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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2022-00022-01

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2022-00022-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 38 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000- 2013-00065-01 (1908-2014). 22 Radicado: 44001-23-40-000-2022-00022-01 (6238-2024) Demandante: Marina Murillo Solano Primero. Confirmar la sentencia proferida el 13 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo de la Guajira que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Marina Murillo Solano contra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclaración de voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MAG 23

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 44001-23-40-000-2022-00022-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 44001-23-40-000-2022-00022-01 (6238-2024)
Demandante: Marina Murillo Solano
Demandados: Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio1, Departamento de la Guajira y municipio
de Uribia

Temas: Sanción moratoria por el pago tardío de cesantías definitivas

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el Fomag contra la sentencia
proferida el 13 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo de la Guajira,
mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Marina Murillo Solano presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo2 en orden a que
se declarara la nulidad del acto ficto negativo producto del silencio del Fomag frente
a la petición presentada el 16 de diciembre de 2020 en el que solicitó el
reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías

1 En lo que sigue Fomag
2 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 44001-23-40-000-2022-00022-01 (6238-2024)
Demandante: Marina Murillo Solano

definitivas establecida en la Ley 1071 del 2006.

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) el pago de la sanción por mora equivalente a 1 día de salario por cada día
de retardo contados «desde los 15 días siguientes al momento en que se radicó la
solicitud de cesantía» (sic), de conformidad con el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019;
ii) el pago de la sanción por mora equivalente a 1 día de salario por cada día de
retardo contados «desde los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes, al momento en
que quedó ejecutoriado el acto administrativo que reconoció las cesantías» (sic); iii) el
ajuste del valor de la condena de conformidad con lo establecido en el artículo 187
del CPACA; iv) el cumplimiento del fallo en los términos del artículo 192 del CPACA;
v) el pago de los intereses moratorios a partir del día siguiente de la fecha de la
ejecutoria de la sentencia y hasta el pago efectivo de la sanción moratoria; y vi) la
condena en costas a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Marina Murillo Solano laboró como docente oficial. El 8 de mayo de 2019 solicitó
ante el Fomag el reconocimiento y pago de las cesantías.

3.2. Las cesantías fueron reconocidas a través de la Resolución 0975 del 14 de
octubre de 2020 y pagadas el 12 de noviembre de ese año.

3.3. El 16 de diciembre de 2020 presentó reclamación administrativa ante el Fomag a
través de la cual solicitó el reconocimiento de la sanción por mora en el pago de las
cesantías reconocidas en la anterior resolución comoquiera que la entidad
demandada tenía hasta el 21 de agosto de 2019 para efectuar el pago, lo que ocurrió
hasta el 12 de noviembre de 2020, razón por la cual le adeudaban 440 días de mora.
La entidad guardó silencio.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 5 y 15 de la Ley 91 de 1989; 1 y 2 de la Ley
244 de 1995; 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006; y 57 de la Ley 1955 de 2019.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 3:

5.1. El Fomag desconoció las normas que regulan la situación particular del pago de
las cesantías parciales y definitivas de los servidores públicos y que establecieron un

3 Samai de Tribunales y Juzgados, gestionar documentos, archivo «DEMANDA(.pdf)».

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Demandante: Marina Murillo Solano

término perentorio para su reconocimiento, esto es de 15 días después de radicada
la solicitud y 45 días para proceder al pago después de expedido el acto
administrativo de reconocimiento. Así las cosas, el mencionado trámite se debió
adelantar en un periodo que no podría superar los 65 días hábiles.

5.2. De conformidad con lo anterior, en el presente asunto se pagó de manera tardía
la prestación, en tanto, « se encuentra cancelando la prestación, con posterioridad a los
sesenta y cinco (65) días después de haber realizado la petición de las mismas, obviando la
protección de los Derechos del trabajador, haciéndose el Fondo Prestacional del Magisterio
acreedor a la SANCIÓN correspondiente por la mora en el pago de la CESANTÍA por el
incumplimiento o retardo en el pago de la misma y con ésta circunstancia pueda resarcirse
los daños que causó» (sic).

1.2. Contestaciones de la demanda

6. El Fomag contestó la demanda en los siguientes términos4:

6.1. Si bien la jurisprudencia de las altas cortes5 ha reconocido la procedencia de la
sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías de los docentes afiliados al
Fomag, pese a no estar provista en las leyes 91 de 1989 y 962 de 2005, la
responsabilidad de su pago depende del marco normativo vigente y de la causa de
la mora.

6.2. En ese sentido, el reconocimiento de una prestación, entre ellas, las cesantías,
es un procedimiento complejo que involucra a la entidad territorial y a la Fiduprevisora
S.A., de acuerdo con el artículo 56 de la Ley 962 de 2005. No obstante, el artículo 56
ejusdem fue derogado por el artículo 336 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, y
esta última, en su artículo 57, reguló lo relacionado con eficiencia en la administración
de los recursos del Fomag, prohibiendo que con cargo a los recursos de este fondo
se paguen las sanciones derivadas de la mora en el pago de las prestaciones, e
imponiendo responsabilidad directa a la Secretaría de Educación del ente territorial
por la mora en el pago de las cesantías.

6.3. En el presente asunto, se configuró «una moratoria mixta en el pago de las
cesantías definitivas», pues una parte de la mora se generó en el año 2019 y otra en
el 2020, es decir, con posterioridad al 31 de diciembre de 2019, en cuyo caso la
responsabilidad sería del ente territorial. Luego, «[d]e los 445 días totales causados,
ÙNICAMENTE 128 días podrían ser responsabilidad de pago, del FOMAG, por cuanto se
causó hasta el 31 de diciembre de 2019» (sic).

4 Índice 7 de Samai de Tribunales y Juzgados.
5 «Sentencias de unificación SU-336 de 2017 de la Corte Constitucional y SUJ-012-S2 del Consejo

de Estado, de los años 2017 y 2018, respectivamente».

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Demandante: Marina Murillo Solano

6.4. En consecuencia, el departamento de La Guajira incurrió en la conducta que dio
lugar a la aplicación de la sanción moratoria solicitada, puesto que no notificó ni envió
a la Fiduprevisora S.A., dentro del término legal, el acto administrativo que reconoció
las cesantías de la accionante, lo que implicó que se superara el término previsto
para su pago.

