Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 44001-23-40-000-2021-00141-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 44001-23-40-000-2021-00141-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 44001-23-40-000-2021-00141-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
10 de marzo de 2022
Radicación: 44001 23 40 000 2021 00141 01
Accionante: Jorge Evangelista Urbina Armenta
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 44001-23-40-000-2021-00141-01
Accionante: JORGE EVANGELISTA URBINA ARMENTA
Accionado: RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA Y OTROS
Tesis: No hay lugar amparar los derechos fundamentales
invocados cuando la parte actora no allega los medios de
prueba que acrediten sumariamente los hechos en los que
sustenta la vulneración.
La acción de tutela es improcedente cuando se pretende el
reintegro laboral, no se han hecho uso de los medios
ordinarios de defensa judicial y no se demuestra la
existencia de un perjuicio irremediable.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra
del fallo de tutela proferido el 10 de noviembre de 2021 por el Tribunal
Administrativo de La Guajira.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Jorge Evangelista Urbina Armenta promovió acción de tutela en
contra de la Rama Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura y el
Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira, con el fin de que se
amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
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Accionante: Jorge Evangelista Urbina Armenta
dignidad humana, buen nombre, la estabilidad laboral de las personas
vinculadas en provisionalidad, “principio de legalidad, principio de buena
fe, confianza legítima y acto propio”; para lo cual formuló las siguientes
pretensiones1:
“[…] PRIMERO: que se protejan mis derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso, derecho de buen trato ante la
ley, igualdad, dignidad humana, buen nombre, la estabilidad laboral
relativa de las personas vinculadas en provisionalidad, principio de
legalidad, principio de buena fe, confianza legítima y acto propio, y
demás derechos vulnerados por la entidad accionada, y demás
derechos vulnerados (sic).
SEGUNDO: que se ordene al Presidente del CONSEJO SECCIONAL
DE LA JUDICATURA DE LA GUAJIRA, que en el término de 48 horas
siguientes al fallo de tutela, se sirva resolver el recurso de reposición
que presentara el suscrito en la fecha 06 de junio de 2019, el cual
presenté vía virtual en el correo electrónico
de01sacsjrioh@cendoj.ramajudicial.gov.co , el cual nunca me
contestara el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE LA
GUAJIRA, como si yo no hubiera presentado ningún recurso, el cual
presenté contra los resultados aprobatorios de las pruebas de
conocimiento, competencia y aptitudes y/o habilidades
CONVOCATORIA nro. 4 ACUERDO nro. 17-25 CSJGUA de 2017, por
medio del cual se calificaron a los seleccionados al concurso de
méritos. Ya que, al tratarse de actos preparatorios, y no resolverse
los recursos de ley, se me vulnera el debido proceso, derecho de
defensa y contradicción, y no puedo acceder a la jurisdicción
contencioso administrativa.
TERCERO: se deje sin efectos todas las actuaciones administrativas
y fases del concurso de méritos posteriores a la fecha 10 de junio de
2019, dentro de la CONVOCATORIA nro. 4 ACUERDO nro. 17-25
CSJGUA de 2017, adelantado por el CONSEJO SECCIONAL DE LA
JUDICATURA DE LA GUAJIRA.
CUARTO: se deje sin efecto la Resolución CSJGUR21-111 21 de junio
de 2021, por la cual se expide la lista de elegibles a los distintos
cargos de la rama judicial, entre ellos Cargo: Citador de Juzgado
Municipal Grado 3, por parte del Consejo Seccional de la Judicatura
de la Guajira.
QUINTO: se deje sin efecto la RESOLUCION NRO. 001 de fecha 29
de junio de 2021 dictada por la JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE
BARRANCAS, LA GUAJIRA, “POR LA CUAL SE HACE UN
NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD”, fue nombrada en propiedad la
señora LAURA VICTORIA DE LA HOZ DE AGUAS, (…), en el cargo de
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 44001 2340 000 2021 00141 01.
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CITADOR GRADO 3 NOMINADO del JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, el cual no se me notificó
de manera personal, para poder ejercer el derecho de defensa y
contradicción de dicho acto administrativo, no hubo parcialidad, se
violó el principio de buena fe, confianza legítima y acto propio, entre
otros derechos fundamentales.
Sexto: SE ordene a la JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE
BARRANCAS, LA GUAJIRA, y al CONSEJO SECCIONAL DE LA
JUDICATURA DE LA GUAJIRA, se reintegre al suscrito JORGE
EVANGELISTA URBINA ARMENTA, identificado con la cédula de
ciudadanía (…) al cargo de CITADOR GRADO 3 NOMINADO del
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, u
otro de igual categoría, hasta tanto no se defina nuevamente el
concurso de méritos en virtud de la CONVOCATORIA NRO. 4
ACUERDO NRO. 17-25 CSJGUA de 2017, adelantado por el CONSEJO
SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE LA GUAJIRA […]”.
(Mayúsculas del accionante)
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que fue nombrado en provisionalidad en el cargo
de citador desde el 26 de octubre de 2012 en el Juzgado Promiscuo
Municipal de Barrancas, La Guajira.
Sostuvo que concursó en la convocatoria del Acuerdo nro. 17 – 25
CSJGUA de 2017.
Afirmó que el 6 de junio de 2019, envió recurso de reposición al correo
electrónico “des01sacsjrioh@cendoj.ramajudicial.gov.co”, el cual
presentó en contra de “los resultados aprobatorios de las pruebas de
conocimiento, competencia y aptitudes y/o habilidades CONVOCATORIA
N° (sic) ACUERDO N° 17-25 CSJGUA de 2017, por medio del cual se
calificaron a los seleccionados al concurso de méritos, considerando haber
obtenido el puntaje suficiente para estar dentro de los elegidos,
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solicitando se reconsidere esta decisión y recalifique los resultados puesto
que ameritaba estar dentro de los clasificados”2.
Aseguró que el recurso de reposición fue dirigido al Consejo Seccional de
la Judicatura de La Guajira, pero no ha sido resuelto.
