Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 44001-23-40-000-2019-00131-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 44001-23-40-000-2019-00131-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 44001-23-40-000-2019-00131-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
15 de marzo de 2024
Radicado: 44001-23-40-000-2019-00131-01 (27072)
Demandante: Organización Wayuu Painwashi
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., quince (15) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 44001-23-40-000-2019-00131-01 (27072)
Demandante ORGANIZACIÓN WAYUU PAINWASHI
Demandado DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
Temas Estampillas Pro-Departamental, Pro-Cultura y Pro-Universidad.
Devolución de pagos de lo no debido. Entidades sin ánimo de
lucro creadas para adelantar actividades en comunidades
indígenas.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia del 29 de septiembre de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo de
La Guajira, que resolvió1:
«PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho presentada por la organización Wayúu Painwashi contra el departamento de La
Guajira, conforme a las razones expuestas en precedencia.
SEGUNDO: Por secretaría i) repórtese inmediatamente si se formula recurso de apelación y
ejecutoriado el fallo, ii)devuélvase a solicitud oportuna de la parte demandante, el remanente
a que hubiere lugar, de lo consignado por concepto de gastos ordinarios del proceso y
iii)archívese en su oportunidad legal el expediente, previa verificación de que todas las
actuaciones surtidas, incluida la de archivo, estén registradas en el sistema Justicia Siglo XXI
TYBA y anotación del número de folios, cuadernos, audios, etc. objeto de archivo». (Énfasis
del texto original).
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 22 de noviembre de 2018, la demandante presentó solicitud de devolución de las
estampillas Pro-Desarrollo Fronterizo, Pro-Departamental, Pro-Cultura y Pro-
Universidad de La Guajira ante el Distrito de Riohacha, que pagó, vía retención en
la fuente, con ocasión del Contrato de Administración de Servicios Educativos Nro.
007 de 2016 que celebró con dicho ente territorial. El 7 de diciembre de 2018, el
Distrito de Riohacha consideró que, aunque la solicitud era «jurídicamente procedente»,
sólo había actuado como agente retenedor de los tributos solicitados en devolución,
de manera que le solicitaría al Departamento de La Guajira que resolviera de fondo
sobre la devolución.
El 4 de enero de 2019, la Organización Wayuu Painwashi presentó ante la
Gobernación de La Guajira la mencionada solicitud de devolución.
El 22 de febrero del año 2019, previa solicitud de ampliación del plazo por 15 días,
el Departamento de La Guajira negó la solicitud de devolución.
1 Fl. 582.
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Demandante: Organización Wayuu Painwashi
El 1 de marzo de 2019, la demandante interpuso recurso de reposición contra esa
decisión. Sin embargo, en el expediente no consta que el Departamento de La
Guajira hubiere resuelto el recurso.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones:
«PRIMERO: Declárase el Silencio Administrativo Negativo Ficto o Presunto derivado de la no
resolución del recurso de reposición interpuesto contra la decisión administrativa de fecha de
fecha (sic) 22 de febrero de 2019, por medio de la cual se negó el reconocimiento y la
devolución de las sumas de dinero descontados ilegalmente por el Distrito de Riohacha con
ocasión de la celebración de contrato de prestación de servicios educativos números 007 del
año 2016, celebrado entre el ente territorial y la ORGANIZACIÓN WAYUU PAINWASHI.
SEGUNDO: Declárese Nulo el Acto Administrativo de fecha 22 de febrero del 2019. Por medio
de la (sic) cual se negó el reconocimiento y la devolución de las sumas de dinero descontados
ilegalmente por el Distrito de Riohacha con ocasión de la celebración del contrato de
prestación de servicios educativo (sic) números (sic) 007 del año 2016, celebrado entre el ente
territorial y la ORGANIZACIÓN WAYUU PAINWASHI.
TERCERO: Declárese nulo el acto administrativo negativo ficto o presunto derivado de la no
resolución del recurso de reposición interpuesto contra la decisión administrativa de fecha de
fecha (sic) 22 de febrero del 2019. Por medio de la cual se negó el reconocimiento y la
devolución de las sumas de dinero descontados ilegalmente por el Distrito de Riohacha con
ocasión de la celebración del contrato de prestación de servicios educativos número 007 del
2016, celebrados entre el ente territorial y la ORGANIZACIÓN WAUYUU (sic) PAINWASHI.
CUARTA: En consecuencia, y como Restablecimiento del Derecho, ordénese a la
Gobernación del Departamento de la Guajira, realizar la devolución de los dineros
correspondiente (sic) a las retenciones y descuentos, con ocasión del contrato de prestación
de servicios educativos número 007 del 2016, que la Alcaldía Distrital de Riohacha, descontó
como simple retenedor a la ORGANIZACIÓN WAUYUU (sic) PAINWASHI por la suma de
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($278.313.457,) (sic) por Concepto (sic)
de Impuestos (sic) de Estampillas Pro-desarrollo Fronterizo, Gobernación- Universidad de la
Guajira y Estampilla Pro-Cultura.
QUINTA: También a título de restablecimiento del derecho Ordénese a la Gobernación del
Departamento de la Guajira, pagar a la ORGANIZACIÓN WAUYUU PAINWASHI, (sic) los
intereses moratorios legales que se han generado por el incumplimiento de esta obligación
legal.
SEXTA: Ordenar dar cumplimiento de la sentencia que se profiera conforme a los artículos
189, 192 del CPACA». (Énfasis del texto original).
