Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 44001-23-40-000-2022-00033-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 44001-23-40-000-2022-00033-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 44001-23-40-000-2022-00033-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
4 de abril de 2024
Radicado: 44001-23-40-000-2022-00033-01 (28130)
Demandante: Chevron Petroleum Company
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 44001-23-40-000-2022-00033-01 (28130)
Demandante: Chevron Petroleum Company
Demandada: Municipio de Manaure
Temas: Recurso de apelación. Cargos asociados al planteamiento del fallo
impugnado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia
No. 56 del 12 de julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, que
decidió:
Primero. Declarar la nulidad de i) la liquidación oficial de aforo 007 del 8 de junio de 2021, a través
de la cual se determinó oficialmente el impuesto de industria y comercio y avisos y tableros a
Chevron Petroleum Company por los años gravables 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 y ii) la
resolución 002 de 2022 por medio de la cual se confirmó la aludida liquidación oficial de aforo, al
resolver el recurso de reconsideración, ambos actos expedidos por el secretario administrativo y
financiero del municipio de Manaure - La Guajira.
Segundo. Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho
declarar que Chevron Petroleum Company no está obligada al pago del impuesto de industria y
comercio y avisos y tableros por los años gravables 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 en el municipio
de Manaure y, por consiguiente, no tiene que realizar ningún pago a favor del municipio por concepto
de impuestos, sanciones, intereses moratorios y actualizaciones por dichos conceptos.
Tercero. La entidad condenada deberá cumplir la sentencia con sujeción a lo previsto en los artículos
189 y 192 del CPACA.
Cuarto. Condénese en costas de primera instancia al municipio de Manaure, como parte vencida,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este fallo. Por secretaría liquídense en su
oportunidad legal.
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
La Administración emitió las liquidaciones oficiales de aforo 001 y 005, ambas del 04 de
junio de 2020 por concepto del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros (ICA);
la primera por la actividad de explotación de gas de los períodos 2015 a 2019, la segunda
por la actividad de arrendamiento de la plataforma «Chuchupa» durante los períodos
2015 y 2016, las cuales fueron posteriormente anuladas mediante las resoluciones 007
y 011, del 03 de noviembre de 2020, debido a que estuvieron fundamentadas en una
norma declarada inconstitucional.
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Demandante: Chevron Petroleum Company
Tras lo anterior, la Administración municipal expidió nuevamente Liquidación Oficial de
Aforo respecto del ICA por la actividad de explotación de gas por los años gravables
2015 a 2019, que identificó con el Nro. 007, del 08 de junio de 2021. Decisión que fue
confirmada por medio de la Resolución 022 del 2022 [no se indica fecha completa].
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las siguientes
pretensiones:
1.1. Primera: Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos por la
Secretaría Administrativa y Financiera del municipio de Manaure: (i) Liquidación Oficial No. 007 del
8 de junio de 2021, a través de la cual se determinó oficialmente el Impuesto de industria y comercio
y avisos y tableros a Chevron por los años gravables 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. (ii) Resolución
No. 002 de 2022, a través de la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la
Liquidación Oficial No. 007 del 8 de junio de 2021.
1.2. Segunda: Que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se
declare que Chevron Petroleum Company no está obligada a presentar declaraciones del impuesto
de industria y comercio y avisos y tableros por los años gravables 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019
en el municipio de Manaure y, por consiguiente, no tiene que realizar ningún pago a favor del
municipio por concepto de impuestos, sanciones, intereses moratorios y actualizaciones.
1.3. Tercera: Que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, se condene al municipio
de Manaure al pago del valor de las costas y las agencias en derecho en las cuales ha incurrido o
incurrirá Chevron Petroleum Company en relación con este proceso.
Invocó como vulnerados los artículos 29, 360 y 361 de la Constitución Política; 39 de la
Ley 14 de 1983; 340, 463, 465, 715 y 717 del Estatuto Tributario; 27 de la Ley 141 de
1994; 16 y 231 de la Ley 685 del 2001 (Código de Minas); 3 del CPACA; y 1 del Decreto
850 de 1965 bajo el siguiente concepto de violación1:
-Prescripción de la facultad fiscalizadora. Señaló vulnerado el principio de legalidad,
porque acorde con los artículos 463 y 465 del ordenamiento municipal, la demandada
debía expedir la liquidación oficial de aforo dentro de los cinco años posteriores al plazo
máximo para declarar el impuesto. En este caso, la fecha límite fijada por el municipio
para declarar el ICA del año gravable 2015 fue el 15 de febrero de 2016, de manera que
el término para proferir liquidación oficial respecto de ese período fenecía el 15 de febrero
de 2021, pero la liquidación oficial fue notificada el 16 de junio del 2021, lo que configura
una causal de nulidad respecto de la liquidación correspondiente al año gravable 2015,
conforme con el artículo 479 del estatuto municipal, por no haberse notificado en el
término legal.
