolución 2524 de 2017 y el esfuerzo que

ha realizado para lograr obtener de parte de CORPOGUAJIRA “la

reconstrucción del expediente administrativo” que permita “tener un

panorama claro respecto de las actividades adelantadas por el extinto

INCODER y así definir las que se encuentran a cargo de la Agencia”.

Que, en ese orden, resulta indispensable para dar cumplimiento a las

obligaciones derivadas de la licencia ambiental que previamente

CORPOGUAJIRA lleve a cabo las siguientes actuaciones:

“[…] 1. La reconstrucción del expediente administrativo;
2. Un proceso de cierre de las obligaciones cumplidas por el
INCODER y las que se deben cumplir en cabeza de la ADR;
3. Un proceso de actualización integral de las obligaciones, con
apoyo de la ADR, de acuerdo con las condiciones actuales del
proyecto que comprenda los componentes técnicos, ambientales,
jurídicos y financieros […]”.

2.- Responsabilidad frente al derecho colectivo al acceso a los

servicios públicos y a su prestación oportuna y eficiente:

Expuso que la sentencia de primera instancia no podía amparar el

derecho colectivo al acceso a los servicios públicos y a su prestación

oportuna y eficiente, dado que, de acuerdo con la licencia ambiental,

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el permiso de concesión de aguas incluye el abastecimiento de

acueductos en un caudal equivalente a 0,455 m3/seg, lo que significa

que el Proyecto Río Ranchería ofrece la disponibilidad para que los

acueductos municipales conecten sus sistemas de suministro de agua

a los puntos establecidos en los diseños hidráulicos.

Que, en ese orden, no se le puede endilgar responsabilidad por la no

prestación efectiva del servicio público de acueducto a la comunidad,

cuando la responsabilidad de adelantar gestiones de conexión al

sistema de suministro de agua es del sector de agua potable y

saneamiento básico en cabeza de las autoridades Nacionales (MVCT),

departamentales (PDA) y municipales (empresas de servicios

públicos).

3.- Cumplimiento del documento CONPES 3926 de 2018: Señaló

que de acuerdo con el mencionado documento le corresponde

presentar ante el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y

DESARROLLO RURAL la hoja de ruta para la culminación del

proyecto multipropósito Río Ranchería, lo cual llevó a cabo a través

de las siguientes gestiones:

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“[…] A. Radicación del documento mediante Oficio ADR No.
2019000080782 del 15 de noviembre de 2019, ante el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural (Rad. 20193130276782 de la
misma fecha). (Anexo 8).

B. Alcance al oficio anterior mediante Rad. ADR. No.
20193300081372 del 18 de noviembre de 2019, ante el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural (Rad de la misma fecha). (Anexo
8).

C. El 30 de abril del presente año, mediante radicado ADR
20203300025042, la Presidencia de la ADR remitió al Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR, el documento Hoja de
Ruta ajustado para la Culminación del Proyecto Rio Ranchería. En
la actualidad se están realizando mesas de trabajo con
profesionales de la ADR, mediante las cuales se realizan algunos
ajustes al documento (establecidos por el MADR), así mismo se
establecen cronogramas, hitos y responsables, en todo lo
relacionado con la culminación de mencionado proyecto, desde la
actualización de los estudios previos hasta la ejecución de las
obras. (Archivo 8). Es de anotar, que la Presidencia de la
República hace seguimiento en las mesas de trabajo anunciadas
[…]”.

Destacó que para lograr la ejecución total del proyecto se requiere

de la participación de otras entidades como el DEPARTAMENTO

NACIONAL DE PLANEACIÓN -DNP-, el MINISTERIO DE

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL y la UNIDAD DE

PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE

TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS -UPRA-.

4.- Proceso administrativo sancionatorio seguido por

CORPOGUAJIRA: Puso de presente que mediante auto núm. 829 de

22 de junio de 2018, CORPOGUAJIRA la declaró como sucesor

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procesal del INCODER en Liquidación y dispuso continuar con la

apertura de un proceso administrativo sancionatorio ambiental.

Dicho trámite se encuentra en etapa de evaluación de descargos y a

la espera de apertura del período probatorio, razón por la que el

Tribunal no podía tener en cuenta el material probatorio que allí se

debate para concluir que existió un incumplimiento de las

obligaciones derivadas de la Licencia Ambiental por su parte y una

consecuente vulneración de los derechos colectivos.

Con fundamento en los argumentos expuestos, solicitó acceder a las

siguientes peticiones:

“[…] 4.2. Revoque el fallo proferido el 04 de marzo de 2020 por el
Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira y en su lugar
ordene:

• Declarar no probada la responsabilidad de la Agencia de
Desarrollo Rural, respecto de vulneración del derecho colectivo al
acceso a los servicios públicos y a su prestación oportuna y
eficiente, por cuanto escapa de su alcance misional la prestación
del servicio público de acueducto.

• Se revoque el numeral 2 del fallo proferido el 04 de marzo de
2020 por el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira y se
ordene a CORPOGUAJIRA llevar a cabo las siguientes actuaciones
administrativas tendientes a fijar un término razonable para el
cumplimiento de las obligaciones por parte de la ADR: 1. La
reconstrucción del expediente administrativo ambiental, 2. Un
proceso de cierre de las obligaciones cumplidas por el INCODER
entre 2005 a 2018 y las que se deben cumplir en cabeza de la ADR,
3. Un proceso de actualización integral de las obligaciones, con
apoyo de la ADR, de acuerdo con las condiciones actuales del

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proyecto que comprenda los componentes técnicos, ambientales,
jurídicos y financieros.

• Derivado de lo anterior, CORPORGUAJIRA deberá evaluar las
evidencias de cumplimiento de inversión forzosa del 1% (Parágrafo
Art. 43 de la ley 99 de 1993 modificado por el Art.321 de la ley
1955 de 2019 y Art. 111 de la misma norma), en donde se verifique
hasta qué monto el INCODER cumplió con estas obligaciones de
acuerdo con las evidencias presentadas y determine el porcentaje
a cargo de la ADR.

• Que para efectos de darle cumplimiento a las obligaciones
derivadas del CONPES 3926 del 2018, se tenga en cuenta la
participación de las siguientes entidades: el Departamento
Nacional de Planeación – DNP, Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural – MADR, y la Unidad de Planificación de Tierras
Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios – UPRA.

• Por último, se haga la aclaración al Tribunal de que los actos
administrativos del proceso sancionatorio ambiental no pueden
servir de motivación para órdenes impartidas a la ADR en el marco
de la presente Acción Constitucional, toda vez que los mismos
hacen parte de una investigación abierta al INCODER sobre la cual
no es viable legalmente aplicar la figura de sucesión procesal, en
el marco de la ley 1333 de 2009 y en curso de la cual aún no se ha
emitido fallo sancionatorio […]”.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV. 1. La ADR reiteró los argumentos del recurso de apelación y

enfatizó en que no es razonable el término otorgado en la sentencia

de primera instancia para acreditar el cumplimiento de las

obligaciones derivadas de la licencia ambiental, entre la vigencia de

la Resolución núm. 3158 de 2005 y la firmeza de la Resolución núm.

2524 de 2017, debido a que durante ese período fue el INCODER

quien ostentó la titularidad de la licencia, motivo por el que, a su

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juicio, sólo podría exigírsele el cumplimiento de obligaciones a partir

del año 2018.

IV.2. El DEPARTAMENTO aseveró que está demostrado que la

primera fase del proyecto del río Ranchería se culminó y que hay

lugar a declarar probada su falta de legitimación en la causa por

pasiva, ya que se demostró que la ADR, antes INCODER, es la

responsable de ejecutar la segunda fase del citado proyecto, en los

términos del CONPES 3926 de 2018.

Estimó que debía confirmarse la sentencia de primera instancia y que

seguiría ejecutando las acciones tendientes a materializar los

principios de coordinación y colaboración, en lo que se refería al

Comité de Verificación señalado en la sentencia de primera instancia.

IV.3. El MUNICIPIO DE URIBIA afirmó que de los medios de

convicción tenidos en cuenta en la sentencia de primera instancia se

evidenciaron las dificultades por las cuales no se ejecutó la segunda

fase del proyecto del río Ranchería.

Afirmó que la Administradora Temporal de Agua del Departamento

señaló que existe un proyecto de acueducto regional que se terminó

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en su primera etapa con la planta de tratamiento Metesusto y cuyo

funcionamiento depende del suministro de agua de la represa El

Cercado.

Precisó que es afiliado al plan departamental de aguas de La Guajira

que tiene por objeto “impulsar, fortalecer y consolidar la planeación

para el efectivo desarrollo y optimización de los servicios públicos de

acueducto, alcantarillado y aseo en las zonas urbanas y rurales del

departamento y en general establecer proyectos dirigidos a mejorar

en forma significativa la cobertura, calidad y continuidad de los

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en los diferentes

municipios de la Guajira”, motivo por el que se ciñe a los lineamientos

de inversión establecidos por el gestor PDAG en el plan estratégico

de inversión 2017-2019, según el cual, ante la no culminación de los

proyectos financiados para ese período, no planteó nuevas metas

hasta no actualizar y optimizar la planeación general de los

municipios, con base en la consultoría de diagnóstico prevista para

el 2017, manteniéndose las metas suscritas por el Banco Mundial.

Aseguró que, en cuanto a la orden que le fue impartida en la

providencia de primera instancia, también se ciñe a la comprobación

del cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia, por lo cual está a

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la espera de las directrices que se tomen para la conformación del

Comité de Verificación y Seguimiento.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de

los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten

amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño

contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o

de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la

comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo

para la protección de sus derechos.

2. Planteamiento del caso

Conforme se advirtió en precedencia, los hechos que dieron origen a

la presente acción se circunscriben a la ejecución del Proyecto

Multipropósito Río Ranchería en el DEPARTAMENTO DE LA

GUAJIRA, para el cual CORPOGUAJIRA otorgó la respectiva

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licencia ambiental al INCODER, posteriormente cedida a la ADR,

mediante la Resolución núm. 02524 de 19 de diciembre de 2017.

La acción fue conocida en primera instancia por el Tribunal que, en

sentencia de 4 de marzo de 2020, declaró la vulneración de los

derechos colectivos a: i) la existencia del equilibrio ecológico y el

manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, ii) la

defensa del patrimonio público, iii) al acceso a una infraestructura de

servicios que garantice la salubridad pública, y v) al acceso a los

servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.

En consecuencia, ordenó: (i) a la ADR acreditar el cumplimiento de

todas las obligaciones adquiridas en virtud de la licencia ambiental

otorgada en la Resolución núm. 3158 de 2005, así como aportar

prueba del cumplimiento de las obligaciones señaladas en el CONPES

3926 de 2018; y (ii) a CORPOGUAJIRA continuar con la evaluación,

control y seguimiento de las actividades que debe realizar la ADR,

en virtud de la licencia ambiental, así como con el proceso

administrativo sancionatorio ambiental que adelanta en su contra.

Inconforme con la anterior decisión, la ADR interpuso recurso de

apelación para lo cual adujo, en síntesis, que:

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• No es responsable de la vulneración del derecho colectivo al acceso

a los servicios públicos y a su prestación oportuna y eficiente, por

cuanto dentro de sus funciones no se encuentra la de suministrar

agua potable a través de la prestación del servicio de acueducto;

• Las obligaciones derivadas de la licencia ambiental solo le son

exigibles a partir de la firmeza del acto por medio de la cual se cedió

el mencionado permiso ambiental;

• Ha adelantado actuaciones administrativas tendientes a darle

cumplimiento a dichas obligaciones;

• El plazo otorgado en la sentencia apelada para darle cumplimiento a

las obligaciones de la licencia ambiental no es razonable, por cuanto

para finalizar la ejecución del multiproyecto es necesario que la

autoridad ambiental realice un proceso de actualización de las

obligaciones a cargo de la nueva licenciataria;

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• Acogió las directrices del documento CONPES 3926 de 2018 y

presentó ante el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO

RURAL la correspondiente hoja de ruta ajustada para la culminación

del proyecto.

• Se requiere de la participación de otras entidades del orden nacional

para lograr la ejecución total del proyecto.

• No le era dado al Tribunal tener en cuenta el material probatorio del

proceso administrativo sancionatorio de CORPOGUAJIRA, para

concluir que existió un incumplimiento de las obligaciones derivadas

de la Licencia Ambiental por parte de la ADR, porque dicho proceso

aún no ha culminado.

3. Problemas jurídicos

Con fundamento en lo anterior, la Sala se pronunciará sobre los

siguientes asuntos: (i) cumplimiento de la licencia ambiental

otorgada al Proyecto Río Ranchería, Distrito de Riego Río

Ranchería – San Juan del Cesar, exigibilidad de sus obligaciones

y plazo otorgado por el Tribunal para que la demandada acredite su

observancia; (ii) responsabilidad de la ADR en la vulneración del

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derecho colectivo al acceso a los servicios públicos con ocasión de la

problemática de acceso al recurso hídrico generada por la no

culminación del proyecto Río Ranchería; (iii) responsabilidad de la

ADR frente a los compromisos señalados en el documento CONPES

3926 de 2018, concurrencia con otras entidades y presentación de la

Hoja de Ruta para la finalización del proyecto; y (iv) proceso

administrativo sancionatorio seguido por CORPOGUAJIRA y su

calidad de prueba en el proceso judicial de la referencia.

4. Lo probado en el proceso

4.1. Hechos probados en relación con el diseño y ejecución
del Proyecto Estratégico del Río Ranchería

-. Mediante Contrato de Obra núm. 140 de 24 de diciembre de 2001,

suscrito entre el extinto INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACIÓN

DE TIERRAS – INAT y la UNIÓN TEMPORAL GUAJIRA – UTG, se

pactó la ejecución de los diseños detallados del proyecto

RANCHERÍA, la construcción de la presa EL CERCADO y las

conducciones principales a las áreas de RANCHERÍA y SAN JUAN

DEL CESAR. La interventoría se realizó a través del contrato núm.

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139 de 2001, celebrado entre el INAT y el CONSORCIO

DESARROLLO GUAJIRA.

El contrato fue cedido al INCODER el 14 de octubre de 2003 y el

plazo de ejecución finalizó el 30 de noviembre de 2010.

La Construcción del Proyecto se dividió en dos fases: La Fase I,

incluyó la construcción de la presa El Cercado, sus obras anexas

(rebosadero, túneles de desvío y toma, estructura de toma y otras),

y las conducciones principales a las áreas de los Distritos de Riego

de Ranchería y San Juan del Cesar. La Fase II, estaba proyectada

para la construcción de las obras dentro del área de los distritos de

riego Ranchería y San Juan del Cesar (redes de distribución

primarias, secundarias y terciarias y obras prediales).

El objetivo del proyecto era adecuar con obras de riego y drenaje una

extensión de 18.820 hectáreas y suministrar agua a los acueductos

de los municipios de ALBANIA, BARRANCAS, DISTRACCIÓN,

FONSECA, HATO NUEVO, MAICAO, MANAURE, SAN JUAN DEL

CESAR Y URIBIA.

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-. Por medio del documento CONPES 3362 de 2005, se declaró de

importancia estratégica la construcción de la presa El Cercado y las

conducciones principales hacía las áreas de Ranchería y San Juan del

Cesar. El proyecto fue considerado como de “uso múltiple”, por el

abastecimiento de agua a una población cercana a los 400.000

habitantes y, asimismo, un proyecto de estrategia nacional, dado que

permitiría no solo desarrollar la política agropecuaria del Gobierno,

sino contribuir a mejorar las condiciones de vida de una zona

considerada deprimida, pero con un alto potencial productivo18.

Con el mencionado proyecto el Gobierno Nacional dio cumplimiento

al compromiso de garantizar la construcción de la presa El Cercado y

las conducciones principales hacia las áreas de Ranchería y San Juan

del Cesar, “quedando disponibles los diseños de los sistemas de riego,

drenaje y vías a nivel principal, secundario y predial, para que otras

instituciones públicas y/o privadas lleven a cabo su construcción” 19.

-. A través de la Resolución núm. 3158 de 10 de agosto de 2005,

CORPOGUAJIRA otorgó al INCODER la licencia ambiental para la

construcción y operación del Proyecto Río Ranchería, Distrito de

18
Documento CONPES 3362.
19
Idem.

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Riego Río Ranchería – San Juan del Cesar, en la cual se precisó

lo siguiente:

“[…] Que mediante contrato No.00140 de fecha diciembre 24 de
2001, el INAT suscribe contrato con la firma UNIÓN TEMPORAL
GUAJIRA, cuyo objeto es la ejecución de los diseños detallados del
proyecto Ranchería, la construcción de la presa El Cercado y las
conducciones principales a las áreas de Ranchería y San Juan del
Cesar.

[…] Que mediante el Decreto 1291 de fecha mayo 21 de 2003 se
suprime el INAT y mediante el Decreto 1300 de la misma fecha, se
crea el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER y se
determina su estructura, el cual debe cumplir con los objetivos de
las entidades suprimidas, por lo que mediante oficio No SI-5000-
No 01317 de fecha febrero 10 de 2004 y recibido el día 13 del
mismo mes y año, la Doctora DIANA ESPINOSA BULA en su
condición de Subgerente de Infraestructura del INCODER, solicita
la información necesaria a esta entidad para continuar con el
proyecto de su interés.

[…] Que mediante Auto No. 005 de fecha enero 12 de 2005, la
Oficina Jurídica ordena la convocatoria de la consultoría previa a
las comunidades indígenas que se encuentran localizadas y
asentadas en el área de influencia directa donde se desarrollará el
proyecto Río Ranchería, Distrito de riego Río Ranchería - San Juan
del Cesar.

[…] Que según Concepto Técnico emanado de la Subdirección de
Gestión Ambiental de esta Corporación, previa evaluación del
Estudio de Impacto Ambiental, anexos e información adicional
presentada, conceptúan las áreas que en ella intervinieron, que es
viable otorgar la Licencia Ambiental al INSTITUTO DE DESARROLLO
RURAL – INCODER, para la construcción y operación del proyecto
RÍO RANCHERÍA, DISTRITO DE RIEGO RIO RANCHERÍA – SAN
JUAN DEL CESAR, en jurisdicción de los municipios de San Juan del
Cesar, Distracción, Fonseca y Barrancas en el Departamento de la
Guajira, incluyendo los permisos o concesiones para el
aprovechamiento de los recursos naturales renovables.

[…]

RESUELVE:

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Actoras: PROCURADURÍA 12 JUDICIAL II AGRARIA Y AMBIENTAL DE
RIOHACHA Y OTRA.

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar licencia ambiental al INSTITUTO
DE DESARROLLO RURAL – INCODER, para el proyecto “RIO
RANCHERIA, DISTRITO DE RIEGO RIO RANCHERIA – SAN
JUAN DEL CESAR”, en jurisdicción de los municipios de Fonseca,
Barrancas, Distracción y San Juan del Cesar, Departamento de La
Guajira.

PARÁGRAFO: La licencia ambiental que se otorga, incluye los
permisos o concesiones para el aprovechamiento de los recursos
naturales renovables, citados en la parte considerativa de esta
Resolución.
(…)

ARTÍCULO SÉPTIMO: El INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL
– INCODER – en desarrollo de las actividades del proyecto, deberá
cumplir con cada una de las medidas y acciones presentadas en el
Estudio de Impacto Ambiental / Plan de Manejo Ambiental
entregado a CORPOGUAJIRA.

PARÁGRAFO: El INCODER debe cumplir con las obligaciones que a
continuación se relacionan:

• Cumplir con cada una de las medidas de manejo ambiental que
resulten del Control, Seguimiento y Monitoreo que practique
funcionarios de CORPOGUAJIRA.

• Debe garantizar el caudal requerido para el suministro de agua
para los acueductos actuales y proyectados por consiguiente, el
plan agropecuario que se desarrolle dependerá del caudal
disponible o aprovechable.

• Garantizar el caudal ecológico del Río Ranchería en no menos de
1.063 m3/seg durante la época de construcción, llenado y
operación del proyecto, o en el valor que resultare de implementar
la metodología del IDEAM si este fuera mayor.

• El caudal máximo de agua que debe derivar para el distrito San
Juan del Cesar es de 1.8 m3/ seg de acuerdo con la demanda
estimada.

• Presentar en un término de seis (6) meses contados a partir del
acto que acoja el presente concepto, un Plan de Transición para el
periodo de construcción, llenado y entrada en operación del
proyecto, que contenga las actividades, cronograma y presupuesto
para mitigar y minimizar los conflictos de uso y garantizar el
desarrollo de las actividades de acueducto, agropecuarias,

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turísticas y mineras que se derivan del uso de las aguas del río
Ranchería.
(…)
• Presentar en un término de 90 días un ajuste al programa para
la compensación y mitigación de los impactos originados por el
aprovechamiento forestal (Ficha M1) que permita adelantar las
siguientes actividades:
(…)
ARTÍCULO OCTAVO: INCODER deberá complementar el Plan de
Manejo Ambiental en lo correspondiente a la construcción del
nuevo tramo vial Silencio – Distracción, debidamente establecido
por CORPOGUAJIRA, que contemple de manera específica las
medidas o acciones tendientes a su control, prevención, mitigación,
corrección y compensación […]” (Resaltado de la Sala).

La licencia fue modificada mediante la Resolución núm. 1360 de 5 de

diciembre de 2005, en relación con el permiso de concesión de agua

superficial y otras obligaciones a cargo del INCODER.

-. CORPOGUAJIRA expidió la Resolución núm. 00932 de 28 de

mayo de 2015, en la que aprobó la base de liquidación del 1% de la

inversión forzosa establecida en la Ley 99 y sus decretos

reglamentarios, para la construcción de las obras de la Etapa I del

proyecto del río Ranchería.

-. Mediante la Resolución núm. 02524 de 19 de diciembre de 2017,

CORPOGUAJIRA autorizó la cesión total de derechos y obligaciones

emanadas de la licencia ambiental a la ADR.

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4.2. Hechos probados en relación con el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del Proyecto Estratégico del Río
Ranchería

-. La CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, con

fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la

Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque

Integral, modalidad Especial (PGA 2010), al Proyecto Estratégico del

Río Ranchería, en virtud de lo cual presentó el informe de febrero de

2011, en el que destacó que la Fase I del proyecto está culminada,

pero en cuanto a la Fase II determinó hallazgos en relación con la

información sobre el avance del proyecto, la construcción y

adecuación del Sistema de Riego y la Estructuración de la Concesión

de los Distritos de Adecuación de Tierras. El Informe concluyó

que de no proseguirse con la Fase 2 del Proyecto se generaría un

lucro cesante y, por ende, un presunto detrimento patrimonial,

además del enorme impacto social que acarrearía.

-. Por su parte, CORPOGUAJIRA inició una investigación ambiental

contra el extinto INCODER, a través de la Resolución núm. 01116

de 26 de septiembre de 2016, con el fin de verificar los hechos u

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omisiones constitutivas de infracción a normas de protección

ambiental.

-. Por medio de oficio de 2 de mayo de 2017 CORPOGUAJIRA

informó a la PROCURADURÍA 12 JUDICIAL II AMBIENTAL Y

AGRARIA DE LA GUAJIRA sobre el proyecto objeto de debate, lo

siguiente:

“[…] De conformidad con los resultados de los últimos seguimientos
ambientales al proyecto “Río Ranchería – Distritos de Riego Río
Ranchería y San Juan del Cesar” efectuados por el Grupo de
Seguimiento Ambiental de esta Corporación se ha podido
constatar:

• Que del conjunto de 97 fichas que componen el Plan de
Manejo Ambiental – INCODER ha cumplido con 84 fichas, no
se han cumplido y están pendiente por cumplir 5 fichas y
ocho no aplican para esta etapa o fase del proyecto.
• No se ha cumplido con la totalidad de cada una de las
medidas de manejo ambiental que resultado del control,
seguimiento y monitoreo ambiental practicado por los
funcionarios de esta Corporación.

• No se ha cumplido con la totalidad de las obligaciones
impuestas por CORPOGUAJIRA en los actos administrativos
de otorgamiento de la licencia ambiental y demás permisos
otorgados.

• No se ha cumplido con las obligaciones de inversión
forzosa que dicta la ley 99 de 1993 (Programa de inversión
del 1% para la protección de la cuenca. Artículo 43, Decreto
1900 de 2000) y programa de inversión del 1% para
recuperación, conservación, preservación y vigilancia de la
cuenca hidrográfica del río Ranchería, artículo 111 de la Ley
99 de 1993.

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• No ha cumplido con todas las obligaciones impuestas por
Corpoguajira por actos administrativos (oficios,
requerimientos y resoluciones) a la licencia ambiental.

Es pertinente informar que ante los incumplimientos expuestos se
ordenó la apertura de la investigación mediante auto No.1116 de
fecha 26 de septiembre de 2016 contra el INCODER la cual en su
momento se comunicó a ese Ministerio Público en cumplimiento a
lo establecido en la normatividad ambiental vigente (ley 1333 de
2009).

[…] Producto del seguimiento ambiental se ha podido constatar que
se ha garantizado por parte de INCODER el discurrimiento por el
cauce del río Ranchería no solo del caudal ecológico mínimo
impuesto de 1.063 m3/seg, sino que desde la presa se ha dejado
discurrir, incluso en el periodo de mayor estiaje, un caudal
promedio de 4.5 m3/seg.

[…] En lo correspondiente a la fase de construcción y operación de
dichos distritos de riego, o del uso de la presa para otros usos,
compartimos su preocupación de que este importante proyecto no
esté brindado el beneficio para el cual fue concebido, pero
consideramos que no somos el ente competente para solicitar o
requerir los motivos por el cual no se ha ejecutado estas fases
subsiguientes de la represa del río Ranchería.

Sin embargo, debemos informarle que dentro de nuestra
competencia está conocer sobre el trámite de modificación de
licencia que se requiere para la subsiguiente fase del proyecto en
el marco de lo dispuesto en el Decreto 2041 de 2014, hoy
compilado en el Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015
del sector ambiente, tal como lo manifestó el INSTITUTO
COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL […]” (Destacado de la
Sala).

-. La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y

Agrarios emitió concepto técnico núm. 055-2014 el 24 de

noviembre de 2017, luego de la visita de campo realizada al proyecto

del Río Ranchería, represa El Cercado, en atención a la sequía y

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desabastecimiento de agua que afrontaba el DEPARTAMENTO para

ese entonces, del cual se resalta lo siguiente:

[…] Respecto al sector sur del Departamento, se mencionan temas
de la falta de seguridad alimentaria, cuando se conoce del Distrito
de Riego Ranchería, construido por el mismo INCODER, del cual se
comenta de su inicio, pero que se quedó como un proyecto
inconcluso, restringiendo el uso del agua para el riego en los
sectores arroceros y ganaderos de este sector.

[…] La capacidad máxima de la represa es de 198 millones de m3
y en la actualidad la capacidad del vaso es de aproximadamente
93 millones de m3 y desde siete (7) meses atrás, la Represa ofrece
una descarga de aguas al Río Ranchería de aproximadamente, siete
(7) m3/seg, es decir un caudal de 7000 lit/seg, con las válvulas
listas para las conexiones de los nueve municipios y poder
satisfacer sus necesidades de agua.

[…] Estando en el sitio denominado Represa El Cercado, el
INCODER y la firma CONSORCIO AOM RANCHERÍA, nos hicieron
una presentación técnica del PROYECTO RANCHERÍA, en donde se
destacan los apartes entre los más importantes:

[…] – El proyecto se encuentra dividido en tres (3) etapas,
que consisten en las siguientes actividades:
• Primera Etapa: Construcción de la Presa El Cercado, sus obras
anexas (rebosadero, túneles de desvío y toma), y las
conducciones principales a las áreas de los distritos de riego de
ranchería y San Juan del Cesar.
• Segunda Etapa: Construcción de las obras dentro del área de
los distritos de riego Ranchería y San Juan del Cesar (redes de
distribución primaria, secundaria y terciaria, y obras prediales).
• Tercera Etapa: Administración, operación y mantenimiento de
la presa El Cercado y los distritos de riego Ranchería y San Juan
del Cesar.

• El proyecto del RÍO RANCHERÍA, es MULTIPROPÓSITO, con los
siguientes beneficios:

• Dotación de agua para acueductos de los municipios de Albania,
Barrancas, Distracción, Fonseca, Hato Nuevo, Maicao, Manaure,
San Juan del Cesar y Uribia, beneficiando una población de
354.903 habitantes.

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• Suministro de agua para riego a los distritos en gran escala de
Ranchería y San Juan del Cesar, en un área total de 18.536 Has
y representados en 1.029 usuarios.
• Generación de siete (7) megavatios de energía eléctrica para
atender la población circunvecina de la zona del proyecto en
aproximadamente 3000 viviendas.
• Almacenamiento y regulación hídrica para períodos de sequía e
invierno.

[…] – En la actualidad la Empresa CONSORCIO TC – TYPSA, realiza
las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento de
las obras de la etapa 1, con el objeto de garantizar el adecuado
funcionamiento y vida útil de los equipos eléctricos y mecánicos
que conforman el proyecto, así como la recopilación,
procesamiento y análisis de información y el mantenimiento y
administración de las instalaciones de campamentos.

[…] INFORME TÉCNICO DE VISITA

[…] En la subsiguiente fotografía No 5, observamos la valla de la
descripción del proyecto, en donde se encuentra ejecutada la
primera etapa de tres, que consiste en la construcción de la presa
El Cercado, sus obras anexas (rebosadero, túneles de desvío y
estructura de toma y las conducciones principales a las áreas de
los distritos de riego de Ranchería y San Juan del Cesar).

[…] Después de la descarga del embalse al río Ranchería, se
observa en la fotografía No.34, el cauce del río aguas debajo de la
descarga, hasta llegar al sitio de la presa derivadora, fotos Nos. 35
y 36, que es el sitio en donde se desvía un caudal importante para
el sistema de distrito de riego de Ranchería, para abastecer un área
de 15.536 Ha, y de diferentes acueductos municipales que son:
Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Albania, Maicao,
Manaure y Uribia.