A los anteriores efectos, la demandante invocó como normas violadas los artículos
356 y 357 de la Constitución Política (modificados por el Acto Legislativo 01 de 2001); 2536
del Código Civil; 2 del Decreto Ley 1088 de 1993; 15 y 91 de la Ley 715 del 2001; 2
(numeral 4) de la Ley 115 de 2007; 3 del Decreto 2500 de 2010 y; 330 (literal a.) y 620
de la Ordenanza Nro. 388 de 2014, expedida por la Asamblea Departamental de La
Guajira.
El concepto de la violación de la demanda se resume así:
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Explicó que, conforme al artículo 2 del Decreto 1088 de 1993, las asociaciones de
autoridades tradicionales indígenas gozan del carácter especial de entidad de
derecho público, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa. En consecuencia, adujo que el contrato suscrito entre asociaciones
de autoridades indígenas y otra entidad de derecho público, debido al carácter
especial que otorga la ley y por la labor social que desempeñan, están legitimadas
en la causa para solicitar devoluciones, puesto que dichos contratos están exentos
de pagar estampillas, según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política
(modificados por el Acto Legislativo 01 de 2001),15 de la Ley 715 del 2001, 2 (numeral 4) de
la Ley 115 de 2007, 330 (literal a.) de la Ordenanza Nro. 388 de 2014, y el Decreto
2500 de 2010.
En ese sentido, indicó que la Organización Wayuu Painwashi ostenta la calidad de
entidad de derecho público, de carácter especial, razón por la cual afirmó que son
ilegales las retenciones realizadas por la Alcaldía Distrital de Riohacha por concepto
de la “Estampilla Pro Departamental, Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo, Gobernación -
Universidad”, con ocasión de la celebración del contrato de prestación de servicios
educativos Nro. 007 del 2016.
Precisó que los actos acusados están viciados de nulidad por estar fundamentados
en normas jurídicas no aplicables. Señaló que no es cierto que la solicitud de
devolución se hubiera presentado en forma extemporánea, ya que el artículo 620
de la Ordenanza Nro. 388 del 2014 prevé que las devoluciones de tributos
originadas en pagos en exceso o de lo no debido deberán presentarse en el término
de prescripción de la acción ejecutiva, establecido en el artículo 2536 del Código
Civil (modificado por el artículo 8 de la Ley 791 de 2001).
Resaltó que la Administración Distrital de Riohacha no objetó la solicitud de
devolución de las estampillas recaudada por ella, en condición de agente retenedor,
y tampoco reprochó el derecho que le asiste a la demandante en su condición de
entidad de derecho público. Así las cosas, afirmó que las pretensiones de la
demanda debían ser despachadas favorablemente, teniendo en cuenta que la
solicitud de devolución se presentó dentro del término legal.
Consideró importante enfatizar en el objeto y fin de los contratos celebrados entre
la demandante y el Distrito de Riohacha. Al respecto, aseveró que estos tienen una
connotación especial, a la luz de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política,
que tratan sobre los recursos del Sistema General de Participación de los
departamentos, distritos y municipios, la forma en la que deben destinarse, así como
las excepciones tributarias, y que los servicios de salud, de educación preescolar,
secundaria y media tienen prioridad. Agregó que esto mismo está preceptuado en
el artículo 15 de la Ley 715 de 2001.
Puso de presente que el artículo 91 de la Ley 715 de 2001 señala que los recursos
del Sistema General de Participación no harán unidad de caja con los demás
recursos del presupuesto y que, por su destinación social constitucional, no pueden
ser sujeto de embargo, titularidad u otra clase de disposición financiera. Con base
en ello, dijo que, los recursos para la educación están exentos de todo tipo de
gravamen y, por ende, la retención realizada por el Distrito de Riohacha de las
estampillas fue ilegal, «debido a que dichos recursos tienen destinación específica, no están
cobijados por el principio presupuestal de Unida (sic) de Caja, por lo tanto su administración deberá
realizarse en cuentas separadas de la entidad y por sectores».
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Argumentó que el fundamento legal de los contratos de administración de la
atención educativa es el Decreto 2500 de 2010, el cual establece en su artículo 3,
la modalidad de contratación que debe seguir la entidad territorial que, en este caso,
es el Distrito de Riohacha.
Oposición de la demanda
La demandada no contestó la demanda2.
Intervenciones en primera instancia
Mediante auto del 12 de noviembre de 20193, el Tribunal admitió la demanda y, a
su vez, ordenó «vincular por pasiva» al Distrito de Riohacha, el cual presentó escrito
de oposición a la demanda, en los siguientes términos4:
Formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, advirtiendo
que en su condición de agente retenedor de las estampillas, no es la entidad que
por mandato legal deba devolver las sumas que le fueron descontadas a la
demandante por tales tributos.
Explicó que el artículo 10 de la Ordenanza Nro. 388 de 2014 señala que el sujeto
activo de las estampillas mencionadas es el Departamento de La Guajira, razón por
la cual esa entidad es la llamada a realizar las devoluciones de las sumas no
debidas. A partir de esto, concluyó que el Distrito no es la persona jurídica legitimada
para satisfacer el derecho reclamado por la actora.
Sentencia apelada
El Tribunal denegó las pretensiones de la demanda, sin condenar en costas, de
conformidad con los siguientes argumentos5.
Frente al rechazo de la solicitud de devolución por extemporaneidad, puso de
presente que, el Consejo de Estado6 ha señalado que, en materia tributaria, la ley
no estableció un término para que los contribuyentes solicitaran la devolución de los
pagos en exceso o de lo no debido (como en este caso), de manera que era aplicable
el artículo 2536 del Código Civil, en concordancia con los artículos 11 y 21 del
Decreto 1000 de 1997, que prevén un término de 5 años. Por consiguiente, advirtió
que como la solicitud de devolución del pago de lo no debido se presentó el 7 de
diciembre de 2018 y que las retenciones se empezaron a efectuar el 4 de enero de
2016, era claro que la solicitud había sido oportuna.
