Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 44001-23-40-000-2019-00150-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 44001-23-40-000-2019-00150-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 44001-23-40-000-2019-00150-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
3 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 44001-23-40-000-2019-00150-01
Demandantes: PROCURADORES 42, 91 Y 202 JUDICIALES PARA ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS DE LA GUAJIRA
Demandados: NACIÓN - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO,
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y DISTRITO
ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA
Referencia: Facultades del juez popular respecto del análisis de la legalidad de los actos
administrativos. La tipología contractual elegida por el Distrito de Riohacha
para la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado
pone en peligro de riesgo el acceso, cobertura y eficiencia de tales servicios.
Carencia actual de objeto por hecho superado
Sentencia de segunda instancia
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por los demandantes
en contra de la sentencia de 20 de mayo de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de La Guajira.
I. Antecedentes
I.1. La demanda
1. Los ciudadanos Pilar Medina Olmos, Edwin José López Fuentes y Víctor Sierra
Deluque, en su condición de Procuradores Judiciales 42, 91 y 202 para Asuntos
Administrativos de La Guajira, respectivamente, y en ejercicio de la acción popular
establecida en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por las leyes
472 de 19981 y 1437 de 20112, demandaron al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Distrito Especial,
Turístico y Cultural de Riohacha, con miras a obtener la protección de «los
derechos colectivos contemplados en los literales e, n, y ultimo inciso del artículo 4
de la Ley 472/98», presuntamente vulnerados por el Acuerdo 024 de 16 de agosto
de 2019, por medio del cual el Concejo Municipal de Riohacha autorizó al alcalde
distrital para que constituyera una sociedad de economía mixta organizada como
E.S.P. para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.
1 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de
las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
2 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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Demandante: Procuradores 42, 91 y 202 Judiciales Administrativos
2. En su libelo petitorio, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
[…] “PRIMERO. - Se amparen los derechos colectivos contemplados en los
literales e, n, y ultimo inciso del artículo 4 de la Ley 472/98.
SEGUNDO. - Que consecuencialmente, se impartan las siguientes órdenes:
2.1 Se suspendan los efectos del acuerdo 024 del 16 de agosto de 2019 (…)
hasta tanto, la justicia contenciosa, no defina de manera definitiva el medio de
control de nulidad en contra del mencionado instrumento.
2.2 Se ordene a los demandados, vencidos en juicio, en virtud del principio de
coordinación y colaboración, adelantar todas las medidas que sean del caso,
en el marco de sus competencias, para darle cumplido acatamiento al artículo
34 de la ley 1508/12, vale decir, que el ente territorial, en su conjunto, con la
asistencia técnica del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, prepare, a la
mayor brevedad posible, si no lo hubiere hecho, el estudio que le permita tomar
la decisión que más se acompase con la realidad en la prestación de los
servicios domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el Distrito Especial,
Turístico y Cultural de Riohacha, lo que incluye, indefectiblemente, en sana
lógica que el Alcalde presente, a la mayor brevedad posible un proyecto de
Acuerdo ante el Concejo Distrital que derogue en su integridad el Acuerdo
024/19 y se expida una nueva regulación que se acompase no solo con las
normas superiores sino con las necesidades específicas del Distrito.
2.3 Se ordene al Distrito de Riohacha facilite la participación de los usuarios en
el desarrollo y control del sector de servicios públicos domiciliarios y no
domiciliarios, promoviendo, si no lo hubiere hecho, la creación de los Comités
de desarrollo y control social, en los términos del artículo 62 y 66 de la Ley
142/94.
2.4 Se ordene al Concejo Distrital de Riohacha cumplir la Ley 1712/1416, y la
Resolución 009/15.
2.5. Se ordene a los demandados, vencidos en juicio, la constitución de una
garantía bancaria o una póliza de seguros mediante la cual se garantice el
cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia definitiva, de
conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 472/98.
TERCERO-. Se ordene la integración de un Comité de Vigilancia, verificación
y Seguimiento en los términos previstos en el artículo 34 de la Ley 472/98. En
este sentido, sugerimos la siguiente integración i) un Magistrado designado
para el efecto por la Sala Plena del Tribunal Administrativo; ii) los demandados
vencidos en juicio; iii) la Procuraduría General de la Nación, como
representante del Ministerio Público. iv) El personero municipal v) Un Comité
de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios o quien haga
sus veces en el Distrito o en su defecto una veeduría local o regional.
CUARTO-. DESIGNAR a la Defensoría del Pueblo para que vigile el
cumplimiento de la sentencia que resuelva la presente acción.
QUINTO. - ENVÍESE a la Defensoría del Pueblo copia de la demanda, del auto
admisorio de la misma y del fallo que se profiera, conforme lo señala el artículo
80 de la Ley 472 de 1998 […].
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Demandante: Procuradores 42, 91 y 202 Judiciales Administrativos
3. Como respuesta al requerimiento efectuado por el a quo en el auto admisorio, la
parte actora precisó la pretensión 2.1. en los siguientes términos:
[…] 2.1. Se suspendan los efectos del acuerdo 024 del 16 de agosto de 2019
que autoriza al alcalde de Riohacha para la constitución de una sociedad de
economía mixta organizada como E.S.P., en los términos de la Ley 142 de 1994,
para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado en el Distrito. […]
4. Como fundamento de la demanda, indicó que el distrito de Riohacha el 4 de
octubre de 2000 suscribió con la empresa Aguas de La Guajira S.A. E.S.P., -hoy
Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P.-, un contrato de
operación del servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado por un plazo
de veinte (20) años, el cual finalizó el 1º de diciembre de 2020.
5. Mencionaron que, mediante Acuerdo 032 de 28 de diciembre de 2018, el Concejo
concedió «al ejecutivo autorizaciones encaminadas al adelantamiento de las
gestiones administrativas, técnicas y logísticas necesarias para garantizar la
continuidad y calidad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado, una vez venza el plazo del contrato actualmente vigente, a través de
la realización de los estudios que demuestren la conveniencia o inconveniencia de
concesionar estos servicios con un operador constituido en la forma establecida por
la ley 142/94».
6. Relataron que, en cumplimiento de lo anterior, el «Alcalde suscribió el 1º de marzo
de 2019 y con un plazo de ejecución de 3 meses, el contrato interadministrativo
086/19 con la sociedad de economía mixta puerta de oro empresa de desarrollo
caribe SAS, cuyo objeto era la asesoría y acompañamiento financiero, técnico y
jurídico para la definición del esquema de prestación de servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el distrito».
7. Comentaron que, en el mes de julio de 2019, «el consultor entrega su informe,
concluyendo que una vez revisadas las diferentes alternativas para encauzar la
forma cómo se prestará el servicio, el mecanismo seleccionado correspondía al de
empresa de servicios públicos con participación pública y privada a manera de
sociedad de economía mixta».
8. Puntualizaron que, en razón a lo anterior, «el 8 de agosto de 2019 el alcalde
presentó el Proyecto de Acuerdo que fue radicado con el número 028/19, junto con
la correspondiente exposición de motivos, anexando el anterior informe como
“Estudio de viabilidad exigido en el artículo 69 de la Ley 489 de 1998”».
