Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 44001-23-40-000-2022-00002-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 44001-23-40-000-2022-00002-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 44001-23-40-000-2022-00002-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
10 de octubre de 2025
Radicado: 44001-23-40-000-2022-00002-01 (28430)
Demandante: Humberto Rafael Martínez Fajardo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C. diez (10) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 44001-23-40-000-2022-00002-01 (28430)
Demandante: Humberto Rafael Martínez Fajardo
Demandada: Contraloría General de la República
Temas: Procedimiento de cobro coactivo no tributario. Excepción de falta
de ejecutoria de título. Reiteración.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia del 9 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de la Guajira, que negó las pretensiones de la demanda y no accedió
a la condena en costas2.
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
El 30 de octubre de 2018 la Contraloría General de la República expidió el fallo de
responsabilidad fiscal 1445 en el que determinó como responsable al demandante
por la suma de $ 3.131.868.131, en atención a su condición de exalcalde del
municipio de Manaure (La Guajira)3.
El 15 de julio de 2019 la demandada expidió el Mandamiento de Pago 221 en el que
determinó la ejecución del valor enunciado. Sin embargo, el 27 de septiembre de
2019 el demandante presentó excepciones “falta de ejecutoria del título ejecutivo” e
“interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de
revisión de impuestos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”4.
El 31 de agosto de 2020 la entidad demandada expidió el acto DCC1 – 72R del 31
de agosto del 20205, mediante el cual negó las excepciones enunciadas. Este acto
fue confirmado con el acto No. DCC1 – 182R del 30 de agosto del 20216.
Posteriormente, la Contraloría General de la República expidió el acto administrativo
No. DCC1 – 315 del 10 de diciembre del 2021, por el que aprobó la liquidación del
crédito y las costas del proceso7.
1
Ingresó al despacho el 17 de marzo de 2023. Índice 3 plataforma SAMAI.
2
Índice 2 de la plataforma SAMAI. Demanda y Anexos. 000-2022-00002-00 REM CE. 000-2022-00002-00. Folios 94 a 113.
3
Índice 2 de la plataforma SAMAI. Demanda y Anexos. Anexos.
4
Índice 2 de la plataforma SAMAI. Demanda y Anexos. J-1800 Proceso Fiscal de Cobro Coactivo. J-1800 Físico. J-1800 –
Principal 2 – Folio 201 a 357. Folios 293 a 294
5
Índice 2 de la plataforma SAMAI. Demanda y Anexos. Anexos.
6
Índice 2 de la plataforma SAMAI. Demanda y Anexos. J-1800 Proceso Fiscal de Cobro Coactivo. J-1800 Electrónico. J-1800
Excepciones E.
7
Índice 2 de la plataforma SAMAI. Demanda y Anexos. J-1800 Proceso Fiscal de Cobro Coactivo. J-1800 Electrónico. J-1800
Principal E.
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1
Radicado: 44001-23-40-000-2022-00002-01 (28430)
Demandante: Humberto Rafael Martínez Fajardo
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en
el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso
Administrativo -CPACA-, la parte demandante formuló las siguientes pretensiones8:
“3.1.1 – De manera altamente respetuosa y, de acuerdo a lo que se expondrá en el acápite
de los hechos y normas violadas se solicita, debido a errores de hecho y de derecho la
ANULACIÓN PARCIAL del acto administrativo de naturaleza resolutiva No. DCC1 –
72R del 31 de agosto del 2020, por medio del cual se resolvió declarar NO probadas las
excepciones de “falta de ejecutoria del título ejecutivo” e “interposición de demandas de
restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo” presentadas en contra del mandamiento de pago No. 221
del 15 de julio del 2019, librado por la Dirección de la Unidad de Cobro coactivo No.1 de
la Contraloría General de la Republica y, se ordenó continuar con la ejecución y
practicar la liquidación del crédito dentro del proceso de cobro coactivo No. J 1800
seguido en contra de mi poderdante y otros y, confirmado en sede de reposición mediante
acto administrativo No. DCC1 – 182R del 30 de agosto del 2021; por lo que de
acuerdo a lo establecido en el artículo 87, numeral 2, del CPACA, solo hasta el 1 de
septiembre del 2021, quedo en firme el acto administrativo No. DCC1 – 72R del 31
de agosto del 2020, encontrándome dentro del término oportuno para la
presentación del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho,
además de lo establecido en el artículo 163 de la misma norma, teniendo en cuenta
que es el acto No. DCC1 – 72R del 31 de agosto del 2020, el que contiene la voluntad
administrativa y los posteriores actos en nada MODIFICARON dicha voluntad.
