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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2019-00169-01

Fecha
2 de octubre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2019-00169-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. CORFIRMAR la sentencia proferida el veintisiete (27) de julio de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de La Guajira, que accedió parcialmente a las pretensiones. Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de La Guajira. Tercero. Ejecutoriado este fallo devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 44001-23-40-000-2019-00169-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

2 de octubre de 2025

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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 44-001-23-40-000-2019-00169-01 (0827-2023)
Demandante: Juan Manuel Gómez Bermúdez
Demandado: E.S.E. Hospital Armando Pabón López de Manaure

Tema: Profesional de la Salud “odontólogo” en Servicio Social Obligatorio.
Pago de prestaciones sociales, horas extras y dominicales y
festivos. CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el veintisiete (27) de julio de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal
Administrativo de La Guajira, que accedió parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Juan Manuel Gómez Bermúdez instauró demanda contra la E.S.E. hospital
Armando Pabón López de Manaure en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin
de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto generado por la no
respuesta frente a la petición radicada el 25 de julio de 2018.

Como restablecimiento del derecho, se ordene liquidar las horas extras,
compensatorios no reconocidos, recargos nocturnos, dominicales y festivos laborados
durante el año de servicio social como odontólogo, así como cesantías, intereses de
cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, prima de servicio,
salarios adeudados y sanción moratoria por no pago de las cesantías en un fondo
regulado.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601-350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 44-001-23-40-000-2019-00169-01 (0827-2023)

Que la condena respectiva sea reconocida de conformidad con lo previsto en los
artículos 187, 189, 192 y 195 del CPACA. Se condene en costas a la demandada.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que laboró en la ESE Hospital Armando Pabón López del municipio de Manaure, desde
el 26 de septiembre de 2016 hasta el 25 de septiembre de 2017, en el cargo de
odontólogo en servicio social obligatorio y su horario de trabajo era de 7am – 12m y
2pm a 5pm de lunes a viernes y además cumplía disponibilidad permanente de 1:00
pm a 02:00pm y de 05:00 pm a 07:00am todos los días calendario.

Que el 16 de julio de 2018, solicitó a la Secretaría de Salud de La Guajira información
sobre su plaza y los pagos relacionados con compensaciones, recargos, bonificaciones
y desplazamientos y nunca recibió respuesta ni los pagos correspondientes.

Que solo recibió el salario básico según el acto administrativo de vinculación, sin
reconocimiento de recargos, compensatorios ni otros derechos laborales. Por ello,
solicitó el 25 de julio de 2018 la liquidación de prestaciones sociales y el pago de lo
adeudado, sin obtener respuesta alguna.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Citó como vulnerados los artículos 17 de la Ley 6a de 1945, 1° de la Ley 65 de 1946,
33 del Decreto 1045 de 1978, así como la Ley 995 de 2005 y los Decretos 3135 de
1968, 1848 de 1969, 1042 de 1978, 2150 de 1995, 404 de 2006, 853 de 2012 y 451 de
1984, entre otros.

Manifestó que los profesionales de la salud que prestan servicio social obligatorio en
las ESE del Estado gozan de las mismas garantías del personal de planta, por tanto,
están sujetos a las disposiciones vigentes que en materia de personal, salarios y
prestaciones sociales que rijan a las entidades donde prestan dichos servicios. Por
tanto, se considera que la jornada laboral que se aplica a ellos corresponderá a lo
establecido en el Decreto 1042 de 1978.

Respecto al pago de horas extras, dominicales y compensatorios, manifestó que
teniendo en cuenta que las funciones que cumplen los profesionales del SSO no
pueden interrumpirse, independientemente de que se configuren turnos dentro de su
jornada mensual asignada o se realicen trabajos efectivos por hora estando en
disponibilidad, se considera que sus labores deben ejecutarse de manera habitual.

Sobre las denominadas “disponibilidades” manifestó que en sí mismas no constituyen
trabajo, no obstante, sí se entenderá como trabajo realizado por parte del servidor
público, cuando deba permanecer en el lugar de servicio, tal como es su caso (en el

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centro de salud del Pájaro, Manaure, La Guajira) teniendo en cuenta que no podía
retirarse bajo ningún término y se encontraba sujeto a las instrucciones de la entidad
social del Estado, tanto que no podía tomar alimentos, dormir o realizar "ninguna
actividad lucrativa propia".