9. Refirieron que el «Concejo Distrital mediante Acuerdo 024 del 16 de agosto de
2019 autorizó al Alcalde para la constitución de una sociedad de economía mixta
organizada como E.S.P., en los términos de la Ley 142/94, el cual, según constancia
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Demandante: Procuradores 42, 91 y 202 Judiciales Administrativos
de la Secretaría General del Concejo sufrió sus dos debates legales los días 12 y
16 de agosto de 2019, fue sancionado por el alcalde el 20 de agosto de la misma
anualidad y según constancia de fecha 22 de agosto de 2019, rubricada por la
Gerente de la emisora UNIGUAJIRA ESTEREO 89.3 FM, durante el interregno del
12 al 22 de agosto de 2019, se difundió y notificó el mencionado instrumento».
10. Manifestaron que: «la Procuraduría 42 Judicial II Administrativa, mediante Oficio
PJA 492 del 16 de septiembre de 2019, dentro del Proyecto de Gerencia Jurídica y
Eficiencia Institucional, requirió la realización de una mesa de trabajo con los
funcionarios de mayor nivel jerárquico de ese ente territorial y el presidente del
concejo con la concurrencia obligatoria del Alcalde Distrital, para el día jueves 26 de
septiembre de 2019, a las 2:30 pm, para examinar, entre otros temas, el acuerdo
024/19». En dicha sesión solo estuvo presente el jefe de control interno del ente
territorial.
11. También explicaron que el Acuerdo acusado desconoce nueve (9) aspectos del
procedimiento previsto para la expedición del acto, e incurre en dos (2) vicios
sustanciales.
12. Respecto de la transgresión de Ley 136 de 1994, y de las pautas previstas en el
Reglamento Interno del Concejo Distrital para la expedición del Acuerdo 024,
sostuvieron que: «todo proyecto para ser acuerdo, debe cumplir los siguientes
requisitos: 1). Aprobación en primer debate en la comisión respectiva (inc. 1º art.
73 Ley 136/94); 2). Aprobación en segundo debate en la plenaria de la corporación.
(inc. 2º art. 73 Ley 136/94); 3). Sanción ejecutiva por parte del alcalde. (art. 76 Ley
136/94); 4). Publicación o promulgación en el medio oficial. (art. 81 Ley 136/94)».
13. A partir de lo anterior, en primer lugar citaron como transgredidos los artículos 25
y 73 de la Ley 136 de 1994 y los artículos 51, 52, 54, 56, 57, 58, 88 y 92 del
Reglamento Interno del Concejo del Distrito, «como quiera que el primer debate (…)
no fue aprendido por la comisión competente como señala la norma superior, (…)
esto es, por la Comisión Tercera Permanente de Gobierno».
14. En segundo lugar, mencionaron que, de conformidad con el artículo 56 del
reglamento interno, «debió convocarse a sesión conjunta por el presidente de la
corporación, quien además presidirá esta sesión, empero, ello no se verificó en este
caso, como quiera que las sesiones conjuntas se integran por dos comisiones, no
por tres, como en este caso se evidenció y además del Acta del 12 de agosto/19, no
se constata que el presidente de la corporación hubiere convocado para este tipo de
sesión, ni mucho menos que las hubiere presidido».
15. En tercer lugar, afirmaron que el artículo 88 del reglamento interno y el artículo
150 de la Ley 5 de 1992 no autorizan a «designar tres ponentes, uno por cada
comisión permanente, máxime cuando se designa un integrante de la Comisión 1ra
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Demandante: Procuradores 42, 91 y 202 Judiciales Administrativos
de Presupuesto y de Asuntos Fiscales, cuyas funciones, se repite, no se relación ni
siquiera indirectamente con el proyecto de Acuerdo 028/19, sino que los ponentes
plurales designados deben ser, necesariamente, de la misma comisión o en su
defecto de la comisión conjunta, que como se dijo está compuesta por dos
comisiones no por tres».
16. En cuarto lugar, señalaron que el Consejo de Estado ha declarado la nulidad de
aquellos actos de los concejos municipales que quebrantan el artículo 25 de la Ley
136 de 1994, debido a que las comisiones permanentes de los concejos son las
encargadas de rendir el informe del primer debate de los proyectos de acuerdo,
resaltando que dicho vicio procedimental se materializa en este caso porque «el
proyecto de Acuerdo 028/19, en su primer debate, fue votado y aprobado por los la
totalidad de los concejales».
17. Enquinto lugar, advirtieron que el acto acusado desconoce el principio de
consecutividad enunciado en el artículo 157 de la Constitución Política «teniendo en
cuenta que el tercer inciso del artículo 73 de la Ley 136/94 señala que los proyectos
de acuerdo deben ser sometidos a consideración de la plenaria de la corporación 3
días después de su aprobación en la comisión respectiva, al no haberse, surtido el
primer debate en la Comisión Tercera Permanente de Gobierno en la forma
reglamentaria como se dijo, esta hipótesis normativa es de imposible cumplimiento,
como quiera que el principio de consecutividad determina que la validez de cada una
de las etapas del procedimiento para la formación de los actos».
18. En sexto lugar, adujeron que, durante el segundo debate, « se vulneraron las
reglas previstas en los artículos 88 parágrafo 3º y 92 del Reglamento Interno »
porque esa plenaria requería de una ponencia propia.
19. En séptimo lugar, afirmaron que las actuaciones del Concejo Distrital no se
desarrollaron de conformidad con los principios de transparencia, publicidad y
participación democrática, porque el proyecto de acuerdo y las actas de las sesiones
no se publicaron en la página web de la Corporación, a pesar de lo exigido por el
artículo 209 de la Constitución, por el artículo 3 de La Ley 1437 de 2011, por el
artículo 5 de la Ley 136 de 1994 y por el artículo 30 de la Resolución 009 de 20153.
Es más, «El Concejo omitió publicar el Acuerdo 024/19, en su medio de difusión
más eficaz, como lo es su página web y subsidiariamente, tampoco lo hizo en la
página web del Distrito».
20. En octavo lugar, afirmaron que «el trámite del proyecto de acuerdo 028/18, debió
el Concejo Distrital convocar a una sesión abierta, en aras de que los interesados
3 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL CODIGO DE BUEN GOBIERNO PARA LOS SERVIDORES
PUBLICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIOHACHA PRINCIPIOS, VALORES Y POLITICAS ETICAS DE
LA CORPORACION”
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Demandante: Procuradores 42, 91 y 202 Judiciales Administrativos
tuvieran acceso a esa instancia de decisión representativa», tal y como lo señala el
artículo 74 de la Ley 1757 de 2015, el artículo 77 de la Ley 136 de 1994 y los
artículos 230, 231 y 232 de la Ley 5 de 1992.
21. En noveno lugar, indicaron que el Concejo no desplegó el procedimiento de
consulta previa a las comunidades indígenas Wayuu, a pesar de que esa medida
administrativa afectaba el derecho fundamental al agua potable de los miembros de
aquella comunidad étnica residentes en el Distrito de Riohacha.
14.1. Encuanto a los aspectos sustanciales, aseveraron que la «autorización al
Alcalde para la constitución de una sociedad de economía mixta organizada como
E.S.P. conculca la ratio decidendi de la sentencia C-736 y el concepto 1815 de la
Sala de Consulta y Servicio Civil, bajo el entendido que en esas providencias las
dos altas corporaciones el unisonó que las empresa de servicios públicos mixtas no
son equiparables a las sociedades de economía mixta».
22. Igualmente, explicaron que: «con la expedición de la Ley 1508/12 y el Decreto
063/15 se buscó dejar a un lado esquemas flexibles en el cumplimiento de las metas
como eran los de la Ley 142/94, y que permitiesen la atracción de inversión privada
para la construcción, operación y/o modernización del sector de agua potable y
saneamiento básico y se establezcan mejores condiciones para los propósitos del
Estado».
