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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2018-00128-01

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2018-00128-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el treinta (30) de julio de dos mil veinticinco (2025), por el Tribunal Administrativo de La Guajira, por medio de la cual se declaró probada la excepción de cosa juzgada. Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante en segunda instancia, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. Tercero. RECONOCER personería a la abogada Sandra Liliana Muñoz Gómez, identificada con la cédula de ciudadanía 34.323.793 y la tarjeta profesional 215.697 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar los intereses de la UGPP en este proceso. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 44001-23-40-000-2018-00128-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 44001-23-40-000-2018-00128-01 (3361-2025)
Demandante: Juan Diego Marín Rangel
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ─UGPP─

Tema: Régimen pensional especial de los empleados del Departamento
Administrativo de Seguridad ─DAS─. De los efectos de la cosa
juzgada. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra la
sentencia proferida el treinta (30) de julio de dos mil veinticinco (2025), por el
Tribunal Administrativo de La Guajira, por medio de la cual se declaró probada la
excepción de cosa juzgada.

ANTECEDENTES

1. El señor Juan Diego Marín Rangel instauró demanda contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social ─UGPP─, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del Auto Nro. ADP014683 del 5 de diciembre de 2016,
por medio del cual la entidad demandada se abstuvo de emitir pronunciamiento
respecto a la reliquidación de la pensión de vejez con la inclusión de la prima de
riesgo, como factor salarial.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se le liquide la prima de
riesgo como factor salarial en su pensión de vejez, así como el pago de los intereses
moratorios adeudados por la demora injustificada en el reconocimiento de ese
factor, desde el 25 de junio de 2004, teniendo en cuenta la tasa máxima vigente a
la fecha en que se efectúe el pago.

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4. Que se ordene la indexación de las sumas de dinero que se reconozcan y se
pague la suma de sesenta y dos millones trescientos sesenta mil quinientos noventa
y dos pesos ($62.360.592), por concepto de la inclusión de la prima de riesgo dejada
de pagar.

HECHOS

5. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

6. Que adquirió el estatus de pensionado, en su condición de detective del
Departamento Administrativo de Seguridad ─DAS─, mediante la Resolución Nro.
12875 del 25 de junio de 2004, en la que no se tuvo en cuenta la prima de riesgo
como factor salarial.

7. Que el 27 de julio de 2016 presentó una petición en la que solicitó la reliquidación
de su pensión de vejez con la inclusión de la prima de riesgo, la cual se negó a
través del Auto Nro. ADP014683 del 5 de diciembre de 2016.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

8. Consideró violados los artículos 1, 2, 3, 4, 13, 25, 48, 53 y 57 de la Constitución
Política; el artículo 1 del Decreto 1933 de 1989; y el Decreto 1137 de 1994.

9. Que el acto demandado es nulo por infringir las normas en las que debió
fundarse, porque se desconocieron las obligaciones del derecho a la igualdad para
los pensionados del DAS, en consideración a que el Consejo de Estado estableció
que la pensión de los ex detectives debe incluir todos los pagos salariales percibidos
en el último año de servicio.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

10. La demanda se admitió en auto del 30 de mayo de 2019.

11. La UGPP se opuso a las pretensiones, para lo cual señaló que el acto acusado
goza de legalidad porque la entidad, basada en la interpretación exegética, negó la
reliquidación de la pensión de vejez conforme al régimen especial del DAS. Que
mediante Resolución Nro. 12875 del 25 de junio de 2004, CAJANAL reconoció y
ordenó el pago de la pensión mensual vitalicia, la cual se reliquidó, posteriormente,
por Resolución Nro. 10699, que elevó el valor de la prestación.

12. Que de acuerdo con el Decreto 446 de 1994, la prima de riesgo no constituye
un factor salarial, razón por la que no era procedente realizar una nueva
reliquidación. Que en cumplimiento de los fallos del Juzgado Primero Administrativo
y del Tribunal Administrativo del Quindío, la entidad reliquidó la pensión de jubilación
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en esas sentencias, las cuales
dispusieron que la inclusión de la prima de riesgo no era procedente.

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13. Propuso las excepciones de cosa juzgada, inexistencia de la obligación y
prescripción.