-Expedición de más de una liquidación oficial por los mismos períodos. Indicó que la
Administración violó el debido proceso, al proferir la Liquidación Oficial 007, del 08 de
junio de 2021, que liquidó el ICA por explotación de gas en los periodos 2015 a 2019,
con posterioridad a la Liquidación Oficial 001, del 04 de junio de 2020, que liquidó el
mismo impuesto por el mismo hecho generador y por los mismos periodos, la cual había
sido anulada mediante la Resolución 007 del 03 de noviembre de 2020, puesto que el
artículo 717 del ET, aplicable al municipio en virtud de lo dispuesto por el artículo 59 de
la Ley 788 de 2002, señala que la Administración puede proferir “una” liquidación de
1
Samai CE, índice 2, certificado B6CC6A966588B691 F705DDD35731EE60 077CCD1A35BE4831 A6CBC9BF80B97534 (pdf), pp
2-45.
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aforo, aspecto sobre el cual ha señalado el Consejo de Estado2, que una vez adelantado
el procedimiento previo, la Administración está facultada para determinar el impuesto,
mediante liquidación de aforo, la cual procede por una sola vez. En el mismo orden,
agregó que la anulación de las dos liquidaciones de aforo, no era suficiente para validar
la expedición de una nueva liquidación, con independencia de las razones de ello.
-Violación del principio non bis in ídem. Adujo que aun aceptando la procedencia de la
sanción por no declarar ICA por los períodos investigados (que no lo hace), no se le
podía imponer sanción en la Resolución 001 de 2020, y a la vez mediante la liquidación
de aforo demandada, pues esto vulnera el principio non bis in ídem, pues se le estaría
sancionando doblemente por los mismos hechos.
-Violación al debido proceso al liquidar el impuesto de avisos y tableros sin haberlo
incluido en la motivación del acto previo. Señaló que conforme con el artículo 413 del
Acuerdo 03 de 2012 y el artículo 715 del ET, la demandada está obligada a indicar las
razones por las cuales considera que el contribuyente es sujeto pasivo de un tributo y
cuál fue la declaración que dejó de presentar, so pena de vulnerar el debido proceso y
el derecho de defensa. Al hilo de esto, afirmó que la demandada no incluyó en ninguno
de los actos previos, motivación alguna sobre los fundamentos de hecho y de derecho
por los cuales consideró que la actora realizó el hecho generador del impuesto de avisos
y tableros, dijo que la entidad se enfocó en señalar quienes eran sujetos pasivos del
impuesto de industria y comercio, y sobre tal gravamen solo afirmó que, siendo
complementario del segundo, no se requería clarificar su determinación.
-Violación al debido proceso por no motivar el cálculo de la base gravable del ICA. Señaló
que conforme con los artículos 417 del Acuerdo 013 de 2012 y 719 del ET la liquidación
oficial de aforo, debe tener el mismo contenido de la liquidación oficial de revisión, dentro
de lo cual se encuentra la base de determinación del tributo, elemento fundamental para
el derecho de defensa, cuya omisión conllevaba la nulidad del acto administrativo. Alegó
que la demandada nada dijo de la forma en que determinó los ingresos brutos que
supuestamente obtuvo en el municipio, no aportó ningún elemento probatorio, ni explicó
que tuviera derecho a detraer conceptos de la base (v.gr. Exportaciones, exenciones), y
omitió aludir al monto de regalías percibidas durante los períodos 2015 a 2019. Por esto,
los actos eran nulos por adolecer de falta de motivación.
-Prohibición a los municipios de gravar la explotación y exploración de hidrocarburos.
