RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 44001-23-40-000-2019-00020-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2019-00020-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2019-00020-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 12 de julio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante por las razones expuestas en esta providencia. TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 44001-23-40-000-2019-00020-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011.
Radicación : 44001-23-40-000-2019-00020-01 (5957-2022)1.
Demandante : Julio Cesar Gutiérrez Arismendy.
Demandada : Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.
Tema : Retiro de servidor judicial nombrado en provisionalidad.
Provisión del cargo mediante traslado por razones de
seguridad.
Decisión : Confirma la sentencia apelada. No se configuró el acto
administrativo ficto o presunto alegado. Se mantiene la
presunción de legalidad de la resolución demandada.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 12 de julio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira2,
a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La parte actora, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, promovió demanda contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
Rama Judicial, con el propósito de que se declarara la nulidad o inaplicación del acto
administrativo ficto o presunto por medio del cual se dio por terminado su nombramiento
en provisionalidad en el cargo de juez segundo promiscuo municipal de Maicao, La
Guajira, así como de la Resolución No. 148 del 13 de agosto de 2018, por medio de la
cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha nombró, por traslado y en
provisionalidad, al señor Vladimir Ernesto Daza Hernández en el despacho judicial que
era ocupado por él.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara su reintegro al cargo
de juez segundo promiscuo municipal de Maicao, o a otro de igual o superior jerarquía;
que se declarara la inexistencia de solución de continuidad; que se reconocieran y
pagaran, debidamente indexados, los salarios, prestaciones sociales y demás

1 Expediente digital.
2 Decisión suscrita por los magistrados: Hirina Del Rosario Meza Rhenals, Carmen Cecilia Plata Jiménez y María del

Pilar Veloza Parra.

Radicación: 44001-23-40-000-2019-00020-01 (5957-2022).
Demandante: Julio Cesar Gutiérrez Arismendy.

emolumentos dejados de percibir desde su desvinculación hasta el reintegro efectivo; que
se efectuaran los aportes al sistema de seguridad social integral correspondientes al
mismo periodo; que se condenara en costas y agencias en derecho; y que se dispusiera
el cumplimiento de la sentencia en los términos previstos en la Ley 1437 de 2011.

3. Como fundamento de las pretensiones, en la demanda se indicó que Julio César
Gutiérrez Arismendy fue nombrado en provisionalidad en el cargo de juez segundo
promiscuo municipal de Maicao, La Guajira, mediante Resolución No. 086 del 12 de
agosto de 2013, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, y que
ejerció el cargo con observancia de las funciones, reglamentos y directrices propias del
empleo, sin que hubiera recibido llamados de atención ni cuestionamientos por su
desempeño.

4. La Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, expidió la
Resolución No. 148 del 13 de agosto de 2018, en la cual nombró por traslado y en
provisionalidad al señor Vladimir Ernesto Daza Hernández en el cargo de juez segundo
promiscuo municipal de Maicao, La Guajira, situación que, a su juicio, desconoció que el
demandante gozaba de estabilidad laboral relativa por la naturaleza de su nombramiento,
pues fue retirado materialmente del servicio sin acto administrativo expreso de
desvinculación y sin motivación alguna que indicara con claridad las razones de su retiro;
en su lugar, cesó el pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos desde
el 14 de agosto de 2018.

5. Adujo que la actuación de la entidad demandada desconoció los derechos al debido
proceso, igualdad, trabajo y mínimo vital del demandante. En concreto, formuló los
siguientes cargos contra los actos administrativos cuestionados.

6. Señaló que la entidad demandada desvinculó al señor Gutiérrez Arismendy del cargo
de juez segundo promiscuo municipal de Maicao sin expedir un acto administrativo de
retiro. Con ello, aseguró, se desconoció el deber de motivar la desvinculación de los
servidores nombrados en provisionalidad, quienes gozan de estabilidad laboral relativa y
no pueden ser separados del cargo de manera discrecional o arbitraria. Agregó que dicha
omisión vulneró el debido proceso, así como el derecho del demandante a conocer las
razones de su retiro y a ejercer su derecho a la defensa y contradicción.

