Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 44001-23-40-000-2020-00233-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 44001-23-40-000-2020-00233-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 44001-23-40-000-2020-00233-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
10 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de concejal
Número único de radicación: 440012340000202000233-01
Solicitante: Iler Enrique Acosta Mejía
Concejal: Sandis Rafael Toro Rodríguez
Asunto: Resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia
proferida en un proceso de pérdida de investidura
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el señor Iler
Enrique Acosta Mejía –en adelante el Solicitante– contra la sentencia de 8 de
septiembre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, en
primera instancia.
La presente providencia contiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve: las cuales se desarrollan a
continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El Solicitante, a través de apoderado1, pidió, en ejercicio del respectivo medio
de control, que se decrete la pérdida de investidura del señor Sandis Rafael Toro
1 El Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante auto de 14 de agosto de 2020, decidió “[…] Reconocer
personería para actuar en el proceso de la referencia como apoderado del señor Iler Enrique Acosta al doctor
Andi Aparicio Sánchez […] en los términos y para los fines del poder visible a folios 50 – 51 […]”.
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Rodríguez, Concejal del Distrito de Riohacha –Departamento de La Guajira–, para
el período 2020 – 2023 –en adelante el Concejal–, porque, a su juicio, incurrió en
la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 3 del artículo 55 de la
Ley 136 de 2 de junio de 19942 y en el numeral 4.° del artículo 48 de la Ley 617
de 6 de octubre de 20003, sobre indebida destinación de dineros públicos.
Pretensión
2. La pretensión que fundamenta la solicitud de pérdida de investidura es la
siguiente:
“[…] Honorables Magistradas, solicito decretar la pérdida de investidura del
Concejal Sandy (sic) Rafael Toro Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía
[…], en virtud de lo descrito anteriormente […]”.
Presupuestos fácticos
3. Los hechos que fundamentan la solicitud de pérdida de investidura son los
siguientes4:
3.1. El señor Toro Rodríguez fue elegido Concejal del Distrito de Riohacha, en
las elecciones realizadas el 27 de octubre de 2019, y tomó posesión del cargo, el
1 de enero de 2020.
3.2. El señor Toro Rodríguez fue elegido Presidente del Concejo Distrital de
Riohacha para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2020.
3.3. El Concejo Distrital de Riohacha expidió la Resolución núm. 008bis de 2 de
marzo de 2020, por medio de la cual reconoció unos honorarios a los concejales
por su asistencia a las sesiones ordinarias del 1 al 29 de febrero de 2020.
3.4. El artículo 2.º de la Resolución núm. 008bis de 2 de marzo de 2020
reconoció gastos de transporte a los concejales que residían en el sector rural,
2 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.
3 Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona
la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.
4 Los supuestos fácticos planteados están contenidos en el escrito de solicitud de pérdida de investidura (fls.
1 a 53) y en su reforma (fls. 64 a 150).
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por un valor de $42.462, por sesión. En ese sentido, al señor Toro Rodríguez se
le reconoció, por el desplazamiento desde el Corregimiento de Camarones al
Distrito de Riohacha, para asistir a 18 sesiones del concejo distrital, una suma de
$764.316.
3.5. El Solicitante señaló que el señor Toro Rodríguez reside en el Distrito de
Riohacha, por lo que, a su juicio, no le debieron ser reconocidos gastos de
transporte, en la medida que no residía en un sector rural que le implicara
transportarse para su asistencia a las sesiones del concejo distrital.
Causal de pérdida de investidura alegada y argumentos que justifican la
solicitud
4. El Solicitante manifestó que el Concejal incurrió en la causal de pérdida de
investidura prevista el numeral 3 del artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral 4.°
del artículo 48 de la Ley 617, según la cual: “[…] Los concejales perderán su
investidura: “[…] 4. Por indebida destinación de dineros públicos […]”.
Argumentos que fundamentan la solicitud de pérdida de investidura por la causal
de indebida destinación de dineros públicos
5. El Solicitante explicó que el Concejo Distrital de Riohacha, mediante Acuerdo
núm. 54 de 30 de noviembre de 1995, reglamentó el pago de transporte a los
concejales distritales que residían en la zona rural del Distrito de Riohacha y, en
su artículo 6.º, estableció que todo concejal que residiera en la zona rural debía
presentar constancia de residencia expedida por la autoridad competente.
6. Adujo que la Mesa Directiva del Concejo Distrital de Riohacha, presidida por el
Concejal, le reconoció y autorizó el pago del reconocimiento de transporte, sin
presentar previamente la certificación de residencia exigida en el artículo 6.º del
Acuerdo núm. 54 de 1995.
7. Indicó que la Veeduría Ciudadana “[…] Con la Lupa en la Mano Transparencia
Guajira […]”, mediante Oficio de 5 de mayo de 2020, solicitó al Presidente del
Concejo Distrital de Riohacha certificar a cuáles concejales se les reconocieron
gastos de transporte y de que corregimientos se trasladaron al Distrito de
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Riohacha, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.º del Acuerdo núm.
54 de 1995.
8. Señaló que la Secretaria General del Concejo Distrital de Riohacha, en Oficio
de 11 de junio de 2020, informó que en documento adjunto allegaba una
certificación de los concejales que recibían reconocimiento de transporte y una
certificación expedida por la Corregidora de Camarones, en la cual constaba que
el señor Felipe Mejía Herrera residía en dicho Corregimiento. Asimismo, informó
que, una vez el señor Toro Rodríguez hiciera llegar la certificación
correspondiente, se la enviarían.
9. Expuso que la Corregidora de Camarones expidió la certificación de 6 de julio
de 2020, por medio de la cual hizo constar que “[…] el señor Sandys (sic) Rafael
Toro Rodríguez […] no reside en el Corregimiento de Camarones hace más 1 año
con 6 meses y su lugar de residencia es en la Ciudad de Riohacha (La Guajira)
[…]”.
10. Adujo que el Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio San José
del Distrito de Riohacha expidió la certificación de 7 de julio de 2020, según la cual
el señor Toro Rodríguez residía en el referido barrio hacía más de 1 año.
11. Indicó que en los anexos de la solicitud para la inscripción de lista el señor
Toro Rodríguez informó que su lugar de residencia estaba ubicado en el Distrito
de Riohacha.
12. Argumentó que, en atención a lo anterior, el señor Toro Rodríguez “[…]
como Presidente de la corporación se ha atribuido el reconocimiento diciendo que
reside en el Corregimiento de Camarones siendo esto falso, por ello no presentó
soporte alguno, faltando a su deber, premiando la informalidad, […] tomándose
dineros públicos para un bienestar propio […]”.
Contestación de la solicitud de pérdida de investidura
13. El Concejal, a través de apoderada5, dentro de la oportunidad procesal
correspondiente, se refirió a la solicitud de pérdida de investidura6 y a su reforma7,
5 El Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante auto de 14 de agosto de 2020, decidió “[…] Reconocer
personería para actuar en el proceso de la referencia como apoderada del señor Sandy (sic)Toro Rodríguez
a la doctora Nora Molina Pérez, en los términos y para los fines del poder visible a folio 185 […]”.
6 Cfr. Folios 154 a 182.
7 Cfr. Folios 197 a 207.
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en el sentido de solicitar que se nieguen las pretensiones, con fundamento en los
siguientes argumentos:
13.1. Adujo que no era cierto que residía en el Distrito de Riohacha, debido a que:
i) residía, junto a su compañera permanente y sus tres hijas, en una vivienda
ubicada en el Corregimiento de Camarones y ii) la señora Milagro Ojeda Brito, con
quien tiene una hija, le entregó un predio de su propiedad, en administración, con
fines de explotación ganadera multipropósito, en el cual ejerce “[…] el oficio de
ganadero porque en el mismo tiene el negocio de cría, engorde de ganado y
extracción de leche y producción de queso […]”, en el Corregimiento de
Camarones.
13.2. Manifestó que el Corregimiento de Camarones tenía más de 7.000
habitantes y la Corregidora correspondiente no tenía conocimiento de su
información personal de residencia ni debió certificar que residía en el Distrito de
Riohacha.
13.3. Expuso que la Corregidora de Camarones expidió la certificación de 21 de
junio de 2020, por medio de la cual hizo constar que “[…] el señor Sandis Rafael
Toro Rodríguez declara residir en la dirección […] del Corregimiento de
Camarones […]”.
13.4. Señaló que la vivienda del Distrito de Riohacha, en la que aducían residía,
era de propiedad del señor Alberto Durán Carrillo, la cual le fue arrendada a la
señora Zoila Rosa Madero Núñez, quien le permitía habitar allí, mientras realizaba
sus deberes como Concejal, y relacionar su dirección “[…] para recibir
correspondencia con mayor facilidad y prontitud de la que la recibiría dando la
dirección de donde reside en zona rural […]”.
13.5. Indicó que no conocía al Presidente de la Junta de Acción Comunal del
Barrio San José Arnoldo Marín del Distrito de Riohacha y la vivienda ubicada en
el Distrito de Riohacha, en la que aducían residía, no pertenecía a dicho barrio.
Asimismo, expuso que las Juntas de Acción Comunal no tenían autoridad o
competencia para certificar su residencia, por cuanto esa era una atribución de
las alcaldías municipales, la cual podía ser delegada en los secretarios de
despacho y en los corregidores, en las zonas rurales.
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13.6. Refirió que el Solicitante no probó que los dineros recibidos por
reconocimiento de transporte fueron utilizados para fines distintos a los
autorizados.
13.7. Expuso que su cédula de ciudadanía estaba inscrita en el Corregimiento de
Camarones, desde 1991; su residencia electoral estaba registrada en esa
localidad; y en el registro civil de nacimiento de la primera de sus hijas y en el
certificado de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud de sus hijas se
referenció como lugar de residencia el Corregimiento de Camarones.
La audiencia pública establecida por el artículo 12 de la Ley 1881
14. La audiencia pública tuvo lugar el 31 de agosto de 2020 con la asistencia y
participación del Solicitante8 de la pérdida de investidura; el Concejal y su
apoderado9; y el Ministerio Público.
La sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia
15. El Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante sentencia proferida el 8
de septiembre de 202010, resolvió “[…] NEGAR las pretensiones de la demanda
de pérdida de investidura incoada por el ciudadano Iler Enrique Acosta contra el
concejal del distrito de Riohacha Sandis Rafael Toro Rodríguez, por el período
2020 – 2023, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia
[…]”.
