Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2021-00163-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2021-00163-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 44001-23-40-000-2021-00163-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 44001-23-40-000-2021-00163-01 (3359-2025)
Demandante: Harol Wilson Molina Suárez, en nombre propio y en
representación del entonces menor Camilo Andrés Molina
Martínez
Demandadas: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y
Departamento de la Guajira
Temas: Reconocimiento de pensión de sobrevivientes derivada del
fallecimiento de docente afiliada, no pensionada. Aplicación del
régimen general de la Ley 100 de 1993 por favorabilidad. No se
presenta indebido agotamiento de la vía administrativa. Falta
de legitimación en la causa por pasiva de la entidad territorial.
REVOCA PARCIALMENTE, MODIFICA Y CONFIRMA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las entidades
demandadas contra la sentencia proferida el treinta (30) de julio de dos mil
veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de La Guajira, por medio de la cual
se accedió a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Harol Wilson Molina Suárez en nombre propio y en representación del
menor Camilo Andrés Molina Martínez instauró demanda1 en contra de la Nación –
Ministerio de Educación – FOMAG y del departamento de La Guajira, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
1 Ver expediente digital en el índice 53 de SAMAI – Tribunales.
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2. Que se declare la nulidad del Oficio FPSM 467 del 20 de diciembre de 2016 por
medio del cual les fue negado el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en
calidad de cónyuge e hijo respectivamente, con ocasión del fallecimiento de la
señora Yodelis Leonor Martínez Díaz.
3. A título de restablecimiento del derecho, les sea reconocida la referida prestación
con retroactividad desde el 6 de junio de 2011, en un monto equivalente al 80% del
valor que le hubiera correspondido a la causante por concepto de pensión ordinaria
de jubilación de docente oficial.
4. Que se ordene el pago de la mesada adicional a partir del 31 de diciembre de
2011 junto con los montos adeudados actualizados y reajustados desde su
efectividad y hasta que sean incluidos en nómina.
5. Que se disponga sobre la condena en costas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
6. Que la señora Yodelis Leonor Martínez Díaz fue docente vinculada por el
departamento de La Guajira desde el 21 de junio de 1995 hasta el 5 de mayo de
2011 cuando falleció, período correspondiente a 15 años, 10 meses y 14 días de
labor oficial educativa en la que terminó ubicada en el escalafón 12 del magisterio.
7. Que contrajo matrimonio con la causante el 24 de diciembre de 1994, de cuyo
vínculo tuvieron como hijos a las señoras Yasmín Adriana, Adriana Yasmín Molina
Martínez, y al entonces menor Camilo Andrés Molina Martínez.
8. El 13 de agosto de 2016 solicitó en nombre propio y en el de su hijo menor de
edad el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Sin embargo, la entidad
demandada negó lo reclamado al asegurar que la maestra fallecida no había
acreditado al menos 18 años de servicio.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
9. Considera vulnerados: los artículos 2, 13 y 29 de la Constitución Política; y 46 de
la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003.
10. Expresa que el acto demandado se expidió con infracción de las normas en que
debía fundarse, porque al momento de presentar la documentación exigida para el
reclamo de la pensión de sobrevivientes, se aportaron pruebas suficientes para
demostrar el cumplimiento de los requisitos que los hacían beneficiarios de
conformidad con los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, bajo el entendido de
que es esta la norma aplicable y no otras en virtud de la prevalencia del principio de
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favorabilidad.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
11. La demanda fue admitida el 11 de agosto de 2022.2
12. La Nación - Ministerio de Educación – FOMAG3 Expresó que la Ley 100 de
1993, en su artículo 279 exceptuó del Sistema Integral de Seguridad Social a los
docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con
pensiones o cualquier clase de remuneración, por lo que el acto demandado fue
expedido de conformidad con las normas aplicables a la situación jurídica en
discusión.
13. Propuso las excepciones de inexistencia de fundamentos fácticos y jurídicos
para el reconocimiento de la sustitución pensional (sic), cobro de lo no debido,
prescripción, buena fe y genérica.
14. El departamento de La Guajira4 manifestó que la Secretaría de Educación
Departamental garantizó todos y cada uno de los derechos del reclamante, en
especial los contenidos en el Decreto 2831 de 2005, y las Leyes 33 y 62 de 1945,
813 de 2003. Aseguró que por esa razón no se puede acceder a lo pretendido, pues
no está permitido otorgar derechos no previstos en la normativa aplicable o en
normas distintas, ya que constituiría una transgresión directa a los principios
superiores de legalidad y buena fe.
15. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva,
cumplimiento de un deber constitucional y legal, inexistencia de la obligación legal,
y genérica.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5
16. El Tribunal Administrativo de La Guajira mediante sentencia del 30 de julio de
2025 accedió a las pretensiones en el sentido de declarar la nulidad del acto
demandado y ordenar reconocer y pagar al demandante su porción correspondiente
como beneficiario de la pensión de sobreviviente en calidad de cónyuge supérstite
de la causante, y al menor Camilo Andrés Molina Martínez, su porción
correspondiente como beneficiario en calidad de hijo menor de 25 años; esto con
efectividad desde el 7 de diciembre de 2017 por efectos de la prescripción trienal
que también declaró probada, y calculada en la cuantía prevista en el artículo 46 de
la Ley 100 de 1993.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
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17. Argumentó que está acreditado que la señora Yodelis Leonor Martínez Díaz
prestó sus servicios como docente de orden nacional desde el 21 de junio de 1995
hasta el 5 de mayo 2011, es decir un total de 15 años, 10 meses y 14 días, lo que
evidencia que no se cumplen los requisitos para el reconocimiento de la pensión
post mortem prevista en el artículo 7 del Decreto 224 de 1974, pues se requiere que
el educador haya laborado en el sector público al menos 18 años, lo cual aplica para
la verificación de requisitos de los demandantes como beneficiarios.
18. Manifestó que el Consejo de Estado ha aplicado el régimen general consagrado
en la Ley 100 de 1993 (específicamente lo relativo a pensión de sobrevivientes),
sobre el especial previsto en el Decreto 224 de 1972, esto en aplicación del principio
de favorabilidad para los casos en los que no se haya logrado acreditar el tiempo
suficiente de servicio del causante, por lo que debe seguirse esa misma línea
jurisprudencial.
19. Añadió que el régimen general en su artículo 46 exige para el reconocimiento
de la pensión de sobreviviente como tiempo de servicio anterior al fallecimiento del
causante, contar con 50 semanas de cotización, las cuales claramente están
comprobadas si se tiene en cuenta que la educadora fallecida ejerció su labor
educativa por más de 15 años. Por tanto, los demandantes tienes derecho a la
prestación reclamada, ya que se acreditaron las calidades de beneficiarios como
cónyuge e hijo menor de edad que se encuentra matriculado en una universidad
para estudiar la carrera de Administración de Empresas.
20. Sobre la prescripción indicó que se encuentra probada respecto de las mesadas
causadas con anterioridad al 7 de diciembre de 2017, porque la solicitud de
reconocimiento de la pensión con fundamento en el artículo 46 de la Ley 100 de
1993 se presentó el 16 de agosto de 2016, el acto administrativo demandado fue
emitido el 20 de diciembre de 2016 y la demanda se radicó el 7 de diciembre de
2020, es decir, por fuera del término de 3 años para reclamar este derecho.
21. Igualmente declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva del departamento de La Guajira, puesto que la Secretaría de Educación
de esa entidad fue la que expidió el acto demandado por disposición legal, en la
medida en que la atribución de realizar los trámites administrativos recae sobre los
entes territoriales, quienes a su vez deben ordenar el reconocimiento de la
prestación objeto de condena.
RECURSOS DE APELACIÓN
22. La Nación – Ministerio de Educación – FOMAG6 interpuso recurso de
apelación bajo el argumento de que los reclamantes no cumplen con los requisitos
de convivencia y dependencia económica señalados en la Ley 100 de 1993 y en la
6 Ibid.
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sentencia del Consejo de Estado del 18 de julio de 2019, ya que no demostraron la
unión de vida marital por más de 5 años conforme al concepto de matrimonio del
Código Civil, por lo que no es procedente reconocer la prestación, ni el pago de los
intereses moratorios del artículo 141 del mencionado régimen general.
23. En todo caso, solicitó que se declare probada la excepción de prescripción
respecto de las mesadas causadas con tres años de anterioridad a la presentación
de la demanda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 del Decreto 1848 del
4 de noviembre de 1969.
24. El departamento de La Guajira7 apeló la sentencia al considerar que la parte
actora no agotó previamente la actuación administrativa derivada de la respuesta
negativa contenida en el Oficio FPSM 467 del 20 de diciembre de 2016, ya que no
interpuso recurso alguno contra dicho acto administrativo. En consecuencia, no se
cumplió con el requisito de procedibilidad exigido por la ley procesal.
25. Agregó que a la fecha del deceso de la causante, esta no tenía 18 años de
servicios conforme lo establece al régimen especial del magisterio, por lo tanto, no
debe aplicarse el principio de favorabilidad puesto que aquel no debe contrariar las
disposiciones legales aplicables, más aún cuando tal precepto no está diseñado
para oponerse injustificadamente al ordenamiento jurídico, y entenderlo de la forma
como lo aplica el juez de primera instancia quien termina por vulnerar el derecho al
debido proceso, la seguridad jurídica y el orden constitucional vigente.
26. Dijo que, si bien de las pruebas se encuentra acreditado que el demandante era
cónyuge de la causante, no se demostró la convivencia y la dependencia económica
que son elementos esenciales para que proceda el reconocimiento de la prestación
en litigio.