Señaló que en el mes de junio de 2021, le enviaron el “organigrama para
organizar la lista de elegibles”, “[…] inmediatamente, y en un lapso no
mayor de 15 días, para interponer recursos o revocatoria directa, solicité
“revocatoria directa de la resolución CSJGUCER 1-1 del 21 de junio de
2021 y de todos los actos administrativos posteriores a esta por no
haberse dado cumplimiento a mi solicitud de recalificación interpuesta
ante ese despacho judicial conforme a lo establecido dentro de los
acuerdos que con ocasión del proceso de selección del concurso de
méritos fue enviado por mí el 6 de junio de 2019 del cual anexo copia y
constancia de envío para mayor prueba” […]”3.
Anotó que, mediante el Oficio nro. CSJGUOP21 – 237 del 8 de julio de
2021, el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la
Judicatura de La Guajira se pronunció sobre la solicitud de revocatoria
directa en el sentido de que “no es posible acceder a la petición por
improcedente, ya que la certificación CSJGUCER21-1 del 21 de junio de
2021, que declara la firmeza de algunos registros de elegibles de la
convocatoria N° 4 entre otras cosas, no está creando, modificando o
extinguiendo ninguna situación jurídica particular y concreta relacionada”
con el accionante.
Indicó que el 21 de junio de 2021, se expidieron las listas de elegibles de
los distintos cargos de la Rama Judicial, entre las que está el de citador
de juzgado municipal grado 3, según la Resolución nro. CSJGUR21 – 111.
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Ibídem. Mayúsculas del accionante.
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Ibídem.
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Manifestó que, a través de la Resolución nro. 001 del 29 de junio de 2021,
fue nombrada en propiedad la señora Laura Victoria de la Hoz de Aguas
en el cargo de citador grado 3 del Juzgado Promiscuo Municipal de
Barrancas, y en el numeral segundo de dicho acto se declaró insubsistente
al accionante.
Aludió a que “dentro de la convocatoria N° 4 de la rama judicial, se violó
el debido proceso (…), como quiera que no hubo la publicidad suficiente
de los actos administrativos, como lo establece la ley (…); así mismo, la
Resolución N° 001 de fecha 29 de junio de 2021 “por la cual se hace un
nombramiento en propiedad”, fue nombrada en propiedad la señora Laura
Victoria (…), en el cargo de citador grado 3 nominado del Juzgado
Promiscuo Municipal de Barrancas, La Guajira, el cual no se me notificó
de manera personal, para poder ejercer el derecho de defensa y
contradicción de dicho acto administrativo, no hubo parcialidad, se violó
el principio de buena fe, confianza legítima y acto propio, entre otros
derechos fundamentales”4.
Por último, concluyó que el objeto primordial de la tutela es que se le
ordene al Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira que resuelva
el recurso de reposición que presentó el 6 de junio de 2019 y que envió
al correo electrónico “de01sacsjrioh@cendoj.ramajudicial.gov.co”.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue tramitada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Riohacha que, en fallo del 6 de octubre de 2021, negó la solicitud de
amparo. El accionante impugnó la decisión y la Corte Suprema de Justicia
– Sala de Casación Civil, en providencia del 20 de octubre de 2021,
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Ibídem.
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declaró la nulidad de la sentencia por considerar que el tribunal no era el
competente para resolver el asunto, por lo que ordenó la remisión del
expediente a los Juzgados Administrativos de Riohacha – La Guajira5.
3.2. La acción de tutela fue sometida a reparto y le correspondió al
Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha que, por
auto del 26 de octubre de 2021, resolvió no avocar el conocimiento por
falta de competencia y remitió el expediente al Tribunal Administrativo de
La Guajira. Cabe anotar que en dicho auto se hizo un recuento del trámite
que había surtido la tutela hasta esa fecha, así6:
“[…] La demanda instaurada fue asignada al Tribunal Superior Sala
Civil-Familia-Laboral de Riohacha, corporación judicial que profirió
sentencia de primera instancia el 10 de agosto de 2021, la cual fue
impugnada por el accionante.
El 27 de agosto de 2021, mediante proveído de la fecha, la Corte
Suprema de Justicia, declara la nulidad de todo lo actuado por
cuanto considera se omitió vincular y notificar en debida forma a la
totalidad de los partícipes en la actuación que motivó la queja.
Posteriormente y surtidas las etapas procesales para ello, el 10 de
septiembre de 2021, nuevamente el Tribunal Superior Sala Civil-
Familia-Laboral de Riohacha, profirió sentencia de primera instancia
el 10 de septiembre de 2021, decisión que igual a la anterior fue
impugnada por el accionante.
El 24 de septiembre de 2021, la Corte Suprema de Justicia, emite
pronunciamiento en el cual se reitera la vinculación de la totalidad
de todos los partícipes en la acción impetrada, por lo que
nuevamente mediante proveído adiado 27 de septiembre de 2021,
el Tribunal Superior Sala Civil-Familia-Laboral de Riohacha decide
admitir la tutela formulada por Jorge Urbina Armenta contra la Rama
Judicial del Poder Público - Consejo Superior de la Judicatura –
Seccional La Guajira.
El 6 de octubre de 2021, el Tribunal Superior Sala Civil-Familia-
Laboral de Riohacha, una vez adelantadas las actuaciones
correspondientes, profirió nuevamente sentencia, evidenciándose
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 44001 2340 000 2021 00141 01.
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radicado nro. 44001 2340 000 2021 00141 01.
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Accionante: Jorge Evangelista Urbina Armenta
que al igual que en las oportunidades anteriores, el accionante
también impugnó la decisión.
El 20 de octubre de 2021, la Corte Suprema de Justicia, mediante
proveído de la fecha, decidió declarar nuevamente la nulidad de la
sentencia de primera instancia proferida por la Sala Civil Familia
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha el 06
de octubre de 2021 y como consecuencia de ello, ordenó la remisión
del expediente a la oficina de reparto de los Juzgados
Administrativos de Riohacha - La Guajira-, para que se tramite en
primera instancia la solicitud de amparo […]”.