6.5. Propuso las excepciones que denominó: i) legalidad de los actos administrativos
atacados de nulidad; ii) improcedencia de condena por concepto de intereses
moratorios e indexación; iii) legitimación en la causa por pasiva del ente territorial,
para asumir declaraciones y condenas, derivadas de sanción moratoria generadas
desde el 1 de enero de 2020; iv) falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Nación- MEN – Fomag; v) «desvinculación del proceso de las entidades que represento,
en aplicación del parágrafo transitorio del artículo 57 de la ley 1955 de 2019»; y vi) genérica.

6.6. El departamento de la Guajira solicitó que se declarara su falta de legitimación
en la causa por pasiva porque, de conformidad con la Ley 91 de 1989 y el Decreto
2831 de 2005, la competencia para reconocer y pagar las prestaciones sociales del
magisterio correspondía al Fomag, a través de la Fiduprevisora S.A. Por su parte, la
Secretaría de Educación Departamental únicamente intervino en el trámite
administrativo mediante la elaboración del proyecto de acto administrativo, sin
competencia para decidir sobre su aprobación o su pago, último que dependía de la
disponibilidad presupuestal, condición que se incluyó en la Resolución 0975 del 14
de octubre de 2020, por medio de la cual se reconocieron las cesantías. Por tales
razones, no podía atribuírsele la responsabilidad por la mora en el reconocimiento o
pago de tal prestación6.

7. El municipio de Uribia (Guajira) solicitó que se declarara su falta de legitimación
en la causa por pasiva, toda vez que no había generado los actos administrativos
que dieron lugar a la reclamación de la sanción moratoria por el no pago oportuno de
las cesantías definitivas reconocidas a favor de la demandante. Lo anterior, en la
medida en que carecía de competencia para generar, avalar y reconocer deudas que
no se originaron por la entidad territorial, sino en la departamental a la cual estaba
adscrita la demandante7.

7.1. Aunque el Municipio de Uribia es una entidad territorial certificada para la
administración y prestación del servicio educativo8, la demandante no había estado
vinculada con la entidad, ni este había ostentado la calidad de última empleadora,
pues aquella había desempeñado sus labores en un centro educativo del municipio
de Fonseca, entidad territorial que no estaba certificada, por lo que, sus obligaciones
debían asumirse por el departamento de la Guajira. En consecuencia, era necesario

6 Índice 10 de Samai de Tribunales y Juzgados.
7 Índice 9 de Samai de Tribunales y Juzgados.
8 De acuerdo con la Resolución 7802 del 13 de diciembre de 2007 y los decretos 030 y 031 de 2008

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Demandante: Marina Murillo Solano

conformar el contradictorio mediante la vinculación del departamento de la Guajira.

7.2. Si
bien el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 precisa que sólo habrá
corresponsabilidad del ente territorial si la mora proviene de esa entidad, lo cierto es
que «la demandante NUNCA tuvo vinculación con la entidad, ni mucho menos fue su
ULTIMA EMPLEADORA, pues sus labores se desarrollaban en un centro educativo
Institución Educativa Ernesto Parodi Medina del Municipio de Fonseca- Departamento de La
Guajira, ente que NO SE ENCUENTRA CERTIFICADO y debe ser asumido por el
Departamento de La Guajira» (sic).

7.3. Con fundamento en lo anterior, propuso las excepciones de: i) falta de
legitimación en la causa por pasiva; ii) indebida conformación del contradictorio; iii)
ausencia de incumplimiento del trámite administrativo regulado para el
reconocimiento de cesantías por parte del municipio de Uribia; iv) innominada o
genérica.

1.3. La sentencia apelada

8. En sentencia del 13 de marzo de 2024 el Tribunal Administrativo de la Guajira
declaró configurado el acto ficto negativo generado por la falta de respuesta a la
petición presentada por la demandante el 16 de diciembre de 2020 para el
reconocimiento de la sanción moratoria, así como su nulidad, condenó al Fomag al
pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías definitivas,
«equivalente a (01) un día de su salario por cada día de mora en el pago de las cesantías,
sanción que corresponde al período comprendido entre el 22 de agosto del 2019 hasta el 11
de noviembre de 2020, teniendo en cuenta para la liquidación y pago la asignación básica
devengada en el mes de marzo de 2019, asignación básica vigente en la fecha en que se
produjo el retiro del servicio de la demandante» (sic) y se abstuvo de condenar en costas.

9. Para tal efecto se pronunció así9:

9.1. De acuerdo con el material probatorio, se acreditó que Marina Murillo Solano i)
prestó sus servicios como docente con vinculación nacionalizada y fuente de
recursos situado fiscal Ley 91 de 1989 con régimen de retroactividad, desde el 24 de
marzo de 1988 hasta el 11 de marzo de 2019; ii) el 8 de mayo de 2019 solicitó el
reconocimiento de las cesantías definitivas, petición que fue resuelta de forma
favorable con la Resolución 0975 el 14 de octubre de 2020; iii) el 12 de noviembre
de 2020 se puso a su disposición la suma reconocida por concepto de cesantías; iv)
el 16 de diciembre de 2020 solicitó al Fomag el reconocimiento de la sanción
moratoria por el pago tardío de sus cesantías definitivas, la cual no fue atendida.

9 Índice 25 de Samai de Tribunales y Juzgados.

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Demandante: Marina Murillo Solano

9.2. Conforme con la sentencia del Consejo de Estado del 18 de julio de 201810, el
término de exigibilidad de la sanción moratoria en el caso concreto empezó a correr
desde el 22 de agosto de 2019, pues no existió situación alguna atribuible a la parte
demandante que justificara la tardanza para el reconocimiento y pago de las
cesantías definitivas solicitadas.

9.3. Comoquiera que hubo un acto administrativo expreso que reconoció las cesantías
definitivas (Resolución 0975 del 14 de octubre de 2020), pero fue emitido por fuera
del término legal previsto para esos efectos, el plazo máximo de pago de las
cesantías y la fecha a partir de la cual se generó la respectiva sanción moratoria,
correspondió al cómputo de 70 días hábiles después de formulada la solicitud de
reconocimiento, período que se divide así: (i) 15 días para expedir la resolución, (ii)
10 de ejecutoria del acto y (iii) 45 para efectuar el pago.