27. Acerca de la legitimación en la causa por pasiva afirmó que, pese a que expidió
el acto denegatorio de la pensión, esta circunstancia no significa que existe
responsabilidad sobre lo pretendido, pues la expedición de dicha decisión se
adelanta mediante un trámite conjunto, en virtud del cual el sujeto legal y
objetivamente legitimado para adelantar la negación o reconocimiento de la pensión
de sobreviviente es La Fiduprevisora S.A. y no la entidad territorial tramitadora.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
28. El 15 de enero de 20268 se admitieron los recursos de apelación y las partes y
el Ministerio Público guardaron silencio.
Se decidirá previas las siguientes,
7 Ibid.
8 Ver índice 4 de SAMAI.
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CONSIDERACIONES
29. Deberá resolver la Subsección si resulta ajustada a derecho la decisión de la
administración que negó la pensión de sobrevivientes reclamada por el actor en
nombre propio y en representación de su hijo con fundamento en las normas
especiales que rigen a los docentes en materia prestacional; o si, por el contrario,
le asiste derecho a la parte demandante al reconocimiento y pago de la misma, de
conformidad con las disposiciones del régimen general contenido en el artículo 46
de la Ley 100 de 1993.
30. Adicionalmente se determinará si el departamento de La Guajira se encuentra
legitimado o no en la causa por pasiva, si la parte actora agotó en debida forma el
requisito de interposición de los recursos obligatorios en vía administrativa, y si
operó la prescripción de los valores adeudados.
Marco normativo y jurisprudencial
31. Con la promulgación de la Ley 100 de 1993 se creó el Sistema General de
Seguridad Social en Colombia, el cual «garantiza el cubrimiento de las
contingencias económicas y de salud, y la prestación de servicios sociales
complementarios».
32. Sin embargo, la mentada norma en el inciso 2°. del artículo 279 exceptuó de su
aplicación a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
como sigue:
«[…] Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo
serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores
que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto
se expida. […]»
33. A saber, la Ley 91 de 1989 respecto a las prestaciones sociales de los docentes
afiliados al FOMAG, remite su aplicación a las normas del orden nacional, para lo
cual resulta pertinente lo dispuesto en el Decreto 1848 de 1969, que, respecto de la
sustitución de la pensión de jubilación, determinó que al fallecer un empleado oficial,
sus beneficiarios adquieren el derecho a percibir la pensión de jubilación a la que
este tenía derecho, siempre que cumpliera con los requisitos legales para ello9, en
particular, haber completado un mínimo de 20 años de servicio.10
9 Según lo dispuesto en el artículo 80 del Decreto 1848 de 1969.
10 De conformidad con lo previsto en el artículo 68 el Decreto 1848 de 1969.
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34. Por su parte, el artículo 7.° del Decreto 224 de 1972, «Por el cual se dictan
normas relacionadas con el ramo docente», previó la pensión de sobrevivientes11
(aplicable al caso en cuestión) para el evento en que el causante no cumpliera con
el requisito de edad en los siguientes términos:
«[…] Artículo 7º.-En caso de muerte de un docente que aún no haya cumplido el
requisito de edad exigido para la obtención de la pensión, pero que hubiere trabajado
como profesor en planteles oficiales por lo menos diez y ocho (18) años continuos
o discontinuos, el cónyuge y los hijos menores tendrán derecho a que por la
respectiva entidad de previsión se pague una pensión equivalente al 75% de la
asignación mensual fijada para el cargo que desempeñaba el docente al tiempo de la
muerte mientras aquel no contraiga nuevas nupcias o el hijo menor cumpla la mayoría
de edad y por un tiempo máximo de cinco (5) años. […]» (Subrayas intencionales de
la Sala).
35. Ahora, es necesario advertir que, el régimen general de pensiones, del cual
están exceptuados los docentes oficiales, como ya se advirtió, contempla requisitos
más beneficiosos que los del Decreto 224 de 1972 para que los sobrevivientes
accedan al derecho pensional. Pues bien, el artículo 46 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el numeral 2.° del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, estableció:
«[…] ARTÍCULO 46. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
[…] 2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y
cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años
inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes
condiciones: […]» (negrillas intencionales)
36. De la comparación entre el artículo 7° del Decreto 224 de 1972 y el artículo 46
de la Ley 100 de 1993, se observa que este último resulta más favorable que el
previsto en el régimen especial. En efecto, para que los miembros del grupo familiar
puedan acceder a la pensión de sobrevivientes, la disposición general únicamente
exige que el causante haya cotizado 50 semanas dentro del periodo establecido en
la norma; mientras que la norma especial impone una carga significativamente más
estricta al requerir 18 años de servicio continuos o discontinuos.
37. El artículo 47 de esta última norma amplió el ámbito de protección al incluir a
todos los integrantes del núcleo familiar, esto es, al cónyuge, el (la) compañero (a)
permanente, los hijos menores o mayores, los padres, los hermanos en condición
de invalidez, y los hijos de crianza, siempre que cumplan con los requisitos
establecidos para el reconocimiento; resultando incluso más favorable en este
aspecto que la norma especial, que restringía tal derecho únicamente al cónyuge y
a los hijos menores.