23. En criterio de la parte actora, el esquema de las APP era más favorable porque
«los riesgos del proyecto son compartidos y/o transferidos (…) y en la APP de
iniciativa privada los particulares podrán estructurar proyectos de infraestructura
pública o para la prestación de sus servicios asociados por su propia cuenta y riesgo,
asumiendo la totalidad de los costos de la estructuración, y presentarlos de forma
confidencial y bajo reserva a consideración de las entidades estatales competentes».
24. A partir de lo anterior manifestaron que el esquema adoptado a través del acto
acusado transgrede el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público porque
«se opone a la ratio decidendi de la Sentencia C-736/07 y el concepto 1815 de la de
la Sala Consulta y Servicio Civil, que determinaron que las empresas de servicios
públicos mixtas no son equiparables a las sociedades de economía mixta, sino
porque es una realidad patente que las E.S.P no tienen y no podrían tener como
objeto principal el ánimo de lucro, sin perjuicio que en forma secundaria, por su
naturaleza societaria».
25. Finalmente, concluyeron que esa transgresión «también se extiende a los
derechos de los consumidores y usuarios y a la prestación eficiente de los servicios
domiciliarios de acueducto y alcantarillado, habida cuenta (…)que la asignación de
la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en
la capital del departamento de La Guajira por 30 años a una sociedad de economía
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Demandante: Procuradores 42, 91 y 202 Judiciales Administrativos
mixta cuya finalidad principal no será la prestación de los servicios públicos
anotados sino el ánimo de lucro, amenaza estos derechos colectivos, en virtud
a que la actuación desarrollada por los actores estatales locales se centra
en los terceros contratantes y en la libertad de empresa mas no en los
usuarios de estos servicios, lo que sin duda resulta incompatible con el Estado
social y democrático de Derecho que proclama la constitución, si se parte de la base
que los servicios públicos son inherentes a su finalidad social, uno de cuyos fines
esenciales es promover la prosperidad general, más no patrocinar intereses
específicos».
I.2. Actuación procesal en primera instancia
26. La magistrada del Tribunal Administrativo de La Guajira a cargo de la
sustanciación del proceso, mediante auto de 30 de octubre de 20194, admitió la
demanda y ordenó la notificación y el traslado correspondientes a las autoridades
demandadas para que contestaran, propusieran excepciones y solicitaran la
práctica de pruebas. Igualmente, ordenó notificar al agente del Ministerio Público y
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Además, dispuso comunicar
la acción de la referencia a los miembros de la comunidad.
27. En la misma providencia, se vinculó a la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico y a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.
28. En providencia de 30 de octubre de 2019, el Tribunal Administrativo de La
Guajira decretó la medida cautelar de urgencia solicitada por la parte demandante,
consistente en la suspensión de las actuaciones administrativas «que viene
adelantando el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha con el objeto de
seleccionar a un socio estratégico que constituirá con el Distrito de Riohacha una
sociedad de economía mixta para la prestación del servicio público domiciliario de
acueducto y alcantarillado».
29. Posteriormente, a través de auto de 28 de noviembre de 2019 5, el a quo resolvió
reponer el numeral 5° de la providencia de 30 de octubre de 2019, en el sentido de
desvincular del presente trámite a la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico.
I.3. Las contestaciones de la demanda
I.3.1. El apoderado judicial del Distrito Especial, Turístico y Cultural de
Riohacha, mediante escrito presentado el 25 de noviembre de 20196, contestó la
4 Ibid., folio 73.
5 Ibid., folios 350 a 353.
6 Ibid., folios 220 a 245.
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Demandante: Procuradores 42, 91 y 202 Judiciales Administrativos
demanda manifestando que resultaba irrelevante suspender los efectos del Acuerdo
024 de 2019, en tanto que este actualmente se encontraba suspendido.
Adicionalmente, dicho Distrito «no tiene la intención de reabrir el proceso hasta tanto
no se aclare por parte nuestra y por parte de la consultora Puerta de Oro, si el
vehículo jurídico más idóneo es constituir una sociedad en los términos
autorizados».
30. Adujo que: «no eran precisas las observaciones de la procuraduría en cuanto al
vehículo jurídico seleccionado. Una cosa es que se autorice la creación de una
sociedad de economía mixta en la que concurren capitales públicos y privados y
otra diferente la ubicación de dicha sociedad de economía mixta dentro de las
categorías establecidas en la Ley 142 de 1994 para la prestación de los servicios
públicos domiciliarios».
31. Sostuvo que es errado el planteamiento consistente en que la única alternativa
de prestación de los servicios es la figura de la Asociación Pública Privada -APP-
de iniciativa pública, puesto que son muchas las alternativas con las que cuenta un
municipio o distrito para abordar su responsabilidad legal de garantizar la prestación
eficiente de los servicios públicos.
32. Argumentó que: «no se advierte que por el hecho de que un ente territorial
seleccione una alternativa o vehículo para la prestación de los servicios de
acueducto y alcantarillado dentro del marco de alternativas que la ley, genere de
manera alguna afectación de los derechos colectivos ni del ambiente que pretende
proteger. Tampoco se advierte cuál es en concreto el derecho colectivo vulnerado».
33. Advirtióque los argumentos propuestos por la parte demandante debieron
ventilarse a través del medio de control de nulidad, y no mediante la acción popular.
I.3.2. El apoderado judicial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través
de escrito radicado el 21 de noviembre de 20217, manifestó que coadyuvaba la
prosperidad de las pretensiones de la demanda en consideración a que las
eventuales órdenes que se impartan estarían orientadas a garantizar el principio de
transparencia y la satisfacción del interés público de la población de Riohacha.
34. Advirtió que ese ente ministerial carece de legitimación en la causa por pasiva,
toda vez que no ha incurrido en omisión, por lo que solicitó su desvinculación del
presente trámite.
35. Anotó que, a través de oficio de 30 de septiembre de 2019, dirigido al Procurador
General de la Nación, puso en conocimiento la ausencia de garantías de las metas
de continuidad, cobertura y calidad en la prestación del servicio de agua y
7 Ibid., folios 327 a 330.
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Demandante: Procuradores 42, 91 y 202 Judiciales Administrativos
alcantarillado en el Distrito de Riohacha, en virtud del proceso de licitación LP-008-
2019.
I.3.3. La apoderada judicial de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, en escrito de 26 de noviembre de 20218, indicó que esa entidad
carece de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no le compete garantizar
la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios.
I.3.4. El apoderado judicial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio9, se
opuso a la prosperidad de las pretensiones, por considerar que esa cartera
ministerial no tiene injerencia en los hechos de la presente demanda, puesto que la
responsabilidad administrativa recae en el alcalde del Distrito de Riohacha.
36. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, por ser
competencia exclusiva del Distrito de Riohacha el asunto generador de la supuesta
vulneración de los derechos colectivos. También alegó que no existe relación de
solidaridad o causalidad entre su actor y la vulneración de los derechos colectivos,
dado que no tuvo injerencia en la situación fáctica a que alude la parte actora.
37. Sostuvo que la valoración de los activos y la correspondiente composición
accionaria que propone el Acuerdo 024, pone en riesgo el patrimonio público y
vulnera los principios que guían la contratación pública, ya que el ente territorial no
tuvo en cuenta el usufructo sobre sus activos ni el valor total de los mismos cuando
valoró los aportes estatales. Aunado a lo anterior, el municipio tendría una
participación nula en la toma de decisiones al adoptar el esquema de una sociedad
de economía mixta con una participación del 20%.