9.4. Para el caso concreto, «la petición de reconocimiento de cesantías fue presentada el
8 de mayo de 2019, la resolución de reconocimiento debía ser proferida a más tardar el 29
de mayo de 2019 y cobraría ejecutoria el 13 de junio de la misma anualidad, motivo por el
cual la entidad tenía hasta el 21 de agosto de 2019 para pagar de manera oportuna las
cesantías definitivas de la actora. No obstante, en el expediente se encuentra acreditado que
se puso en disposición para su cobro en favor de la demandante el 12 de noviembre del
2020, por lo que, ante esa tardanza, la demandante tiene derecho a la sanción moratoria por
el lapso comprendido entre el 22 de agosto del 2019 hasta el 11 de noviembre de 2020»
(sic), con la asignación básica vigente a la fecha del retiro del servicio11.

9.5. Frentea la pretensión de indexación de la sanción moratoria, según la
jurisprudencia del Consejo de Estado, esta no era procedente.

9.6. En torno a la entidad encargada de pagar la sanción moratoria, el Fomag no
cumplió con la carga de la prueba para acreditar que fue la entidad territorial la que
incumplió con los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago
de cesantías al Fondo. En todo caso, el argumento según el cual no era responsable,
porque «le estaba atribuido hasta el 31 de diciembre de 2019, en la medida que el artículo
57 de la ley 1955 de 2019 extendió el plazo mencionado hasta el año de 2022, en cuanto fue
modificado por el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023, que prevé ”Para efectos de financiar
el pago de las sanciones por mora a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio causados a diciembre de 2022, facúltese al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público para emitir títulos de tesorería que serán administrados por una o varias sociedades
fiduciarias públicas, así mismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público definirá la
operación, las reglas de negociación y pago de los mismos.”, en ese sentido, como quiera
que la sanción acá reclamada fue causada hasta el 11 de noviembre de 2020, encontrándose

10 «Sentencia unificación de 18 de julio de 2018 CE-SUJ-SII-012-2018 proferida por la Sección
Segunda. Expediente 73001-23-33-000 2014-00580-01 (4961-2015) Demandante: Jorge Luis Ospina
Cardona. Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y Departamento del Tolima».
11 Ibidem.

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Demandante: Marina Murillo Solano

dentro del límite temporal dispuesto en la ley ibídem, sin que por ello, se entienda que se
trata de una aplicación retroactiva de la ley, sino la aplicación de la disposición dada por el
legislador para el momento efectivo del pago» (sic).

1.4. El recurso de apelación

10. El Fomag solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, con sustento
en los siguientes argumentos12:

10.1. En el trámite de reconocimiento de las cesantías parciales o definitivas de los
docentes concurren 3 actuaciones: el primero, la emisión del acto administrativo de
reconocimiento prestacional, dentro de los 15 días siguientes a la radicación de la
petición; el segundo, la notificación del acto administrativo una vez emitido; y, el
tercero, la remisión de la resolución ejecutoriada al Fomag para su respectivo pago.
Esta última actuación era determinante, porque solo a partir de que recibiera el acto
administrativo ejecutoriado el fondo podía pagar la prestación dentro de los términos
legales.

10.2. En el caso concreto, la mora alegada se generó con posterioridad al 31 de
diciembre de 2019, razón por la cual era aplicable el artículo 57 de la Ley 1955 de
2019, disposición que prohíbe destinar recursos del Fomag a fines distintos del pago
de las prestaciones económicas legalmente reconocidas por las entidades
nominadoras. Por lo tanto, no era responsable de la sanción moratoria causada con
posterioridad al 1 de enero de 2020.

10.3. El Fomag es «una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial,
contable y estadística, sin personería jurídica, con la finalidad de atender las prestaciones
sociales de los docentes nacionales y nacionalizados al servicio de la educación primaria y
secundaria del Estado» (sic), por ende, carecía de competencia para expedir los actos
administrativos cuya nulidad se pretendía, razón por la que no debía ser considerado
parte del proceso, toda vez que no intervenía en el trámite de reconocimiento.

10.4. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1955 de 2019, el reconocimiento y
pago de las prestaciones sociales de los docentes correspondía exclusivamente a
las Secretarías de Educación, encargadas de expedir el acto de reconocimiento, y a
la Fiduprevisora S.A., responsable del pago. Aunque en anteriores oportunidades se
había condenado al fondo al pago de la sanción moratoria por las actuaciones de las
entidades territoriales, tal posibilidad había sido excluida por virtud de la prohibición
prevista en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.

10.5. El Consejo de Estado mediante sentencia con radicado: 73001-23-33-000-2014-
00580 01 señaló expresamente la incompatibilidad entre la indexación y la sanción

12 Índice 27 de Samai de Tribunales y Juzgados.

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Demandante: Marina Murillo Solano

por mora.

10.6. La condena en costas no es objetiva, sino que el juez debe tener en cuenta la
buena fe de la entidad en sus actuaciones procesales. El a quo «NO PRESENTÓ
PRUEBAS O FUNDAMENTO ALGUNO sobre la ocurrencia de alguna actuación por parte
de la entidad demandada [Fomag]» (sic), que desvirtuara su presunción de buena fe,
por lo tanto, no era procedente la condena en costas.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

11. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas,
no hubo traslado a las partes para alegar13.

1.6. El Ministerio Público

12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio14.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

13. Se circunscriben a establecer:

13.1. ¿si el pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas
reconocidas a Marina Murillo Solano le correspondía al departamento de la Guajira
o al Fomag?

13.2. ¿si
de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, existe
incompatibilidad entre la indexación y la sanción por mora, y si era procedente la
condena en costas?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Régimen de liquidación de cesantías de los docentes

14. La Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
como una cuenta especial de la nación con el fin de atender «las prestaciones sociales
de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la
promulgación de la presente Ley, siempre con observancia del artículo 2, y de los que se

13 De conformidad con el auto admisorio del 12 de diciembre de 2024 visible a índice 4 de Samai.
14 Según la constancia secretarial del 4 de marzo de 2025 visible a índice 8 de Samai y la notificación

que obra en el índice 7 de Samai.