Consideraciones del Tribunal
16. El Tribunal, como fundamento de su decisión, consideró, en síntesis, lo
siguiente:
8 El Tribunal Administrativo de La Guajira, en audiencia pública de 31 de agosto de 2020, decidió “[…]
Reconocer personería para actuar en el proceso como apoderado judicial de la parte demandada al abogado
Carlos Mario Isaza […] en los términos y para los fines del mandato judicial sustituido visible a folio 395 – 397
del expediente […]”.
9 El Tribunal Administrativo de La Guajira, en audiencia pública de 31 de agosto de 2020, decidió “[…]
Reconocer personería para actuar en el proceso como apoderado judicial de la parte demandante al abogado
Carlos Alfonso Duica Granados […], en los términos y para los fines del mandato judicial sustituido […]”.
10 Cfr. Folios 406 a 444.
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17. Señaló que el problema jurídico que se debía resolver estaba orientado a
determinar “[…] ¿Si en el caso bajo examen se configura o no, los elementos
objetivo y subjetivo que permitan demostrar que el señor Sandis Rafael Toro
Rodríguez, en su condición de Concejal del Distrito de Riohacha, período 2020 –
2023, incurrió en la causal de pérdida de investidura contenida en el numeral 3 del
artículo 55 de la Ley 136 de 1994 y 4 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, esto
es, en indebida destinación de dineros públicos, por haber obtenido el
reconocimiento y pago del valor de transporte que ordena la Ley 136 de 1994,
artículo 67, modificado por el artículo 2 de la Ley 1368 de diciembre 29 de 2009,
reglamentado por el Concejo Municipal, hoy Distrital de Riohacha, a través de los
acuerdos 054 de 1995 y 009 de 2017 a favor de los concejales que residen en la
zona rural del distrito y destinar dichos dineros públicos a unos fines y cometidos
distintos a los establecidos en la Constitución, la Ley o los reglamentos […]”.
18. Indicó que, para analizar el material probatorio, se debía tener en cuenta
que las solicitudes probatorias presentadas por el Solicitante, en el escrito
denominado “[…] pronunciamiento sobre la contestación de la demanda y
contestación de la reforma de la misma […]”11, el 26 de agosto de 2020, eran
extemporáneas, por cuanto: i) no fueron aportadas en las oportunidades
probatorias establecidas en el artículo 212 de la Ley 1437; ii) no correspondían a
circunstancias sobrevinientes, por lo que podían haber sido presentadas con la
demanda o su reforma o haber sido solicitadas en las oportunidades legales
correspondientes, y iii) no se observó que fuera necesario decretarlas de oficio.
19. Refirió que para la configuración de la causal por indebida destinación de
dineros públicos se requería la existencia de los siguientes elementos: i) que el
demandado hubiera sido elegido concejal municipal o distrital y en la actuación
ostente la calidad de servidor público; ii) que la conducta ejecutada por el servidor
público sea en ejercicio de la competencia propia de la investidura; iii) que al
ejercer las competencias propias de la investidura cambie o distorsione los fines
y cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento,
al destinar los recursos públicos a materias, actividades o propósitos no
autorizados, o aquellos que autorizados son diferentes a los que se encuentran
asignados y obtenga un incremento patrimonial, para sí o a favor de terceros, o
11 Cfr. Folios 342 a 381.
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pretenda derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o en el
de terceras personas.
19.1. Adujo que el primer elemento se encontraba acreditado, debido a que el
señor Toro Rodríguez había sido elegido Concejal Distrital, por lo que ostentaba
la calidad de servidor público.
19.2. Afirmó que el segundo elemento se encontraba acreditado, por cuanto el
Concejal participó en 18 sesiones del Concejo Distrital de Riohacha, en febrero
de 2020, en ejercicio de las competencias para las que fue investido, motivo por
el cual obtuvo el reconocimiento de transporte que se pagó a favor de los
concejales que residían en la zona rural del distrito, establecidos en el artículo 67
de la Ley 136, modificado por el artículo 2.º de la Ley 1368 de 29 de diciembre de
200912; el cual fue reglamentado por el Concejo Distrital de Riohacha, a través de
los acuerdos núms. 54 de 1995 y 9 de 2017.
19.3. Expuso que el tercer elemento no estaba acreditado, en la medida que no
se probó que el Concejal hubiera cambiado los fines y cometidos estatales
preestablecidos, con el fin de obtener un incremento patrimonial para sí o para un
tercero, en razón al reconocimiento por transporte recibido, en virtud de la
Resolución núm. 008bis de 2020.
19.3.1. Al respecto, explicó que el domicilio civil “[…] no se adquiere en un lugar,
por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia o ajena en
él, si tiene en otra parte su hogar doméstico, es decir, que no se modifica por el
hecho de residir la persona largo tiempo en otra parte, voluntaria o forzadamente,
si conserva su familia y el asiento principal de sus negocios en el lugar donde
manifiesta ante el respectivo prefecto o corregidor el ánimo de permanecer y
avecindarse […]”.
19.3.2. Señaló que el señor Toro Rodríguez tenía su domicilio civil en el
Corregimiento de Camarones, porque en dicho lugar:
12 Por medio de la cual se reforman los artículos 66 y 67 (reconocimiento de transporte) de la Ley 136 de
1994 y se dictan otras disposiciones.
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19.3.2.1. Tenía un núcleo familiar constituido, hace 22 años, con la señora Ibeth
Patricia Herrera Toro y sus tres hijas; como se evidenció en el registro civil de
nacimiento de la primera de sus hijas, en el cual se registró como dirección postal
el Corregimiento de Camarones. Asimismo, señaló que la permanencia actual del
grupo familiar en dicho Corregimiento se constató con el informe de la inspección
ocular realizada el día 27 de agosto de 2020. Sobre el particular, consideró “[…]
[e]n este punto resulta irrelevante la crítica del señor apoderado del demandado
en su intervención en la audiencia pública sobre el contenido incompleto de la
información plasmada en dicho documento al no incluir el dato que entregó la
señora Ibeth en el sentido de hacer constar que esa vivienda también es la casa
de habitación del señor Toro Rodríguez, pues lo crucial es que con ella se logra
verificar el lugar de residencia de su núcleo familiar del mencionado señor
independientemente que por razones de su actividad proselitista política haya
permanecido por fuera de dicho lugar por largas temporadas […]”.
19.3.2.2. Se encontraba el “[…] asiento principal de sus negocios de ganadería
[…]”, desde el 2000, según consta en el Certificado expedido por el Director
Ejecutivo del Comité de Ganaderos de Riohacha, el 21 de agosto de 2020; según
el cual, el señor Toro Rodríguez era miembro activo del gremio ganadero y estaba
inscrito con el predio “El Socorro”, ubicado en el Corregimiento de Camarones, y
en las copias de los registros de vacunación de 8 de diciembre de 2018 y 7 de
febrero de 2019, por medio de los cuales se informó el censo y la vacunación de
bovinos realizada en el predio “El Socorro”.
19.3.2.3. Ejercía su derecho al voto; como se observó en el Oficio núm. RNEC-
DDG-0471 de 26 de agosto de 2020 expedido por la Registraduría Nacional del
Estado Civil, en la cual se registra como lugar de votación el Corregimiento de
Camarones.
19.3.3. Indicó que las situaciones referidas supra demostraban el vínculo y la
afectividad establecida por el Concejal con el lugar, al momento de los hechos
invocados en la solicitud de pérdida de investidura.
19.3.4. Refirió que el hecho de que el Concejal reportara su dirección en el Distrito
de Riohacha para asuntos relacionados con su actividad como miembro de una
corporación pública de elección popular no permitía establecer que “[…] su
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residencia, esto es, el lugar donde habita y tiene su lugar doméstico principal
porque allí desarrolla su actividad comercial de la ganadería, además de ejercer
su derecho al voto ha dejado de ser el Corregimiento de Camarones […]”.
19.3.5. Adujo que el Acuerdo núm. 54 de 1995, por medio del cual se reglamentó
el pago de transporte a los concejales distritales que residían en la zona rural del
Distrito de Riohacha, estableció, en su artículo 6.º, que todo Concejal que resida
en la zona rural debería presentar constancia de residencia de la respectiva
autoridad competente del lugar, sin precisar la circunstancia de tiempo en que se
debía presentar, y la Ley 1368 de 29 de diciembre de 200913 y el Acuerdo núm. 9
de 5 de septiembre de 201714, por el cual se actualizó el reglamento interno del
Concejo Distrital de Riohacha, no preveían dicha exigencia.
19.3.6. Expuso que, aun cuando era un deber para el Concejal al que le hubiera
sido pagado el reconocimiento de transporte, presentar la constancia de
residencia en zona rural expedida por la autoridad competente del lugar, en el
caso bajo examen se había acreditado que el Concejal residía en dicha zona, por
lo que la ausencia de ese requisito no era suficiente para decretar la pérdida de
investidura.
19.3.7. Señaló que “[…] efectuada la valoración probatoria en su integridad bajo
las reglas de la sana crítica en concordancia con el marco normativo y
jurisprudencial detallado en el presente providencia, se infiere la presunción
positiva del ánimo del señor Sandis Rafael Toro Rodríguez de permanecer
residenciado en el Corregimiento de Camarones en el inmueble ubicado en […] y
de la de tener constituido su domicilio civil en ese lugar, hecho que no logró ser
desvirtuado en grado de certeza por el demandante dentro de la oportunidad
probatoria establecida en la ley […]”.
20. Indicó que, al no configurarse el elemento objetivo de la causal de pérdida
de investidura por indebida destinación de dineros públicos, la Sala se relevaba
de estudiar el elemento subjetivo.
13 Por medio de la cual se reforman los artículos 66 y 67 (reconocimiento de transporte) de la Ley 136 de
1994 y se dictan otras disposiciones.
14 Por el cual se actualiza el reglamento interno del Concejo Distrital de Riohacha, La Guajira, y se dictan
otras disposiciones.
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El recurso de apelación presentado por el Solicitante15
21. El Solicitante presentó recurso de apelación contra la sentencia proferida,
en primera instancia, con el objeto de que se revoque dicha providencia y, en su
lugar, se decrete la pérdida de investidura del Concejal, con fundamento en los
siguientes argumentos:
22. Expone que el Tribunal les dio mayor valor a las pruebas aportadas por el
Solicitante, por cuanto no tuvo en cuenta las solicitudes probatorias presentadas
en el escrito de 26 de agosto de 2020, por extemporáneas, aun cuando fue su
oposición a las excepciones presentadas en la contestación a la reforma de la
demanda.