[…] La conducción continúa por la citada vía, por la margen
izquierda en el sentido de la presa hacía los sistemas, es decir hacía
la dirección norte, y sale de los límites del área de mantenimiento
de la presa Río Ranchería, es decir de la portada de acceso, tal
como se observa en la fotografía No.41.

De ahí en adelante la conducción presenta las
correspondientes válvulas de manejo y control, como de las
mismas derivaciones para los diferentes acueductos
municipales, listos para que se realice la conexión
correspondiente.

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[…] CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Una vez se mencionan los antecedentes en el presente informe
y se presenta el informe técnico del recorrido de la CONSTRUCCIÓN
DEL PROYECTO RÍO RANCHERÍA – SAN JUAN DEL CESAR –
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, vale la pena resaltar la gran obra
de ser un beneficio multipropósito, que ha requerido el
Departamento de la Guajira desde hace varios años atrás y ahora
es una gran realidad.

[…] Es importante mencionar que el proyecto consta de tres (3)
fases, en donde se encuentra concluida tan solo la primera
con la construcción de la presa El Cercado, sus obras anexas
(rebosadero, túneles de desvío y toma y las conducciones
principales a las áreas de los distritos de riego de Ranchería y San
Juan del Cesar).

[…]

2. Ahora, la realidad de este proyecto tan importante para el
Departamento de la Guajira quedó inconcluso y es el momento
de que los responsables de la culminación del proyecto, con la
construcción y el desarrollo de las otras dos (2) fases, le entreguen
al país, al Departamento, a las poblaciones que se van a beneficiar
de este proyecto, y a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN,
una explicación de cuáles fueron los motivos de suspensión del
mismo, cuando ya se han invertido grandes sumas de dinero y los
cuatro beneficios que se iban a recibir del mismo, tan solo se ha
dado cumplimiento con uno solo.

Resulta inexplicable que el proyecto se puso en servicio a finales
de noviembre del año 2010, es decir han transcurrido cuatro (4)
años y no se han habilitado los proyectos de riego en forma
organizada para Ranchería y San Juan del Cesar, la
generación de energía para la población circunvecina y lo más
importante la conexión al embalse para el abastecimiento
de agua para los acueductos de los municipios de Albania,
Barrancas, Distracción, Fonseca, Hato Nuevo, Maicao,
Manaure, San Juan del Cesar y Uribia, cuando en la pasada
sequía se tuvo un desabastecimiento de agua para el
Departamento de la Guajira.

No entiende la PROCURADURÍA, cómo la operación del embalse del
Río Ranchería permite aportar al río un caudal de 7.000
litros/segundo y los requerimientos para los acueductos que están

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en el orden de 500 litros/segundo, no se pueden conducir los
acueductos antes mencionados por que se carece de la
conducción de las tuberías para cada uno de los municipios.
¿Dónde está la gestión de los municipios para la conexión
de sus acueductos a tan importante proyecto?

3. Dentro de la primera fase, quedaron construidas e instaladas las
conducciones principales para el Distrito de Riego Ranchería y el
Distrito de Riego San Juan del Cesar.

[…] Todas estas obras quedaron en stand by, por la suspensión
del proyecto y los acueductos, como la generación de
energía y el funcionamiento de los distritos de riego tanto
de Ranchería como de San Juan del Cesar, no se encuentran
en funcionamiento.

Esta segunda fase que consiste en los diseños detallados
correspondientes a las redes de distribución de los distritos de riego
tanto de Ranchería como de San Juan del Cesar y la construcción
de las obras dentro de los distritos de riego, como son las redes de
distribución primarias, secundarias y terciarias y obras prediales,
no se han ejecutado.

[…]

Considera La Procuraduría que las medidas adoptadas, en las
Resoluciones 01169 del 10 de julio de 2014 y Resolución No.1288
del 1 de agosto de 2014, por CORPOGUAJIRA, no son suficientes,
en donde se restringe el uso de las aguas para nuevos
establecimientos de cultivos de arroz y en la reducción de caudales
concesionados en un 20% para usos agrícola e industrial y un 15%
en lo pecuario.

[…] Según el Director del INCODER, el día de la presentación en las
oficinas de administración de la Presa El Cercado, los diseños
detallados de la Fase II, correspondientes a las redes de
distribución de los distritos de riego de San Juan del Cesar y
Ranchería, se encuentran en ejecución y según la fecha de
reunión, serían entregados para el mes de septiembre de
2014.

Pero de acuerdo con las proyecciones y presupuestos calculados,
en ese día de la visita, se presupuestó que el valor de las obras de
Riego San Juan del Cesar y Ranchería, estaban por el orden de los
$450.000.000.000, claro está que este presupuesto será ajustado

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una vez se termine la actualización de los estudios y diseños
comentados en el párrafo anterior.

Debido al alto costo que implica la construcción de esta fase II del
proyecto, resulta de suma importancia que sea el INCODER,
quien le proporcione a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN, la información respecto a la financiación de la Fase
II de este proyecto, para ni siquiera pensar que esta obra
culminada en su primera fase, quede en detrimento
patrimonial.

[…] 6. Ahora, otro de los aspectos que hay que tener muy en
cuenta, es una vez se concluya con la Segunda Fase del Proyecto,
y es la Tercera Fase del mismo, que consiste en la Administración,
operación y mantenimiento de la presa El Cercado y los Distritos
de Riego Ranchería y San Juan del Cesar.

Por eso es muy importante que INCODER, también nos defina y
nos presente el contrato o el convenio, que la entidad suscribió con
los usuarios de los distritos de riego Ranchería y San Juan del
Cesar, porque una vez concluidas las fases I y II, deben ser ellos
los beneficiarios que sufragan estos costos de la Tercera Fase.

[…] 7. En el presente documento, se revisaron y se relacionaron
los actos administrativos más representados de la licencia
ambiental otorgada por CORPOGUAJIRA a INCODER, pero dentro
de la mención y revisión de los mismos, no quedó especificado el
cumplimiento de la compensación de 909 Ha., con la siembra de
especies nativas, por el permiso de aprovechamiento forestal que
fue otorgado por el área inundada del embalse de la construcción
de la presa.

[…] De igual manera, quedó la preocupación por parte de la
Procuraduría del incumplimiento de algunas recomendaciones
hechas oportunamente a las fichas de manejo ambiental sobre la
actividad de desvío del río, sobre todo con la incidencia en la zona
2, es decir entre la salida del túnel y aproximadamente 2.1
kilómetros aguas abajo, en donde se registró la muerte aproximada
de 3.500 peces de diferentes especies […]” (Destacado de la Sala).

-. A través de oficio de 1o. de junio de 2018, la ADR informó sobre

el cumplimiento de las obligaciones ambientales impuestas en la

licencia ambiental que le fue cedida, lo siguiente:

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“[…] En primer lugar manifestamos el interés de la ADR en cumplir
con las obligaciones ambientales establecidas en la licencia
otorgada por CORPOGUAJIRA y en el Plan de Manejo aprobado, al
igual que con la normatividad ambiental vigente, en aras de
garantizar la continuidad en las labores misionales de la Agencia
en el proyecto.

En segundo lugar, señalamos que la Agencia de Desarrollo, una vez
recibido el proyecto Rio Ranchería por parte del INCODER en
Liquidación, mediante el Acta No.0098 del 30 de noviembre de
2016, cuyo derecho de dominio y posesión fue transferido
mediante la Resolución No.1415 del 30 de noviembre de 2016,
viene adelantando las actividades de administración, operación y
mantenimiento con el fin de salvaguardar los bienes que le fueron
entregados en el marco de dicho proyecto.

En tercer lugar, presentamos como antecedente los temas
relacionados con los archivos recibidos en la Agencia por parte del
extinto INCODER como consecuencia de la supresión y liquidación
del mencionado Instituto mediante el Decreto 2365 de 2015, los
cuales han generado demora en la consolidación y revisión de la
información referente al proyecto Rio Ranchería, entre otros.

[…] En cuarto lugar, nos permitimos detallar las acciones
adelantadas por la Agencia en cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental (PMA) del proyecto Estratégico Multipropósito Rio
Ranchería y las obligaciones relacionadas en el Auto 1116 de 2016,
emitido por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira –
CORPOGUAJIRA:

1. Respecto de la sanción impuesta mediante Resolución 1750 de
2011: De acuerdo con la Resolución 1750 de 2011, mediante la
cual CORPOGUAJIRA realiza cierre de investigación administrativa
e impone sanción por incumplimiento del programa H “Llenado del
embalse”, sub programa 2 “Retiro cobertura vegetal” del Plan de
Manejo Ambiental del Proyecto, del INCODER (hoy liquidado)
realizó el pago de la multa, por valor de OCHOCIENTOS OCHENTA
Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y SEIS PESOS M/cte ($887.604.876.80) y celebró el
contrato No.763 de 2015 con el Consorcio ETHA, a través del cual
se subcontrató el servicio de remoción de la biomasa del embalse;
se anexa informe. A la fecha la Corporación no ha emitido paz y
salvo al considerar que se encuentra pendiente dar cumplimiento
a la medida compensatoria que implica adquisición del área
correspondiente a los predios Socorro 1, 2 y 3.

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Frente a la posición de la Corporación es importante tener en
cuenta que los predios Socorro 1 y 2 fueron adquiridos por el
INCODER en el año 2010 y dado que según las Escrituras de
Compraventa respectivas No.322 y 315 del 23 de junio de 2010,
estas adquisiciones se realizaron “para ejecución de los diseños
detallados del Proyecto Ranchería, la construcción de la presa El
Cercado y las conducciones principales de las áreas de Ranchería y
San Juan del Cesar en el departamento de La Guajira”, no es
posible dar destinación diferente a los bienes inmuebles adquiridos
y, en consecuencia, no sería viable su entrega a CORPOGUAJIRA
para dar cumplimiento a la medida compensatoria incluida en la
sanción impuesta.

Respecto al predio Socorro 3, el análisis realizado por la Agencia
permitió evidenciar que el INCODER realizó compra de la posesión
del mismo (Escritura Pública 314 del 23 de junio de 2010) y por
tanto no se cuenta con plena propiedad del mismo.

[…] 2. Respecto de la medida de compensación por
aprovechamiento forestal (Ficha M-1): El cumplimiento de la
medida de compensación estipulada en la licencia ambiental del
proyecto implica la siembra de 909 Ha con individuos de especies
nativas.

A través de la revisión documental de la información entregada por
el INCODER (hoy extinto) a la Agencia, se evidenció el informe
elaborado por la Interventoría Consorcio Interef en el año 2010,
titulado “Reforestación de 909 Ha de árboles nativos y aislamiento
de 62 Km de terreno, en la cuenca media y alta del Río Ranchería”,
área de influencia de la presa El Cercado, Proyecto Río Ranchería,
Dpto de La Guajira”, donde se presenta un muestreo de las
actividades de reforestación y enriquecimiento realizadas por el
contratista consorcio Reforestamos La Guajira 2010, en el que se
relacionan: predios, coordenadas, actividad (reforestación o
enriquecimiento) y especies sembradas. Se anexó informe en
medio magnético.

[…] El Consorcio Río Ranchería 2017, contratista actual para la
administración, operación y mantenimiento del Proyecto (Contrato
No.514/217), subcontrató un estudio de batimetría que incluyó
como actividad adicional el reconocimiento de áreas provistas de
cobertura vegetal en el contorno del embalse, el informe preliminar
se encuentra en estudio por parte de la interventoría y una vez
contemos con el informe final aprobado lo remitiremos a
CORPOGUAJIRA para los fines pertinentes.

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Partiendo de los insumos anteriores y en aras de avanzar en el
cierre de esta obligación, la Agencia considera indispensable contar
con la georreferenciación de las parcelaciones donde se realizaron
las actividades de reforestación y enriquecimiento para proceder a
la entrega de la cartografía en formato shape file, cumpliendo las
especificaciones requeridas por CORPOGUAJIRA.

[…] 3. Respecto de la inversión del 1% para Programa de
Protección de la Cuenca: De acuerdo con la Resolución 00932 de
2015 (Documento anexo), “Por el cual se aprueban los ajustes
realizados al programa de inversión del 1% del proyecto represa
del Río Ranchería y se dictan otras disposiciones”, se estableció que
el valor a invertir para la recuperación, conservación, preservación
y vigilancia de la cuenca hidrográfica del Río Ranchería (Ley 99 de
1993, Artículo 43; Decreto 1900 de 2006) sería de CINCO MIL
QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA
Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE
(5.561.247.409), así:

3.1. Alcantarillado y PTAR de Caracolí: Para el cumplimiento a la
actividad “Diseños detallados y estudios complementarios del
alcantarillado sanitario por gravedad y Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales Domésticas del área urbana del Corregimiento de
Caracolí”, el INCODER celebró el contrato de consultoría No.711 de
2009, […], cuyo producto final se generó en el año 2010 y reposa
en los archivos de la ADR. Frente a este informe la Agencia se
encuentra ubicando los soportes de la entrega a la Corporación por
parte del extinto INCODER a fin de cerrar la obligación.

3.2. Monitoreo limnológico e hidrobiológico de la fuente hídrica:
Para el desarrollo de esta actividad el INCODER suscribió los
contratos No.415 y 416 de 2010, con Hidromecánicas Ltda.
(Consultoría) y Corporación Sol Naciente (Interventoría),
respectivamente, cuyas actas de recibo final y liquidación fueron
descargados. […] no reposan las actas de recibo final y de
liquidación.

3.3. Suministro e instalación de un sistema de control de caudales:
Mediante el contrato No.581 de 2010 (documento anexo),
celebrado entre el INCODER y la Unión Temporal Río Ranchería, se
dio cumplimiento a esta obligación.

[…] De acuerdo con la información que reposa en los archivos de
la ADR, las obras objeto del contrato No.581 de 2010, fueron
terminadas y recibidas a satisfacción por el interventor y el extinto

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INCODER, como se observa en el acta de terminación del contrato
firmada el 20 de junio de 2011 (Documento anexo). Según el
informe final de la interventoría, se recibieron 52 compuertas
ubicadas en canales y acequias derivadas del Río Ranchería (24
nuevas y 28 rehabilitadas).

[…] 3.4 Distrito e implementación del monitoreo del recurso hídrico
superficial y subterráneo: Esta obligación se cumplió mediante el
contrato No.020 de 2010, celebrado entre el INCODER e IDEAM.
Referente a este contrato la Dirección de Adecuación de Tierras se
encuentra adelantando una revisión minuciosa de los soportes
documentales del mismo, con el propósito de ubicar el soporte de
entrega de los productos de esta actividad a la Corporación o en su
defecto, el diseño realizado y el informe de su implementación para
remitirlos a CORPOGUAJIRA.

3.5. Capacitación ambiental para la formación de promotores de la
comunidad y planes de manejo ambiental de áreas protegidas:
Actualmente la Agencia se encuentra adelantando las actividades
necesarias para la obtención de las evidencias correspondientes al
desarrollo de esta actividad o el soporte de entrega de la misma a
la autoridad ambiental. Por cuanto, de los archivos revisados del
proyecto se puede inferir que el INCODER adelantó el programa de
capacitación y formación de promotores ambientales en los
municipios de Fonseca, Distracción, Barrancas y San Juan del
Cesar, dentro del plan de compensación o inversiones forzosas del
1%. Se adjunta en medio magnético cartilla “Programa de
capacitación y formación de promotores ambientales”.

3.6. Ejecución de las obras para enriquecimiento con árboles
nativos en 521 Has y aislamiento de 90 km de terreno: Para
atender esta obligación inicialmente se realizó el enriquecimiento
de 215 Ha, por parte del INCODER, mediante la celebración del
contrato No.654 de 2012, cuya interventoría se efectuó a través
del contrato No.655 de 2012. Se anexan contratos.

Posteriormente, suscribió el contrato No.1172 de 2013 (documento
anexo), para realizar el enriquecimiento con árboles nativos en 206
Has, cuya interventoría se efectuó mediante el contrato No.1175
de 2013.

En relación con el tema, la Dirección de Adecuación de Tierras, se
encuentra adelantando las gestiones pertinentes en el área de
Gestión Documental de la Agencia y el Patrimonio Autónomo de
Remanentes del INCODER en liquidación, en aras de ubicar los

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soportes correspondientes al desarrollo de esta actividad y/o
entrega de los mismos a la autoridad ambiental.

4. Respecto de la inversión del 1% para la adquisición de áreas
estratégicas: De acuerdo con la Resolución 00932 de 2015, “Por la
cual se aprueban los ajustes realizados al programa de inversión
del 1% del proyecto Represa del Río Ranchería y se dictan otras
disposiciones”, se estableció que el valor a invertir para la
adquisición de áreas estratégicas para la conservación de los
recursos que surten el agua al proyecto […] sería de
$5.561.247.409 M/Cte.

Para dar cumplimiento a esta obligación, la ADR ha avanzado en el
análisis predial de los insumos catastrales disponibles en la
Dirección de Adecuación de Tierras […]

A partir de lo anterior, se evidenció la adquisición de 16 predios
con plena propiedad a favor del INCODER, por un valor de TRES
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
M/Cte ($3.556.698.539), de acuerdo con los valores reflejados en
los folios de matrículas inmobiliarias correspondientes.

6. Respecto de las otras obligaciones señaladas en el Auto 116 de
2016:

6.1 Control de los impactos a la masa forestal durante la ejecución
del proyecto: La Corporación indica que “a (sic) INCODER no le fue
posible cumplir con esta obligación debido que el embalse se llenó
en un tiempo menor a lo estipulado”, por tal motivo impuso sanción
mediante la Resolución 1750 de 2011, cuyo pago se realizó por
parte del INCODER. Sin embargo, tal como se mencionó
previamente, la Corporación no ha emitido el paz y salvo respectivo
por cuanto aún se encuentra pendiente la entrega de los predios
Socorro 1, 2 y 3, cuya adquisición hace parte de la sanción
aplicada.

[…] 6.2 Plan de contingencia: A través del contrato de
administración, operación y mantenimiento – AOM de 2016, se
formuló la Fase I del Plan de Contingencia del Proyecto, el cual fue
culminado durante el Contrato de AOM 514 de 2017, mediante la
elaboración de la Fase II del mismo. Actualmente, el documento
final se encuentra en revisión por parte de la interventoría
Consorcio Ranchería 2017 y será remitido por CORPOGUAJIRA una
vez sea formalmente radicado a la ADR.

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6.4 Capacitación a comunidades del área de influencia directa en
el manejo y uso adecuado del nuevo humedal: Esta actividad se
llevó a cabo durante la ejecución del contrato actual de AOM
No.514 de 2017, se encuentra pendiente por parte del contratista
consorcio Río Ranchería 2017 remitir el informe respectivo a la
interventoría, para su posterior entrega a la Corporación. Se anexa
registro fotográfico y descripción de la actividad realizada.

6.5 Respecto a las fichas ambientales del PMA que corresponden a
la etapa del proyecto ejecutada y se encuentran pendientes de
cumplir, de acuerdo con lo indicado en el oficio del asunto, nos
permitimos informar que durante la reunión desarrollada los días
14 y 15 de septiembre de 2017 (se anexa acta), en la que
participaron el contratista actual de AOM, la ADR y
CORPOGUAJIRA; se establecieron las fichas consideradas cerradas
y el compromiso por parte de la Corporación de expedir el acto
administrativo de cierre de las mismas.

Así mismo, aclaramos que existen fichas que la Corporación
consideró pertinente dejar abiertas, no por incumplimiento sino,
porque las actividades involucradas ameritan aplicación en otras
etapas del proyecto. Tal es el caso de la ficha A – 5 […] la cual se
implementará nuevamente durante el desarrollo de la Fase II del
proyecto; la ficha G -7 “cruces de corrientes menores, secundarias
y principales” incluye el permiso de ocupación de cauce
permanente otorgado por la autoridad ambiental durante el período
de vida útil del proyecto y por tanto permanecerá abierta durante
las etapas de construcción y operación del Distrito […]” (Destacado
de la Sala).

-. Por su parte, CORPOGUAJIRA en el marco del proceso

administrativo ambiental adelantado en contra del entonces

INCODER, expidió el Auto núm. 829 de 22 de junio de 2018, a través

del cual declaró la existencia de una sucesión procesal y ordenó

continuar el proceso en contra de la ADR con sustento en que existen

obligaciones generales de la licencia pendientes por cumplir,

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específicamente, aquellas relacionadas con el programa de inversión

1% para la protección de la cuenca y áreas estratégicas.

-. La ADR remitió a CORPOGUAJIRA, por medio de oficio núm. ADR

20183300083312 de 15 de diciembre de 2018, los documentos

requeridos mediante Auto 0116 de 2016 del Proyecto Ranchería – La

Guajira, y precisó que realizó las gestiones necesarias para prorrogar

y adicionar el contrato núm. 553 de 2018 y su interventoría,

relacionado con la administración, operación y mantenimiento de la

fase I del proyecto Ranchería, por tres meses más (30 de marzo de

2019).

-. CORPOGUAJIRA en el marco de la investigación ambiental

adelantada contra la ADR, expidió el auto núm. 625 de 11 de julio

de 2019, por medio del cual le formuló cargos a dicha entidad.

-. La ADR remitió a CORPOGUAJIRA el oficio núm. ADR

20203300021802 de 8 de abril de 2020, mediante el cual allegó el

“Informe Estado de Cumplimiento Obligaciones Ambientales Proyecto

Represa Río Ranchería Predio El Encanto Corregimiento de Caracolí, San

Juan Del Cesar”, elaborado el 8 de marzo de 2020, del cual se resalta

lo siguiente:

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Actoras: PROCURADURÍA 12 JUDICIAL II AGRARIA Y AMBIENTAL DE
RIOHACHA Y OTRA.

“[…] A continuación, se presentarán cada una de las obligaciones
y su respetivo insumo técnico, con el cual se evidencia su estado
de cumplimiento, se mencionará lo encontrado en la revisión del
expediente 350/96, adicionalmente se anexarán los soportes
allegados a la ADR por el extinto INCODER, junto con los
gestionados por esta misma en quince (15) archivos anexos.

• Presentar en un término de ocho (8) meses un ajuste al programa
para la compensación y mitigación de los impactos originados por
el aprovechamiento forestal. (Auto No. 01116 de 26 de septiembre
de 2016, apertura de una investigación en contra del instituto
Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER).

Insumo Técnico: Teniendo en cuenta el marco de la visita técnica
realizada los días 25 y 26 de julio de 2019, para el seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Licencia
Ambiental otorgada por CORPOGUAJIRA mediante la Resolución
3158 del 10 de agosto de 2005 al proyecto Río Ranchería, la
Dirección de Adecuación de Tierras de la ADR hizo entrega a través
de oficio con radicado ADR 20183300083312 del 15 de diciembre
de 2018 y radicado CORPOGUAJIRA ENT-9333 del 27 de diciembre
de 2018, de una copia del informe de interventoría realizado por el
consorcio INTEREF sobre la Reforestación de 909 has, tal como
consta en acta: “2. Copia digital del informe de interventoría
Consorcio INTEREF sobre “Reforestación de 909 Has de árboles
nativos y aislamiento de 62 km de terreno, en la cuenca media y
alta del Río Ranchería, área de influencia de la presa El Cercado,
proyecto Río Ranchería, Departamento de La Guajira”, en el cual
se evidencian las áreas objeto de la compensación efectuada como
consecuencia del aprovechamiento forestal del proyecto.

Evidencia en Expediente: El día 4 de diciembre en las instalaciones
de CORPOGUAJIRA, se realiza la revisión del expediente 350/96 de
referencia “LICENCIA AMBIENTAL PROYECTO REPRESA RÍO
RANCHERÍA PREDIO EL ENCANTO CORREGIMIENTO DE CARACOLI,
SAN JUAN DEL CESAR”, se encuentra oficio con radicado ADR
20183300083312 del 15 de diciembre de 2018 y radicado
CORPOGUAJIRA ENT-9333 del 27 de diciembre de 2018, con
asunto “Remisión de documentos referidos a los requerimientos
ambientales, Auto 0116 de 2016 – Proyecto Ranchería – La
Guajira”.

En el oficio mencionado anteriormente, se envía tal como consta
en oficio “2. Copia digital del informe de interventoría Consorcio
INTEREF sobre “Reforestación de 909 Has de árboles nativos y

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aislamiento de 62 km de terreno, en la cuenca media y alta del Río
Ranchería, área de influencia de la presa El Cercado, proyecto Río
Ranchería, Departamento de La Guajira”.

Con base en lo anterior, se envía copia digital del acta de visita
realizada los días 25 y 26 de julio de 2019 (Archivo 1), del radicado
ADR 20183300083312 (Archivo 2) y del informe “REFORESTACION
DE 909 HAS DE ÁRBOLES NATIVOS Y AISLAMIENTO DE 62 KM DE
TERRENO, EN LA CUENCA MEDIA Y ALTA DEL RÍO RANCHERÍA,
ÁREA DE INFLUENCIA DE LA PRESA EL CERCADO, PROYECTO RÍO
RANCHERÍA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.” (Archivo 3).

[…] • Compensar un área de 909 Has con individuos de especies
nativas. (Auto No. 01116 de 26 de septiembre de 2016, apertura
de una investigación en contra del instituto Colombiano de
Desarrollo Rural – INCODER).

Insumo Técnico:

Teniendo en cuenta el marco de la visita técnica realizada los días
25 y 26 de julio de 2019, para el seguimiento al cumplimiento de
las obligaciones derivadas de la Licencia Ambiental otorgada por
CORPOGUAJIRA mediante la Resolución 3158 del 10 de agosto de
2005 al proyecto Río Ranchería, la Dirección de Adecuación de
Tierras de la ADR hizo entrega a través de oficio con radicado ENT-
9333 del 27 de diciembre de 2018, de una copia del informe de
interventoría realizado por el consorcio INTEREF sobre la
Reforestación de 909 has, tal como consta en acta: “2. Copia digital
del informe de interventoría Consorcio INTEREF sobre
“Reforestación de 909 Has de árboles nativos y aislamiento de 62
km de terreno, en la cuenca media y alta del Río Ranchería, área
de influencia de la presa El Cercado, proyecto Río Ranchería,
Departamento de La Guajira.”

Evidencia en Expediente:

El día 4 de diciembre en las instalaciones de CORPOGUAJIRA, se
realiza la revisión del expediente 350/96 de referencia “LICENCIA
AMBIENTAL PROYECTO REPRESA RÍO RANCHERÍA PREDIO EL
ENCANTO CORREGIMIENTO DE CARACOLI, SAN JUAN DEL CESAR”,
se encuentra oficio con radicado ADR 20183300083312 del 15 de
diciembre de 2018 y radicado CORPOGUAJIRA ENT-9333 del 27 de
diciembre de 2018, con asunto “Remisión de documentos referidos
a los requerimientos ambientales, Auto 0116 de 2016 – Proyecto
Ranchería – La Guajira”.

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RIOHACHA Y OTRA.

[…] Con base en lo anterior, se envía copia digital del informe
“REFORESTACION DE 909 HAS DE ÁRBOLES NATIVOS Y
AISLAMIENTO DE 62 KM DE TERRENO, EN LA CUENCA MEDIA Y
ALTA DEL RÍO RANCHERÍA, ÁREA DE INFLUENCIA DE LA PRESA EL
CERCADO, PROYECTO RÍO RANCHERÍA, DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA.” (Archivo 3).

• Realizar inversiones forzosas del 1% para inversión en la Cuenca,
programa de Inversión del 1% para recuperación, conservación,
preservación y vigilancia de la Cuenca Hidrográfica del Río. (Auto
No. 01116 de 26 de septiembre de 2016, apertura de una
investigación en contra del instituto Colombiano de Desarrollo
Rural – INCODER).

Insumo Técnico:

Teniendo en cuenta el marco de la visita técnica realizada los días
25 y 26 de julio de 2019, para el seguimiento al cumplimiento de
las obligaciones derivadas de la Licencia Ambiental otorgada por
CORPOGUAJIRA mediante la Resolución 3158 del 10 de agosto de
2005 al proyecto Río Ranchería, la Dirección de Adecuación de
Tierras de la ADR hizo entrega a través de oficio con radicado ADR
20183300083312 del 15 de diciembre de 2018 y radicado
CORPOGUAJIRA ENT-9333 del 27 de diciembre de 2018, de la
siguiente documentación referente a las Inversiones del 1% para
programa de protección de la cuenca, de acuerdo con la Resolución
00932 de 2015 “Por la cual se aprueban los ajustes realizados al
programa de inversiones del 1% del proyecto Río Ranchería y se
dictan otras disposiciones”.

1. Copia digital de los Diseños detallados y estudios
complementarios del alcantarillado sanitario por gravedad y la
planta de tratamientos de aguas residuales domésticas del área
urbana del Corregimiento de Caracolí. Documento final, del
contrato de consultoría No. 711 de 2009, suscrito entre INCODER,
hoy liquidado y el Ing. Miguel López Camargo.
2. Copia Digital de documentos relacionados con el Monitoreo
limnológico e hidrobiológico de la fuente hídrica, para lo cual el
INCODER, hoy liquidado suscribió los contratos No. 415 y 416 de
2010 con Hidromecánicas Ltda. (consultoría) y Corporación Sol
Naciente (interventoría).
3. Copia digital de documentos relacionados con el Suministro e
instalación de un sistema de control de caudales, para lo cual el
INCODER, hoy liquidado, suscribió el contrato No. 581 de 2010
suscrito con la Unión Temporal Río Ranchería, 579 de 2010
(Interventoría) para dar cumplimiento a esta obligación.

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Igualmente, el contrato No. 014 de 2015, con EMISECOR Ltda., con
el fin de realizar mantenimiento y/o reparación a las compuertas.
4. Copia digital de documentos relacionados con el diseño e
implementación monitoreo del recurso hídrico superficial y
subterráneo. Esta obligación se cumplió mediante el Contrato No.
020 de 2010, celebrado entre INCODER e IDEAM.
5. Copia Digital de documentos relacionados con la ejecución de las
obras para enriquecimiento con árboles nativos en 521 Has y
aislamiento de 90 Km de terreno. Para atender esta obligación
inicialmente se realizó el enriquecimiento de 315 Ha, por parte del
INCODER, mediante la celebración del Contrato No. 654 de 2012,
cuya interventoría se efectuó a través del Contrato No. 655 de
2012. Posteriormente, suscribió el Contrato No. 1172 de 2013,
para realizar el enriquecimiento con árboles nativos en 206 Has,
cuya interventoría se efectuó mediante el Contrato No. 1175 de
2013.