I.4. Audiencia de pacto de cumplimiento
38. La magistrada instructora del proceso, mediante auto de 2 de marzo de 2021,
declaró fallida la audiencia especial de que trata el artículo 27 de la Ley 472 de 5 de
agosto de 1998, ante la ausencia de acuerdo conciliatorio del extremo
demandado10.
II. La sentencia de primera instancia
39. El Tribunal Administrativo de La Guajira, a través de sentencia de 20 de mayo
de 2021, negó las pretensiones de la demanda.
40. Como sustento de lo anterior, consideró que «si bien los actores no solicitan
expresamente la anulación del acuerdo 024 del 16 de agosto de 2019 – hablan de
8 Ibid., folios 360 a 369.
9 Ibid., folios 391 a 395.
10 Ibid., folios 502 a 510.
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Demandante: Procuradores 42, 91 y 202 Judiciales Administrativos
la suspensión de sus efectos al formular las pretensiones-, no es menos cierto que,
la transgresión de los derechos colectivos invocados en los términos que ha sido
presentada la demanda, conlleva inexorablemente a realizar un juicio sobre la
legalidad principalmente de dicho acto administrativo y tangencialmente de los actos
que fueron expedidos en desarrollo de la licitación LP-008-2019».
41. En razón a lo anterior, y teniendo en cuenta que la Sala Plena del Consejo Estado
estableció en la sentencia de unificación de 13 de agosto de 2018 que la acción
popular no es la vía procesal procedente para solicitar la nulidad de actos
administrativos, concluyó que no era el “juez popular” quien debía definir la legalidad
del Acuerdo 024 de 16 de agosto de 2019.
42. Puso de presente que el mecanismo previsto por el ordenamiento jurídico para
valorar la legalidad en abstracto era el medio de control de nulidad simple, cuyo
conocimiento le correspondió al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Riohacha, despacho judicial que ya decretó la suspensión provisional
del Acuerdo 024.
43. Aun así, explicó que, como «el tema sometido a examen del tribunal atañe a un
asunto de trascendental importancia en La Guajira, como lo es la prestación del
servicio público de acueducto y alcantarillado» debía verificar «si con la ejecución
del aludido acuerdo 024 se están afectando los derechos colectivos de la defensa
del patrimonio público, los derechos de los consumidores y usuarios y la prestación
eficiente de los servicios domiciliarios de acueducto y alcantarillado de los
habitantes del distrito de Riohacha».
44. A partir de lo anterior, precisó lo siguiente:
[…] Al respecto, lo primero que debe señalarse es que fueron advertidas serías
inconsistencias sobre el acuerdo 024 del 16 de agosto de 2019 y la licitación
LP-008-2019 cuyo objeto es “seleccionar a un socio estratégico que constituirá
con el distrito de Riohacha una sociedad de economía mixta para la prestación
del servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado”.
En efecto, valora el tribunal que ante las evidencias de los hallazgos
encontrados por la directora general de apoyo fiscal del ministerio de hacienda,
se elevó solicitud al procurador general de la nación para que activara la
competencia prevista en el numeral 4 del artículo 13 del decreto 028 de 2008,
consistente en la suspensión del proceso contractual en el cual “no se prevea o
aseguren el cumplimiento de las metas de continuidad, cobertura y calidad en
los servicios o no se adecuen a los trámites contractuales o presupuestales
dispuestos por la ley”.
Así mismo, frente al proceso contractual se señaló que este restringía la
participación de oferentes, afectando el principio de transparencia, (ii) los
documentos pre-contractuales no garantizaban el proceso de
contratación (Fl. 63 y siguientes).
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Radicación: 44001-23-40-000-2019-00150-01
Demandante: Procuradores 42, 91 y 202 Judiciales Administrativos
De igual modo, se advirtió que la composición accionaria en usufructo del
distrito de Riohacha consignada en el Acuerdo 024 de 2019, supone una
potencial amenaza al patrimonio público, dado que esta se fija en un 20%,
lo cual se considera bajo, si se tiene en cuenta el usufructo a que se
compromete el ente territorial que recae sobre toda su red de activos del
servicio público de acueducto y alcantarillado. […]
45. También el Tribunal consideró que la ejecución del Acuerdo 024 de 2019 afectó
los derechos colectivos invocados por los demandantes. Sin embargo, estimó que
la suspensión del Acuerdo 024 de 2019 por parte del juez ordinario conllevó a la
cesación de la amenaza a esos derechos colectivos. Por lo que «resultaría inocua
cualquier orden que dispense el tribunal para suspender los efectos de su ejecución,
pues materialmente y jurídicamente no está surtiendo efecto alguno».
46. Precisó que: «la elección de uno u otro esquema para la operación del servicio
público de acueducto y alcantarillado, no conlleva per se la afectación de derechos
colectivos y tampoco que se ponga en riesgo la continuidad, cobertura y calidad de
la prestación del servicio en mención. Ello, por cuanto la misma ley 142 de 1994 –
artículos 14 y siguientes- establece distintos esquemas que pueden adoptar los entes
territoriales para la operación de los servicios públicos domiciliarios que garanticen
las metas de continuidad, cobertura y calidad dentro del ámbito de autonomía que
la misma Constitución confiere».
47. Por último, estimó pertinente «adoptar medida afirmativa exhortativa preventiva,
al haber quedado evidenciado que frente a la problemática reconocida inclusive por
las mismas accionadas, deben ejecutarse soluciones orientadas a que si persiste o
revive el riesgo de afectación de las metas de continuidad, cobertura y calidad de la
prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado en el distrito de
Riohacha por la ejecución del acuerdo 024 de 2019 o de cualquier otro acto
administrativo encaminado a la escogencia del esquema de operación del servicio
público en mención, se adopten los correctivos necesarios en aras de impedir que
se concrete amenaza o vulneración de derechos colectivos ligados a dicho asunto».
48. En consecuencia, resolvió lo siguiente:
[…] PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda presentada por los
procuradores 91 judicial I, 42 judicial II y 202 judicial I para asuntos administrativos
en contra del distrito especial, turístico y cultural de Riohacha y otros. Lo anterior,
conforme a las razones expuestas en precedencia.
SEGUNDO: EXHORTAR a la alcaldía del distrito de Riohacha, al ministerio de
vivienda, ciudad y territorio, al ministerio de hacienda y crédito público y a la
superintendencia de servicios públicos domiciliarios para que, si aún no lo hubieren
hecho a la fecha de notificación de este fallo y dentro del ámbito de sus
competencias constitucionales y legales, adopten todas las medidas y acciones
necesarias orientadas a garantizar las metas de continuidad, cobertura y calidad en
la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado en el distrito de
Riohacha, por la ejecución del acuerdo 024 de 2019 o de cualquier otro acto
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Demandante: Procuradores 42, 91 y 202 Judiciales Administrativos
administrativo o actividad administrativa encaminada a la escogencia del esquema
de operación del servicio público en mención. Líbrese por secretaría oficios a los
representantes legales o jefes máximos de los aludidos organismos estatales.
TERCERO: Sin condena en costas.
CUARTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, se ordena el levantamiento de la
medida cautelar de urgencia decretada dentro del presente asunto. […]
III. Fundamentos del recurso de apelación
49. Los demandantes, mediante escrito de 27 de mayo de 202111, solicitaron la
revocatoria de la sentencia de primera para que se ordene «lo solicitado en la
pretensión 2.2 de la demanda».