23. Señala que se configuró la causal de pérdida de investidura por indebida
destinación de recursos públicos, por cuanto al señor Toro Rodríguez le pagaron
el reconocimiento de transporte, sin residir en zona rural y sin haber acreditado tal
situación.
24. Indica que en el expediente obran dos certificaciones suscritas por la
Corregidora de Camarones y el informe de la inspección ocular realizada en dicho
corregimiento, el 27 de agosto de 2020; la cual tenía “[…] más relevancia, pues
emana de una servidora pública con competencias para ello […]”, según lo
establecido en la Ley 1681 de 20 de noviembre de 201316.
25. Afirma que el Concejal no tiene residencia, como lugar de habitación en el
Corregimiento de Camarones, como se demostró en el informe de la inspección
ocular realizada por la Corregidora de Camarones, el 27 de agosto de 2020, en el
cual quedó consignado que la señora Ibeth Patricia Herrera Toro, quien atendió la
visita y suscribió la respectiva acta, no mencionó que el Concejal habitara en ese
lugar.
26. Refiere que el Concejal no cumplió con el requisito establecido en el artículo
6.º del Acuerdo núm. 54 de 1995 para el pago del reconocimiento de transporte,
por cuanto no presentó constancia de residencia de la respectiva autoridad
15 Cfr. fls. 466 a 482.
16 Por medio de la cual se modifica el artículo 41 de la Ley 1551 de 2012 y se adoptan otras disposiciones.
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competente del Corregimiento de Camarones y, contrario a lo señalado por el
Tribunal, se debía entender que el requisito establecido en el artículo 6.º del
Acuerdo núm. 54 de 1995 estaba vigente y era previo al pago del reconocimiento
de transporte.
27. Concluyó que era “[…] imposible pretender ignorar que en este caso el
Concejal Sandy (sic) Rafael Toro Rodríguez podría desconocer que al pagarse
los gastos de transporte sin residir en zona rural, no incurriría en una conducta
irregular, que configure una causal de pérdida de investidura o que, en el mejor
de los casos, si no conocía la ilicitud de su conducta en virtud de una diligencia
requerida para el desarrollo y despliegue de esa actividad, debía saber que la
misma resultaba contraria a derecho […]”.
Traslado del recurso de apelación
28. Surtido el traslado del recurso de apelación, el Solicitante, el Concejal y el
Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
29. Para efectos metodológicos de la decisión, la Sala procederá al estudio de:
i) la competencia de la Sala; ii) el problema jurídico; iii) la calificación habilitante;
iv) el marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del medio de control de
pérdida de investidura; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la
causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos; vi)
el análisis del caso concreto; y vii) las conclusiones.
Competencia de la Sala
30. Vistos: i) el parágrafo 2.° del artículo 48 de la Ley 617, sobre perdida de
investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de
juntas administradoras locales; ii) la Ley 1881, en especial su artículo 22, sobre la
aplicación de esa normativa a los procesos de pérdida de investidura de
concejales y diputados; iii) el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201917;
y iv) el artículo 150 de la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado, en
17 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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segunda instancia: la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto.
31. Agotados los trámites inherentes al recurso de apelación de que trata este
asunto y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo
actuado, se procede a decidir el caso sub lite. Asimismo, la Sala limitará su
pronunciamiento a los argumentos planteados en el recurso de apelación
presentado por el Solicitante porque dichos argumentos definen el marco de la
decisión que ha de adoptarse en esta instancia.
32. Vistos los artículos 32818 y 32019 de la Ley 1564, la Sala procederá a
pronunciarse únicamente en relación con los argumentos o reparos formulados
por el apelante.
Problema Jurídico
33. Corresponde a la Sala determinar, con fundamento en el recurso de
apelación, si el Concejal incurrió o no en la causal de pérdida de investidura
prevista en el numeral 3 del artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral 4.° del
artículo 48 de la Ley 617, por indebida destinación de dineros públicos, al recibir
el reconocimiento de transporte que se le paga a concejales que residen en zona
rural, con el objeto de establecer si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia proferida en primera instancia.
La calificación habilitante
34. Visto el literal “b” del artículo 5 de la Ley 1881, la Sala encuentra probado
que el señor Toro Rodríguez tiene la calidad de Concejal del Distrito de Riohacha,
según consta en el formulario E-26CON20 expedido por los miembros de la
Comisión Escrutadora Municipal, por medio de la cual se declaró electo al señor
Sandis Rafael Toro Rodríguez como Concejal del Distrito de Riohacha, para el
18 “[…] Artículo 328. Competencia del Superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley. […]”.
19 “[…] Artículo 320. Fines de la Apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine
la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que
el superior revoque o reforme la decisión. […]”.
20 Cfr. Folios 13 a 24.
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período 2020 – 2023, de acuerdo con los resultados de las elecciones que se
llevaron a cabo el 27 de octubre de 2019.
35. En ese orden de ideas, la investidura del señor Toro Rodríguez se tiene por
cierta en la medida en que el documento anteriormente indicado constituye prueba
de dicha calidad, lo cual la hace sujeto pasivo del medio de control de pérdida de
investidura.
Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del medio de control de
pérdida de investidura
Marco normativo
36. Vistos los artículos 18421 de la Constitución Política; 14322 de la Ley 1437
y las leyes 136, 617, 1881 y 2003, en especial, el artículo 1 de la Ley 1881.
Desarrollos jurisprudenciales
37. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha
considerado que la pérdida de investidura es una acción pública que da origen a
un proceso de carácter jurisdiccional y sancionatorio23 de propósito ético, con
consecuencias políticas, que tiene por objeto el estudio de la conducta de los
miembros de corporaciones públicas de elección popular y como consecuencia la
pérdida de parte de los derechos políticos; y que tiene por fundamento la
protección y la preservación del principio de representación y de la dignidad en el
ejercicio del cargo que confiere el voto popular.
38. El fundamento de este proceso sancionatorio es preservar la dignidad del
cargo público de elección popular a través del control que ejercen los ciudadanos
sobre sus representantes cuando estos incurran en conductas contrarias al buen
21 Constitución Política. Artículo 184. La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado
de acuerdo con la ley y en un término no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de la
solicitud formulada por la mesa directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano.
22 Ley 1437 de 2011. Artículo 143. Pérdida de Investidura. A solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara
correspondiente o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución, se podrá
demandar la pérdida de investidura de congresistas.
Igualmente, la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental, del Concejo Municipal, o de la junta
administradora local, así como cualquier ciudadano, podrá pedir la pérdida de investidura de diputados,
concejales y ediles.
23 Sentencia de 27 de septiembre de 2016, proferida en el proceso con radicación número (SU) 11001-03-15-
000- 2014-03886-00, Consejero Ponente Alberto Yepes Barreiro.
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servicio, al interés general o a la dignidad que ostentan. Se trata de conductas que
comportan la defraudación del principio de representación.
39. La Sala Plena24 puso de presente que, atendiendo la especial naturaleza
de la pérdida de investidura, esta acción tiene las siguientes características: i)
constituye un juicio de responsabilidad que conlleva la imposición de una sanción
de carácter jurisdiccional que castiga la transgresión al código de conducta que
los miembros de las corporaciones públicas de elección popular deben observar
atendiendo la naturaleza representativa de la investidura que ostenta; ii) es una
sanción de carácter jurisdiccional porque la competencia para decretarla es
atribuida exclusivamente al Consejo de Estado; iii) la pérdida de investidura es la
sanción más grave que puede imponerse a una persona que ha sido elegida en
una corporación pública de elección popular porque implica la separación
inmediata de las funciones que venía ejerciendo como integrante de esa
corporación y, por expresa disposición de la propia Constitución Política, la
inhabilidad permanente para serlo de nuevo en el futuro; iv) los procesos de
pérdida de investidura limitan o reducen algunos derechos fundamentales
previstos en la Constitución como el de ser elegido.
40. En esa misma orientación, la Corte Constitucional25 consideró que la
pérdida de investidura es una acción pública de carácter sancionatorio prevista en
la Constitución y la ley, que tiene como finalidad castigar a los miembros de las
corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas reprochables por
ser incompatibles con la dignidad del cargo que ostentan.
41. En el proceso de pérdida de investidura se deben aplicar las garantías
constitucionales del debido proceso, conforme lo consideró la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia proferida el 23 de marzo de 201026. En ese
orden, las conductas sancionables deben estar plenamente determinadas en la
Constitución Política o en la ley con el objeto de excluir cualquier tipo de
arbitrariedad en la aplicación de los supuestos fácticos y normativos que realice
el juez, quien deberá estar siempre sometido al espectro conductual fijado por la
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; Sentencia de 29 de agosto de 2017,
Expediente: 110010315000201601700-00(PI), M.P. Milton Chaves García.
25 Sentencia SU-426 de 2016, Magistrada Ponente Gloria Stella Ortíz Delgado.
26 Número único de radicación 110010315000200900198-00(PI).
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literalidad de la prohibición o circunstancia causante de la pérdida de investidura,
lo cual constituye una materialización del principio de interpretación restrictiva.
42. Asimismo, es importante resaltar que, por las particularidades del proceso
de pérdida de investidura y, en especial, a su carácter sancionador, en él se debe
dar plena aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso, en
particular, en cuanto se refiere a la observancia de, entre otros, los principios pro
homine, in dubio pro reo, y de legalidad.
43. Es de importancia resaltar que el juicio de responsabilidad que se realiza
en el marco de la pérdida de investidura no puede ser considerado de ninguna
manera como un juicio de responsabilidad objetiva; por el contrario, conforme con
la jurisprudencia de las altas cortes27, una vez verificada la configuración del
elemento objetivo, se debe proceder al estudio del elemento subjetivo 28.