También indicó que no estaba obligado a pagar ICA, porque los artículos 16 del Código
de Petróleos, 1 del Decreto 850 de 1965 y 27 de la Ley 141 de 1994, prohibían a los
municipios imponer tributos que graven la actividad de explotación de hidrocarburos, así
como sus actividades conexas y accesorias. Siendo el ICA un tributo de carácter
territorial, se encuentra incluido dentro de la prohibición. En apoyo de esto, adujo que la
Corte y el Consejo de Estado, han señalado que la exención se encuentra vigente 3, pues
no ha sido derogada; por el contrario, fue reafirmada por la Ley 141 de 1994. Argumentó
que la prohibición de gravar directamente la explotación de recursos naturales con
impuestos territoriales se fundamentaba en la coherencia con el régimen constitucional
de regalías establecido en los artículos 360 y 361 de la Constitución. Además, afirmó
que gravar directamente la explotación con tributos territoriales contradeciría el propósito
constitucional de que dichas actividades solo generaran regalías, que luego serían
repartidas entre todas las entidades territoriales, asegurando así el cumplimiento de los
objetivos constitucionales de redistribución de recursos4. En esa medida, aseguró que la
2
Exp. 18396, CP: Martha Teresa Briceño De Valencia
3
Sentencias del 31 de octubre de 2018 (exp. 21866, CP: Milton Chaves García) y del 1 de agosto de 2019 (exp. 22769, CP: Stella
Jeannette Carvajal Basto)
4
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencias C-567 de 1995, MP: Fabio Morón Díaz y C-537 de 1998, MP: Alfredo Beltrán Sierra.
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Demandante: Chevron Petroleum Company
demandada no se encontraba facultada para gravar con ICA la actividad de explotación
de hidrocarburos, aspecto que también implicaba la nulidad de los actos.
Bajo tal ilación, señaló como inadmisible que se le liquidara el ICA respecto de los
ingresos obtenidos por la explotación de gas en el municipio de Manaure, pues la
actividad estaba sujeta al régimen de regalías, y en todos los períodos objeto de
fiscalización las había pagado a la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
-Inaplicabilidad del literal c. del numeral 2 del artículo 39 de la Ley 14 de 1984, respecto
de la causación del ICA en explotación de hidrocarburos. Agregó que la excepción
prevista en la letra c. del numeral 2 del artículo 39 de la Ley 14 de 1984 relativa a la
prohibición que tienen las entidades territoriales de gravar con ICA cuando las regalías
para el municipio fueran iguales o superiores a lo que correspondería pagar por ese
impuesto, no era aplicable a la explotación de hidrocarburos, sino a la explotación
minera, lo que era diferente.
Dijo que si en gracia de discusión se aceptara que la excepción prevista en el artículo 39
de la Ley 14 de 1983 aplicara al caso, lo cierto es que la actividad minera se encuentra
también exenta de cualquier impuesto territorial, por expreso mandado del artículo 231
de la Ley 685 de 2001, y además de aplicarse a la explotación de hidrocarburos, debía
tenerse en cuenta la totalidad de las regalías pagadas durante los períodos 2015 a 2019,
que se generaron por la explotación de los campos «Ballena» y «Chuchupa» y no
únicamente las asignadas directamente al municipio, de manera que la única
interpretación válida de la letra c. del numeral 2 del artículo 39 de la Ley 14 de 1983 era
comparar todas las regalías pagadas entre 2015 y 2019 con el potencial ICA generado
en esos años.
Destacó que para el año en que fue expedida la norma anterior (1983), las regalías eran
pagadas directa y exclusivamente a los municipios productores, siendo lógico que la
disposición estableciera que se debían comparar las regalías «para el municipio» con el
impuesto teórico del ICA; sin embargo esto cambió con la modificación del Acto
Legislativo 5 de 2011, al artículo 360 constitucional, pues con tal modificación las regalías
dejaron de ser un pago directo y exclusivo a favor de los municipios productores y
pasaron a ser un pago en beneficio de todo el Estado. Así, concluyó que la actora no
debía pagar ICA por los años 2015 a 2019, ya que las regalías pagadas eran
considerablemente mayores al ICA determinado por el municipio para esos años, lo cual
ilustró con un cuadro comparativo del ICA teórico y el total de las regalías pagadas por
los períodos en cuestión.
-Exención condicional. Indicó que la demandada invocó la sentencia del 17 de
septiembre de 20205 que señala que la exención prevista en el artículo 16 del Código de
Minas tenía carácter condicional; que si bien reconoció la existencia de la exención,
consideró aplicable la condición prevista en el artículo 39 de la ley 14 de 1983 -que
compara las regalías pagadas con el ICA teórico-. Anotando seguidamente que, aunque
la Ley 14 de 1983 no implicó una derogación del primer precepto, la sentencia consideró
que debía interactuar con el artículo 27 de la ley 141 de 1994 (Ley de Regalías) que
establecía: «salvo las previsiones contenidas en las normas legales vigentes, las
entidades territoriales no podrán establecer ningún tipo de gravamen a la explotación de
los recursos naturales no renovables». En tal contexto, planteó que esta última previsión
establecía la exención sin ninguna clase de condición, y siguiendo las reglas de
interpretación, debía aplicarse de manera preferente por ser disposición posterior.