Que en calidad de empleado público tiene derecho al pago del auxilio de cesantías
por ser una prestación social consistente en un mes de sueldo por cada año de servicios
continuos o discontinuos y proporcionalmente por fracción laborada. Como también al
pago de los intereses correspondientes al 12% anual o proporcional por fracción
respecto de la suma causada, por encontrarse afiliado al régimen de cesantías
anualizadas.

Que igualmente, como empleado público le asiste el derecho a que se le cancelen las
vacaciones, las primas de navidad, de servicios y de vacaciones de conformidad con el
Decretos 3135 y 1848 de 1968,1045 y 1042 de 1978.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 27 de enero de 2020 y notificada a la E.S.E., Hospital
Armando Manuel Gómez Bermúdez, quien no contestó.

El 9 de febrero de 2022, se celebró audiencia inicial en la se decretaron pruebas
documentales y se negaron los testimonios e inspección judicial. Las decretadas fueron
incorporados en las dos audiencias de pruebas celebradas. Finalmente profirió auto por
medio del cual se corrió traslado para presentar alegatos de conclusión y se dictó
sentencia.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante sentencia del 27 de julio de 2022
accedió parcialmente a las pretensiones y declaró la nulidad parcial del acto
administrativo ficto o presunto, en cuanto negó el pago de las pretensiones invocadas.

En consecuencia, condenó a pagar el sueldo correspondiente al mes de diciembre de
2016, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad y prima de servicios, de
conformidad con el Decreto 1042 de 1978 y la Ley 50 de 1981.

Como fundamento manifestó que de las pruebas allegadas se logró acreditar la
vinculación como profesional de la salud “odontólogo” de servicio social obligatorio, los
servicios prestados a dicha entidad y que al finalizar nunca le fueron reconocidas los
salarios y prestaciones sociales a las cuales tiene derecho.

Negó el reconocimiento y pago de las horas extras, compensatorios, recargos
nocturnos, trabajo en domingos y festivos. Como fundamento manifestó dos razones:
falta de prueba del trabajo realizado fuera del horario y que la disponibilidad no equivale
a trabajo efectivo.

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Respecto del primero, explicó que las historias clínicas y certificaciones evidenciaron
que el odontólogo prestó servicios únicamente en horario regular (lunes a viernes, 7:00
a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 5:00 p.m.) y por tanto, no se probó trabajo efectivo en
horarios nocturnos, fines de semana o festivos. Frente al segundo argumento, expresó
que la simple disponibilidad no constituye trabajo efectivo remunerable, salvo que se
demuestre que se prestó el servicio en ese tiempo.

Con relación al argumento de la disponibilidad manifestó que las pruebas allegadas al
plenario no evidencian que se hubiera prestado el servicio por fuera del horario antes
contemplado, sin que el solo concepto de “disponibilidad” pueda ser entendido como
ejecución efectiva de la labor para la cual fue designado, como lo reconoce el mismo
actor cuando en la demanda indica que “es claro que al día de hoy solo deben
reconocerse las horas de disponibilidad efectivamente laboradas” (Fl. 16).

Finalmente, negó el reconocimiento de las cesantías y la sanción moratoria, pues
concluyó que de las pruebas se desprende que las cesantías correspondientes al año
2017 fueron consignadas de forma tardía el 20 de abril de 2018, porque su vínculo
finalizó el 25 de septiembre de 2017. No obstante, lo anterior, negó el reconocimiento
de la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 considerando que es un
beneficio indemnizatorio que se consagró para quienes se vinculen a los fondos
privados, puesto que el Decreto 1582 excluyó la aplicación del artículo citado a los
afiliados al fondo nacional del ahorro.

Que la fecha de consignación de las cesantías fue 20 de abril de 2018 en todo caso es
anterior al día de presentación de la solicitud de reconocimiento la cual según –hecho
décimo segundo- fue el día 25 de julio de 2018. Precisión que encontró necesaria para
concluir que tampoco se configura la sanción moratoria de que trata la Ley 1071 de
2006, pues esta hace referencia al incumplimiento por parte de la entidad para realizar
el pago de las cesantías que el empleado ha solicitado y que se han autorizado
mediante acto administrativo, supuestos que no se evidencian en el sub examine.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora interpuso recurso de apelación, en el que manifestó que, si bien el
Tribunal declaró la nulidad parcial del acto ficto, no reconoció todas pretensiones
reclamadas, entre las cuales están; las cesantías y sus intereses, sanción moratoria,
horas extras, compensatorios, recargos nocturnos, dominicales y festivos, obrando en
el expediente suficientes probanzas, que revelan con certeza los hechos consignados
en el proceso de la referencia.