11 La pensión de sobrevivientes aplica en los casos en los que muere el afiliado que aún no había adquirido el
derecho pensional por faltarle uno o varios requisitos normativos para lo propio, por lo que esta prestación debe
ser entendida como un derecho independiente al que acceden los solicitantes supérstites con el fin de
materializar una expectativa legítima que tenía tanto el trabajador próximo a pensionarse, como su familia.
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38. En particular, sobre los requisitos que debe acreditar el (la) cónyuge, y los hijos
del causante para obtener la calidad de beneficiarios, establece:
«[…] a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia
se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el
causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años
continuos con anterioridad a su muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de
30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso,
el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a
dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
[…] c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25
años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían
económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten
debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones
académicas que establezca el Gobierno;12 y, los hijos inválidos si dependían
económicamente del causante, "esto es, que no tienen ingresos adicionales",13
mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuando
hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;
[…]»
Sobre la legitimación de la autoridad encargada del reconocimiento pensional
de los docentes
39. Al respecto, el Consejo de Estado14 ha señalado en reiteradas oportunidades
que la entidad encargada del reconocimiento y pago de las pensiones de los
maestros oficiales, únicamente es la Nación - Ministerio de Educación - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues este corresponde a una
cuenta especial adscrita a dicha cartera gubernamental, administrada bajo la figura
de una fiducia y generada precisamente para gestionar y asumir las prestaciones
del personal docente del Estado debidamente afiliado.
40. De hecho, los artículos 4 y 5 de la Ley 91 del 29 de diciembre de 1989 (por
medio de la cual se creó este fondo)15, contemplan expresamente que el anterior es
12 El texto tachado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1094 de 2003.
13 El texto tachado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-066 de 2016.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
18 de febrero de 2021, radicado: 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-2014). Subsección B, sentencia del
14 de febrero de 2013, número interno 1048-2012.
15 «[…] Artículo 4. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, atenderá las prestaciones
sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la
promulgación de la presente Ley, siempre con observancia del artículo 2, y de los que se vinculen con
posterioridad a ella. Serán automáticamente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
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el objetivo y responsabilidad del mencionado fondo, tanto así que, para el manejo
de los recursos, el artículo 3 de dicha norma16 reguló que, para tal propósito, el
Gobierno nacional suscribiría un contrato de fiducia mercantil con una entidad
fiduciaria de naturaleza estatal o de economía mixta la cual se encargaría de ello.
41. Ahora, a través del Decreto 1775 del 3 de agosto de 1990 se reglamentó lo
propio, para lo cual los artículos 5 a 817 consagraron que serían los Fondos
Educativos Regionales en cada entidad territorial los que conocerían de las
solicitudes prestacionales de los docentes, efectuando incluso la liquidación en
proyectos de actos administrativos que serían avalados por la respectiva entidad
fiduciaria.
42. Adicionalmente, el artículo 180 de la Ley 115 de 1994 (Ley General de
Educación), señaló que: «[…] Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por intermedio del
Representante del Ministerio de Educación Nacional ante la entidad territorial, a la que se
encuentre vinculado el docente. […]». Es decir, se ratifica el hecho de que la concesión
de prestaciones como las pensiones de los educadores, está a cargo del FOMAG,
solo que por intermedio de una entidad territorial.
Magisterio, los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la
promulgación de la presente Ley, quienes quedan eximidos de requisito económico de afiliación. Los requisitos
formales que se exijan a éstos, para mejor administración del Fondo, no podrán imponer renuncias a riesgos ya
asumidos por las entidades antecesoras, las cuales reconocerán su respectivo valor en los convenios
interadministrativos. El personal que se vincule en adelante, deberá cumplir todos los requisitos de afiliación de
naturaleza formal o normativa y económica.
Artículo 5. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tendrá los siguientes objetivos:
1. Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado […]»
16 «[…] Artículo 3. Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta especial
de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos
serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del
90% del capital. Para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá el correspondiente contrato de fiducia mercantil,
que contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento de la presente Ley y fijará la Comisión
que, en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable
determinada con en los costos administrativos que se generen. La celebración del contrato podrá ser delegada
en el Ministro de Educación Nacional […]»
17 «[…] Artículo 5º Recepción de solicitudes. Las solicitudes relacionadas con el reconocimiento y pago de
prestaciones económicas del Magisterio, serán radicadas en la oficina de prestaciones sociales de cada Fondo
Educativo Regional.
La documentación sólo será radicada si llena los requisitos establecidos en las normas reglamentarias.
Artículo 6º Estudio de solicitudes. Una vez radicada la solicitud, la oficina de prestaciones sociales de cada
Fondo Educativo Regional, procederá a realizar el estudio de la documentación.