14. Mediante auto del 10 de mayo de 2023, decidió impartirse el trámite de
sentencia anticipada, para lo cual se fijó el litigio y se decretaron las pruebas. Se
corrió traslado para alegar de conclusión y se dictó sentencia que fue apelada en el
plazo oportuno por el demandante.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

15. El Tribunal Administrativo de La Guajira, en sentencia del treinta (30) de julio de
dos mil veinticinco (2025), declaró probada la excepción de cosa juzgada. Señaló
que el demandante adelantó un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
con radicación 63001-2331-000-2006-01176-01, ante el Juzgado Administrativo del
Circuito de Armenia y el Tribunal Administrativo del Quindío, donde solicitó la
reliquidación de la pensión de vejez.

16. Que al verificar ese proceso se estableció que concurrieron los tres elementos
para la configuración de la cosa juzgada porque, pese a que no se solicitó la nulidad
de los mismos actos administrativos, señaló las mismas normas violadas para
solicitar la nulidad, esto es, el Decreto 1933 de 1989 que regula lo relativo a la prima
de riesgo.

17. Concluyó que el proceso que finalizó en el Tribunal Administrativo del Quindío
y el actual se fundamentaron en los mismos supuestos fácticos, esto es, la
reliquidación de la pensión de vejez con la inclusión de un factor de salario
devengado en el último año de servicio, situación que se analizó en las aludidas
sentencias. Que al encontrarse acreditada la identidad de partes, de objeto y de
causa petendi, era claro que se configuró la excepción de cosa juzgada planteada
por la entidad demandada.

RECURSO DE APELACIÓN

18. El demandante interpuso recurso de apelación por considerar que el fallador de
primera instancia se limitó a desarrollar la figura de la cosa juzgada sin relación
alguna al caso concreto. Que no expuso ningún razonamiento que diera cuenta del
por qué se daban los presupuestos de dicha figura, ni citó o apoyó su decisión en
alguna sentencia del Consejo de Estado que hubiera resuelto el tema.

19. Que si bien existía identidad de partes con el anterior proceso, no lo era así
respecto a la causa petendi y el objeto, porque en esa oportunidad no solicitó, de
manera expresa, la inclusión de la prima de riesgo ya que, para esa fecha, esa prima
no constituía factor salarial para efectos pensionales según el Decreto 2646 de
1994. Que fue el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia el que
realizó un estudio de manera oficiosa, concluyendo que no había lugar a su
reconocimiento.

20. Que la primera instancia no realizó un análisis cronológico de los antecedentes
fácticos de esa primera demanda en paralelo con este caso. Que la sentencia de

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unificación constituyó un hecho nuevo, por lo que es posible que el interesado
solicite nuevamente la reliquidación de su prestación con la inclusión de factores a
los que considera tener derecho, siempre que se trate de las mesadas pensionales
causadas con posterioridad a la firmeza de la primera decisión.

21. Señaló que las demandas no pretendieron el mismo objeto y no comportaron la
misma causa petendi, más allá de que en las dos se pretendiera el reconocimiento
de la reliquidación de la pensión jubilación. Que también hubo desconocimiento de
los principios de igualdad, favorabilidad, progresividad y de las decisiones del
Consejo de Estado sobre la materia.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

22. El 15 de diciembre de 2025 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,
una vez ejecutoriado, el expediente pasaría al despacho para dictar sentencia sin
necesidad de traslados1.

23. Las partes guardaron silencio y el agente del Ministerio Público no emitió
concepto.

Se resolverá previas las siguientes.

CONSIDERACIONES

24. De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico
que deberá resolver la Sala consiste en determinar si se configuró o no el fenómeno
de la cosa juzgada, ante la variación del criterio jurisprudencial en materia de la
prima especial de riesgo.

Del régimen pensional especial de los empleados del Departamento
Administrativo de Seguridad ─DAS─

25. En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 43 de 1988,
el presidente de la República, mediante Decreto 1933 de 1989, adoptó el régimen
prestacional especial para los empleados del DAS, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 10. Pensión de jubilación. Las normas generales sobre pensión
de jubilación previstas para los empleados de la administración pública del
orden nacional se aplicarán a los empleados del Departamento Administrativo
de Seguridad.

Los empleados que cumplan funciones de dactiloscopistas en los cargos de
Detective Agente, Profesional o Especializado, se regirán por lo establecido en
cuanto a régimen de pensión vitalicia de jubilación, por el Decreto-ley 1047 de
1978, cuyas normas serán igualmente aplicables al personal de detectives en
sus distintos grados y denominaciones».