3.3. Mediante proveído del 28 de octubre de 2021, el Tribunal
Administrativo de La Guajira admitió la tutela y dispuso notificar al
“Doctor Héctor Pablo Ramírez Sandoval en su condición de presidente del
Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira, y al Agente del
Ministerio Público delegado ante Tribunal”, así como vincular “a la Unidad
de Administración de Carrera Judicial, al Juzgado Promiscuo Municipal de
Barrancas- La Guajira, a la señora Laura Victoria de la Hoz de Aguas, y a
los integrantes del Registro Seccional de Elegibles para el cargo de Citador
de Juzgado Municipal Grado 3, de la convocatoria realizada mediante
Acuerdo nro. 025 del 6 de octubre de 2017, adelantado por el Consejo
Seccional de la Judicatura”7.
3.4. La señora Laura Victoria de la Hoz de Aguas rindió informe en
oportunidad vía correo electrónico8, en el que manifestó que “el Consejo
Seccional de la Guajira tiene habilitado para la recepción de documentos
el correo electrónico des01sacsjrioh@cendoj.ramajudicial.gov.co, y el
accionante no se dirigió a ese correo, sino a este de01sacsjrioh, de tal
forma que el recurso no llegó al correo electrónico habilitado por el
Consejo Seccional”.
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Esta orden se cumplió el 28 de octubre de 2021. Visto en el índice 2 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 44001 2340 000 2021
00141 01.
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De otro lado, hizo un recuento de todas las etapas surtidas en el concurso
de méritos y concluyó que “mi proceso de vinculación como empleado de
carrera del Juzgado Promiscuo de Barrancas cumplió con todos los
requisitos legales exigidos para acceder a dicho cargo”.
3.5. La Directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial
remitió informe en término vía correo electrónico9, en el que indicó que el
Tribunal Administrativo de la Guajira no es competente para conocer de
esta acción porque se vinculó a dicha Unidad que hace parte del Consejo
Superior de la Judicatura, y citó lo establecido por el numeral 8 del artículo
1 del Decreto 333 de 2021.
De otro lado, alegó que “la Unidad de Administración de la Carrera Judicial
del Consejo Superior de la Judicatura, no debe ser vinculada en el
presente proceso constitucional, porque la actuación que reprocha el
accionante, ha sido adelantada por el Consejo Seccional de la Judicatura
de La Guajira, quien administra la carrera judicial dentro de su jurisdicción
territorial de conformidad con lo señalado en el artículo 101-1 de la Ley
270 de 1996”.
Adujo que no se cumple el requisito de inmediatez, toda vez que el actor
solicita que le sea resuelto un recurso presuntamente interpuesto el 6 de
junio de 2019, por lo que “es claro que no resulta ser un término
razonable para requerir la respuesta más de un año después, lo que hace
improcedente la acción de tutela, pues no se encuentra justificada la
inactividad del concursante, con menor razón cuando era conocedor del
cronograma que regulaba la convocatoria”.
3.6. Por auto del 8 de noviembre de 2021, la magistrada de conocimiento
dispuso10:
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 44001 2340 000 2021 00141 01.
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Accionante: Jorge Evangelista Urbina Armenta
“[…] El Despacho ordena que por secretaría se oficie al señor Jorge
Evangelista Urbina Armenta, para que allegue al presente proceso
copia del recurso de reposición presentado ante el Consejo Seccional
de la Judicatura el 6 de 2019 (sic), y la constancia de envió y/o
recibido de dicha autoridad, para lo cual se le concede un término
de cuatro (4) horas, contados a partir de la notificación del presente
auto, dentro del que podrá ejercer si a bien lo tienen sus derechos
de contradicción y defensa.
Finalmente, se precisa que la brevedad de estos términos judiciales
se deriva del vencimiento de los diez días que establece el orden
constitucional para la resolución de este caso que acontece el día 10
de noviembre de 2021 […]”.
3.7. En cumplimiento de lo ordenado, mediante memorial del 8 de
noviembre de 2021, el accionante aportó nuevamente las pruebas que
había anexado con el escrito de tutela11.
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante sentencia del 10 de
noviembre de 2021, dispuso lo siguiente12:
“[…] PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso, contradicción y defensa invocados en la acción de
tutela interpuesta por el señor Jorge Evangelista Urbina Armenta,
contra el Consejo Superior de la Judicatura-Consejo Seccional de la
Judicatura de La Guajira. Lo anterior, conforme a las razones
expuestas en precedencia.
SEGUNDO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela, frente
al amparo del derecho fundamental al “debido proceso, buen trato
ante la ley, igualdad, dignidad humana, buen nombre, la estabilidad
laboral relativa de las personas vinculadas en provisionalidad,
principio de legalidad, principio de buena fe, confianza legítima y
acto propio”, invocados por el señor Jorge Evangelista Urbina
Armenta, de conformidad con las consideraciones que anteceden
[…]”.
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Para dilucidar el asunto indicó que la acción de tutela “gira en torno a que
se de respuesta al recurso de reposición presentado al Consejo Seccional
de la Judicatura de Riohacha (sic), el 6 de junio de 2019, que presentó
contra los resultados aprobatorios de las pruebas de conocimiento,
competencia y aptitudes y/o habilidades de la convocatoria n°4 acuerdo
n° 17-25 CSJGUA de 2017, y en consecuencia, se dejen sin efectos las
actuaciones administrativas y fases del concurso de méritos posteriores a
la fecha 10 de junio de 2019, dentro de dicha convocatoria, así como la
resolución N° 001 de fecha 29 de junio de 2021 dictada por (sic) la cual
se hace un nombramiento en propiedad a la señora Laura Victoria de la
Hoz de Aguas, en el cargo de citador grado 3 del Juzgado Promiscuo
municipal de Barrancas y en consecuencia se ordene el reintegro del actor
a dicho cargo u a otro similar hasta tanto se defina nuevamente el
concurso aludido”13.
Consideró que no fueron vulnerados los derechos fundamentales al debido
proceso, contradicción y defensa “por falta de respuesta al recurso de
reposición presentado el 6 de junio de 2019” ante el Consejo Seccional
de la Judicatura de La Guajira, toda vez que “no hay constancia de la
presentación de dicho recurso ante dicha autoridad, pues el accionante se
limitó a indicar que el 6 de junio de 2019, lo envío por correo electrónico
a la dirección des01sacsjrioh@cendoj.ramajudicial.gov.co, sin embargo,
del pantallazo de envió de correo electrónico con el recurso de reposición
aportado como prueba por el accionante, solo se observa que dice
recursos de reposición enviado por passdigita@gmail.com, para
de0sacsjrioh, es decir se encuentra incompleto, pero se logra evidenciar
que no corresponde al correo oficial de la autoridad accionada como lo
señala el señor Urbina Armenta. Debe resaltarse que al plenario no se
allegó tampoco el escrito contentivo del recurso que aduce haber
presentado el accionante”14.