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Demandante: Marina Murillo Solano

vinculen con posterioridad a ella», y estableció la liquidación anual de las cesantías de
sus afiliados, con algunas circunstancias excepcionales en el momento de su
promulgación, así:

«Artículo 2. ° […]

Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con las
normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.

Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad
con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia
la Ley 43 de 1975.

(…)

Artículo 15. ° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por
las siguientes disposiciones:

1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989,
para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen
prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las
normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos
de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables
a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y
1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta
Ley.

(…)

3.- Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a
un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres
meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a
las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo
de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y
sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de
acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial
promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del
personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las
normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional» (se resalta).

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Demandante: Marina Murillo Solano

15. De acuerdo con las disposiciones transcritas, se establece una distinción entre los
docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para quienes
el Fomag pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio
o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado,
es decir, con aplicación del régimen retroactivo de cesantías y los docentes que se
vinculen a partir del 1° de enero de 1990 y los nacionales vinculados desde antes,
solo en lo atinente a las cesantías que se causen desde el 1° de enero 1990, a
quienes el Fondo les pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías
existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin
retroactividad; en otras palabras, las cesantías se reconocerán con el régimen
anualizado.

16. En relación con las citadas normas en sentencia del 30 de noviembre de 2017 la
Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación concluyó que « i) los
docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el
régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad territorial, es decir, el
sistema de retroactividad y ii) a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1 de
enero de 1990 «lo que según la definición contenida en los artículos 1 y 2, corresponde a los
nacionales o territoriales que por cualquier causa se lleguen a vincular en tal calidad, sin
hacer distinción entre nacionales y territoriales», se les aplicarán las disposiciones vigentes
para los empleados públicos del orden nacional, es decir, un sistema anualizado de
cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses»15

17. Asimismo, la jurisprudencia de esta Corporación16, al decidir casos similares ha
establecido que los docentes que ingresaron al sector oficial con posterioridad al 1°
de enero de 1990, independientemente de ser designados por el alcalde o
gobernador de un ente territorial u ostentar la calidad de financiados con recursos
propios, se rigen por las disposiciones vigentes para los empleados públicos del
orden nacional que en materia de cesantías prevén la liquidación bajo el sistema
anualizado. En ese sentido, la sentencia del 31 de enero de 2019 17, sostuvo lo
siguiente:

«(…) la citada Ley 91 de 1989, dispuso que aquellos docentes vinculados con anterioridad
a 31 de diciembre de 1989, conservarían el régimen prestacional que gozaban en la
entidad territorial a la cual se encontraban adscritos, esto es, la Ley 6 de 1945 y demás
normas concordantes y quienes se incorporaron a partir del 1 de enero de 1990, sin lugar
a distinción entre docentes nacionales y nacionalizados, quienes estarían regulados por

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, sentencia

del 30 de noviembre de 2017, proceso con radicado 70001-23-33-000-2014-00290-01 (4992-15)
16 Subsección A: Sentencias del 12 de abril de 2018, Rad. 2014-00104; del 26 de julio de 2018, Rad.

2015-02674-01; del 29 de octubre de 2018, Rad. 2015-00447-01; Subsección B: Sentencia del 13 de
agosto de 2018 Rad.2014-00683-01 y 2014-00621-01; del 16 de agosto de 2018, Rad. 2015- 00048-
01; del 22 de octubre de 2018, Rad. 2015-00186-01 y 2016-00629-01; del 7 febrero de 2019, Rad.
2016-00298- 01; del 14 de febrero de 2019, Rad. 2015-04922-01;
17 Sentencia del 31 de enero de 2019, Radicación 2015-00025-01, MP Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Demandante: Marina Murillo Solano

las normas de los empleados públicos del orden nacional, cuyo sistema de liquidación
reviste las siguientes características:

i) Liquidación: El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación, equivalente a un
mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado,
sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o
en caso contrario sobre el salario promedio del último año;

ii) Intereses: Anual sobre el valor acumulado de la cesantía al 31 de diciembre de cada
año, más la tasa de interés que de acuerdo con la certificación de la Superintendencia
Financiera, haya sido el comercial promedio efectiva de captación del sistema financiero
durante el mismo período.

Ahora bien, considera la Sala pertinente señalar que el Consejo de Estado al pronunciarse
respecto de sí los docentes oficiales son destinatarios de la prima de servicios
contemplada en el Decreto 1042 de 1978 mediante la Sentencia de Unificación CE-SUJ2
proferida el 14 de abril de 201618, sostuvo que la finalidad del legislador al expedir la Ley
91 de 1989 fue la de unificar el régimen prestacional de los docentes a partir del 1º de
enero de 1990, sin desconocer las normas prestacionales que regulaban a aquellos
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, quienes mantendrían el sistema que
regulaba a los servidores de orden territorial, a diferencia de los educadores que
ingresaren a partir de dicha fecha sin hacer distinción entre nacionales o
territoriales, los cuales se regularían por las normas de los empleados públicos del orden
nacional (…)» (se resalta).

18. Así las cosas, la Ley 91 de 1989 además de crear el Fomag para centralizar la
administración de los recursos destinados al pago de las prestaciones sociales,
unificó el régimen laboral de los docentes oficiales, equiparándolo desde el punto de
vista prestacional al de los empleados públicos del orden nacional, sin desconocer
los derechos adquiridos de aquellos maestros que se hubiesen vinculado con
anterioridad al 31 de diciembre de 1989.

2.2.2. Sanción moratoria por pago tardío de las cesantías

19. El artículo 319 de la Ley 91 de 198920 dispuso la creación del Fomag, como una
cuenta especial de la Nación sin personería jurídica, con independencia patrimonial,

18 «Consejo de Estado – Sección Segunda - Subsección B, Sentencia de 14 de abril de 2016 con Rad.

2013-00134-01. C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez».
19 «ARTÍCULO 3. Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una

cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería
jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en
la cual el Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá el
correspondiente contrato de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para
el debido cumplimiento de la presente ley y fijará la comisión que, en desarrollo del mismo, deberá
cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable determinada con base en los
costos administrativos que se generen. La celebración del contrato podrá ser delegada en el Ministro
de Educación Nacional.
El Fondo será dotado de mecanismos regionales que garanticen la prestación descentralizada de los
servicios en cada entidad territorial sin afectar el principio de unidad».
20 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».