Sostuvo que la E.S.E. no contestó la demanda ni presentó excepciones, lo que según
el artículo 97 del Código General del Proceso presume ciertos los hechos susceptibles
de confesión.

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Como sustento de su recurso, manifestó que el odontólogo prestó servicios en el Centro
de Salud del Corregimiento de El Pájaro – Manaure, donde debía permanecer en el
lugar de trabajo sin posibilidad de retirarse, cumpliendo turnos extensos. Que esta
condición de permanencia configura una disponibilidad activa, ya que el profesional
estaba sujeto a ser requerido en cualquier momento.

Que el Decreto 1042 de 1978 y la Ley 50 de 1981, regulan la jornada laboral, horas
extras y demás prestaciones para empleados públicos. Que los profesionales del
servicio social obligatorio deben recibir el mismo trato que el personal de planta. Citó
jurisprudencia de la Corte Suprema y del Consejo de Estado que respalda el
reconocimiento de trabajo habitual en domingos y festivos como remunerable en el caso
de empleado públicos.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 15 de marzo de 2021 se admitió el recurso de apelación. Las partes y el señor agente
del Ministerio Público guardaron silencio.

Se decidirá la controversia, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde a la Sala determinar ¿si le asiste o no derecho al demandante, en
condición de odontólogo vinculado en virtud del servicio social obligatorio, al
reconocimiento del auxilio de cesantías y sus intereses, la sanción moratoria, las horas
extras, dominicales y festivos por el tiempo laborado durante el 26 de septiembre de
2016 hasta el 25 de septiembre de 2017?

Marco normativo y jurisprudencial.

Servicio Social Obligatorio.

La Ley 50 de 1981 establece en su artículo 1° el Servicio Social Obligatorio como un
requisito para el ejercicio profesional en Colombia, aplicable a personas que cuenten
con formación tecnológica o universitaria en áreas de la salud.

Dicho servicio tiene las siguientes características: 1) La duración será de hasta un año.
2.) El cumplimiento se extiende a nacionales y extranjeros graduados en el exterior que
deseen ejercer su profesión en Colombia, respetando los tratados internacionales. 3.)
Debe prestarse después de obtener el título profesional y es requisito indispensable
para: La refrendación del título. La vinculación a organismos del Estado. El ejercicio
profesional en el país.

Con relación a las tasas remunerativas y el régimen prestacional al cual serán
sometidos quienes presten el Servicio Social Obligatorio la ley dispone que serán los

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propios de la institución a la cual se vincule el personal para cumplimiento de dicho
servicio y se aplicarán bajo la supervisión y control del Consejo Nacional Coordinador
del Servicio Social Obligatorio.

Servicio Social Obligatorio del área de la Salud

Con la expedición del Decreto 2396 de 19811, se establecieron disposiciones
relacionadas con el Servicio Social Obligatorio del área de la Salud. Precisándose que
debe ser cumplido por los egresados de programas universitarios y tecnológicos en
medicina, odontología, microbiología, bacteriología, laboratorio clínico y enfermería,
incluyendo aquellos que hayan convalidado sus títulos obtenidos en el exterior. A su
vez, se dispuso que el Gobierno Nacional podrá incluir otros programas del área de la
salud, según recomendación del Consejo Nacional Coordinador.

Esta normativa también establece que el servicio tiene una duración de un año y
requiere dedicación de tiempo completo. Deberá ser prestado en las entidades oficiales
o privadas sin ánimo de lucro, ubicadas en zonas rurales, marginadas o que desarrollen
programas de atención a emergencias, calamidades públicas o actividades científicas
y docentes.

El Ministerio de Salud es responsable de seleccionar y aprobar anualmente los lugares,
programas y servicios donde se puede cumplir el servicio, así como de inscribir y
adjudicar los cupos necesarios. Durante el tiempo de prestación, los profesionales
están autorizados para ejercer su profesión únicamente en el cargo asignado y bajo las
normas laborales de la entidad correspondiente.

Finalmente, la norma establece que el Ministerio debe informar semestralmente al
Consejo Coordinador sobre las condiciones salariales y prestacionales de quienes
prestan el Servicio Social Obligatorio.

Como complemento de la regulación del Servicio Social Obligatorio en el sector salud,
encontramos la Resolución 795 de 19952 a través de la cual se establece que la
vinculación de los profesionales debe contar con disponibilidad presupuestal, y que su
remuneración no podrá ser inferior a la de los cargos de planta en las instituciones
donde presten sus servicios. Además, se garantiza que gozarán de los mismos
beneficios del personal de planta, incluyendo honorarios y compensatorios.