5
Exp. 23936, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez
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Resaltó que si se aceptara que la actora estaba obligada a pagar el ICA, por ser ese
monto superior al recibido por regalías, el municipio no había precisado ni realizado la
comparación del cálculo exigido para determinar la obligación. Planteó que la
interpretación de la letra c. del numeral 2 del artículo 39 de la Ley 14 de 1983, en el
sentido de que la comparación procedente era la del ICA teórico y el valor total de las
regalías pagadas a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, era la única congruente con
los principios constitucionales de legalidad y certeza tributaria, de modo que, la
interpretación de la demandada, en el sentido de contrastar el ICA teórico con el valor de
las regalías giradas al municipio sería inconstitucional, pues quienes se dedican a la
explotación de recursos minerales no renovables quedarían en una situación de
indeterminación e inseguridad jurídica respecto de su obligación de pagar el ICA, pues
al final del año, la ANH y el Ministerio de Hacienda no han girado las regalías.
Contestación de la demanda
La demandada se opuso a todas las pretensiones de la demanda6. Sobre la prohibición
a los municipios de gravar la explotación y exploración de hidrocarburos, explicó que
antes el municipio podía recibir directamente hasta el 75% de regalías, pero el sistema
cambió a partir de la modificación introducida por el Acto Legislativo 05 del 2011 a los
artículos 360 y 361 constitucionales, con lo cual varió el sistema de distribución, para
favorecer a todas las entidades territoriales y no mayoritariamente a los municipios
productores y puertos, de manera que Manaure ya no recibía la mayor parte; el Estado
le reconoce una asignación directa anual del 11% al 25%. Así, al final del año se contaba
con dos valores (i) los ingresos brutos por la explotación y (ii) el valor reconocido por
regalías, de manera que si este último era menor al ICA teórico, se estaba obligado a
pagar.
Señaló que la Corte declaró inconstitucional el artículo 229 de la Ley 685 de 2001 relativo
a la incompatibilidad de la obligación de pagar regalías, con el establecimiento de
impuestos nacionales, departamentales o municipales sobre las mismas actividades, de
manera que la actividad de explotación de recursos no renovables, si era susceptible de
gravarse con ICA, con la limitación de la letra c) del artículo 39 de la Ley 14 de 1983,
habiendo lugar a pagar el impuesto si este es mayor que las regalías directas recibidas
por el municipio, lo que afirma sucedió en el presente caso.
A los efectos anteriores, señaló que la fórmula matemática para determinar si el ICA
teórico era superior a las regalías recibidas, debía ser individual para cada empresa [se
refiere a Ecopetrol y Chevrón, por cuanto los ingresos se derivaron del contrato de
asociación], y seguidamente procedió a contrastar el IVA teórico con las regalías
recibidas por el municipio, por cada uno de los años cuestionados, lo que ponía de
presente que el primero era mayor. Así, concluyó que, se encontraba facultada para
gravar con ICA a la demandante, y anotó que sobre el particular, la jurisprudencia ya
había emitido varios pronunciamientos en casos similares7.
Sobre el impuesto de avisos y tableros, indicó que este debe liquidarse, una vez obtenido
el ICA, al 15%, que la actora conoció el proceso sancionatorio, ya que fue vinculada
legalmente con el emplazamiento 001 de abril 17 del 2020, que la entidad estaba
facultada legalmente para emitir el acto administrativo en cuestión, y que las actuaciones
«no están prescritas, ya que se inició el proceso sancionatorio dentro del término exigido
en el régimen tributario art 817, 818». Agregó que el acto impugnado fue debidamente
6
Samai CE, índice 2, certificado B6CC6A966588B691 F705DDD35731EE60 077CCD1A35BE4831 A6CBC9BF80B97534 (pdf), pp
255- 283.
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Consejo de Estado. Exp 25379. CP Milton Chaves García.
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motivado, notificado, y surtió efectos a partir de su expedición y notificación. Destacó que
el demandante no alegó defectos en la expedición del acto administrativo. Planteó que
con la presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la
demandante pretendía dilatar el proceso administrativo, lo que solicitó evitar para impedir
posibles prescripciones tributarias y garantizar la efectividad del acto administrativo.