7. Afirmó que la actuación cuestionada desconoció el precedente de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, conforme al cual los servidores nombrados en
provisionalidad en cargos de carrera solo pueden ser retirados por razones disciplinarias,
calificación insatisfactoria, motivos relacionados con el servicio o por la provisión del
cargo con quien haya superado el concurso de méritos y ocupado un lugar en la lista de
elegibles. En ese sentido, sostuvo que el señor Gutiérrez Arismendy solo podía ser
retirado cuando el cargo fuera provisto en propiedad, tal como se habría indicado en el
acto de nombramiento.

2

Radicación: 44001-23-40-000-2019-00020-01 (5957-2022).
Demandante: Julio Cesar Gutiérrez Arismendy.

8. Adujo que al demandante no le fueron notificados los actos de nombramiento y
posesión de la persona designada en el cargo que venía ocupando, circunstancia que,
en su criterio, constituyó una irregularidad violatoria del debido proceso.

9. Finalmente, sostuvo que la desvinculación afectó el mínimo vital del actor, en tanto su
salario y demás emolumentos como Juez Segundo Promiscuo Municipal de Maicao
constituían su única fuente de ingresos.

Contestación de la demanda

10. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial sostuvo
que el retiro del servicio del demandante, quien se desempeñaba como juez segundo
promiscuo municipal de Maicao, La Guajira, se efectuó de conformidad con la normativa
vigente y con el fin de preservar los principios que orientan el ejercicio de la función
judicial. Indicó que el acto administrativo en virtud del cual se nombró al funcionario que
reemplazó al actor fue expedido con fundamento en una solicitud de traslado por razones
de seguridad, amparada en los artículos 134 (num. 1) y 152 (num 2), de la Ley Estatutaria
de la Administración de Justicia3, que permiten a los servidores judiciales solicitar traslado
cuando se encuentre comprometida su integridad o la de su núcleo familiar.

11. Señaló que el cargo ocupado por el demandante era de carrera judicial, se
encontraba provisto en provisionalidad y figuraba como vacante definitiva, razón por la
cual la entidad nominadora estaba habilitada para proveerlo mediante traslado por
razones de seguridad. Precisó que dicha medida tenía por finalidad salvaguardar la vida
e integridad personal del servidor que la solicitó y que, además, estuvo respaldada en un
estudio de seguridad que evidenció la necesidad del traslado.

12. Por último, que la desvinculación del actor fue consecuencia directa del acto de
traslado y del nombramiento efectuado en el cargo que ocupaba en provisionalidad y que
los empleos provistos bajo esa modalidad no confieren estabilidad plena, en tanto
quienes los desempeñan no han superado concurso de méritos, por lo que su
permanencia está condicionada a las necesidades del servicio y a las decisiones
legítimas del nominador.

II. SENTENCIA APELADA

13. El Tribunal Administrativo de La Guajira, en sentencia del 12 de julio de 2021, negó
las pretensiones de la demanda. Como primer aspecto indicó que la controversia debía
recaer sobre la Resolución No. 148 del 13 de agosto de 2018, pues dicho acto, aunque
formalmente nombró por traslado y en provisionalidad al señor Vladimir Ernesto Daza
Hernández como juez segundo promiscuo municipal de Maicao, produjo la
desvinculación tácita del demandante. En ese sentido, descartó la existencia de un acto
ficto o presunto de retiro, al considerar que la decisión administrativa que modificó la
situación jurídica del actor fue la resolución acusada.

3 Ley 270 de 1996, modificada por la Ley 771 de 2002.

3

Radicación: 44001-23-40-000-2019-00020-01 (5957-2022).
Demandante: Julio Cesar Gutiérrez Arismendy.

14. Señaló que la resolución demandada sí estuvo motivada, pues se fundamentó en el
concepto favorable de traslado por razones de seguridad emitido respecto del señor Daza
Hernández, quien se desempeñaba como juez promiscuo municipal de Urumita. Además,
precisó que el traslado por razones de seguridad era aplicable también a servidores
vinculados en provisionalidad y que el cargo ocupado por el demandante se encontraba
vacante para efectos de carrera judicial, al no haber sido provisto en propiedad.