Adicionalmente, se informa que la ADR, por intermedio del
Consorcio ADR, actual operador del proyecto Río Ranchería,
gestionó la transferencia de los predios SOCORRO 2, con un área
de cuarenta y nueve hectáreas tres mil seiscientos cincuenta
metros cuadrados (49 Has + 3.650 M2) ubicado en la jurisdicción
del Municipio de San Juan del Cesar, vereda Caracolí, identificado
con folio de matrícula inmobiliaria No 214- 23376 y EL PASTELILLAL
con un área de cuarenta y nueve hectáreas tres mil cuatrocientos
treinta y ocho metros cuadrados (49 Has + 3.438 M2) ubicado
jurisdicción del Municipio de San Juan del Cesar, vereda Caracolí,
identificado con folio de matrícula inmobiliaria No 214-23375, este
último conocido anteriormente como Socorro 1; estos predios ya
se encuentran a nombre de la ADR, posteriormente la agencia
realizará los trámites administrativos ante la Corporación
Autónoma de La Guajira Corpoguajira a fin de hacer la entrega
jurídica y material de los predios adquiridos con la destinación
específica de compensación ambiental, conforme los compromisos
pactados en la Resolución 00932 de 2015, emitida por la ya
mencionada Corporación Autónoma Regional, dando así
cumplimiento efectivo y poder dar cierre a la actuación
sancionatoria contra la Agencia de Desarrollo Rural […]”.

-. La ADR presentó el documento denominado “Hoja de Ruta para la

Terminación del Proyecto Estratégico de Adecuación de Tierras de Gran

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Escala del Río Ranchería” del mes de abril de 2020,20 en cuya

elaboración participó el ministerio de AGRICULTURA Y

DESARROLLO RURAL, el DNP, la ADR y la Unidad de

Planificación Rural Agropecuaria -UPRA-.

4.3. Hechos probados sobre la problemática ambiental y
humanitaria del Departamento de la Guajira en relación con
el Proyecto Estratégico del Río Ranchería

-. En el expediente obra el informe de la Defensoría del Pueblo

denominado Crisis Humanitaria en La Guajira (2014), del cual

vale la pena destacar los siguientes aspectos en relación con la

problemática ambiental y de abastecimiento de agua en el

Departamento:

“[…] Si bien la situación de abastecimiento de agua desde años
atrás ha sido bastante compleja, no han existido políticas y
proyectos efectivos encaminados a dar una solución
estructural al tema del agua en La Guajira, en la actualidad el
departamento atraviesa por una situación crítica derivada de la
escasez de agua, ya que el recurso hídrico de las fuentes
superficiales ha disminuido al igual que los niveles de pluviosidad,
es así como la comunidad no cuenta con fuentes de agua y la
calidad de las mismas se ha deteriorado.

La mayor parte de las comunidades étnicas en La Guajira no
cuentan con acceso al agua para consumo humano, ni
tampoco para realizar las actividades que constituyen su
sustento básico, tales como la cría y pastoreo de ganado caprino
y los cultivos de pancoger (maíz, fríjol, yuca, auyama, entre otros),

20 Expediente digital, índice 2, página 907.

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lo anterior amplía, aún más, los índices de pobreza, necesidades
básicas insatisfechas, genera desequilibrio social, afecta la calidad
de vida de las comunidades y su posibilidad de crecimiento y
desarrollo, en razón de lo anterior, no se está garantizando a la
población el derecho humano al agua, en condiciones de
accesibilidad, disponibilidad y calidad, lo cual es aún más
grave si se tiene en cuenta la relación directa del acceso al
agua con otros derechos, como el derecho al acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna, a la seguridad y salubridad pública, a la seguridad
alimentaria, a la salud, a la vivienda, a la educación, al
desarrollo y a la vida, los cuales también se están viendo
vulnerados, sobre todo los derechos de los sujetos de especial
protección como niños y adultos mayores, de las comunidades
étnicas y en general de toda la población.

[…] Lo anterior, puede ser aún más preocupante si se hace
un análisis de los recursos que se han destinado durante los
últimos años al sector de abastecimiento de agua y
saneamiento básico, así como de las regalías producto de
las actividades de explotación minera en el departamento.

[…] De igual forma, dentro del presupuesto de inversión para el
departamento para la vigencia 2014 fueron destinados $8.964
millones para inversiones sectoriales de entidades territoriales que
estuvieran dentro y fuera del Plan Departamental de Agua. De los
recursos del Sistema General de Participaciones, se destinaron al
sector de agua potable y saneamiento básico $44.461 millones de
pesos, lo que representa el 5,7% del total. Según el reporte de
avance de ejecución recursos del Sistema General de Regalías para
el departamento de La Guajira el 4% del valor de los proyectos
aprobados fue destinado al sector Agua Potable y Saneamiento
Básico, es decir, $22.947 millones.

Pese a las inversiones y a proyectos para asegurar el acceso al
agua potable a la comunidad, como los señalados por la
Gobernación que a 2012 tenía proyectos por $23.000.000.000
financiados para la zona rural, así como el de la represa El
Cercado que utiliza el agua del Río Ranchería y que
pretendía, además de instaurar, establecer dos distritos de
riego, abastecer de agua a los acueductos municipales de
Albania, Barrancas, Fonseca, Hatonuevo, Maicao, Manaure y
Uribia (proyecto que finalmente no se ha concretado), las
comunidades siguen sin agua y se abastecen de los pozos
que fueron instalados por el gobierno de Gustavo Rojas
Pinilla, hace ya más de 50 años, de jagüeyes, de

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carrotanques, entre otros; sin embargo, es agua que no
cuenta con las características físicas, químicas y
microbiológicas establecidas en la Resolución 2115 de 2007
y en el Decreto 1575 de 2007.

Asimismo, la Gobernación por medio del Plan de Desarrollo
reconoce la problemática y plantea dentro de sus metas, la
construcción del acueducto regional, así como la optimización de
los sistemas de captación, tratamiento, conducción, las redes
hidráulicas de distribución y el control de calidad del agua. Además,
señala que cinco municipios tendrían una ampliación de la oferta
de agua potable y de sistemas alternos de respaldo y que en la
zona rural para el 2015 se tendrán diseñados, construidos u
optimizados los acueductos en cuatro municipios más. No
obstante, la Defensoría anota que la mayoría de lo
planteado se ha quedado en la planeación, pero no se han
ejecutado, por lo que considera prioritario para superar la
crisis por la que atraviesa el departamento, que se lleven a
cabo las gestiones necesarias para garantizar el derecho
humano al agua de la población en el corto, mediano y largo
plazo.

[…] Con relación a la calidad del agua para consumo humano,
municipios como Dibulla en el 2013 presentaron un índice de riesgo
alto de la calidad de agua para consumo humano alto, esta
situación genera una gran preocupación; así mismo los municipios
de Albania, Barrancas, Distracción, El Molino, Hato Nuevo, La Jagua
Del Pilar y Manaure terminaron el 2013 con un riesgo medio en la
calidad del agua que distribuyen. En términos de muestras
evaluadas, se encontró que 9 de los 15 municipios no
llegaron ni al 50% de las muestras sin riesgo. Sin embargo,
se debe aclarar que estos datos corresponden únicamente al agua
suministrada por las empresas prestadoras de servicios públicos,
pero no se conoce la calidad de agua de las zonas en donde no hay
abastecimiento mediante redes, lo cual es alarmante ya que las
cifras de mortalidad del INS señalan que el 48,5% de las muertes
de niños es por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) […]”
(Destacado de la Sala).

-. Mediante oficio con radicación MVCT – AT núm. 183 de 14 de marzo

de 2019 remitido por la Administradora Temporal del Sector de Agua

Potable y Saneamiento Básico y el Ministerio de Vivienda, se informó:

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“[…] En el marco del Plan Departamental de Agua de la Guajira se
han adelantado varios proyectos relacionados con el proyecto de
Acueducto Regional de la Guajira (…). Se han encontrado cuatro
importantes realidades del mismo:

1. Solo el 4% de la población rural tiene acceso al agua potable,
siendo esta cobertura la más baja del país.
2. Aunque la cobertura urbana alcanza el 90%, la continuidad
promedio de prestación del servicio de acueducto es de apenas 9
horas/día, siendo la más baja del país.
3. De los 15 municipios que componen el departamento, solo 3
tienen agua de calidad de forma constante.
4. El 76% de la población vive en municipios donde no se tratan
las aguas residuales en forma adecuada […]”. (Resaltado fuera
del texto original).

-. El documento CONPES 3430 de 28 de junio de 201621 menciona

sobre la provisión de agua en el DEPARTAMENTO, lo siguiente:

“[…] El deficiente acceso a agua potable en La Guajira está
determinado por factores como una oferta hídrica escasa y sujeta
a fuertes estacionalidades, la demanda actual y las expectativas
para otros usos como la explotación de carbón y el riego agrícola.
Adicionalmente, no existe una fuerte organización institucional y
empresarial para la administración del recurso hídrico, que se
traduce en una deficiente prestación de los servicios públicos de
acueducto y alcantarillado en la mayoría de los municipios.

Las zonas más afectadas por la limitada disponibilidad del recurso
hídrico se localizan en la media y alta Guajira, donde predomina la
población indígena que se abastece de manantiales, nacimientos,
aljibes o jagüeyes, empleados indiscriminadamente para el
consumo humano y animal. La falta de fuentes de agua genera
problemas de abastecimiento especialmente en el municipio
de Maicao, donde se presenta la situación más crítica del
Departamento. En la actualidad Maicao se abastece de pozos y
de una fuente superficial sobre el río Carraipía, río que desemboca
en el Golfo de Maracaibo.

21
Por medio del cual se otorgó la “garantía de la Nación al Departamento de La Guajira para la
contratación de una operación de crédito público externo con la banca multilateral hasta por UD$90
millones, o su equivalente en otras monedas, destinada a la financiación parcial del programa de
transformación estructural de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico de
La Guajira”.

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RIOHACHA Y OTRA.

En la parte baja del Departamento, el agua presenta incrementos
de salinidad como resultado del uso inadecuado del suelo y
condiciones climatológicas y litológicas particulares.
Adicionalmente, existe un deterioro de la calidad de las corrientes
por vertimientos de aguas residuales.

[…] En la mayoría de los municipios se cuenta con una
capacidad de producción de agua potable superior a las
necesidades de consumo; sin embargo, existen fallas en la
continuidad del servicio. Por otra parte, se observan malas
prácticas de consumo, como resultado de bajos niveles de
micromedición y de la aplicación de tarifas que no reflejan
los costos reales de operación y de mantenimiento de los
sistemas.

En general, las redes de alcantarillado son obsoletas. Todos los
municipios, con excepción de Riohacha, cuentan con lagunas de
oxidación, sin embargo, los sistemas ya cumplieron su vida útil o
tienen insuficiente capacidad de tratamiento de las aguas
residuales […]” (Destacado de la Sala).

-. A través de la sentencia T – 302 de 2017, la Corte Constitucional

declaró la existencia de un ECI en relación con el goce efectivo de

los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua

potable y a la participación de los niños y niñas del pueblo Wayúu

y, en consecuencia, ordenó a las entidades demandadas constituir

un Mecanismo de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas

en el cual se deben adoptar las tareas tendientes a superar el estado

declarado. Además, la Corte ordenó adoptar objetivos

constitucionales mínimos en torno a “(1) aumentar la disponibilidad,

accesibilidad y calidad del agua”, entre otros aspectos que afectan a esta

comunidad.

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-. En relación con esta problemática, la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos profirió medidas cautelares por medio de la

Resolución núm. 60 de 1o. de diciembre de 2015, en la que ordenó

al Estado Colombiano:

“[…] a) Adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la
integridad personal de los niñas, niños y adolescentes de las
comunidades de Uribía, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo
Wayúu, en el departamento de la Guajira. En particular, dada la
situación de emergencia, adoptar las siguientes medidas
específicas:

i) Asegurar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios
de salud en las comunidades de Uribía, Manaure, Riohacha y
Maicao, con un enfoque integral y culturalmente adecuado, con el
fin de atender la desnutrición infantil y enfermedades prevenibles
o evitables;
ii) Tomar medidas inmediatas para que las comunidades
beneficiarias puedan tener, a la brevedad posible, acceso al
agua potable y salubre, de manera sostenible y suficiente
para la subsistencia de los niñas, niños y adolescentes; y
iii) Tomar medidas inmediatas para que las niñas, niños y
adolescentes puedan tener alimentos en calidad y cantidad
suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias con
pertinencia cultural, así como de establecer los mecanismos
idóneos para la identificación de casos de desnutrición para una
intervención inmediata.

b) Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus
representantes […]” (Destacado de la Sala).

5. Caso concreto

(i) Cumplimiento de la licencia ambiental otorgada al
Proyecto Río Ranchería, Distrito de Riego Río Ranchería – San
Juan del Cesar, exigibilidad de sus obligaciones y plazo

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otorgado por el Tribunal para que la demandada acredite su
observancia

En este cargo, la recurrente expone que ha adelantado actuaciones

administrativas tendientes a darle cumplimiento a las obligaciones de

la licencia ambiental; que las mencionadas obligaciones solo le son

exigibles a partir de la firmeza del acto por medio de la cual se cedió

la licencia; y que no es razonable el plazo otorgado en la sentencia

de primera instancia para darle cumplimiento a las obligaciones de la

licencia, puesto que para finalizar la ejecución del multiproyecto es

necesario que la autoridad ambiental realice un proceso de

actualización de las obligaciones a cargo de la nueva licenciataria.

• Obligaciones de la licencia ambiental y responsabilidad de la ADR

El Proyecto Estratégico Multipropósito del río Ranchería es una obra

cuyos inicios se remontan al año 1996 cuando el extinto INAT inició

los trámites ante CORPOGUAJIRA para la solicitud de la licencia

ambiental del proyecto de la represa del Río Ranchería y suscribió el

contrato núm. 140 de 24 de diciembre de 2001 con la firma UNION

TEMPORAL GUAJIRA, cuyo objeto consistió en la realización de los

“Diseños Detallados del Proyecto Ranchería, la Construcción de la Presa El

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Cercado y las Conducciones Principales a las áreas de Ranchería y San Juan

del Cesar”.

En el año 2003 se suprimió el INAT y se creó el INCODER22, entidad

que continuó con el desarrollo de la obra a través del Consorcio y

llevó a cabo las etapas correspondientes a la evaluación del Estudio

de Impacto Ambiental y del Plan de Manejo Ambiental, consulta

previa con las comunidades y las audiencias públicas ambientales.

Posteriormente, CORPOGUAJIRA expidió la Resolución núm.

3158 de 10 de agosto de 2005, por medio de la cual resolvió

“otorgar Licencia Ambiental al INSTITUTO COLOMBIANO DE

DESARROLLO RURAL -INCODER- para el proyecto RÍO RANCHERÍA,

DISTRITO DE RIEGO RÍO RANCHERÍA – SAN JUAN DEL CESAR”.

El proyecto buscó adecuar con obras de riego y drenaje una

extensión de 18.820 hectáreas, de las cuales 18.030 son explotables

físicamente con riego, y suministrar agua a los acueductos de los

municipios de ALBANIA, BARRANCAS, DISTRACCIÓN,

FONSECA, HATO NUEVO, MAICAO, MANAURE, SAN JUAN DEL

CESAR y URIBIA. Entre los objetivos del proyecto se encontraban

22
Decreto 1300 de 2003.

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el suministro de agua a los distritos de riego de Ranchería y San Juan

del Cesar y a los acueductos de nueve municipios, así como la

generación de energía eléctrica y la regulación de caudales del río

Ranchería.

La construcción del proyecto se dividió en dos fases:

• Fase I: Construcción de la presa El Cercado, sus obras anexas

(Rebosadero, Túneles de Desvío y Toma, Estructura de Toma y otras)

y las conducciones principales a las áreas de los Distritos de Riego

de Ranchería y San Juan del Cesar.

• Fase II: Construcción de las obras dentro del área de los distritos

de riego Ranchería y San Juan del Cesar (redes de distribución

primarias, secundarias y terciarias y obras prediales).

Dada la importancia del proyecto para la región, en el año 2005 el

Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES 3362)

declaró como obra de importancia estratégica la construcción del

proyecto Río Ranchería, en lo que corresponde a la presa El Cercado

y las conducciones principales de riego hacia las áreas de Ranchería

y San Juan del Cesar.

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En suma, el proyecto se presentó como una obra de significativo

impacto socioeconómico, cuyo beneficio estaba representado

fundamentalmente en el mejoramiento de la calidad de vida de los

pobladores de la región, la generación de ingresos para las familias

beneficiarias, el impacto en la productividad y competitividad

agropecuaria y el mejoramiento de la calidad y cobertura del servicio

de acueducto para varios municipios, que beneficiaría

aproximadamente a 400.000 habitantes, entre otros.

Luego de la liquidación del INCODER23, la licencia fue cedida a la

ADR, a través de la Resolución núm. 2524 de 2017 expedida por

CORPOGUAJIRA.

En lo que concierne a las obligaciones contenidas en la licencia, la

Resolución núm. 3158 de 10 de agosto de 2005, estableció:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar licencia ambiental al INSTITUTO
DE DESARROLLO RURAL – INCODER, para el proyecto “RIO
RANCHERIA, DISTRITO DE RIEGO RIO RANCHERIA – SAN JUAN
DEL CESAR”, en jurisdicción de los municipios de Fonseca,
Barrancas, Distracción y San Juan del Cesar, Departamento de La
Guajira.

PARÁGRAFO: La licencia ambiental que se otorga, incluye los
permisos o concesiones para el aprovechamiento de los recursos

23
Mediante Decreto 2365 de 1° de diciembre de 2015.

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naturales renovables, citados en la parte considerativa de esta
Resolución.

[…] ARTÍCULO SÉPTIMO: El INSTITUTO DE DESARROLLO
RURAL – INCODER – en desarrollo de las actividades del
proyecto, deberá cumplir con cada una de las medidas y
acciones presentadas en el Estudio de Impacto Ambiental /
Plan de Manejo Ambiental entregado a CORPOGUAJIRA.

PARÁGRAFO: El INCODER debe cumplir con las obligaciones
que a continuación se relacionan:

• Cumplir con cada una de las medidas de manejo ambiental que
resulten del Control, Seguimiento y Monitoreo que practique
funcionarios de CORPOGUAJIRA.

• Debe garantizar el caudal requerido para el suministro de agua
para los acueductos actuales y proyectados, por consiguiente el
plan agropecuario que se desarrolle dependerá del caudal
disponible o aprovechable.

• Garantizar el caudal ecológico del Río Ranchería en no menos de
1.063 m3/seg durante la época de construcción, llenado y
operación del proyecto, o en el valor que resultare de implementar
la metodología del IDEAM si este fuera mayor.

• El caudal máximo de agua que debe derivar para el distrito San
Juan del Cesar es de 1.8 m3/ seg de acuerdo con la demanda
estimada.

• Presentar en un término de seis (6) meses contados a partir del
acto que acoja el presente concepto, un Plan de Transición para
el periodo de construcción, llenado y entrada en operación
del proyecto, que contenga las actividades, cronograma y
presupuesto para mitigar y minimizar los conflictos de uso
y garantizar el desarrollo de las actividades de acueducto,
agropecuarias, turísticas y mineras que se derivan del uso
de las aguas del río Ranchería.

[…] - Presentar en un término de 90 días un ajuste al programa
para la compensación y mitigación de los impactos originados por
el aprovechamiento forestal (Ficha M1) que permita adelantar las
siguientes actividades: […]

ARTÍCULO OCTAVO: INCODER deberá complementar el Plan de
Manejo Ambiental en lo correspondiente a la construcción del

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nuevo tramo vial Silencio – Distracción, debidamente establecido
por CORPOGUAJIRA, que contemple de manera específica las
medidas o acciones tendientes a su control, prevención, mitigación,
corrección y compensación.

ARTÍCULO NOVENO: Esta licencia se otorga por un periodo igual al
de la duración del proyecto. […]” (Destacado de la Sala).

Posteriormente, CORPOGUAJIRA modificó la licencia ambiental

inicialmente otorgada, por medio de la Resolución núm. 1360 de 5

de diciembre de 2005, así: 1. El artículo segundo, en lo atinente al

permiso de concesión de agua superficial; 2. El parágrafo del artículo

séptimo; 3. Adicionó el parágrafo del artículo séptimo, en el sentido

de incluir en las obligaciones del INCODER, “[…] diseñar durante el

primer año de construcción de la presa, un programa de capacitación

a los usuarios cultivadores aguas abajo del proyecto (usuarios

potenciales del distrito de riego del río Ranchería) sobre el uso

eficiente de agua en las labores agrícolas, y deberá ejecutarlo en los

tres años siguientes, con el fin de mitigar los efectos negativos

ocasionados por el llenado del embalse […]” y; 4. El artículo décimo,

en lo referente a la posibilidad que tiene la Corporación de sancionar

cualquier incumplimiento que se presente de la licencia.

-. CORPOGUAJIRA expidió la Resolución núm. 00932 de 28 de

mayo de 2015, en la que aprobó la base de liquidación del 1% de la

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inversión forzosa establecida en la Ley 99 y sus decretos

reglamentarios, para la construcción de las obras de la Etapa I del

proyecto del río Ranchería, acto administrativo que en sus

consideraciones expuso lo siguiente:

“[…] ANTECEDENTES

El proyecto Río Ranchería, Distrito de Riego Río Ranchería – San
Juan del Cesar – La Guajira, contribuye al desarrollo del
Departamento mediante el embalse de agua en un área de 638
hectáreas cubriendo el cauce fluvial del río Ranchería para su
posterior aprovechamiento multipropósito, ya que a través del
volumen del agua almacenada en el embalse se procurará
mantener la disposición de fuente hídrica necesaria para el
aprovechamiento de:

i. Acueductos: Abastecimiento de los sistemas de acueducto para
nueve (9) Municipios del Departamento de La Guajira: San Juan
del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Uribia,
Manaure, Maicao y Albania, además de los distritos de riego
Ranchería y San Juan del Cesar.
ii. Agropecuario: Con un área neta riego de 18.530 hectáreas,
distribuidas en dos distritos de riego: San Juan con 3.000 Ha y
Ranchería con 15.530 incluyendo 500 Ha de área adicional en las
zonas de Chorreras, Mayabangloma y San Luis Pulgar.
iii. Generación de Energía: Teniendo en cuenta que con el nivel de
embalse se puede generar energía eléctrica, a la salida del bloque
distribuidor se dejó una toma para la instalación de una futura
micro – central eléctrica, la cual contará con una capacidad
instalada de 4.100 KW que suministrará energía al área de
influencia directa del proyecto.

[…] INVERSIONES FORZOSAS LEY 99

Dentro de las obligaciones del INCODER como gestor del
proyecto y titular de la licencia, y al ser este de usufructo de
recurso hídrico, se encuentran las inversiones forzosas
establecidas en el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 hoy
Decreto 1900 de 2006 y artículo 111 de la Ley 99 de 1993
hoy Ley No 1151 de 2007.

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[…] VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN ETAPA
I PROYECTO RÍO RANCHERÍA

El costo total para la ejecución de las obras de la Etapa I del
proyecto Río Ranchería, Departamento de La Guajira,
correspondiente a la construcción de la presa principal, las
conducciones principales y demás obras anexas, asciende a la
suma de quinientos cincuenta y seis mil ciento veinticuatro millones
setecientos cuarenta mil novecientos pesos ($556.124.740.900),
tal como se resume en la tabla No.1 con la respectiva certificación
del INCODER.

[…] INVERSIONES FORZOSAS 1%

El monto de la liquidación de los compromisos adquiridos
por el INCODER dentro de la licencia ambiental vigente para
el proyecto represa del Río Ranchería (Resolución No. 3158
del 10 de agosto de 2005) según lo establecido en la Ley 99
de 1993 y sus Decretos reglamentarios, queda distribuida
de la siguiente manera:

• 1% para la recuperación, conservación, preservación y vigilancia
de la cuenca hidrográfica del río Ranchería, por valor de
$5.561.247.409.
• 1% para la adquisición de áreas estratégicas para la conservación
de los recursos hídricos que los surten de agua, por valor de
$5.561.247.409.

Inversiones de 1% para la recuperación, conservación,
preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica

Línea de inversión Actividad
Interceptores y sistemas de Realizar los diseños detallados y
tratamiento de aguas residuales estudios complementarios del
domésticas alcantarillado sanitario por
gravedad y planta de tratamiento
de aguas residuales domésticas del
área urbana del corregimiento de
Caracolí y soluciones puntuales de
tratamiento de las aguas
domésticas para las áreas no
nucleadas localizadas dentro del
perímetro urbano
Monitoreo limnológico e Un estudio limnológico del Río
hidrobiológico de la fuente hídrica Ranchería en el departamento de La
Guajira, desde aguas arriba de la
presa El Cercado, en el
corregimiento de Caracolí, hasta su

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desembocadura en el municipio de
Riohacha.
Construcción de obras y Suministro e instalación de un
actividades para el control de sistema de control de caudales a
caudales partir de compuertas planas
deslizantes en los canales y
acequias que se derivan del Río
Ranchería aguas debajo de la presa
El Cercado, hasta el perímetro
urbano del Municipio de Albania y
aguas arriba del embalse en el
sector de Marocazo en el
Departamento de La Guajira.
Instrumentación y monitoreo del Diseño e implementación del
recurso hídrico monitoreo del recurso hídrico
superficial y subterráneo de la
cuenca del río Ranchería.
Capacitación ambiental para la – Capacitación ambiental para la
formación de promotores de la formación de promotores de las
comunidad comunidades que hacen parte del
área de influencia del Proyecto río
Ranchería
Planes de manejo ambiental de
áreas protegidas dentro del área de
influencia del río Ranchería y los
distritos de riego San Juan y
Ranchería

Mediante oficio No.2012330047171 de 28 de junio de 2012,
CORPOGUAJIRA da el visto bueno a la ejecución de las siguientes
actividades:

Línea de inversión Actividad
Restauración, conservación y Ejecución de las obras por el
protección de la cobertura enriquecimiento con árboles
vegetal, enriquecimientos nativos en 521 hectáreas y
vegetales y aislamiento de áreas aislamiento de 90 km de terreno,
para facilitar la sucesión natural en la cuenca media alta del río
Ranchería, área de influencia del
embalse de la presa El Cercado
proyecto Río Ranchería,
departamento de La Guajira.

Inversión de 1% para la adquisición de áreas estratégicas
del proyecto río Ranchería

Línea de inversión Actividad
Inversión 1% para adquisición de Inversión del 1% del valor total de
áreas estratégicas PARÁGRAFO las obras, en la adquisición de
ARTICULO 111 LEY 99 DE 1993 áreas estratégicas para la

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conservación de los recursos que
surten de agua al proyecto, en
cumplimiento de lo establecido en
el parágrafo del artículo 111 de la
ley 99 de 1993.

LIQUIDACIÓN DE LA INVERSIÓN

Base de la liquidación

La base de la liquidación del 1% de lo establecido en la Ley 99 de
1993 y sus decretos reglamentarios costo total para la construcción
de las obras de la Etapa I del Proyecto Río Ranchería –
Departamento de la Guajira correspondiente a la construcción de
la presa principal, las conducciones principales y demás obras
anexas, según certificación del Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural – INCODER ascendió a la suma de QUINIENTOS CINCUENTA
Y SEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA MIL NOVECIENTOS PESOS M/L ($556.124.740.900)
[…]” (Destacado de la Sala).

Ahora, en el expediente resultó acreditado que como resultado del

seguimiento ambiental al proyecto por parte de CORPOGUAJIRA,

se logró establecer que no se habían cumplido varias de las

obligaciones establecidas en la licencia ambiental, por lo que esa

autoridad inició una investigación ambiental contra el extinto

INCODER, a través de la Resolución núm. 01116 de 26 de

septiembre de 2016, en la que hizo constar que:

“[…] CONCLUSIONES

Cumplimiento de obligaciones de Licencia Ambiental

En lo referente al cumplimiento de obligaciones de la Licencia
Ambiental, a continuación, se presentan las conclusiones y/o
observaciones de aquellas obligaciones no cumplidas al ciento por
ciento, o aquellas de las cuales no se tiene información.

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• Cumplir con cada una de las medidas de manejo ambiental que
resulten del control, seguimiento y monitoreo ambiental que
practiquen funcionarios de Corpoguajira.

En lo que corresponde a los últimos seguimientos se observa que
INCODER ha gestionado el cumplimiento de algunas de las
observaciones de los seguimientos, quedando otros sin solventar
como se evidencia en el presente informe.

• Presentar en un término de ocho (8) meses un ajuste al programa
para compensación y mitigación de los impactos originados por el
aprovechamiento forestal.

Entre los objetivos de los ajustes del programa de compensación
es precisamente lograr el esclarecimiento y manejo de rondas
hídricas de protección en microcuencas ubicados aguas arriba y
debajo de la presa y la recuperación de 909 hectáreas, mediante
la adquisición de áreas estratégicas para la conservación de los
recursos hídricos. No ha habido cumplimiento de esta obligación.

• INCODER deberá presentar informes bimensuales.

En la fase de operación NO SE HA CUMPLIDO. En el
cumplimiento del marco normativo y en particular lo establecido en
el Manual de Seguimiento Ambiental, adoptado mediante
Resolución 1552 de 2005 del MAVT, el beneficiario de una licencia
debe presentar por lo menos dos informes anuales de cumplimiento
ambiental (ICA) de la licencia ambiental. […]

• Coordinar con las autoridades tradicionales indígenas del área
directa del proyecto las acciones de levantamiento y traslado de los
hallazgos arqueológicos y sitios de pagamentos.

No hay evidencias en el expediente que se haya coordinado
con las autoridades tradicionales el levantamiento y
traslado de estos hallazgos.

• INCODER deberá diseñar, durante el primer año de construcción
de la presa, un programa de capacitación a los usuarios
cultivadores aguas abajo del proyecto (usuarios potenciales del
distrito de riego del río Ranchería) sobre uso eficiente de agua en
las labores agrícolas, y deberá ejecutarlo en los tres (3) años
siguientes con el fin de mitigar los efectos negativos ocasionados
por el llenado del embalse.