Artículo 7º Liquidación. Realizado el estudio de la documentación, se procederá a efectuar la liquidación
respectiva con el visto bueno de la entidad fiduciaria.
Artículo 8º Reconocimiento. Efectuada la liquidación, el delegado permanente del Ministerio ante el Fondo
Educativo Regional, expedirá la resolución de reconocimiento. […]». (Subrayas fuera del texto original).
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43. Sobre el trámite para el reconocimiento pensional, es de destacar que el
Decreto 2831 de 2005 en sus artículos 3.º y 4.º dispuso que,18 la Nación, Ministerio
de Educación – FOMAG siempre sería la única encargada de definir la situación
jurídica de los maestros solicitantes, o en este caso de sus beneficiarios cuando
ocurra el fallecimiento del docente, en tanto que los distritos, departamentos o
municipios en el marco de sus competencias solo serían facilitadores del
procedimiento para poder emitir el acto que resuelva la petición prestacional, sin
que ello implique que sea su propia manifestación de voluntad, sino la del Ministerio
18 «[…] ARTÍCULO 3° Gestión a cargo de las secretarías de educación. De acuerdo con lo establecido en el
artículo 3° de la Ley 91 de 1989 y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, la atención de las solicitudes relacionadas
con las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, será
efectuada a través de las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, o la dependencia
que haga sus veces.
Para tal efecto, la secretaría de educación de la entidad territorial certificada correspondiente, a la que se
encuentre vinculado el docente deberá:
1. Recibir y radicar en estricto orden cronológico, las solicitudes relacionadas con el reconocimiento de
prestaciones sociales a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de acuerdo con los
formularios que adopte la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos de dicho Fondo.
2. Expedir con destino a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo y conforme a
los formatos únicos por ésta adoptados, certificación de tiempo de servicio y régimen salarial y prestacional, del
docente peticionario o causahabiente, de acuerdo con la normatividad vigente.
3. Elaborar y remitir el proyecto de acto administrativo de reconocimiento, dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la radicación de la solicitud, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los
recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para su aprobación, junto con la
certificación descrita en el numeral anterior del presente artículo.
4. Previa aprobación por parte de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración los recursos del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio suscribir el acto administrativo de reconocimiento de
prestaciones económicas a cargo de dicho Fondo, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 962 de 2005 y las
normas que las adicionen o modifiquen, y surtir los trámites administrativos a que haya lugar, en los términos y
con las formalidades y efectos previstos en la Ley.
5. Remitir a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, copia de los actos administrativos de reconocimiento de prestaciones sociales a cargo
de éste, junto con la respectiva constancia de ejecutoria para efectos de pago y dentro de los tres días siguientes
a que éstos se encuentren en firme.
PARÁGRAFO PRIMERO: Igual trámite se surtirá para resolver los recursos que sean interpuestos contra las
decisiones adoptadas de conformidad con el procedimiento aquí establecido y aquellas que modifiquen
decisiones que con anterioridad se hayan adoptado respecto del reconocimiento de prestaciones a cargo del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, disciplinaria, fiscal y penal a que
pueda haber lugar, las resoluciones que se expidan por parte de la autoridad territorial, que reconozcan
prestaciones sociales que deba pagar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sin la previa
aprobación de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos de tal Fondo,
carecerán de efectos legales y no prestarán mérito ejecutivo.
ARTÍCULO 4°. Trámite de solicitudes, El proyecto de acto administrativo de reconocimiento de prestaciones
que elabore la secretaría de educación, o la entidad que haga sus veces, de la entidad territorial certificada a
cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante, será remitido a la sociedad fiduciaria que se
encargue del manejo de los recursos del Fondo para su aprobación.
Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del proyecto de resolución, la sociedad fiduciaria
deberá impartir su aprobación o indicar de manera precisa las razones de su decisión de no hacerlo, e informar
de ello a la respectiva secretaría de educación. […]».
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de Educación en representación del fondo, tanto así que esto es precisado en
detalle en el artículo 56 de la Ley 962 de 2005.19
Resolución del caso concreto
44. Inicialmente, frente al argumento del departamento de La Guajira relativo a que
la parte demandante no agotó previamente la actuación administrativa derivada de
la respuesta negativa contenida en el Oficio FPSM 467 del 20 de diciembre de
2016,20 ya que no interpuso recurso alguno contra dicho acto administrativo, basta
con verificar que esta decisión no contempló la posibilidad de apelarla (que sería la
única impugnación obligatoria), por lo que no era exigible demostrar lo propio de
conformidad con el artículo 161, numeral 2.º, inciso 2.º del CPACA.21
45. Definido lo anterior y para resolver el asunto de fondo, resulta necesario definir
cuál es el régimen aplicable a la parte demandante en calidad de cónyuge e hijo
supérstite de la docente fallecida, con el fin de analizar los presupuestos necesarios
para el reconocimiento del derecho pensional, los cuales debe cumplir quien alega
la calidad de beneficiario.