En cuanto a la procedencia de la solicitud de devolución, examinó el certificado de
existencia y representación legal de la Organización Wayuu Painwashi y dijo que no
se trata de una “asociación de cabildos y autoridades tradicionales indígenas” de las que
regula el Decreto Ley 1088 de 1993, a las que la ley le otorga la categoría de
entidades de derecho público. Lo anterior, porque no se advertía que su constitución
se hubiese hecho con la manifestación escrita del cabildo o autoridad tradicional
indígena, como lo exige dicha normativa. Agregó, que tampoco era posible
determinar los cabildos o autoridades tradicionales que conforman la organización.
2 Fl. 113.
3 Fls. 65 a 66.
4 Fls. 76 a 79.
5 Fls. 561 a 583.
6 Citó la sentencia del 4 de julio de 2019, exp. 22788, C.P. Stella Jeannette Carbajal Basto; entre otras.
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Por el contrario, destacó que del referido documento se observaba que se trataba
de una entidad sin ánimo de lucro «ubicada en el renglón de “microempresas”».
Citó los artículos 55 de la Ley 115 de 1994 y, 1 y 2 del Decreto 2500 de 2010, para
precisar que los contratos para la atención educativa en el marco del Sistema
Educativo Indígena Propio (SEIP) sólo podían ser celebrados por parte de las
entidades territoriales con cabildos, autoridades tradicionales indígenas,
asociaciones de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas.
Bajo este entendido, dijo que la demandante no encuadraba en ninguna de esas
categorías. Que, se trata de una organización indígena, «que si bien tiene personería
jurídica, no constituye una persona jurídica de derecho público al tenor de lo señalado en el decreto
ley 1088 de 1993».
Respecto a lo señalado por la actora sobre el objeto y los fines del contrato, los
cuales tenían una connotación especial, sostuvo que, la actora partía de un
supuesto equivocado en la estructuración del cargo, esto es, que lo que se gravó
con las estampillas fueron los recursos del Sistema General de Participaciones,
«inferencia que no se desprende de lo establecido en los artículos 283, 298 y 306 de la ordenanza
No. 388 de 2014 (…) que regulan, respectivamente, el hecho generador de la estampilla pro
desarrollo departamental, pro cultura y pro universidad, los cuales son diáfanos en señalar que lo
constituye la inscripción de contratos, convenios y adiciones en los que participe un ente territorial
como el distrito de Riohacha».
Además, señaló que se configuraba la falta de legitimación en la causa por pasiva
alegada por el Distrito de Riohacha, debido a «la falta de conexión entre la parte demandada
y la situación fáctica constitutiva del litigio».
Finalmente, se abstuvo de condenar en costas al no observar carencia de
fundamento legal en la demanda, a la luz del inciso adicionado por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021.
Recurso de apelación
La demandante apeló la sentencia de primera instancia, con fundamento en lo
siguiente7.
Afirmó que si bien, el Tribunal se pronunció respecto del Decreto 2500 del 2010, no
tuvo en cuenta que esa normativa permite que los entes territoriales puedan
contratar con entidades indígenas, como la Organización Wayuu PainWashi.
Resaltó que el a quo olvidó analizar el certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio de La Guajira, en el cual se informa que,
por documento del 7 de octubre de 1997, registrado en la Cámara de Comercio bajo
el Nro. 323 del Libro I del registro de entidades sin ánimo de lucro el 10 de octubre
de 1997, “se inscribe la constitución de personería jurídica denominada Organización Wayuu
PainWashi”.
Además, precisó que en ese documento se manifestó que quien ejercer la
inspección, vigilancia y control es la Gobernación del Departamento de la Guajira,
circunstancia que se no se dio porque “lo que se registró en la Cámara de Comercio fue la
constitución de la persona jurídica de la organización indígena”, expedida el 10 de agosto de
1992, bajo el Nro. 1525 otorgada por la Secretaría de Gobierno Departamental de
La Guajira.
7 Fls. 593 a 594.
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Puso de presente que las organizaciones de derecho privado y cuyo certificado de
existencia y representación legal expide las cámaras de comercio del país, están
vigiladas por la Superintendencia de Industria y Comercio y que, por ser la
demandante una organización indígena de derecho público, la vigilancia la
ejerce la Gobernación del Departamento de La Guajira.
Aseveró que la Gobernación del Departamento de La Guajira, por intermedio del
secretario de gobierno departamental, expidió la personería jurídica Nro. 1525 del
10 de agosto de 1992. De ahí que estuviera cobijada por el Decreto 1088 de 1993,
«ya que el hecho de que esta personería jurídica se hubiera registrado en la cámara de comercio de
la Guajira, en nada afecta su naturaleza jurídica de derecho público».
Adujo que la sentencia impugnada es violatoria del debido proceso porque, en la
audiencia inicial del 23 de junio de 2021, se dejó plasmada como prueba de la
demandante el certificado de existencia y representación legal de la actora, sin
embargo, ese documento no fue valorado, ya que de haber sido así, otro hubiere
sido el resultado de la sentencia.
Finalmente, dijo que, en un acto de buena fe, consideró que, por estar relacionada
en el certificado de existencia y representación legal, la resolución por medio de la
cual se reconoció la personería jurídica de la demandante, el Tribunal reconocería
esta circunstancia, y por tanto, no era necesario anexarlo al documento. Sin
embargo, dijo que ahora lo anexaba como prueba de que dicho acto sí existe.