15. Con apoyo en las pruebas allegadas, el Tribunal tuvo por acreditadas amenazas
graves y verosímiles contra la vida e integridad del funcionario trasladado y de su núcleo
familiar, así como la existencia de estudios, recomendaciones y medidas de protección
que justificaban su reubicación. Por ello, consideró que la entidad nominadora no actuó
de manera arbitraria, sino con fundamento en razones objetivas, serias y comprobadas.

16. En suma, el Tribunal sostuvo que el actor no demostró tener un mejor derecho frente
al funcionario trasladado ni logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado.
En consecuencia, negó las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho, sin
imponer condena en costas.

III. RECURSO DE APELACIÓN

17. La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, en el que sostuvo que el Tribunal erró al considerar que no operaba la figura
del acto ficto o presunto, pues, en su criterio, al haberse nombrado mediante la
Resolución No. 148 de 2018 a otra persona en el mismo cargo que ocupaba el
demandante, debía existir un acto administrativo que terminara su nombramiento en
provisionalidad. Afirmó que no era válido entender que la desvinculación se produjo
tácitamente, porque la estabilidad laboral relativa de los empleados provisionales exige
un acto expreso, motivado y notificado, que permita conocer las razones del retiro y
ejercer el derecho de defensa.

18. Señaló que el Tribunal desconoció que se pretendía la nulidad del acto ficto o
presunto derivado del silencio administrativo negativo frente a la reclamación
administrativa presentada el 6 de diciembre de 2018, en la cual solicitó el reintegro. Según
el recurrente, la falta de respuesta de la administración configuró una decisión negativa
presunta que debía ser controlada en sede judicial.

19. Finalmente, alegó que el a quo incurrió en error al considerar debidamente motivada
la Resolución No. 148 de 2018, pues, a juicio del apelante, dicho acto adolecía de falsa
motivación al indicar que el cargo de juez segundo promiscuo municipal de Maicao se
encontraba vacante, cuando en realidad era ocupado por el demandante en
provisionalidad, por lo cual, insistió en que la sentencia debía revocarse, ya que la
desvinculación no fue expresa ni motivada y desconoció la estabilidad laboral relativa y
el debido proceso del actor.

4

Radicación: 44001-23-40-000-2019-00020-01 (5957-2022).
Demandante: Julio Cesar Gutiérrez Arismendy.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

20. Mediante auto proferido el 13 de abril de 20234 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante.

21. El Ministerio Público no rindió concepto.

V. CONSIDERACIONES

Competencia

22. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. En
consecuencia, corresponde a esta Corporación abordar el análisis de la controversia
planteada.

Problema jurídico

23. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de La Guajira erró al
negar las pretensiones de la demanda, para lo cual deberá establecer: si en el caso
concreto se configuró un acto administrativo ficto o presunto susceptible de control
judicial, bien por la ausencia de un acto expreso, motivado y notificado que terminara el
nombramiento en provisionalidad del demandante, o bien por el silencio de la
administración frente a la solicitud de reintegro presentada el 6 de diciembre de 2018; y
si la Resolución No. 148 del 13 de agosto de 2018, por medio de la cual el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Riohacha nombró por traslado y en provisionalidad a otro
servidor en el cargo de juez segundo promiscuo municipal de Maicao, se encuentra
viciada de falsa motivación al haber considerado vacante un empleo que era ocupado
por el actor en provisionalidad.

Análisis del problema jurídico

24. La Sala confirmará la sentencia apelada en atención a que los cargos formulados en
la apelación no desvirtúan la legalidad de la Resolución No. 148 del 13 de agosto de
2018, ni permiten tener por configurado un acto administrativo ficto o presunto de retiro.
En efecto, la situación laboral del demandante fue definida a través de un acto que
dispuso la provisión del empleo que desempeñaba en provisionalidad, y no se advierte
que esa decisión haya incurrido en falsa motivación por referirse a la vacancia del empleo
desde la perspectiva propia del régimen de carrera judicial.