50. Para sustentar su impugnación, afirmaron «que las razones en que se funda la
decisión son ambiguas y contradictorias, dado que i) se refiere a derechos colectivos
no invocados, además, ii) no solo no efectúa el estudio de fondo, desconociendo la
jurisprudencia Unificada sobre el tema, sino que, ii) paradójicamente niega las
pretensiones, no obstante, reconoce la afectación de los derechos invocados;
asimismo, iv) da por hecho la existencia de la configuración del hecho superado,
cuando en realidad, ello no ocurrió, y v) realiza una intromisión en el fondo del
asunto pese a que previamente había declarado, tácitamente, la carencia actual de
objeto».
51. Sostuvieron que la principal finalidad de esta demanda no era la declaratoria de
nulidad del citado acto administrativo, sino que se buscaba que, en los términos
previstos en el artículo 144 del CPACA, el “juez popular” analizara de fondo la
transgresión de los derechos colectivos invocados, lo cual no implicaba «una
evidente intromisión en las competencias que son propias del juez de la legalidad»,
debido a que el “juez popular” se encuentra facultado para adoptar medidas
tendientes a conjurar tal afectación con el propósito de proteger los derechos
colectivos invocados.
52. Advirtieron que la regla jurisprudencial de la Sala Plena contenida en la sentencia
de unificación de 13 de febrero de 2018 no resultaba aplicable al presente caso,
porque, a su juicio, dicha regla regula las acciones populares presentadas con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1437 de 2011.
53. Es más, recordaron que, de conformidad con esa jurisprudencia, «el Juez de la
acción popular podría inaplicar total o parcial con efectos Inter partes el acto
administrativo, efectuar la interpretación condicionada del acto administrativo y
suspender sus efectos, dado que las decisiones del juez natural y el de la causa
11 Ibid., folios 656 y ss.
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Demandante: Procuradores 42, 91 y 202 Judiciales Administrativos
popular, lejos de ser contradictorias, son complementarias, porque cada juez actúa
bajo una órbita, óptica, reglas y principios diferentes».
54. Aseveraron que el Tribunal erró al concluir que en el sub examine operó el
fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado, puesto que: «i) aun en
aquellos casos en que se considere que se ha superado la situación que dio lugar
a la interposición de la acción, es necesario verificar el cese de la amenaza o la
vulneración de los derechos colectivos comprometidos y, ii) que el hecho de que,
durante el curso de la acción popular, el juez compruebe la desaparición de la
situación que originó la afectación de derechos colectivos, no es óbice para que
proceda un análisis de fondo, a fin de establecer el alcance de dichos derechos».
55. Consideraron que: «si el Tribunal (…) comprobó la desaparición de la situación
que originó la afectación, no le era posible denegar la suplicas de la demanda, sino
que debió efectuar un análisis de fondo, a fin de establecer el alcance de los
derechos invocados, pero además, lo que resulta más paradójico, es que niega las
pretensiones».
56. Manifestaron que: «la finalidad buscada por esta acción, no era otra que lo
consignado en la pretensión 2.2, vale decir, que se ordenara a los demandados, en
virtud del principio de coordinación y colaboración, ADELANTAR TODAS LAS
MEDIDAS QUE SEAN DEL CASO, EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS,
PARA DARLE CUMPLIDO ACATAMIENTO AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY
1508/12».
57. Criticaron que el Tribunal «sin analizar la sentencia de la Corte y el concepto de
la Sala Consulta y Servicio Civil, se aventura (…) a señalar que la elección de uno
u otro esquema para la operación del servicio público de acueducto y alcantarillado,
no conlleva per se la afectación de derechos colectivos (…) por cuanto la misma
Ley 142 de 1994 –artículos 14 y siguientes- establece distintos esquemas que
pueden adoptar los entes territoriales para la operación de los servicios públicos y
además porque, según el testimonio de la interventora del contrato la elección de
uno u otro esquema de operación no implicaba el mejoramiento o desmejoramiento
en la prestación del servicio, pues los problemas que se presentan no se derivan de
su estructuración, sino de su ejecución, lo que no puede ser de recibo, primero,
porque con la demanda, no se enjuicia, ni se privilegia ningún esquema en
particular».
58. Por último, enfatizaron que la medida exhortativa resulta inane, ya que no
garantiza la protección de los derechos colectivos invocados.
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Demandante: Procuradores 42, 91 y 202 Judiciales Administrativos
IV. Trámite en segunda instancia
59. El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en
el que solicitó revocar la sentencia apelada, para en su lugar, amparar los derechos
colectivos invocados por las siguientes razones:
[…] más allá de los múltiples vicios de procedimiento en los que incurrió
especialmente el Concejo Municipal de Riohacha desde el momento de estudio
del proyecto de acuerdo hasta su aprobación en plenaria, se observa que no se
cumplió con el deber de información y publicidad que una decisión de tal
trascendencia requiere, pues es lo cierto que a la comunidad se le dieron
escasos dos días de un fin de semana para conocer del proyecto de acuerdo,
ya que la plenaria se llevó a cabo un día lunes. Así mismo, no hay evidencia
de que se hayan llevado a cabo mesas de concertación con la comunidad a fin
de recoger sus inquietudes y necesidades respecto del servicio de acueducto y
alcantarillado.
Estas omisiones al deber de publicidad resultan bastante relevantes en el
presente caso, comoquiera que no se le informó suficientemente a la
comunidad, ni se socializó el hecho de que el municipio era el mayor aportante
de la nueva sociedad que se iba a encargar de la prestación del ya mencionado
servicio, al ser e propietario de toda la infraestructura necesaria para tal efecto
y que pese a ello, solamente le correspondería un 20% de participación, dándole
a los ciudadanos la oportunidad de hacerse una idea concreta del todo el asunto
y así tener los elementos necesarios para poder manifestarse al respecto. […]
60. Precisó que, independientemente del modelo de sociedad que el ente territorial
adopte, «debe dejarse por sentado que el porcentaje de participación del Estado en
la misma, debe ser proporcional su aporte a la nueva empresa; pues no es justo, ni
aceptable para el erario público que se cree una empresa en la que es la
administración quien hace el mayor aporte, pero irrisoriamente le corresponde un
porcentaje pírrico de participación en la empresa y por contera, en las posibles
utilidades que se pudiesen generar».
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1. Competencia
61. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998 12, en
concordancia con lo preceptuado en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo13 y con el artículo 13 del Acuerdo
N° 080 de 201914, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para
12 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de
las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
13 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
Disposición relativa a la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia.
14 Mediante el cual se establece la distribución de los negocios entre las secciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado.
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Demandante: Procuradores 42, 91 y 202 Judiciales Administrativos
conocer en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra
de las sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos.
V.2. Planteamiento del problema
62. La parte demandante, en el asunto sub examine, atribuyó al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al
Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, la afectación de «los
derechos colectivos contemplados en los literales e, n, y ultimo inciso del artículo 4
de la Ley 472/98», presuntamente conculcados por el Acuerdo 024 de 16 de agosto
de 2019, acto administrativo que autorizó al alcalde del Distrito Especial, Turístico y
Cultural de Riohacha para que constituyera una sociedad de economía mixta
organizada como E.S.P. para la prestación de los servicios de acueducto y
alcantarillado.
63. El Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante sentencia de 20 de mayo
de 2021, negó el amparo de los derechos colectivos invocados, luego de considerar
que al “juez popular” le está prohibido declarar la nulidad de actos administrativos,
sumado al hecho consistente en que cesó la amenaza de los derechos colectivos
como consecuencia de la suspensión del Acuerdo 024 de 2019 por parte del juez
ordinario.