Oposición al recurso de apelación
La entidad territorial demandada no se pronunció sobre el recurso de apelación
interpuesto por su contraparte.
Ministerio Público
El Ministerio Público no presentó concepto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado resolver el recurso de
apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia impugnada que
denegó las pretensiones dirigidas a obtener la nulidad del acto administrativo (sin
número) del 22 de febrero de 2019, así como el acto ficto negativo que resolvió el
recurso de reposición, mediante los cuales la Gobernación del Departamento de La
Guajira negó la solicitud de devolución de las estampillas Pro-Desarrollo Fronterizo,
Pro-Departamental, Pro-Cultura y Pro-Universidad, que fueron pagadas por la
apelante vía retención en la fuente practicada por el Distrito de Riohacha, con
ocasión del “Contrato de Administración del Servicio Educativo en los Centros Etnoeducativos Nro.
007 de 2016”.
Atendiendo estrictamente a los términos del recurso de apelación, el problema
jurídico a resolver en esta instancia consiste en determinar si la Organización
Wayuu Painwashi ostenta la condición de una entidad pública y, en consecuencia,
si el “Contrato de Administración del Servicio Educativo en los Centros Etnoeducativos Nro. 007 de
2016” celebrado con el Distrito de Riohacha, estaba excluido del pago de las
estampillas Pro-Desarrollo Fronterizo, Pro-Departamental, Pro-Cultura y Pro-
Universidad, de conformidad con el literal a.) del artículo 330 de la Ordenanza Nro.
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388 de 2014, expedida por la Asamblea Departamental de La Guajira. En caso
afirmativo, deberá ordenarse la devolución de lo pagado por concepto de estos
tributos.
Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala pone de presente que el
artículo 330 de la Ordenanza Nro. 388 de 2014 establece:
«ARTÍCULO 330.- EXCLUSIONES. Se encuentran excluidos del pago de estampillas los actos
y documentos que se relacionan a continuación:
a) Los actos, contratos o convenios que se celebren entre entidades públicas o
administrativas del orden nacional, departamental y municipal, siempre y cuando en ellos
no intervengan entidades o sujetos de derecho privado. Para efectos de esta exclusión, las
sociedades de economía mixta deberán tener como mínimo el 70% de capital público. (…)».
(Énfasis de la Sala).
Con fundamento en esta norma, la apelante asegura que tiene derecho a la
devolución de lo pagado a favor de la entidad demandada por concepto de las
mencionadas estampillas, puesto que tiene la condición de una “organización indígena
de derecho público”, a la luz de los Decretos 1088 de 1993 y 2500 de 2010, tal y como
se desprende de su certificado de existencia representación legal. De ahí que
estuviera exento de estos tributos el “Contrato de Administración del Servicio Educativo en
los Centros Etnoeducativos Nro. 007 de 2016”.
En esas condiciones, la Sala realizará un recuento del marco normativo que regula
la suscripción de los contratos de administración de la atención educativa por parte
de las entidades territoriales para garantizar el derecho a la educación en el marco
del proceso de construcción e implementación del sistema educativo indígena
propio (SEIP). Lo anterior, con especial énfasis en las entidades que pueden suscribir
esta clase de contratos, pues ello resulta de suma importancia para resolver este
caso concreto, lo cual se constatará con el material probatorio obrante en el
plenario, en particular, el certificado de existencia y representación de la apelante
(el cual, según la actora, no fue valorado por el a quo).
1. De los contratos de administración de la atención educativa para
garantizar el derecho a la educación en el marco del proceso de
construcción e implementación del SEIP y las entidades que pueden
suscribirlos
La Constitución Política de 1991 tiene como uno de sus pilares fundamentales el
reconocimiento del carácter pluralista del Estado y, en consecuencia, la
reivindicación y protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación
Colombiana. Puntualmente, el carácter pluralista, se extrae del artículo 7 ibidem que
le impone al Estado el deber de proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación,
y del principio a la igualdad (artículos 13 y 70 ibidem), particularmente, entre las distintas
culturas, el cual, por un lado, prohíbe la discriminación frente a la ley y, de otro,
obliga al Estado a adoptar medidas afirmativas a favor de grupos vulnerables o
personas en condición de debilidad manifiesta.
Los artículos 13 y 70 de la Carta fundamentan el derecho especial a la
etnoeducación y mencionan aspectos muy relevantes relacionados al idioma y la
relación de la educación con la igualdad, la cultura, el respeto por la identidad étnica
de los pueblos, así como el valor de la diversidad y la diferencia en la construcción
de la identidad nacional. De acuerdo con la Sentencia SU-245 de 2021 de la Corte
Constitucional, diferentes normas y estándares del derecho internacional de los
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derechos humanos, contenidos en el Convenio 169 de 1989 de la OIT y la
Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007,
complementan la compresión del derecho a la etnoeducación. Puntualmente, de
acuerdo con estas normas, «los pueblos étnicos, al igual que sus integrantes, son titulares del
derecho a la etnoeducación. Este derecho es indispensable para la pervivencia y subsistencia de los
pueblos; preserva la identidad cultural; busca superar desigualdades y discriminaciones
estructurales y constituye manifestación esencial de su autonomía» 8.
En el marco de lo anterior, el Decreto 2500 de 2010 reglamentó transitoriamente la
contratación de la administración de la atención educativa por parte de las entidades
territoriales certificadas con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas,
asociación de autoridades tradicionales indígenas, y organizaciones
indígenas para garantizar el derecho a la educación propia en el marco del proceso
de construcción e implementación del sistema educativo indígena propio SEIP.