13
Ibídem.
14
Ibídem.
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Agregó que “no es plausible conceder el amparo de algún derecho
invocado por vía de tutela, si no exista (sic) en el proceso prueba concreta
de la vulneración alegada, es por ello que en el sub examine se debe
negar el amparo solicitado, dado que la génesis de la presente acción
constitucional gira en torno a la falta de resolución al recurso de reposición
presentado por el accionante el 6 de junio de 2021 (sic), el cual no fue
allegado al plenario, sino que se aportó un pantallazo de envío de correo,
donde no se observa que se haya adjuntado algún documento al correo,
la fecha de envió y que se encuentre como destinatario el correo
habilitado por el Consejo Seccional de La Guajira para tal efecto”15.
Advirtió que, “ante la ausencia del referido recurso y su constancia de
envío, solicitó al accionante mediante auto de fecha 8 de noviembre de
2021, que los allegara a la presente causa, sin embargo, el señor Urbina
Armenta allegó como constancia de envió del recurso de reposición la
misma que obra a folio 32 del expediente, sin que de ello se pueda
concluir que el envío del recurso se realizó al correspondiente correo del
Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira según se observa en las
pruebas allegadas y que se ratifica a folio 200 del expediente”16.
De otro lado, analizó que “la presente acción constitucional se torna
improcedente para dejar sin efectos las actuaciones administrativas
adelantadas en el marco del concurso de méritos aludido y la lista de
elegibles conformada a través de la Resolución CSJGUR21-111 de junio
de 2021, como quiera que el accionante cuenta con otros mecanismos
ordinarios, medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el
cual reviste la idoneidad y eficacia suficiente para proteger las garantías
constitucionales invocadas, la cual es admisible a la luz del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo solicitar
adicionalmente a la nulidad una medida preventiva consistente en la
15
Ibídem.
16
Ibídem.
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suspensión provisional de los actos administrativos lesivos, al tenor de lo
dispuesto en el artículo 230 ibídem”.
Por último, se refirió a la falta de competencia alegada por la Unidad de
Administración de Carrera Judicial en lo siguientes términos17:
“[…] De acuerdo con el orden constitucional la acción de tutela se
puede reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, “todos los
jueces son competentes para conocer de acciones de tutela a
prevención, según lo dispone el artículo 37 del Decreto 2591 de
1991”, según lo señala la Honorable Corte Constitucional en la
providencia A-037 de 2008, donde reitera lo dicho en el A - 015/05,
bajo el entendido que no se puede confundir la competencia con las
reglas de reparto para crear conflictos por ser contrario a los
principios de celeridad y eficiencia con fundamento en los cuales
debe actuar quienes ejercen jurisdicción constitucional, porque
lesiona el derecho fundamental de tutela judicial efectiva previsto en
el artículo 229 superior.
En efecto, en el caso bajo estudio la tutela fue instaurada en junio
del presente año y aún no ha sido resuelta en primera instancia.
Según se desprende de la providencia de la Honorable Corte
Suprema de Justicia de fecha 20 de octubre de 2021, el asunto fue
repartido al Tribunal Superior sala civil – familia ( Folio 41-47), lo
cual en principio atiende a la regla de reparto prevista en el Decreto
1069 de 2015 modificado por el Decreto 333 de 2021, artículo
2.2.3.1.2.1 numeral 6º, en la medida que la regla de reparto se
atribuye de acuerdo con las partes que se señalan como accionadas
en la interposición de la tutela, dado que el demandando es el
Consejo Seccional de la Judicatura.
Sin embargo, para el caso concreto fue remitida a esta jurisdicción
por la Corte Suprema de Justicia, teniendo en consideración que
quien demanda es una persona que laboró en la jurisdicción
ordinaria. Por ello, se debe aplicarla regla de competencia prevista
en el Decreto 1069 de 2015, artículo 2.2.3.1.2.1 numeral 8 inciso
segundo (modificado por el Decreto 333 de 2021) […]”.
5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN
Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte actora lo impugnó
con fundamento en lo siguiente18:
17
Ibídem.
18
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 44001 2340 000 2021 00141 01.
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Accionante: Jorge Evangelista Urbina Armenta
5.1. Anotó frente “al hecho de que el suscrito no probó los hechos de la
tutela para que se protegiera el derecho al debido proceso y otros
derechos, es de manifestarle a este honorable tribunal que el juez
constitucional también está llamado a decretar pruebas de oficio, cuando
lo considere necesario, para tener la certeza de la decisión a adoptar en
la tutela que se le ponga en conocimiento, pruebas que debieron ser
solicitadas a la parte accionada”19.
Arguyó que el fallo de primera instancia solo analizó la posible vulneración
del derecho al debido proceso, pero no examinó los derechos
fundamentales al trabajo, mínimo vital, seguridad social y dignidad
humana.
En ese sentido, manifestó que tiene “59 años de edad, más de 530
semanas cotizadas, además, de mi detrimento económico que me ha
afectado el mínimo vital, ya que mi único ingreso era mi salario de la rama
judicial, el cual devengué hasta que fui destituido por declaratoria de
insubsistencia, además, soy un padre cabeza de hogar, donde debe
presumirse mi estado de debilidad manifiesta”20.
Solicitó se ordene el reintegro a un cargo de igual o superior categoría
conforme con lo anotado y, además, porque se trata de una persona que
tiene la calidad de pre - pensionada “ya que mi nombramiento en
provisionalidad data del año 2012, donde en el año 2018 ya contaba con
6 años” y pidió que se aplicaran los artículos 2 y 3 del Decreto 1415 de
2021.
19
Ibídem.
20
Ibídem.
