Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2020-00251-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2020-00251-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 44001-23-40-000-2020-00251-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., Cuatro (4) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 44001-23-40-000-2020-00251-01 (1074-2026)1
Demandante: Flor Marina Peñaloza Ovalle
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Declaratoria de insubsistencia – estabilidad laboral
reforzada, prepensionable
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en
contra de la sentencia del Veintinueve (29) de Octubre de Dos Mil Veinticinco
(2025), proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, por medio de la cual,
negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1 Pretensiones2
1. Flor Marina Peñalosa Ovalle acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la
Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de solicitar la declaratoria de nulidad de las
resoluciones Nos. 243 del 29 de marzo de 2019, proferida por el subdirector del
Centro Agroempresarial y Acuícola de la regional La Guajira del SENA, por medio
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Expediente digital.
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https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/4400123/44001234000020200025100/6F7F77
AF18E867919C336A2ACC6580CA91E8AB73/2 expediente electrónico del Tribunal de origen.
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Número Interno: 1074-2026
Demandante: Flor Marina Peñaloza Ovalle
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
del cual, se efectuó un nombramiento en periodo de prueba y se declaró
insubsistente a la demandante y 1-1621 de 2019, del 9 de septiembre de 2019,
expedida por el director general de la misma entidad, mediante la cual, se declaró
la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución No. 1-0811 del 14 de mayo de 2019
en cumplimiento de un fallo judicial de segunda instancia.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del
derecho, solicitó lo siguiente: (i) el reintegro de la demandante a un cargo igual o
superior al que ostentaba en la planta de personal de la entidad demandada; (ii)
que le sean pagados los salarios y demás prestaciones sociales adeudados desde
el Nueve (9) de Septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019) hasta la fecha de su
reintegro efectivo.
1.2 Los hechos
3. Señaló en el escrito de demanda3 que, fue nombrada en provisionalidad mediante
resolución No. 00899 del 11 de noviembre de 2016, y, tomó posesión del cargo de
profesional código 06 IDP 8793 en el SENA Regional La Guajira el 5 de diciembre
de ese año.
4. Con ocasión de la convocatoria 436 de 2017, el SENA solicitó a los funcionarios
provisionales reportar condiciones de especial protección constitucional. En
atención a ello, la demandante informó el 18 de septiembre de 2018 su condición
de prepensionable, la cual, fue reconocida expresamente por la entidad mediante
comunicación del 5 de octubre de 2018.
5. Relató que, pese a dicho reconocimiento, mediante Resolución No. 243 del 26 de
marzo de 2019, el SENA declaró insubsistente su nombramiento provisional con
ocasión de un nombramiento en período de prueba, decisión que le fue comunicada
el 27 de marzo de 2019.
6. Promovió acción de tutela y obtuvo fallo favorable en primera instancia, razón por
la cual, fue reintegrada al mismo cargo mediante Resolución No. 1-0811 del 14 de
mayo de 2019; Sin embargo, dicha decisión fue revocada en segunda instancia y,
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AF18E867919C336A2ACC6580CA91E8AB73/2 expediente electrónico del Tribunal de origen.
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Número Interno: 1074-2026
Demandante: Flor Marina Peñaloza Ovalle
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
mediante Resolución No. 1-1621 del 9 de septiembre de 2019, el SENA declaró la
pérdida de ejecutoriedad del reintegro y ordenó su desvinculación definitiva.
7. Adujo que, actualmente cuenta con más de 1.577 semanas cotizadas y 60 años
de edad, encontrándose próxima a adquirir el derecho a la pensión, por lo que, es
beneficiaria de la protección derivada del retén social. Asimismo, indicó que, aporta
la mayor parte de los ingresos para el sostenimiento de su núcleo familiar.
1.3 Concepto de la violación
8. Alegó que, los actos administrativos enjuiciados violaron la Constitución Política
de Colombia, artículos 13, 43, 46 y 47; Ley 790 de 2002, Artículo 12; así como, las
sentencias de la Corte Constitucional C-975 de 2009, T-638 de 2016, T-802 de 2012
y la T-186 de 2013.
9. Sostuvo que, era beneficiaria de estabilidad laboral reforzada en calidad de
prepensionable, condición reconocida por el propio SENA antes de su
desvinculación, razón por la cual, gozaba de especial protección constitucional
derivada de la figura del retén social y de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.