64. Inconforme con la anterior determinación, la parte demandante apeló la sentencia
de primera instancia aduciendo que el “juez popular” se encuentra facultado para
realizar el juicio de legalidad del acto acusado. También afirmó que el fenómeno de
carencia actual de objeto por hecho superado no se configuró en el asunto sub
examine y que la tipología contractual elegida por ese ente territorial no garantiza la
prestación de los servicios públicos domiciliarios, afecta el patrimonio público y
desconoce los derechos de los usuarios.
65. Así las cosas, corresponde a la Sala determinar si ¿en el marco de las acciones
de populares el juez puede efectuar juicios de legalidad respecto del acto
administrativo que se le endilga la vulneración de derechos colectivos?, y si ¿el
Acuerdo 024 de 2019 amenazó o transgredió los derechos colectivos invocados
como vulnerados?
66. Para tal efecto, y por razones metodológicas, la Sala estudiará ambos asuntos
en acápites independientes.
V.2.1. Las facultades del juez popular en lo que atañe al análisis de la legalidad
de los actos administrativos
67. En su primer reparo, la parte actora afirmó que el Tribunal Administrativo de La
Guajira debió pronunciarse frente a todos los argumentos propuestos en la
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demanda, en la medida en que el juez de la acción popular no puede declarar la
nulidad del Acuerdo 024 de 16 de agosto de 2019, pero si se encuentra facultado
para analizar la legalidad del mismo en el contexto de la transgresión de los
derechos colectivos.
68. También advirtió que, según la sentencia de unificación de 13 de agosto de 2018,
proferida por la Sala Plena del Consejo Estado, ese funcionario judicial «podría
inaplicar total o parcial con efectos Inter partes el acto administrativo, efectuar la
interpretación condicionada del acto administrativo y suspender sus efectos, dado
que las decisiones del juez natural y el de la causa popular, lejos de ser
contradictorias, son complementarias, porque cada juez actúa bajo una órbita,
óptica, reglas y principios diferentes». Aun así, preciso que ese precedente
judicial no resultaba aplicable al caso concreto.
69. Para resolver estos planteamientos, es necesario tener en cuenta que, a partir
de la entrada en vigor de la Ley 1437 de 2011, fue zanjada la disparidad de criterios
que imperó en la jurisdicción contencioso administrativo respecto de la procedencia
de la acción popular para anular actos administrativos, puesto que el inciso segundo
del artículo 144 del CPACA prohibió la anulación de los mismos por esta vía judicial.
70. Sin embargo, también esa disposición normativa precisó que el funcionario
judicial se encuentra facultado para adoptar otro tipo de medidas que permitieran
conjurar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos atribuible a los actos
acusados, tal y como puede apreciarse a continuación:
[…] ARTÍCULO 144. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES
COLECTIVOS. […]
Cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga
de la actividad de una entidad pública, podrá demandarse su protección,
inclusive cuando la conducta vulnerante sea un acto administrativo o un
contrato, sin que en uno u otro evento, pueda el juez anular el acto o el
contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas que sean
necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos
colectivos. […] (negrillas por fuera del texto original)
71. Ahora bien, con el propósito de unificar la tesis de la jurisdicción respecto de las
acciones populares iniciadas antes de la vigencia de la Ley 1437 de 2011, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia de 13 de febrero de
201815, concluyó que los jueces, en los procesos cursados en vigencia del Código
Contencioso Administrativo, también podían emitir cualquier orden de hacer o no
hacer con el fin de proteger o garantizar los derechos e intereses colectivos
vulnerados por un acto administrativo, sin llegar a decretar su nulidad.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 13 de febrero de 2018, C.P.
William Hernández Gómez, número único de radicación: 25000-23-15-000-2002-02704-01.
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Demandante: Procuradores 42, 91 y 202 Judiciales Administrativos
72. Para arribar a esa determinación, esta Corporación precisó cuáles son las
diferencias que existen entre la valoración que hace el juez de la acción popular
cuando evalúa la amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos
causada por un acto administrativo, respecto del análisis de legalidad que adelanta
el juez ordinario cuando verifica si el acto incurre en alguna de las causales de
nulidad, así:
[…] el estudio del acto administrativo que se realiza en la acción popular, no se
circunscribe a un juicio racional de legalidad, bajo la óptica exclusiva de las
causales de nulidad del acto administrativo, esto es, el análisis de la posible
infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o
en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa,
o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de
quien los profirió.
45. En las acciones populares, además de los juicios de racionalidad legal,
en varias oportunidades son más pertinentes los juicios de razonabilidad
o ponderación de principios jurídicos en colisión, lo cual implica una
visión más amplia del juez, tanto en el análisis, como en las órdenes que
deba proferir en la sentencia para evitar el daño contingente, hacer cesar
el peligro, la amenaza, la vulneración o agresión, o restituir las cosas al
estado anterior cuando fuere posible. […]
73. En dicha oportunidad, la Sala Plena concluyó que: «las funciones del juez de la
acción popular son diferentes a las que ejerce el juez administrativo cuando decide
un conflicto para resolver si el acto administrativo adolece de alguna causal de
nulidad. Como lo refirió la Corte Constitucional en Sentencia C-644 de 2011, el juez
de la acción popular, antes que dedicarse a determinar quién debía proferir un
acto o cómo debía emitir el acto, debe adoptar las medidas materiales que
garanticen el derecho colectivo afectado con el acto, cuya fórmula no consiste
precisamente en su anulación».
74. La misma sentencia explica que: «la acción popular no se instituyó para
desconocer o desplazar las acciones judiciales ordinarias, ni como un
procedimiento alternativo a las mismas», dado que ambos medios de control
judicial cuentan con las siguientes finalidades y características:
[…] La acción de nulidad tiene como finalidad la protección y el restablecimiento
del orden jurídico general o abstracto, es decir, el respeto del principio de
legalidad y de la Constitución, sin que con ella necesariamente se busque
proteger los derechos e intereses colectivos vulnerados con su expedición,
salvo que estos se involucren en el concepto de violación y se pida su nulidad
por ello. Su fin último es retirar del ordenamiento jurídico la norma demandada.
• A su vez, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho o de plena
jurisdicción, busca proteger un derecho subjetivo amparado en una norma
jurídica y su restablecimiento, así como la indemnización de perjuicios
causados a cualquier persona que se crea lesionada con el acto. Es decir, su
finalidad radica no solo en que se declare nulo el acto, sino en que su objetivo
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Demandante: Procuradores 42, 91 y 202 Judiciales Administrativos
principal es amparar e indemnizar la violación de derechos subjetivos
protegidos por la Constitución y la ley […].
75. Todo lo anterior significa que a los demandantes les asiste la razón cuando
señalan que el juez de la acción popular está facultado para adoptar todas las
medidas que permitan hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos e
intereses colectivos causada por un acto administrativo (salvo la anulación del
mismo). Igualmente resulta cierto que la sentencia de unificación de 13 de agosto
de 2018 es un precedente que regula la pertinencia de la nulidad de actos
administrativos que directamente vulneren o amenacen un derecho e interés
colectivo, pero respecto de acciones iniciadas antes de la vigencia de la Ley 1437
de 2011.
76. Sin embargo, también es una realidad que ese antecedente judicial sienta unos
criterios jurídicos orientadores que permiten diferenciar la acción popular del medio
de control de nulidad, siendo dable afirmar que la acción consagrada en el inciso
primero del artículo 88 de la Constitución Política, es un mecanismo principal y
autónomo que no puede desconocer la finalidad de los demás medios de control
judicial ordinarios.