Si bien esta normativa no trae una definición de las señaladas entidades, la
naturaleza jurídica de las mismas se infiere de su artículo 3, que precisó la
modalidad de selección de los contratos de administración de la atención educativa,
así:
a) “Si el contratista es una autoridad indígena, el proceso de selección se surtirá de acuerdo
con lo establecido en el literal c del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007”9.
Normativa que se refiere a los contratos interadministrativos10, esto es, el
suscrito entre personas jurídicas públicas.
b) “Si el contratista es una organización indígena representativa de uno o más pueblos
indígenas, el proceso de selección se surtirá de acuerdo con lo establecido en el literal h del
numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007”. Disposición que se refiere a la
contratación de la Administración Pública con personas naturales11.
En otras normativas, se encuentran definiciones de los conceptos de cabildos,
autoridades tradicionales indígenas y asociación de cabildos y/o autoridades
tradicionales indígenas, esto es, en el artículo 2.14.7.1.2. del Decreto 1071 del
201512 (compilatorio del Decreto 2164 de 199513) y en el Decreto 1088 de 199314, así15:
• Autoridad tradicional: Las autoridades tradicionales son los miembros de una
comunidad indígena16 que ejercen, dentro de la estructura propia de la respectiva
cultura, un poder de organización, gobierno, gestión o control social.
8 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-245 de 2021. M.P. Diana Fajardo Rivera.
9 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se
dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.
10 Ley 1150 de 2007. “Artículo 2: (...) 4. Contratación directa (...) c) <Inciso 1o. modificado por el artículo 92 de
la Ley 1474 de 2011. Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo
tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. (...)”.
11 Ley 1150 de 2007. “Artículo 2: (...) 4. Contratación directa (...) h) Para la prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan
encomendarse a determinadas personas naturales; (...)”
12
«Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario,
Pesquero y de Desarrollo Rural».
13 Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994 en lo relacionado con la
dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación
y saneamiento de los Resguardos Indígenas en el territorio nacional.
14 Por el cual se regula la creación de las asociaciones de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas.
15 Sobre las definiciones trascritas, además de las normas, ver la sentencia de acción de tutela: Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 5 de marzo de 2020. Exp.
76001-23-33-000-2019-00819-01. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
16 Según el artículo 2.14.7.1.2. del Decreto 1071 del 2015, las comunidades o parcialidades indígenas son «el
grupo o conjunto de familias de ascendencia amerindia, que tienen conciencia de identidad y comparten
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• Cabildo indígena: Es una entidad pública especial cuyos integrantes son
miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por está, con una
organización socio-política tradicional, cuya función es representar legalmente a la
comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes,
sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad.
• Asociación de cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas: los cabildos y/o
autoridades tradicionales indígenas, en representación de sus respectivos territorios
indígenas17, podrán formar asociaciones. Estas asociaciones son entidades de
Derecho Público de carácter especial, con personería jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa.
Conforme con el artículo 5 del Decreto 1088 de 1993, si bien dichas asociaciones
requieren para su constitución la simple manifestación escrita del cabildo o autoridad
tradicional indígena, una vez se encuentren conformadas, deben registrarse en la
Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y ROM del Ministerio del Interior como
presupuesto para que la organización “pueda empezar a desarrollar sus actividades”, en
concordancia con el artículo 11 ibidem18.
Observa la Sala que para el momento de la suscripción del contrato, es claro que
las organizaciones indígenas ya tenían la condición de entidades de derecho
privado, como se constata en la modalidad de contratación prevista en el Decreto
2500 de 2010 (reglamentario de la contratación de la administración de la atención educativa),
que para este tipo de organizaciones, se refirió a la regulación de la contratación de
la Administración Pública con personas naturales.
Lo que además se corrobora en la Resolución Nro. 018858 del 11 de diciembre de
2018, expedido por el Ministerio de Educación Nacional19, en el que se precisa que
las organizaciones indígenas son entidades sin ánimo de lucro:
“5.1. Para efectos de los lineamientos establecidos en la presente norma se entiende por las
autoridades indígenas, cabildos, resguardos y asociaciones de autoridades tradicionales, en su
calidad de entidades públicas de carácter especial y las organizaciones indígenas en su
condición de entidades sin ánimo de lucro, actúan como apoyo de las entidades territoriales,
para que estas puedan prestar el servicio de alimentación escolar de manera pertinente en el
marco del respeto a la diversidad étnica y cultural.(...) aplicando las modalidades de selección
establecidas en el artículo 3 del Decreto 2500 de 2010”
Ahora, las entidades sin ánimo de lucro creadas para adelantar actividades en
comunidades indígenas se encuentran reguladas en el Decreto 1407 de 199120. A
la luz del artículo 1 de ese Decreto, el reconocimiento, suspensión y cancelación de
la personería jurídica de este tipo de entidades sin ánimo de lucro corresponde a la
Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno (ahora del Interior), cuando
son del orden nacional, a las gobernaciones, cuando son de carácter departamental,
o a los distritos, intendencias y comisarías, cuando son de carácter local.
valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como formas de gobierno, gestión, control social o
sistemas normativos propios que la distinguen de otras comunidades, tengan o no títulos de propiedad, o
que no puedan acreditarlos legalmente, o sus resguardos fueron disueltos, divididos o declarados vacantes».