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Demandante: Marina Murillo Solano

contable y estadística, cuyos recursos deberían ser manejados por una entidad
fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del
capital.

20. Respecto de los docentes afiliados al Fomag, la norma en cita determinó que los
docentes nacionales y nacionalizados vinculados a la fecha de su promulgación
quedarían automáticamente afiliados a este, asimismo, el personal vinculado con
posterioridad, siempre que cumplieran con los requisitos de afiliación de naturaleza
formal o normativa y económica.

21. En relación con la finalidad del Fomag, el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 91 de
1989, determinó que esta entidad se encargaría de realizar el pago de las prestaciones
sociales de sus afiliados; sin embargo, dejó en cabeza de la nación el reconocimiento
de dichas prestaciones, es decir que el fondo únicamente las pagaría21.

22. Posteriormente, el gobierno nacional mediante Decreto 1775 de 1990 22,
reglamentó su funcionamiento, para lo cual, en relación con el reconocimiento y pago
de las prestaciones económicas de los docentes, precisó que las solicitudes debían
ser radicadas ante la oficina de prestaciones sociales del respectivo fondo educativo
regional, el que procedería a realizar el estudio de la documentación, con el visto
bueno de la entidad fiduciaria, para luego expedir la correspondiente resolución de
reconocimiento.

23. No obstante, más adelante, el artículo 56 de la Ley 962 de 2005 23, dispuso que
las prestaciones sociales pagadas por el Fomag serían reconocidas «mediante la
aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe
ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada
correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de
reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de Educación
de la entidad territorial», trámite que fue reglamentado por los artículos 2, 3, 4 y 5 del
Decreto 2831 de 200524.

24. En virtud de la normativa aludida, esta Subsección ha señalado que los actos a
través de los cuales se dispone el reconocimiento y la orden de pago de una
prestación social a favor de los afiliados del Fomag, son actos administrativos
complejos, pues para su formación intervienen varias voluntades jurídicas (secretaría

21 Según el artículo 9 de la Ley 91 de 1989.
22 «Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales

del Magisterio de que trata la Ley 91 de 1989».
23 Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos

administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones
públicas o prestan servicios públicos».
24 «por el cual se reglamentan el inciso 2° del artículo 3° y el numeral 6 del artículo 7° de la Ley 91 de

1989, y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones».

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de educación, o la dependencia o entidad que haga sus veces, de la respectiva entidad
territorial certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o
causahabiente y la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los
recursos de tal fondo)25.

25. Como se señaló, el pago de las cesantías, parciales o definitivas, estaba sometida
al trámite previsto en el Decreto 2831 de 2005, que instituyó un procedimiento
administrativo caracterizado por la división de responsabilidades y cargas
administrativas entre las secretarías de educación y la fiduciaria, pero también,
adoptó términos para la ejecución de cada una de ellas, períodos que, en conjunto,
superaban los plazos dispuestos por el legislador para la expedición del acto
administrativo de reconocimiento de las cesantías de los demás servidores
públicos26.

26. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el reconocimiento y pago del auxilio de
cesantías, el artículo 1 de la Ley 244 de 1995 preveía que «dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las Cesantías
Definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal
deberá expedir la Resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en
la Ley». Tal norma fue subrogada por el artículo 4 de la Ley 1071 de 2005, en cuanto
i) el sujeto destinatario de la obligación, pues no se refirió solo a «la entidad patronal»,
sino a «la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de
las cesantías», ii) mantuvo el término de 15 días como plazo máximo para expedir el
acto de reconocimiento de cesantías definitivas y iii) extendió tal deber también a las
solicitudes de cesantías parciales.

27. En concordancia con lo anterior, el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, que establecía
el término oportuno para efectuar el pago del auxilio de cesantías definitivas (45 días
hábiles a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la
liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público) y previó una
sanción por el pago tardío de esa prestación, fue subrogado por el artículo 5 de la
Ley 1071 de 2006, de la siguiente manera:

«Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y
cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena
la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar
esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos,

25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de diciembre de 2023,

radicado 25000-23-42-000-2013-05975-01 (1384-2017), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
26 Al respecto, ver párrafos 118 y 119, Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo,

sección segunda, sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ-SII-012-2018 de 18 de julio de
2018, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01.

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al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el
pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del
término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el
funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable
a este».

28. Comoquiera que las aludidas normas no señalaron como beneficiarios en concreto
al personal docente, esto motivó la expedición de la sentencia SU-336 de 201727, en
la cual la Corte Constitucional determinó «que aquellas personas que se desempeñan
como docentes al servicio del Estado tienen derecho, previo cumplimiento de los requisitos
legales y según se evalúe en cada caso concreto, al reconocimiento de la sanción moratoria
por el pago tardío de las cesantías, establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley
1071 de 2006».

29. A su vez, esta Sección profirió el fallo CE-SUJ-SII-012-201828, en el que sostuvo
que «los docentes integran la categoría de servidores públicos prevista en el artículo 123 de
la Constitución Política, pues aunque el estatuto de profesionalización los defina como
empleados oficiales29, lo cierto es que en ellos concurren todos los requisitos que de carácter
restrictivo encierra el concepto de empleado público en atención a la naturaleza del servicio
prestado, la regulación de la función docente y su ubicación dentro de la estructura orgánica
de la Rama Ejecutiva del Estado y la implementación de la carrera docente para la inserción,
permanencia, ascenso y retiro del servicio; razón por la cual, se encuadran dentro del
concepto de empleados públicos, establecido en la norma superior y desarrollado a través
de la ley». De manera que unificó la jurisprudencia, «para señalar que el docente oficial,
al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley 244 de 1995 y sus normas
complementarias en cuanto a sanción moratoria por mora en el pago de las cesantías».