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No se evidenció la información del cumplimiento de esta
obligación. Se requiere revisión más detallada del
componente social.

• Ejecutar el monitoreo de los recursos vegetales en especial
latizales y brinzales de la masa forestal remanente en cercanías al
área de implementación de los botaderos citados, que se requieran
para evaluar posibles impactos sobre dichos recursos e
implementar acciones correctivas que corresponda.

NO CUMPLIDO

Cumplimiento de obligaciones del permiso de aprovechamiento
forestal

No se ha cumplido por parte del INCODER con la obligación
de compensar un área de 909 Has con individuos de
especies nativas.

No se evidencia en el expediente el cumplimiento de la sustracción
previa del área de bosque marginal del Plan de Ordenamiento
Territorial de San Juan del Cesar para aprovechamiento forestal
autorizado.

Cumplimiento inversiones forzosas. Ley 99 de 1993

• Programa de inversión del 1% para la protección de la cuenca.
Artículo 43, Decreto 1900 de 2000

Corpoguajira aprobó los ajustes al programa de inversión del 1%
del proyecto Río Ranchería para la protección de la cuenca en un
valor de CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL MILLONES,
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL, CUATROCIENTOS NUEVE
PESOS ($5.561.247.409), según lo establece la Resolución
No.00932 del 28 de mayo de 2015.

CORPOGUAJIRA no ha recibido los proyectos y actividades
de las líneas de inversión aprobadas.

• Programa de inversión del 1% pare recuperación, conservación,
preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica del río
Ranchería, artículo 111, Ley 99 de 1993

Corpoguajira aprobó los ajustes al programa de inversión del 1%
del proyecto Río Ranchería para recuperación, conservación,
preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica en un valor de

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CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL MILLONES,
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL, CUATROCIENTOS NUEVE
PESOS ml ($5.561.247.409), según lo establece la Resolución
No.00932 del 28 de mayo de 2015.

CORPOGUAJIRA no ha recibido los proyectos y actividades
de las líneas de inversión aprobadas.

Cumplimiento de otras obligaciones establecidas por actos
administrativos (oficios, requerimientos e imposiciones)

• Se cumplió por parte del INCODER con 10 de los 13
requerimientos impuestos a la licencia ambiental a través de la
Resolución No.02867 del 31 de octubre de 2008 (Modificada por
recurso de reposición Resolución 03339 del 17 de diciembre de
2008). Los requerimientos no cumplidos o que no hay evidencias
de cumplimiento en el expediente son:

• El montaje de las obras de ingeniería para evitar deslizamientos
y socavaciones de tierra en la nueva vía Caracolí. En cada uno de
los últimos informes de seguimiento de Corpoguajira, incluido el
presente, se ha dado a conocer el deterioro de la vía con derrumbes
y deslizamientos de tierra con el riesgo permanente de
transeúntes.
• No hay evidencias de presentación de la información referente a
“Estimar en que año la represa alcanza una sedimentación del
25%, teniendo en cuenta que el nivel máximo de llenado es de 95
metros, y la toma de desviación está ubicada a 25 metros sobre el
nivel del río, es decir que en el momento la represa alcance su
sedimentación en un 25% este sistema no funcionará en buenas
condiciones.

• No hay evidencias en el expediente del cumplimiento de la
sanción impuesto a INCODER de adquisición de las áreas el Socorro
1,2 y 3 para la ronda hídrica de protección del embalse.
• INCODER no ha cumplido en su totalidad los requerimientos
exigidos por CORPOGUAJIRA mediante oficio con radicado No.
201433000125811 del 8 de julio de 2014, a pesar de muchos de
estos fueron establecidos desde hace cinco (5) años mediante oficio
0600 del 18 de febrero de 2011 […] (Destacado de la Sala)”.

En los seguimientos adelantados por la autoridad ambiental quedó

evidenciado que: i) pese a los años que lleva el proyecto en desarrollo

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las obligaciones del licenciatario no habían sido obedecidas a

cabalidad; ii) no se presentó el ajuste al programa para la

compensación y mitigación de los impactos originados por el

aprovechamiento forestal, el cual buscaba lograr el esclarecimiento

y manejo de las rondas hídricas de protección en microcuencas

ubicadas aguas arriba y aguas debajo de la represa, así como la

recuperación de 909 hectáreas mediante la adquisición de áreas

estratégicas para la conservación de recursos hídricos; iii) no se

coordinó con las autoridades indígenas tradicionales del área del

proyecto las acciones de levantamiento y traslado de los hallazgos

arqueológicos y sitios de pagamentos; iv) no se cumplieron las

obligaciones del permiso de aprovechamiento forestal; v) no se

efectuaron las inversiones forzosas de que trata la Ley 99, respecto

de las cuales CORPOGUAJIRA no recibió los proyectos y actividades

de las líneas de inversión aprobadas; y iv) no se realizó el montaje

de las obras de ingeniera para evitar deslizamientos y socavaciones

de tierra en la vía Caracolí, debido al deterioro allí causado.

Estos incumplimientos fueron puestos en conocimiento de la

Procuraduría Ambiental por parte de CORPOGUAJIRA, en los

siguientes términos:

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“[…] - Que del conjunto de 97 fichas que componen el Plan de
Manejo Ambiental – INCODER ha cumplido con 84 fichas, no se han
cumplido y están pendiente por cumplir 5 fichas y ocho no aplican
para esta etapa o fase del proyecto.

• No se ha cumplido con la totalidad de cada una de las medidas
de manejo ambiental que resultado del control, seguimiento y
monitoreo ambiental practicado por los funcionarios de esta
Corporación.

• No se ha cumplido con la totalidad de las obligaciones impuestas
por CORPOGUAJIRA en los actos administrativos de otorgamiento
de la licencia ambiental y demás permisos otorgados.

• No se ha cumplido con las obligaciones de inversión forzosa que
dicta la ley 99 de 1993 (Programa de inversión del 1% para la
protección de la cuenca. Artículo 43, Decreto 1900 de 2000) y
programa de inversión del 1% para recuperación, conservación,
preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica del río
Ranchería, artículo 111 de la Ley 99 de 1993.

• No ha cumplido con todas las obligaciones impuestas por
Corpoguajira por actos administrativos (oficios, requerimientos y
resoluciones) a la licencia ambiental

Es pertinente informar que ante los incumplimientos expuestos se
ordenó la apertura de la investigación mediante auto No.1116 de
fecha 26 de septiembre de 2016 contra el INCODER la cual en su
momento se comunicó a ese Ministerio Público en cumplimiento a
lo establecido en la normatividad ambiental vigente (ley 1333 de
2009).

[…] Producto del seguimiento ambiental se ha podido constatar que
se ha garantizado por parte de INCODER el discurrimiento por el
cauce del río Ranchería no solo del caudal ecológico mínimo
impuesto de 1.063 m3/seg, sino que desde la presa se ha dejado
discurrir, incluso en el periodo de mayor estiaje, un caudal
promedio de 4.5 m3/seg.

[…] En lo correspondiente a la fase de construcción y
operación de dichos distritos de riego, o del uso de la presa
para otros usos, compartimos su preocupación de que este
importante proyecto no esté brindado el beneficio para el
cual fue concebido, pero consideramos que no somos el ente
competente para solicitar o requerir los motivos por el cual

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no se ha ejecutado estas fases subsiguientes de la represa
del río Ranchería.

Sin embargo, debemos informarle que dentro de nuestra
competencia está conocer sobre el trámite de modificación de
licencia que se requiere para la subsiguiente fase del proyecto en
el marco de lo dispuesto en el Decreto 2041 de 2014, hoy
compilado en el Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015
del sector ambiente, tal como lo manifestó el INSTITUTO
COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL […]”24 (Destacado de la
Sala).

Por los mismos hechos, la CONTRALORÍA GENERAL DE LA

REPÚBLICA practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral,

modalidad Especial (PGA 2010), al Proyecto Estratégico del Río

Ranchería, en virtud de lo cual presentó el informe de febrero de

2011, del que se destacan los siguientes aspectos:

“[…] CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS AL PROYECTO

De la evaluación efectuada se estableció que las obras del
Proyecto en su Fase I, están concluidas; se destaca que en la
situación del Fenómeno de “La Niña”, la represa ha cumplido con
el propósito de regular los caudales de la cuenca del Río Ranchería,
que en otras circunstancias habría causado serios efectos negativos
a la población civil del departamento.

Obras Civiles

Las Obras Civiles alcanzan un porcentaje de avance físico de obra
y de ejecución de inversión de aproximadamente del 99%. El valor
actual de la etapa de obra asciende a $555.342 millones. El
embalse se encuentra en un porcentaje de almacenamiento
superior al 100%. Las conexiones para los acueductos de los
municipios beneficiarios del proyecto y la micro central de
generación hidroeléctrica se encuentran listas. La entrada en

24
Oficio de 2 de mayo de 2017.

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funcionamiento de la represa ha atenuado las crecientes del Río
Ranchería, evitando mayores desastres ambientales en los
territorios ubicados en la cuenca baja del mismo.

[…] En cuanto al desarrollo de la Fase 2 del proyecto, cuyo monto
se ha estimado en $450.000 millones, no se tiene certeza sobre
su fuente de financiación y cronograma de trabajo.

[…] • Hallazgo No. 7 - Información del Avance del Proyecto

Los proyectos requieren de un Sistema de Información que
permita hacer seguimiento en tiempo real a su cronograma
y, por ende, a las inversiones realmente efectuadas.

La CGR constató que no se cuenta con un aplicativo que
permita conocer el avance de la ejecución de los programas
para verificar de manera integral y en tiempo real el
progreso del proyecto, por lo que la información se encuentra
fragmentada, incompleta y sin consolidar; es el caso de la
contratación, de las cuentas de cobro, presupuestos y
cronogramas, entre otros.

[…] 3.7. ESTADO DE AVANCE - FASE 2

3.7.1 Distritos de Riego
[…]

La construcción y/o adecuación del Sistema de Riego es de
responsabilidad del Gobierno Nacional, de conformidad con
lo establecido en la Ley 41 de 1993, sin que a la fecha esté
claramente definida la fuente de recursos financieros para
su ejecución.

Mediante el artículo 159 de la Ley 1151 de 2007 - Plan Nacional de
Desarrollo 2006-2010, se declaró estratégico y de utilidad
pública culminar la Fase 2 del Megaproyecto del río
Ranchería, consistente en las obras de construcción de los
Distritos de San Juan del Cesar y Ranchería, por lo que siendo el
INCODER el ejecutor de las políticas de Desarrollo Rural formuladas
por el Gobierno Nacional de acuerdo a lo establecido en el artículo
21 de la Ley 1152 de 2007, es a quien le corresponde: “ continuar
con la titularidad de los contratos relacionados con diseño y
construcción de los distritos de riego de importancia
estratégica que el Gobierno Nacional seleccione de aquellos
que se encuentren pendientes de ejecución en la
actualidad”.

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Bajo la obligación referida y establecida para el INCODER, procedió
a abrir el Concurso de Méritos No. 009 de 2008, con lista corta,
cuya finalidad era contratar una consultoría integral para la
estructuración técnica, legal y financiera del proceso de concesión
de obra, mantenimiento, operación y administración de los
Distritos de Adecuación de Tierras de Ranchería y San Juan del
Cesar, liderada por una Banca de Inversión.

Recibidas las propuestas y evaluadas, el INCODER adjudicó el
contrato a la Banca de Inversión CORFICOLOMBIANA S.A., contrato
suscrito por valor de $800 millones, discriminados así: $300
millones corresponden al costo fijo y $500 millones a gastos del
equipo de trabajo.

El Contrato 535 de 2008, suscrito con la firma CORFICOLOMBIANA
S.A., tiene como objeto: Realizar la consultoría integral para
la estructuración técnica, legal y financiera del proceso de
concesión de obra, mantenimiento, operación y
administración de los Distritos de Adecuación de Tierras de
Ranchería y San Juan del Cesar, en estricta concordancia
con las especificaciones técnicas consagradas en el Pliego
de Condiciones y en la propuesta presentada por el
contratista.

Para la ejecución del mencionado contrato se pactó un plazo de (1)
un año y dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del Acta
de Inicio, que se dio el 29 de octubre de 2008.

• Hallazgo No. 10 - Estructuración de la Concesión de los Distritos
de Adecuación de Tierras

El INCODER contrató la estructuración técnica, legal y financiera
del modelo de concesión para la explotación de los Distritos de
Adecuación de Tierras de Ranchería y San Juan del Cesar, en
concordancia con las especificaciones técnicas consagradas en el
Pliego de Condiciones con la firma CORFICOLOMBIANA S.A.

En la documentación aportada por el INCODER, no se observa
que se hubiesen incorporado como fuente de recursos los
provenientes de los demás usos del recurso agua asociados
al Proyecto Multipropósito, como lo es el suministro del
recurso agua para los acueductos de los nueve (9)
municipios definidos, ni tampoco la proyección de los
caudales para la generación de Energía Eléctrica.

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Por lo tanto, la proyección de la Concesión no incorporó
estos recursos que permitieran ajustar debidamente el
Modelo Financiero.

[…] 4. CONCLUSIONES

• En la visita realizada a los municipios beneficiarios de la Represa,
se señalan las paradojas presentadas en sus localidades, donde
tienen hasta cuarenta y ocho (48) horas de racionamiento de agua
y en otros casos de luz, como lo manifestaron los alcaldes de
Barrancas, Hato Nuevo, Distracción, Fonseca y San Juan del Cesar.
• Ante estas condiciones, la CGR considera que frente a la inversión
realizada, en la medida en que se dilate la conexión de los
acueductos y no se prosiga con la Fase 2 del Proyecto, se
generaría un Lucro Cesante y, por ende, un presunto Detrimento
Patrimonial, que por cada año de subutilización calculado a la
tasa DTF3 del 3,42% Efectiva Anual al 30 de noviembre de
2010, sería de $22.230 millones aproximadamente;
adicionalmente, se generaría un impacto social negativo
incalculable.
• En cuanto a la Fase 2 del proyecto, que consiste en poner en
funcionamiento el Embalse, los Distritos de Riego y la Microcentral
generadora de Energía Eléctrica, cuya financiación se ha calculado
en $450.000 millones, la CGR observa que aún no se tiene
claridad ni certeza absoluta sobre su fuente de recursos,
pues a pesar de haberse contratado a la firma
COFICOLOMBIANA para que realizara la consultoría integral
para la estructuración técnica, legal y financiera del proceso
de concesión de obra, mantenimiento, operación y
administración de los Distritos de Ranchería y San Juan, para
el cual se fijó como fecha probable el mes de diciembre de 2009,
inclusive al 20 de diciembre de 2010, un año después, aún no se
vislumbra una decisión en tal sentido.
• Ahora bien, comoquiera que los Contratos de Obra y de
Interventoría se terminan al cierre de la vigencia fiscal 2010, la
CGR considera que existe incertidumbre sobre la
continuidad de la Administración del Proyecto para
garantizar su operación y permanente mantenimiento e
iniciación de la Fase 2 del mismo.
• Debe tenerse en cuenta que, actualmente la Represa está
rebosando su capacidad de almacenamiento, para lo cual se
requiere el control de monitoreo, además del mantenimiento en
general de la infraestructura del complejo y de las vías y accesos
al mismo, y la seguridad y vigilancia del mismo, más aún cuando
existe población como la del Corregimiento de Caracolí, que según
ellos, por culpa de las obras se ha visto afectada con el suministro

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de la energía y con mayor razón en la temporada decembrina de
2010.
• El valor de los Contratos de Obra e Interventoría se ha
incrementado notoriamente, debido a que el proceso
precontractual se fundamentó en estudios de pre factibilidad
(conceptuales) […]” (Destacado de la Sala).

-. En el marco del proceso sancionatorio ambiental,

CORPOGUAJIRA expidió el auto núm. 829 de 22 de junio de 2018,

a través del cual declaró la existencia de una sucesión procesal y se

ordenó continuar el proceso contra la ADR, con base en las

siguientes consideraciones:

“[…] – INFORME DE SEGUIMIENTO RAD: INT-843 DEL 28/03/2017

1. INFORMACIÓN GENERAL […]

3.1.1.1. Cumplimiento Obligaciones de la Licencia Ambiental

Según lo establece el Artículo Séptimo de la Resolución 3158 de
2005 (Modificado por el artículo tercero de la Resolución no.4360
de 2005 y la Resolución 2024 de 2008 (modificada a su vez por la
Resolución 0470 del 12 de marzo de 2009), INCODER debe cumplir
con lo siguiente:

En el presente informe aquellos ítems cumplidos al 100% no se
anotarán a excepción de aquellos que aun cumplido están sujetos
a revisión permanente, como por ejemplo los caudales remanentes
y/o ecológicos.

OBLIGACIÓN NIVEL DE OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO
Cumplir con cada una de 84.9% Cumplimiento parcial
las acciones y medidas (ver análisis detallado
del EIA/PMA. en el presente
informe)
Cumplir con cada una de 80% Según los resultados
las medidas de manejo de los seguimientos
ambiental que resulten efectuados al
del control, seguimiento y proyecto, se observa

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monitoreo ambiental que en el expediente que
practiquen funcionarios CORPOGUAJIRA en lo
de Corpoguajira atinente al
cumplimiento de
obligaciones de la
licencia, le ha
correspondido emitir
sanciones,
requerimientos y
llamados de atención,
etc., para lograr que
se cumpla con este
compromiso.

Este es el reporte de
informes anteriores y
en la presente visita
no se evidencia
avances en este ítem.
Debe garantizar el caudal 100% El caudal de salida de
requerido para el la represa es de
suministro de agua para aproximadamente 4.5
los acueductos actuales y a 4.8 m3/seg
proyectados por
consiguiente, el plan
agropecuario que se
desarrolle dependerá del
caudal aprovechable
Procurar mantener el 100% El caudal ecológico
caudal ecológico en no mínimo de 1.063
menos de 1.063 m3/seg m3/seg y el caudal de
durante las fases de salida de la represa es
llenado del embalse y aproximadamente 5 a
operación del proyecto, o 5.5 m3/seg
el valor que resultare de
implementar la
metodología del IDEAM si
este fuere mayor.
El caudal máximo de agua No aplica No se ha construido el
que debe derivar para el Distrito como tal y por
distrito de San Juan del ende no hay
Cesar es de 1.16 m3/seg operación. En la
de acuerdo a la demanda presente visita esta
estimada obligación no aplica.
Presentar en un término INCUMPLIDO En el informe con
de ocho (8) meses un radicado No
ajuste al programa para 20153300154303 del
la compensación y 22 de diciembre de
mitigación de los 2015 se hace un
impactos originados por recuento de todas las
el aprovechamiento actuaciones,

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forestal (Ficha M-1) que concluyéndose que no
permita adelantar las se observa en el
siguientes actividades: expediente la
Establecimiento y manejo presentación de este
de rondas hídricas de ajuste a la ficha. A
protección en presa de que es una
microcuencas ubicados obligación que de
aguas arriba y debajo de conformidad con los
la presa. La recuperación plazos concedidos se
de 909 hectáreas, debió cumplir a
mediante la adquisición mediados de 2009, no
de áreas estratégicas se ha cumplido.
para la conservación de
los recursos hídricos
previa definición en
coordinación con
CORPOGUAJIRA,
mediante visitas
conjuntas al sector del
proyecto; y especialidad
en las áreas a adquirir
que sean prioritarias para
la conservación de las
microcuencas.
[…]
INCODER deberá 100% en la etapa Se observa en la
presentar informes de construcción etapa de construcción
bimensuales, para que la la entrega de los
Corporación haga las 0% en la etapa informes ambientales.
recomendaciones actual
respectivas En la actual etapa no es
de construcción ni de
operación, la cual
consideramos de
transición, no se
observa la presentación
de informes.
Cumplir con los acuerdos Por definir el nivel de En el mismo contexto
pactados por el INCODER cumplimiento no en lo señalado en los
en las consultas previas existe información informes
tal como lo describen las en el expediente 20153300154303 y
correspondientes actas 20163300157233 del
22 de diciembre de
2015 y del 29 de
enero de 2016
reiteramos que se
requiere una revisión
detallada de este
cumplimiento para
validar

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Coordinar con las 50% En forma detallada se
autoridades tradicionales hace un resumen de
indígenas del área directa las actuaciones de
del proyecto las acciones INCODER y la
de levantamiento y Corporación en esta
traslado de los hallazgos obligación
arqueológicos y sitios de concluyéndose que el
pagamentos cumplimiento es
parcial.

Es conveniente en
forma conjunta con el
INCODER revisar el
nivel de cumplimiento
con el aporte de las
evidencias del caso.
INCODER deberá diseñar, Sin información Esta obligación está
durante el primer año de asociada al plan de
construcción de la presa, transición, pues está
un programa de orientada al uso
capacitación a los eficiente del agua por
usuarios cultivadores los usuarios a fin de
aguas abajo del proyecto mitigar los efectos
(usuarios potenciales del negativos ocasionados
distrito de riego del río por el llenado del
Ranchería) sobre uso embalse.
eficiente de agua en las
labores agrícolas, y Se reitera que se debe
deberá ejecutarlo en los revisar su cumplimiento
tres (3) años siguientes por los profesionales
con el fin de mitigar los del área social.
efectos negativos
ocasionados por el
llenado del embalse
INCODER deberá CUMPLIDO Al momento de la
implementar las medidas inspección existía
necesarias para evitar, gran parte de masa
minimizar y controlar los forestal removida que
impactos a la masa quedó en pie,
forestal que se puedan situación que mejoró
originar por la ejecución el paisaje y en cierto
del proyecto (sic), disminuyó los
impactos negativos
generados.

El no haber sacado en
su momento la masa
forestal creó el
incumplimiento fue
que precisamente se
les aplico (sic) la

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sanción y multa
contemplada
Resolución 1750 del
12 de octubre de
2011

Desde esta
perspectiva se valida
como cumplido este
ítems.
Ejecutar el monitoreo de INCUMPLIDO INCODER, posee unas
los recursos vegetales en parcelas de
especial latizales y seguimiento y
brinzales de la masa monitoreo en las
forestal remanente en áreas de los ZODMES,
cercanías al área de pero no tiene
implementación de los información de sus
botaderos citados, que se resultados.
requieran para evaluar
posibles impactos sobre Como quiera que en
dichos recursos e las reunión (sic) de
implementar las acciones cierre de las últimas
correcticas que visitas de seguimiento
corresponda. se le ha indicado al
consorcio ETHA en su
condición de
administrador del
proyecto (toda vez
que no se ha contado
con la presencia de
funcionarios de
INCODER), sobre la
necesidad de un
informe estadístico de
las parcelas de
seguimiento y
monitoreo, que
permita evaluar el
comportamiento del
material vegetal
sembrado.

3.1.1.3. Cumplimiento de inversiones forzosas Ley 99 de
1993

3.1.1.3.1. Programa de inversión 1% para la protección de la
cuenca. Ley 99 de 1993 artículo 43, Decreto 1900 de 2000

Corpoguajira a través de la Resolución No.00932 del 28 de mayo
de 2015, aprueba los ajustes realizados al programa e inversión

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del 1% del proyecto Río Ranchería aprobándose para la Etapa I del
proyecto, en su artículo segundo la suma de CINCO MIL
QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL MILLONES, DOSCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL, CUATROCIENTOS NUEVE PESOS ml
($5.561.247.409) para invertir en recuperación, conservación,
preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica del río
Ranchería, según lo establecido en la Ley 99 de 1993, artículo 43,
reglamentado por el Decreto 1900 de 2000.

[…] Se ratifica en el presente informe que CORPOGUAJIRA
no ha recibido a satisfacción los proyectos de inversión del
1%

3.1.1.3.2. Programa de inversión del 1% en áreas estratégicas. Ley
99 de 1993, artículo 111 (modificado por Ley 1151 de 2007,
artículo 106)

Corpoguajira a través de la Resolución No. 00932 del 28 de mayo
de 2015, aprueba los ajustes realizados al programa de inversión
del 1% del proyecto Río Ranchería aprobándose para la Etapa I del
proyecto, en su artículo segundo la suma de CINCO MIL
QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL MILLONES, DOSCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL, CUATROCIENTOS NUEVE PESOS ml
($5.561.247.409) para invertir en recuperación, conservación,
preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica del río
Ranchería, según lo establecido en el artículo 111 de la Ley 99 de
1993, modificada por la Ley 1151 de 2007.

[…] La vicepresidencia de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), a
través del Dr. Juan Manuel Londoño Jaramillo en oficio con radicado
No. ENT – 013 del 19 de octubre de 2010 manifiesta a esta
Corporación que el INCODER a raíz de la expedición del Decreto
2365 de 2015 no tiene facultad de ejecución de procesos
misionales y solo puede atender actos a su liquidación; que para el
efecto, le corresponde al ADR (…) cumplir las funciones de
organismo ejecutor de la política pública de adecuación de tierras
según lo dispuesto en el Decreto 2364 de 2015, y por lo tanto le
corresponde promover los programas respectivos en aras de
garantizar la continuidad, calidad y eficiencia de la prestación del
servicio público en el entendido de adecuación de tierras según la
Ley 41 de 1993.

Indicando en este orden de ideas que la ADR continuará con el
estudio jurídico y catastral del listado de predios viabilizados por la
Autoridad Ambiental para definir la pertinencia y viabilidad de

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adquisición, para ello cumplir con el porcentaje dispuesto en el
artículo 111 de la Ley 99 de 1993.

[…] Por ser el ADR una entidad que está recibiendo esta
responsabilidad se podría deducir que indiscutiblemente tiene que
hacer la revisión técnica y jurídica para la adquisición de estas
áreas estratégicas para la conservación de los recursos que surten
agua al proyecto. Pero es de anotar que esta responsabilidad,
aun cuando en el año 2015 se hace los ajustes al programa
de inversión (Resolución 00932 de 2015), data desde el
otorgamiento de la licencia ambiental dada en el año 2005,
es decir han transcurrido 12 años y esta Corporación no ha
recibido a satisfacción el cumplimiento de esta obligación.

El cumplimiento de esta obligación está considerado en el Auto de
apertura de investigación No. 1116 del 2016, pero al revisarse el
oficio de la ADR con radicado No ENT 368 del 26 de enero de 2017,
esta entidad no tiene responsabilidad con procesos de sanciones y
procesos judiciales, dado que esto es del resorte de FIDUAGRARIA
SAS por el contrato fiduciario firmado por el gobierno nacional para
tal fin.

En este contexto, consideramos procedente conminar al ADR para
que presente un Plan de Cumplimiento de la Resolución 00932 de
2015, el cual debe presentar a detalle las acciones que adelantará
con su respectivo cronograma, toda vez que no se puede dejar en
forma libre sin término definido el cumplimiento de esta obligación,
Maxime cuando se ha determinado unos valores específicos de
inversión y si pasa mucho tiempo habrá que revisar la posibilidad
de que a los valores presupuestos a invertir no se ejecuten
oportunamente, se le aplique la correspondiente indexación.

[…] PROGRAMA O: MANEJO DE LA OPERACIÓN DEL EMBALSE

[…] El programa O. Manejo de la operación del embalse no aplicó
en la fase de construcción de la obra.

No obstante en el presente informe anotamos que el proyecto se
encuentra en una etapa que no es de construcción ni de operación
pero requiere actividades de mantenimiento y monitoreo en el
proyecto que demanda personal y por otra parte esta problemática
social asociada al proyecto que requiere atención por parte de los
responsables de este proyecto. En este contexto es relevante
que se defina por el responsable el proyecto la Agencia de
Desarrollo Rural ADR, un programa con sus respectivas
fichas de manejo que contemple las acciones ambientales y

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sociales por desarrollar en este estado de la represa,
máxime que no hay información de cuando se retomará la
construcción de la etapa dos y de su operación, es decir
puede pasar varios años en esta situación sin que se defina
nada al respecto.

[…] 4.1.3. Presentar en un término de seis (6) meses contados a
partir del acto que acoja el presente concepto un plan de transición
para el periodo de construcción, llenado y entrada en operación del
proyecto.

El programa de transición fue presentado según se ha anotado en
anteriores informes verbigracia el informe con radicado No.
2016300157233 del 29 de enero de 2016. También se plantea en
este informe y que se ratifica en el actual, es que no se tiene la
información correspondiente sobre la implementación o
cumplimiento de este plan de transición por parte de INCODER,
hoy ADR.

4.5. Cumplimiento inversiones forzosas. Ley 99 de 1993.
• Programa de inversión del 1% para la protección de cuenca.
Artículo 43, Decreto 1900 de 2000
Corpoguajira aprobó los ajustes al programa de inversión del 1%
del proyecto Río Ranchería para la protección de la cuenca en un
valor de CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL MILLONES,
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL, CUATROCIENTOS NUEVE
PESOS ml ($5.561.547.409), según lo establece la Resolución No.
00932 del 28 de mayo de 2015.

COPOGUAJIRA no ha recibido los proyectos y actividades de
las líneas de inversión aprobadas.

• Programa de inversión del 1% para recuperación, preservación y
vigilancia de la cuenca hidrográfica del río Ranchería, artículo 111,
Ley 99 de 1993

Corpoguajira aprobó los ajustes al programa de inversión del 1%
del proyecto río Ranchería para recuperación, conservación,
preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica en un valor de
CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL MILLONES,
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL, CUATROCIENTOS NUEVE
PESOS ml ($5.561.547.409), según lo establece la Resolución No.
00932 del 28 de mayo de 2015.

CORPOGUAJIRA no ha recibido los proyectos y actividades
de las líneas de inversión aprobadas.

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Sobre los anteriores puntos el ADR en respuesta efectuada al
requerimiento de esta Corporación, mediante oficio con radicado
No. ENT 103 del 19 de octubre de 2016 a través del Vicepresidente
de integración productiva […] indica que la agencia continuará con
el estudio jurídico y catastral del listado de predios viabilizados por
Corpoguajira para definir la pertinencia y viabilidad de su
adquisición para cumplir con el porcentaje en el artículo 111 de la
Ley 99 de 1993.