46. Al respecto, en principio la parte actora debía demostrar que su causante había
cumplido los requisitos exigidos en el Decreto 224 de 1972, esto es, los 18 años de
servicio al momento de su muerte para que los reclamantes pudieran acceder a la
pensión de sobrevivientes, dada la especialidad de la norma y a la exclusión del
régimen general de la Ley 100 de 1993.
47. Tal exigencia no solo es más gravosa, sino que, según el certificado de historia
laboral del 17 de noviembre de 2011,22 la docente no cumplía con dicho requisito al
momento de su fallecimiento, pues comenzó a laborar desde el 21 de junio de 1995
y terminó su vínculo el 5 de mayo de 2011 cuando falleció según certificado de
defunción,23 lo que implicaba un tiempo acumulado de labor oficial de 15 años, 10
meses y 14 días.
19 «[…] ARTÍCULO 56. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES EN MATERIA DEL FONDO DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO. Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de
resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación
de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto
administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de Educación
de la entidad territorial. […]».
20 Ver expediente digital en el índice 53 de SAMAI – Tribunales.
21 «[…] 2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y
decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación con la
primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto.
Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, no
será exigible el requisito al que se refiere este numeral. […]» (Subrayado intencional).
22 Ver expediente digital en el índice 53 de SAMAI – Tribunales.
23 Ibid.
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48. No obstante, la educadora sí acreditaba las condiciones del régimen general de
pensiones conforme el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, porque según se observa
en el certificado de tiempo de servicios expedido el 17 de noviembre de 2011,24 esta
acreditó más de 50 semanas cotizadas al FOMAG donde se encontraba afiliada
durante los 3 años anteriores a su muerte, esto por haber estado vinculada sin
solución de continuidad con el departamento de La Guajira por más de 10 años
previos a su deceso.
49. Sobre el punto, esta corporación en reiteradas oportunidades ha sostenido25
que los regímenes que se excepcionan de la aplicación de la ley general a ciertos
grupos de personas, deben emplearse solo en el caso de que la norma especial
resulte más favorable que la general, pues su objeto es conceder beneficios legales
a grupos determinados de trabajadores y no tornarse en elemento de discriminación
para dificultarles el acceso a los derechos mínimos consagrados en la legislación
para la generalidad.
50. Esto guarda consonancia con el análisis de constitucionalidad del artículo 279
de la Ley 100 de 1993 en la sentencia C-461 de 1995, el cual surgió a raíz de la
exclusión de los docentes para percibir el pago de la mesada adicional que trata el
artículo 142 de la mentada norma.
51. Aunque la cuestión planteada en la providencia mencionada es distinta a la que
se examina en esta oportunidad, el objetivo constitucional sigue siendo el mismo: la
primacía del derecho a la igualdad, el cual debe prevalecer en la aplicación de los
beneficios establecidos en esa disposición normativa para el sector docente,
incluyendo, en este caso puntual, los requisitos para acceder a la pensión de
sobrevivientes.
52. A saber, la Corte Constitucional abordó la excepción prevista para los afiliados
al FOMAG y declaró su exequibilidad condicionada, al considerar que su aplicación
debía interpretarse en armonía con los artículos 13, 48 y 53 de la Carta Política. En
esa oportunidad, dicha corporación precisó que excluir a un grupo de pensionados
de un derecho otorgado al resto del sector, con base en criterios meramente
subjetivos, vulnera el principio de igualdad, pues el poder público no puede
dispensar un trato diferente a quienes se encuentran en condiciones equivalentes.
24 Ver expediente digital en el índice 53 de SAMAI – Tribunales.
25 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencias del 16 de marzo de 2023. Exp. 73001-23-
33-000-2015-00614-01 (0247-2019). C.P. César Palomino Cortés, y del 18 de mayo de 2023. Exp. 05001-23-
33-000-2020-04057-01 (4100-2022). C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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53. Cabe destacar, además, que la misma corporación en reciente jurisprudencia26,
ha mantenido la aplicación del régimen general en lugar del especial con base en el
principio de favorabilidad.
54. De acuerdo con el mismo enfoque planteado y en protección de los derechos
fundamentales que corresponden a todas las personas sin distinción alguna,
contrario al argumento de apelación del departamento de La Guajira, esta
Subsección dará aplicación al Sistema General de Pensiones, como lo previó el
tribunal y como ya lo ha hecho esta corporación en casos anteriores.
55. Al respecto, debe tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 288 de la mentada
normativa, el cual, además de consagrar el derecho de «todo trabajador privado u
oficial, funcionario público, empleado público y servidor público» a optar por la Ley
100 de 1993 en los casos en que resulte más favorable que las disposiciones
anteriores sobre la misma materia, advirtió que su aplicación debe ser de manera
integral, de modo que quien se acoja a ella debe someterse a la totalidad de sus
disposiciones.