En cuanto a la anulación parcial del acto administrativo No. DCC1 – 72R del 31 de agosto
del 2020, se solicita de esta manera por tener únicamente legitimación en la causa en
representación del Sr. HUMBERTO RAFAEL MARTINEZ FAJARDO, y no tener ningún
tipo de relación jurídica vinculante respecto a las otras personas contra las cuales también
se libró el mandamiento de pago.
3.1.2- Así mismo la ANULACIÓN PARCIAL, del acto administrativo No. DCC1 – 315
del 10 de diciembre del 2021, por medio del cual se aprueba la liquidación del crédito y
las costas del proceso.
3.1.3- En consecuencia, acogiéndonos al sistema de Restitución (sic) y, a título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO del señor MARTÍNEZ FAJARDO, se declaren
probadas las excepciones de “falta de ejecutoria del título ejecutivo” e “interposición de
demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo” presentadas en contra del mencionado
mandamiento de pago y, se ORDENE a la Dirección de la Unidad de Cobro coactivo No.1
de la Contraloría General de la Republica o, a quien corresponda la terminación del
proceso de cobro coactivo No. J 1800 en lo que respecta al señor HUMBERTO RAFAEL
MARTINEZ FAJARDO. Lo anterior, debido a la violación del Derecho fundamental al
Debido proceso y, demás normas que se explicaran en el acápite No. 6 de la presente
demanda.
3.1.4- Se ORDENE el levantamiento de las medidas cautelares que hubiere decretado la
Dirección de la Unidad de Cobro coactivo No.1 de la Contraloría General de la Republica
y, que estuvieren actualmente vigentes, relacionadas con dicho proceso de cobro coactivo.
3.1.5- Se Condene en costas a la entidad Demandada.”
Indicó como normas vulneradas los artículos 2, 6, 29 y 209 de la Constitución Política
de Colombia; 829 y 833 del Estatuto Tributario; y 5 de la Ley 1066 de 2006, bajo el
siguiente concepto de violación9:
8
Ibidem. Folio 2.
9
Ibidem. Folios 6 a 13.
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Demandante: Humberto Rafael Martínez Fajardo
1. Violación al debido proceso
Alegó que los actos demandados son violatorios del derecho al debido proceso
(artículos 2, 6, 29, 209 de la Constitución Política), porque permiten continuar el
proceso de cobro coactivo, pese a estar demandado el fallo de responsabilidad
fiscal 1445 del 30 de octubre de 2018 ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, por lo que dicho acto no se encuentra ejecutoriado para ser objeto
de cobro.
Advirtió que los actos demandados no cumplen con las directrices de los artículos
5 de la Ley 1066 de 2006 y 829 del Estatuto Tributario, que establecen que las
entidades públicas deben aplicar las normas del Estatuto Tributario para casos de
cobro coactivo. Además, dicho proceso solo procede cuando los actos se
encuentran ejecutoriados, lo cual ocurre cuando las acciones de restablecimiento
del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva, según
el caso.
En el mismo sentido aclaró, que la demandada no aceptó las excepciones de “falta
de ejecutoria del título ejecutivo” e “interposición de demandas de restablecimiento
del derecho o de proceso de revisión de impuestos ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo”, que debieron proceder de acuerdo con las normas
enunciadas y la jurisprudencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado10.
Explicó que la demandada no tenía competencia para iniciar la ejecución del
proceso de cobro coactivo, porque se requería de título ejecutivo exigible y, en el
presente caso, no podía realizarse el cobro al no encontrarse ejecutoriado el acto
que determinó el valor de responsabilidad fiscal.
Manifestó que, pese a que se remitió a la Contraloría General de la República auto
admisorio de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra el
fallo de responsabilidad fiscal, la demandada procedió a declarar como no probada
la excepción de inicio del proceso contencioso administrativo.