De este oficio de la ADR se desprende en primera instancia que no
hace referencia a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 99 de
1993 correspondiente al cumplimiento de la inversión forzosa del
1% para la protección de la cuenca, pues solo se refiere al 1% para
la recuperación, conservación, preservación y vigilancia de la
cuenca hidrográfica que trata el artículo 111 de la citada Ley. En
este contexto se debe hacer la claridad a esta agencia sobre el
cumplimiento de estos dos 1%, remitiendo para su conocimiento la
Resolución No.0932 de 2015 emanada de esta Corporación donde
se define las líneas de inversión.

[…] 5.4. La subdirección de Autoridad ambiental gestione lo
siguiente:

Como quiera que el ADR mediante oficio con radicado No.
ETN 235 de 2016 solicita a la Corporación se le informe las
actividades pendientes para el cierre de las fichas a fin de
programar las actividades pendientes, consideramos
procedente no solo informar sobre las fichas pendientes,
sino sobre todo el incumplimiento de INCODER (ahora ADR)
a la licencia ambiental. Lo anterior independiente de las acciones
administrativas iniciadas mediante la investigación abierta (Auto
1116 de 2016).

Teniendo en cuenta que FIDUAGRARIA mediante oficio con
radicado No.997 del 24 de febrero de 2017 le da respuesta del ADR
sobre las competencias y responsabilidades del auto investigativo
iniciado por esta Corporación, es pertinente que Corpoguajira
solicite al ADR la cesión de la licencia ambiental a esta entidad,
toda vez que actualmente dicha licencia está a nombre del
INCODER, ente que ya no existe.

[…] INFORME DE SEGUIMIENTO RAD: INT – 5037 DEL 29/12/2017:

[…] Corpoguajira manifiesta que no se presentó el ajuste al
programa M (Ficha M1) ni se ha hecho entrega de las 909 Ha

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reforestadas en compensación por el aprovechamiento forestal, el
CRR2017 manifiesta que se realizó la siembra en su totalidad pero
se ha tenido dificultades en la búsqueda de los entregables
derivados del contrato que estableció INCODER para ese fin. La
ADR manifestó que debido a la dificultad de acceso a la información
y de ingreso a las áreas reforestadas se hará uso de la tecnología
mediante el uso de un drone (sic) para identificar las áreas, donde
se llegó a cabo la siembra.

La Agencia de Desarrollo Rural manifestó que realizó solicitud de
esta cesión de la licencia ambiental del proyecto, la Corporación
manifestó que la parte jurídica está trabajando en este trámite.

[…] – Uso del embalse

[…] En lo que corresponde al uso, actualmente el embalse está
siendo usado por las comunidades aledañas para la pesca artesanal
de subsistencia, en donde las unidades económicas de pesca son
tradicionales. Es decir no se está usando para lo cual fue
construido. Del proyecto no hay una derivación para uso de
consumo humano, para riego ni para generación de energía […]”
(Destacado de la Sala).

Ahora, la ADR sostiene que ha ejecutado gestiones tendientes a dar

cumplimiento a las obligaciones de la licencia, como se desprende de

los distintos informes que reposan en el expediente, de los cuales se

destaca el siguiente paralelo:

Obligación pendiente Acciones adelantadas por parte
del INCODER o de la ADR
Sanción impuesta por el Señaló que el INCODER canceló la
incumplimiento de lo que se multa impuesta por más de
denominó programa H, llenado del ochocientos millones de pesos y
embalse, subprograma 2, retiro de que subcontrató el servicio de
cobertura vegetal. remoción de la biomasa del
embalse, encontrándose pendiente
el acatamiento de la medida
compensatoria que implicaba la
adquisición del área

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correspondiente a los predios
Socorro 1, 2 y 3, por cuanto
CORPOGUAJIRA estimaba que no
se le ha dado cumplimiento.
Medida de compensación por Indicó que de acuerdo con un
aprovechamiento forestal, informe elaborado en el año 2010,
consistente en la siembra de 909 por el Consorcio INTEREF,
Ha de individuos de especies denominado “Reforestación de 909
nativas Ha de árboles nativos y aislamiento
de 62 Km de terreno en la cuenta
media y alta del río Ranchería”, se
relacionaron predios, coordenadas,
actividades de reforestación o
enriquecimiento y especies
sembradas; además, que el
Consorcio Río Ranchería,
contratista para ese momento de la
administración, operación y
mantenimiento del proyecto,
subcontrato un estudio de
batimetría que incluyó el
reconocimiento de áreas provistas
de cobertura vegetal en el contorno
del embalse.

Teniendo en cuenta lo anterior, y
para dar cierre a esta obligación, la
ADR cree que es necesaria la
georreferenciación de las
parcelaciones en que se efectuaron
las actividades de reforestación y
enriquecimiento para entregar la
cartografía a la autoridad ambiental
y que la tenga por satisfecha.

Inversión del 1% para la La Resolución núm. 00932 de 2015
recuperación, conservación, estableció que la mencionada
preservación y vigilancia de la inversión debía ser así:
cuenca hidrográfica del río
Ranchería. 1. Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales –
PTAR de Caracolí: se cuenta con los
respectivos estudios y diseños, los
cuales fueron producto del contrato
de consultoría celebrado por parte
del INCODER, razón por la que la

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Agencia indicó que se “encuentra
ubicando” los soportes de entrega a
la Corporación por parte de la
extinta entidad para dar cierre a la
obligación;
2. Monitoreo limnológico e
hidrobiológico de la fuente hídrica;
al parecer el INCODER suscribió
dos contratos para satisfacer esta
obligación, no obstante, no se
cuenta con las actas de recibo final
y de liquidación;
3. Suministro e instalación de un
sistema de control de caudales:
según la documentación a
disposición de la Agencia, el
INCODER dio cumplimiento a esta
obligación, por medio del contrato
núm. 581 de 2010;
4. Distrito de implementación del
monitoreo del recurso hídrico
superficial y subterráneo: esta
obligación se cumplió mediante el
contrato núm. 020 de 2010,
celebrado por el INCODER con el
IDEAM;
5. Capacitación ambiental para la
formación de promotores de la
comunidad y planes de manejo
ambiental de áreas protegidas: se
informó que al parecer el
INCODER adelantó actividades en
este sentido, por lo que la Agencia
estaba en la búsqueda del
desarrollo de la actividad o soportes
entregados a CORPOGUAJIRA;
6. Ejecución de las obras para
enriquecimiento con árboles
nativos en 521 Ha y aislamiento de
90 Km de terreno: al respecto, se
señaló que la Dirección de
Adecuación de Tierras estaba
adelantando las gestiones
pertinentes en el área de Gestión
Documental de la Agencia y el
Patrimonio Autónomo de

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Remanentes del INCODER en
liquidación, en aras de ubicar los
soportes correspondientes al
desarrollo de esta actividad y/o
entrega de los mismos a la
autoridad ambiental.

La ADR manifestó que para tener
por cumplida la referida obligación
es indispensable contar con la
georreferenciación de las
parcelaciones en las que se
realizaron actividades de
reforestación y enriquecimiento,
para poder efectuar la entrega de la
cartografía.
Inversión del 1% para la La entidad informó que ha
adquisición de áreas estratégicas avanzado en el análisis predial de
para la conservación de los los insumos disponibles en la
recursos que surten el agua al Dirección de Adecuación de Tierras,
proyecto. a partir de lo cual encontró la
adquisición de 16 predios de plena
propiedad del INCODER.

De lo informado por la misma Agencia se advierte que los

cumplimientos a la licencia han sido parciales, no obstante los

distintos requerimientos y las investigaciones en relación con el

proyecto del Rio Ranchería y a pesar del grave impacto que esto ha

generado en la zona y su contribución en la grave problemática

humanitaria de la región.

La ADR ha pretendido justificar estos incumplimientos bajo el

pretexto de la necesidad de que la autoridad ambiental efectué un

cierre de acciones o actividades para definir qué aspectos cumplió el

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anterior licenciatario y cuáles le correspondería a la ADR, postura

que para la Sala resulta inadmisible, no solo porque consta en el

expediente que la información que exige ya le ha sido puesta de

presente por CORPOGUAJIRA mediante informes de seguimiento,

sino porque, además, se encuentra en curso un proceso

sancionatorio ambiental en el que debe responder por dichos asuntos

conforme a las presuntas infracciones ambientales en las que ha

incurrido con la conducta omisiva que reitera en esta instancia

judicial.

Por lo anterior, se confirmará la decisión del Tribunal de ordenar a

la ADR acreditar el cumplimiento de las obligaciones ambientales

derivadas de la Resolución núm. 3158 de 2005 y sus modificaciones.

• Exigibilidad de las obligaciones de la licencia ambiental, a partir de
la sucesión de la ADR

La ADR sostiene, en su recurso de apelación, que las obligaciones de

la licencia solo le son exigibles desde el momento en que adquirió

firmeza la Resolución núm. 2524 de 2017, por medio de la cual se

cedió el mencionado permiso ambiental, por lo que resulta

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improcedente atribuirle responsabilidad en los hechos acaecidos con

anterioridad a dicha fecha, pues no había nacido a la vida jurídica.

La citada Resolución 2524, dispuso:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la cesión TOTAL de
derechos y obligaciones emanadas de la Resolución No.03158 de
10 de agosto de 2005, al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
– INCODER, en liquidación […] a la AGENCIA NACIONAL DE
DESARROLLO (ADR) […] como se señala en la parte considerativa
del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Tómese a la AGENCIA NACIONAL DE
DESARROLLO (ADR), como titular de todos los derechos y
obligaciones emanada de la Resolución No. 03158 del 10 de
agosto de 2005, consistente en la Licencia Ambiental para la
construcción y operación del Proyecto Río Ranchería, Distrito de
Riego Ranchería – San Juan del Cesar – La Guajira.

ARTÍCULO TERCERO: La cesión que se autoriza por esta
Corporación, producirá los correspondientes efectos jurídicos
entre el cedente y el cesionario.

ARTÍCULO CUARTO: La AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO
(ADR), será responsable ante CORPOGUAJIRA, de las
obligaciones contenidas en los actos administrativos objeto
de la cesión, a partir de la firmeza de la presente resolución […]”
(Destacado de la Sala).

En dicha resolución, CORPOGUAJIRA autorizó la cesión total de

derechos y obligaciones de la licencia ambiental para la construcción

y operación del proyecto del Río Ranchería a la ADR, precisando en

el artículo 2º que es ahora esta Agencia la titular de todos los

derechos y las obligaciones allí consignadas.

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Lo anterior significa que la ADR sustituyó al INCODER en el

cumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental desde el

momento de la cesión (año 2017), lo cual implica que debe garantizar

su observancia en los mismos términos en que fue concedida al

cedente, como si nunca hubiese cambiado de titular.

En efecto, respecto de la cesión total o parcial de la licencia ambiental

el artículo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015 25,

prevé que:

“ARTÍCULO 2.2.2.3.8.4. Cesión total o parcial de la licencia
ambiental. El beneficiario de la licencia ambiental en cualquier
momento podrá cederla total o parcialmente, lo que implica la
cesión de los derechos y obligaciones que de ella se derivan.

En tales casos, el cedente y el cesionario solicitarán por escrito la
cesión a la autoridad ambiental competente identificando si es
cesión total o parcial y adjuntando para el efecto:

a) Copia de los documentos de identificación y de los certificados
de existencia y representación legal, en caso de ser personas
jurídicas;
b) El documento de cesión a través del cual se identifiquen los
interesados y el proyecto, obra o actividad;
c) A efectos de la cesión parcial de la licencia ambiental, el cedente
y el cesionario deberán anexar un documento en donde se detallen
todas y cada uno de los derechos y obligaciones de la licencia
ambiental y de sus actos administrativos expedidos con
posterioridad.

La autoridad ambiental deberá pronunciarse sobre la cesión dentro
de los treinta (30) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud

25
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

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mediante acto administrativo y expedirá los actos administrativos
que fueren necesarios para el efecto.

En cualquiera de los casos antes mencionados, el cesionario
asumirá los derechos y obligaciones derivados del acto o
actos administrativos objeto de cesión total o parcial en el
estado en que se encuentren.

PARÁGRAFO 1. La cesión parcial sólo procederá cuando las
obligaciones puedan ser fraccionadas, lo que implica que las
actividades propias de la ejecución del mismo tengan el carácter
de divisibles […]” (Destacado de la Sala).

Así las cosas, cuando se efectúa la cesión total de una licencia

ambiental, como ocurrió en el presente caso, el cesionario asume los

derechos y las obligaciones derivados del acto administrativo objeto

de la cesión en el estado en que se encuentran, por lo que se

puede concluir que la ADR asumió la responsabilidad frente al

cumplimiento de las obligaciones contenidas en la licencia en el

estado en el que el INCODER las dejó, como si la extinta entidad la

siguiera ejecutando, sin que puedan desligarse o fraccionarse como,

alega la recurrente.

Por tanto, el argumento de la entidad apelante según el cual es

necesario delimitar las obligaciones que el INCODER cumplió y las

que no, resulta inocuo para el análisis que aquí se efectúa, pues como

se explicó, la figura de la cesión implica que el cesionario (la ADR),

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sustituyó al cedente (INCODER), en el cumplimiento del título que

le fue entregado, esto es, la licencia ambiental.

Diferente es que la Agencia, en el marco de las gestiones

administrativas que debió adelantar para saber el estado en que se

encontraba el proyecto, hubiese efectuado cruce de información con

CORPOGUAJIRA para así poder delimitar qué aspectos se

encontraban pendientes y cuáles no, actividad que debió desarrollar

desde el momento mismo en que le fue entregado el proyecto

multipropósito del Río Ranchería, pero que de ninguna manera la

excusan en el cumplimiento de sus obligaciones y en la salvaguarda

de las normas ambientales y de los derechos colectivos.

• Plazo para darle cumplimiento a las obligaciones de la licencia

Respecto de la orden contenida en la sentencia de primera instancia,

dirigida a que se acredite en el término de seis (6) meses el

cumplimiento de las obligaciones contenidas en la licencia ambiental,

la ADR estimó que el aludido plazo no es razonable debido a que

desconoce la cesión de la licencia y el esfuerzo que ha realizado esa

agencia para lograr obtener de parte de CORPOGUAJIRA “la

reconstrucción del expediente administrativo” que permita “tener un

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panorama claro respecto de las actividades adelantadas por el extinto

INCODER y así definir las que se encuentran a cargo de la Agencia”.

Que por ello, resulta indispensable para dar cumplimiento a las

obligaciones derivadas de la licencia ambiental que, previamente,

CORPOGUAJIRA lleve a cabo las siguientes actuaciones:

“[…] 1. La reconstrucción del expediente administrativo;
2. Un proceso de cierre de las obligaciones cumplidas por el
INCODER y las que se deben cumplir en cabeza de la ADR;
3. Un proceso de actualización integral de las obligaciones, con
apoyo de la ADR, de acuerdo con las condiciones actuales del
proyecto que comprenda los componentes técnicos, ambientales,
jurídicos y financieros […]”.

Frente a lo señalado por la recurrente, la Sala enfatiza que el

cumplimiento de las obligaciones de la licencia no está supeditado a

actuaciones por parte de la autoridad ambiental, por cuanto lo que

corresponde a la ADR es allanarse a lo pactado en dicho acto, en las

mismas condiciones en que recibió la cesión. No obstante, el plazo

de seis (6) meses señalado en el fallo para darle cumplimiento a

“todas las obligaciones adquiridas en virtud de la licencia ambiental” y para

allegar “pruebas del cumplimiento de las obligaciones que le fueron

impuestas en el documento CONPES 3926 de 2018”, puede resultar

insuficiente, en tanto implica la satisfacción de los requerimientos

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ambientales esbozados en los diferentes informes expedidos por la

autoridad ambiental y la terminación de la segunda etapa del

megaproyecto Río Ranchería.

Al respecto, llama la atención que pese a que el numeral segundo de

la parte resolutiva del fallo se refirió a un término de seis (6) meses,

en la parte motiva de la decisión, el a quo también aludió al plazo

previsto en el CONPES 3926 de 2018 para la culminación del proyecto

multipropósito Río Ranchería, el cual finaliza en el año 2025, y en

dicho sentido, estimó que no había lugar a ordenar la conformación

de mesas de trabajo con las autoridades involucradas que fueran

inferiores a este último plazo.

Sin embargo, para la Sala sí resulta razonable no solo la ampliación

del término otorgado por el Tribunal en aras de que las órdenes que

aquí se decretan sean cumplidas cabalmente y se culmine de una vez

por todas con el megaproyecto de vital importancia para la región,

sino también la conformación de una mesa de trabajo con las

autoridades involucradas, que permita a las entidades del orden

municipal, departamental y nacional adoptar una solución viable e

integral a la problemática, de acuerdo con sus funciones

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constitucionales y legales, como se indicará más adelante, en el

acápite de decisiones a adoptar.

Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones contenidas en la licencia

ambiental, las cuales deberán ser acatadas en su totalidad, en los

términos establecidos en dicho acto.

En consecuencia, y en lo que atañe al cargo en estudio, la Sala estima

que el mismo prospera.

(ii) Responsabilidad de la ADR en la vulneración del derecho
colectivo al acceso a los servicios públicos con ocasión de la
problemática de acceso al recurso hídrico generada por la no
culminación del proyecto Río Ranchería

La recurrente alega que no es responsable de la vulneración del

derecho colectivo al acceso a los servicios públicos y a su prestación

oportuna y eficiente, por cuanto dentro de sus funciones no se

encuentra la de suministrar agua potable a través de la prestación

del servicio de acueducto.

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Para resolver, la Sala precisa que si bien la ADR fue declarada

responsable de la vulneración de los derechos colectivos a la

existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento

racional de los recursos naturales, a la defensa del patrimonio

público, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la

salubridad pública y al acceso a los servicios públicos y a que su

prestación sea eficiente y oportuna, dicha entidad únicamente se

opone en su recurso de apelación a lo decido por el a quo frente a

este último derecho, razón por la cual el estudio se circunscribirá a

establecer su presunta vulneración.

El derecho colectivo al acceso a los servicios públicos y a que su

prestación sea oportuna y eficiente es un derecho concebido para

la protección de los usuarios de servicios públicos en lo referente a

la calidad, precio y cobertura, frente a lo cual, el Estado debe ejercer

sus facultades regulatorias y de control en aras de que los

mencionados elementos se garanticen. Sobre este derecho la

jurisprudencia de esta Sección ha señalado26:

“[…] EL DERECHO COLECTIVO AL ACCESO A LOS SERVICIOS
PÚBLICOS Y A SU PRESTACIÓN EFICIENTE: no se está frente al
desarrollo de una función administrativa en los términos del

26
CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 7 de
febrero de 2019. Radicación: 85001-23-33-000-2017-00075-01(AP). M.P: Roberto Augusto Serrato
Valdés.

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artículo 209 Constitucional, sino de una actividad económica
intervenida por el Estado, cuya prestación debida se relaciona
directamente con la consecución de sus fines (art. 2 C. N.). El
modelo constitucional económico de la Carta Política de 1991 está
fundado en la superación de la noción “francesa” de servicio
público, conforme a la cual éste era asimilable a una función
pública, para avanzar hacia una concepción económica según la
cual su prestación está sometida a las leyes de un mercado
fuertemente intervenido; así se deduce del artículo 365
constitucional cuando dispone que es deber del Estado asegurar la
prestación eficiente de los servicios públicos y que estos pueden
ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por
comunidades organizadas o por particulares.

Nótese que la norma es clara en señalar que el Estado debe
asegurar la prestación (no prestar forzosamente) al tiempo que
permite la concurrencia de Agentes (públicos, privados o mixtos)
en su prestación. De acuerdo con tales disposiciones se destaca,
jurídicamente, que los servicios públicos “son inherentes a la
finalidad social del Estado”, pues contribuyen al bienestar y
mejoramiento de la calidad de vida de la población (arts. 2 y 366
ibídem.) y es por ello que su prestación comporta la concreción
material de la cláusula Estado Social de Derecho (art. 1 ibídem);
así lo ha indicado la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la
Corte Constitucional, como mecanismo auxiliar en la
administración de Justicia (art. 230). De manera que los
derechos colectivos que se involucran en la prestación de
los servicios públicos no aluden a la función pública propia
del Estado, sino a una actividad económica que por implicar
el tráfico de servicios inherentes a la finalidad social del
Estado, que la doctrina colombiana, con base en expresión
foránea, llama “bienes meritorios”, exige la intervención del
mismo a través de los instrumentos tradicionales de policía
administrativa: regulación y control (inc. 2 art. 365 C. N). En
otras palabras, el bien jurídico colectivo por proteger no
refiere a la función administrativa, sino a los derechos
propios de los consumidores y usuarios particularmente en
lo relativo a la calidad del servicio y a su precio […]”27
(Destacado de la Sala).

27
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Radicación 25000-23-
25-000-2003-00254-01(AP) de fecha 10 de febrero de 2005. Consejera Ponente: María Elena Giraldo
Gómez.

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Así pues, la protección de este derecho colectivo procede cuando la

actividad económica que implica la prestación de los servicios

públicos afecta a los consumidores y/o usuarios, bien sea porque no

existe calidad en el servicio, el precio sobrepasa los límites

legalmente establecidos o su cobertura no es oportuna ni eficiente.

Efectuada la precisión conceptual sobre el derecho colectivo al acceso

a los servicios públicos y su alcance como actividad económica, la

Sala destaca que en el caso sub judice el bien jurídico a proteger es

el derecho al agua, pues aun cuando la construcción de la totalidad

del proyecto redunda en la prestación del servicio público de

acueducto, lo cierto es que la finalidad del proyecto no está

directamente relacionada con la prestación de un servicio, sino con

la garantía de acceso al líquido vital a través de la construcción de la

infraestructura necesaria para tal fin, así como con el mejoramiento

de la calidad de vida de los habitantes del DEPARTAMENTO.

El derecho al agua ha sido reconocido por la jurisprudencia de la

Corporación, de la que se destaca la sentencia de 28 de marzo de

201428, en la que esta Sección indicó:

28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 28 de marzo
de 2014. Radicación: 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP). M.P: Marco Antonio Velilla Moreano.

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“[…] EL AGUA COMO PATRIMONIO DE LA NACIÓN, BIEN DE
USO PÚBLICO, DERECHO FUNDAMENTAL, HUMANO Y
COLECTIVO
(…)
La Constitución Política consagra como deber fundamental del
Estado no solo el de velar por la existencia de todos los ciudadanos
y su vida en condiciones de dignas, sino también por la obligación
de asegurar la utilización racional de los recursos naturales, con el
fin de mejorar la calidad de vida de todos y asegurar su
subsistencia futura.

Es así como el constituyente protege el ambiente y, en especial, el
agua como fuente de vida y como condicionante para el disfrute de
otros derechos fundamentales, tales como los derechos a la salud
y a la alimentación.

[…] En los términos del Decreto 1541 de 197829 son aguas de uso
público los ríos y todas las aguas que corren por cauces naturales
de modo permanente o no, las aguas que corren por cauces
artificiales que hayan sido derivadas de un cauce natural, los lagos,
lagunas, ciénagas y pantanos, las aguas que están en la atmósfera,
las corrientes y depósitos de aguas subterráneas; las aguas lluvias;
la preservación y manejo de las aguas es de utilidad pública e
interés social.

En el ámbito internacional, en 1968, el Consejo de Europa aprobó
la “Carta del Agua”, en donde se afirma que este es un elemento
de primera necesidad, tanto para el hombre, como para los
animales y las plantas: “sin agua no hay vida posible”30.

[…] El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
las Naciones Unidas incluye el agua como condición fundamental
para la supervivencia humana31.

La Corte Constitucional, citando al referido Comité en sentencia T-
270/07, señaló que en el año 2002, en el 29º período de sesiones
en Ginebra, se presentó la observación número 15, en la cual se
expresaron los fundamentos jurídicos sobre el derecho al agua, en
los siguientes términos:

29
Reglamentario del Decreto 2811 de 1974 (Artículos 2º y 5º).
30
Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 15 de diciembre de 2005. Rad.:
2005 – 1689. Consejero Ponente: Dr. Flavio Augusto Rodríguez.
31
Ver entre otras la sentencia de la Corte Constitucional T-418 de 2010, Magistrada Ponente: Dra.
María Victoria Calle Correa.

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RIOHACHA Y OTRA.

“El agua es un recurso natural limitado y un bien público
fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es
indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la
realización de otros derechos humanos.
(…)
“El derecho humano al agua es el derecho de todos a
disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y
asequible para el uso personal y doméstico. Un
abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para
evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de
las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer
las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de
higiene personal y doméstica
(…)
El agua es necesaria para diversas finalidades, aparte de los
usos personales y domésticos, y para el ejercicio de muchos
de los derechos reconocidos en el Pacto. Por ejemplo, el agua
es necesaria para producir alimentos (el derecho a una alimentación
adecuada) y para asegurar la higiene ambiental (el derecho a la
salud). El agua es fundamental para procurarse medios de
subsistencia (el derecho a ganarse la vida mediante un trabajo) y
para disfrutar de determinadas prácticas culturales (el derecho a
participar en la vida cultural). Sin embargo, en la asignación del
agua debe concederse prioridad al derecho de utilizarla para fines
personales y domésticos. También debe darse prioridad a los
recursos hídricos necesarios para evitar el hambre y las
enfermedades, así como para cumplir las obligaciones
fundamentales que entraña cada uno de los derechos del Pacto”.

[…] Resulta importante recodar que la titularidad del derecho al
agua como derecho subjetivo se encuentra en cabeza no
sólo de las personas individualmente consideradas, sino
también de la comunidad. En otras palabras, dicho derecho
cuenta con una doble naturaleza (individual y colectiva).

En relación con su naturaleza colectiva, la Corte Constitucional
anotó que “hay dimensiones del derecho que generan obligaciones
de respeto, de protección y de garantía, de las cuales no son
titulares las personas individualmente, sino colectivamente. Las
protecciones de las fuentes hídricas de las cuales puede depender
eventualmente el consumo de agua de las futuras generaciones,
hace parte, sin duda, de los ámbitos de protección del derecho al
agua, pero no se trata de un derecho individual”32.

Estas obligaciones serán entonces reclamables ya no a
través de la acción de tutela, sino por medio de la acción
popular.

32
Corte Constitucional. Sentencia T-418 de 2010. Magistrada Ponente: Dra. María Victoria Calle Correa.

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[…] Señala el CDESC que el agua es un recurso natural limitado y
un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho
humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es
condición previa para la realización de otros derechos humanos.

Define el derecho humano al agua como el derecho de todos
a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible
y asequible para el uso personal y doméstico. Un
abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar
la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las
enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las
necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene
personal y doméstica.

[…] Cabe anotar finalmente que mediante la Resolución 64/292
aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 28 de
junio de 2010 se hace por primera vez un reconocimiento expreso
de la existencia de un Derecho Humano al agua, al precisar en
dicho documento que la Asamblea “1. “Reconoce que el derecho
al agua potable y el saneamiento es un derecho humano
esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los
derechos humanos”33 […]” (Destacado de la Sala).

Como se puede apreciar, el derecho al agua adquiere una doble

connotación, como derecho individual y como derecho colectivo, lo

cual supone que a través de la acción popular es posible amparar el

derecho de los ciudadanos a acceder al preciado líquido, acceso que

debe garantizarse de forma suficiente, salubre, aceptable, accesible

y asequible para el uso personal y doméstico, para reducir el riesgo

de las enfermedades relacionadas con el agua, para satisfacer las

necesidades de consumo y cocina, así como la higiene personal y

33
Resolución 64/292 Asamblea General de Naciones Unidas. Disponible en http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/479/38/PDF/N0947938.pdf?OpenElement

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doméstica, y, en fin, para hacer posible la vida humana y evitar la

muerte por desabastecimiento de agua.

Como ya se mencionó en las distintas pruebas sobre la problemática

ambiental y humanitaria del DEPARTAMENTO y específicamente en

los distintos informes, investigaciones y seguimientos de los órganos

de control, la problemática de abastecimiento de agua se ha visto

agravada por la no culminación de la II fase del proyecto Río

Ranchería, a pesar de los cuantiosos recursos públicos destinados

para ello y de la necesidad imperiosa de superar una situación que

por décadas ha sumido al ente territorial en una grave crisis con los

mayores índices de pobreza del País, según cifras del DANE,

necesidades básicas insatisfechas de su población y falta de

prevención en las muertes por desnutrición, entre otros graves

problemas.

En efecto, para la Defensoría del Pueblo34 es inadmisible que el

DEPARTAMENTO cuente con la represa El Cercado, pero la falta de

culminación de las obras del megaproyecto mantenga a la población

de nueve municipios sin agua, obligándola a abastecerse de pozos

34
Informe Crisis Humanitaria en la Guajira (2014).

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que datan de hace más de 50 años que no son aptos para uso

humano. Asimismo, la CONTRALORÍA y la PROCURADURÍA

coinciden en afirmar que la no ejecución de la Fase II ha impedido el

logro de los objetivos del proyecto, tales como la generación de

energía, el abastecimiento de agua a los municipios y,

principalmente, la construcción de los distritos de riego de Ranchería

y San Juan35.

Lo expuesto en precedencia permite a la Sala concluir que la ADR no

afectó el derecho colectivo de acceso a los servicios públicos y a que

su prestación sea eficiente y oportuna, sino el derecho colectivo

al agua potable, debido a que como lo expone la recurrente dentro

de los objetivos misionales de la entidad no se encuentra el de la

prestación de servicios públicos y, principalmente, porque el objeto

de la presente acción se relaciona con la necesidad de acceso al

recurso hídrico, que estaría garantizado con la culminación definitiva

del megaproyecto del Río Ranchería.

(iii) Responsabilidad de la ADR frente a los compromisos
señalados en el documento CONPES 3926 de 2018,

35
Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, concepto técnico núm. 055-2014 el 24
de noviembre de 2017. Contraloría General de la República, Auditoría Gubernamental con Enfoque
Integral, modalidad Especial (PGA 2010), al Proyecto Estratégico del Río Ranchería.