56. En tal virtud, en lo que concierne a los beneficiarios de la pensión, aunque en
principio la situación debía regirse por lo dispuesto en el artículo 7° del Decreto 224
de 1972, por razones de inescindibilidad normativa y habiéndose determinado la
aplicación de la Ley 100 de 1993, corresponde también acudir a esta última para
definirlos.
57. Ahora, las entidades demandadas señalan que el cónyuge e hijo supérstites no
lograron acreditar los requisitos mínimos para el reconocimiento del derecho,
específicamente al no haber demostrado la convivencia con la causante durante los
últimos 5 años anteriores a su muerte, ni la dependencia económica.
58. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que tanto el centro de discusión en vía
administrativa como judicial ha sido el de la negativa del reconocimiento pensional
ante el incumplimiento del requisito por parte de la educadora fallecida de al menos
18 años de servicio de conformidad con el Decreto 224 de 1972. Es decir, en primera
instancia se abordó este tema de manera tangencial solo al tener por cierto este
hecho con base en el vínculo matrimonial que sostuvieron.
26 Sentencia T-017 de 2022: «Ante el trato diferenciado que el régimen especial consagra en este caso, es
importante hacer mención de la tesis que tanto esta Corporación como el Consejo de Estado han aplicado de
manera uniforme y reiterada, según la cual: “(…) el establecimiento de regímenes pensionales especiales, como
aquellos señalados en el artículo 279 de la Ley 100, que garanticen en relación con el régimen pensional, un
nivel de protección igual o superior, resultan conformes a la Constitución, como quiera que el tratamiento
diferenciado lejos de ser discriminatorio, favorece a los trabajadores a los que cobija. Pero si se determina que
al permitir la vigencia de regímenes especiales, se perpetúa un tratamiento inequitativo y menos favorable para
un grupo determinado de trabajadores, frente al que se otorga a la generalidad del sector, y que el tratamiento
dispar no es razonable, se configuraría un trato discriminatorio en abierta contradicción con el artículo 13 de la
Carta (…).”»
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59. Además, lo cierto es que en las apelaciones de las entidades demandadas no
se precisan las razones, motivos de inconformidad o reparos puntuales frente a las
pruebas con base en las cuales el tribunal tuvo por satisfecha la exigencia de la
convivencia entre el actor y la causante. Es decir, la parte accionada no desvirtuó la
convivencia que de manera tangencial se habría probado.
60. En todo caso, lo cierto es que con el fin de demostrar su vínculo matrimonial
con la docente fallecida, el accionante aportó el Registro Civil de Matrimonio n.°
6039613 del 17 de agosto de 201127, y rindió interrogatorio de parte en desarrollo
de la audiencia de pruebas celebrada el 28 de septiembre de 2023;28 medios de
convicción con base en los cuales se encuentra demostrado que contrajeron
matrimonio católico el 24 de diciembre de 1994 en la Parroquia de San Agustín del
municipio de Fonseca (La Guajira), de cuya unión permanente por más de 16 años
hasta el día de la muerte de la referida maestra, tuvieron 3 hijos.
61. Tales hechos comprobados le dieron la calidad de cónyuge supérstite al
reclamante, y, por tanto, lo hacían beneficiario de la pensión de sobreviviente
reclamada en atención al artículo 47, literales a) o b) de la Ley 100 de 1993, sin que
fuera del caso estudiar el presupuesto de la dependencia económica al no estar
previsto como requisito para el efecto en la mencionada norma, sino solo como un
elemento indicativo que, sumado con otras pruebas, permite demostrar la
convivencia.
62. Por su parte, el demandante en representación de su hijo Camilo Andrés Molina
Martínez allegó su Registro Civil de Nacimiento con el que se demuestra su filiación
con este y con la causante, y a la vez se corrobora que nació el 12 de diciembre de
2002, con lo cual, para la fecha de fallecimiento de la educadora (5 de mayo de
2011), tenía la edad de 8 años. En consecuencia, al ser menor de edad en esa
época, aquel era beneficiario directo de la pensión de sobrevivientes de conformidad
con el artículo 47, literal c) de la Ley 100 de 1993.
63. Sin perjuicio de lo expuesto y al margen de que en la actualidad el hijo del
demandante sea mayor de edad (23) años, lo cierto es que con base en la referida
norma, este aún conserva el derecho a percibir la pensión de sobrevivientes en su
correspondiente proporción como lo determinó el tribunal, ya que es menor de 25
años y con la declaración de parte del actor rendida en audiencia del 28 de
septiembre de 2023, se demostró que al menos para esa fecha seguía matriculado
en la Universidad de La Guajira estudiando la carrera de administración de
empresas en segundo semestre por cuanto antes estudiaba ingeniería industrial.