13
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Accionante: Jorge Evangelista Urbina Armenta
5.2. Por auto del 23 de noviembre de 2021 se concedió la impugnación21
y la misma fue asignada por acta de reparto el 1 de febrero de 202222.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199123, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201524, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202125, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201926 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
6.2. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, el actor impugnó la decisión de primera
instancia con fundamento en que (i) el a quo consideró que no fueron
21
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 44001 2340 000 2021 00141 01.
22
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 44001 2340 000 2021 00141 01.
23
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
24
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
25
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
26
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
14
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acreditados los hechos en los que se sustenta la tutela, sin tener en
cuenta que el juez constitucional está llamado a decretar pruebas de oficio
cuando lo considere necesario, las cuales debieron ser solicitadas a la
parte accionada, y (ii) insistió en la pretensión de reintegro a un cargo de
igual o superior jerarquía, debido a que tiene 59 años de edad, más de
530 semanas cotizadas, la calidad de pre - pensionado y es padre cabeza
de hogar.
La Sala examinará de manera independiente cada uno de los reparos
formulados por el extremo recurrente, así.
6.2.1. La carga de la prueba en la acción de tutela
Frente a este punto se recuerda que el accionante impugnó la decisión de
primera instancia bajo la consideración que el a quo indicó que no fueron
acreditados los hechos en los que se sustenta la tutela, sin tener en
cuenta que el juez constitucional está llamado a decretar pruebas de oficio
cuando lo considere necesario, las cuales, en este caso, debieron ser
solicitadas a la parte accionada.
Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que
quien promueva una acción de tutela tiene la carga procesal de probar
sus afirmaciones. Al respecto, en la sentencia T – 571 de 2015 explicó27:
“[…] Así las cosas, los hechos afirmados por el accionante en el
trámite de una acción de tutela, deben ser probados siquiera
sumariamente, a fin de que el juez pueda inferir con plena certeza
la verdad material que subyace con la solicitud de amparo
constitucional.
Por otra parte, la Corte en Sentencia T-131 de 2007 se pronunció
sobre el tema de la carga de la prueba en sede de tutela, afirmando
el principio “onus probandi incumbit actori” que rige en esta
materia, y según el cual, la carga de la prueba incumbe al actor. Así,
quien pretenda el amparo de un derecho fundamental debe
demostrar los hechos en que se funda su pretensión, a fin de que la
27
M.P.: María Victoria Calle Correa.
15
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determinación del juez obedezca a la certeza y convicción de que se
ha violado o amenazado el derecho […]”.
La Corte Constitucional también ha precisado que se invierte la carga de
la prueba cuando existe un estado de indefensión “o la imposibilidad
fáctica o jurídica de probar los hechos”28 que se alegan, así29:
“[…] Ahora bien, en situaciones muy particulares de especial
indefensión, la Corte ha considerado que se invierte la carga de la
prueba a favor del peticionario, es decir, que basta con que éste
realice una afirmación, teniendo la autoridad pública accionada, o el
particular en su caso, el deber de desvirtuarla. En otras palabras se
presumen ciertos los hechos alegados por el accionante. Así por
ejemplo, en casos de personas víctimas de desplazamiento forzado,
esta Corporación en sentencia T- 327 de 2001 estimó lo siguiente:
“Al presumirse la buena fe, se invierte la carga de la prueba
y, por ende, son las autoridades las que deben probar
plenamente que la persona respectiva no tiene la calidad de
desplazado. Por lo tanto, es a quien desea contradecir la
afirmación a quien corresponde probar la no ocurrencia del
hecho. El no conocimiento de la ocurrencia del hecho por
autoridad gubernamental alguna no es prueba de su no
ocurrencia. Es apenas prueba de la inmanejable dimensión
del problema que hace que en muchas ocasiones las
entidades gubernamentales sean desconocedoras del mismo.
[…]”.
En cuanto a la “facultad – deber” del juez constitucional de decretar
pruebas de oficio, la jurisprudencia ha considerado que “el juez de tutela
dispone no sólo de la facultad de decretar pruebas de oficio, al igual que
cualquier otra autoridad judicial, sino que está ante el deber de hacerlo
con miras a lograr una efectiva protección de los derechos fundamentales,
en especial, cuando por las especiales características del caso, de las
pruebas aportadas por el accionante o de los informes allegados por los
28
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 13 de
septiembre de 2010. M.P.: Gerardo Arenas Monsalve.
29
Corte Constitucional. Sentencia T – 131 del 22 de febrero de 2007. M.P.: Humberto
Antonio Sierra Porto.
16
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accionados, no se cuente con suficientes elementos de juicio para decidir
un asunto sometido a su consideración”30.
En otra oportunidad indicó31:
“[…] Ahora bien, en caso de que el actor no aduzca pruebas
que apoyen su pretensión, la Corte Constitucional ha sido
enfática en declarar la facultad – deber que le asiste al juez
constitucional de decretar pruebas de oficio, con las cuales se
pueda determinar si realmente existe una amenaza o
vulneración del derecho. En Sentencia T-864 de 1999,
señaló: “Así las cosas, la práctica de pruebas para el juez
constitucional no es sólo una potestad judicial sino que es un
deber inherente a la función judicial, pues la decisión con
fuerza de cosa juzgada, exige una definición jurídicamente
cierta, justa y sensata del asunto planteado. También en
Sentencia T-498 de 2000, la Corte se refirió a la facultad de
decretar pruebas de oficio en un caso de tutela instaurado a
favor de una menor de edad de edad que padecía un tumor
cerebral. En esa oportunidad, señaló, que el juez
constitucional como principal garante de los derechos
fundamentales debe adelantar actuaciones mínimas y
razonables para la verificación de los hechos sometidos a su
consideración, lo cual reclama del juez una mayor
participación en la búsqueda de la máxima efectividad de la
Constitución.
En igual sentido, en Sentencia T-699 de 2002, la Corte señaló
que: “a los jueces de tutela les asiste el deber de decretar y
practicar pruebas de oficio cuando de la solicitud de amparo
y los informes que alleguen los accionados no obren
suficientes elementos de juicio para decidir el asunto
sometido a su consideración, por cuanto la labor
constitucional encomendada es precisamente la protección
efectiva de los derechos fundamentales” […]”.
Descendiendo al caso concreto, se tiene que el actor pretende que se
ordene al Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira resolver el
recurso de reposición que afirma envió el 6 de junio de 2019 al correo
30
Corte Constitucional. Sentencia T – 131 del 22 de febrero de 2007. M.P.: Humberto
Antonio Sierra Porto.