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concurrencia con otras entidades y presentación de la Hoja de
Ruta para la finalización del proyecto

El fallo de primera instancia ordenó a la ADR “allegar al expediente

pruebas del cumplimiento de las obligaciones que le fueron impuestas en

el documento CONPES 3926 de 2018”, frente a lo cual la entidad expone

que ha acatado las directrices del mencionado documento, como lo

demuestra la hoja de ruta presentada ante el MINISTERIO DE

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL para la culminación del

proyecto.

Para resolver lo pertinente, es necesario examinar el contenido de

las directrices del mencionado documento frente al acatamiento que

la ADR manifiesta haber dado a través de la hoja de ruta presentada

ante el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.

Sea lo primero advertir que el Consejo Nacional de Política Económica

y Social (CONPES) es un organismo colegiado, sin personería

jurídica, que asesora al Gobierno nacional en todos aquellos aspectos

que se relacionan con el desarrollo económico y social del país 36.

36 Artículo 2.2.12.1.1 del Decreto 1082 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto

Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional”.

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De conformidad con la Ley 1753, el CONPES desarrolla, entre otras,

la función de aprobar los documentos de política económica y social

y aquellos que sirvan de base para la elaboración de los planes y

programas nacionales de desarrollo37.

En relación con los documentos CONPES, el parágrafo del artículo

2.2.12.3.1 del Decreto 1082 de 2015 establece que su contenido no

compromete al Gobierno Nacional. No obstante, en el artículo

2.2.12.3.2 de la misma normativa se precisa que aquellos

documentos CONPES de política establecerán un plan de acción y

seguimiento – PAS que debe incluir las acciones, entidades

responsables de su ejecución, los recursos indicativos asociados, el

período de cumplimiento y las variables para el seguimiento.

De manera que el seguimiento de dichos documentos tiene por

objeto el registro, a través del Sistema de Gestión de documentos

CONPES – SISCONPES, del avance de los compromisos adquiridos

por los ministerios y demás entidades, respecto de los que hayan

37 Artículo 2.2.12.1.3 idem.

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sido aprobados38, el cual se hace a través del PAS aprobado por el

CONPES39.

Teniendo en cuenta lo anterior y descendiendo al caso objeto de

análisis, la Sala advierte que en el marco del Plan Nacional de

Desarrollo 2014-2018 que buscó orientar el progreso de la

adecuación de tierras como instrumento de la productividad y

competitividad agropecuaria, se adoptó el CONPES 3926 de 2018

que contiene la “Política de Adecuación de Tierras 2018-2038”.

Dentro de las líneas de acción tendientes a lograr un mayor impacto

en la productividad y competitividad agropecuaria, dicho CONPES

planteó la “culminación progresiva de los proyectos de importancia

estratégica”,40 a través de la formulación de Hojas de Ruta que

debían presentarse ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo

Rural.

En consecuencia, el documento CONPES en comento, 3926 de 2018,

recomendó a la ADR definir una hoja de ruta para la culminación

progresiva de tres proyectos de importancia estratégica, a saber:

38 Artículo 2.2.12.4.1. ídem.
39 Artículo 2.2.12.4.2. ídem.
40 Línea de acción 3.2.

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Triángulo del Tolima, Tesalia- Paicol (Huila) y Río Ranchería (La

Guajira), la cual efectivamente fue elaborada por parte de la entidad

atendiendo las directrices allí establecidas.

Es decir que si bien el Decreto 1082 de 2015 señala que los

documentos CONPES no son vinculantes para el Gobierno Nacional,

lo cierto es que cuando en ellos se establecen políticas, éstas son

objeto de seguimiento a través del PAS y, en consecuencia, implica

que las entidades involucradas deban ejecutar las acciones

tendientes a su cumplimiento, tal y como ocurrió en el presente caso,

en el que la ADR, como ya se indicó, acogió la recomendación

establecida y presentó la respectiva hoja de ruta para lograr la

culminación del proyecto Río Ranchería, en el marco de la Política de

Adecuación de Tierras 2018 – 2038 adoptada por el Gobierno

Nacional.

En efecto, en lo que concierne al proyecto estratégico Río Ranchería,

el CONPES 3926 de 2018 señaló:

“[…] Dentro de las acciones adelantadas por el Incoder sobresale
la declaratoria de importancia estratégica para tres proyectos de
ADT: Triángulo del Tolima, Río Ranchería (La Guajira), y
Tesalia-Paicol (Huila). 15. A pesar de que las declaratorias de
importancia estratégica tuvieron lugar entre los años 2005 y 2008,

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estos proyectos aún se encuentran en ejecución y acusan demoras
para su puesta en funcionamiento.

[…] 3.3.1. Fallas en la planificación y priorización de las inversiones

Las decisiones de inversión en ADT no cuentan actualmente con
una hoja de ruta sobre los proyectos que se deben apoyar ni con
criterios de priorización. En cuanto a los distritos de primera
generación, no se cuenta con criterios que permitan priorizar
aquellas infraestructuras cuya optimización resulte conveniente a
partir de retornos sociales y económicos estimados. Además, no se
ha podido definir un curso de acción para finalizar los tres proyectos
de ADT declarados de importancia estratégica: proyecto
multipropósito Río Ranchería (La Guajira), Tesalia-Paicol
(Huila) y Triángulo del Tolima. En el caso de la nueva generación
de distritos de ADT, no se cuenta con un portafolio de nuevos
proyectos identificados de mediana y gran escala, ni criterios para
la priorización estratégica sobre dónde y qué proyectos de pequeña
escala impulsar en los próximos 20 años.

En lo que respecta particularmente a los tres proyectos de
importancia estratégica, el Gobierno nacional ha destinado
esfuerzos significativos en su construcción y puesta en marcha. A
pesar de esto, se han presentado retrasos de obra y problemas
para su cierre financiero.

Estas obras han recibido financiación del Gobierno nacional para su
construcción por un valor de 1,7 billones de pesos y buscan
beneficiar 42.761 hectáreas con el servicio de ADT (ADR, 2017).
Se ha calculado que los recursos de inversión que permitirían
finalizar estas obras ascienden a cerca de 1,2 billones de pesos
(ADR, 2017a). Por otro lado, parte de la infraestructura que se ha
ido deteriorando y se presentan gastos recurrentes para su
administración, operación y conservación por 53.760 millones de
pesos en el lapso comprendido por los años 2011 y 2017, a pesar
de que no operan y no prestan el servicio de ADT.

[…] 4.3.3. Optimización de las inversiones en ADT para lograr un
mayor impacto en la productividad y competitividad agropecuaria

Con el fin de mejorar el impacto de las inversiones en ADT, se
plantean acciones para orientar la planificación de mediano y largo
plazo, la gestión presupuestal de las fuentes de financiación y el
establecimiento de medidas de apoyo a la sostenibilidad de los
distritos.

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Planificación de mediano y largo plazo

Los criterios para mejorar la planificación de la inversión se enfocan
en definir cómo establecer y priorizar proyectos de ADT, tanto de
optimización de distritos de primera generación, como de
construcción de proyectos de nueva generación.

[…] Línea de acción 3.2. Hoja de ruta para la culminación
progresiva de los proyectos de importancia estratégica

La ADR revisará la vigencia de los estudios y diseños para las fases
restantes y determinará, con base en análisis técnicos, sociales,
económicos y financieros, el alcance de la finalización de estos
proyectos. Para tal fin, evaluará la posibilidad de finalizar la
ejecución de las obras para habilitar sectores específicos en estos
proyectos donde sea factible hacerlo. Así mismo, adelantará las
gestiones para vincular inversionistas privados en la financiación
de la hoja de ruta que defina.

La ADR presentará la hoja de ruta al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural para su aprobación. Este
ministerio, en coordinación con el DNP, asegurarán los
recursos financieros requeridos para su implementación. La
hoja de ruta deberá estar definida en junio de 2019.

[…] Línea de acción 3.4. Culminación de obras del proyecto
multipropósito Río Ranchería (La Guajira)

Al igual que la línea de acción 3.3, la ADR adoptará una hoja de
ruta para la culminación del proyecto multipropósito Río Ranchería
en La Guajira, considerando la viabilidad previamente analizada a
partir de la línea de acción 3.2. Dada su viabilidad, el proyecto
deberá ser finalizado como máximo en el año 2025.

[…] 5. RECOMENDACIONES

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y el Departamento Nacional de Planeación, recomiendan
al Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES):

[…] 6. Solicitar a la Agencia de Desarrollo Rural:

[…] c. Definir una hoja de ruta para la culminación
progresiva de los proyectos de importancia estratégica de

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Triángulo del Tolima, Río Ranchería (La Guajira) y Tesalia-
Paicol (Huila) […]” (Destacado de la Sala).

Con base en lo anterior, la ADR presentó el documento denominado

“Hoja de Ruta para la Terminación del Proyecto Estratégico de Adecuación

de Tierras de Gran Escala del Río Ranchería”, en el mes de abril de 2020,

en cuya elaboración participó el ministerio de AGRICULTURA Y

DESARROLLO RURAL, el DNP, la ADR y la Unidad de

Planificación Rural Agropecuaria -UPRA-.

Del mencionado documento se destaca:

“[…] 1. Introducción

[…] El Proyecto multipropósito del Río Ranchería, contempla dos
(2) Distritos de Riego, el Distrito Ranchería y el Distrito San Juan
del César, que pretenden beneficiar 18.536 hectáreas con riego
tecnificado impactando la producción agropecuaria de los
municipios de Fonseca, Barrancas, Distracción y San Juan del Cesar
en el Sur de La Guajira, así como mejorando los ingresos y calidad
de vida de 1.029 familias. Además de contemplar, acueducto y
generación de energía eléctrica mediante una pequeña central
hidroeléctrica – PCH.

El Proyecto se encuentra construido en un cincuenta por ciento
(50%), con una inversión realizada de $637.369 millones, en una
primera fase, que finalizó en el año 2010, con la construcción de la
Presa El Cercado y embalse con capacidad de almacenar 192
millones de metros cúbicos del Río Ranchería, rebosadero,
conducciones principales Ranchería y San Juan, túneles de las
conducciones, carreteables y red eléctrica. Se encuentra
pendiente la terminación de las obras de riego y drenaje en
los dos distritos, las cuales demandan inversiones por valor
de $735.302 millones, a precios 2020.

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Teniendo en cuenta la necesidad de terminar las obras de los
distritos de riego de Ranchería y San Juan del César, el Gobierno
Nacional a través del CONPES 3926 de 2018 – Política de
Adecuación de Tierras 2018 – 2038, estableció que la Agencia de
Desarrollo Rural – ADR debe elaborar una hoja de ruta para la
culminación del proyecto, la cual debe ser aprobada por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR.

[…] 3. Diagnóstico y estado actual del proyecto

3.1. Diagnóstico

El proyecto multipropósito del Río Ranchería, declarado Proyecto
Estratégico Nacional a partir del CONPES 3362 del 14 de julio de
2005, representa una obra de infraestructura física con impacto en
el desarrollo social y económico del Departamento de La Guajira,
con trascendencia a nivel regional y nacional.
[…]
Inició ejecución desde el año 1985 y ha tenido cuatro (4) etapas
en su proceso de desarrollo, que se describen a continuación:

En la primera Etapa de Factibilidad, entre los años 1985 - 1987
– La firma italiana IFAGRARIA s.p.a, desarrolló para el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras – HIMAT- un
estudio de Factibilidad para el proyecto de uso múltiple de las
aguas del río Ranchería, cuyo objeto era definir a través de un
programa de investigaciones y estudios básicos la factibilidad y
beneficios que el proyecto aportaría a un amplio sector de la Baja
Guajira.

[…] En el año de 1998 – La firma Gómez Cajiao y Asociados, por la
actualización y recomendaciones realizadas por los estudios
adelantados por INGESTUDIOS Ltda., adelantó para el INAT, la
revisión de la factibilidad de la presa El Cercado y los estudios
geofísicos e hidrogeológicos del embalse y presa El Guanábano.
Como resultado de este estudio se descartó el embalse de El
Guanábano por los problemas de estanqueidad detectados en el
vaso, por lo cual se seleccionó el sitio de El Cercado, donde
finalmente se construyó la presa.

En la segunda etapa de diseños, se encuentra que los diseños
detallados del proyecto Río Ranchería iniciaron el 11 de enero de
2002 y finalizaron el 18 de febrero de 2005, con el alcance del
diseño de las obras multipropósito y los proyectos de riego
Ranchería y San Juan del Cesar. Los estudios y diseños fueron

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ejecutados por la Unión Temporal Guajira dentro del objeto del
contrato INAT No. 140 de 2001.

En la tercera etapa de Construcción, Fase I, desarrollada en
los años 2006 a 2010, iniciando su construcción el 10 enero de
2006 y finalizando el 30 de noviembre de 2010. Esta etapa
comprendió la Construcción de la Presa El Cercado, Conducciones
Principales para las áreas de riego de los Distritos de Ranchería y
San Juan del Cesar y obras complementarias y culminó con una
inversión total de $639 mil millones de pesos.

En la cuarta Etapa de Transición, a partir de la fecha de la
terminación de la construcción de la Presa El Cercado,
Conducciones Principales para las áreas de riego de los Distritos de
Ranchería y San Juan del Cesar y obras complementarias en
noviembre de 2010, el proyecto se encuentra en una etapa de
transición, correspondiente a ejecución de actividades
continuas de Administración, Operación, Mantenimiento
(AOM), seguimiento y control a las obras ejecutadas en la
Fase I, debido a que el Gobierno Nacional no cuenta con la
disponibilidad de recursos para la terminación del proyecto.
En consecuencia, con el fin de mantener y salvaguardar la
infraestructura construida, el INCODER (hoy, liquidado) consideró
necesario la celebración de contratos para la conservación,
salvaguarda y operación.

Desde el año 2011 se vienen realizando inversiones con el fin de
atender la función misional de Administración, Operación y
Mantenimiento (AOM) de la infraestructura construida del proyecto,
a través de contratos de prestación de servicios.

El INCODER dentro de su proceso de liquidación entregó a la ADR
el proyecto Rio Ranchería, según Acta de Entrega y Recibo No.
0098 del 30 de noviembre de 2016, protocolizada mediante el Acta
No. A18 del 5 de diciembre de 2016. Es así como la Agencia de
Desarrollo Rural - ADR, debió asumir la responsabilidad de
continuar con la administración, operación y mantenimiento de la
infraestructura del proyecto construida en la Fase I.

Principales Cuellos de Botella y Problemática del Proyecto

A continuación, se describen los principales cuellos de botella del
proyecto y la problemática del mismo.

Acueductos: Desde la concepción del proyecto se contempló el
suministro de agua para que, a través de las Instituciones

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Gubernamentales competentes, complementar los
acueductos de los municipios de San Juan del Cesar,
Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Albania,
Maicao, Uribía y Manaure, con la intención de beneficiar una
población aproximada de 350.000 habitantes, ofreciendo la
disponibilidad de abastecimiento de agua cruda para que
dichos acueductos municipales conecten sus sistemas de
agua potable; por lo tanto, dejó previsto los puntos en las
conducciones San Juan y Ranchería, para las derivaciones
de los correspondientes acueductos.

Sin embargo, hasta el momento únicamente se ha
conectado la Planta de Agua Potable de Metesusto, para
complemento de los acueductos de Fonseca, Barrancas y
Hato Nuevo, la cual demanda un caudal de 150 lps. de los
455 lps. otorgados en la concesión de aguas de
CORPOGUAJIRA, según Resolución 4360 de 2005, por la
cual se modificó la licencia ambiental No. 3158 de 2005.

Así las cosas, se corre el riesgo que los municipios y el MVCT,
demanden mayor cantidad de agua de la inicialmente prevista en
el diseño original, y se exija a la ADR y al MADR dar cumplimiento
a la prioridad legal de suministrar agua para el consumo humano
de los municipios, por encima del uso agropecuario. Lo anterior,
implicaría reducir las áreas de riego en los dos Distritos de Riego
del proyecto.

Pequeña Central Hidroeléctrica- PCH: El proyecto ofrece la
posibilidad de generación de energía a través de una Pequeña
Central Hidroeléctrica con capacidad de 7 a 10 megavatios, sobre
el cual la ADR ha realizado reuniones con el Ministerio de Minas y
Energía y se ha considerado que lo primero que se debe realizar es
un estudio de factibilidad para determinar la conveniencia de
construir la PCH o en su defecto dar solución con energías
alternativas más económicas. Sin embargo la Agencia ha recibido
solicitudes de propuestas de empresas particulares, que tienen
interés en construir la PCH, para lo cual se debe definir el
procedimiento para poder ejecutar esta obra y establecer las
condiciones técnicas y jurídicas para el desarrollo de las mismas, a
través de una alianza público privada o en su defecto, una licitación
pública.

Posible Modificación de Licencia Ambiental: Teniendo en
cuenta que el proyecto se encuentra en una etapa de transición
denominada de Administración, Operación y Mantenimiento – AOM
de la infraestructura actualmente construida en la Fase I del

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mismo, no es claro si la Licencia Ambiental del proyecto permite
cubrir la realización de la mencionada etapa de transición. Así las
cosas, se tiene incertidumbre de que la Autoridad Ambiental,
CORPOGUAJIRA, solicite una Modificación de la Licencia Ambiental
para poder continuar con la Fase II del proyecto.

Desactualización de estudios y diseños: Dentro de esta etapa,
en el año 2013, a través del Convenio Interadministrativo N°
212079 suscrito entre FONADE e INCODER, el Consorcio Estudios
Ranchería, conformado por las firmas consultoras AYESA de
España, CPT S.A. y FLUSSO S.A.S., ejecutó la Revisión,
Actualización y Complementación de los Diseños de las Redes de
Distribución y Adecuación Predial de los Distritos de Riego
Ranchería y San Juan del Cesar, en el Departamento de la Guajira.
Dicha actualización de los estudios y diseños fueron terminados en
mayo de 2014, son los más recientes con que se cuenta para la
construcción de los distritos de adecuación de tierras planeados en
el proyecto del Río Ranchería y actualmente se encuentran los
documentos en los archivos de la Agencia de Desarrollo Rural. Dado
el tiempo transcurrido desde su realización se tiene incertidumbre
sobre el costo real de las obras de la Fase II.

[…] 3.2. Estado actual del proyecto

La Fase I del proyecto finalizó en noviembre de año 2010 y
comprendió la construcción de la presa El Cercado, sus obras
anexas (Rebosadero, Túneles de desvío y Toma, Estructura de
Toma, Presa derivadora al distrito Ranchería, Red vial, Red
eléctrica y otras), embalse de 640 has. de superficie y capacidad
de 194 millones de m3 y las conducciones principales a las áreas
de los distritos de riego de Ranchería y San Juan del Cesar, cuyas
características se resumen en el siguiente cuadro:
[…]

Esta infraestructura construida se encuentra en perfecto estado de
funcionamiento y operación y actualmente la Agencia suscribió un
contrato de prestación de servicios para la Administración,
Operación y Mantenimiento de la infraestructura construida.

[…]

3.3. Resumen resultado evaluación actual del proyecto

[…] 3.3.2. De los análisis efectuados al distrito de riego Ranchería,
se puede concluir que:

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• De acuerdo a su Evaluación Económica se concluye que el
proyecto del Distrito de Riego Ranchería presenta viabilidad
económica, con un Valor Presente positivo de $93.501 millones de
pesos, una tasa interna de retorno 15.41% y una relación beneficio
costo (B/C) de 1.29.
• Con todas las sensibilidades analizadas, el proyecto presenta, a
precios sociales, Valores Presentes Netos (VPN) positivos, TIR
superior al 12% y relación Beneficio/Costo mayor de 1. La mayor
sensibilidad se presenta con variaciones en los rendimientos y en
los precios agropecuarios.
• La ejecución del distrito Ranchería es viable financieramente para
todas las fincas tipo analizadas, ya que los beneficios estimados
cubren las cuotas de recuperación de inversiones, las obligaciones
financieras generadas por las mismas y las cuotas
correspondientes a cada uno de los predios por operación y
mantenimiento.
• La viabilidad financiera del proyecto, analizada a precios de
mercado corrientes de cada año, depende de la definición de un
esquema de financiamiento factible que consulte la realidad
financiera de los entes participantes.
• Teniendo en cuenta la caracterización de los predios de la zona
beneficiada con el distrito Ranchería, se estima una recuperación
de inversiones de $46.005 millones, a precios de 2014.

[…] 4. Alcance Hoja de Ruta

4.1. Revisión y actualización de estudios y diseños

[…] Teniendo en cuenta que han transcurrido cuatro (4) años y diez
(10) meses, corte marzo 2020, desde la realización de los últimos
estudios y diseños existentes del proyecto Río Ranchería, se hace
necesario revisar la validez integral de los mismos, para lo cual se
requiere que la ADR, como Organismo Ejecutor, proceda a realizar
las gestiones necesarias para su revisión y actualización.

Para la revisión y actualización de los estudios y diseños, la ADR
con el propósito de agilizar el proceso, en diciembre de 2019, tomó
la decisión de modificar el contrato interadministrativo 225 de
2016, suscrito con FINDETER, para incorporar la realización de la
revisión y actualización de los estudios y diseños del proyecto Río
Ranchería, con los recursos disponibles en el mismo y los
adicionados de presupuesto de ADT 2019, de llegarse a requerir
recursos adicionales, la ADR podrá disponer de los recursos de pre
inversión del presupuesto de ADT 2020 o realizar los trámites
presupuestales necesarios con el propósito de lograr el cierre

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financiero para cumplir con la revisión y actualización de los
estudios y diseños.

Se estima que todo el proceso precontractual, contractual y de
desarrollo de la consultoría para la revisión y actualización de los
estudios y diseños, por parte de FINDETER, finalice en julio de
2021, tiempo que se puede ampliar por imprevistos, como la
Pandemia por el Covid–19, u otros que puedan surgir durante el
desarrollo de la consultoría.

4.1.1. Estructuración documentos previos y proceso contratación
consultoría

FINDETER, en conjunto con la ADR, y atendiendo las
recomendaciones del alcance de la revisión y actualización de los
estudios y diseños realizadas en el marco de las mesas técnicas
llevadas a cabo con MADR, DNP y UPRA, para la estructuración de
la presente hoja de ruta, deben estructurar los documentos previos
(estudios previos, pliego de condiciones, presupuesto y anexo
técnico), para que, posteriormente FINDETER realice el proceso de
contratación de la Consultoría, de acuerdo a su régimen de
contratación. Se estima que este proceso finalice en mayo o junio
de 2020.

4.1.2. Desarrollo de la Consultoría

El desarrollo de la consultoría se adelantará de acuerdo con el
alcance aplicable del Manual de Normas Técnicas Básicas para la
Realización de Proyectos de Adecuación de Tierras, vigente a la
fecha de inicio de la misma, y especialmente teniendo en cuenta el
alcance general definido por la ADR en el Anexo No 2, elaborado
de acuerdo a las conclusiones de las mesas técnicas desarrolladas
para la estructuración de la presente hoja de ruta. […]

4.2. Gestión para solucionar cuellos de botella

Es necesario que se realicen una serie de gestiones para solucionar
los principales cuellos de botella del proyecto que pueden llegar a
dificultar, o incluso impedir, la terminación del proyecto. La gestión
debe ser interinstitucional, dependiendo de los actores
involucrados en la solución, en todo caso, la ADR y el MADR deben
liderar las diferentes acciones y gestiones que se realicen.

4.2.1. Gestión Ambiental al Proyecto
[…] 4.2.1.1. Gestión giro ordinario
[…] 4.2.1.2. Gestión modificación licencia ambiental

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[…] Proceso de consulta previa
[…] 4.2.1.3. Gestión modificación plan de arqueología

[…] 4.2.2. Gestión judicial

[…] 4.2.3. Gestión social y predial
[…] 4.2.3.1. Socialización a Asociación de Usuarios de avances de
hoja de ruta
[…] 4.2.3.2. Seguimiento compromisos consulta previa
[…] 4.2.3.3. Seguimiento acequias legales e ilegales aguas abajo
presa
[…] 4.2.3.4. Gestión predial del proyecto
[…] Adquisición de predios
[…] Expropiación de predios
[…] Constitución de servidumbres

[…] 4.2.4. Actualización actas de compromiso y pagares

[…] 4.2.5. Gestión interinstitucional
4.2.5.1. Gestión Entes territoriales – concurrencia de recursos

Gobernación de La Guajira

La ADR, el MADR, el DNP y la UPRA, deben realizar las
gestiones conjuntas como Gobierno Nacional para que la
Gobernación de La Guajira destine los recursos necesarios
para realizar el cierre financiero del proyecto, en donde se
involucren recursos del SGR, SGP u otros que considere
pertinentes la Gobernación, con el propósito de reducir el
monto a solicitar de vigencias futuras al PGN. Lo anterior,
se debe realzar entre los meses de agosto de 2020 y agosto
de 2021.

4.2.5.2 Coordinación con Entidades del Orden Nacional

Para la implementación de la presente hoja de ruta se
requiere coordinar con Entidades del Orden Nacional
diferentes acciones y gestiones que permitan el logro de la
terminación del proyecto. A continuación, se describen las
principales gestiones requeridas.

• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR Con el
MADR

Como cabeza del sector Agricultura y Desarrollo Rural, se debe
coordinar las acciones correspondientes a la asignación

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presupuestal de recursos necesarios para la finalización del
proyecto, incrementando la cuota presupuestal para ADT dentro de
la distribución de la cuota sectorial, así como el apoyo para la
autorización de vigencia futura excepcional requerida. Del mismo
modo debe apoyar a la ADR en las gestiones ambientales, sociales,
prediales y demás que se requieran para la implementación de la
presente hoja de ruta.

De ser necesario, el MADR debe propiciar reuniones de alto nivel
con todos los actores y entidades involucradas en la terminación
del proyecto, con el propósito de que se tomen las decisiones y se
realicen las gestiones pertinentes, que permitan agilizar y disminuir
la tramitología para lograr la culminación del proyecto.

El apoyo precisamente del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural - MADR en este proceso será fundamental en la generación
de una nueva política pública para el sector de adecuación de
tierras, mediante la gestión y avance hacia una nueva ley de
adecuación de tierras que contemple entre su articulado, un
esquema para la ejecución de proyectos que incorporen dentro de
su financiación el esquema de asociaciones público-privadas APPs.
Así como expedir la reglamentación necesaria para que las APPs
puedan ser una realidad para el sector adecuación de tierras.

• Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP

Con el MHCP, como cabeza del sector Presupuestal, se debe
coordinar las acciones correspondientes al aval fiscal ante el
CONFIS para la autorización de vigencias futuras excepcionales que
permitan financiar la terminación del proyecto. Así como en caso
de llegarse a requerir, incrementar la cuota sectorial de asignación
presupuestal al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural –
MADR.

• Departamento Nacional de Planeación – DNP

Con el DNP, como cabeza del sector Planeación, se debe coordinar
las acciones correspondientes para lograr la declaratoria de
importancia estratégica para la terminación del proyecto ante el
CONPES. Así mismo, coordinar las acciones necesarias en el
trámite de la vigencia futura, y la inscripción de la terminación del
proyecto en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional – BPIN,
como un proyecto individual. Del mismo modo, debe apoyar a la
ADR en las gestiones ambientales, sociales, prediales y demás que
se requieran para la implementación de la presente hoja de ruta.

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• Ministerio del Interior

Con el Ministerio del Interior, se debe coordinar las acciones
correspondientes relacionadas con la consulta previa del proyecto,
en especial para realizar seguimiento a la actual, y de llegarse a
requerir para agilizar el proceso de una nueva consulta previa.

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS

Con el MADS, como cabeza del sector Ambiental, se debe coordinar
las acciones correspondientes a licencias, permisos y
autorizaciones ambientales que requiera el proyecto, con el fin de
darle prioridad a los trámites de los mismos y solucionar
desacuerdos con las Corporaciones Autónomas Regionales – CARs.

• Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT

Con el MVCT, se debe coordinar lo relacionado con el
abastecimiento de agua a los sistemas de acueducto de
nueve (9) municipios del departamento de La Guajira. Con
el fin de establecer la tarifa que la Agencia va a cobrar por
el suministro de agua cruda a la planta de tratamiento
Metesusto, a través de la Conducción Ranchería, que
actualmente entraría en servicio, se aplicará la metodología
de cálculo de tarifas para el servicio público de adecuación
de tierras, de conformidad a lo establecido en el Acuerdo
193 de 2009.

Para este cálculo, se incluirá en la tarifa solamente lo
correspondiente a la ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO del proyecto, es decir, sin incluir los costos de las
obras construidas en la Fase I (presa, embalse y las dos
conducciones principales).

Por lo tanto, en la metodología se incluirá:

1. Lo ejecutado histórico en AOM desde el inicio del proyecto hasta
la fecha
2. La proyección de gasto en AOM desde la fecha hasta el 2029
(horizonte de la tarifa a 10 años) La propuesta de tarifa que calculó
la Agencia está en revisión por parte del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio – MVCT.

Por tanto, la ADR debe continuar con esta labor y lograr que el
proyecto genere ingresos para que se cubran parcialmente los
gastos de AOM actual.

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• Ministerio de Minas y Energía - MME

Con el MME, se debe coordinar lo relacionado la definición de la
construcción y puesta en funcionamiento de la microcentral
proyectada, se han realizado reuniones con el Ministerio de Minas
y Energía y se ha considerado que lo primero que se debe realizar
es un estudio de factibilidad para determinar la conveniencia de
construir la PCH o en su defecto dar solución con energías
alternativas más económicas.

[…] • Corporaciones Autónomas Regionales – CARs

Con las CARs, como autoridades ambientales se debe coordinar las
acciones correspondientes para el otorgamiento de permisos,
licencias y autorizaciones ambientales en los tiempos requeridos
por el proyecto, de forma tal que se agilicen los trámites, para
lograr la terminación del proyecto en los tiempos establecidos en
la presente hoja de ruta.

• Organismos de Control

Con los Organismos de Control, especialmente con Contraloría y
Procuraduría, se deben coordinar las acciones correspondientes
para garantizar un seguimiento preventivo para lograr que la
terminación del proyecto se realice ajustada a la normatividad
vigente y se prevenga el presunto cometimiento de posibles
irregularidades durante el proceso.