25. Antes de abordar los cargos formulados, la Sala precisa que en el presente asunto
concurren dos actos administrativos diferenciables en la misma Resolución No. 148 del

4 Índice 0004 de Samai.

5

Radicación: 44001-23-40-000-2019-00020-01 (5957-2022).
Demandante: Julio Cesar Gutiérrez Arismendy.

13 de agosto de 2018, en cuanto, de un lado dispuso el nombramiento por traslado y en
provisionalidad del señor Daza Hernández; y de otro, el retiro del servicio del
demandante, que operó tácitamente como consecuencia directa de ese mismo acto, al
proveer el cargo que venía ocupando. Ambos efectos están jurídicamente vinculados y
sobre los dos recae el control de legalidad en el presente proceso, pues la validez del
retiro depende directamente de la del acto de traslado que lo originó.

26. El recurrente sostuvo que su desvinculación no estuvo precedida de un acto expreso,
motivado y notificado, por lo que, en su criterio, debía entenderse configurado un acto
ficto o presunto de insubsistencia, bien por la ausencia de dicha decisión o por el silencio
de la administración frente a la solicitud de reintegro presentada el 6 de diciembre de
2018. Sin embargo, la Sala advierte que dicho planteamiento no se acompasa con la
naturaleza del acto ficto o presunto, el cual surge como consecuencia del silencio
administrativo frente a una petición, en los términos del artículo 83 del CPACA 5, y no por
la sola ausencia de un acto que el administrado considere debido.

27. En el presente asunto, la vinculación del actor no quedó indeterminada ni sometida a
una omisión administrativa, pues fue definida por medio de la Resolución No. 148 del 13
de agosto de 2018, a través de la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Riohacha dispuso el nombramiento por traslado y en provisionalidad del señor Vladimir
Ernesto Daza Hernández en el cargo de juez segundo promiscuo municipal de Maicao,
La Guajira, empleo que venía siendo ocupado por el demandante.

28. Dicho acto produjo directamente la modificación de la situación jurídica del empleo y,
por consiguiente, implicó la terminación de la vinculación del actor, sin que resultara
exigible la expedición de un acto autónomo de desvinculación. La decisión de proveer el
cargo a través de una forma legalmente prevista conllevaba el desplazamiento de quien
lo ocupaba en provisionalidad, máxime cuando el nombramiento del demandante,
efectuado en la Resolución No. 086 del 12 de agosto de 2013, tenía naturaleza transitoria
y se encontraba condicionado a la provisión del cargo conforme a los mecanismos
propios de la carrera judicial.

29. Ahora bien, la reclamación administrativa presentada por el demandante, en la que
solicitó su reintegro y cuestionó su desvinculación, fue posterior a la resolución que
definió su situación. Por ello, el eventual silencio frente a esa petición no tenía la
virtualidad de configurar un acto ficto de retiro ni de sustituir el control judicial que
correspondía ejercer sobre el acto administrativo expreso ya identificado. En
consecuencia, no existió vacío decisorio ni omisión administrativa susceptible de integrar
un acto ficto o presunto de desvinculación.

5 “ARTÍCULO 83. SILENCIO NEGATIVO. Transcurridos tres (3) meses contados a partir de la presentación de una

petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que esta es negativa.
En los casos en que la ley señale un plazo superior a los tres (3) meses para resolver la petición sin que esta se hubiere
decidido, el silencio administrativo se producirá al cabo de un (1) mes contado a partir de la fecha en que debió
adoptarse la decisión.
La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades. Tampoco las
excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos contra
el acto presunto, o que habiendo acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se haya notificado auto
admisorio de la demanda.”

6

Radicación: 44001-23-40-000-2019-00020-01 (5957-2022).
Demandante: Julio Cesar Gutiérrez Arismendy.

30. Superado lo anterior, la Sala examina el cargo de falsa motivación formulado contra
la Resolución No. 148 de 2018, sustentado en que dicho acto habría considerado vacante
el cargo de juez segundo promiscuo municipal de Maicao, pese a que este era ocupado
por el demandante en provisionalidad. Al respecto, se advierte que el reparo parte de una
comprensión equivocada del concepto de vacancia en el régimen de carrera judicial, pues
confunde la ocupación material del empleo con su provisión en propiedad.