77. Cabe resaltar que la atribución conferida al juez popular por el inciso segundo del
artículo 144 del CPACA no implica que esa autoridad puede invadir las funciones
propias del juez ordinario encargado de efectuar el control de validez de la decisión
administrativa. De manera que la frontera del juicio valorativo del juez de la acción
popular está demarcada por los argumentos propuestos por el accionante en
relación el daño o amenaza que se cierne sobre los derechos colectivos.
78. En otras palabras, el hecho consistente en que el juez que conoce de la acción
popular pueda suspender los efectos de un acto administrativo, no implica que se
encuentra habilitado para efectuar un juicio de legalidad, en la medida que dicha
valoración escapa del ámbito de protección del medio de control de protección de
derechos colectivos. Además, este mecanismo constitucional no se instituyó para
desconocer o desplazar las acciones judiciales ordinarias, ni como un procedimiento
alternativo o que se superponga frente a los otros.
79. Establecido lo anterior, la Sala advierte que los vicios “procedimentales”
expuestos por la parte actora en la demanda, están orientados a que el juez de la
acción popular efectué un análisis de legalidad del Acuerdo 024, lo cual, como se
dijo previamente, escapa de su competencia.
80. Nótese que el primer apartado de la demanda solicita expresamente una
confrontación entre el Acuerdo 024 y los artículos 157 y 209 de la Constitución
Política; 150 de la Ley 5 de 1992; 3 de La Ley 1437 de 2011; 25 y 73 de la Ley 136
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Radicación: 44001-23-40-000-2019-00150-01
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de 1994; 51, 52, 54, 56, 57, 58, 88 y 92 del Reglamento Interno del Concejo del
Distrito y 30 de la Resolución 009 de 201516.
81. Es más, como puede apreciarse en el acápite de antecedentes de esta
providencia, la única carga argumentativa relacionada: (i) con la transgresión de los
derechos de los usuarios consumidores; (ii) con la prestación eficiente de los
servicios públicos, y (iii) con la defensa del patrimonio público, se desarrolla en el
acápite que expone los vicios “sustanciales” del Acuerdo 024.
82. En ese orden de ideas, la Sala comparte la tesis del a quo asociada a que el
juicio normativo que pretenden los demandantes desborda parcialmente las
competencias funcionales del juez de la acción porque implica un control de
legalidad bajo los parámetros establecidos en el artículo 137 del CPACA17.
83. Sin embargo, como el segundo acápite de la demanda desarrolló una carga
argumentativa mínima sobre la transgresión de los derechos colectivos, sobre ese
componente resulta pertinente emitir un pronunciamiento de fondo.
V.2.2. De la amenaza a los derechos colectivos que no se materializó
84. Pues bien, respecto del segundo acápite de la demanda, la Sala observa que los
Procuradores Judiciales 42, 91 y 202 para Asuntos Administrativos de La Guajira
supeditaron la transgresión de los derechos colectivos previstos en los literales e),
j) y n) del artículo 4º de la ley 472 de 1998, al hecho consistente en que una
Sociedad de Economía Mixta se encargaría de prestar los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el perímetro urbano y rural de
Riohacha.
85. En criterio de la parte actora, los derechos colectivos a la defensa del patrimonio
público y a la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios, así como
los derechos de los usuarios y de los consumidores, se verían seriamente afectados
debido a que una empresa de servicios públicos mixta no podía equipararse a una
sociedad de economía mixta y, además, porque el objeto de esa empresa sería
generar beneficios económicos y no prestar el servicio en condiciones óptimas.
86. Como puede apreciarse los demandantes fundamentaron la transgresión de los
intereses de la colectividad en el hecho futuro relacionado con la constitución de
una nueva entidad pública. Sin embargo, tal amenaza no llegó a concretarse porque
16 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL CODIGO DE BUEN GOBIERNO PARA LOS SERVIDORES
PUBLICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIOHACHA PRINCIPIOS, VALORES Y POLITICAS ETICAS DE
LA CORPORACION”
17 “Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos
administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin
competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa
motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió […]”. (Se destaca)
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Demandante: Procuradores 42, 91 y 202 Judiciales Administrativos
el Acuerdo 024 se encuentra suspendido provisionalmente por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo y, adicionalmente, el proceso de licitación que se
desarrollaría con ocasión de ese acto administrativo, no se llevó a cabo.
87. Específicamente, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Riohacha18,
mediante providencia de 9 de septiembre de 2020, en el marco del medio de control
de nulidad con radicado número 44001-33-40-003-2019-00347-00, decretó «la
suspensión provisional del Acuerdo 024 de 2019 (sic), por medio del cual se autoriza
al Alcalde Distrital para la constitución de una sociedad de economía mixta para la
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y se
dictan otras disposiciones».
88. Como sustento de su decisión el juez de la nulidad explicó lo siguiente:
[…]esta Unidad Judicial, encuentra razón de primer momento, al planteamiento
presentado por la parte actora, atendiendo a las evidentes incongruencias que
se vislumbran, al hacer un análisis práctico y llano, de lo que indica la referida
Ley 136 de 1994, y Reglamento Interno del Concejo Distrital, con relación a las
comisiones y debates, y las actuaciones llevadas a cabo por los concejales.
(…)
De ahí, que si el Proyecto de Acuerdo número 024 de 2019 (sic), versaba sobre
la autorización por parte del Concejo al Alcalde del Distrito de Riohacha, para
la constitución de una sociedad de economía mixta con carácter de empresa
de servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado; con respaldo en
el artículo 57 del Acuerdo número 9 de 2017, el deber de ejercer las funciones
normativas y de control político para la creación de dicha sociedad, recaería en
primer debate, en cabeza de la Comisión Tercera Permanente de Gobierno.
Sin embargo, no es la descrita situación lo que se vislumbra en el Acta de
Comisión No 017 del 12 de agosto de 2019, que contiene el desarrollo del
primer debate del Acuerdo número 024 de 2019 (sic), pues en la misma lo que
se contempla no es el ejercicio de funciones normativas y de control político
de la Comisión Tercera, sino la participación activa de la totalidad de los
representantes de las tres (3) comisiones que conforman el Concejo Distrital
de Riohacha, evidenciándose de manera expresa, una transgresión a la
normatividad superior antes citada. (…)
(…) efectivamente es permitida la realización de sesiones conjuntas de
comisiones permanentes en el Concejo Distrital de Riohacha, empero es
indudable el presupuesto numérico que limita a dos (2), el número de
comisiones que pueden sesionar en conjunto, es por ello, que al observarse
que en el caso bajo análisis, fueron tres (3) las comisiones que sesionaron para
la aprobación del primer debate del proyecto de acuerdo número 024 de 2019,
conllevaría un desconocimiento de la norma antes referenciada; manifestación
esta que fue sustentado por los sujetos activos del presente medio de control
en la solicitud de la medida cautelar, misma con la cual esta Instancia Judicial
encuentra total empatía argumentativa.