Dispone que las Direcciones de Salud y las instituciones prestadoras de servicios de
salud, tanto públicas como privadas, deben realizar la equivalencia salarial entre los
cargos del Servicio Social Obligatorio y los de planta, según la profesión
correspondiente. Finalmente, se establece que los profesionales vinculados al Servicio
Social Obligatorio estarán sujetos a las normas vigentes en materia de administración
de personal, salarios y prestaciones sociales de las entidades donde presten el servicio.

1 Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con el Servicio Social Obligatorio del área de la Salud.
2Emanada del Ministerio de Salud, “Por la cual se establecen los Criterios Técnicos Administrativos para la
Prestación del Servicio Social Obligatorio”.

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Por su parte, el Decreto 1921 de 1994 definió la estructura de cargos del sector oficial
de salud territorial. En este marco, el cargo de Odontólogo en Servicio Social Obligatorio
se encuentra clasificado bajo el nivel profesional, con el código 322025, lo que confirma
que se trata de una relación laboral formal durante el año de servicio, con las mismas
condiciones que los demás empleados de planta.

Posteriormente, fue expedida la Ley 1164 de 20073 en cuyo artículo 33 creó el Servicio
Social Obligatorio para los egresados de programas de educación superior en el área
de la salud, estableciendo que este debe prestarse en poblaciones urbanas o rurales
deprimidas, o en zonas de difícil acceso a los servicios de salud.

Las características de dicho servicio a la luz de esta nueva normativa son: 1.) La
prestación del servicio debe prestarse por un período no inferior a seis (6) meses ni
superior a un año 2.) Aplica tanto para nacionales como para extranjeros graduados en
el exterior, sin perjuicio de lo dispuesto en convenios internacionales 3.) Podrá
realizarse en entidades vinculadas a la atención, dirección, administración e
investigación en salud, y 4.) El Estado deberá garantizar la existencia de un número
suficiente de plazas, acorde con las necesidades poblacionales y el número de
egresados. 5.) Respecto a la vinculación de los profesionales, dispuso que debe
garantizar una remuneración acorde con su nivel académico y los estándares
institucionales o territoriales, además de la afiliación al Sistema General de Seguridad
Social en Salud y a Riesgos Profesionales. Prohibió expresamente la vinculación a
través de terceros, sean personas jurídicas o naturales.

Finalmente, en el parágrafo 5° del artículo 33 de esta ley se dispuso que con su
expedición se sustituye el Servicio Social Obligatorio creado por la Ley 50 de 1981,
aunque las normas anteriores seguirán vigentes hasta tanto se reglamente plenamente
la nueva disposición.

Cesantías empleado territorial afiliado al fondo Nacional del Ahorro

Respecto a los empleados públicos del orden territorial como es el caso del
demandante, existen varios regímenes de cesantías:

1. Régimen de cesantías retroactivas: aplicables para los vinculados con anterioridad
al 31 de diciembre de 1996 y que no hayan optado por cambiarse de régimen. Sus
cesantías se regulan por lo dispuesto en las leyes 6ª de 1945, 65 de 1946 y el Decreto
1160 de 28 de marzo de 1947.

2. Régimen anual de cesantías: aplicables a aquellos empleados vinculados con
posterioridad al 31 de diciembre de 1996 o que hayan decidido trasladarse. Fue
reglamentado por el Decreto 1582 de 1998. En este pueden darse dos eventos:

3 “Por la cual se dictan disposiciones en materia del Talento Humano en Salud.”

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Afiliados a fondos privados: sus cesantías serán reguladas por las disposiciones
contenidas en los artículos 99,102,104 de la Ley 50 de 1990, la Ley 344 de 1996 y
demás normas concordantes.

Afiliados al Fondo Nacional del Ahorro: sus cesantías se regirán por las
disposiciones contenidas en los artículos 5 y ss. de la Ley 432 de 1998, el Decreto 3118
de 1968 y demás normas concordantes.

Teniendo en cuenta que el actor se encontraba afiliado al Fondo Nacional del Ahorro,
según consta en el folio 43 de la demanda4 se analizarán las características del derecho
a las cesantías administrados por dicha entidad.