10. Que dicha protección tiene fundamento en los artículos 13, 43, 46 y 47 de la
Constitución Política, así como, en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 y busca
evitar que las personas próximas a consolidar su derecho pensional sean
desvinculadas intempestivamente, poniendo en riesgo su mínimo vital y la
continuidad de sus cotizaciones al sistema pensional.
11. Afirmó que, la jurisprudencia constitucional ha precisado que, la estabilidad
laboral reforzada de los prepensionados no se limita a procesos de reestructuración
administrativa, sino que, constituye una garantía constitucional autónoma orientada
a proteger a quienes se encuentran a menos de tres años de cumplir los requisitos
para acceder a la pensión, siempre que la desvinculación afecte sus derechos
fundamentales.
12. Que, para la fecha de su retiro, el 9 de septiembre de 2019, tenía 59 años de
edad y contaba con más de 1.500 semanas cotizadas entre el régimen de ahorro
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Número Interno: 1074-2026
Demandante: Flor Marina Peñaloza Ovalle
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
individual y el régimen de prima media, encontrándose a menos de tres años de
acceder a la pensión de vejez, por lo que, su desvinculación desconoció la
protección constitucional reforzada de la que era titular.
1.4 Contestación de la demanda4
13. La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda, y defendió
la legalidad de los actos acusados, al sostener que, la desvinculación de la
demandante obedeció al cumplimiento del principio constitucional del mérito
previsto en el artículo 125 de la Constitución Política y desarrollado en la Ley 909
de 2004 y el Decreto 1083 de 2015, normas que disponen que los empleos de
carrera administrativa deben ser provistos con las personas que superen el
correspondiente concurso público.
14. Afirmó que, reportó las vacantes a la Comisión Nacional del Servicio Civil –
CNSC– para la convocatoria 436 de 2017, correspondiéndole exclusivamente a
dicha entidad adelantar el concurso, conformar las listas de elegibles y ordenar los
nombramientos en período de prueba. Que, en desarrollo de ese proceso, mediante
Resolución No. CNSC-20182120138735 del 17 de octubre de 2018, se conformó la
lista de elegibles para el cargo OPEC 58272, ocupado provisionalmente por la
demandante, resultando elegida en primer lugar Edilma Beatriz Herrera Pinto, quien
fue nombrada en período de prueba mediante Resolución No. 000243 del 26 de
marzo de 2019.
15. Que la demandante no hacía parte de la lista de elegibles, y que, conforme a la
jurisprudencia constitucional, los servidores nombrados en provisionalidad tienen
una estabilidad laboral relativa, la cual, cede frente al mejor derecho de quien supera
el concurso de méritos. Por ello, considera que, la declaratoria de insubsistencia de
la demandante tuvo fundamento legal y constitucional.
16. Respecto de la condición de prepensionable, reconoce que, dicha situación fue
informada y acreditada por la demandante; sin embargo, ello no impedía proveer
definitivamente el cargo mediante concurso, en cumplimiento de las directrices de
la CNSC y del principio de mérito.
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41D135F15908B155C10174FFD559BD8659/2 expediente electrónico del Tribunal de origen.
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Número Interno: 1074-2026
Demandante: Flor Marina Peñaloza Ovalle
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
17. Asimismo, expuso que, en cumplimiento de un fallo de tutela de primera
instancia, la demandante fue nuevamente vinculada en provisionalidad mediante
Resolución No. 1-0811 del 14 de mayo de 2019 en un cargo distinto al inicialmente
ocupado; Sin embargo, dicha decisión fue posteriormente revocada por el Tribunal
Superior de Riohacha, razón por la cual, expidió la Resolución No. 1-1621 del 9 de
septiembre de 2019, mediante la cual, declaró la pérdida de ejecutoriedad del
reintegro, acto que consideró ajustado a derecho por derivar directamente de una
orden judicial.
18. Finalmente, la entidad propuso como excepción la “Inexistencia de la obligación
del demandado Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Regional – Guajira”.
1.5 Sentencia de primera instancia
19. En sentencia Veintinueve (29) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025)5, el
Tribunal Administrativo de La Guajira, negó las pretensiones de la demanda, sin
condena en costas. Al respecto, en la parte resolutiva del fallo se dispuso:
“PRIMERO: NIÉGUESE las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho presentada por la señora Flor Marina Peñaloza Ovalle en contra del Servicio
Nacional de Aprendizaje-Sena, de acuerdo con las consideraciones que anteceden.