31
Corte Constitucional. Sentencia T – 571 del 4 de septiembre de 2015. M.P.: María
Victoria Calle Correa.
17
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electrónico “de01sacsjrioh@cendoj.ramajudicial.gov.co”32 y que presentó
en contra de “los resultados aprobatorios de las pruebas de conocimiento,
competencia y aptitudes y/o habilidades CONVOCATORIA N°4 ACUERDO
N° 17-25 CSJGUA de 2017, por medio del cual se calificaron a los
seleccionados al concurso de méritos”33.
Con el escrito de amparo, la parte actora anexó las siguientes pruebas
que obran en el plenario: -) copia de la cédula de ciudadanía del
accionante; -) copia del acta de posesión en el cargo de citador en el
Juzgado Promiscuo Municipal de Barrancas, La Guajira; -) “pantallazo” del
“recurso de reposición”; -) solicitud de revocatoria directa de la
Resolución nro. CSJGUCER 1 – 1 de 2021 y “de todos los actos
administrativos posteriores a esta”; -) copia de la respuesta dada por el
Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira a la
petición de revocatoria directa; -) copia del Certificado CSJGUCER21 -1
del 21 de junio de 2021 y -) copia de la Resolución nro. 001 del 29 de
junio de 2021 proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Barrancas
por medio de la cual se hace un nombramiento en propiedad.
En lo atinente a la presentación del aludido recurso de reposición, el actor
allegó lo siguiente34:
32
Según se desprende de la segunda pretensión formulada en el escrito de tutela. Visto
en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
nro. 44001 2340 000 2021 00141 01.
33
Ibídem.
34
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 44001 2340 000 2021 00141 01.
18
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Así las cosas, la Sala considera que en el expediente de tutela no obra
una prueba idónea que demuestre que el señor Urbina Armenta presentó
el recurso de reposición ante el Consejo Seccional de la Judicatura de La
Guajira en la fecha del 6 de junio de 2019 y en contra de “los resultados
aprobatorios de las pruebas de conocimiento, competencia y aptitudes
y/o habilidades CONVOCATORIA N°4 ACUERDO N° 17-25 CSJGUA de
2017, por medio del cual se calificaron a los seleccionados al concurso de
méritos”35, en la medida que, tal como lo señaló el a quo, no se allegó el
escrito del recurso de reposición y del pantallazo que aportó el accionante
no es posible desprender la fecha en la que se envió el mensaje de datos
y el destinatario del correo fue “de0sacsjrioh”.
Cabe anotar que una de las pruebas que allegó el actor con el escrito de
tutela fue la copia de la solicitud de revocatoria directa de la Resolución
nro. CSJGUCER 1 – 1 de 2021 y “de todos los actos administrativos
35
Ibídem.
19
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posteriores a esta”, en la cual se lee que allí adjuntó como anexo la “copia
del recurso interpuesto dentro del término legal enviado el 6 de junio de
2019”. La petición de revocatoria directa fue resuelta por el Presidente
del Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira mediante oficio del 8
de julio de 2021, en el que indicó lo siguiente respecto del aludido recurso
de reposición36:
“[…] Además, el término para interponer los respectivos
recursos, contra dicha Resolución, se encuentra más que
vencido. Así mismo, se ha podido observar que usted no
allegó a este Consejo Seccional recurso alguno entre el 27 de
mayo al 10 de junio de 2019, pues de los documentos
aportados en su misiva, se evidencia que el correo al cual dice
haber adjuntado el recurso fue el de01sacsjrioh (sin dominio
y mal redactado), y, uno de los correos correspondientes a
este Consejo es des01sacsjrioh@cendoj.ramajudicial.gov.co
correspondiente al despacho 01 por lo que demuestra su error
al enviar su recurso de reposición el 6 de junio de 2019 […]”.
Ahora bien, en la impugnación, el actor alegó que el a quo tenía el deber
de decretar de oficio las pruebas que considerara necesarias y que éstas
debieron ser solicitadas a la parte accionada.
Al respecto, la Sala observa que, por auto del 28 de octubre de 2021, el
a quo admitió la tutela y luego de que rindieron informe la señora Laura
Victoria de la Hoz de Aguas y la Directora de la Unidad de Administración
de Carrera Judicial, la magistrada de conocimiento, en proveído del 8 de
noviembre de 2021, dispuso37:
“[…] El Despacho ordena que por secretaría se oficie al señor Jorge
Evangelista Urbina Armenta, para que allegue al presente proceso
copia del recurso de reposición presentado ante el Consejo Seccional
de la Judicatura el 6 de 2019 (sic), y la constancia de envió y/o
recibido de dicha autoridad, para lo cual se le concede un término
de cuatro (4) horas, contados a partir de la notificación del presente
auto, dentro del que podrá ejercer si a bien lo tienen sus derechos
de contradicción y defensa.
36
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 44001 2340 000 2021 00141 01.
37
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radicado nro. 44001 2340 000 2021 00141 01.
20
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Finalmente, se precisa que la brevedad de estos términos judiciales
se deriva del vencimiento de los diez días que establece el orden
constitucional para la resolución de este caso que acontece el día 10
de noviembre de 2021 […]”.
[Destacado por la Sala]
Sin embargo, pese a dicho requerimiento, el accionante, mediante
memorial de la misma fecha, allegó nuevamente las pruebas que ya había
anexado con el escrito de tutela38.
De modo que el a quo sí requirió al accionante para que aportara las
pruebas en las que sustentaba las pretensiones de la tutela y no se
observa que el señor Urbina Armenta esté en un estado de indefensión
que le impida acreditar los hechos y, por consiguiente, haya lugar a
invertir la carga de la prueba.
En consecuencia, la Sala confirmará el numeral primero del fallo
impugnado que negó el amparo, ante la carencia de medios probatorios
que acreditaran la presentación del mencionado recurso de reposición.
6.2.2. En cuanto a la pretensión de reintegro
El actor insistió en que es procedente reintegrarlo a un cargo de igual o
superior jerarquía debido a que tiene 59 años, más de 530 semanas
cotizadas, la calidad de pre - pensionado y es padre cabeza de hogar, por
lo que debe presumirse el estado de debilidad manifiesta.