La Ley 432 de 19985 en cuyo artículo 5º estableció la obligación de afiliación al Fondo
Nacional de Ahorro para los servidores públicos de la rama ejecutiva del orden nacional
y la posibilidad de que los demás servidores del Estado y de sus entidades
descentralizadas territorialmente y por servicios hicieran lo propio.

En cuanto a la transferencia de las cesantías de los servidores públicos, el artículo 66
de la Ley 432 de 29 de enero de 1998, estableció que las entidades públicas deben
consignar a dicho fondo, una doceava parte de los factores de salarios que sean base
para liquidar las cesantías, devengados en el mes inmediatamente anterior para los
servidores públicos afiliados, el incumplimiento de esta obligación, genera el derecho
al Fondo de cobrar a su favor intereses moratorios mensuales, equivalentes al doble
del interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria.

Fue el mismo Decreto 1582 de 1998 el que estableció un régimen diferenciador de
liquidación y pago del auxilio de cesantías de los funcionarios que se afilian a los fondos
privados, respecto de los empleados públicos que se vinculen al Fondo Nacional del
Ahorro, diferencia ésta que se justifica precisamente por la forma en que se causa el
derecho, así como, se cancela la prestación por parte de la entidad empleadora.

Horas extras, dominicales y festivos

El Decreto 1042 de 19787, aplicable a los empleados de la rama ejecutiva del nivel
nacional y posteriormente, en virtud del artículo 2 de la Ley 27 de 1992 fue extendida
su aplicación al nivel territorial, en lo relativo a la administración de personal. Remisión
reiterada en el artículo 87 de la Ley 443 de 19988.

4 Índice #10 samai de esta corporación documento identificado con el nombre ED_RV_440012340000(.msg)
NroActua 2.
5 Por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras

disposiciones
6 Modificado por el artículo 193 del Decreto No. 019 de 2012.

7 “Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales
del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras
disposiciones”.
8 En este sentido consultar las sentencias de la Sección Segunda, Subsección A, del 17 de abril de 2008, M.P.
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (1022-06) y del 1 de febrero de 2018, M.P. William Hernández Gómez (4150-
2015).

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Ahora bien, el citado decreto regula la jornada laboral de los empleados públicos de 44
horas semanales, y dispone que cuando las funciones correspondan al desarrollo de
actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia, podría señalárseles una
jornada de 12 horas, sin exceder el límite de 66 horas semanales (art. 33).

A su vez, al regular el trabajo ordinario en días dominicales y festivos, prevé la
prestación del servicio por el sistema de turnos, cuando los empleados públicos por la
naturaleza de su trabajo deban laborar habitual y permanentemente los domingos y
festivos, caso en el tienen derecho “a una remuneración equivalente al doble del valor
de un día de trabajo por cada dominical o festivo laborado, más el disfrute de un día de
descanso compensatorio, sin perjuicio de la remuneración ordinaria a que tenga
derecho el funcionario por haber laborado el mes completo” (art. 39).

Esta Corporación ha entendido, acorde con los artículos 36 y 37 ídem, que el
reconocimiento y pago de las horas extras o el descanso compensatorio está sometido
a los siguientes requisitos9:

“a) El empleo deberá pertenecer al nivel operativo, hasta el grado 17 del nivel
administrativo y hasta el grado 09 del nivel técnico.

b) El trabajo suplementario deberá ser autorizado previamente, mediante
comunicación escrita en la cual se especifiquen las actividades que hayan de
desarrollarse.

c) El reconocimiento del tiempo de trabajo suplementario se hará por resolución
motivada y se liquidará con un recargo del 25% o del 75 % sobre la remuneración
básica fijada por la ley para el respectivo empleo, según se trate de horas extras
diurnas o nocturnas. Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y
97 del citado Decreto 1042 se tendrán en cuenta para liquidar las horas extras.

d) En ningún caso podrán pagarse más de 50 horas extras mensuales.

e) Si el tiempo laborado fuera de la jornada ordinaria superare dicha cantidad, el
excedente se reconocerá en tiempo compensatorio, a razón de un día hábil por
cada 8 horas extras de trabajo”10. (Negrilla de la Sala).

Interpretación que es acorde el artículo 13 de la Ley 10 de 198911, modificó los literales
a) y d) del artículo 36 y el literal a) del artículo 40 del Decreto 1042 de 1978, indicando
que para efectos del pago de horas extras, dominicales y festivos y el reconocimiento
de descanso compensatorio: i) El empleo deberá pertenecer al Nivel Operativo, hasta
el grado 17 del Nivel Administrativo y hasta el grado 09 del Nivel Técnico y ii) En ningún
caso podrá pagarse más de cincuenta (50) horas extras mensuales.