SEGUNDO: Sin costas en la instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones
pertinentes y la devolución de los remanentes de gastos ordinarios, si los hubiere.”
20. Para resolver, el A-quo empezó por exponer el marco constitucional y legal de
la seguridad social y del sistema pensional, destacando que, la estabilidad laboral
reforzada de los prepensionados tiene fundamento constitucional y busca proteger
a quienes se encuentran próximos a cumplir los requisitos para acceder a la pensión
de vejez.
21. Señaló que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado, la condición de prepensionado aplica a quienes les falten tres
años o menos para acreditar los requisitos de edad y tiempo de cotización
necesarios para obtener la pensión; Sin embargo, precisó que, dicha protección no
opera cuando la persona ya consolidó el derecho pensional, pues, en tal evento
únicamente resta gestionar el reconocimiento de la prestación ante la
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Índice 00046 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
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administradora de pensiones.
22. Al analizar el caso concreto, el tribunal encontró acreditado que, la demandante
nació el 30 de mayo de 1960, fue desvinculada del SENA mediante Resolución No.
44-000243 del 26 de marzo de 2019 y contaba para esa fecha con 58 años de edad,
y un total de 1.543 semanas cotizadas entre Porvenir y Colpensiones. Con
fundamento en ello, concluyó que, ya cumplía los requisitos de edad y tiempo de
cotización exigidos tanto en el régimen de prima media como en el de ahorro
individual, razón por la cual, no podía ser considerada prepensionada al momento
de su desvinculación, dado que, su derecho pensional ya se encontraba causado y
no le era aplicable la garantía de estabilidad laboral reforzada derivada de la
condición de prepensionada.
1.6 Recurso de apelación
23. Mediante memorial radicado el Seis (6) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)6,
la demandante solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, tras
considerar que incurrió en indebida valoración probatoria y falsa motivación, ya que,
analizó la legalidad de los actos administrativos demandados con fundamento en
hechos posteriores a su expedición, desconociendo que la validez del acto debe
examinarse conforme a las circunstancias fácticas y jurídicas existentes al momento
de su emisión.
24. Señaló que, el tribunal basó su decisión en un reporte posterior de Colpensiones
y en la situación actual de la demandante respecto de edad y semanas cotizadas,
para concluir que, había perdido la condición de prepensionada. No obstante, al
momento de la desvinculación (9 de septiembre de 2019), no tenía reconocimiento
pensional, no estaba incluida en nómina de pensionados, no percibía mesada y
dependía económicamente de su salario, pese a que la propia entidad le reconocía
formalmente dicha condición.
25. Afirmó que, el fallo omitió verificar si se había garantizado una transición efectiva
al sistema pensional antes del retiro, validando la desvinculación sin asegurar
continuidad entre el vínculo laboral y el disfrute material de la pensión, con
vulneración del debido proceso y la seguridad jurídica.
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Índice 00049 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
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26. Que la decisión desconoció el precedente de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado, conforme al cual la protección de los prepensionados subsiste
hasta que exista reconocimiento e inclusión efectiva en nómina de pensionados,
siendo insuficiente el simple cumplimiento de edad y semanas cotizadas, aun
cuando el cargo haya sido provisto mediante concurso de méritos.
27. Sostuvo que, pese a dicha línea jurisprudencial, el tribunal realizó una
interpretación restrictiva y formalista, sin verificar si al momento del retiro existía
reconocimiento pensional, inclusión en nómina o pago efectivo de la mesada,
vaciando de contenido la garantía de estabilidad laboral reforzada y desconociendo
la fuerza vinculante del precedente judicial.
28. Finalmente, señaló que, la sentencia ignoró la vulneración del mínimo vital y del
derecho a la seguridad social derivada de la ruptura de la continuidad económica
de la demandante, quien dependía exclusivamente de su salario y quedó en
situación de desprotección al ser desvinculada sin haberse garantizado una
transición efectiva a la jubilación.
1.7 Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia
29. Mediante auto del Once (11) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)7, el despacho
sustanciador, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA, admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el fallo de primera
instancia y, al no haber pruebas por practicar, el proceso ingresó al despacho para
fallo.