Sobre esta pretensión, la Sala advierte que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha señalado de manera reiterada que la acción de tutela,
por regla general, es improcedente para solicitar el reintegro laboral,
así39:
38
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 44001 2340 000 2021 00141 01.
39
Corte Constitucional. Sentencia T – 525 del 15 de diciembre de 2020. M.P.: Alejandro
Linares Cantillo.
21
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“[…] 31. Como regla general, esta Corte ha señalado que la acción
de tutela no es mecanismo principal para solicitar un reintegro
laboral, el pago de los salarios y los aportes al sistema de seguridad
social dejados de percibir, así como el pago de la indemnización
consagrada en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 1997,
independientemente de la causa que generó la ruptura del vínculo,
toda vez que son los jueces ordinarios (jurisdicción ordinaria laboral
o de lo contencioso administrativo), los competentes, como jueces
naturales, para resolver litigios y controversias alrededor de los
derechos laborales.
32. No obstante, cuando el accionante es un sujeto de especial
protección constitucional o una persona en condiciones de debilidad
manifiesta, la existencia de medios judiciales de defensa debe ser
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia para amparar
adecuadamente los derechos fundamentales. En ese sentido, la
jurisprudencia constitucional ha reconocido la procedencia de las
acciones de tutela de tales sujetos, cuando el goce de sus derechos
al mínimo vital y a la salud se ven obstruidos o amenazados,
efectivamente, en razón de la terminación del vínculo laboral […]”.
[Destacado por la Sala]
Al respecto, el Tribunal Constitucional ha sostenido que “la categoría de
sujeto de especial protección constitucional, según ha definido esta
Corporación, se constituye por aquellas personas que debido a su
condición física, psicológica o social particular merecen una acción
positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Así,
ha considerado que entre los grupos de especial protección constitucional
se encuentran: los niños, los adolescentes, los ancianos, los disminuidos
físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas
desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran en extrema
pobreza”40.
A su turno, ha explicado que el estado de debilidad manifiesta se presenta
cuando “una persona en condiciones de salud que interfieran en el
desempeño regular de sus funciones se encuentra en condiciones de
debilidad manifiesta no solo porque esto puede exponerla a perder su
Corte Constitucional. Sentencia T – 167 del 11 de marzo de 2011. M.P.: Juan Carlos
40
Henao Pérez.
22
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vínculo, como lo muestra la experiencia relacionada en la jurisprudencia
constitucional, sino además porque le dificulta la consecución de una
nueva ocupación con base en sus facultades, talentos y capacidades
humanas, que le depare los bienes suficientes para satisfacer sus
necesidades básicas, con lo cual está en riesgo no solo su estabilidad y su
dignidad, sino incluso su propia subsistencia, y su seguridad social”41, esta
figura también opera respecto de quienes tienen una calificación de
pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda y, por tal
razón, tienen derecho a la estabilidad ocupacional reforzada.
Bajo dicho contexto, la acción de tutela deviene improcedente respecto
de la pretensión de reintegro laboral del actor por cuanto tiene a su
alcance los medios ordinarios de defensa judicial y en el expediente no
está acreditado que el señor Urbina Armenta se encuentre en estado de
debilidad manifiesta o sea un sujeto de especial protección constitucional
que haga procedente la petición de amparo ni se alegó o acreditó la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que, aunque el accionante
alega tener la calidad de pre-pensionado, no allegó ningún medio
probatorio que permita verificar cuántas son las semanas cotizadas, así
como el régimen pensional al que está afiliado, y, en todo caso, de lo
afirmado en el escrito de impugnación no se desprende que cumpla con
los requisitos para el efecto, dado que “la estabilidad laboral de los
prepensionados es una garantía constitucional de los trabajadores del
sector público o privado, de no ser desvinculados de sus cargos cuando
se encuentren ad portas de cumplir con los requisitos para acceder a la
pensión de vejez. De otro lado, no basta la mera condición de
prepensionado, sino que se precisa verificar si hubo afectación de los
derechos fundamentales”42. [Destacado por la Sala]
41
Corte Constitucional. Sentencia SU- 049 del 2 de febrero de 2017. M.P.: María Victoria
Calle Correa.
42
Corte Constitucional. Sentencia T – 500 del 22 de octubre de 2019. M.P.: Alberto Rojas
Ríos.
23
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La Corte Constitucional, en la sentencia SU – 003 del 8 de febrero de
201843, indicó que “acreditan la condición de “prepensionables” las
personas vinculadas laboralmente al sector público o privado, que están
próximas (dentro de los 3 años siguientes) a acreditar los dos requisitos
necesarios para obtener la pensión de vejez (la edad y el número de
semanas -o tiempo de servicio- requerido en el Régimen de Prima Media
con Prestación Definida o el capital necesario en el Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad) y consolidar así su derecho a la pensión”.
En ese sentido, el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003, establece que los requisitos para obtener
la pensión de vejez en el caso de los hombres es tener 62 años de edad
y haber cotizado 1.300 semanas en cualquier tiempo. En el caso bajo
examen, el actor aseguró que ha cotizado aproximadamente 530
semanas, de modo que, eventualmente, dentro de los tres años
siguientes no estaría próximo a cumplir con este requisito.
Por último, en relación con el argumento del accionante consistente en
que tiene 59 años de edad, lo que considera lo hace sujeto de especial
protección constitucional, la Sala advierte que, frente al criterio de la edad
como elemento que haga procedente el amparo constitucional, la Corte
ha explicado lo siguiente44:
“[…]el adulto mayor es aquel que supera la expectativa de vida, y
en cada caso en particular acredita alguna circunstancia de especial
consideración, con fundamento en lo siguiente:
“De acuerdo a lo anterior, esta Sala de Revisión considera que así
como la tarea de determinar la edad pensional resulta propia del
Congreso, quien deberá fijar desde cuando inicia la tercera edad
para efectos de la procedencia de la acción de tutela, será dicha
entidad. Por lo tanto, con el fin de proteger la naturaleza excepcional
y subsidiaria de la misma, en la presente sentencia será adoptada
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
43
Corte Constitucional. Sentencia T- 037 del 9 de febrero de 2016. M.P. Alejandro Linares
44
Cantillo.