9 Subsección B, consejero ponente: César Palomino Cortés, 18 de julio de 2019.Radicación número: 13001-23-31-

000-2001-01794-01(1701-13).
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Ana Margarita Olaya Forero, sentencia del 6 de julio
de 2006, proceso con radicado 15001-23-31-000-2000-03000-01 (4741-05)
11 Por el cual se establecen las escalas de remuneración de los empleos de los Ministerios, Departamentos

Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Unidades Administrativas especiales del Orden
Nacional, y se dictan otras disposiciones en materia salarial

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Caso concreto.

En la sentencia de primera instancia se reconoció que el demandante tiene derecho al
«sueldo correspondiente al mes de diciembre de 2016, las vacaciones, primas de
vacaciones, navidad y servicio causados durante el periodo 26 de septiembre de 2016
a 25 de septiembre de 2017». En el recurso interpuesto, el actor pretende el
reconocimiento de cesantías y sus intereses, como también la sanción moratoria, horas
extras, dominicales y compensatorios.

Frente a las cesantías reclamadas la revisión de las pruebas allegadas da cuenta de
que el actor estaba afiliado al Fondo Nacional del Ahorro y que la consolidación de las
cesantías correspondiente al año 2016, fueron consignados el 28 de septiembre de
2017, por el saldo de $1.442.806, más los intereses $55.347. Así mismo aparece otra
consignación de fecha 20 de abril de 2018, cuya descripción indica consolidación
cesantías año 2017, saldo: $4.028.697. Lo que permite concluir que su régimen de
cesantías aplicable es el dispuesto en la Ley 432 de 1998, y que su auxilio de cesantías
e intereses fue consignado por su empleador al fondo nacional del ahorro, por tanto, no
se adeuda tales acreencias.

De conformidad con el artículo 6 de la Ley 432 el incumplimiento en consignar
mensualmente las doceavas partes de las cesantías dentro de los términos señalados
da derecho al Fondo Nacional del Ahorro, a cobrar intereses moratorios, más no es un
beneficio del afiliado. En ese sentido es el mencionado fondo el legitimado para
reclamar los intereses que se causan por esa consignación no oportuna.

Tampoco resulta procedente el reconocimiento y pago de los intereses
correspondientes al 12% anual o proporcional por fracción respecto de la suma causada
ni de la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del del artículo 99 de la Ley 50 de
1990, pues el Decreto 1582 expresamente excluyó la aplicación del citado artículo a los
afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, y solo consagró el beneficio indemnizatorio para
quienes se vinculen a los fondos privados. En esos mismos términos está Subsección
se pronunció en sentencia de doce (12) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)12:

«En el expediente está demostrado que la demandante es beneficiaria del
régimen de liquidación de cesantías previsto en la Ley 432 de 1998, esto es, el
que rige para los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro, comoquiera que en ese
fondo se hizo la consignación de su prestación. Bajo el anterior argumento, es
forzoso concluir que no tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria consagrada el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, aplicable
por remisión expresa del artículo 13 de la Ley 344 de 1996, pues en caso de
tardanza en la consignación de las cesantías para quienes están afiliados al
Fondo Nacional del Ahorro el legislador previó que lo que surge es el derecho a
favor del fondo, de cobrar al empleador los intereses moratorios de que trata el
inciso 2.º del artículo 6.º de la Ley 432 de 1998. (…) Las consideraciones
anteriores son suficientes para concluir que la demandante no tiene derecho al
reconocimiento y pago de la indemnización moratoria pretendida, pues está

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P: Rafael Francisco Suárez Vargas, Radicación número:

08001-23-33-000-2015-90129-01(4672-17).

10

Radicación: 44-001-23-40-000-2019-00169-01 (0827-2023)

afiliada al Fondo Nacional de Ahorro y, por ende, no les son aplicables las
normas que invoca para tal reconocimiento, razón por la cual se deberá confirmar
la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda».

Respecto a la sanción moratoria de la Ley 244 de 1995 y 1071 de 2006, la Subsección
comparte lo dicho por el Tribunal y es que su reconocimiento bajo las normas indicadas
se causa por el no pago oportuno de las cesantías reclamadas. Supuesto que no se
configura en este asunto, pues fueron reconocidas y consignadas al actor el 20 de abril
de 2018 es decir, antes de que presentare la reclamación a la ESE demandada, (25 de
julio de 2018).