26. El mismo decreto estableció los factores salariales que debían tenerse en
cuenta para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación

1 Véase a índice 4 de SAMAI.

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prevista en el artículo 10, a saber: la asignación básica mensual señalada para el
respectivo cargo; los incrementos por antigüedad; la bonificación por servicios
prestados; la prima de servicio; el subsidio de alimentación; el auxilio de transporte;
la prima de navidad; los gastos de representación; los viáticos que recibieran los
funcionarios en comisión, dentro o fuera del país, cuando se hayan percibido por un
término no inferior a ciento ochenta días en el último año de servicio; y la prima de
vacaciones.

27. Luego, mediante Decreto 1137 de 1994, se creó una prima especial mensual
de riesgo con carácter permanente para los empleados del DAS que desempeñaran
los cargos de detective especializado, profesional o agente, criminalístico
especializado, profesional o técnico y conductores, equivalente, en todo caso, al
30% de su asignación básica mensual, la cual no constituía factor salarial, según el
artículo 1.

28. La citada disposición fue derogada por el Decreto 2646 de 1994, a través del
cual se fijó, nuevamente, el reconocimiento de dicha prestación especial para el
mismo grupo de empleados, pero en un porcentaje superior al establecido en el
Decreto 1137 de 1994, en los siguientes términos:

«ARTICULO 1o. Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad
que desempeñen cargos de Detective Especializado, Detective Profesional,
Detective Agente, Criminalístico Especializado, Criminalístico Profesional,
Criminalístico Técnico y los Conductores tendrán derecho a percibir
mensualmente y con carácter permanente una Prima Especial de Riesgo
equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) de su asignación básica mensual.

[…]

ARTICULO 4o. La Prima a que se refiere el presente Decreto no constituye
factor salarial y no podrá percibirse simultáneamente con la prima de que trata
el artículo 2 o del Decreto 1933 de 1989 y el Decreto 132 de 1994».

29. Con base en esas disposiciones, el Consejo de Estado, en un primer momento,
negó la inclusión de la prima especial de riesgo para efectos de establecer el ingreso
base de liquidación de las pensiones a reconocer a favor de los servidores del DAS,
atendiendo el tenor literal de la norma. Sin embargo, dicha tesis fue replanteada en
sentencia del 10 de noviembre de 2010, en la cual se dejó de lado la lectura literal
del Decreto 2646 de 1994, para dar paso a una interpretación favorable de las
normas que contemplan los factores salariales a tener en cuenta al momento de
establecer el ingreso base de liquidación de una prestación pensional, en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 73 del Decreto 1848 de 19692.

30. No obstante, con el fin de unificar criterios en torno al asunto específico de la
prima de riesgo de los servidores del DAS como factor para el reconocimiento de
las pensiones de jubilación o de vejez, en sentencia del 1° de agosto de 2013 se
concluyó que la prima de riesgo sí:

«[…] goza del carácter de factor salarial, independientemente de que el Decreto

2 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 10 de noviembre de 2010. Exp. 568-2008.

C.P. Gustavo Gómez Aranguren.

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2646 de 1994 le niegue tal condición en la medida en que, como quedó visto, la
referida prima constituye en forma visible una retribución directa y constante a
los detectives, criminalísticos y conductores en atención a las características
especiales de la labor que desarrollaban.

Teniendo en cuenta el carácter ordinario y fijo de la citada prestación, […] no
hay duda que la misma constituye salario, entendido este último como todo lo
que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa
del servicio lo que, en la práctica le permite satisfacer sus necesidades propias
y familiares de donde, debe decirse, adquieren vital importancia los valores
constitucionales a un orden laboral justo y a la dignidad humana.

Una interpretación distinta vulneraría las prerrogativas que el constituyente de
1991 estableció como marco de referencia, tendiente a garantizar el desarrollo
y efectivización del derecho fundamental al trabajo, entre ellas la remuneración
mínima, vital y móvil y los principios de favorabilidad y primacía de la realidad
sobre las formas.

[…]

Considera la Sala que al ser percibida en forma permanente y mensual por los
empleados del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, la prima de
riesgo tiene un innegable carácter salarial, tal como lo prevé el mismo legislador
extraordinario en los Decretos 1137 y 2646 de 1994 toda vez que, de acuerdo
con la definición de salario vista en precedencia, no hay duda que, la referida
prestación hacía parte de la contraprestación directa que percibían los
empleados del DAS, por los servicios prestados como detectives, agentes,
criminalísticos o conductores»3.