31. La vacancia del cargo debe entenderse en sentido jurídico, esto es, en relación con
su provisión en propiedad dentro del sistema de carrera. En esa medida, un empleo
ocupado en provisionalidad puede considerarse vacante para efectos de carrera, en tanto
no ha sido provisto en propiedad mediante el sistema de méritos. Así, el cargo de juez
segundo promiscuo municipal de Maicao conservaba la condición de vacante definitiva,
aunque estuviera ocupado transitoriamente por el demandante mediante nombramiento
provisional.

32. Lo anterior no desconoce la estabilidad laboral relativa propia de los nombramientos
en provisionalidad, pues dicha garantía exige motivación suficiente, pero no impide la
separación del servidor cuando el empleo es provisto a través de una modalidad
legalmente admisible o cuando concurren razones objetivas del servicio debidamente
acreditadas. En este caso, la decisión administrativa no fue arbitraria, sino que estuvo
asociada a una solicitud de traslado por razones de seguridad, sustentada en
circunstancias objetivas que justificaban la provisión del cargo.

33. En efecto, del acervo probatorio se desprende que el acto demandado se fundamentó
en razones objetivas y verificables, consistentes en la necesidad de trasladar al señor
Vladimir Ernesto Daza Hernández por motivos de seguridad, circunstancias que fueron
documentadas a través de reportes de amenazas, del estudio de nivel de riesgo del que
trata el artículo 2.4.1.2.35 del Decreto 1066 de 2015 y de medidas de protección
adoptadas por las autoridades competentes6. Además, el Consejo Superior de la
Judicatura emitió concepto favorable de traslado, con apoyo en las disposiciones de la
Ley 270 de 1996 y en el Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017, que regulan esta modalidad
de provisión de cargos7.

6 Resolución 367 de 2018 , por medio de la cual se adoptaron unas medidas de Protección de acuerdo con las

deliberaciones hechas por parte del Comité Especial para casos de servidores y ex servidores públicos
7 Conforme al análisis documental y las pruebas aportadas por el servidor judicial, la Oficina de Asesoría para la

Seguridad de la Rama Judicial mediante oficio OSO18-810 del 1 de agosto de 2018, emitió concepto respecto a la
solicitud de traslado por razones de seguridad del doctor Vladimir Ernesto Daza Hernández, Juez Promiscuo Municipal
de Urumita-La Guajira, CUMPLE con los presupuestos estipulados en el Acuerdo PCDJA17-10754 del 18 de
septiembre de 2017, por cuanto se evidencian hechos y amenazas graves que atentan contra su vida e integridad
personal y su núcleo familiar, que justifican su reubicación en otro Distrito Judicial.
El cargo para el cual se solicita traslado tiene funciones afines y la misma categoría del que se encuentra vinculado,
pues como manifiesta en la solicitud, el doctor Vladimir Ernesto Daza Hernández, fue nombrado y posesionado, en
provisionalidad, como Juez Promiscuo Municipal de Urumita, Guajira, el 5 de mayo de 2009.
En consecuencia, el Consejo Superior de la Judicatura, en sesión del 9 de agosto de 2018, acogió el informe de la
Oficina Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial, en el sentido de que el traslado por razones de seguridad del
doctor Vladimir Ernesto Daza Hernández, cumple con los presupuestos estipulados en el Acuerdo PCSJA17-10754
DE 2017, REGLAMENTARIO DE LAS Leyes 270 de 1996 y 771 de 2002, por cuanto se evidencian hechos o amenazas
graves que atentan contra su vida, que impiden su permanencia en el cargo.

7

Radicación: 44001-23-40-000-2019-00020-01 (5957-2022).
Demandante: Julio Cesar Gutiérrez Arismendy.