Sentencia apelada
El tribunal declaró nulos los actos demandados8. Se desestimó la credibilidad del testigo
de la parte demandada durante la audiencia de pruebas debido a su relación con la
entidad demandada y su participación en los actos en cuestión. Asimismo, indicó que el
testigo intentó emitir conceptos jurídicos, sobre puntos de derecho, lo cual está proscrito,
pues la función del testigo es únicamente relatar los hechos que le consten.
Respecto del impuesto de avisos y tableros, concedió la razón a la demandante en tanto
el municipio se limitó, en el acto que desató el recurso de reconsideración, a considerar
que la obligación de este tributo se generó al determinarse el impuesto de industria y
comercio sin necesidad de clarificar la determinación del tributo complementario, razón
por la que encontró configurada la falsa motivación, pues el hecho generador del
impuesto complementario es la colocación de avisos y tableros o vallas en la vía pública,
lo que no fue demostrado en este caso.
Por el contrario, el tribunal desestimó el planteamiento de la actora, respecto de la
pérdida de competencia temporal para liquidar el ICA del período 2015, que sustentaba
en que el vencimiento del plazo para declarar había sido el 15 de febrero de 2016, por lo
que el plazo de los 5 años finalizaba el 15 de febrero de 2021, mientras que el acto de
liquidación fue notificado el 16 de junio de 2021, porque al consultar las disposiciones
invocadas por la demandante para sustentar el cargo, no encontró concordancia entre
las normas citadas en la demanda y el texto del Acuerdo 03 de 2012 que fue consultado
en la página web del municipio demandado, pues el texto de los artículos citados 340,
463, 465 y 479 ejusdem, hacían referencia, en su orden: a la utilización de formularios,
a la facultad de invocar documentos expedidos por las oficinas de impuestos, a la fecha
cierta de los documentos privados y al lugar de presentación de los libros de contabilidad.
Respecto de gravar con ICA la explotación de hidrocarburos, consideró que esto era
procedente cuando las regalías recibidas por el municipio fueran inferiores a lo que
correspondía pagar el impuesto.
En lo atinente al cargo de haber expedido más de una liquidación oficial en relación con
el mismo impuesto y períodos gravables, evidenció que el municipio previamente a los
actos acusados, expidió dos liquidaciones oficiales contra la demandante por el ICA, una
de ellas por la actividad de explotación de gas por los períodos 2015 a 2019, y la segunda
por el arriendo de la plataforma «Chuchupa», por los períodos 2015 y 2016, luego,
declaró la nulidad de ambos actos, mediante las resoluciones 007, del 03 de noviembre
de 2020 y 011, del 03 de noviembre de 2020 y posteriormente expidió nuevamente una
liquidación oficial de aforo por el ICA por los períodos 2015 a 2019 por la actividad de
explotación de gas, lo que encontró abiertamente irregular, no por la presunta violación
del principio de non bis in idem como lo planteó la demandante9, puesto que no hubo
una doble tributación, sino porque con la expedición de los actos que anularon las
liquidaciones oficiales de aforo quedó legalmente concluido el procedimiento
8
Samai CE, índice 2, certificado B6CC6A966588B691 F705DDD35731EE60 077CCD1A35BE4831 A6CBC9BF80B97534 (pdf), pp
516- 548.
9
En realidad la vulneración del principio non bis in ídem la planteó la actora respecto de la sanción por no declarar, aduciendo que
se le impuso tanto en la liquidación oficial, como en acto independiente (resolución sanción).
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administrativo, de manera que la demandada no podía expedir una nueva liquidación de
aforo por los mismos hechos y períodos.
Así, concluyó que se configuró la causal de nulidad de la letra e. del artículo 429 del
Acuerdo local 03 de 2012, acorde con lo cual, son nulos los actos de liquidación de
impuestos que correspondan a procesos legalmente concluidos.
Por último, condenó en costas a la demandada, por haber resultado vencida en la
instancia, y fijó como agencias en derecho el equivalente a tres salarios mínimos legales
mensuales y vigentes
Recurso de apelación
La demandada interpuso recurso de apelación10. Aseveró que la demandante no planteó
un cargo de falsa motivación, sino la violación al debido proceso por haber sido
sancionada dos veces y, porque no tenía la obligación de declarar y pagar el ICA sobre
la actividad de explotación de gas.