44. En suma, el estudio de cada caso se debe realizar teniendo en cuenta que
la pérdida de investidura es un juicio de carácter sancionatorio, lo cual implica que
el juez debe realizar un análisis integral de la responsabilidad bajo una estricta
aplicación de los principios que gobiernan el debido proceso, en especial, entre
otros, el de favorabilidad, y, con fundamento en ello, determinar si la conducta se
subsume en el supuesto fáctico de la norma que establece como consecuencia
jurídica la pérdida de la investidura y si se configura o no el elemento subjetivo29.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos
45. Vistos el numeral 3.° del artículo 55 de la Ley 136, sobre pérdida de la
investidura de concejal; y el numeral 4.º del artículo 48 de la Ley 617, “[…] [l]os
[…] concejales municipales y distritales […] perderán su investidura: […] [p]or
indebida destinación de dineros públicos […]” (Destacado fuera de texto).
27 Corte Constitucional, Sentencia SU 424 de 2016.
28 En criterio de la Corte Constitucional “[…] atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó
la conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad
se enderezó a esa acción u omisión […]”.
29 La Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU 424 de 2016, precisó que el juez de este proceso
sancionatorio debe determinar: i) si se configura la causal y ii) si a pesar de que ésta aparezca acreditada,
existe alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de buena
fe o, en caso de que la causal lo admita, se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en
general exista alguna circunstancia que permita descartar la culpa.
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46. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 30,
mediante sentencia de 6 de mayo de 2014, en relación con la causal de pérdida
de investidura de congresistas por indebida destinación de dineros públicos,
aplicable al caso de los concejales, consideró lo siguiente:
“[…] Esta norma, como sucede con las demás causales de pérdida de investidura,
tampoco describen la conducta. No obstante, la jurisprudencia de la Sala Plena
del Consejo de Estado ha delimitado los presupuestos para que se configure.
En este sentido, como su denominación lo indica, se realiza cuando un congresista
destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales
distintos a los establecidos en la Constitución, en la ley o en los reglamentos.
Bien puede utilizarlos o dirigirlos a actividades o propósitos no autorizados; o a
aquéllos que estando autorizados no correspondan a la finalidad asignada; o a
cometidos prohibidos, entre otros.
En estos términos, la Sala Plena, en sentencia del 7 de junio de 201231, señaló que
aunque la causal no está definida en el ordenamiento jurídico, se configura cuando
la destinación de los dineros públicos no corresponde a los fines estatales
preestablecidos por la Constitución, la ley o el reglamento: “La causal de
indebida destinación de dineros públicos no está definida en la Constitución ni en
las normas legales que rigen el ejercicio de la acción de pérdida de investidura. Es,
entonces, pertinente consignar el sentido y alcance con que esta Corporación le ha
definido. La causal de indebida destinación de dineros públicos se configura
cuando el concejal destina los dineros públicos a unas finalidades y
cometidos estatales distintos a los establecidos en la Constitución, en la ley
o en los reglamentos.”
Respecto a los elementos constitutivos […] la Sala Plena, en sentencia del 6 de
marzo de 200332 también señaló: “ ‘Por consiguiente, el elemento tipificador de la
causal de pérdida de investidura en referencia, está en el hecho de que el
congresista, en su condición de servidor público, que lo es (art. 123 de la
Constitución), con su conducta funcional, al ejercer las competencias de las que ha
sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales
preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento, para destinar los
dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros
sí autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran
asignados, o cuando aplica tales recursos a materias expresamente
prohibidas, no necesarias o injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando pretende derivar un
beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras personas,
etc. ‘En los eventos como los antes indicados, la conducta del congresista
bien puede ser delictiva o no, ajustada o no a un procedimiento legal de
ordenación del gasto o de contratación, pero, su finalidad es otra muy distinta
a la señalada en la Constitución, la ley o los reglamentos’ ”.
De allí que, para que la causal se configure es necesario que el Congresista, en su
condición de servidor público, distorsione o cambie el cometido estatal consagrado
en la Constitución, la Ley o el Reglamento, para destinar los dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos no autorizados, o que estando autorizados sean
diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados, o haya destinado o
utilizado los recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente: Enrique Gil Botero,
Sentencia de 6 de mayo de 2014 proferida dentro del proceso identificado con el número único de radicación
11001-03-15-000-2013-00865-00(PI).
31 Rad. 2010-00352, C.P. María Claudia Rojas Lasso.
32 Rad. 2002-1007, C.P. Olga Inés Navarrete Barrero.
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injustificadas; o perseguido la finalidad de obtener un incremento patrimonial
personal o de terceros; o hubiere pretendido derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas.
En este orden, no es necesario que el sujeto activo de la causal ostente la
condición de nominador u ordenador del gasto, basta con que deba respetar,
defender y cuidar el patrimonio público, toda vez que es imperativo cuidar los bienes
del Estado para evitar su menoscabo. En este sentido, la Sala Plena ha señalado
que la causal comporta dos elementos: i) la conducta y ii) el fin. La Sentencia del 1
de noviembre de 200533 señaló: “Para la configuración de la causal de indebida
destinación de dineros públicos prevista en el num. 4º del artículo 183 de la
Constitución Política (reproducida en el numeral 4º del artículo 298 de la Ley 5ª de
1992) se destacan o requieren dos elementos como son la conducta y el fin.”
En el primero –como se exige para las demás causales por las que se puede
demandar la pérdida de investidura- es necesario, que el sujeto activo que la agota
ostente la calidad de Congresista y precisamente que en esa condición ejerza
competencias para las que fue investido.
El segundo elemento, consiste en el fin de la conducta, es decir que al ejercer las
competencias propias de su investidura: i) cambie o distorsione los fines y
cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento al
destinar los recursos públicos a materias, actividades o propósitos no autorizados,
o a aquéllos que autorizados son diferentes a los que se encuentran asignados; ii)
aplique tales dineros a objetos prohibidos, no necesarios o injustificados; iii)
obtenga un incremento patrimonial para sí o a favor de terceros, o iv) pretenda
derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o en el de terceras
personas, etc […]” (Destacado fuera de texto).
47. Asimismo, esta Sección34, siguiendo los planteamientos de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ha expresado, frente a
la configuración de esta causal de pérdida de investidura, lo siguiente:
“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos no se encuentra definida
en la Constitución ni en las normas legales que regulan el ejercicio de la acción de
pérdida de investidura. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación se ha
referido en distintas oportunidades al sentido y alcance que esta causal tiene.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia
30 de mayo de 2000 (Expediente núm. AC-9877, Consejero ponente doctor Germán
Rodríguez Villamizar), se pronunció sobre los alcances del concepto de indebida
destinación de dineros públicos, señalando que el elemento tipificador de esta
causal de pérdida de investidura “está en el hecho de que el Congresista, en su
condición de servidor público, con su conducta funcional al ejercer las competencias
de las que ha sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines o cometidos
estatales, preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento, para destinar
los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados, o
cuando aplica tales recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un incremento patrimonial personal
o de terceros, o cuando pretende derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas”.
33 Rad. 2004-01673, C.P. Tarsicio Cáceres Toro.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente: Guillermo
Vargas Ayala, Sentencia de 4 de septiembre de 2014 proferida dentro del proceso identificado con el número
único de radicación 63001-23-33-000-2013-00148-01(PI).
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Núm. Único de radicación: 440012340000202000233-01
Esta postura ha sido objeto de múltiples reiteraciones por la misma Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo35 y también por la Sección Primera del Consejo de
Estado, entre otras, en sentencias de 1º de julio de 2004 (Expediente núm. 2003-
00194, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), 9 de
noviembre de 2006 (Expediente núm. 2005-01133, Consejero ponente doctor
Camilo Arciniegas Andrade), 16 de julio de 2009 (Expediente núm. 2008-00700,
Consejera ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón) 14 de diciembre de 2009
(Expediente núm. 2009-00012 (Expediente núm. 2009-00012, Consejero ponente
doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), 3 de noviembre de 2011 (Expediente
núm. 2011-00009, Consejera ponente María Elizabeth García González) y 1º de
agosto de 2013 (Expediente núm. 2012-00151, Consejera ponente María Elizabeth
García González) […]”.
48. En suma de todo lo anterior, se puede concluir lo siguiente:
49. Que la indebida destinación de dineros públicos es una norma abierta
porque la normativa Constitucional y legal no establece el alcance de la causal ni
detalla un catálogo de conductas específicas que la configuran, lo cual atiende a
la finalidad de la causal, cual es: censurar cualquier uso de los dineros públicos
para fines no previstos, distintos, prohibidos o no autorizados por la Constitución
Política, las leyes o el reglamento, porque con ello traiciona, cambia o distorsiona
los fines y cometidos estatales preestablecidos en la normativa que regula el
gasto36.
50. Si bien la indebida destinación de dineros públicos se puede configurar a
través de la transgresión de tipos penales, “[…] dada la autonomía e
independencia existente entre las acciones de pérdida de investidura y penal, las
conductas que materializan la indebida destinación de dineros públicos configuran
la causal de pérdida de investidura sin que necesariamente deban estar tipificadas
como delitos […]”37.
35 En sentencias de 20 de junio de 2000 (Expediente núm. 9876); de 6 de marzo de 2001 (Expediente núm.
AC-11854) y de 17 de julio de 2001 (Expediente núm. 0063-01).
36 Ver Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión de Pérdida de Investidura; sentencia de 3 de
diciembre de 2019; proceso identificado con el número único de radicación 110010315000201900771-00 C.P.
doctora Rocío Araújo Oñate. Sentencia del 6 de mayo de 2014, consejero ponente: Enrique Gil Botero,
expediente: 11001-03-15-000-2013-00865-00. Sentencia del 28 de marzo de 2017. MP. Rafael Francisco
Suárez Vargas. Expediente 11001-03-15-000-2015-00111-00 (PI).
37 Ver Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión de Pérdida de Investidura; sentencia de 3
de diciembre de 2019; proceso identificado con el número único de radicación 110010315000201900771-00
C.P. doctora Rocío Araújo Oñate. En dicha providencia se citan las sentencias: Consejo de Estado. Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 19 de octubre de 1994. MP. Juan de Dios Montes.
Expediente AC-2102. Sentencia del 30 de julio de 2002. MP Jesús María Lemos Bustamante, expediente:
11001-03-15-000-2001-0248-01 y concluye que la autonomía entre las acciones penal y de pérdida de
investidura es congruente con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-319 del 14 de julio
de 1994, mediante la cual se declaró la inexequibilidad del parágrafo segundo del artículo 296 de la Ley 5
de 1992, que condicionaba la procedencia de la acción de pérdida de investidura de los miembros del
Congreso por indebida destinación de dineros públicos o tráfico de influencias, a la existencia previa de
sentencia penal condenatoria.