31. Posteriormente, a través de la sentencia del 12 de mayo de 2022, se unificó la
jurisprudencia, en el sentido de precisar que, de conformidad con lo dispuesto en
los Decretos 1137 y 2646 de 1994, la prima de riesgo:

«[…] no es factor salarial para efectos de liquidar prestaciones sociales
diferentes a pensión, en favor de los servidores que se desempeñaron en el
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, hasta su supresión, ordenada
por el Decreto 4057 del 31 de octubre de 2011. Dicho valor constituye factor
salarial para todos los efectos legales a partir de la incorporación de los
servidores del DAS a otras entidades u organismos receptores, como
consecuencia de lo previsto por el artículo 7 del Decreto 4057 del 31 de octubre
de 2011»4.

32. Esa misma providencia dejó sentado que «los casos respecto de los cuales ya
ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables».

33. Con base en lo anterior, se concluye que, en la actualidad, la prima de riesgo
goza de una naturaleza salarial intrínseca, lo que permite que sea tenida en cuenta
como factor salarial para efectos de establecer el ingreso base de cotización y de
liquidación de la prestación pensional de los servidores del DAS y de los que se
incorporaron a otras entidades u organismos receptores, tras su supresión.

3 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 1° de agosto de 2013. Rad. 44001-23-31-000-

2008-00150-01 (0070-2021). C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
4 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia del 12 de mayo de 2022. Rad.

05001-33-33-000-2013-01009-01 (2263-2018).

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De los efectos de la cosa juzgada

34. La cosa juzgada es una institución de naturaleza procesal, en virtud de la cual
los asuntos respecto de los que exista una decisión ejecutoriada no pueden volverse
a ventilar ante la jurisdicción. El artículo 303 del Código General del Proceso
dispone así:

«ARTÍCULO 303. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en
proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo
proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el
anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo
proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero
o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al
registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro
en los demás casos.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que
comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá
efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión».

35. Por su parte, en materia de lo contencioso administrativo, el artículo 189 de la
Ley 1437 de 2011 preceptúa:

«ARTÍCULO 189. EFECTOS DE LA SENTENCIA. La sentencia que declare la
nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa
juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa
juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las
que declaren la legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control
inmediato de legalidad producirán efectos erga omnes solo en relación con las
normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen. […]».

36. Teniendo en cuenta lo anterior, puede concluirse que la cosa juzgada se
estructura a partir de dos premisas: una objetiva, relacionada con el objeto y la
causa de la controversia; y otra subjetiva, relativa a los sujetos que intervienen en
un proceso. Es decir, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos:

i) Identidad de objeto: la cual se verifica cuando en los dos procesos se
discuten las mismas pretensiones y que, en tratándose de procesos de
nulidad y restablecimiento del derecho, implican la pretensión anulatoria
de un mismo acto administrativo o de una misma situación jurídica
particular que deba restablecerse como consecuencia de la nulidad de un
acto.

ii) Identidad de causa: la cual ocurre cuando en el nuevo proceso se invoca
como sustento el mismo hecho jurídico que se invocó en el proceso
anterior y que, para los procesos de nulidad y restablecimiento del
derecho, suponen que en el segundo o nuevo proceso se aduzca como
motivo del restablecimiento, el mismo supuesto jurídico que se adujo en
el proceso anterior.

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iii) Identidad de partes: la cual ocurre cuando quienes intervinieron en el
proceso anterior como demandante y demandado, actúen o sean los
mismos en el nuevo proceso5.

Resolución del caso concreto

37. Tal y como fue fijado y resuelto el litigio en primera instancia, así como en virtud
de los argumentos del apelante único que limitan el objeto de análisis en segunda
instancia, el enfoque inicial será el de determinar la configuración o no de la
excepción de cosa juzgada.

38. Se encuentra acreditado que el 24 de febrero de 2010, el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Armenia decidió respecto de una demanda
presentada por el actor contra la UGPP lo siguiente:

«[…] Sexto: CONDÉNASE a la Caja Nacional de Previsión Social efectuar una
nueva liquidación de la pensión de jubilación del señor JUAN DIEGO MARÍN
RANGEL identificado con la C.C. No. 18.387.747 expedida en Calarcá, Q.,
teniendo en cuenta para efectos de la liquidación de la pensión, el 75% de los
factores salariales señalados en el art. 18 del Decreto 1933 de 1989, percibidos
durante el último año de servicios prestados, excluyendo la prima especial de
riesgo, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia. […]» (subrayas
fuera de texto).