Planteó que con el testimonio practicado en el proceso judicial de uno de sus funcionarios
[secretario financiero y administrativo del municipio], se explicó que los valores para
establecer la base gravable del tributo liquidado fueron tomados de la información del
Ministerio de Minas, sin que la actora se hubiese opuesto a tales montos propuestos
dentro de las oportunidades legales establecidas en el Estatuto Tributario o en el acuerdo
municipal vigente. Por ello, una vez emitida la liquidación oficial de aforo se interrumpió
«la prescripción fiscal» y comenzó a correr un nuevo término fiscal para su «ejecución y
cobro» de cinco años, y anotó que actualmente se estaría ante una causal de suspensión
de la prescripción hasta que sea emitido un pronunciamiento definitivo de la jurisdicción
contencioso-administrativa, conforme con el artículo 835 del ET. A modo de conclusión,
indicó que había quedado probado en el proceso, de acuerdo con la declaración de su
testigo, que se respetaron las garantías de la actora en el trámite ordinario y en el debido
proceso adelantado por la Secretaría Financiera del municipio «en el proceso de
jurisdicción coactiva», a fin de que la actora se sujetara al ICA.
Al igual que se sustentaron los valores recibidos por el municipio por parte de la nación
para los años 2015 a 2019 y se obtuvo la información de los ingresos brutos de la actora,
a partir de los valores por ingresos brutos reportados por todas las empresas al Ministerio
de Minas por el citado período e igualmente se probó que la Agencia Nacional de
Hidrocarburos certificó lo recibido por la nación por parte de la actora por la explotación
del gas en el municipio, lo cual correspondió a la suma de $850.042.002.821 lo que la
demandante sostuvo haber sido percibido por el municipio, cuando en realidad fue la
nación.
Puntualizó que el certificado de revisor fiscal de la demandante dio cuenta de sus
ingresos brutos, los cuales fueron mayores y que habiendo sido solicitado su testimonio,
esto no pudo lograrse porque la demandante aseguró que ya no laboraba allí, lo cual
coartó su derecho de obtener la verdad.
Seguidamente expresó que el municipio debió expedir una nueva liquidación oficial de
aforo, pues en la anterior se tuvo en cuenta una norma «derogada» por la Corte
Constitucional, que había consagrado unos beneficios fiscales sobre el monto de los
tributos a cargo, pese a que los impuestos no eran negociables y debían liquidarse como
10
Samai del tribunal, índice 48, certificado 4E90D4CE61FD74C6 B31266A01D754A3C 9BA63469AE3AE7C3 B5F5D55A314C25AA
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lo demandaba la ley, lo que no significaba que se hubiera sancionado dos veces a la
actora, solo la Administración corrigió un acto irregular por los motivos ya anotados.
Con base en lo anterior, solicitó que se revisara de fondo la decisión impugnada y se
negaran las pretensiones para continuar con la actuación administrativa de «cobro fiscal»
del ICA o lo que también denominó «trámite administrativo ordinario de cobro coactivo».
No impugnó la condena en costas que le fue impuesta.
Pronunciamientos finales
La demandante allegó memorial pronunciándose sobre el recurso de apelación
interpuesto por la demandada11. Aseguró que el recurso de apelación no contiene
reparos concretos frente a la sentencia apelada, por lo cual solicitó que se confirmara la
decisión de primera instancia. En concreto adujo que, respecto del acápite de
consideraciones de la sentencia apelada, la demandada se limitó a realizar un resumen
de los argumentos expuestos en la sentencia y del testimonio del secretario financiero y
administrativo del municipio. Afirmó que la demandada únicamente reprochó que nunca
se alegó la falsa de motivación de los actos, respecto de lo cual resaltó que la afirmación
no tuvo sustento alguno. Finalmente, sobre las razones de disenso de la sentencia,
explicó que el apoderado, mencionó algunos de los aspectos expuestos en las
consideraciones de la sentencia, pero no presentó argumentos para controvertirlos o se
refirió a asuntos que no hicieron parte del análisis efectuado por el Tribunal.
De manera subsidiaria, en caso de que la Sala determinara que el recurso si planteó
reparos en contra de la decisión de primera instancia, solicitó que se analizaran los
demás cargos desarrollados en la demanda que no fueron objeto de análisis del a quo
en razón de que declaró la nulidad de los actos por dos de las causales de nulidad
invocadas.
Por su parte, la demandada y el ministerio público guardaron silencio en esta etapa.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados atendiendo los cargos de apelación
planteados por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia que accedió
a la nulidad de los actos administrativos.