17 De acuerdo con el artículo 2.14.7.1.2. del Decreto 1071 del 2015, los territorios indígenas son «Las áreas
poseídas en forma regular y permanente por una comunidad, parcialidad o grupo indígenas y que, aunque
no se encuentren poseídas en esa forma, constituyen el ámbito tradicional sus actividades sociales,
económicas y culturales».
18 Modificado por el art. 35 Ley 962 de 2005.
19 Por las cual se expiden los Lineamientos Técnicos – Administrativos, los Estándares y las Condiciones
Mínimas del Programa de Alimentación Escolar- PAE para Pueblos Indígenas.
20 «por el cual se reglamenta el reconocimiento, suspensión y cancelación de personería jurídica a las
fundaciones y corporaciones de carácter nacional, regional y local que desarrollen actividades relacionadas
con las comunidades indígenas».
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Por su parte, el artículo 32 del Decreto 1407 de 1991 prevé que la inspección y
vigilancia de las entidades sin ánimo de lucro creadas para adelantar actividades en
comunidades indígenas será ejercida a nivel nacional por el Ministerio de Gobierno
(hoy del Interior) y a nivel departamental por los gobernadores.
Y, con ocasión de la expedición del Decreto 427 de 199621, reglamentario del
Decreto Ley 2150 de 199522, el registro de esta clase de personas sin ánimo de
lucro está a cargo de las Cámaras de Comercio23.
A partir de este recuento normativo no queda duda para la Sala de que, al momento
de la celebración del Contrato de Administración del Servicio Educativo en los Centros
Etnoeducativos Nro. 007 del año 2016, cuando el Decreto 2500 de 2010 señalaba a
organizaciones indígenas, se refería a las entidades privadas sin ánimo de lucro
creadas para adelantar actividades en comunidades indígenas.
La posición de la Sala se refuerza si se tiene en cuenta que, para la celebración del
contrato de administración de la atención educativa, el artículo 7 del Decreto 2500
de 2010 establecía que los contratistas debían contar con la certificación de ser
autoridad indígena o asociación de autoridades indígenas expedida por la Dirección
de Asuntos Indígenas, Minorías y ROM del Ministerio del Interior (lo cual era aplicable
para los cabildos y asociación de cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas), o «estar
debidamente registrado en Cámara de Comercio y tener el aval de las autoridades indígenas
respectivas para los casos que no estén acogidos en el decreto 1088 de 1993». (Subrayado de la
Sala). Todo lo cual le era aplicable a las entidades sin ánimo de lucro creadas para
adelantar actividades en comunidades indígenas que, como se vio, debían estar
registradas en la Cámara de Comercio y no estaban acogidas en el Decreto 1088
de 1993, por ser diametralmente diferentes a las asociaciones de cabildos y/o
autoridades tradicionales indígenas.
2. Caso concreto: la Organización Wayuu Painwashi es una entidad privada
sin ánimo de lucro. Por lo tanto, el “Contrato de Administración del Servicio
Educativo en los Centros Etnoeducativos Nro. 007 de 2016” no estaba exento de
estampillas en el Departamento de La Guajira
Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que en el expediente aparecen
probados los siguientes hechos:
• En el certificado de existencia y representación legal o de inscripción de documentos,
expedido por la Cámara de Comercio de La Guajira el 27 de enero de 202024, se
informó lo siguiente frente a la apelante:
«Con fundamento en las inscripciones del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro y de la
Economía Solidaria,
CERTIFICA
NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: ORGANIZACIÓN WAYUU PAINWASHI
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO
21 Decreto 427 de 1996. «Artículo 2. Conforme a lo dispuesto por los artículos 40 a 45 y 143 a 148 del Decreto
2150 de 1995 se registrarán en las Cámaras de Comercio las siguientes personas jurídicas sin ánimo de
lucro: (...) 11. Corporaciones, asociaciones y fundaciones creadas para adelantar actividades en
comunidades indígenas».
22 Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública.
23 Sobre este asunto, ver Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 14 de junio de
2023. Radicado: 11001030600020220023000. C.P. María del Pilar Bahamón Falla.
24 Fls. 99 a 103.
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CATEGORÍA: PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL (…)
ACTIVIDAD PRINCIPAL: P8560 – ACTIVIDADES DE APOYO A LA EDUCACIÓN
ACTIVIDAD SECUNDARIA: S9499 – ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.(…)
OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN WAYUU PAINWASHI ES
TRABAJAR EN PROCURA DEL ANAAS (BIENESTAR) DE LAS COMUNIDADES, EN
EQUILIBRIO Y EN ARMONÍA CON LA MADRE TIERRA, ABARCANDO LOS ASPECTOS
SOCIALES, ECONÓMICOS, CULTURALES, EDUCATIVOS, DE SALUD, POLÍTICO
AMBIENTAL Y TERRITORIAL. (…) 1.- LUCHARÁ POR EL RECONOCIMIENTO, DEFENSA
Y PROTECCIÓN DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS ANCESTRALES Y POR LA
RECUPERACIÓN DE LAS TIERRAS USURPADAS, QUE SON DE PROPIEDAD COLECTIVA
DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS; 2.- EJERCERÁ EL CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN
DE LOS RECURSOS NATURALES A TRAVÉS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
ASENTADAS Y CON ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL DONDE EXISTEN TALES; 3.-
RECURSOS; PROPENDRÁ POR LA DEFENSA DE LA HISTORIA PROPIA, CULTURA Y
TRADICIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS; 4.- LUCHARÁ PARA QUE LA
EDUCACIÓN QUE SE IMPARTA EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS SEA PROPIA,
BILINGÜE E INTERCULTURAL Y ESTÉ BAJO EL CONTROL DE LOS ALAULAYU Y SUS
ORGANIZACIONES (…) ». (Énfasis del original y subrayado de la Sala).