24
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Accionante: Jorge Evangelista Urbina Armenta
como criterio para establecer la tercera edad, la expectativa de vida
de los colombianos certificada por el DANE correspondiente a los 74
años. Así, quienes cuenten con 74 años o más serán considerados
sujetos de especial protección constitucional como pertenecientes a
la tercera edad, razón por la cual el estudio de procedencia del
amparo constitucional se realizará de manera flexible.” (Subraya
fuera de texto)
37. La anterior posición se reiteró en la sentencia T-844 de 2014
(M.P. Mauricio González Cuervo), en cuya oportunidad el accionante
interpuso la acción de tutela como mecanismo definitivo de
protección de sus derechos fundamentales, sin acudir a la vía judicial
establecida por el Legislador para dirimir conflictos relacionados con
el reconocimiento pensional, que en este escenario es la jurisdicción
ordinaria, al considerar que era un adulto mayor y sujeto de especial
protección. Dicho amparo fue declarado improcedente con
fundamento en la siguiente regla de decisión:
“2. Razón de la decisión.
La acción de tutela será procedente como mecanismo
definitivo, cuando los accionantes alcancen la expectativa de vida de
los colombianos certificada por el DANE en 74 años. Así mismo, será
procedente como mecanismo definitivo en los casos donde sin
importar la edad del accionante y existiendo otro medio de defensa,
se acredite que el mismo no es idóneo y eficaz para la protección de
los derechos fundamentales del actor. Finalmente, la acción de
tutela procederá como mecanismo transitorio para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable […]”. [Destacado por la
Sala]
En otra oportunidad el Tribunal constitucional indicó45:
“[…] 16.2. En este punto conviene precisar que el término “persona
de la tercera edad” y el concepto “adulto mayor”, que a menudo se
usan indistintamente, no pueden ser empleados como sinónimos.
16.3. El concepto “adulto mayor” fue definido en la Ley 1276 de
2009. En ella se apela a la noción de “vejez” propia del sistema de
seguridad social en pensiones, con el fin de identificar la población
destinataria de la atención integral en los centros vida. De cara a lo
dispuesto por el Legislador en esa norma, será adulto mayor quien
supere los 60 años o aquel que sin superar esa edad, pero con más
de 55 años, tenga condiciones de “desgaste físico, vital y psicológico
[que] así lo determinen”.
(…)
Corte Constitucional. Sentencia T – 015 del 22 de enero de 2019. M.P.: Gloria Stella
45
Ortiz Delgado.
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16.4. Por su parte, la calidad de “persona de la tercera edad” solo
puede ostentarla quien no solo es un adulto mayor, sino que ha
superado la esperanza de vida. No todos los adultos mayores son
personas de la tercera edad; por el contrario, cualquier persona de
la tercera edad será un adulto mayor.
Para efecto de precisar a qué edad una persona puede catalogarse
en la tercera edad, esta Corporación ha acudido a la esperanza de
vida certificada por el DANE. Ha asumido que la tercera edad inicia
cuando la persona supera la expectativa de vida fijada por aquel
organismo público, misma que varía periódicamente. A esta se le
conoce como la tesis de la vida probable, que en este caso concreto
fue aplicada por el ad quem.
Durante el periodo comprendido entre 2015 y 2020, conforme el
documento titulado “Indicadores Demográficos Según
Departamento 1985-2020. Conciliación Censal 1985-2005 y
Proyecciones de Población 2005-2020” emitido por el DANE, la
esperanza de vida al nacer para la totalidad de la población en
Colombia (sin distinguir entre hombres y mujeres), se encuentra
estimada en los 76 años. Por lo tanto, una persona será considerada
de la tercera edad solo cuando supere esa edad, o aquella que
certifique el DANE para cada periodo específico.
(…)
El efecto útil de esta separación fijada por la jurisprudencia
constitucional en desarrollo el principio de igualdad, se presenta al
valorar en cada caso concreto la eficacia de los mecanismos
judiciales ordinarios que tiene a disposición el accionante. Pero cobra
especial relevancia cuando se debaten asuntos asociados a la
pensión de vejez, en relación con los cuales la mayoría de los
interesados habrá superado los 60 años y tendrá la calidad de adulto
mayor.
De considerarse que todos los adultos mayores requieren una
especial protección constitucional y un análisis más flexible en
relación con el principio de subsidiariedad, sería necesario concluir
que todas las peticiones de vejez que ellos hagan a través de la
acción de tutela son procedentes. Tal perspectiva, terminaría por
hacer que las vías ordinarias de defensa judicial laboral en esa
materia en particular queden inoperantes. Ello trastocaría la
naturaleza excepcional de la acción de tutela y comprometería el
sistema de distribución de las competencias judiciales y
jurisdiccionales, pues implica indirectamente asumir que la acción
de tutela es el único mecanismo idóneo para reclamar pensiones de
vejez de personas con más de 60 años.
(…)
16.6. Respecto a este asunto concreto a pesar de que Marceliano
Neme Esquinas afirmó, tanto en el escrito de tutela como en el de
impugnación, que él era una persona de la tercera edad, la Sala
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encuentra que él es un adulto mayor, pero definitivamente no es
una persona de la tercera edad, al no haber superado la expectativa
de vida y, por lo tanto, no precisa un trato especial en razón de su
edad […]”. [ Destacado por la Sala]
De la jurisprudencia en cita, se desprende que el accionante no es una
persona de la tercera edad, puesto que no ha superado la expectativa de
vida certificada por el DANE, y, en consecuencia, no hay lugar a un trato
especial por motivo de su edad.
Conforme con lo expuesto, la Sala confirmará el fallo proferido el 10 de
noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de La Guajira que (i)
negó el amparo de los derechos fundamentales del actor dado que no
obra prueba en el expediente del envió del recurso de reposición y (ii)
declaró improcedente la tutela frente a las demás pretensiones porque el
actor puede acudir a los medios ordinarios de defensa judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 10 de noviembre de 2021
por el Tribunal Administrativo de La Guajira, de conformidad con las
razones expuestas en precedencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la
Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del
término legal.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
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