Si bien la decisión del tribunal se fundó en que se configuró la causal de nulidad de la
letra e. del artículo 429 del Acuerdo local 03 de 2012, acorde con lo cual, son nulos los
actos de liquidación de impuestos que correspondan a procesos legalmente concluidos,
para la Sala resulta determinante establecer si la apelación de la demandada controvierte
o cuestiona lo anterior con reparos concretos. En ese orden, se evaluará si los
argumentos planteados en el recurso de apelación se contraponen al análisis y
conclusión del tribunal:
(i) El testimonio practicado judicialmente a uno de los funcionarios que participó en la
expedición de los actos demandados, que permitió establecer que los valores con los
cuales determinó el municipio la base gravable del ICA por la actividad de explotación de
11
Samai CE, Índice 5, certificado F86231018475C40A 92B8F58AD9E8642D DABEF082923AF105 D6201D001A3842D5 (pdf.)
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gas en los períodos 2015 a 2019, provinieron de la certificación del Ministerio de Minas
a quien la empresa le reportó los ingresos brutos; medio probatorio que se le puso de
presente a la actora y no fue cuestionado en las oportunidades previstas en la normativa
fiscal.
(ii) La certificación de la ANH sobre los recursos percibidos por la nación por concepto
de regalías por la explotación de gas efectuada por la actora en el municipio demandado,
los que equivocadamente aseguró la demandante como percibidos por el municipio.
(iii) La ausencia del testimonio del revisor fiscal de la demandante que expidió la
certificación de sus ingresos brutos, porque la actora sostuvo que ya no laboraba en la
compañía, lo que coartó el derecho del municipio a obtener la verdad.
(iv) La expedición de la liquidación oficial de aforo interrumpió «la prescripción fiscal» e
inició un nuevo término para su «ejecución y cobro» de cinco años, de manera que
actualmente, se estaría ante una causal de suspensión de la prescripción hasta que sea
emitido un pronunciamiento definitivo de la jurisdicción contencioso-administrativa,
conforme con el artículo 835 del ET.
(v) Debió expedirse una nueva liquidación oficial de aforo pues la anterior se fundó en
una norma declarada inexequible por la Corte Constitucional, en cuanto otorgó beneficios
fiscales sobre el monto de los tributos a cargo, pese a que los impuestos no eran
«negociables» y debían liquidarse conforme a la ley, sin que ello significara que se
hubiera sancionado dos veces la actora, solo se corrigió un acto irregular por los motivos
señalados.
A los efectos de contrastar los reparos con lo decidido por el tribunal, la Sala advierte
que el tribunal, aunque le restó credibilidad al testimonio rendido por la persona que en
nombre del municipio defendió la expedición de los actos, por cuando este tenía
dependencia con la entidad demandada y dio opiniones y conceptos sobre un punto de
derecho, lo cierto fue que las razones que fundamentaron la nulidad no tuvieron relación
con los hechos atestiguados. Al respecto, en un primer análisis del cargo de nulidad de
falsa motivación, el tribunal coincidió con la demandante en que el municipio al desatar
el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial explicó equivocadamente que
la obligación del impuesto de avisos y tableros se generó al imponerse la del impuesto
de industria y comercio sin necesidad de clarificar la determinación del tributo
complementario, lo cual era configurativo de dicha causal de nulidad, pues el hecho
generador del impuesto complementario era la colocación de avisos y tableros o vallas
en la vía pública, sin que este haya sido demostrado en el caso de la demandante, como
se advertía de la actuación administrativa y del proceso judicial.
En virtud del anterior análisis, el a quo consideró configurada una nulidad parcial [esto
predicable del año gravable 2015]; sin embargo, al estudiar el reproche concerniente a
que el municipio había expedido más de una liquidación oficial en relación con el mismo
impuesto y períodos gravables, encontró que efectivamente, mediante las resoluciones
007 y 011, ambas del 03 de noviembre de 2020, el municipio anuló dos liquidaciones
oficiales de aforo emitidas previamente. La primera liquidación pretendió establecer el
ICA por los mismos períodos gravables (2015 a 2019) y por idéntico hecho generador
(actividad de explotación de gas); la segunda liquidación por concepto de ICA de los
períodos 2015 y 2016 por la actividad de servicio de arrendamiento de la plataforma
«Chuchupa».
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En vista de que la propia autoridad anuló los actos administrativos previos, el juez de
primer grado estimó que no podía expedirse una nueva liquidación oficial por los mismos
hechos y períodos gravables, porque legalmente había concluido la actuación
administrativa, conforme a la causal de nulidad expresa en la letra e. del artículo 429 del
Acuerdo 03 de 2012, por lo que los actos eran nulos, como también lo había concluido
el Consejo de Estado en un caso análogo al controvertido (sentencia del 05 de diciembre
de 2011, exp. 18396, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia). Debido a la prosperidad
de este cargo, anuló plenamente los actos e impuso condena en costas al municipio por
haber sido vencida en esa instancia.