Sobre las horas extras, dominicales y compensatorios negadas en primera
instancia, se cuestionó que el tribunal no valoró adecuadamente las pruebas aportadas
con las cuales considera sí se acreditó su prestación en dichos horarios.

En principio se advierte que sobre el reconocimiento y pago de horas extras,
dominicales y compensatorios, la Subsección B de esta Sección en sentencias de 7 de
septiembre de 2018 y 18 de julio de 201913 ha sostenido que no es posible ordenar su
reconocimiento debido a que el artículo 13 de la Ley 10 de 1989, modificó los literales
a) y d) del artículo 36 y el literal a) del artículo 40 del Decreto 1042 de 1978, indicando
que para efectos del pago de horas extras, dominicales y festivos y el reconocimiento
de descanso compensatorio, el empleo deberá pertenecer al Nivel Operativo, hasta
el grado 17 del Nivel Administrativo y hasta el grado 09 del Nivel Técnico.

La consideración anterior, bastaría para negar las pretensiones pues en el caso bajo
estudio, teniendo en cuenta en primera medida que el cargo, que el demandante
desempeñaba era del nivel “Profesional” (odontólogo) y no del nivel operativo, motivo
por el cual según la norma citada no tendría derecho al pago pretendido.

Ahora, teniendo en cuenta que la negativa de primera instancia consistió en no acreditar
la labor en las jornadas y días que pretende, y que el reproche planteado en el recurso
se basó en que no se valoraron las pruebas aportadas debidamente en las cuales a su
juicio sí se acreditan sus derechos, la Subsección manifiesta que tampoco habría lugar
a acceder a lo pretendido, pues se comparte integralmente la conclusión que se dijo en
la providencia.

Lo anotado por cuanto, según certificación obrante a folio 141, consta que el
demandante prestó exclusivamente sus funciones dentro de la jornada comprendida
entre las 7:00 am y 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm de lunes a viernes. Afirmación que
no fue desvirtuada, pues de la revisión de las historias clínicas aportadas, se desprende
la prestación de sus servicios exclusivamente en los horarios indicados y establecidos
en su contrato.

13 Sección Segunda, Subsección B, CP: César Palomino Cortés, 18 de julio de 2019.Radicación número: 13001-23-

31-000-2001-01794-01(1701-13). Subsección “B” C.P: Carmelo Perdomo Cueter, Radicación número: 25000-23-25-
000-2010-00094-01(4089-14)

11

Radicación: 44-001-23-40-000-2019-00169-01 (0827-2023)

A manera de ejemplo se ilustran las siguientes historias clínicas, en las cuales la Sala
solo relacionará las fechas en que el demandante atendió a los pacientes sin indicar
sus nombres para garantizar sus derechos y la reserva de dichos documentos. Se
advierte además que, en ninguna de las historias, el profesional registró la hora de la
atención, en ese sentido, se tendrán como laboradas dentro del horario contratado,
pues no existe prueba que lo desacredite:

La historia #1 contiene 16 folios14, en la cual consta que el actor atendió a la paciente
en consulta odontológica los días:

Martes 20 diciembre de 2016
Miércoles 18 de enero de 2017
Jueves 30 de marzo de 2017
Miércoles 26 de abril de 2017
Miércoles 18 abril de 2017
Miércoles 3 de mayo de 2017

La historia #2 contiene 20 folios15, en la cual consta que el actor atendió a la paciente
en consulta odontológica los días:

Miércoles 12 de octubre de 2016
Jueves 13 de octubre de 2016
Martes 18 de octubre de 2017
Martes 22 noviembre de 2016
Lunes 16 enero de 2017
Lunes 13 de marzo de 2017
Lunes 24 de abril de 2017
Miércoles 31 de mayo de 2017
Martes 5 de diciembre de 2017

La historia #3 contiene 20 folios16, en la cual consta que el actor atendió a la paciente
en consulta odontológica los días:

Jueves 13 de octubre de 2016
Jueves 29 de diciembre de 2016
Jueves 9 de febrero de 2017
Viernes 3 de marzo de 2017

La historia #15 contiene 22 folios17 en la cual consta que el actor atendió a la paciente
en consulta odontológica los días:

Martes 11 de octubre de 2016
Martes 15 de noviembre de 2016

14 Índice 10 Samai de esta corporación, documento identificado como ED_ANEXOS(.zip) NroActua 2 y el documento

se identifica con el nombre 20220322170511919
15 Ibid. El documento se identifica con el nombre 20220322171006205
16 Ibid. El documento se identifica con el nombre 20220322171006205
17 Ibid. El documento se identifica con el nombre 20220322173214148