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Núm. Único de radicación: 440012340000202000233-01
51. Para efectos de la causal de pérdida de investidura, la expresión “dinero
público” se debe entender como aquellos recursos públicos que administra el
Estado.
52. La configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura sub examine requiere la prueba de tres elementos, a saber: i) que se
ostente la condición de miembro de corporación pública de elección popular; ii)
que se esté frente a dineros públicos y iii) que los dineros públicos sean
indebidamente destinados.
53. La indebida destinación de dineros públicos se configura en los siguientes
casos:
53.1. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular destina
los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados.
53.2. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular los destina
a objetos, actividades o propósitos autorizados, pero diferentes a los cuales esos
dineros se encuentran asignados.
53.3. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular aplica los
dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la
Constitución, la ley o el reglamento.
53.4. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular aplica los
dineros públicos a materias innecesarias o injustificadas.
53.5. Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento patrimonial
personal o de terceros.
53.6. Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no
necesariamente económico en su favor o en el de terceros.
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Núm. Único de radicación: 440012340000202000233-01
Análisis del caso concreto
54. De conformidad con el numeral 3 del artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio
de 199438, en el numeral 4.° del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000
y el marco normativo: la Sala procede a realizar el análisis y la valoración
probatorios para, en aplicación de silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
55. Esta Sala procede a apreciar y a valorar en su conjunto todas las pruebas
decretadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y aplicando las de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, con el objeto de determinar si el Concejal
incurrió o no en la causal de pérdida de investidura referida supra.
56. Explicado lo anterior y teniendo en cuenta que, de conformidad con el
artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable en virtud del artículo 21 de
la Ley 1881, en los procesos de pérdida de investidura, corresponde al Solicitante
y al miembro de la corporación pública de elección popular, probar los supuestos
de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
57. De conformidad con lo anterior, esta Sala procederá al análisis y a la
valoración probatorios, con el fin de estudiar los argumentos presentados en el
recurso de apelación.
Análisis de los supuestos del elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos en el caso
concreto
Que se ostente la condición de miembro de corporación pública de elección
popular
58. Como se indicó supra, en el acápite denominado “[…] la calificación
habilitante […]”, se encuentra probado que el señor Sandis Rafael Toro Rodríguez
tiene la calidad de Concejal del Distrito de Riohacha, según consta en el formulario
E-26CON39 expedido por los miembros de la Comisión Escrutadora Municipal, por
38 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.
39 Cfr. Folios 13 a 24.
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medio de la cual se declaró electo como Concejal del Distrito de Riohacha, para
el período 2020 – 2023.
59. En consecuencia, se encuentra probado el primer supuesto del elemento
objetivo de la causal de pérdida de investidura en el caso sub examine.
Que se esté frente a dineros públicos
60. El artículo 6740 de la Ley 136, modificado por el artículo 2.º de la Ley 1368,
establece el reconocimiento de transporte, en los siguientes términos:
“[…] Artículo 67. Reconocimiento de Transporte. <Artículo modificado por el
artículo 2 de la Ley 1368 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Reconócese el
valor de transporte, durante las sesiones plenarias y de comisión, a los
concejales que residan en zonas rurales y deban desplazarse desde y hasta
la cabecera municipal, sede principal del funcionamiento de las
corporaciones municipales. Estos gastos de transporte serán asumidos, en
el caso de los municipios pertenecientes a categorías cuarta, quinta y sexta
con cargo a la sección presupuestal del sector central del municipio, y no se
tendrán en cuenta como gasto de funcionamiento de la administración, para el
cálculo de los indicadores de límite de gastos de funcionamiento fijados por la Ley
617 de 2000.
Para estos efectos, los Concejos Municipales a iniciativa de los alcaldes
deberán expedir el reglamento en donde se fije el reconocimiento de
transporte, atendiendo criterios razonables, con anterioridad al periodo de
sesiones siguientes a la promulgación de la presente ley. Los pagos efectuados a
los concejales por gastos de transporte a que se refiere el presente artículo no
estarán sujetos a retención en la fuente. […]” (Destacado fuera del texto).
61. Al respecto, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia
de 29 de marzo de 201941, consideró que “[…] el reconocimiento de transporte no
es más que el (i) pago o desembolso de los valores que por este criterio se realiza
a favor de los concejales, con cargo al respectivo municipio, (ii) durante las
sesiones plenarias y de comisión, (iii) cuando estos residan en zonas rurales y (iv)
deban desplazarse desde y hasta la cabecera municipal, sede principal del
funcionamiento de las corporaciones municipales. […] Adicionalmente, consciente
de la diversidad territorial de los municipios y distritos, y previendo que sus
Concejos estén en la capacidad de determinar aspectos específicos para el
40 Texto original de la ley 136 de 1994: “[…] Artículo 67. Reconócese el valor de transporte, durante las
sesiones plenarias, a los concejales que residan en zonas rurales y deban desplazarse hasta la cabecera
municipal, sede principal del funcionamiento de las corporaciones municipales. […]”.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de marzo de
2019 proferida dentro del proceso identificado con número único de radicación 660012333000201800246-
01(PI), (C.P. Nubia Margoth Peña Garzón).
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manejo y aplicación de este reconocimiento de transporte, en medio de las
particulares circunstancias de movilidad, distancia, condiciones geográficas,
medios de transporte y demás que puedan presentarse, el legislador les otorgó la
facultad de expedir un reglamento en donde se fije lo concerniente a dicho
concepto, atendiendo a criterios razonables en cualquier caso. […]”.
62. En ese sentido, el Concejo Municipal42 de Riohacha expidió el Acuerdo
núm. 54 de 28 de noviembre de 199543, por medio del cual se reglamentó el pago
de transporte a los concejales que residieran en la zona rural; en su artículo 1.º
dispuso reconocer el valor del transporte a los concejales que residieran en zonas
rurales de Riohacha, durante las sesiones plenarias, y, en su artículo 6.º, señaló
que todo concejal que residiera en la zona rural debería presentar constancia de
residencia de la respectiva autoridad competente del lugar:
“[…] Artículo primero: Reconocer el valor del transporte, durante las sesiones
plenarias del Concejo Municipal, a los concejales que residen en las zonas rurales
del municipio de Riohacha, en concordancia con lo estipulado en el artículo 67 de
la ley 136 de 1994.
[…].
Artículo sexto: Todo concejal que resida en la zona rural deberá presentar
constancia de residencia de la respectiva autoridad competente del lugar. […]".
63. Asimismo, el artículo 47 del Acuerdo núm. 9 de 201744, por el cual se
actualiza el reglamento interno del Concejo Distrital de Riohacha, La Guajira, y se
dictan otras disposiciones, estableció que uno de los derechos de los concejales
era el reconocimiento de transporte cuando residieran en zona rural y requirieran
asistir a sesiones plenarias o de comisión y precisó que el reconocimiento de
transporte sería asumido con cargo al presupuesto del distrito:
“[…] Artículo 47.º: Derechos. el concejal tiene los siguientes derechos principales
[…]:
8. Al reconocimiento de transporte cuando se resida en la zona rural y requiera
asistir a sesiones plenarias o de comisión según el artículo 67 Ley 1368 de 2009.
CONCORDANCIA: L. 136/94, art. 67.
[…].
42 Sobre el particular, es preciso tener en cuenta que Riohacha, antes de la expedición de la Ley 1766 de 24
de julio de 2015, por medio de la cual se le otorgó la categoría de Distrito Especial Turístico y Cultural, era un
Municipio.
43 Cfr. Folios 47 a 49.
44 Cfr. Folios 264 y 279 a 339.
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Parágrafo 3°: Reconocimiento de Transporte. Reconózcase el valor de
transporte, durante las sesiones plenarias y de comisión, a los concejales que
residan en zonas rurales y deban desplazarse desde y hasta la cabecera municipal,
sede principal del funcionamiento de las corporaciones municipales. Estos gastos
de transporte serán asumidos con cargo a la sección presupuestal del sector
central del distrito, y no se tendrán en cuenta como gasto de funcionamiento de
la administración, para el cálculo de los indicadores de límite de gastos de
funcionamiento fijados por la Ley 617 de 2000. Los pagos efectuados a los
concejales por gastos de transporte a que se refiere el presente artículo no estarán
sujetos a retención en la fuente. CONCORDANCIA: L. 136/94. Art. 67 […]”
(Destacado fuera del texto).
64. De igual forma, es importante señalar que el artículo 2.º de la Resolución
núm. 008bis de 202045, por medio de la cual se reconoció unos honorarios a los
concejales por su asistencia a las sesiones ordinarias del 1 al 29 de febrero de
2020, resolvió reconocer gastos de desplazamiento al Concejal, como se expone
a continuación:
“[…] Artículo Segundo: En atención al artículo 67 de la Ley 1368 de 2009 reconocer
gastos de desplazamiento a los H. Concejales del sector rural por la suma de
un millón quinientos veintiocho mil seiscientos treinta y dos pesos
($1.528.632) con cargo al rubro Transporte Rural de Concejales 21224 – 01.
Discriminados así:
ÍTE APELLIDOS Y NOMBRES No. DE V. UNITARIO V.TOTAL
M SESIONES
1 MEJÍA HERRERA FELIPE 17 […] […]
2 TORO RODRÍGUEZ SANDY 18 42.462 764.316
(sic)
TOTAL…………………………………....…$1.528.632 […]” (Destacado fuera del texto).
65. Sobre el particular, la Sala encuentra probado que el Concejal recibió por
concepto de “auxilio transporte rural” de 18 sesiones, una suma de $764.316, en
virtud de lo dispuesto en la Resolución núm. 008bis de 202046.
66. En consecuencia, la Sala considera que el Concejal, al recibir dicho
reconocimiento de transporte a concejales que residen en zona rural, le fueron
entregados unos recursos públicos que integran el presupuesto de la entidad
territorial, y en esa medida se encuentra probado el segundo elemento que integra
la causal de pérdida de investidura objeto de análisis.
45 Cfr. Folios 34 y 35.
46 Cfr. Folio 36. Resolución de pago núm. 008 de 2020, documento que contiene la relación de pago a los
concejales distritales de Riohacha para la vigencia de 1 a 29 de febrero de 2020, en el ítem núm, 15, se
observa el nombre del Concejal y la suma por él recibida, por concepto de auxilio transporte rural.