Contestación de la demanda
La demandada se opuso a las pretensiones de la demanda, en los siguientes
términos11:
1. Violación al debido proceso
Explicó que las normas aplicables para los procesos de cobro coactivo cuyo título
ejecutivo se origina en un fallo de responsabilidad fiscal son el Decreto Ley 403 de
2020 y la Ley 610 del año 2000, a diferencia de los demás títulos que se cobran por
la Contraloría General de la República, los cuales si siguen el procedimiento del
Estatuto Tributario12.
Señaló en relación con la falta de ejecutoria del título ejecutivo, que el artículo 56 de
la Ley 610 de 2000 no establece como excepción al proceso de cobro coactivo que
los actos se encuentren ejecutoriados. Dicha norma, solo requiere que no procedan
10
Sentencia del 8 de junio de 2020. Exp. 24938. C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto
11
Índice 2 de la plataforma SAMAI. Demanda y Anexos. 000-2022-00002-00 REM CE. 000-2022-00002-00. Folios 31 a 38.
12
Enunció pronunciamiento del 15 de diciembre de 2009 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Exp.
1882. C.P. William Zambrano Cetina.
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recursos o se renuncie a los recursos o que estos (los recursos interpuestos) se
encuentren resueltos.
En el mismo sentido advirtió, que haber iniciado un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho no detiene el proceso de cobro coactivo, de acuerdo
con la norma enunciada.
Sentencia apelada
El Tribunal negó las pretensiones de la demanda y no accedió a la condena en
costas13, por las siguientes razones:
1. Violación al debido proceso
Aclaró que los artículos 106 y siguientes de la Ley 403 de 2020 fueron declarados
inexequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-113 del 24 de marzo
de 2022, pero no se realizó modulación de los efectos del fallo en el tiempo.
Señaló que al encontrarse habilitadas para ser aplicadas en el presente caso el
artículo 100 del CPACA y la Ley 1066 de 2006 dichas normas solo pueden aplicarse
en materia de procedimiento de cobro coactivo en relación con el Estatuto Tributario,
pero no en materia de documentos que prestan mérito ejecutivo y para casos de
responsabilidad fiscal, que tienen norma especial (Artículo 56 de la Ley 610 de
2000). En consecuencia, no es aplicable el artículo 829 del Estatuto Tributario para
determinar la ejecutoria de los actos que determinan responsabilidad fiscal.
Señaló que la Sección Cuarta del Consejo de Estado en sentencia del 10 de febrero
de 2022 aclaró14, en un caso similar, que lo establecido en el artículo 829 no es
aplicable a procesos no fiscales. Además, aclaró que no fue objeto de debate lo
establecido en el artículo 101 del CPACA respecto a la suspensión del
procedimiento administrativo.
Finalmente, declaró que no procede la condena en costas, porque de acuerdo con
el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso no se encuentran
probadas en el expediente.
Recurso de apelación
La demandante apeló la sentencia de primera instancia, de acuerdo con los
siguientes términos15:
1. Violación al debido proceso
Explicó que el Tribunal realizó una interpretación errónea del numeral 2 del artículo
100 del CPACA, debido a que el numeral 4 del artículo 829 del Estatuto Tributario
creó una concepción diferente de la fuerza ejecutoria de los actos administrativos
en comparación con el artículo 89 del CPACA. En consecuencia, el fallo de
responsabilidad fiscal 1445 del 30 de octubre de 2018 solo se encuentra
ejecutoriado hasta que la sentencia de última instancia sea expedida.
13
Índice 2 de la plataforma SAMAI. Demanda y Anexos. 000-2022-00002-00 REM CE. 000-2022-00002-00. Folios 94 a 113.
14
Exp. 25508. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez
15
Índice 2 de la plataforma SAMAI. Demanda y Anexos. 000-2022-00002-00 REM CE. 000-2022-00002-00. Folios 119 a
122.
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Advirtió que, en sentencia del 29 de agosto de 2018, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado determinó que, luego de la expedición de la Ley 1066 de 2006, las normas
del Estatuto Tributario son aplicables no solo para las obligaciones fiscales sino
también para cualquier obligación a favor de entidades públicas16.
Alegó que el Tribunal no analizó de forma adecuada el artículo 100 del CPACA, el
cual establece que las normas del Estatuto Tributario priman sobre las
administrativas y civiles, por lo que coordina con lo establecido en el artículo 5 de la
Ley 1066 de 2006.