30. El Ministerio Público emitió concepto8 cuando ya se encontraba el asunto a
despacho para fallo; Sin embargo, manifestó que, el control de legalidad efectuado
por el tribunal determinó que los actos demandados se ajustaron a las
circunstancias fácticas y jurídicas derivadas del agotamiento de la lista de elegibles,
por lo que, al 29 de septiembre de 2019, la demandante no cumplía con los
requisitos para obtener el fuero de estabilidad laboral reforzada en calidad de
prepensionada, pues, ya tenía los requisitos de edad y tiempo de cotización para
reclamar la pensión de jubilación. Por lo anterior, conceptuó confirmar la sentencia
7
Índice 00004 del expediente que reposa en el Samai.
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Índice 00010 del expediente que reposa en el Samai.
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de primera instancia que negó las pretensiones.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
31. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este
proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del
CPACA.
2.2 Problema jurídico
32. Corresponde a la Sala resolver:
i) ¿Debe revocarse la sentencia apelada por, presuntamente, haber incurrido en
indebida valoración probatoria y falsa motivación, y, por efectuar un análisis de
legalidad de los actos administrativos demandados con base en hechos
posteriores a su expedición?
ii) ¿Al momento de la desvinculación de la demandante, subsistía su condición
de prepensionada, pese al cumplimiento de requisitos de edad y semanas
cotizadas, ante la inexistencia de reconocimiento pensional, inclusión en nómina
y pago efectivo de mesada?
33. Con el fin de resolver el problema jurídico, la Sala abordará los siguientes
ítems: marco normativo y jurisprudencial; material probatorio y caso concreto.
2.2.1 Marco normativo y jurisprudencial
34. La Constitución Política de 1991, en el artículo 123 define que, los servidores
públicos son los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y
trabajadores del Estado, los cuales, ejercerán sus funciones de acuerdo con lo
previsto en la Constitución, la ley y el reglamento. El artículo 125 ibidem, prevé
que «los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de
elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás
que determine la ley».
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Número Interno: 1074-2026
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35. Por otro lado, en lo que tiene que ver con el retiro del servicio de servidores
públicos designados en provisionalidad, se ha impuesto la motivación del acto, dada
la estabilidad laboral relativa que aparejan.
36. Así, la sentencia SU-917 de 2010 de la Corte Constitucional, de manera
categórica expresó:
«(…) Es por lo anterior por lo que la Corte ha hecho referencia al principio de “razón
suficiente” en el acto administrativo que declara la insubsistencia o en general prescinde de
los servicios de un empleado vinculado en provisionalidad, donde “deben constar las
circunstancias particulares y concretas, de hecho y de derecho, por las cuales se decide
remover a un determinado funcionario, de manera que no resultan válidas aquellas
justificaciones indefinidas, generales y abstractas, que no se predican directamente de quien
es desvinculado”. En otras palabras, de acuerdo con la jurisprudencia decantada por esta
Corporación, “para que un acto administrativo de desvinculación se considere motivado es
forzoso explicar de manera clara, detallada y precisa cuáles son las razones por las cuales se
prescindirá de los servicios del funcionario en cuestión”.
En este orden de ideas, sólo es constitucionalmente admisible una motivación donde la
insubsistencia invoque argumentos puntuales como la provisión definitiva del cargo por
haberse realizado el concurso de méritos respectivo, la imposición de sanciones disciplinarias,
la calificación insatisfactoria “u otra razón específica atinente al servicio que está prestando y
debería prestar el funcionario concreto”.
Con todo, la Corte debe insistir en que la necesaria motivación de los actos administrativos no
puede conducir, en la práctica, a equiparar a los funcionarios nombrados en provisionalidad
con aquellos que se encuentren en carrera. Tal equiparación terminaría por ser,
paradójicamente, contraria al espíritu de la Constitución de 1991 en materia de función
pública. Siendo ello así, la motivación que se exige para desvincular a un funcionario
nombrado en provisionalidad no debe ser necesariamente la misma que aquella que se
demanda para los funcionarios de carrera, para quienes la propia Constitución consagra unas
causales de retiro ligadas a la estabilidad en el empleo, de la que no goza el funcionario
vinculado en provisionalidad. Estos motivos pueden ser, por ejemplo, aquellos que se fundan
en la realización de los principios que orientan la función administrativa o derivados del
incumplimiento de las funciones propias del cargo, lo cuales, en todo caso, deben ser
constatables empíricamente, es decir, con soporte fáctico, porque de lo contrario se incurrirá
en causal de nulidad por falsa motivación. En este sentido, como bien señala la doctrina, “la
Administración es libre de elegir, pero ha de dar cuenta de los motivos de su elección y estos
motivos no pueden ser cualesquiera, deben ser motivos consistentes con la realidad,
objetivamente fundados”.(…)»
37. Tanto la Corte Constitucional como esta corporación han sostenido que, los
servidores públicos nombrados en provisionalidad en cargos cuya naturaleza es de
carrera administrativa gozan de una estabilidad laboral relativa o intermedia, razón
por la cual, su desvinculación debe fundarse en una causa legalmente prevista y
formalizarse mediante un acto administrativo debidamente motivado.