30. De igual modo, con el fin de establecer el momento de inicio de la causación de la
sanción, la Corporación estudió las distintas hipótesis que pueden presentarse en el
marco del reconocimiento de las cesantías de los afiliados al Fomag, momento en el
que valoró la forma y oportunidad del acto de reconocimiento de la prestación (acto
ficto o expreso oportuno o extemporáneo), la notificación, interposición de recursos
y términos de ejecutoria de dicha actuación, y determinó a partir de cuándo, en cada
caso, empieza a generarse mora en el pago de la prestación, según las siguientes
reglas:

«SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado
para señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías, las siguientes reglas:

27 Corte Constitucional, sentencia SU-336 de 2017, M. P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
28 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, sentencia CE-SUJ-SII-

012-2018 de 18 de julio de 2018, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01.
29 Definición utilizada en el Decreto Ley 3135 de 1968, para significar a los empleados públicos y a los

trabajadores oficiales.

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i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se
expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre
70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que
corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii)
45 días para efectuar el pago.

ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al
interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación,
iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para
determinar cuando corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley30
para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al
peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para
entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. Por su
parte, cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto
adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos, los
términos de notificación correrán en contra del empleador como computables para
sanción moratoria.

iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el
acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía,
correrán pasados 15 días de interpuesto».

31. Por último, la Sección también sentó jurisprudencia en cuanto al salario de
liquidación de la sanción moratoria y la imposibilidad de indexar esa base (sin
perjuicio de la actualización de la respectiva condena):

«TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado
para señalar que, en tratándose de cesantías definitivas, el salario base para calcular la
sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se produjo el retiro
del servicio del servidor público; a diferencia de las cesantías parciales, donde se deberá
tener en cuenta para el mismo efecto la asignación básica vigente al momento de la
causación de la mora sin que varíe por la prolongación en el tiempo.

CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado
para señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria por pago tardío
de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA».

32. A partir de lo anterior, esta corporación ha señalado que los docentes oficiales
afiliados al Fomag tienen derecho al reconocimiento de la sanción moratoria prevista
en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, afirmación que encuentra sustento de
derecho detallado en los pronunciamientos de unificación proferidos por la Corte
Constitucional (sentencia SU-336 de 201731) y por la sección segunda de esta
Corporación (fallo CE-SUJ-SII-012-201832); de manera que la gestión administrativa
necesaria para resolver todas las solicitudes de reconocimiento del auxilio de

30 Artículo 69 CPACA.
31 Corte Constitucional, sentencia SU-336 de 18 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería

Mayolo.
32 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, sentencia CE-SUJ-SII-

012-2018 de 18 de julio de 2018, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01.

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cesantías formuladas ante el Fomag debe ajustarse a los plazos y condiciones
contenidos en esas normas y, en consecuencia, resulta claro que la referida sanción
empieza a generarse en caso de retardo en el pago de la prestación, según las
circunstancias de cada situación particular y con independencia de si se trata de
cesantías definitivas o parciales33.

2.3. Caso concreto

33. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

33.1. De acuerdo con el acto de reconocimiento de las cesantías definitivas, Marina
Murillo Solano presentó la reclamación administrativa, mediante « solicitud radicada
bajo el radicado Nro. 2019-CES-746756 de fecha 16/05/2019».

33.2. En virtud de la Resolución 0975 del 14 de octubre de 2020, la Administración
Temporal del Sector Educativo en el Departamento de la Guajira, el Distrito de
Riohacha y los municipios de Maicao y Uribia le reconoció la suma de $136.534.881
por concepto de liquidación definitiva de cesantías. Asimismo, dispuso:

«ARTÍCULO SEGUNDO: De la suma reconocida descontar la suma de VEINTIDOS
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
UN PESOS M/CTE ($22.648.851) por concepto de cesantías parciales pagadas,
quedando como saldo líquido CIENTO TRECE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA
Y SEIS MIL TREINTA PESOS M7CTE ($113.886.030).»

33.3. El acto de reconocimiento de las cesantías fue notificado personalmente el 26
de octubre de 2020.

33.4. Con el oficio «Bogotá, 25 de noviembre de 2020 - 1010403», la vicepresidencia
del Fomag - Fiduprevisora informó:

«En atención a su solicitud de la referencia, cordialmente nos permitimos certificar que el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio programó pago de Cesantia
DEFINITIVA reconocida por la Secretaria de Educación de LA GUAJIRA, al docente
MURILLO SOLANO MARINA identificado con CC (…), Mediante Resolución No. 0975 de
fecha 14 de Octubre de 2020, quedando a disposición a partir del 12 de Noviembre de
2020 por valor de $113,886,030, a través del Banco BBVA COLOMBIA por ventanilla, en
la Sucursal RIOHACHA.»

33.5. El 16 de diciembre de 2020, la demandante solicitó el pago de la sanción
moratoria establecida en la Ley 1071 de 2001, por el pago tardío de las cesantías
definitivas.

33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de julio de 2021, radicado

05001-23-33-000-2016-01673-01 (1606-2019), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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2.4. Análisis sustancial del caso concreto

34. El Tribunal Administrativo de la Guajira declaró la nulidad del acto ficto demandado
y, como consecuencia, ordenó al Fomag el pago de «la sanción por el no pago oportuno
de las cesantías definitivas, equivalente a (01) un día de su salario por cada día de mora en
el pago de las cesantías, sanción que corresponde al período comprendido entre el 22 de
agosto del 2019 hasta el 11 de noviembre de 2020» (sic), teniendo en cuenta para su
liquidación la asignación básica vigente a la fecha del retiro del servicio, esto es la
del mes de marzo de 2019. El Fomag solicitó que se revocara dicha decisión, al
considerar que: i) le correspondía a la entidad territorial el pago de la sanción
moratoria, de conformidad con el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 y ii) no era
procedente la indexación de la sanción moratoria ni la condena en costas.

35. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, se advierte
que no se planteó reproche alguno frente a la configuración de la sanción moratoria
por el pago tardío. En ese orden, la Sala limitará su estudio a los reproches
planteados por el apelante único, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328
del Código General del Proceso.