Pronunciamientos finales
Las partes guardaron silencio en esta etapa procesal y el Ministerio Público no se
pronunció.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
En los términos de los recursos de apelación, procede establecer si resulta aplicable
el concepto de ejecutoria de los actos administrativos incluido en el artículo 829 del
Estatuto Tributario en los procesos de cobro coactivo relacionados con fallos de
responsabilidad fiscal.
1. Violación al debido proceso
Para resolver el caso es necesario revisar el contenido del artículo 100 del CPACA
y el alcance de la remisión que dicha disposición hace al Estatuto Tributario,
derivando de allí si procede o no la aplicación del artículo 829 del ET. Veamos el
texto normativo:
“ARTÍCULO 100. REGLAS DE PROCEDIMIENTO. Para los procedimientos de cobro
coactivo se aplicarán las siguientes reglas:
1. Los que tengan reglas especiales se regirán por ellas.
2. Los que no tengan reglas especiales se regirán por lo dispuesto en este título y en el
Estatuto Tributario.
3. A aquellos relativos al cobro de obligaciones de carácter tributario se aplicarán las
disposiciones del Estatuto Tributario.
En todo caso, para los aspectos no previstos en el Estatuto Tributario o en las respectivas
normas especiales, en cuanto fueren compatibles con esos regímenes, se aplicarán las reglas
de procedimiento establecidas en la Parte Primera de este Código y, en su defecto, el Código
de Procedimiento Civil en lo relativo al proceso ejecutivo singular.”
Sobre la correcta interpretación y alcancel del numeral 2 del artículo 100 del
CPACA, esta Sala se pronunció en sentencia del 11 de febrero de 2021 al
precisarse17:
“En este contexto, la remisión hecha desde el artículo 100 del CPACA se circunscribe,
exclusivamente, a las «reglas de procedimiento» para el cobro coactivo previstas en el
Estatuto Tributario. En esa medida, la disposición del CPACA se ciñó a adoptar un
procedimiento que ya había demostrado ser efectivo para encauzar las prerrogativas de
autotutela administrativa. En ninguna medida tenía la vocación de derogar el
procedimiento administrativo general que regula el propio CPACA. Por ende, cuando se
trata de títulos ejecutivos cuya producción se rige por el CPACA, este compendio
normativo constituye el punto de partida del procedimiento de cobro coactivo y, solo en lo
16
Exp. 22433. C.P. Milton Chaves García
17
Exp.24374. C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. Reiterada en sentencia del 10 de febrero de 2022. Exp. 25508. C.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez.
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que no resulte contradictorio con el CPACA es aplicable el Estatuto Tributario, por la
remisión establecida en el numeral 2.º del artículo 100 del CPACA.
Bajo ese entendido, anota la Sala que el artículo 98 del CPACA impone a las entidades
públicas (según la definición que de ellas se efectúa en el parágrafo del artículo 104
ejusdem) el deber de recaudar las obligaciones creadas en su favor, siempre que las
mismas consten en documentos que presten mérito ejecutivo, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 99 del CPACA.
Precisamente, el numeral 1.º del artículo 99 del CPACA incluye los actos administrativos
«ejecutoriados» que impongan a su favor la obligación de pago de una suma líquida de
dinero, siempre que se trate de una obligación clara, expresa y exigible. Para la Sala, el
concepto normativo de «acto administrativo ejecutoriado» debe valorarse de conformidad
con lo previsto en el Capítulo VIII del Título III del CPACA sobre la «conclusión del
procedimiento administrativo», pues, el Estatuto Tributario únicamente es aplicable en lo
que respecta al iter jurídico del cobro y no en lo concerniente a la formación de los actos
administrativos que sustentan la ejecución, aspecto regulado por el CPACA. Esta regla
será aplicable, también, a los actos administrativos proferidos con ocasión de la actividad
contractual, previstos en el numeral 3.° del mismo artículo.