• En el mismo documento, la Cámara de Comercio informó:
«POR OTROS DEL 07 DE OCTUBRE DE 1997 DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO,
REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 323 DEL LIBRO I
DEL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO EL 10 DE OCTUBRE DE 1997, SE
INSCRIBE: LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURÍDICA DENOMINADA ORGANIZACIÓN
WAYUU PAINSWASHI. (…)
QUE LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO OBTUVO SU PERSONERÍA JURÍDICA EL 10 DE
AGOSTO DE 1992 BAJO EL NÚMERO 00000000000000001525 OTORGADA POR
Secretaría de Gobierno (…)
ENTIDAD QUE EJERCE LA FUNCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL:
GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA». (Subrayado de la Sala).
• El 29 de febrero de 2016, el Distrito de Riohacha celebró el “Contrato de Administración
del Servicio Educativo en los Centros Etnoeducativos Nro. 007 ”25 con la Organización
Wayuu Painwashi, cuyo objeto consistía en la administración del servicio educativo
en los centros etnoeducativos Nro. 8, 12 y 15 del Distrito de Riohacha para la vigencia
2016. En el considerando 12 de este Contrato se estableció lo siguiente:
«(…) 12- Que en virtud de lo anterior, la (sic) LA ORGANIZACIÓN WAYUU PAINWASHI
cumple con todos los requisitos técnicos, profesionales y jurídicos para administrar el servicio
etnoeducativo, siendo esta una entidad sin ánimo de lucro» (…). (Subrayado de la Sala).
Por su parte, en la Cláusula vigésima séptima se expuso que: «EL CONTRATISTA, por ser
una entidad (…) sin ánimo de lucro (…)». (Subrayado de la Sala).
• Adjunto al recurso de apelación, la apelante anexó las resoluciones por medio de las
cuales se le reconoció personería jurídica, y solicitó tener como prueba. Empero, por
auto del 18 de diciembre de 202326, el Despacho sustanciador de este proceso negó
el decreto de tales pruebas, decisión que quedó en firme por no ser impugnada. Por
consiguiente, no serán valoradas por la Sala.
De la valoración del material probatorio, la Sala considera que el cargo de apelación
no está llamado a prosperar. De ahí que haya lugar a confirmar la sentencia
impugnada, que denegó las pretensiones encaminadas a obtener la nulidad de los
actos administrativos enjuiciados.
En primer lugar, porque, la condición de entidad privada sin ánimo de lucro creada
para llevar a cabo actividades en comunidades indígenas de la apelante surge
25 Fls. 12 a 18.
26 Índice 12 de Samai.
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evidente del certificado de existencia y representación legal o de inscripción de
documentos, expedido por la Cámara de Comercio de La Guajira, documento que
también informa que su constitución, reconocimiento de personería jurídica e
inspección vigilancia y control estuvo y está a cargo del Departamento de La
Guajira. Todo lo cual es propio de las entidades sin ánimo de lucro creadas para
llevar a cabo actividades en comunidades indígenas, tal y como se vio en el
apartado anterior de esta providencia, conforme a los Decretos 1407 de 1991 y 427
de 1996.
Adicionalmente, la naturaleza de entidad privada sin ánimo de lucro de la parte
apelante aparece acreditada en el Contrato de Administración del Servicio Educativo en
los Centros Etnoeducativos Nro. 007 del 26 de febrero de 2016, suscrito entre el Distrito
de Riohacha y la Organización Wayuu Painwashi.
En segundo lugar, no le asiste razón al apelante, cuando afirma que es una entidad
de derecho público por ser una “organización indígena”, en la medida que
independientemente de que tuviera o no esa condición, como se explicó en el
acápite anterior, las organizaciones indígenas son personas jurídicas de derecho
privado. De manera que, aun en el caso de que hubiere actuado en el contrato como
una organización indígena, no hay lugar a la exclusión de las estampillas, por no
tratarse de una entidad pública.
Además, si bien es cierto que el Decreto 2500 de 2010 faculta a las entidades
territoriales para contratar la etnoeducación con organizaciones indígenas, esa
normativa no les otorga la condición de entidad pública, por el contrario, remite tales
organizaciones a la regulación de contratación de la Administración Pública con
personas naturales.
Tampoco es de recibo como lo sostiene el apelante en cuanto a que la Organización
Wayuu Painwashi está cobijada con el Decreto 1088 de 1993, porque para la época
de los hechos, esa norma regulaba la creación de la asociación de cabildos y/o de
autoridades tradicionales indígenas y solo estableció la condición de entidades de
derecho público de carácter especial frente a tales entidades.
En todo caso, como lo advirtió el Tribunal, en el expediente no existe prueba alguna
de que la apelante se hubiere constituido por manifestación escrita del cabildo o
autoridad tradicional indígena, que se encuentre conformada por cabildos y/o
autoridades tradicionales indígenas, ni tampoco que esté registrada en la Dirección
de Asuntos Indígenas, Minorías y ROM del Ministerio del Interior. Todo lo cual se
requiere para que las organizaciones indígenas y las asociaciones de cabildos y/o
autoridades tradicionales indígenas desarrollen sus actividades.
En esas condiciones, en la medida en que la demandante es una persona jurídica
de derecho privado (entidad sin ánimo de lucro), no le es aplicable la exclusión prevista
en la letra a.) del artículo 330 de la Ordenanza Nro. 338 de 2014, proferida por la
Asamblea Departamental de La Guajira, en tanto que esa norma sólo es aplicable
para los actos, contratos o convenios celebrados entre entidades públicas o
administrativas del orden nacional, departamental y municipal.