2.4.1. En cuanto a la competencia frente al pago de la sanción moratoria

36. El Fomag sustentó su pretensión de revocatoria de la sentencia de primera
instancia en que el incumplimiento que dio lugar al pago tardío de las cesantías
definitivas de la demandante y como consecuencia a la sanción moratoria era
«solamente imputable a la burocracia ineficiente del ente territorial», por cuanto no profirió
el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías dentro del término legal.
En consecuencia «[l]a mora se generó con posterioridad al 31 de diciembre de 2019, que
en atención al artículo 57 de la ley 1955 de 2019, se especifica prohibición de carácter legal,
a que los dineros del Fondo Nacional de prestaciones sociales del Magisterio sean
destinados a otra cosa diferente al pago de las prestaciones económicas, legales,
reconocidas por parte de los entes nominadores, es decir, las secretarias de educación
departamentales, consecuentemente el FOMAG no es responsable por el reconocimiento,
liquidación y pago de la sanción mora docente causada con posterioridad al 01 de enero del
2020. » (sic).

37. En relación con lo anterior, esta Sala advierte que, según la Resolución 0975 del
14 de octubre de 2020 expedida por la administradora temporal para el sector de la
educación del departamento de la Guajira, la demandante solicitó el « reconocimiento
de la prestación en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del
Departamento de la Guajira el día 08/05/2019 bajo el consecutivo GJR2019EE4[números
ilegibles] y esta fue enviada mediante Oficio Nro. 2019-01[número ilegible]7 del 16/05/2019
a la Fiduprevisora SA para su estudio y aprobación». A reglón seguido, se indicó que,
mediante solicitud 2019-CES-746756 del 16 de mayo de 2019, la docente solicitó el
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas.

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Demandante: Marina Murillo Solano

38. Asimismo, se advirtió que el proyecto de acto administrativo fue aprobado por la
entidad fiduciaria mediante hoja de revisión de fecha de estudio del 26 de diciembre
de 2019, firmada por la revisora Mónica Patricia Arambulo Carreño y recibida por la
administradora temporal el 16 de enero de 2020. En dicha revisión se aprobó la
prestación por valor de $136.534.881 y se indicó que a esa suma se le debía deducir
el valor de $22.648.836, por pago de cesantías parciales. Sin embargo, se advirtió
que, estudiada la mencionada hoja de revisión, se observó una inconsistencia en el
valor a deducir, pues el monto correcto correspondía a $22.648.851. En
consecuencia, mediante Oficio 0008 del 17 de enero de 2020, el expediente fue
remitido por segunda vez a la entidad fiduciaria para su estudio. En esta ocasión, el
proyecto de acto administrativo fue aprobado mediante hoja de revisión suscrita por
Édgar Iván González Bonilla el 13 de julio de 2020, recibida por la administradora
temporal el 30 de septiembre de 2020, con la aclaración de que la diferencia de $19
sería descontada del anticipo.

39. Ahora bien, el Decreto 1272 de 201834 modificó el decreto único reglamentario del
sector educación en lo relativo al reconocimiento y pago de los beneficios
prestacionales de los docentes afiliados al Fomag. Para el efecto, estableció:

«Artículo 2.4.4.2.3.2.22. Término para resolver las solicitudes de reconocimiento de
cesantías. Las solicitudes correspondientes a reconocimientos de cesantías parciales o
definitivas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio deben ser
resueltas sin exceder 15 días hábiles contados desde la radicación completa de la
solicitud por parte del peticionario.

Artículo 2.4.4.2.3.2.23. Gestión de la entidad territorial en las solicitudes de
reconocimiento de cesantías. La entidad territorial certificada en educación, dentro de los
5 días hábiles siguientes a la presentación en debida forma de la solicitud de
reconocimiento de cesantías parciales o definitivas a cargo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, deberá elaborar un proyecto de acto administrativo
que resuelva el requerimiento.

Dentro del mismo término indicado en el inciso anterior, la entidad territorial deberá subir
y remitir a través de la plataforma dispuesta para tal fin el proyecto de acto administrativo
debidamente digitalizado con su respectivo expediente para que sea revisado por la
fiduciaria.

Artículo 2.4.4.2.3.2.24. Gestión a cargo de la sociedad fiduciaria en las solicitudes de
reconocimiento de cesantías. La sociedad fiduciaria, dentro de los 5 días hábiles
siguientes al recibo del proyecto de acto administrativo de reconocimiento de cesantías
parciales o definitivas, deberá impartir su aprobación o desaprobación argumentando de
manera precisa el sentido de su decisión.

34 «Por el cual se modifica el Decreto número 1075 de 2015 – Único Reglamentario del Sector
Educación –, se reglamenta el reconocimiento y pago de Prestaciones Económicas a cargo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones».

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Demandante: Marina Murillo Solano

Dentro del mismo término indicado en el inciso anterior, la sociedad fiduciaria deberá
digitalizar y remitir a la entidad territorial certificada en educación la decisión adoptada, a
través de la plataforma dispuesta para tal fin».

40. En ese contexto, del contenido de la Resolución 0975 de 2020 no es posible
establecer la fecha en la que la administradora temporal remitió a la Fiduprevisora el
proyecto de acto administrativo para su estudio. En esa medida, no existe certeza de
la etapa del trámite administrativo en la que se generó la mora, pues únicamente
consta que el proyecto había sido aprobado inicialmente por la sociedad fiduciaria el
26 de diciembre de 2019 y que dicha aprobación había sido recibida por la
administradora temporal el 16 de enero de 2020, momento para el cual, según lo
determinado por el a quo, la sanción moratoria ya se había empezado a causar, esto
es desde el 22 de agosto de 2019.

41. Asimismo, se observa que, una vez advertida la inconsistencia en el valor que
debía descontarse por anticipo de cesantías parciales, la administradora temporal
envió por segunda vez el proyecto de acto administrativo mediante Oficio 0008 del
17 de enero de 2020 para estudio de la entidad fiduciaria. Sin embargo, esta solo
impartió su aprobado mediante hoja de revisión suscrita el 13 de julio de 2020 por
Édgar Iván González Bonilla, la cual fue recibida por la administradora temporal el
30 de septiembre de 2020, fecha a partir de la cual esta podía proceder a la
elaboración del acto administrativo definitivo, de conformidad con lo previsto en el
artículo 2.4.4.2.3.2.25. del Decreto 1272 de 2018. En consecuencia, el material
probatorio no permite establecer que la mora en el reconocimiento fuera atribuible a
la entidad territorial, y la administradora temporal y el Fomag (Fiduprevisora) no
desvirtuaron su responsabilidad, razón por la cual era aplicable lo dispuesto en el
artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, que dispone:

«Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para
el Fondo Nacional de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro
del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el
funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable
a este.»