38. En ese orden, constituye una causa legítima de desvinculación del empleado
nombrado en provisionalidad la provisión definitiva del cargo mediante el uso de la
lista de elegibles derivada de un concurso de méritos, pues, la estabilidad relativa
del servidor provisional cede frente al mejor derecho de quien accede al empleo por
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Demandante: Flor Marina Peñaloza Ovalle
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el sistema de carrera administrativa. No obstante, la entidad encargada de proveer
el cargo debe verificar si entre los servidores que lo desempeñan en provisionalidad
existen sujetos de especial protección constitucional, como ocurre con los
prepensionados, respecto de quienes surgen deberes reforzados de protección y
garantía de sus derechos fundamentales.
39. Por consiguiente, resulta de especial relevancia para la Sala el análisis de la
figura de la estabilidad laboral reforzada, concebida como una garantía
constitucional aplicable a las personas que se encuentran en condición de
vulnerabilidad y respecto de quienes el Estado debe adoptar medidas afirmativas
orientadas a salvaguardar sus derechos fundamentales. Dentro de este grupo se
encuentran quienes ostentan la calidad de prepensionados.
40. La Corte Constitucional en Sentencia SU 003 de 2018 9 , sobre este asunto
dispuso:
“60. Conforme a los pronunciamientos de las distintas Salas de Revisión de esta Corte,
la figura de la “prepensión” es diferente a la del denominado “retén social”, figura de
origen legal, que opera en el contexto de la renovación, reestructuración o liquidación
de entidades públicas. La “prepensión”, según la jurisprudencia de unificación de esta
Corte, se ha entendido en los siguientes términos:
“[…] en la jurisprudencia constitucional se ha entendido que las personas beneficiarias
de la protección especial, es decir los prepensionados, serán aquellos servidores que
cumplan con los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez dentro de
los tres años siguientes o, en otras palabras, aquellos a los que les falte tres años o
menos para cumplir los requisitos que les permitirían acceder a la pensión de jubilación
o vejez”.
61. Así las cosas, en principio, acreditan la condición de “prepensionables” las personas
vinculadas laboralmente al sector público o privado, que están próximas (dentro de los
3 años siguientes) a acreditar los dos requisitos necesarios para obtener la pensión de
vejez (la edad y el número de semanas -o tiempo de servicio- requerido en el Régimen
de Prima Media con Prestación Definida o el capital necesario en el Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad) y consolidar así su derecho a la pensión.
62. La “prepensión” protege la expectativa del trabajador de obtener su pensión de
vejez, ante su posible frustración como consecuencia de una pérdida intempestiva del
empleo. Por tanto, ampara la estabilidad en el cargo y la continuidad en la cotización
efectiva al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, para consolidar los
requisitos que le faltaren para acceder a su pensión de vejez.”
41. Conforme a esta línea, ostentan la condición de prepensionados los servidores
públicos y trabajadores del sector privado que cuentan con una expectativa próxima
de acceder a la pensión de jubilación o vejez, esto es, aquellos a quienes les faltan
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Corte Constitucional, sentencia SU 003 del 8 de febrero de 2018, magistrado ponente Carlos Bernal Pulido, Referencia T-
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tres años o menos para cumplir los requisitos legales exigidos para el
reconocimiento del derecho pensional.
2.2.2 Material probatorio10
42. Flor Marina Peñaloza Ovalle fue nombrada en provisionalidad en el cargo de
profesional grado 06 IDP 8793 mediante la Resolución No. 00899 del 11 de
noviembre de 2016, suscrita por el subdirector del Centro Agroempresarial y
Acuícola del SENA – Regional La Guajira. Posteriormente, tomó posesión del
empleo el 5 de diciembre del mismo año, permaneciendo en el cargo hasta que se
efectuara el nombramiento en período de prueba, de conformidad con lo previsto en
el Decreto 1083 de 2015.