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Que los dineros públicos sean indebidamente destinados
67. El Solicitante, en el recurso de apelación, indica que el Tribunal les dio
mayor valor a las pruebas aportadas por el Solicitante, por cuanto no tuvo en
cuenta las solicitudes probatorias presentadas en el escrito de 26 de agosto de
2020, por extemporáneas, aun cuando fue su oposición a las excepciones
presentadas en la contestación a la reforma de la demanda.
68. Al respecto, el Tribunal, mediante sentencia proferida, en primera instancia,
señaló:
“[…] Finalmente, el 26 de agosto de 2020, la parte demandante allega al
expediente escrito denominado “pronunciamiento sobre la contestación de la
demanda y contestación de la reforma de la misma”, al ser analizado se
observa que presenta argumentos a través de los cuales refuta las situaciones
fácticas probatorias sustentadas por la parte demandada y a su vez, aporta
nuevo material probatorio para incorporar a la litis, tales como: i) audio de
noticia trasmitida por la emisora Cardenal Estéreo, cuyo contenido no se encuentra
en el archivo allegado al expediente, ii) consulta de lugar de votación en el censo
nacional electoral correspondiente a la persona identificada con cédula de
ciudadanía 54.401.763, iii) certificación expedida por el secretario de planeación del
Distrito de Riohacha, iv) mapa de la manzana 417 del distrito de Riohacha, v)
registro civil de nacimiento de la menor Sara Sofía Toro Ternera, vi) seguro de vida,
vii) certificado de matrícula mercantil de persona natural, viii) resultado de la
consulta en la base de datos del ADRES correspondiente a la señora Zoila Rosa
Madero Núñez, y xi) registros fotográficos.
Sobre este aspecto, tal como se indicó en la audiencia pública celebrada para
escuchar las consideraciones jurídicas de los sujetos procesales de que trata el
artículo 12 de la ley 1881 de 2018, realizada el 31 de agosto de 2020 por medios
virtuales se pronuncia el Tribunal bajo las siguientes consideraciones.
[…].
Ahora, la Ley 1881 de 2018, en su artículo 21, dispone que para la impugnación de
autos y en los demás aspectos no contemplados en esta ley se seguirá el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de forma
subsidiaria el Código General del Proceso en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
Así las cosas, el CPACA en su artículo 212, dispone expresamente las
oportunidades probatorias, así:
“Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse
e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este
Código.
En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de
pruebas: la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su
respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la
oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento
circunscritas a la cuestión planteada. (…)”
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Establecido lo anterior, queda claro que el medio de control de pérdida de
investidura contiene un trámite especial, con términos perentorios y breves, la
norma señala que el magistrado ponente decretará las pruebas pertinentes y fijará
un término hasta de tres días hábiles para su práctica. En esa misma providencia
se indicará fecha y hora para la audiencia pública, que se cumplirá dentro de los
dos (2) días siguientes.
Ahora, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del CPACA aplicable al
sub lite por remisión expresa del artículo 21 de la ley 1881 de 2018, se tiene que
las oportunidades en primera instancia para aportar o solicitar la práctica de
pruebas son en la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su
respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la
oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento
circunscritas a la cuestión planteada.
Bajo este norte, al analizar el proceso de la referencia se encuentra la
presentación de la demanda, reforma de la misma y las contestaciones que
presentó la parte demandada frente a la demanda y la reforma, siendo estas
las oportunidades que dispone el ordenamiento jurídico para aportar o
solicitar la práctica de pruebas a petición de las partes.
Por lo anterior, la Sala encuentra extemporáneas las pruebas que presenta la
parte actora a través del escrito remitido el 26 de agosto de 2020 por medio
de los correos electrónicos institucionales del despacho 001 y de la Secretaría
del Tribunal, por cuanto no fueron aportadas dentro de la oportunidad de ley,
por ende no pudieron ser decretadas en el auto de pruebas, toda vez que este
data del 25 del presente mes y anualidad.
De igual forma, tampoco se observa que sean pruebas sobrevinientes con
posterioridad al decreto de pruebas, pues analizado su contenido se observa
que corresponden a situaciones acaecidas con anterioridad a dicha etapa por
lo que debió la parte actora en la presentación de la demanda y/o con la
reforma de la misma haber suministrado todo el material probatorio que
pretendía hacer valer en la presente litis o en su defecto solicitar el decreto
de las mismas dentro de las oportunidades de ley.
Finalmente, tampoco se observó que fuera necesario decretarlas de oficio. […]”
(Destacado fuera del texto).
69. Sobre el particular, es preciso indicar que la Sección Primera de esta
Corporación, mediante sentencia de 30 de junio de 201647, consideró que en el
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de junio de
2016 proferida dentro del proceso identificado con el número único de radicación 230012333000201500201-
01(PI). Sobre el particular, es preciso indicar que textualmente señaló: “[…] Frente al alegato dirigido a
controvertir la decisión del tribunal de negar las pruebas testimoniales solicitadas, se debe precisar
que esta no es la oportunidad procesal para cuestionar una decisión de este tipo. Sabido es que contra
la decisión de negar el decreto y práctica de pruebas proceden los recursos de reposición o apelación según
las reglas que para el efecto consagran los artículos 242 y 243 del CPACA, de manera que mal puede
hacerse uso del recurso de apelación contra sentencias para continuar un debate que ya se encuentra
culminado. En el caso que nos ocupa, se tiene que el actor recurrió la decisión del tribunal de negar las
pruebas testimoniales y de decretar una prueba documental, lo cual fue decido por esa instancia mediante
auto de 19 de agosto de 2015 en el sentido de reponer la decisión en cuanto el decreto de la prueba
documental, confirmarla en relación con la negativa de decretar las pruebas testimoniales y rechazar por
improcedente el recurso de apelación interpuesto de forma subsidiaria. Lo visto muestra con evidente
claridad que la controversia en torno al decreto de pruebas solicitadas en primera instancia fue
definida bajo los cauces normales del proceso, y no puede ahora, cuando lo que corresponde es
cuestionar la sentencia de primera instancia, pretenderse reabrir dicha controversia. Esto no puede
entenderse como la imposibilidad de debatir aspectos probatorios en segunda instancia, ya que, a
través del recurso de apelación contra sentencias, se pueden debatir tópicos de esta índole pero
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recurso de apelación se pueden presentar cuestionamientos dirigidos al análisis,
el alcance y el valor dado a los medios de prueba en la sentencia proferida, en
primera instancia; sin embargo, no es la oportunidad procesal para debatir la
decisión de decretar y practicar solicitudes probatorias.
70. En ese sentido, la Sala encuentra que las solicitudes probatorias
presentadas, el 26 de agosto de 2020, fueron decididas por el Tribunal, en la
primera instancia, en el sentido de considerar que eran extemporáneas; razón por
la cual no serán objeto de pronunciamiento, en esta instancia, al no ser esta la
oportunidad procesal para cuestionar una decisión de este tipo.
71. Aunado a lo anterior, es preciso indicar que, el Despacho sustanciador de
la Sección Primera de esta Corporación, mediante auto de 17 de septiembre de
202148, resolvió negar el decreto de unas solicitudes probatorias presentadas por
el apelante, en segunda instancia, por no cumplir los supuestos previstos en el
artículo 21249 de la Ley 1437.
72. Adicionalmente, el Solicitante, en el recurso de apelación, señala que se
configuró la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros
públicos, en la medida que el Concejal recibió el reconocimiento de transporte
referido supra, sin cumplir los requisitos establecidos en el Acuerdo núm. 54 de
1995, esto es, sin residir en zona rural y sin haber acreditado tal situación
previamente.
exclusivamente relacionados con el análisis, alcance y valor dado por el juez de primera instancia a
los medios de prueba, más no a la decisión de decretarlos y practicarlos. En este orden de ideas se
concluye que el argumento estudiado no tiene la vocación de hacer revocar la sentencia de primera instancia
[…]”.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 17 de septiembre de
2021 proferido dentro del proceso identificado con número único de radicación 44001-23-40-000-2020-00233-
01 (PI) (C.P. (E) Roberto Augusto Serrato Valdés).
49 “[…] Artículo 212. Oportunidades probatorias. Para que sean aprobada por el juez las pruebas deberán
solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señaladas en este
Código:
[…]
En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que
admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:
1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al simple
coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia.
2. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero
solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.
3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en
primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.
4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso
fortuito o por obra de la parte contraria.
5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4, las cuales deberán
solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las decreta.
Parágrafo. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren procedentes se decretará un término para
practicarlas que no podrá exceder de diez (10) días hábiles”. […]”.
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73. Sobre el particular, la Sala destaca lo siguiente:
73.1. El Registro Civil de Nacimiento de la hija mayor del señor Toro Rodríguez y
la señora Ibeth Patricia Herrera Toro expedido por la Registraduría Nacional del
Estado Civil, en la Notaría Segunda del Circuito de Riohacha, el 27 de octubre de
199750, en el cual se observa como dirección postal el Corregimiento de
Camarones:
“[…] REGISTRO DE NACIMIENTO
97 I 10 I 27
3 Clase (Notaría, Registraduría Estado Civil, Inspección, etc.) 4 Municipio y Departamento
NOTARIA SEGUNDA RIOHACHA, GUAJIRA […]
21 Apellidos (de soltera) 22 Nombres
HERRERA TORO IBETH […]
27 Apellidos (de soltera) 28 Nombres
TORO RODRÍGUEZ SANDIS RAFAEL […]
33 Identificación (clase y número) 34 Firma (autógrafa)
C.C. […] […]
35 Dirección Postal
CAMARONES CORREGIMIENTO 36 Nombre: SANDIS RAFAEL TORO R. […]”
(Destacado fuera del texto)
73.2. Los registros civiles de nacimiento de dos hijas del Concejal y la señora Ibeth
Patricia Herrera Toro expedidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el
4 de enero de 2005 y el 10 de agosto de 201151.