39. Posteriormente, en sentencia del 28 de octubre de 2010, el Tribunal
Administrativo del Quindío confirmó la decisión proferida por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Armenia.

40. La Sala pone de presente que el instituto procesal de la cosa juzgada tiene por
finalidad, entre otras, la de evitar sucesivos pleitos entre las mismas personas, por
la misma causa y con el mismo objeto, por lo que cuando se presenta la conjunción
de los elementos mencionados previamente en un nuevo proceso, las partes
pueden alegar, como medio de defensa, la excepción respectiva, porque una vez
surtida la ritualidad del proceso, las decisiones judiciales se tornan inmutables e
intangibles, inclusive, para el mismo juez que las adoptó. Además, ello opera para
el caso en que haya modificaciones de criterio interpretativo, situación que puede
tener como consecuencia la creación de nuevas líneas jurisprudenciales, sin que
eso signifique, como lo pretende el recurrente, que haya cambiado el objeto o la
causa petendi entre una demanda y otra.

41. En otros términos: la variación del criterio jurisprudencial, en relación con la
posibilidad de computar a la prima de riesgo como factor salarial, no se traduce en
un hecho nuevo de la litis ya definida, ni significa que aquellos casos decididos con
base en el criterio anterior ─esto es, la improcedencia de tener la prima de riesgo
como factor salarial a efecto de liquidar las pensiones de quienes trabajaron en el
DAS─ puedan ventilarse nuevamente ante la jurisdicción porque, se itera, la triada
identitaria de partes, objeto y causa, no se altera con ocasión del cambio

5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 2 de abril de 2013.

Rad. 11001-015-000-2001-00118-01(REV). C.P. Gerardo Arenas Monsalve.

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jurisprudencial, en la medida que ello no tiene la virtualidad de trasformar el mundo
fáctico del derecho ya discutido y resuelto judicialmente.

42. De aceptarse esa posición, tendría que concluirse que ninguna controversia se
tendrá por resuelta judicialmente si sobre los elementos jurídicos que la soportan
existe la posibilidad de que el criterio jurisprudencial varíe en el tiempo, lo cual se
extendería a cualquier clase de controversia en la que se presente un cambio de las
normas que lo regulan, de los criterios hermenéuticos que algún día rigieron
determinado contexto, de las dinámicas sociales, entre otros.

43. Por consiguiente, es claro que el Tribunal Administrativo de La Guajira acertó
en su análisis al concluir que, al comparar los dos procesos, la causa petendi, el
objeto y las partes seguían siendo los mismos, es decir, los motivos de las
demandas devenían de los mismos hechos generadores, esto es, la negativa de la
entidad demandada para incluir a la prima de riesgo como factor salarial en la
reliquidación de la prestación pensional, sin que la alteración del criterio
jurisprudencial ─cuyo soporte general es de carácter jurídico y no fáctico─
constituya un hecho nuevo que altere o afecte, en sí misma, la causa para pedir y
que, finalmente, motivó ambos procesos.

44. De ese modo, como sí se dieron los presupuestos de configuración de la cosa
juzgada, se confirmará la sentencia proferida el treinta (30) de julio de dos mil
veinticinco (2025), por el Tribunal Administrativo de La Guajira.

Condena en costas de segunda instancia

45. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

46. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

47. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

48. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones de su recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán

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Radicado: 44001-23-40-000-2018-00128-01 (3361-2025)

fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de La Guajira.

49. Finalmente, se reconocerá personería a la abogada Sandra Liliana Muñoz
Gómez, identificada con la cédula de ciudadanía 34.323.793 y la tarjeta profesional
215.697 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar los intereses de la
UGPP en este proceso6.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el treinta (30) de julio de dos mil
veinticinco (2025), por el Tribunal Administrativo de La Guajira, por medio de la cual
se declaró probada la excepción de cosa juzgada.

Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante en segunda instancia, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

Tercero. RECONOCER personería a la abogada Sandra Liliana Muñoz Gómez,
identificada con la cédula de ciudadanía 34.323.793 y la tarjeta profesional 215.697
del Consejo Superior de la Judicatura, para representar los intereses de la UGPP
en este proceso.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

6 Véase a índice 8 de SAMAI.

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