43. El 18 de septiembre de 2018, la demandante informó a la entidad demandada,
a través de la Coordinación del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto del SENA
Regional La Guajira, su condición especial de prepensionada. En respuesta,
mediante oficio del 5 de octubre de 2018, dicha coordinación confirmó que cumplía
con los requisitos para ser considerada prepensionada.
44. Mediante la Resolución No. 44-000243 del 26 de marzo de 2019, se efectuó el
nombramiento en período de prueba de Edilma Beatriz Herrera Pinto en el cargo
OPEC No. 58272, denominado Profesional Grado 2, adscrito al Centro
Agroempresarial y Acuícola del SENA Regional La Guajira. Como consecuencia de
dicho nombramiento, se declaró la insubsistencia del nombramiento provisional de
la demandante, decisión que le fue comunicada mediante oficio del 27 de marzo de
2019.
45. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha, mediante sentencia del 21
de junio de 2019, amparó vía tutela, los derechos fundamentales de la demandante
y ordenó al SENA reubicarla en un cargo igual o superior al que desempeñaba en
provisionalidad o, en su defecto, asumir el pago de los aportes al sistema de
seguridad social hasta tanto adquiriera el derecho a la pensión. No obstante, dicha
decisión fue impugnada por la entidad demandada y posteriormente revocada por
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41D135F15908B155C10174FFD559BD8659/2 expediente digital de Samai del Tribunal de origen.
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Demandante: Flor Marina Peñaloza Ovalle
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
el Tribunal Superior de Riohacha mediante sentencia del 31 de julio de 2019,
providencia en la que se negaron las pretensiones de la acción de tutela.
46. A través de la Resolución No. 1-1621 del 9 de septiembre de 2019, expedida
por el director general del SENA, se declaró la pérdida de ejecutoriedad de la
Resolución No. 0811 del 14 de mayo de 2019, en cumplimiento del anterior fallo
judicial de segunda instancia.
47. Obra en el expediente copia de la cédula de ciudadanía de la actora, en la que
consta que nació el 30 de mayo de 1960, razón por la cual, cumplió 57 años de edad
el 30 de mayo de 2017.
48. En la historia laboral consolidada de Flor Marina Peñaloza Ovalle al 13 de
diciembre de 2019, emitida por el Fondo de Pensiones Porvenir, consta que a tal
data tenía 1.069 semanas cotizadas a ese fondo y 474 a Colpensiones, para un total
de 1.543.
2.2.3 Análisis del caso concreto
49. En el presente asunto, se pretende la nulidad de las resoluciones por medio de
las cuales el SENA efectuó un nombramiento en periodo de prueba y se declaró
insubsistente a la demandante y, de aquella que declaró la pérdida de fuerza
ejecutoria de la Resolución No. 1-0811 del 14 de mayo de 2019 en cumplimiento de
un fallo judicial de segunda instancia. A título de restablecimiento del derecho
solicitó el reintegro a un cargo igual o superior al que ostentaba en la planta de
personal de la entidad demandada y se paguen los salarios y demás prestaciones
sociales adeudadas desde el Nueve (9) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019)
hasta la fecha de su reintegro efectivo.
50. El Tribunal Administrativo de La Guajira negó las pretensiones de la demanda
al considerar que los actos administrativos acusados no se encontraban afectados
de nulidad, toda vez que, al momento de la declaratoria de insubsistencia, la
demandante no ostentaba la calidad de prepensionada, por cuanto ya había
cumplido los requisitos legales para acceder a la pensión de vejez.
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51. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia al considerar que,
los actos administrativos demandados sí se encontraban afectados por los vicios
alegados. En particular, sostuvo que, el tribunal incurrió en una indebida valoración
probatoria al fundamentar su decisión en hechos ocurridos con posterioridad a la
expedición de los actos administrativos acusados. Asimismo, señaló que, para el
momento en que fue declarada insubsistente, no le había sido reconocido el
derecho pensional ni se encontraba incluida en nómina de pensionados.