Lo anterior conlleva que en los casos en los cuales se adelanta el cobro de una deuda
constituida con fundamento en regímenes normativos distintos al Estatuto Tributario, pero
aplicando las reglas del procedimiento administrativo de cobro establecidas en ese
estatuto (como ocurre en el caso aquí enjuiciado), la «ejecutoria» del acto administrativo
que determinó la deuda se rija por lo preceptuado en el artículo 89 del CPACA y no por lo
establecido en el artículo 829 del Estatuto Tributario. Queda entonces establecido que
para esta Sala, cuando el procedimiento para adelantar el cobro coactivo se determine en
aplicación de la regla prevista en el numeral 2.º del artículo 100 del CPACA, el carácter
ejecutorio del acto administrativo que determina la obligación por recaudar depende de las
previsiones del artículo 89 del CPACA y no de las particulares reglas que sobre esta
materia consagra el artículo 829 del Estatuto Tributario.
Ahora, el artículo 89 del CPACA determina que el carácter ejecutorio de los actos
administrativos depende de que los mismos hayan adquirido firmeza, en los términos del
artículo 87 ibidem. A su vez, este dispone que los actos administrativos quedan en firme,
entre otros supuestos, desde el día siguiente al de su notificación, si contra ellos no
procede ningún recurso, o desde el día siguiente a la notificación de la decisión de los
recursos interpuestos. Una vez adquirido el atributo de firmeza y, consecuentemente, el
de ejecutoria, el acto expedido resulta obligatorio en observancia del procedimiento
administrativo general, condición que se mantiene, a menos de que sea anulado por esta
jurisdicción o que se configure en el caso alguna de las causales de pérdida de
ejecutoriedad indicadas taxativamente en el artículo 91 del CPACA.
Por esto, a diferencia de lo que sucede con el artículo 829 del Estatuto Tributario que
supedita la ejecutoria de los actos administrativos de contenido tributario a la decisión
definitiva de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, las normas descritas
permiten evidenciar que, en el contexto del CPACA, el ejercicio del medio de control
judicial de los actos de carácter no tributario no afecta la firmeza ni el carácter ejecutorio
de los mismos.” (Subraya la Sala)
De acuerdo con el criterio expuesto, en los procesos de cobro coactivo derivados
de procesos de responsabilidad fiscal, como es el caso en estudio, —que no son de
naturaleza tributaria— no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 829 del
Estatuto Tributario. En dichos casos (los que no son de naturaleza tributaria), en
materia de cobro coactivo prevalecen las normas del CPACA. Se reitera, porque el
artículo 100 del CPACA únicamente establece que las normas tributarias son
aplicables a los procesos de cobro coactivo en lo relativo al procedimiento, mas
no respecto de la formación de los actos administrativos que sirven de fundamento
a la ejecución (el título ejecutivo base del mandamiento de pago). Dicho en otras
palabras, una cosa es el título ejecutivo, su formación (que incluye la regla de
ejecutoria) y otra el procedimiento de cobro coactivo que se debe aplicar.
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Se aclara que el concepto de ejecutoria de los actos administrativos no es de
carácter procesal sino de formación de los actos administrativos, por lo que en
situaciones como en los fallos de responsabilidad fiscal es aplicable el artículo 89
del CPACA y no el artículo 829 del Estatuto Tributario.
Por otro aspecto, el artículo 5 de la Ley 1066 de 200618, que invoca el demandante
en el escrito de apelación, reitera lo establecido en el numeral 2 del artículo 100 del
CPACA, al establecer de forma específica, que para las entidades públicas las
normas de cobro coactivo del Estatuto Tributario solo pueden aplicarse en temas
procesales.
De acuerdo con lo expuesto, en los procesos de responsabilidad fiscal no es posible
aplicar el concepto de ejecutoria del artículo 829 del Estatuto Tributario. En
consecuencia, no prospera el cargo.
2. Condena en costas
Ante la no prosperidad de la apelación del demandante, hace procedente la
condena en costas en segunda instancia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 365 -numerales 1 y 8 – del CGP. Así se fijarán como agencias en derecho
el equivalente a 1 smlmv al momento de la ejecutoria de la providencia, según las
reglas previstas en el artículo 366 ibidem y los lineamientos dispuestos en el
Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia del 9 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de la Guajira.
2. Condenar en costas en segunda instancia al demandante, conforme con lo
señalado en la parte considerativa de esta providencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
18
” ARTÍCULO 5o. FACULTAD DE COBRO COACTIVO Y PROCEDIMIENTO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS. Las
entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas
o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos,
del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución
Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán
seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario. (...)” (Subraya la Sala)
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