73.3. El reporte de información del señor Toro Rodríguez y su grupo familiar en el
Sistema de Seguridad Social en Salud, EPS SANITAS52, en el cual se observa al
señor Toro Rodríguez como titular y a la señora Ibeth Patricia Herrera Toro y a
sus hijas como beneficiarias. Asimismo, se reporta el Corregimiento de
Camarones como dirección de residencia del Concejal:
“[…] Resultado de la búsqueda
Nombres y Apellidos Sandis Rafael Toro Rodríguez
[…] […] Dirección […] […] […]
[…]
EPS/Titular 572487 Calle 7 […] Residencial La Guajira Riohacha
Camarones
Id. Nombres y Afiliación Tipo de Parentesc Estado
apellidos Afiliación o
TI Toro_ Herrera, 11/08/201 BENEFICIARI HIJO(A) HABILITAD
[…] […] 1 O O
50 Cfr. Folio 166.
51 Cfr. Folios 167 y 168.
52 Cfr. Folios 172 a 175.
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Núm. Único de radicación: 440012340000202000233-01
CC Toro_ Rodríguez, 01/05/200 TITULAR TITULAR HABILITAD
[…] Sandis_Rafael 4 O
TI Toro_ Herrera, 25/01/200 BENEFICIARI HIJO(A) HABILITAD
[…] […] 5 O O
CC Toro_ Herrera, 01/05/200 BENEFICIARI HIJO(A) HABILITAD
[…] […] 4 O O
CC Herrera_ Toro, 01/05/200 BENEFICIARI HIJO(A) HABILITAD
[…] Ibeth_Patricia 4 O O
[…]”
(Destacado
fuera del
texto).
73.4. El Director Ejecutivo del Comité de Ganaderos de Riohacha expidió la
certificación de 21 de agosto de 202053, según la cual, el señor Toro Rodríguez es
miembro activo del gremio ganadero y está inscrito con el predio “El Socorro”,
ubicado en el Corregimiento de Camarones:
“[…] Comité de Ganaderos de Riohacha
Que el señor Sandy (sic) Rafael Toro Rodríguez, identificado con la cédula de
ciudadanía número […] de Riohacha – La Guajira, es miembro activo del gremio
ganadero, afiliado desde el año 2000 siendo agente importante para el logro de
su misión y se encuentra a PAZ Y SALVO en el presente año. Inscrito con el
registro de hierro TLD y el predio denominado: El Socorro, ubicado en
Camarones, jurisdicción del municipio de Riohacha, La Guajira. […]”
(Destacado fuera del texto).
73.5. Los Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil, a través de Oficio
RNEC-DDG-0471 de 26 de agosto de 202054, informaron que el lugar de votación
del señor Torres Rodríguez en las últimas elecciones fue el puesto 02 de la zona
99 del Corregimiento de Camarones de Riohacha, así:
“[…] Asunto: Cumplimiento Requerimiento
REF: 44-001-23-40-000-2020-00233-00
En atención a lo solicitado mediante Oficio núm. 00594 de fecha 25 de agosto de
202055 dentro del radicado del asunto y allegado a esta Delegación […], de manera
atenta, nos permitimos dar respuesta a su requerimiento informando que,
consultada la plataforma de Censo Electoral, se constató que el ciudadano Sandy
(sic) Rafael Toro Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía número […]
se encuentra inscrito en el Municipio de Riohacha (La Guajira), Zona 99,
Puesto 02, Corregimiento de Camarones. […]” (Destacado fuera del texto).
53 Cfr. Folio 204.
54 Cfr. Folio 243.
55 Por medio del cual se solicitó: “[…] en cumplimiento a lo dispuesto por este Tribunal en auto de fecha
veinticinco (25) de agosto del año en curso me permito solicitarles, con carácter URGENTE para que con
destino al proceso de la referencia se sirvan Certificar el lugar de votación del señor Sandy (sic) Rafael Toro
Rodríguez identificado con la cédula de ciudadanía No. 84.034.472 en las últimas elecciones. […]” (Cfr. Folio
246).
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73.6. El registro único de vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis bovina -
ciclo II 2018 núm. 03-0105349-218 de 8 de diciembre de 201856, por medio de la
cual se informa el censo y vacunación de bovinos realizada en el predio “El
Socorro”, vereda Perico, perteneciente al Corregimiento de Camarones, la cual
fue atendida por el señor Toro Rodríguez.
73.7. El registro único de vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis bovina núm.
03-1000672-CR19 de 7 de febrero de 201957 por medio de la cual se informa el
censo y vacunación de bovinos realizada en el predio “El Socorro”, vereda Perico,
perteneciente al Corregimiento de Camarones, la cual fue atendida por el señor
Toro Rodríguez.
73.8. La Corregidora de Camarones expidió la certificación de 21 de junio de
202058, por medio de la cual hizo constar que el Concejal declaró residir en el
Corregimiento de Camarones, en los siguientes términos:
“[…] La suscrita Corregidora de Camarones en uso de sus facultades legales y
constitucionales y en especial los conferidos por la Ley.
En el Corregimiento de Camarones – Distrito de Riohacha, estando en audiencia
pública la señora Corregidora se hizo presente voluntariamente el señor Sandis
Rafael Toro Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía […], manifiesta
que reside en la dirección Calle 7 […] del Corregimiento de Camarones, este
despacho procede de conformidad, por lo tanto: se certifica que el señor Sandis
Rafael Toro Rodríguez declara residir en la dirección Calle 7 […] del
Corregimiento de Camarones […]” (Destacado fuera del texto).
73.9. El Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio San José Arnoldo
Marín del Distrito de Riohacha expidió la certificación de 7 de julio de 2020 59, por
medio del cual hizo constar el lugar de residencia del señor Toro Rodríguez en
dicho Distrito, en los siguientes términos:
“[…] CERTIFICACIÓN
Dirigido a: Quien pueda interesar
Fecha 7 de julio de 2020
Asunto: respuesta a la solicitud de verificación de residente barrial.
Señor Adaul Álvarez Deluque, de acuerdo con su solicitud, certifico que el señor
Sandy Rafael Toro Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía número
56 Cfr. Folio 206.
57 Cfr. Folio 207.
58 Cfr. Folio 180.
59 Cfr. Folio 43.
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[…], expedida en la Ciudad de Riohacha, reside en el Barrio José Arnoldo Marín,
vecino residente en la calle […] desde hace más de un (1) año. […]” (Destacado
fuera del texto).
73.10. Formato único de hoja de vida de persona natural del señor Toro
Rodríguez, en el cual se registró una dirección de correspondencia en el Distrito
de Riohacha:
“[…] Formato Único
Hoja de Vida
Persona Natural.
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA) NOMBRES
Toro Rodríguez Sandis Rafael
[…]. DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA
Calle 27 […]
PAÍS Colombia Dpto La Guajira
MUNICIPIO Riohacha
[…]
[…]” (Destacado fuera del texto).
73.11. La Corregidora de Camarones expidió la certificación de 6 de julio de
202060, por medio de la cual hizo constar que el señor Toro Rodríguez no residía
en el referido Corregimiento, así:
“[…] La suscrita Corregidora de Camarones en uso de sus facultades legales y
constitucionales y en especial los conferidos por la Ley.
Que el señor Sandys (sic) Rafael Toro Rodríguez, identificado con le cédula de
ciudadanía […] no reside en el Corregimiento de Camarones hace más 1 año
con 6 meses y su lugar de residencia es en la Ciudad de Riohacha (La Guajira),
en la calle […]” (Destacado fuera del texto).
73.12. El informe de la inspección ocular realizada por la Corregidora de
Camarones, el 27 de agosto de 202061, en el cual señaló que la señora Ibeth
Patricia Herrera Toro y sus tres hijas residen en el Corregimiento de Camarones:
“[…] En respuesta al Oficio No. 0595 del 25 de agosto de 202062, recibido el día 26
de agosto de 2020, me permito informar que, a fin de dar cumplimiento a la orden
dada por su Despacho, procedí a realizar una inspección ocular en la vivienda
ubicada en la Calle 7 […] del Corregimiento de Camarones, siendo atendida por
la señora Ibeth Herrera Toro, identificada con su cédula de ciudadanía […],
quien indicó que en esa vivienda residen ella y las siguientes personas:
1. Lourdes Sofia Torro Herrera, identificada con la cédula de ciudadanía […].
2. […] Torro Herrera, identificada con la tarjeta de identidad […].
60 Cfr. Folio 46.
61 Cfr. Folios 383 a 388.
62 Por medio del cual se solicitó: “[…] en cumplimiento a lo dispuesto por este Tribunal en auto de fecha
veinticinco (25) de agosto del año en curso me permito solicitarles, con carácter URGENTE para que con
destino al proceso de la referencia en ejercicio de sus funciones haga constar el nombre y la identidad de las
personas que residen en la vivienda ubicada en la Calle 7 […] de dicho Corregimiento. […]”.
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3. […] Torro Herrera, identificada con la tarjeta de identidad […]” (Destacado
fuera del texto).
74. De conformidad con lo anterior, es importante resaltar que el artículo 67 de
la Ley 136, modificado por el artículo 2.º de la Ley 1368 de 29 de diciembre de
200963; el cual fue reglamentado por el Concejo Distrital de Riohacha, a través de
los acuerdos núms. 54 de 1995 y 9 de 2017, estableció el reconocimiento de
transporte para los concejales que residieran en zonas rurales y, por tanto,
debieran desplazarse hasta la sede principal de funcionamiento de las
corporaciones públicas de elección popular.
75. En ese sentido, y como lo expuso el a quo, aun cuando era un deber del
Concejal presentar la constancia de residencia en zona rural expedida por la
autoridad competente del lugar para el reconocimiento del auxilio de transporte,
según lo establecido en el artículo 6.º del Acuerdo núm. 54 de 1995, la ausencia
de dicho requisito no tiene la entidad suficiente para considerar que se encuentra
configurada la causal de pérdida de investidura invocada en la solicitud.
75.1. En efecto, sobre el particular y como ha explicado esta Corporación en
oportunidades anteriores, la legalidad o ilegalidad de un acto administrativo o de
un procedimiento, no tiene la potencia para configurar por si sola una causal de
pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos; ello sin
perjuicio de otro tipo de responsabilidad que se podría derivar, en caso de
encontrar que los actos no se encontraban ajustados al ordenamiento jurídico.
76. Determinado lo anterior, la Sala, al analizar en conjunto las pruebas citadas
supra, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, encuentra que, el Concejal
tiene como lugar de residencia el Corregimiento de Camarones, debido a que,
mantiene un vínculo con dicho lugar por razones familiares, gremiales y
electorales, que permite establecer la necesidad de su desplazamiento desde el
Corregimiento hasta la sede principal de funcionamiento del Concejo Distrital de
Riohacha.