Finalmente, afirmó que, se vulneraron sus derechos al mínimo vital y a la seguridad
social, dado que, dependía exclusivamente de su salario y fue desvinculada sin que
se hubiera garantizado una transición efectiva hacia la jubilación.
52. En ese contexto, el primer reparo que abordará la Sala corresponde a la
presunta indebida valoración probatoria y falsa motivación en que habría incurrido
la sentencia apelada, al analizar la legalidad de los actos administrativos
demandados con fundamento en hechos posteriores a su expedición.
53. De conformidad con los hechos expuestos en la demanda y las pruebas
obrantes en el expediente, encuentra la Sala que, la demandante fue efectivamente
retirada del cargo mediante la Resolución No. 1-1621 del 9 de septiembre de 2019,
expedida por el director general del SENA, a través de la cual, se declaró la pérdida
de ejecutoriedad de la Resolución No. 0811 del 14 de mayo de 2019, en
cumplimiento de un fallo judicial de segunda instancia. En consecuencia, dicha
fecha será tomada como referente para determinar si, al momento de la
desvinculación, cumplía los requisitos exigidos para acceder al reconocimiento de
su derecho pensional.
54. La Ley 100 de 1993 establece los requisitos legales para el reconocimiento de
la pensión de vejez tanto en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida
como en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, en los siguientes
términos:
55. Régimen de Prima Media con Prestación Definida:
“ARTÍCULO 33. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE VEJEZ. Artículo
modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. Para tener el derecho a la Pensión
de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:
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1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o
sesenta (60) años si es hombre. (A partir del 1 de enero del año 2014 la edad se
incrementó a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos
(62) años para el hombre.)
2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo. (A partir del
1 de enero del año 2005 el número de semanas se incrementó en 50 y a partir del
1 de enero de 2006 se incrementó en 25 cada año hasta que llegó a 1.300 semanas
en el año 2015.)
PARÁGRAFO 1o. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el
presente artículo, se tendrá en cuenta:
a) El número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del sistema
general de pensiones; (…)” Texto subrayado es propio)
56. Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad:
“ARTÍCULO 64. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE VEJEZ. Los
afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, tendrán derecho a una
pensión de vejez, a la edad que escojan, siempre y cuando el capital acumulado en
su cuenta de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual, superior al
110% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de esta Ley,
reajustado anualmente según la variación porcentual del Índice de Precios al
Consumidor certificado por el DANE. Para el cálculo de dicho monto se tendrá en
cuenta el valor del bono pensional, cuando a éste <sic> hubiere lugar.
Cuando a pesar de cumplir los requisitos para acceder a la pensión en los términos
del inciso anterior, el trabajador opte por continuar cotizando, el empleador estará
obligado a efectuar las cotizaciones a su cargo, mientras dure la relación laboral, legal
o reglamentaria, y hasta la fecha en la cual el trabajador cumpla sesenta (60) años si
es mujer y sesenta y dos (62) años de edad si es hombre.
ARTÍCULO 65. GARANTÍA DE PENSIÓN MÍNIMA DE VEJEZ. <Expresión en negrilla
INEXEQUIBLE, en relación con sus efectos para las mujeres, y diferido hasta el 31
de diciembre de 2025> Los afiliados que a los sesenta y dos (62) años de edad si son
hombres y cincuenta y siete (57) si son mujeres, no hayan alcanzado a generar la
pensión mínima de que trata el artículo 35 de la presente Ley, y hubiesen cotizado
por lo menos mil ciento cincuenta semanas (1.150), tendrán derecho a que el
Gobierno Nacional, en desarrollo del principio de solidaridad, les complete la parte
que haga falta para obtener dicha pensión.
PARÁGRAFO. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente
artículo se tendrá en cuenta lo previsto en los parágrafos del artículo 33 de la presente
Ley.”
57. Conforme a las normas trascritas, para que la demandante pudiera ser
considerada prepensionada era necesario que, para el 9 de septiembre de 2019,
fecha de retiro, le faltaran tres años o menos para cumplir los requisitos exigidos
para acceder a la pensión de vejez. Bajo ese entendido, encuentra la Sala que, le
asiste razón al tribunal de primera instancia al concluir que, para dicha data, Flor
Marina Peñaloza Ovalle ya reunía los requisitos exigidos en ambos regímenes
pensionales, toda vez que, conforme a su cédula de ciudadanía, cumplió 57 años
de edad el 30 de mayo de 2017 y acreditaba más de 1.500 semanas cotizadas entre
Colpensiones y el Fondo de Pensiones Porvenir.