18 Obrante a folios 605 y s.s.
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En la misma medida, surge un tercer aspecto señalado por los accionantes en
el escrito de solicitud de medida cautelar, concerniente a las irregularidades
formales que se desplegaron en la aprobación del primer debate del
mencionado proyecto de acuerdo número 024 de 2019 (sic), esta vez, con
fijación en el artículo 54 del resaltado Reglamento Interno del Concejo Distrital
de Riohacha (…)
(…) considera esta Agencia Judicial, que hasta este punto, la solicitud de
medida cautelar, satisface el requisito de que la misma debe estar
razonadamente fundada en derecho, resaltando que en observancia a la
exposición argumentativa plasmada en el libelo, y en complemento con las
pruebas allegadas, concurren motivos para permitirse aplicar una de las
medidas de suspensión prevista en el artículo 230 de la Ley 1437, en esta etapa
procesal temprana, resaltando una vez más, que en modo alguno constituye
un prejuzgamiento del presente medio de control.
Resulta trascendental mencionar, que el asunto del suministro de agua
potable y alcantarillado en el Distrito de Riohacha, despliega una
importancia mayúscula, en el sentido de que el mismo constituye uno de
los ejes fundamentales en el Estado de Cosas Inconstitucional que se
declaró en la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, en el que
se advirtió que "existe un incumplimiento de los parámetros mínimos
constitucionales aplicables a las políticas públicas del Gobierno Nacional,
del Departamento de La Guajira, de los municipios de Riohacha, Manaure,
Maicao y Uribia y de las autoridades indígenas con jurisdicción en esos
municipios", lo que acusa un análisis inflexible y en todo caso, precavido
en el actuar administrativo que se siga para satisfacer dicho servicio
público. […].
89. Sumado a lo anterior, el proceso de licitación pública LP-0008-2019 que
adelantaba el Distrito con el objeto de “SELECCIONAR A UN SOCIO
ESTRATÉGICO QUE CONSTITUIRÁ CON EL DISTRITO RIOHACHA UNA
SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO” se encuentra
en estado “descartado”, desde el 4 de enero de 202019.
90. Es más, el Concejo Municipal de Riohacha, mediante Acuerdo 010 de 2022,
autorizó al alcalde distrital para llevar a cabo un proceso de contratación de un
operador especializado que se encargue de realizar la prestación de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el Distrito de Riohacha.
91. En el marco de la anterior autorización, y según la información reportada en
SECOP II20, el 15 de junio de 2022 el ente territorial publicó el aviso de convocatoria
19 Tal como se desprende de las pruebas obrantes a folios 590 y s.s.
20 […] ARTÍCULO 177. PRUEBA DE LAS NORMAS JURÍDICAS. El texto de normas jurídicas que no tengan
alcance nacional y el de las leyes extranjeras, se aducirá en copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte.
La copia total o parcial de la ley extranjera deberá expedirse por la autoridad competente del respectivo país,
por el cónsul de ese país en Colombia o solicitarse al cónsul colombiano en ese país.
También podrá adjuntarse dictamen pericial rendido por persona o institución experta en razón de su
conocimiento o experiencia en cuanto a la ley de un país o territorio fuera de Colombia, con independencia de
si está habilitado para actuar como abogado allí.
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de la Licitación Pública 008 de 2022, cuyo objeto es «contratar la operación,
ampliación, rehabilitación, mantenimiento de la infraestructura y gestión comercial
de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el distrito de Riohacha y
zona rural, departamento de la guajira».
92. El pliego de condiciones de noviembre de 2022 explica que la «modalidad de
selección» es la concesión y señala que la forma de pago se caracteriza por lo
siguiente:
[…] La modalidad o forma de pago del contrato de concesión no implica afectación
presupuestal ni erogación por parte de EL DISTRITO, por cuanto el pago se
efectuará con cargo al recaudo que, por concepto de la tarifa del servicio público
de acueducto, alcantarillado, EL DISTRITO no realizará ningún desembolso o
contraprestación económica en forma directa a EL OPERADOR, distinto al pago
de los subsidios para los estratos subsidiables conforme a lo señalado en el
Acuerdo del Concejo Distrital vigente a la fecha de aplicación del subsidio, significa
esto, que no pagará suma alguna por concepto de operación, administración y
mantenimiento del sistema para prestar los servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado. […] (negrillas de la Sala)
93. Esta licitación pública se encuentra suspendida mientras se realizan las mesas
técnicas de concertación, con la Procuraduría General de la Nación, con los
Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio y de Hacienda y Crédito Público y con
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de conformidad con lo
resuelto en la Resolución 0-014 de 202321.
94. Todo lo anterior significa que la afectación de los derechos colectivos a la que
aluden los demandantes nunca llegó a concretarse y, por eso, tampoco es posible
emitir un pronunciamiento sobre un escenario hipotético de transgresión de los
derechos colectivos por cuenta de la creación de una nueva entidad pública, dado
que no es posible evaluar si un modelo de prestación de servicios públicos respeta
el interés general cuando este jamás entró a operar. Sin lugar a duda, más allá de
que el juez contencioso haya decretado la suspensión provisional de los efectos del
Acuerdo 024, no existe amenaza o violación de los derechos colectivos invocados
por cuanto jamás se materializó la decisión que podría ocasionar tal trasgresión.
95. Cabe precisar que la Ley 142 de 1994 establece distintos métodos a través de
los cuales los entes territoriales pueden prestar los servicios públicos domiciliarios
y garantizar las metas de continuidad, cobertura y calidad. En este orden de ideas,
Cuando se trate de ley extranjera no escrita, podrá probarse con el testimonio de dos o más abogados del país
de origen o mediante dictamen pericial en los términos del inciso precedente.
Estas reglas se aplicarán a las resoluciones, circulares y conceptos de las autoridades administrativas.
Sin embargo, no será necesaria su presentación cuando estén publicadas en la página web de la entidad
pública correspondiente […]
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
21 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No.
008 DE 2022, SE ORDENA LA PUBLICACION Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
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Demandante: Procuradores 42, 91 y 202 Judiciales Administrativos
tampoco podría la Sala ordenar al Distrito que adopte determinado esquema, como lo
solicitan los demandantes en su pretensión 2.2 pues ello infringirá el margen de
autonomía del ente territorial, en la medida en que el Acuerdo 024 no está surtiendo
efectos.
96. En consecuencia, no les asiste razón a los apelantes cuando afirman que el
Tribunal a quo debió determinar si operó o no un hecho superado, en la medida en
que la amenaza de los derechos colectivos jamás llegó a concretarse en los
términos esbozados en su demanda. Por eso mismo, las pruebas aportadas
estaban relacionadas con el desarrollo de la licitación LP-0008-2019 y no con los
efectos que tendría en el interés público la ejecución del Acuerdo 024 de 2019.
97. Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia de 20 de mayo de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo de La Guajira, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.
98. Por último, no se condenará en costas en esta instancia, según lo previsto en los
artículos 3822 de la Ley 472 de 1998 y 36523del Código General del Proceso y
atendiendo el criterio sostenido por la Sala Especial de Decisión No. 27 en
providencia del 6 de agosto de 201924, a través del cual se unificó la jurisprudencia
de la Corporación respecto de la condena en costas procesales en acciones
populares.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley.
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 20 de mayo de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de La Guajira, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.
22 “Artículo 38.- Costas.
23 Código General del Proceso: “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones
posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de
excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación
con la temeridad o mala fe. […].
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al
recurrente en las costas de la segunda. […]”.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del 6 de agosto
de 2019, CP. Rocío Araújo Oñate, radicación número: 15001-33-33-007-2017-00036-01.
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Demandante: Procuradores 42, 91 y 202 Judiciales Administrativos
TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriado
este proveído.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO
Consejero de Estado VALDÉS
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por todos los integrantes de la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo en sede electrónica para la gestión judicial Samai. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con
el artículo 186 del CPACA. P:(18 y 22).
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