Análisis del caso concreto
2- Así contextualizados los cargos de apelación y los razonamientos del tribunal para
haber declarado la nulidad de los actos demandados, la Sala constata que los
cuestionamientos de la apelante sintetizados en los puntos (i), (ii) y (iii) no son motivos
que impugnen el fundamento de la decisión, por cuanto lo que allí se argumenta son
aspectos probatorios que sustentarían la conformación de la base gravable que
determinó la demandada al momento de expedir la liquidación oficial demandada y los
medios de prueba que la fundan; en cambio, las razones que tuvo el tribunal para
declarar la nulidad de los actos no fueron irregularidades en la conformación de la base
gravable, sino la falsa motivación en la sustentación del hecho imponible de avisos y
tableros [parcial] y el hecho de haberse expedido una nueva liquidación oficial de aforo
por el mismo hecho y períodos gravables (2015 a 2019), por cuanto al haberse anulado
tales actos, se estaba frente a un procedimiento legalmente concluido.
2.1- Respecto del cargo de apelación identificado en el punto (iv), la apelante pretende
defender un aspecto que le fue favorable. Al respecto, planteó que la liquidación oficial
de aforo logró interrumpir lo que denominó «prescripción fiscal», de manera que se
reinició el término de cinco años para su «ejecución y cobro».
En efecto, previo aclarar que la actuación acusada no corresponde a un proceso de cobro
coactivo, se advierte que el tribunal desestimó el cargo de falta de competencia temporal
frente a la liquidación del ICA del período 2015, lo que le fue favorable a la demandada.
2.2- En lo atinente al cargo de apelación (v), se advierte que la demandada explica que
tuvo que expedir una nueva liquidación oficial de aforo, porque las anteriores
liquidaciones oficiales se fundaron en una normativa que concedió beneficios fiscales
sobre el monto de los tributos a cargo, que fue declarada inconstitucional, habida cuenta
de que los impuestos no eran «negociables» y debían establecerse con base en la ley
(sentencia C-448, del 15 de octubre de 2020 declaró la inconstitucionalidad de los
artículos 6, 7 y 9 del Decreto Legislativo 678 de 2020 que creó unos beneficios fiscales
incluidos descuentos aplicados a los tributos, MP: Cristina Pardo Schlesinger), a lo que
agregó que esto no significaba que se hubiera sancionado dos veces, sino que la
autoridad corrigió el acto irregular por los motivos antes anotados.
Dicha aseveración resulta insuficiente como cargo contra el juicio del tribunal, pues más
allá de dar una justificación de los motivos para haber expedido nuevas liquidaciones
oficiales de aforo por los mismos hechos y períodos, no controvierte el fundamento del
juez de primera instancia, en el sentido de que al anular las primeras liquidaciones
oficiales, se incurrió en la causal de nulidad prevista en la letra e. del artículo 429 del
Acuerdo local 03 de 2012, ni tampoco controvierte el alcance de dicha norma como
generador de la nulidad de los actos demandados.
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En definitiva, el planteamiento de la demandada, solo describe el trasfondo jurídico que
en su momento llevó a la autoridad a anular las liquidaciones oficiales a fin de cuantificar
nuevamente la obligación tributaria, lo que de manera alguna enerva el análisis y
conclusión del tribunal.
3- En suma, para la Sala, los cargos de apelación (i), (ii) y (iii) no están relacionados con
el juicio que tuvo el tribunal para decretar la nulidad. Por su parte, el argumento (iv) de
la apelación, versa sobre un aspecto fallado favorablemente a la demandada y,
finalmente, el argumento de apelación (v) no tiene la entidad de refutar lo decidido por el
tribunal, respecto de que se configuró la causal de expedición de una liquidación sobre
un procedimiento legalmente concluido que, valga decirse, tiene su origen en el artículo
730.5 del ET, aplicable por remisión del artículo 59 de la Ley 788 de 2002 a los entes
territoriales.
Conclusión
5- Por lo razonado en precedencia, encuentra la Sala que el recurso de apelación
sustentado por la demandada estuvo fundamentado principalmente en aspectos no
sometidos a juicio por parte del fallo impugnado, y en lo atinente a la emisión de una
nueva liquidación oficial de aforo, no controvirtió el fundamento de nulidad del tribunal.
Costas
6- Por no estar probado en el expediente, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, conforme al artículo 365.8 del CGP. Se advierte que la condena en
costas impuesta en el fallo de primer grado no fue impugnada por la parte demandada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia apelada.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
La validez e integridad de este documento, pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
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