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58. Por consiguiente, no le asiste razón a la apelante al afirmar que el A-quo analizó
su condición de prepensionada con fundamento en situaciones jurídicas
inexistentes al momento de emitirse la decisión definitiva que la separó del cargo.
En efecto, aun si se tomara como fecha de desvinculación el 29 de marzo de 2019,
correspondiente a la expedición de la Resolución No. 243, mediante la cual, se
efectuó un nombramiento en período de prueba y se declaró insubsistente a la
demandante, para esa fecha también cumplía los requisitos legales para acceder a
la pensión de vejez.
59. En consecuencia, se desvirtúa el argumento según el cual ostentaba la calidad
de sujeto de especial protección en condición de prepensionada, toda vez que, ya
no le asistía una mera expectativa de consolidar el derecho pensional, sino que,
cumplía plenamente con los requisitos exigidos para su reconocimiento.
60. Ahora bien, en relación con el segundo reparo de la apelación, consistente en
que al momento de la desvinculación subsistía su condición de pre pensionada, toda
vez que, aún no había obtenido reconocimiento pensional, inclusión en nómina de
pensionados ni pago efectivo de mesada, estima la Sala que tampoco está llamado
a prosperar.
61. Lo anterior, por cuanto de la jurisprudencia constitucional reseñada se
desprende con claridad que la protección reforzada cobija a los servidores públicos
o trabajadores a quienes les falten tres años o menos para cumplir los requisitos
que les permitan acceder a la pensión de jubilación o vejez, esto es, a quienes aún
tengan pendiente acreditar la edad o el número de semanas o tiempo de servicios
requeridos para consolidar el derecho pensional.
62. Así las cosas, la falta de reconocimiento de la pensión, de inclusión en nómina
o de pago efectivo de la mesada no constituye un requisito legal, constitucional ni
jurisprudencial para extender indefinidamente la condición de prepensionado, pues,
dicha garantía protege únicamente la expectativa próxima de acceder al derecho
pensional y opera frente al riesgo de que la pérdida intempestiva del empleo impida
su consolidación.
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63. Según lo establecido, considera la Sala que, no existe fundamento para concluir
que la entidad demandada, al momento de declarar la insubsistencia, estuviera
obligada a garantizar el disfrute material de la pensión ni a preservar la continuidad
económica de la demandante bajo la protección derivada de la figura del
prepensionado. Ello, por cuanto dicha garantía especial únicamente resulta
aplicable cuando el servidor público o trabajador se encuentra próximo a adquirir el
derecho pensional, situación que no se configura respecto de quien, al momento de
su desvinculación, ya cumplía plenamente los requisitos legales para acceder a la
pensión de vejez.
64. Además, encuentra esta Subsección que, una vez acreditados los requisitos
legales para el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, el ordenamiento
jurídico prevé una garantía específica orientada a asegurar el acceso oportuno a la
prestación. En efecto, el último inciso del parágrafo 1° del artículo 33 de la Ley 100
de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, establece que, los
fondos de pensiones deberán reconocer la prestación en un término no superior a
cuatro (4) meses contados desde la radicación de la solicitud con los documentos
que acrediten el derecho, sin que puedan excusarse en la falta de expedición del
bono pensional o de la cuota parte. En consecuencia, no puede afirmarse que el
servidor quede desamparado o desprovisto de mecanismos de protección.
65. En conclusión, tampoco se evidencia que, el tribunal hubiera desconocido el
precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, en
relación con la estabilidad laboral reforzada de los prepensionados y el alcance de
dicha protección frente a cargos provistos mediante concurso de méritos. Como
quedó ampliamente expuesto, para la fecha de retiro del servicio la demandante ya
cumplía los requisitos legales para acceder a la pensión de vejez, al contar con 57
años de edad y más de 1.300 semanas cotizadas, de modo que, no ostentaba la
condición de prepensionada ni podía ser considerada sujeto de especial protección
constitucional por dicha circunstancia.
66. Siendo así las cosas, resultan suficientes los anteriores argumentos para
confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones del medio de
control.
2.3. Condena en costas
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67. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos establecidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
por lo que no se condenará en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Veintinueve (29) de Octubre de Dos Mil
Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, por medio
de la cual negó las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Ausente con excusa
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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