34. En ese contexto, no se advierte discordancia entre los supuestos fácticos invocados
y la decisión adoptada, ni se evidencia que los motivos del acto acusado fueran
inexistentes, falsos o distorsionados. Por el contrario, la decisión de traslado respondió a
una situación real de riesgo que justificaba la reubicación del funcionario, y el cargo podía
ser provisto mediante dicho mecanismo al no encontrarse ocupado en propiedad,
circunstancia que quedó consignada en el acto administrativo demandado8.

35. Así las cosas, la desvinculación del demandante no obedeció a una actuación
arbitraria ni a la ausencia de motivación, ni a la configuración de falsa motivación, sino a
la provisión del cargo a través de un mecanismo legalmente previsto y debidamente
sustentado. Por tanto, no se configuró el acto ficto o presunto alegado, tampoco se
acreditó la falsa motivación de la Resolución No. 148 de 2018, y los argumentos de la
apelación no logran desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado ni evidenciar
la vulneración del debido proceso o de la estabilidad laboral relativa invocada por el actor.

36. Tampoco prospera el cargo de violación al derecho a la igualdad, sustentado en que
la entidad demandada privilegió a un servidor que se encontraba en una situación
administrativa similar a la del demandante, esto es, vinculado en provisionalidad. Al
respecto, la Sala advierte que las situaciones de ambos funcionarios no eran
comparables, pues la diferencia de trato no obedeció a la modalidad de vinculación sino
a una circunstancia objetiva y extraordinaria: la existencia de amenazas graves y
verificadas contra la vida e integridad del señor Daza Hernández y su núcleo familiar,
acreditadas mediante los documentos que sustentaron el concepto favorable de traslado
por razones de seguridad. En ese sentido, el criterio de diferenciación no fue la condición
de provisional de uno u otro servidor, sino la concurrencia de un riesgo documentado que
justificaba la reubicación urgente, lo cual descarta que la decisión haya sido arbitraria o
discriminatoria. El derecho a la igualdad no exige trato idéntico en situaciones
objetivamente distintas, sino que prohíbe distinciones carentes de fundamento razonable,
supuesto que no se configura en el presente asunto.

37. En consecuencia, no se configuró el acto ficto o presunto alegado, no se acreditó
falsa motivación en la Resolución No. 148 de 2018, ni se demostró vulneración al derecho
a la igualdad, de manera que los argumentos de la apelación no logran desvirtuar la
presunción de legalidad del acto acusado ni evidencian la afectación del debido proceso
o de la estabilidad laboral relativa invocada por el actor.

Condena en costas
38. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a

8 El Consejo Superior de la Judicatura, mediante oficio PCSJO18-1137, fechado 09 de agosto de 2018, comunica a

este Tribunal Superior concepto favorable de traslado por razones de seguridad del doctor VLADIMIR ERNESTO DAZA
HERNANDEZ, Juez Promiscuo Municipal de Urumita, La Guajira, dándole la opción de escoger entre los cargos
vacantes publicados en Acuerdo PCSJA17-107 DE 20174, el de Juez Promiscuo Municipal de Maicao y Promiscuo
Municipal de Manaure, La Guajira. La Corporación no advierte razones objetivas para negar el traslado según los
términos de la sentencia C-295 DE 2002. La Sala Plena en Sesión Extraordinaria celebrada en la fecha, sostiene
comunicación con el doctor VLADIMIR ERNESTO DAZA HERNÁNDEZ, al abonado telefónico 3017803886 y,
manifestó que entre los dos cargos opcionados, escoge el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Maicao.

8

Radicación: 44001-23-40-000-2019-00020-01 (5957-2022).
Demandante: Julio Cesar Gutiérrez Arismendy.

la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

39. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de trámites donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.

40. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de
nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se
mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas a
cargo de la parte vencida.

41. La eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en el
primer inciso del artículo 188 del CPACA.

42. En consecuencia, se impondrá condena en costas a la parte demandante por cuanto
el recurso de apelación no prosperó. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366
del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de
La Guajira.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 12 de julio de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de La Guajira, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante por las razones expuestas en
esta providencia.

TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

9

Radicación: 44001-23-40-000-2019-00020-01 (5957-2022).
Demandante: Julio Cesar Gutiérrez Arismendy.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

10

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.