64. Este hecho no fue controvertido ni cuestionado por la parte accionada ni en la
referida diligencia, así como tampoco en sus recursos, por lo que se debe tener
27 Ver expediente digital en el índice 53 de SAMAI – Tribunales.
28 Ibid.
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como cierto este punto de acuerdo con el análisis efectuado por el juez de primera
instancia.
65. En vista de lo expuesto, los reclamantes tenían configurado el derecho al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en la forma concedida en el fallo
apelado, incluida la declaratoria de prescripción, ya que en razón a que la fecha de
efectividad de la prestación es la de la muerte de la docente (5 de mayo de 2011),
y la petición fue radicada el 13 de agosto de 2016 y la demanda el 7 de diciembre
de 2020, se concluye que transcurrieron más de los 3 años previstos para solicitar
el derecho, al punto de que efectivamente este tendría que ser reconocido con
efectos fiscales a partir del 7 de diciembre de 2017 como se determinó en la
providencia recurrida. En tal sentido, esta se confirmará en los referidos puntos.
66. No obstante, en cuanto a la negativa de declarar la falta de legitimación en la
causa por pasiva del departamento de La Guajira, se considera que tal decisión no
es acertada puesto que, conforme al marco normativo y jurisprudencial desarrollado
anteriormente, es la Nación – Ministerio de Educación - FOMAG la única entidad
que debe asumir todas las condenas.
67. Esto por cuanto según la Ley 91 de 1989 relativa a la creación del aludido fondo,
así como en atención a la reglamentación de los trámites que le son propios, prevista
en los Decretos 1775 de 1990 y 2831 de 2005, para la Sala es claro, conservando
la postura pacífica de esta corporación sobre la materia, que las autoridades locales
en las actuaciones de concesión de derechos como las pensiones del magisterio,
solo intervienen a título de facilitadores para elaborar un proyecto de acto
administrativo, mas no para emitir una decisión unilateral y propia frente al
otorgamiento del derecho.
68. Es decir, la normativa aplicable a este caso nunca ha delegado en las entidades
territoriales la facultad para reconocer o no una pensión, en este caso, de
sobrevivientes, de los educadores afiliados al FOMAG. Por el contrario, en virtud de
la aprobación por parte de este último, es evidente que aquel fondo adscrito al
Ministerio de Educación Nacional, actuando a través de su administrador fiduciario,
es quien detenta la potestad para definir las condiciones, la liquidación y todos los
aspectos propios de la prerrogativa bajo estudio, pues la manifestación de voluntad
que finalmente produce efectos es la del referido ente nacional y no la del territorial.
69. Por lo mismo, habrá de revocarse parcialmente el ordinal primero del fallo
apelado para declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva de la mencionada entidad territorial, razón por la cual también se modificará
el ordinal tercero a fin de condenar al reconocimiento pensional solo a cargo de la
Nación – Ministerio de Educación – FOMAG. En lo demás se confirmará la decisión.
70. Finalmente, frente al argumento de la Nación – Ministerio de Educación –
FOMAG sobre la improcedencia de la condena al pago de los intereses del artículo
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141 de la Ley 100 de 1993, basta con verificar que ni en la demanda ni a lo largo
del litigo se pretendió lo propio, tanto así que ello no fue objeto de decisión en
primera instancia, por lo que resulta inane en esta oportunidad emitir un
pronunciamiento de fondo al respecto.
Condena en costas de segunda instancia
71. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
72. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
73. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
74. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la Nación – Ministerio
de Educación - FOMAG, por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso
de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia
y las expensas serán liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR PARCIALMENTE el ordinal primero de la sentencia
proferida el treinta (30) de julio de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal
Administrativo de La Guajira, por medio de la cual se accedió a las pretensiones, el
cual quedará de la siguiente forma:
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«[…] Primero. Declarar no probadas las excepciones de inexistencia de fundamentos
fácticos y jurídicos para el reconocimiento y pago de la sustitución pensional, cobro de
lo no debido, y buena fe, planteadas por la Nación- Ministerio de Educación Nacional-
FIDUPREVISORA.
Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada
por el departamento de La Guajira, por lo que deberá entenderse desvinculado del
proceso. […]»
Segundo. MODIFICAR el ordinal tercero de la providencia recurrida, el cual
quedará de la siguiente manera:
«[…] Tercero. CONDENAR a la Nación Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) a reconocer y pagar al señor Harold
Wilson Molina Suárez su porción correspondiente como beneficiario de la pensión de
sobreviviente en calidad de cónyuge supérstite de la causante Yodelis Leonor Martínez
Diaz, y al señor Camilo Andrés Molina Martínez, su porción correspondiente como
beneficiario en calidad de hijo menor de 25 años de la referida docente fallecida.
La prestación antes señalada deberá ser reconocida y pagada desde el 7 de diciembre
de 2017 y en la cuantía señalada en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993. […]»
Tercero. CONFIRMAR en todo lo demás el fallo apelado.
Cuarto. Condenar en costas de segunda instancia a la Nación – Ministerio de
Educación - FOMAG.
Quinto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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