4.2.5.3 Gestión Cooperación Internacional

La ADR y el MADR deben realizar las gestiones necesarias con
Agencias de Cooperación Internacional con interés en invertir en
proyectos del sector agropecuario en Colombia y que en el pasado
reciente han realizado intervenciones exitosas como: KOICA,
USAID, CAF, AECID, AFD, GTZ y JICA, de acuerdo a posibles
acercamientos que eventualmente pudiera adelantar la oficina de
Cooperación Internacional de la ADR, con la oficina de Cooperación
Internacional del Ministerio de Agricultura, la APC y el Ministerio de
Relaciones Exteriores, se pudiera generar un interés de organismos
de cooperación internacional para invertir en el proyecto, en la
búsqueda de mejorar la calidad de vida de la población objetivo del
proyecto. Lo anterior, se debe realizar entre los meses de agosto
de 2020 y agosto de 2021, con el propósito de logar un cierre
financiero óptimo para el proyecto que reduzca la presión sobre los
recursos del PGN.

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Se necesita que la cooperación internacional, en conjunto, es decir
sumando los aportes individuales de todas las agencias que quieran
apoyar los proyectos estratégicos de adecuación de tierras, apoyen
con entre el 10% y 15% de la inversión total requerida para el
proyecto.

4.2.5.4 Gestión Sector Privado

A la fecha y de acuerdo con la normatividad vigente de adecuación
de tierras (Ley 41 de 1993) y sus decretos reglamentarios, no se
permite la vinculación de inversionistas privados (todos los
recursos provienen del Gobierno Nacional). En este sentido, se
requiere de nueva normatividad expedida por el Ministerio de
Agricultura para adecuación de tierras, donde se establezcan reglas
claras para la inversión del sector privado y la posible recuperación
de inversión, que le permita al privado retornar la inversión inicial
y generar la rentabilidad suficiente que vuelva atractiva al
inversionista privado la participación en este tipo de proyectos.

A pesar de lo anterior, el sector privado se puede vincular con el
desarrollo del proyecto apoyando la cofinanciación y
encadenamientos productivos del Plan Agropecuario,
especialmente los gremios de la producción agropecuaria que estén
interesados en desarrollar Alianzas Productivas, generación de
clúster agroindustriales, establecimiento de plantas de
transformación de productos para generación de valor. Por lo
anterior, el MADR, la ADR y la UPRA, en conjunto con FINAGRO,
deben realizar acercamientos con la Sociedad de Agricultores de
Colombia – SAC para programar reuniones temáticas con los
gremios agropecuarios de las apuestas productivas previstas en el
Plan Agropecuario del proyecto que permitan firmar acuerdos o
memorandos de entendimiento para la implementación del Plan
Agropecuario del proyecto.

4.4.1 Presupuesto actual necesario para terminación del proyecto

A continuación se presenta el presupuesto actual necesario para
efectuar la terminación del proyecto Río Ranchería, este
presupuesto corresponde al determinado por el Consorcio Estudios
Ranchería, mediante contrato 2133563 cuyo objeto fue
“REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS
DISEÑOS DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ADECUACIÓN
PREDIAL DE LOS DISTRITOS DE RIEGO RANCHERÍA Y SAN JUAN
DEL CESAR, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”, al cual se le
incorporan los costos de adquisición de maquinaria y equipos para

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mantenimientos y plan de organización usuarios, gestión social y
transferencia de tecnología, costos no determinados en el
presupuesto realizado por la consultoría, pero que son necesarios
según el Manual de Normas Técnicas y las necesidades de
ejecución de este tipo de proyectos.

El presupuesto requerido para la fase II del proyecto
correspondientes a los Distritos de Riego de Ranchería y San
Juan del Cesar, a precios de diciembre de 2014, asciende a
la suma total de $607.901.642.502 discriminado en Distrito
Ranchería $518.705.425.502 y Distrito San Juan
$89.196.217.000.

Ahora bien, dichos valores se actualizan a precios de febrero de
2020 empleando el índice de costos de la construcción pesada –
ICCP publicado por el DANE, teniendo en cuenta que es el índice
que mayor correlación tiene con las actividades de obras civiles que
involucran el proyecto Río Ranchería, el factor de actualización
2020/2014 es de 1,2095745, por consiguiente, el presupuesto
total requerido a precios de febrero de 2020 asciende a la
suma de $735.302.351.206 discriminado en Distrito
Ranchería $627.412.877.822 y Distrito San Juan $
107.889.473.384.

[…] 4.4.5 Gestión de alternativas de financiación para terminación
del proyecto

Es necesario realizar las siguientes gestiones para lograr que la
Alternativa número 3 se materialice:

• La ADR, a través de FINDETER, debe garantizar y adelantar todas
las acciones necesarias para que el resultado de la actualización de
los Estudios y Diseños del Proyecto sean entregados, a más tardar,
el 15 de Julio de 2021.
• El MADR y la ADR, deben coordinar acciones institucionales para
gestionar con los Entes Territoriales y Cooperación Internacional
los recursos necesarios para realizar el cierre financiero del
proyecto, en donde se involucren este tipo de recursos, con el
propósito de reducir el monto a solicitar de vigencias futuras al
PGN. Lo anterior, se debe realzar entre los meses de agosto de
2020 y agosto de 2021.
• El Consejo Directivo de la ADR, donde participan el MADR,
la ADR, el DNP, la UPRA, Presidencia de la República, entre otros,
debe analizar y definir el alcance o no de la continuidad del
proyecto, basado en el resultado de la revisión y actualización de
estudios y diseños, para lo cual puede realizar reuniones de Alto

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Nivel donde se tomen las decisiones que correspondan. Lo
anterior, debe realizarse durante el mes de agosto de 2021.
• La ADR, de acuerdo a las decisiones sobre la continuidad del
proyecto, debe preparar la documentación necesaria y
solicitar la autorización de vigencias futuras excepcionales,
a través del sistema SUIFP. Lo anterior, debe realizarse en
el mes de agosto de 2021 (sin modificación de licencia
ambiental) o julio de 2022 (con modificación de licencia
ambiental).
• La ADR, debe proceder a estructurar los documentos y estudios
previos para adelantar las licitaciones públicas y concursos de
méritos, para seleccionar con posterioridad, el contratista de obra
y el interventor. Lo anterior, se debe realizar es el mes de agosto
de 2021 (sin modificación de licencia ambiental) o julio de 2022
(con modificación de licencia ambiental).
• El DNP debe coordinar la elaboración y presentación de la
declaratoria de importancia estratégica ante el Consejo Nacional de
Política Económica y Social (CONPES), considerando que la
programación presupuestal superaría el periodo actual de
Gobierno. Lo anterior, debe realizarse en el mes de septiembre de
2021 (sin modificación de licencia ambiental) o agosto de 2022
(con modificación de licencia ambiental).
• El MHCP debe coordinar el Aval Fiscal por parte del CONFIS para
vigencias futuras excepcionales. Lo anterior, debe realizarse en el
mes de octubre de 2021 (si modificación de licencia ambiental) u
octubre de 2022 (con modificación de licencia ambiental).
• La ADR debe aperturar en el SECOP II, las Licitaciones
Públicas y Concurso de Méritos que sean necesarios, para
lograr adjudicar las obras de terminación e interventoría del
proyecto. Lo anterior, se debe realizar en el mes de noviembre y
adjudicar en el mes de diciembre de 2021 (sin modificación de
licencia ambiental) o diciembre de 2022 (con modificación de
licencia ambiental). Su realización dependerá de que se cumplan a
tiempo las acciones previas que se requieren.

4.5 Contratación pública para terminación del proyecto

La ADR, una vez realizado el cierre financiero del proyecto y
aprobadas las vigencias futuras, debe proceder a adelantar los
procesos de contratación de licitación pública para la selección del
contratista de obra y concurso de méritos para la selección de
interventor.

[…] La adjudicación se debe realizar, a más tardar, en el mes de
diciembre de 2021 (sin modificación de licencia ambiental) o
diciembre de 2022 (con modificación de licencia ambiental). Es

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importante, que la ADR, una vez se cuenten los resultados finales
de la revisión y actualización de los estudios y diseños, inicie
inmediatamente la estructuración de los documentos previos de los
procesos contractuales y los someta a probación interna, de forma
tal que una vez se aprueben las vigencias futuras, se proceda
inmediatamente a la publicación del borrador de pliegos de los
procesos en el SECOP II. La estructuración de los estudios
previos se debe iniciar en el mes de agosto de 2021 (sin
modificación de licencia ambiental) o julio de 2022 (con
modificación de licencia ambiental).

El MADR debe realizar seguimiento al desarrollo de los procesos de
contratación.

4.6 Inicio de obras, pre construcción y entrega progresiva de áreas
bajo riego

Una vez adjudicados los procesos de contratación de obra e
interventoría, suscritos los respectivos contratos y cumplidos los
requisitos de perfeccionamiento para el inicio de las obras, se debe
proceder a suscribir las respectivas actas de inicio de los
contratos. Lo anterior, lo debe realizar la ADR en el mes de
enero de 2022 (sin modificación de licencia ambiental) o
enero de 2023 (con modificación de licencia ambiental).

[…] Se espera que se pueda ir realizando entregas
progresivas de áreas terminadas con riego en
funcionamiento, de acuerdo con la programación que
establezcan los estudios y diseños, a partir de julio de 2022
(sin modificación de licencia ambiental) o julio de 2023 (con
modificación de licencia ambiental).

[…]

4.8 Prestación del servicio de ADT – ejecución AOC

De acuerdo con la programación de la presente hoja de ruta se
espera que para inicios del año 2025 (sin modificación de licencia
ambiental) o inicios de 2026 (con modificación de licencia
ambiental) se dé inicio el esquema AOC – Administración,
Operación y Conservación sea con ASORANCHERIA O
ASOSANJUAN DEL CESAR o un operador privado, donde de acuerdo
con el Manual de Normas Técnicas Básicas para la realización de
proyectos de adecuación de tierras, elaborado por Grupo Tragsa
para la UPRA en 2018 y al cuál se ha acogido la ADR, la ejecución
de la etapa de Administración, Operación y Conservación se

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describen las principales actividades que deberán realizarse para la
adecuada administración, operación y conservación de las obras
que conformaran el distrito de adecuación de tierras del Triángulo
del Tolima, bajo un enfoque de manejo integral, prevenir su
deterioro y garantizar la sostenibilidad del mismo.

La Administración, Operación y Conservación de un distrito de
Adecuación de Tierras – ADT, corresponde a la etapa del proyecto
donde se presta el servicio de riego, drenaje o protección contra
inundaciones a los usuarios del distrito.

[…] 5. Cronograma

El cronograma de la hoja de ruta contiene acciones que se iniciaron
en 2019, las que se realizaran de forma prioritaria en 2020 y 2021
para alcanzar la meta de iniciar obras en el mes de enero de 2022
(sin modificar licencia ambiental) o en enero de 2023 (con
modificación de licencia ambiental), y las que se deben realizar
durante la construcción de las obras y con posterioridad a las
mismas.

Las obras finalizarían cuatro (4) años después de iniciadas,
es decir, en el primer semestre de 2026 (sin modificar la
licencia ambiental) o en el primer semestre de 2027 (con
modificación de licencia ambiental).

[…] 6. Conclusiones

De la elaboración de la presente hoja de ruta para la terminación
del proyecto estratégico de adecuación de tierras del Río Ranchería,
se pueden establecer las siguientes conclusiones:

1. Con la implementación adecuada de la presente hoja de ruta,
los Distritos de Riego de Ranchería y San Juan del Cesar, podrán
iniciar ejecución en enero de 2022, y la terminación de su
construcción se estima en cuatro (4) años, es decir, se estaría
finalizando en 2026. Sin embargo, producto de la sectorización de
los distritos en sectores y bloques de riego que se realizará en la
revisión y actualización de los estudios y diseños, se podrán
entregar en operación anualmente cierta cantidad de hectáreas
adecuadas con riego. Ahora bien, de requerirse modificar la licencia
ambiental del proyecto, el inicio de las obras será un año más
tarde, en 2023, y su finalización se estaría realizando en 2027.
2. El MADR y el DNP deben incrementar la cuota de asignación
presupuestal de ADT, distribuyendo la cuota del sector
Agropecuario y Desarrollo Rural sin que MHCP aumente la cuota

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sectorial, para destinar como mínimo $160.000 millones a partir
del 2022 con incrementos anuales del 3% por 10, 8 o 7 años,
dependiendo si se logra conseguir que las Entidades Territoriales y
Cooperación Internacional aporten los recursos necesarios para
realizar el cierre financiero del proyecto.
3. El CONFIS debe aprobar vigencias futuras por 10, 8 o 7 años,
dependiendo de la consecución de otros recursos para realizar el
cierre financiero. En todo caso, le PGN puede asumir el 100% de la
inversión con unas vigencias futuras a 10 años.
4. La actualización de los Estudios y Diseños debe determinar que
es viable continuar con la ejecución del proyecto total o
parcialmente, si es parcial, los recursos de la vigencia futura
requerida disminuirán. Es indispensable la actualización de los
estudios y diseños de la Fase II del proyecto Río Ranchería, para
poder establecer en las condiciones actuales de los aspectos
técnicos, administrativos, financieros, ambientales, jurídicos,
prediales, productivos y sociales que le permitan a las entidades
del Gobierno Nacional relacionadas con el sector agropecuario
(MADR, MHCP, DNP, UPRA y ADR) la toma de decisiones con
respecto a la forma de continuar con ejecución para la culminación
del proyecto.
5. Mientras dure la construcción del proyecto hasta 2024, la
Agencia debe garantizar los recursos para la administración,
operación y mantenimiento – AOM de la infraestructura de la Fase
I. Lo anterior, por cuanto la condición técnica de funcionamiento
de la infraestructura y equipos presentes en el distrito Triangulo
del Tolima y construidos en la Fase I, se considera adecuada, pues
mediante la ejecución de los contratos de AOM ejecutados desde
2015 hasta la fecha han permitido aumentar la vida útil y conservar
su estado de funcionamiento, lógicamente se requiere de continuar
realizando este tipo de inversiones en el proyecto para que una vez
se obtengan los recursos financieros para la ejecución de la Fase
III y se terminen las obras del proyecto, el mismo pueda prestar
los servicios de riego y drenaje con calidad y continuidad, a la
población objetivo y mediante la ejecución de actividades agrícolas
y la comercialización de los productos, se mejore sus condiciones
de calidad de vida.
6. Es importante el compromiso de los usuarios agremiados en
ASORANCHERIA Y ASOSANJUAN DEL CESAR para que se actualice
la firma del Acta de compromiso y los pagarés de recuperación de
inversión, con el fin de cumplir con la reglamentación jurídica
establecida en la Ley 41 de 1993 y el Acuerdo N° 190 de 2009 con
respecto al requerimiento de este compromiso para poder dar inicio
a la ejecución de las obras de la Fase II del proyecto y su
consecuente finalización de obras civiles y puesta en marcha.

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7. Existe un compromiso institucional de la ADR en cumplir con los
requerimientos ambientales expresados mediante Autos y
Resoluciones por parte de CORPOGUAJIRA en seguimiento a la
licencia ambiental del proyecto, pero es importante señalar que la
institucionalidad precedente a la existencia de la ADR (INAT,
INCODER), presenta supuestos incumplimientos que la ADR ha
venido asumiendo desde su creación en 2015 e intentando
colocarse (SIC) al día, teniendo en cuenta que recibe recursos
financieros escasos del Gobierno Nacional para adelantar las
labores de mantenimiento y cumplimiento de requerimientos
ambientales en el proyecto.
8. El agua disponible para los acueductos es un caudal de 0,455
m3/s, según lo establecido en la Licencia Ambiental, este caudal es
para complementar los acueductos existentes. Si se requiere
mayor caudal para los acueductos, se debe disminuir el área de
riego, debido a la escasez de agua que tiene el río que alimenta el
embalse, especialmente en época de verano.
9. Una vez se construya el distrito, los canales aguas abajo de la
presa el Cercado, deben ser clausurados y las áreas cultivadas, solo
podrán tomar el agua que va por las conducciones que harán parte
de los distritos.
10. Se debe cumplir el plan agropecuario establecido en especial
para el cultivo del arroz, cuando entre el funcionamiento el Distrito
de Ranchería, tendría que disminuirse el área actualmente
sembrada, ya que el agua es insuficiente para cumplir un área
mayor a la que propone el plan agropecuario.
11. ADR recomienda al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
• MADR seguir avanzando en sus gestiones para lograr expedir la
nueva ley de adecuación de tierras donde se incluya un capítulo a
la legislación del sector agrario para generar un esquema en el
sector de adecuación de tierras para las asociaciones público-
privadas, que permitan que en casos como el del proyecto Río
Ranchería, existan reglas claras para la inversión privada, que
clarifiquen el retorno de la inversión del privado y los beneficios
que deben recibir las comunidades beneficiarias de la ejecución de
este tipo de proyectos
[…]” (Destacado de la Sala).

De la lectura de la hoja de ruta trazada por la ADR, es posible

advertir que el proyecto Río Ranchería se encuentra en una etapa

que la ADR denomina “de transición”, que corresponde a la ejecución

de actividades continuas de administración, operación,

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mantenimiento, seguimiento y control a las obras ejecutadas en la

Fase I.

Asimismo, que la problemática que presenta el proyecto se resume

en que: i) Se pretendía la conexión de los acueductos de los

MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR, DISTRACCIÓN,

FONSECA, BARRANCAS, HATO NUEVO, ALBANIA, MAICAO,

URIBÍA Y MANAURE con la disponibilidad de abastecimiento de

agua; no obstante, actualmente únicamente se ha conectado la

planta de tratamiento de agua potable de Metesusto, para beneficio

de los MUNICIPIOS DE FONSECA, BARRANCAS Y HATONUEVO;

ii) Se busca la generación de energía eléctrica a través de una

pequeña central hidroeléctrica con capacidad de 7 a 10 megavatios,

para lo cual se debe realizar un estudio de factibilidad para

determinar la conveniencia de construirla o en su defecto dar solución

con energías alternativas más económicas; iii) Es posible que sea

necesaria la modificación de la licencia ambiental en la etapa II del

proyecto; y iv) La desactualización de estudios y diseños de las redes

de distribución y adecuación predial de los distritos de riego

Ranchería y San Juan del Cesar, genera incertidumbre sobre el costo

real de las obras de la fase II.

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Para atender lo anterior, la hoja de ruta incluyó la revisión y

actualización de los estudios y diseños, para lo cual informó haber

modificado el contrato interadministrativo núm. 225 de 2016,

suscrito con FINDETER, con el fin de garantizar los recursos para el

mes de julio de 2021. Sin embargo, no existe prueba de que el plazo

se haya cumplido.

Se resalta también que conforme con lo informado se deben

adelantar diligencias ambientales, judiciales, sociales, prediales,

actualización de actas de compromiso y pagarés, así como gestiones

interinstitucionales para la consecución de recursos, así: i) en el

ámbito territorial, con el DEPARTAMENTO para destinar recursos

que permitan el cierre financiero del proyecto y reducir el monto de

vigencias futuras a solicitar; ii) En el ámbito nacional, con los

ministerios de AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL,

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AMBIENTE Y DESARROLLO

SOSTENIBLE, VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, MINAS Y

ENERGÍA y del INTERIOR y con el DEPARTAMENTO NACIONAL

DE PLANEACIÓN; iii) En el ámbito internacional, con agencias

de cooperación internacional interesadas en invertir en proyectos del

sector agropecuario en el país; y iv) En el sector privado, para lo

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cual se deberán realizar ajustes normativos que permitan celebrar

asociaciones público-privadas.

La hoja de ruta también indicó que el presupuesto requerido para la

fase II del proyecto correspondiente a los distritos de Riego de

Ranchería y San Juan del Cesar, a diciembre de 2014, ascendía a la

suma total de $607.901.642.502, distribuido así: 1. Para el distrito

Ranchería, $518.705.425.502; y 2. Para el distrito de San Juan del

Cesar, $89.196.217.000. Valor total que, actualizado a febrero de

2020, con base en el índice de costos de la construcción – ICCP

publicado por el Departamento Nacional de Estadista – DANE, era de

$735.302.351.206 discriminado en el distrito Ranchería,

$627.412.877.822 y distrito San Juan del Cesar $ 107.889.473.384.

Igualmente, afirmó que era necesario que el Consejo Directivo de la

entidad analizara y definiera la continuidad del proyecto a partir de

la revisión y actualización de los estudios y diseños de la fase II, lo

cual debió efectuar en el mes de agosto de 2021. Es de aclarar que

no reposa en el expediente prueba que acredite que esta meta fue

satisfecha por parte de la entidad.

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Se resalta también que, según la hoja de ruta, si la decisión adoptada

frente al proyecto era de continuidad, la entidad accionada tenía que

preparar la documentación necesaria y solicitar la autorización de

vigencias futuras en agosto de 2021, siempre y cuando no fuera

necesario modificar la licencia ambiental existente, o en julio de

2022, en caso de requerirse su modificación, aspecto frente al cual

tampoco existe prueba de cumplimiento.

En ese mismo sentido, se precisó que, en todo caso, los procesos de

contratación que se requirieran para la ejecución del proyecto,

debían adelantarse en el mes de noviembre y adjudicarse en

diciembre de 2021 o diciembre de 2022, plazo que sería determinado

por el derrotero previamente señalado frente a la licencia ambiental,

de manera que las actas de inicio de las obras, debían suscribirse en

enero de 2022 o en enero de 2023, nuevamente, dependiendo de los

requerimientos de la licencia ambiental.

Sobre la finalización de las obras, la ADR estimó que sería 4 años

después de haberse iniciado, esto es, en el primer semestre de 2026

o de 2027, sujeto a la modificación o no de la licencia y al

cumplimiento de las acciones previas expuestas.

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En suma, del análisis de lo consignado por la entidad demandada en

la hoja de ruta se desprende que existe un cumplimiento parcial de

los lineamientos del CONPES 3926. Sin embargo, se debe destacar

que la finalidad de la elaboración de la mentada hoja de ruta no era

solamente que la Agencia enlistara acciones y estableciera plazos,

sino obtener la culminación progresiva de los proyectos de

importancia estratégica que fue planteada por el Consejo Nacional en

el marco de la política orientada al desarrollo de la adecuación de

tierras como instrumento de la productividad y competitividad

agropecuaria del País.

Por lo tanto, aun cuando la hoja de ruta existe desde el año 2020,

no se vislumbran acciones efectivas orientadas a darle finalización al

proyecto, por lo que no le asiste razón a la ADR al indicar que el

instrumento de la política económica y social aquí referenciado se

encuentra debidamente agotado.

Ahora, lo que ha dejado claro la Agencia y ha reiterado a lo largo de

la presente actuación judicial es que la culminación progresiva de la

Fase II del proyecto exige la intervención de diferentes autoridades

del orden nacional y regional, cuestión que pasa a resolver la Sala.

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Tal como lo determinó la ADR en la hoja de ruta, la terminación de

las obras de riego y drenaje en los dos distritos requiere una

inversión que para el año 2020 ascendía a la suma

$735.302.351.206 (Distrito Ranchería $627.412.877.822 y Distrito San Juan

$ 107.889.473.384). Para ello, la Agencia planteó como alternativa de

financiación la gestión de recursos a través de la autorización de

vigencias futuras excepcionales, de la inclusión en el Banco de

Proyectos de Inversión Nacional – BPIN, como un proyecto individual

y la posibilidad de gestionar esquemas de asociaciones público-

privadas.

Asimismo, la Agencia plantea la necesidad de revisar y actualizar los

estudios y diseños del proyecto, que se pactó ejecutar mediante el

contrato interadministrativo suscrito con FINDETER. Igualmente, por

medio de dicha Financiera se proyectó realizar el proceso de

contratación de la Consultoría en el marco del proyecto de

adecuación de tierras que lleva a cabo la Agencia.

En cuanto a la gestión interinstitucional, la ADR ha señalado que es

necesaria la participación de los ministerios de AGRICULTURA Y

DESARROLLO RURAL, HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, VIVIENDA, CIUDAD

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Y TERRITORIO, MINAS Y ENERGÍA y del INTERIOR; del

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN; de la

Gobernación del DEPARTAMENTO; de CORPOGUAJIRA y de los

Alcaldes de los municipios de SAN JUAN DEL CESAR,

DISTRACCIÓN, FONSECA, BARRANCAS, HATONUEVO,

ALBANIA, MAICAO, MANAURE y URIBIA.

Se destaca de manera prioritaria la necesidad de incrementar la

cuota actual de asignación presupuestal de ADT (implementación de

distritos de adecuación de tierras), debido a que, en criterio de la

Agencia, es baja respecto de la demanda de construcción de obras;

de ahí que la cantidad de recursos que se requieren, para que las

vigencias futuras no sean mayores a 10 años, corresponde al

promedio de asignación anual de los últimos 13 años en ADT, que se

estima en $160.000 millones a partir de 2022, manteniéndose en

el tiempo esta asignación de recursos, con la proyección

macroeconómica del MHCP y el MGMP del +3% anual.

Visto ello, la Sala encuentra que para llevar a cabo los anteriores

cometidos se hace necesario ordenar la conformación de una Mesa

Técnica de Trabajo con participación de todas las entidades

mencionadas en la hoja de ruta elaborada por la ADR, a fin de llevar

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a cabo las gestiones interinstitucionales, ambientales, judiciales,

sociales y prediales, que permitan alcanzar de una vez por todas los

propósitos del megaproyecto de represa Río Ranchería planteados

desde hace más de 15 años, como se explicará en el acápite de

Decisión de la presente providencia.

(iv) Proceso administrativo sancionatorio seguido por
CORPOGUAJIRA y su calidad de prueba en el proceso judicial
de la referencia.

Por último, la Sala se referirá al argumento de la apelante, según el

cual el Tribunal no podía tener en cuenta el material probatorio del

proceso administrativo sancionatorio seguido por CORPOGUAJIRA

contra el INCODER y, posteriormente, contra esa Agencia, para

concluir que existió un incumplimiento de las obligaciones de la

licencia ambiental, porque ello supone darle alcance probatorio a un

proceso que aún no ha culminado.

Al respecto, se observa que a través de la Resolución núm. 01116 de

26 de septiembre de 2016, CORPOGUAJIRA ordenó la apertura de

investigación ambiental contra el INCODER con fundamento en los

informes de Visitas de Seguimiento presentados por el Grupo de

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Seguimiento Ambiental que daban cuenta del incumplimiento de las

obligaciones de la licencia ambiental. Dentro de dicho procedimiento

ambiental, con Auto núm. 829 de 22 de junio de 2018, se declaró a

la ADR como sucesora procesal del INCODER, decisión que fue

comunicada a la interesada por medio del oficio de 13 de agosto de

ese año.

Mediante Auto núm. 625 de 11 de julio de 2019, la autoridad

ambiental formuló cargos en contra de la ADR por la presunta

violación de normas ambientales, en los siguientes términos:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Formular pliego de cargos contra la
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL (ADR) […] dentro del presente
procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, por la presunta
violación de la normatividad ambiental, de acuerdo con las razones
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo, así:

CARGO PRIMERO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LICENCIA AMBIENTAL

IMPUTACIÓN FÁCTICA: Incumplimiento de obligaciones
establecidas en la Resolución por medio de la cual se otorga licencia
ambiental al INCODER para el proyecto Río Ranchería, Distrito de
Riego Ranchería – San Juan del Cesar, Departamento de La
Guajira, particularmente lo concerniente a:

• Presentar en un término de ocho (8) meses un ajuste al programa
para la compensación y mitigación de los impactos originados por
el aprovechamiento forestal.

• Presentar informes bimensuales en cumplimiento de la Resolución
1552 de 2005 del MAVDT y Resolución 0188 de 2013.

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• Coordinar con las autoridades tradicionales indígenas del área
directa del proyecto las acciones de levantamiento y traslado de los
hallazgos arqueológicos y sitios de pagamentos.

• Diseñar, durante el primer año de construcción de la presa, un
programa de capacitación a los usuarios cultivadores aguas abajo
del proyecto (usuarios potenciales del distrito de riego del río
Ranchería) sobre uso eficiente de agua en las labores agrícolas, y
deberá ejecutarlo en los tres (3) años siguientes con el fin de
mitigar los efectos negativos ocasionados por el llenado del
embalse.

• Ejecutar el monitoreo de los recursos vegetales en especial
latizales y brinzales de la masa forestal remanente en cercanías del
área de implementación de los botaderos citados, que se requieran
para evaluar posibles impactos sobre dichos recursos e
implementar acciones correctivas que correspondan.

[…] CARGO SEGUNDO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL

IMPUTACIÓN FÁCTICA: Incumplimientos a las obligaciones
derivadas del permiso de aprovechamiento forestal, consistente
en:

• Incumplimiento por parte del INCODER con la obligación de
compensar un área de 909 Has con individuos de especies nativas.
• Incumplimiento de inversiones forzosas del 1% para inversión en
la cuenca, programa de inversión del 1% para ejecución,
conservación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica
del río Ranchería.

[…] CARGO TERCERO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A
REQUERIMIENTOS AMBIENTALES

IMPUTACIÓN FÁCTICA: INCODER no ha cumplido en su totalidad
los requerimientos exigidos por CORPOGUAJIRA mediante oficio
con radicado No.201433000125811 del 8 de julio de 2014, a pesar
de muchos de estos fueron establecidos desde hace cinco años,
mediante oficio 0600 del 18 de febrero de 2011 […]”.

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En el expediente consta que dicho proceso sancionatorio se

encuentra en etapa de descargos, los cuales fueron rendidos por

parte de la ADR mediante escrito de 20 de septiembre de 2019.

Ahora, en la sentencia de primera instancia el Tribunal se refirió al

proceso sancionatorio ambiental adelantado por CORPOGUAJIRA

para indicar que la autoridad ambiental había sido pasiva, pues a

pesar de estar acreditado el incumplimiento de las obligaciones de la

licencia y del programa de inversión forzosa, la investigación no

mostraba avances significativos. Asimismo, el a quo se refirió a los

informes de seguimiento y a los autos núms. 11116 y 829, de los

cuales destacó las obligaciones que se encuentran incumplidas por

parte de la ADR.