77. En efecto, la Sala encuentra que, con las pruebas allegadas al proceso no
se logró demostrar que el Distrito de Riohacha fuera una residencia habitual del
63 Por medio de la cual se reforman los artículos 66 y 67 (reconocimiento de transporte) de la Ley 136 de
1994 y se dictan otras disposiciones.
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Concejal, por cuanto la vivienda ubicada en el casco urbano fue referenciada en
su hoja de vida como dirección para asuntos laborales sin que se encuentre
probado que sea su dirección de residencia, toda vez que:
77.1. El certificado expedido por el Presidente de la Junta de Acción Comunal del
Barrio San José Arnoldo Marín del Distrito de Riohacha no es suficiente para
desvirtuar el lugar de residencia del señor Toro Rodríguez, debido a que, aun
cuando la Junta de Acción Comunal es una organización comunitaria y es dable
que el Presidente identifique a los residentes del lugar, la expedición de
certificados de residencia no es una de sus funciones ni objetivos, de conformidad
con los artículos 8 y 19 de la Ley 743 de 5 de junio de 200264, razón por la cual no
se le puede asignar el valor probatorio de plena prueba.
77.2. Respecto a las certificaciones expedidas por la Corregidora de Camarones,
el 21 de junio de 202065 y 7 de julio de 202066 por medio de las cuales, señaló
que: i) el Concejal declaró residir en el Corregimiento de Camarones y ii) el
Concejal no residía en el Corregimiento de Camarones y su lugar de residencia
era el Distrito de Riohacha; es relevante señalar que los corregidores tienen la
calidad de autoridades administrativas, en el área de su jurisdicción, según lo
establecido en el artículo 1.º de la Ley 1681 de 20 de noviembre de 2013 67, que
modifica el artículo 11868 de la Ley 136, por lo que la Corregidora de Camarones
no era la competente para certificar que el lugar de residencia del Concejal era el
Distrito de Riohacha, como lo había indicado, en un principio, en la certificación
de 7 de julio de 202069 referida supra, además, no explicó la forma en que llegó a
esa conclusión.
77.3. De igual manera, es preciso indicar que el Solicitante, en el recurso de
apelación, indica que el informe de la inspección ocular realizada por la
Corregidora de Camarones permitía establecer que el Concejal no tenía
64 Por la cual se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente a los
organismos de acción comunal.
65 Cfr. Folio 180.
66 Cfr. Folio 43.
67 Por medio de la cual se modifica el artículo 41 de la Ley 1551 de 2012 y se adoptan otras disposiciones.
68 “[…] Artículo 118. Administración de los Corregimientos. <Artículo modificado por el artículo 1 de la
Ley 1681 de 2013. El nuevo texto es el siguiente:> Para el adecuado e inmediato desarrollo de los
corregimientos, estos tendrán corregidores como autoridades administrativas, los cuales
coordinadamente, con la participación de la comunidad, cumplirán en el área de su jurisdicción las
funciones que les asignen los acuerdos y les deleguen los alcaldes con sujeción a las leyes vigentes.
Los corregidores como autoridades de convivencia cumplirán con las funciones a ellos asignadas por las
normas vigentes en esta materia. […]” (Se resalta).
69 Cfr. Folio 43.
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residencia, como lugar de habitación en dicho Corregimiento, para la Sala esta
prueba, analizada en su conjunto con las demás pruebas que obran en el
expediente, no logra desvirtuar la residencia del Concejal en el Corregimiento de
Camarones.
77.3.1. Al respecto, la Sala encuentra que, en el informe de la inspección ocular,
la señora Ibeth Patricia Herrera Toro hizo referencia a que su núcleo familiar,
residía en dicho Corregimiento. Asimismo, para determinar el núcleo familiar y su
residencia, es importante resaltar que en el reporte de información del Concejal y
su grupo familiar en el Sistema de Seguridad Social en Salud, EPS SANITAS 70,
se observa que el Concejal, como titular, y su grupo familiar, conformado por la
señora Ibeth Patricia Herrera Toro y sus tres hijas, como beneficiarias, tienen
como dirección de residencia el Corregimiento de Camarones.
77.3.2. Asimismo, los registros civiles de nacimiento expedidos por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, el 27 de octubre de 199771, el 4 de enero
de 2005 y el 10 de agosto de 201172, permiten establecer el parentesco entre el
Concejal y las hijas de la señora Ibeth Patricia Herrera Toro y en el primero de
ellos se hace referencia al Corregimiento de Camarones como dirección postal.
77.3.3. De igual forma, la certificación del Director Ejecutivo del Comité de
Ganaderos de Riohacha expedida el 21 de agosto de 202073 y los registros únicos
de vacunación de 8 de diciembre de 201874 y 7 de febrero de 201975, permiten
establecer que el Concejal es miembro activo del gremio ganadero y está inscrito
con el predio “El Socorro”, ubicado en el Corregimiento de Camarones, en el cual
ha asistido a las respectivas jornadas de vacunación de bovinos; razones por la
cuales se encuentra probado que el Concejal también mantiene un vínculo con
dicho lugar por razones gremiales.
77.3.4. A su vez, los Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil
certificaron que el lugar de votación del Concejal estaba ubicado en el
70 Cfr. Folios 172 a 175.
71 Cfr. Folio 166.
72 Cfr. Folios 167 y 168.
73 Cfr. Folio 204.
74 Cfr. Folio 206.
75 Cfr. Folio 207.
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Corregimiento de Camarones de Riohacha76, por lo que se observa que,
igualmente, mantiene un vínculo con dicho lugar por razones electorales.
78. Por lo anterior, la Sala encuentra probado que el Concejal en el
Corregimiento de Camarones: i) tiene su núcleo familiar conformado por la señora
Ibeth Patricia Herrera Toro y sus tres hijas, quienes viven en dicho lugar desde
hace varios años; ii) es miembro activo del gremio ganadero, está inscrito con el
predio denominado “El Socorro” y participó en las jornadas de vacunación a
bovinos de la zona, y iii) tiene inscrito su puesto de votación para asuntos
electorales y, en esa medida, se probó que el lugar de residencia del Concejal
estaba ubicado en zona rural, por cuanto, como se explicó supra, tenía razones
de diversa índole para desplazarse desde el Corregimiento de Camarones hasta
la sede principal de funcionamiento de la corporación pública de elección popular.
79. De igual forma, es importante señalar que la Sección Primera del Consejo
de Estado, mediante sentencia de 19 de septiembre de 201977, consideró que era
posible que el miembro de una corporación pública de elección popular tuviera su
lugar de residencia en la zona rural, pero aun así permaneciera parte de su tiempo
en una vivienda ubicada en la cabecera municipal, sin que ello implicara perder
su derecho al reconocimiento de transporte. En efecto, indicó:
“[…] Lo anterior quiere significar que es posible que el concejal acusado tuviera su
lugar de residencia en la zona rural pero aun así permaneciera parte de su tiempo
en la vivienda de sus padres ubicada en la cabecera del municipio, sin que por ello
pueda indicarse que no tuviese derecho al auxilio de transporte por residir en el
área rural […]”.
80. Adicionalmente, por la naturaleza sancionatoria del medio de control de
pérdida de investidura se requiere la plena demostración de la causal invocada en
la solicitud, es decir, la indebida destinación de los dineros públicos porque el
76 Cfr. Folio 243.
77 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de septiembre
de 2019 proferida dentro del proceso identificado con número único de radicación 25000-23-42-000-2018-
02062-01(PI) (C.P. Oswaldo Giraldo López). En ese sentido, consideró: “[…] Adicional a lo señalado valga
acotar lo señalado por el artículo 83 del Código Civil que dispone: “Cuando ocurran en varias secciones
territoriales, con respecto a un mismo individuo, circunstancias constitutivas de domicilio civil, se
entenderá que en todas ellas lo tiene; pero si se trata de cosas que dicen relación especial a una de
dichas secciones exclusivamente, ella sola será para tales casos el domicilio civil del individuo”.
Lo anterior quiere significar que es posible que el concejal acusado tuviera su lugar de residencia en
la zona rural pero aun así permaneciera parte de su tiempo en la vivienda de sus padres ubicada en
la cabecera del municipio, sin que por ello pueda indicarse que no tuviese derecho al auxilio de
transporte por residir en el área rural. […].
Conforme con lo anotado, para la prosperidad de esta acción se requería la plena demostración de la causal
endilgada, es decir, la indebida destinación de los dineros públicos porque el concejal acusado hubiese
solicitado un auxilio de transporte sin tener derecho al mismo, lo que no está acreditado. […]” (Se resalta).
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Concejal hubiese solicitado un reconocimiento de transporte sin tener derecho al
mismo, lo cual no aparece probado en el caso sub examine.
81. En atención a lo anterior, la Sala encuentra que no se configuró la causal
de pérdida de investidura por indebida destinación de recursos públicos, por
cuanto, en el caso sub examine, se acreditó la residencia del Concejal en zona
rural y no se demostró que se hubiere destinado los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados ni se advirtió la existencia de un propósito
u objeto diferente al reconocimiento de transporte como fue concebido en su
esencia legal y reglamentaria, que permitiera establecer que el Concejal hubiera
percibido el reconocimiento de transporte sin tener derecho al mismo.
82. En ese sentido, la Sala concluye que no se configura la causal de indebida
destinación de dineros públicos, prevista en el numeral 4.° del artículo 48 de la
Ley 617, toda vez que no se demostró que el Concejal destinó indebidamente
recursos públicos.
83. En atención a todo lo expuesto y teniendo en cuenta que, conforme se
indicó supra, no se encuentra probado el elemento objetivo ni de la causal de
pérdida de investidura alegada, esta Sala considera que no es necesario realizar
el estudio del elemento subjetivo.
Conclusiones de la Sala
84. La Sala confirmará la sentencia de 8 de septiembre de 2020 proferida por
el Tribunal Administrativo de La Guajira, en cuanto dispuso negar la solicitud de
pérdida de investidura del Concejal, Sandis Rafael Toro Rodríguez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
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III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 8 de septiembre de 2020 proferida por
el Tribunal Administrativo de La Guajira, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría que, una vez en firme esta sentencia,
DEVUELVA el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la
fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
VALDÉS Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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