Finalmente, la Sala pone de presente que en nada cambia la conclusión a la que se
arribó en esta providencia, el hecho que el Distrito de Riohacha, en respuesta a la
petición de devolución elevada por la apelante el 22 de noviembre de 201827, haya
27 Fls. 19 a 25.
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señalado en el acto administrativo (sin número) del 7 de diciembre de 201828 (que no
fue demandado), que la devolución era «jurídicamente procedente», pero comoquiera que
sólo actuó como un «simple agente retenedor, esta Oficina solicitará el ente departamental se
sirva proceder a resolver de fondo su solicitud». Esto es así, porque las consideraciones de
la administración no son vinculantes para el Consejo de Estado, en su condición de
máxima autoridad de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Aunque lo expuesto es más que suficiente para negar el cargo de apelación, la Sala
pone de presente que, incluso si, en gracia de discusión, la apelante tuviera la
condición de organización indígena o de una asociación de cabildos y/o de
autoridades tradicionales indígenas (que no la tiene, como se dejó claro), el contrato
suscrito entre ella y el Distrito de Riohacha tampoco estaría exento del pago de
estampillas en el Departamento de La Guajira.
Lo anterior, porque la letra a.) del artículo 330 de la Ordenanza Nro. 338 de 2014
se refiere a contratos celebrados entre entidades públicas o administrativas del
orden nacional, departamental y municipal, que hacen parte de la estructura
orgánica de la Administración Pública, condición que no ostentan las organizaciones
indígenas como se expuso anteriormente (por tratarse de entidades privadas sin ánimo de
lucro), como tampoco las asociaciones de cabildos y/o de autoridades tradicionales
indígenas, en los términos del Decreto 1088 de 199329.
Al respecto, si bien esa normativa define los cabildos y autoridades tradicionales
indígenas como «entidades de Derecho Público de carácter especial», lo cierto es que la
Corte Constitucional en el Auto 738 de 202230 (que reitera el Concepto con Radicado No.
1297 del 14 de diciembre de 2000, de la Sala de Consulta del Consejo de Estado) , sostuvo
respecto de la definición de entidad pública especial:
«Según lo señalado en el artículo 2º del Decreto 1088 de 1993, la naturaleza jurídica de las
Asociaciones Tradicionales de Autoridades Indígenas son entidades de Derecho Público de
carácter especial. (...)
Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-508 de 1997 determinó que el cabildo
indígena es una entidad atípica siendo una de las autoridades de los pueblos indígenas de los
que se encuentran aludidos en el artículo 246 de la Constitución. En consecuencia, esta
Corporación afirmó que “[s]i bien por razones técnicas y sistemáticas toda organización
administrativa debería concebirse sobre la base de tipos definidos de entidades, la dinámica
y las cada vez más crecientes y diversas necesidades del Estado no hacen posible la
aplicación de esquemas de organización estrictamente rígidos; en ciertas circunstancias surge
la necesidad de crear entidades con características especiales que no corresponden a ningún
tipo tradicional
Por su parte, la Sala de Consulta del Consejo de Estado, mediante Concepto con Radicado
No. 1297 del 14 de diciembre de 2000, señaló que el alcance del concepto de entidad pública
especial establecida en el artículo 2º del Decreto 1088 de 1993 “debe armonizarse con las
funciones atribuidas a los Cabildos en la Ley 89 de 1890, las cuales no tienen el carácter de
públicas, ni forman parte de la estructura orgánica de la administración pública, pues
tales atribuciones se remiten a regular asuntos estrictamente internos de las comunidades
indígenas; tal calificación persigue sustraerlas de la esfera de lo privado para colocarlas en la
de lo público, con las prerrogativas que ello implica, especialmente el reconocimiento pleno
por el Estado y los particulares, de las autoridades indígenas y de sus atribuciones de
autogobierno». (Subrayado y negrilla de la Sala).
28 Fls. 26 a 27.
29 Artículo 2.- Naturaleza Jurídica. Las asociaciones de que trata el presente Decreto (se refiere a los Cabildos
y/o Autoridades Tradicionales Indígenas y asociaciones), son entidades de Derecho Público de carácter
especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.
30 M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar
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En esas condiciones, los cabildos o autoridades tradicionales indígenas que
representan a sus comunidades y territorios indígenas, al igual que sus
asociaciones, no son entidades públicas o administrativas del orden nacional,
departamental y municipal a las que se refiere el artículo 330 de la Ordenanza Nro.
338 de 2014, pues para ello tendrían que hacer parte de la estructura orgánica de
la Administración Pública.
Por el contrario, son una entidad pública especial o atípica, que constituye una de
las autoridades de los pueblos indígenas a las que alude el artículo 246 de la
Constitución Política, con poder de ordenación, cuyo ámbito de aplicación se
restringe al territorio indígena, con plena autonomía, y cuyo poder proviene de la
organización interna de la colectividad étnica, reconocida por el Estado.
A partir de todo lo expuesto, el recurso de apelación no prospera. Así las cosas, la
Sala confirmará la sentencia impugnada que negó las pretensiones de la demanda,
por las razones expuestas en esta providencia.
3. Costas
A la luz de los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y 365 (numeral 8) del Código General del Proceso, no
habrá́ condena en costas (gastos del proceso y agencias en derecho) en esta
instancia, por no encontrarse probadas en el expediente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA
1. Confirmar la sentencia del 29 de septiembre de 2021, dictada por el Tribunal
Administrativo de La Guajira, por las razones expuestas en esta providencia.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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