Frente a ello, es menester precisar que uno es el procedimiento

sancionatorio ambiental y otro el medio de control de protección de

los derechos colectivos. El primero, se refiere a la potestad

sancionatoria de la administración pública y está concebido para

determinar la responsabilidad por infracciones a las normas

ambientales41. El segundo, por su parte, está previsto para la

41
Ley 1333 de 21 de julio de 2009.

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protección de los derechos e intereses colectivos y persigue evitar el

daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración

o agravio sobre los mismos, o restituir las cosas a su estado anterior

cuando fuere posible42.

El procedimiento sancionatorio ambiental se desarrolla en la Ley

1333 a través de las siguientes etapas: medidas preventivas,

indagación preliminar, iniciación del procedimiento sancionatorio,

intervenciones, remisión a otras autoridades, verificación de los

hechos, formulación de cargos, descargos, práctica de pruebas,

determinación de la responsabilidad y sanción, notificación del acto

administrativo o cesación del proceso, publicidad y recursos. Por su

parte, la Ley 1437 introdujo algunas modificaciones, entre ellas, la

comunicación de la actuación al interesado y la contradicción de las

pruebas en la etapa de traslado para alegar.

De manera que hasta tanto no agoten las anteriores etapas y la

autoridad ambiental expida el acto administrativo motivado que

impone la sanción, no se puede establecer si hay infracción en

materia ambiental.

42
Ley 472 de 5 de agosto de 1998.

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Pero lo que ocurrió en el caso sub lite y que es materia de objeción

por parte de la recurrente, es que en la sentencia de primer grado el

a quo la declaró responsable de la vulneración de los derechos

colectivos invocados en la demanda, más ello no tuvo el alcance de

inferir su responsabilidad en materia de infracción ambiental, como

lo aduce en el recurso de apelación.

En efecto, el fallo parte de los hechos que fueron probados en el caso

sub judice y que parten del incumplimiento de las obligaciones

de la licencia ambiental, acreditado mediante visitas, actas y

actos administrativos, lo que dio lugar a la apertura del

proceso sancionatorio ambiental, pero no por ello se debe

entender que el Tribunal encontró probada la vulneración de

derechos colectivos a partir de la infracción ambiental, porque,

primero, ello no se infiere de ninguna parte de la sentencia y,

segundo, porque la investigación aún no ha culminado, es decir no

se ha producido la declaratoria de responsabilidad por infracción a

las normas ambientales.

En otras palabras, no le asiste razón a la recurrente al señalar que el

Tribunal le dio un alcance probatorio equivocado a la investigación

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ambiental, pues de ella encontró probado lo único que era posible

derivar, esto es, el incumplimiento de las obligaciones de la

licencia ambiental.

No debe desconocerse, además, que el a quo se basó en disímiles

pruebas para acreditar la violación de los derechos colectivos, entre

ellas, los informes de la Procuraduría General de la Nación y el

proceso fiscal de la Contraloría General de la República, además de

los actos expedidos por la autoridad ambiental dentro del proceso de

licenciamiento.

En definitiva, para la Sala, no prospera el cargo en estudio.

(v) La decisión

La Sala modificará el numeral primero de la parte resolutiva de la

sentencia apelada, para excluir del amparo al derecho al acceso a los

servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna. En

su lugar, amparará el derecho colectivo al agua, de conformidad con

los argumentos que fueron explicados en esta providencia.

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La Sala modificará el numeral segundo de la parte resolutiva de la

sentencia apelada, en relación con las órdenes que se imparten a la

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL, de la siguiente manera:

(i) Se ordenará a la ADR43 que proceda a la conformación de una

Mesa Técnica de Trabajo integrada por el DEPARTAMENTO

NACIONAL DE PLANEACIÓN44; la Gobernación del

43 Decreto 2364 de 2015, “[…] ARTÍCULO 4°. Funciones. Son funciones de la Agencia de

Desarrollo Rural -ADR- las siguientes:
1. Adoptar los planes de acción para la ejecución de las políticas de desarrollo agropecuario
y rural integral, a través de la estructuración de proyectos estratégicos nacionales bajo los
lineamientos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
[…] 3. Definir los criterios de formulación y estructuración de proyectos estratégicos
nacionales y de iniciativa territorial o asociativa, en términos de su viabilidad técnica,
jurídica, ambiental y financiera, de acuerdo con las políticas del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural.
4. Formular, estructurar, cofinanciar y ejecutar proyectos estratégicos nacionales, así como
aquellos de iniciativa territorial o asociativa, alineados a los planes de desarrollo
agropecuario y rural integral con enfoque territorial y a la política formulada por el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural.
[…] 14. Apoyar a las entidades territoriales e instancias de integración territorial y a las
organizaciones sociales, comunitarias y productivas rurales, para asegurar su participación
en los procesos de estructuración, cofinanciación y ejecución de los proyectos integrales de
desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial que impulse la Agencia.
[…] 17. Adelantar la gestión contractual para la ejecución de los proyectos integrales de
desarrollo agropecuario y rural financiados y cofinanciados por la Agencia […]”.
44 Decreto 1893 de 2021, “[…] ARTÍCULO 3. Funciones del Departamento Nacional

de Planeación. Son funciones del Departamento Nacional de Planeación (DNP), además de
las que determina el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 9 de la Ley 2056 de
2020, las siguientes:
[…] 10. Distribuir los recursos del Sistema General de Participaciones y hacer monitoreo a
la ejecución del componente de propósito general y asignaciones especiales.
[…] 12. Priorizar, de acuerdo con los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo, los
programas y proyectos del Plan Operativo Anual de Inversiones para su incorporación en la
Ley Anual del Presupuesto, utilizando, entre otros, los resultados de las evaluaciones y el
seguimiento para la asignación de los recursos de inversión, en coordinación con los
Ministerios y Departamentos Administrativos.
13. Implementar y mantener el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional que
deberá incluir los proyectos financiables, total o parcialmente, con recursos del Presupuesto
General de la Nación y del Sistema General de Regalías.
[…] 21. Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales en la planeación de la
inversión conforme a los recursos asignados en la Ley Bienal del Presupuesto del SGR.
[…] 24. Preparar y someter para consideración del Consejo Nacional de Política Económica
y Social (CONPES), los documentos que desarrollen las prioridades de política del Gobierno

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Departamento45; la Corporación Autónoma Regional de La Guajira

CORPOGUAJIRA y los ministerios de AGRICULTURA Y

DESARROLLO RURAL46, HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO47,

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE48, VIVIENDA, CIUDAD

Nacional y los demás de su competencia. Así mismo, realizar la divulgación de sus
contenidos y el seguimiento y evaluación de los lineamientos definidos […]”.
45 Ley 2200 de 2022 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la

organización y el funcionamiento de los departamentos […]”
“ARTÍCULO 4. Competencias. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución Política y
demás disposiciones legales vigentes, corresponde a los departamentos ejercer las
siguientes competencias:
[…] 3.1.4. Agua potable y saneamiento básico. Promover, estructurar, cofinanciar e
implementar esquemas regionales, para concurrir a la eficiente prestación de los servicios
de agua potable y saneamiento básico.
Administrar los recursos destinados, para la atención de este servicio esencial y apoyar a
las autoridades competentes en el ejercicio de medidas correctivas y preventivas que
propendan por la continua y adecuada prestación del servicio […]”.

46 Decreto 1985 de 2013, “[…] ARTÍCULO 3°. FUNCIONES. Adicionado parcialmente
(numerales 23 y 24) Artículo 1 del Decreto 2369 de 2015. El Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, además de las funciones señaladas en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998,
cumplirá las siguientes:
1. Formular, dirigir, coordinar y evaluar la política relacionada con el desarrollo rural,
agropecuario, pesquero y forestal en los temas de su competencia.
[…]
3. Formular acciones para propiciar la articulación interinstitucional de las entidades del
orden nacional y territorial que conlleven a la implementación de planes, programas y
proyectos de desarrollo rural, y agropecuario con enfoque territorial […]”.
47 Decreto 4712 de 2008, Artículo 3° “[…] ARTÍCULO 3º. FUNCIONES. El Ministerio de

Hacienda y Crédito Público tendrá, las siguientes funciones:
[…] 13. Dirigir la preparación, modificación y seguimiento del Presupuesto General de la
Nación, del presupuesto de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, de las
Sociedades de Economía Mixta asimiladas a estas, en las condiciones establecidas en la ley.
[…] 15. Participar en la elaboración del Proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo y
elaborar el proyecto de ley anual del presupuesto en coordinación con el Departamento
Nacional de Planeación y los demás organismos a los cuales la ley les haya dado injerencia
en la materia […]”.
“[…] Artículo 6º. Despacho del Ministro. Son funciones del Despacho del Ministro además
de las establecidas en la Constitución Política y en el artículo 61 de la Ley 489 de 1998, las
siguientes:
[…] 5. Coordinar con otros órganos del Estado las políticas financiera, cambiaria, monetaria,
fiscal y aduanera, a través de su participación en el Consejo Nacional de Política Económica
y Social -CONPES-, en el Consejo Superior de Comercio Exterior, en el Comité Nacional de
Cafeteros, en el Consejo Superior de Política Fiscal -CONFIS-, en la Junta Directiva del Banco
de la República y en los demás órganos de dirección de las entidades que tengan relación
con asuntos de su competencia […]”.
48 Ley 99 de 1993, “[…]ARTÍCULO 2°. Funciones. Además de las funciones determinadas en

la Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y en las demás leyes, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible cumplirá las siguientes funciones:

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Y TERRITORIO49, MINAS Y ENERGÍA50 y del INTERIOR51, con el

fin de ejecutar las gestiones interinstitucionales proyectadas en la

[…] 2. Diseñar y regular las políticas públicas y las condiciones generales para el
saneamiento del ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración
y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el
impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del
patrimonio natural, en todos los sectores económicos y productivos […]”.
Decreto 3570 de 2011, “[…] ARTÍCULO 2°. Funciones. Además de las funciones
determinadas en la Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y en las
demás leyes, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible cumplirá las siguientes
funciones:
[…] 2. Diseñar y regular las políticas públicas y las condiciones generales para el
saneamiento del ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración
y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el
impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del
patrimonio natural, en todos los sectores económicos y productivos.
[…]10. Ejercer la inspección y vigilancia sobre las Corporaciones Autónomas Regionales, y
ejercer discrecional y selectivamente, cuando las circunstancias lo ameriten, sobre los
asuntos asignados a estas corporaciones la evaluación y control preventivo, actual o
posterior, de los efectos del deterioro ambiental que puedan presentarse por la ejecución
de actividades o proyectos de desarrollo, así como por la exploración, explotación,
transporte, beneficio y utilización de los recursos naturales renovables y no renovables, y
ordenar al organismo nacional competente para la expedición de licencias ambientales a
cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la suspensión de los trabajos o
actividades cuando a ello hubiese lugar […].
49 Decreto 3571 de 2011, “[…] “ARTÍCULO 2. Funciones. Además de las funciones

definidas en la Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y en las demás
leyes, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio cumplirá, las siguientes funciones:
[…] 10. Diseñar y promover programas especiales de agua potable y saneamiento básico
para el sector rural, en coordinación con las entidades competentes del orden nacional y
territorial.
11. Realizar el monitoreo de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) para
agua potable y saneamiento básico.
[…] 12. Definir criterios de viabilidad y elegibilidad de proyectos de acueducto, alcantarillado
y aseo agua potable y saneamiento básico, y dar viabilidad a los mismos […]”.
50Decreto 381 de 2012, “[...] ARTÍCULO 2°. FUNCIONES. Modificado y adicionado por el

Artículo 1 del Decreto 1617 de 2013. Además de las funciones definidas en la Constitución
Política, en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y en las demás disposiciones legales
vigentes, son funciones del Ministerio de Minas y Energía, las siguientes:
[…] 3. Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política en materia de generación,
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica.
[…] 11. Adoptar los planes generales de expansión de generación de energía y de la red de
interconexión y establecer los criterios para el planeamiento de la transmisión y distribución
[…]”.
51 Decreto 2893 de 2011, […] ARTÍCULO 2°. Funciones. (Modificado por el Decreto 1140

de 2018, art. 2) El Ministerio del Interior, además de las funciones determinadas en la
Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 cumplirá las siguientes:
[…] 3. Servir de enlace y coordinador de las entidades del orden nacional en su relación con
los entes territoriales y promover la Integración de la Nación con el territorio y el desarrollo
territorial, a través de la profundización de la descentralización, ordenamiento y autonomía
territorial y la coordinación y armonización de las agendas de los diversos sectores
administrativos, dentro de sus competencias, en procura de este objetivo.

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Hoja de Ruta para la Terminación del Proyecto Estratégico de

Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Ranchería.

(ii) Se ordenará a la ADR llevar a cabo de manera coordinada con

las autoridades que conformarán la Mesa Técnica de Trabajo las

gestiones necesarias para finalizar el proyecto, según las

proyecciones elaboradas por esa entidad en el documento “Hoja de

Ruta para la Terminación del Proyecto Estratégico de

Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Ranchería”.

El cronograma de trabajo deberá contener las siguientes gestiones:

COMPROMISO JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE PLAZO
Y
COOPERACIÓN*
LICENCIA AMBIENTAL
Revisión de la Teniendo en ADR- Dentro de los seis
modificación o no cuenta que el CORPOGUAJIRA (6) meses
de la licencia proyecto se siguientes a la
ambiental encuentra en una ejecutoria de la
etapa de presente
transición providencia, las
denominada de entidades deberán
Administración, adelantar las
Operación y gestiones
Mantenimiento – necesarias para
AOM de la determinar si se
infraestructura requiere o no la
actualmente modificación de la
construida en la licencia ambiental.

[…] 10. Formular y hacer seguimiento a la política de los grupos étnicos para la
materialización de sus derechos, con un enfoque integral, diferencial y social, en
coordinación con las demás entidades competentes del Estado […]”.

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Fase I, las En caso de ser
entidades deberán afirmativa la
examinar la decisión, dentro
necesidad o no de del mismo plazo
modificar la deberá darse inicio
Resolución núm. al respectivo
3158 de 2005. trámite ambiental.
Cumplimiento de Sin perjuicio de la CORPOGUAJIRA Seis (6) meses
las obligaciones decisión de siguientes a la
contenidas en la modificar o no la ejecutoria de la
licencia ambiental licencia ambiental, presente
(Resolución núm. existen providencia.
3158 de 2005) obligaciones
pendientes a
cargo de la ADR
por cumplir.

En aras de
garantizar el
objeto de la
licencia y de los
derechos
colectivos que
aquí se protegen,
es necesario que
la autoridad
ambiental, dentro
del trámite de
seguimiento de la
licencia y dentro
del proceso
sancionatorio
ambiental,
requiera a la ADR
respecto de
aquellos
compromisos
faltantes, así
como los tiempos
de ejecución y
cumplimiento de
los mismos.

La ADR deberá ADR Un (1) año
darle cabal siguiente a la
cumplimiento a las ejecutoria de la
obligaciones presente
ambientales que providencia.
fueron detalladas
en el Auto de
formulación de

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cargos núm. 625
de 11 de julio de
2019.
ACTUALIZACIÓN DE ALTERNATIVAS Y ESCENARIOS PARA LA TERMINACIÓN
DEL PROYECTO
Estado actual Verificación, ADR – FINDETER Dentro de los dos
Contrato complementación, (2) meses
Interadministrativo actualización y siguientes a la
225 de 2016 elaboración de ejecutoria de la
estudios y diseños presente
detallados providencia, la
para la ADR deberá
culminación del presentar al
proyecto Comité de
estratégico de Verificación de la
adecuación de Sentencia un
tierras de gran informe del estado
escala del rio actual del Contrato
ranchería, Interadministrativo
Departamento de núm. 225 de 2016,
la Guajira. a fin de que sirva
de insumo en las
reuniones de la
Mesa Técnica de
Trabajo.
Actualización Hoja La Hoja de Ruta ADR Dentro de los dos
de Ruta para la (2) meses
Terminación del siguientes a la
Proyecto ejecutoria de la
Estratégico de presente
Adecuación de providencia, la
Tierras de Gran ADR deberá
Escala del Río presentar al
Ranchería Comité de
presentada por la Verificación de la
ADR data del año Sentencia la
2020, por lo que actualización de la
es necesaria su Hoja de Ruta para
actualización, así la Terminación del
como su ajuste de Proyecto
acuerdo con la Estratégico de
Revisión y Adecuación de
Actualización de Tierras de Gran
Estudios y Escala del Río
Diseños del Ranchería.
proyecto.

Es necesario
realizar el ajuste,
actualización, y/o

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complementación
de
la información
existente respecto
de la evaluación
financiera y
económica del
proyecto, a fin de
ser presentado a
la Mesa técnica de
Trabajo.
Selección Se requiere la Mesa Técnica de Tres (3) meses
alternativa de apropiación de Trabajo
financiación recursos
provenientes de
diferentes fuentes
de financiación. La
Mesa Técnica de
Trabaja deberá
examinar la
viabilidad de las
propuestas
formuladas en la
Hoja de Ruta y
escoger
conjuntamente las
que consideren
viables y
adecuadas.
EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA DEL PROYECTO
Gestión para la Considerando el ADR – Mesa Un (1) año
apropiación de análisis de las Técnica de Trabajo siguiente a la
recursos alternativas de ejecutoria de la
financiación para presente
la terminación del providencia
proyecto, se
deben adelantar
las gestiones
necesarias por
cada una de las
entidades
involucradas a fin
de apropiar los
recursos
necesarios para la
terminación del
proyecto.
Financiación Gestiones Mesa Técnica de Veinticuatro (24)
necesarias para Trabajo meses
financiación
mediante

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RIOHACHA Y OTRA.

Presupuesto
General de la
Nación con
Vigencias Futuras,
de acuerdo con la
alternativa
seleccionada por
la Mesa Técnica de
Trabajo

-Asignación Mesa Técnica de Veinticuatro (24)
presupuestal de Trabajo meses
ADT.
-Solicitud
autorización
vigencias
futuras(respectivo
CONPES, aval
CONFIS)
• Coordinación de
acciones
institucionales
para gestionar
con los Entes
Territoriales y
Cooperación
Internacional los
recursos
necesarios
para realizar el
cierre financiero
del proyecto.
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Celebración de La ADR, una vez ADR Veinticuatro (24)
contratos realizado el cierre meses
financiero del
proyecto y
aprobadas las
vigencias futuras,
debe proceder a
adelantar los
procesos de
contratación de
licitación pública
para la selección
del contratista de
obra y concurso
de méritos
para la selección
de interventor.

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RIOHACHA Y OTRA.

La ADR, debe ADR Veinticuatro (24)
proceder a meses
estructurar los
documentos y
estudios previos
para
adelantar las
licitaciones
públicas y
concursos de
méritos, para
seleccionar con
posterioridad, el
contratista de
obra y el
interventor

La ADR debe ADR Veinticuatro (24)
aperturar en el meses
SECOP II, las
Licitaciones
Públicas y
Concurso
de Méritos que
sean necesarios,
para lograr
adjudicar las
obras de
terminación
e interventoría del
proyecto.
Inicio de obras Una vez ADR Veinticuatro (24)
adjudicados los meses
procesos de
contratación de
obra e
interventoría,
suscritos los
respectivos
contratos y
cumplidos los
requisitos de
perfeccionamiento
para el inicio de
las obras, se debe
proceder a
suscribir las
respectivas actas
de
inicio de los
contratos.

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*
En esta casilla se enlistan las autoridades que de acuerdo a sus funciones deberán cooperar con la
ADR en el cumplimiento de los objetivos de la Hoja de Ruta, sin perjuicio de las demás que resulten
convocadas, como resultado de la gestión de la Mesa Técnica de Trabajo.

Es de resaltar que la conformación de la aludida Mesa Técnica deberá

gestionarse por parte de la ADR, que es la entidad demandada, lo

que deberá ocurrir a más tardar dentro de los dos (2) meses

siguientes a la ejecutoria de la presente providencia. Asimismo,

deberá acordar todo lo concerniente con el desarrollo de las

reuniones y presentar ante el Comité de Verificación informes

periódicos trimestrales en los que conste los compromisos pactados

para la culminación el proyecto Rio Ranchería, los avances y el

respectivo cronograma de fechas, el cual no podrá superar los plazos

señalados en esta providencia.

Ahora, lo anterior no obsta para que la Sala exhorte al DNP, a la

GOBERNACIÓN, a CORPOGUAJIRA y los ministerios de

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, HACIENDA Y CRÉDITO

PÚBLICO, AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE,

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, MINAS Y ENERGÍA y del

INTERIOR para que, sin dilación alguna y en el marco de sus

competencias, concurran a la mesa técnica que conforme la ADR en

cumplimiento de esta sentencia y, en consecuencia, adelanten todas

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las acciones necesarias para la finalización del Proyecto Estratégico

de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Ranchería.

Por último, se instará al Departamento Administrativo de la

Presidencia de la República - Consejería Presidencial para las

Regiones, a fin de coordinar gestiones orientadas a la creación de

espacios de interacción entre el Gobierno nacional y las entidades

territoriales, atendiendo a la importancia estratégica del Proyecto Río

Ranchería.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la parte resolutiva

de la sentencia de primera instancia, el cual quedará así:

“[…] PRIMERO: PROTEGER los derechos colectivos a: i) la
existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución, ii) la conservación de las especies
vegetales, la protección de áreas de especial importancia
ecológica, así como los demás intereses de la comunidad
relacionados con la preservación y la restauración del medio

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ambiente, iii) la defensa del patrimonio público, iv) el acceso
a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública, y v) al agua potable; vulnerados por la AGENCIA DE
DESARROLLO RURAL de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva

de la sentencia de primera instancia, el cual quedará así:

“SEGUNDO: ORDENAR a la AGENCIA DE DESARROLLO
RURAL:

(i) CONFORMAR una Mesa Técnica de Trabajo integrada por
el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN; la
Gobernación del DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA
y los ministerios de AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL, HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE, VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO, MINAS Y ENERGÍA y del INTERIOR, con el
fin de ejecutar las gestiones interinstitucionales proyectadas
en el documento “Hoja de Ruta para la Terminación del
Proyecto Estratégico de Adecuación de Tierras de Gran
Escala del Río Ranchería”.

(ii) Llevar a cabo de manera coordinada con las autoridades
que conformarán la Mesa Técnica de Trabajo las gestiones
necesarias para finalizar el proyecto, según las proyecciones
elaboradas por esa entidad en el documento “Hoja de Ruta
para la Terminación del Proyecto Estratégico de
Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río
Ranchería”. En virtud de lo anterior, la Mesa Técnica de
Trabajo acordará ejecutar el siguiente cronograma:

COMPROMISO JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE PLAZO
Y
COOPERACIÓN*
LICENCIA AMBIENTAL

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Revisión de la Teniendo en ADR- Dentro de los seis
modificación o no cuenta que el CORPOGUAJIRA (6) meses
de la licencia proyecto se siguientes a la
ambiental encuentra en una ejecutoria de la
etapa de presente
transición providencia, las
denominada de entidades deberán
Administración, adelantar las
Operación y gestiones
Mantenimiento – necesarias para
AOM de la determinar si se
infraestructura requiere o no la
actualmente modificación de la
construida en la licencia ambiental.
Fase I, las En caso de ser
entidades deberán afirmativa la
examinar la decisión, dentro
necesidad o no de del mismo plazo
modificar la deberá darse inicio
Resolución núm. al respectivo
3158 de 2005. trámite ambiental.
Cumplimiento de Sin perjuicio de la CORPOGUAJIRA Seis (6) meses
las obligaciones decisión de siguientes a la
contenidas en la modificar o no la ejecutoria de la
licencia ambiental licencia ambiental, presente
(Resolución núm. existen providencia.
3158 de 2005) obligaciones
pendientes a
cargo de la ADR
por cumplir.

En aras de
garantizar el
objeto de la
licencia y de los
derechos
colectivos que
aquí se protegen,
es necesario que
la autoridad
ambiental, dentro
del trámite de
seguimiento de la
licencia y dentro
del proceso
sancionatorio
ambiental,
requiera a la ADR
respecto de
aquellos
compromisos

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faltantes, así
como los tiempos
de ejecución y
cumplimiento de
los mismos.

La ADR deberá ADR Un (1) año
darle cabal siguiente a la
cumplimiento a las ejecutoria de la
obligaciones presente
ambientales que providencia.
fueron detalladas
en el Auto de
formulación de
cargos núm. 625
de 11 de julio de
2019.
ACTUALIZACIÓN DE ALTERNATIVAS Y ESCENARIOS PARA LA TERMINACIÓN
DEL PROYECTO
Estado actual Verificación, ADR – FINDETER Dentro de los dos
Contrato complementación, (2) meses
Interadministrativo actualización y siguientes a la
225 de 2016 elaboración de ejecutoria de la
estudios y diseños presente
detallados providencia, la
para la ADR deberá
culminación del presentar al
proyecto Comité de
estratégico de Verificación de la
adecuación de Sentencia un
tierras de gran informe del estado
escala del rio actual del Contrato
ranchería, Interadministrativo
Departamento de núm. 225 de 2016,
la Guajira. a fin de que sirva
de insumo en las
reuniones de la
Mesa Técnica de
Trabajo.
Actualización Hoja La Hoja de Ruta ADR Dentro de los dos
de Ruta para la (2) meses
Terminación del siguientes a la
Proyecto ejecutoria de la
Estratégico de presente
Adecuación de providencia, la
Tierras de Gran ADR deberá
Escala del Río presentar al
Ranchería Comité de
presentada por la Verificación de la
ADR data del año Sentencia la
2020, por lo que actualización de la

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es necesaria su Hoja de Ruta para
actualización, así la Terminación del
como su ajuste de Proyecto
acuerdo con la Estratégico de
Revisión y Adecuación de
Actualización de Tierras de Gran
Estudios y Escala del Río
Diseños del Ranchería.
proyecto.

Es necesario
realizar el ajuste,
actualización, y/o
complementación
de
la información
existente respecto
de la evaluación
financiera y
económica del
proyecto, a fin de
ser presentado a
la Mesa técnica de
Trabajo.
Selección Se requiere la Mesa Técnica de Tres (3) meses
alternativa de apropiación de Trabajo
financiación recursos
provenientes de
diferentes fuentes
de financiación. La
Mesa Técnica de
Trabaja deberá
examinar la
viabilidad de las
propuestas
formuladas en la
Hoja de Ruta y
escoger
conjuntamente las
que consideren
viables y
adecuadas.
EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA DEL PROYECTO
Gestión para la Considerando el ADR – Mesa Un (1) año
apropiación de análisis de las Técnica de Trabajo siguiente a la
recursos alternativas de ejecutoria de la
financiación para presente
la terminación del providencia
proyecto, se
deben adelantar
las gestiones

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necesarias por
cada una de las
entidades
involucradas a fin
de apropiar los
recursos
necesarios para la
terminación del
proyecto.
Financiación Gestiones Mesa Técnica de Veinticuatro (24)
necesarias para Trabajo meses
financiación
mediante
Presupuesto
General de la
Nación con
Vigencias Futuras,
de acuerdo con la
alternativa
seleccionada por
la Mesa Técnica de
Trabajo

-Asignación Mesa Técnica de Veinticuatro (24)
presupuestal de Trabajo meses
ADT.
-Solicitud
autorización
vigencias
futuras(respectivo
CONPES, aval
CONFIS)
• Coordinación de
acciones
institucionales
para gestionar
con los Entes
Territoriales y
Cooperación
Internacional los
recursos
necesarios
para realizar el
cierre financiero
del proyecto.
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Celebración de La ADR, una vez ADR Veinticuatro (24)
contratos realizado el cierre meses
financiero del
proyecto y
aprobadas las

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vigencias futuras,
debe proceder a
adelantar los
procesos de
contratación de
licitación pública
para la selección
del contratista de
obra y concurso
de méritos
para la selección
de interventor.
La ADR, debe ADR Veinticuatro (24)
proceder a meses
estructurar los
documentos y
estudios previos
para
adelantar las
licitaciones
públicas y
concursos de
méritos, para
seleccionar con
posterioridad, el
contratista de
obra y el
interventor

La ADR debe ADR Veinticuatro (24)
aperturar en el meses
SECOP II, las
Licitaciones
Públicas y
Concurso
de Méritos que
sean necesarios,
para lograr
adjudicar las
obras de
terminación
e interventoría del
proyecto.
Inicio de obras Una vez ADR Veinticuatro (24)
adjudicados los meses
procesos de
contratación de
obra e
interventoría,
suscritos los
respectivos

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contratos y
cumplidos los
requisitos de
perfeccionamiento
para el inicio de
las obras, se debe
proceder a
suscribir las
respectivas actas
de
inicio de los
contratos.

(iii) La Mesa Técnica deberá conformarse a más tardar
dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la
presente providencia. Asimismo, deberá acordar todo lo
concerniente el desarrollo de las reuniones y presentar ante
el Comité de Verificación informes periódicos trimestrales en
los que conste los compromisos pactados para la
culminación el proyecto Rio Ranchería, los avances y el
respectivo cronograma de fechas, el cual no podrá superar
los plazos señalados en esta providencia.

TERCERO: ADICIONAR los numerales décimo primero y décimo

segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia,

los cuales serán del siguiente tenor:

DÉCIMO PRIMERO: EXHORTAR al DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN, a la GOBERNACIÓN DE LA
GUAJIRA, a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE LA GUAJIRA y los ministerios de AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL, HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO, MINAS Y ENERGÍA y del
INTERIOR para que, sin dilación alguna y en el marco de sus
competencias, concurran a la mesa técnica que conforme la
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL en cumplimiento de
esta sentencia y, en consecuencia, adelanten todas las
acciones necesarias para la finalización del Proyecto
Estratégico de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río
Ranchería.

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RIOHACHA Y OTRA.

DÉCIMO SEGUNDO: INSTAR al DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA - CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS
REGIONES, a fin de que coordine las gestiones orientadas a
la creación de espacios de interacción entre el Gobierno
Nacional y las entidades territoriales, atendiendo a la
importancia estratégica del Proyecto Río Ranchería.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás el fallo apelado.

CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal

de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 11 de mayo de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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