12

Radicación: 44-001-23-40-000-2019-00169-01 (0827-2023)

Jueves 22 de diciembre de 2016
Lunes 23 de enero de 2017
Martes 21 de febrero de 2017
Jueves 20 de abril de 2017

La historia #20 contiene 20 folios18 en la cual consta que el actor atendió a la paciente
en consulta odontológica los días:

Lunes 3 de octubre de 2016
Miércoles 5 de octubre de 2016
Viernes 4 de noviembre de 2016
Martes 15 de noviembre de 2016
Lunes 19 de diciembre de 2016
Jueves 22 de diciembre de 2016
Viernes 06 de enero de 2017
Lunes 23 de enero de 2017
Miércoles 22 de febrero de 2017
Miércoles 8 de marzo de 2017
Martes 28 de marzo de 2017
Viernes 29 de septiembre de 2017
Martes 7 de noviembre de 2017

La historia #40 contiene 14 folios19 en la cual consta que el actor atendió a la paciente
en consulta odontológica los días:

Jueves 30 de marzo de 2017
Lunes 3 de abril de 2017

De acuerdo con lo anterior, se comparte lo concluido por el Tribunal pues no se observa
en las historias allegadas prueba de que efectivamente el actor haya desempeñado su
profesión de odontólogo en jornadas distintas a las contratadas y tampoco en domingos
o festivos.

Finalmente, en cuanto al reconocimiento y pago de horas laboradas en turnos bajo el
concepto de “disponibilidad”, la Sala advierte que según lo dicho en la demanda «el
actor laboró los 365 días del año, pues adicional a su jornada laboral, prestó turnos de
disponibilidad», sin embargo, esa afirmación no fue debidamente acreditada, pues ni
siquiera se allegaron cuadros de turnos y de horarios en los que se observe la labor
prestada bajo esa causa. En ese sentido, lo dicho por el actor tanto en la demanda
como en el recurso “estar limitado en su tiempo personal debido a esa disponibilidad”
es una afirmación que no cuenta con sustento probatorio.

Ahora, si bien existe un oficio de 11 de abril de 2017, en el que el gerente de la ESE
comunicó a los profesionales de salud el plan de contingencia que se adelantará

18 Ibid. El documento se identifica con el nombre 20220322173819554

19Índice 10 Samai de esta corporación, documento identificado como ED_ANEXOS(.zip) NroActua 2 y el
documento se identifica con el nombre 20220323111439752

13

Radicación: 44-001-23-40-000-2019-00169-01 (0827-2023)

durante la semana santa, indicando que es de carácter obligatorio su presencia en los
diferentes centros de salud u hospitales donde corresponda estar a disposición, lo cierto
es que del mismo tampoco se desprende qué día/días de esa semana el actor estuvo
en turno de disponibilidad.

Para la Subsección el apoderado de la parte actora en su recurso se limitó a decir que
las pruebas no fueron valoradas debidamente y que ellas demostraban que le asistieron
sus derechos, sin embargo, no fue claro ni específico en sus argumentos como tampoco
en cuáles pruebas se basaba su inconformidad.

En ese sentido, independientemente de que la ESE no haya contestado la demanda, lo
cierto es que el actor no cumplió con su carga procesal de acreditar los supuestos de
hecho que alegaba en procura de la obtención de los derechos que pretende de
conformidad con el artículo 167 del CPACA. De hecho, se advierte que, ante la negativa
del decreto de los testimonios por el solicitados, ni siquiera interpuso recurso en la
audiencia celebrada el 9 de febrero de 202220, quedando ejecutoriada en primera
instancia.

Por las razones expuestas, la Sala comparte la sentencia de primera instancia que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

De la condena en costas en segunda instancia

La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080
de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a la
procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este
tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

20Índice #10 Samai de esta corporación. Documento
ED_RV_440012340000 (msg) NroActua 2 folios 114 a 122.

14

Radicación: 44-001-23-40-000-2019-00169-01 (0827-2023)

En consecuencia, se impondrán costas a la demandante, por cuanto se niegan
totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con
el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del
Tribunal Administrativo de La Guajira.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. CORFIRMAR la sentencia proferida el veintisiete (27) de julio de dos mil
veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de La Guajira, que accedió parcialmente
a las pretensiones.

Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de La Guajira.

Tercero. Ejecutoriado este fallo devolver el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

15

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