42. Ahora bien, la Sala no desconoce que actualmente se encuentran vigentes los
artículos 57 de la Ley 1955 de 2019 y 2.4.4.2.3.2.28. del Decreto 942 de 2022, según
los cuales «[l]a Entidad Territorial Certificada en Educación y la sociedad fiduciaria
encargada del manejo de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

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Demandante: Marina Murillo Solano

Magisterio, serán las responsables del pago de la sanción por mora en el pago tardío de las
cesantías, en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como
consecuencia del incumplimiento de los términos previstos para cada una de ellas» y la
«sanción moratoria no afectará los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y, en caso de presentarse, su pago será responsabilidad de la entidad que la
genere».

43. Sin embargo, también es cierto que la Ley 2294 de 2003 estableció un régimen
de transición, según el cual «[p]ara efectos de financiar el pago de las sanciones por mora
a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio causadas a diciembre
de 2022, facúltese al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir Títulos de
Tesorería que serán administrados por una o varias sociedades fiduciarias públicas; así
mismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público definirá la operación, las reglas de
negociación y pago de los mismos. El Consejo Directivo del FOMAG efectuará la adición
presupuestal de los recursos de los que trata el presente parágrafo35» (sic) [se resalta].

44. Así las cosas, no es procedente el reproche planteado por la entidad de previsión,
porque, para la fecha en que se causó la sanción moratoria, esto es entre el 22 de
agosto de 2019 y el 11 de noviembre de 2020, según lo estableció la sentencia de
primera instancia, la competencia para efectos de su reconocimiento y pago se
encontraba en cabeza del Fomag como entidad pagadora, de conformidad con el
régimen de transición antes planteado. En esa medida, se infiere que el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público está facultado para emitir los títulos de tesorería
destinados a financiar el pago de las sanciones causadas hasta diciembre de 2022,
supuesto dentro del que se enmarca la sanción reclamada por la demandante.

45. Esto explica la razón por la que el magistrado ponente de primera instancia
declaró improcedente la excepción de «falta de legitimidad por pasiva» por cuanto, de
acuerdo con las normas que se encontraban vigentes « aun cuando las Secretarías de
Educación proyecten los actos administrativos en los que se ordene el pago de prestaciones
sociales, dichas decisiones no corresponden al ejercicio de su personería jurídica, sino al
ejercicio de una función desconcentrada», de manera que «la defensa de la legalidad de
los reconocimientos y demás decisiones relacionadas con los recursos del Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio, es un atributo del órgano central competente y no de
la entidad local o territorial». Sobre el particular, esta Sala se pronunció con anterioridad
en iguales términos36.

2.4.2. En cuanto a la improcedencia de la indexación y la condena en costas

46. El Fomag sostuvo en el recurso objeto de estudio que, de conformidad con la

35 Parágrafo transitorio del artículo 324 de la Ley 2294 de 2023.
36 Al respecto consultar la sentencia del 29 de octubre de 2025, radicado: 68001-23-33-000-2017-

00791-01 (3823-2024), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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Demandante: Marina Murillo Solano

jurisprudencia del Consejo de Estado37, existía incompatibilidad entre la indexación
y la sanción por mora; y que, toda vez que la condena en costas no es objetiva, no
era procedente porque no se había acreditado en el expediente la ocurrencia de
alguna actuación que desvirtuara su buena fe, máxime porque los argumentos de
defensa fueron eminentemente jurídicos.

47. En relación con lo anterior, se precisa que, el a quo determinó:

«En lo que tiene que ver con la solicitud de reconocimiento de la indexación de la sanción
moratoria reconocida, no es procedente, de conformidad con la sentencia de unificación
sobre la materia, que reiteró que es improcedente la indexación de la sanción moratoria.
(…)
En virtud de lo establecido en el artículo 188 del CPACA y 365.5 del Código General del
Proceso, en caso de que prosperen parcialmente las pretensiones de la demanda el juez
podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, el Tribunal se
abstiene de la imposición de las mismas, en la medida que no se accedió en su totalidad
a las pretensiones de la demanda.» (sic).

48. De la comparación entre los argumentos expuestos en el recurso de apelación y
lo resuelto en primera instancia, esta Sala advierte que la decisión impugnada, en
torno a los reparos antes señalados, no fueron lesivos de los intereses del Fomag,
toda vez que el tribunal expresamente negó la indexación moratoria y se abstuvo de
imponer condena en costas, en consonancia con los planteamientos expuestos por
el recurrente. En esas condiciones, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de fondo
respecto de tales cuestionamientos, toda vez que los reproches alegados en esta
instancia fueron resueltos de manera favorable al Fomag.

49. De conformidad con lo anterior, la Sala confirmará la sentencia proferida el 13 de
marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo de la Guajira, mediante la cual se
accedió a las pretensiones de la demanda.

2.4. Costas

50. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

51. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,

37 «radicado: 73001-23-33-000-2014-00580 01».

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Demandante: Marina Murillo Solano

no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.

52. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma38.

53. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

54. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

4. Conclusión

55. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que, de conformidad con las
normas vigentes en la fecha en la que se causó la sanción moratoria, el Fomag era
la entidad competente para su reconocimiento y pago.

56. En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 13 de marzo de 2024
por el Tribunal Administrativo de la Guajira que ordenó al Fomag pagar a Marina
Murillo Solano «la sanción por el no pago oportuno de las cesantías definitivas, equivalente
a (01) un día de su salario por cada día de mora en el pago de las cesantías, sanción que
corresponde al período comprendido entre el 22 de agosto del 2019 hasta el 11 de noviembre
de 2020» (sic), teniendo en cuenta para su liquidación con la asignación básica
vigente a la fecha del retiro del servicio, esto es la del mes de marzo de 2019.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

38 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 44001-23-40-000-2022-00022-01 (6238-2024)
Demandante: Marina Murillo Solano

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 13 de marzo de 2024 por el Tribunal
Administrativo de la Guajira que accedió a las pretensiones de la demanda
presentada por Marina Murillo Solano contra el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG

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