Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 44001-23-40-000-2022-00047-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 44001-23-40-000-2022-00047-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 44001-23-40-000-2022-00047-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
17 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 44001-33-40-000-2022-00047-01
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: ROBERTO RAMÍREZ DÍAZ
TESIS: CONFIRMA LA DECISIÓN DEL A QUO QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR CARECER DEL
REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD. CONTRA LA DECISIÓN
CUESTIONADA PROCEDÍA EL RECURSO DE APELACIÓN,
MECANISMO IDÓNEO PARA EL ASUNTO Y DEL CUAL NO HIZO USO
EL ACTOR.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, A LA AUTONOMÍA, A LOS DERECHOS COLECTIVOS Y AL
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la
sentencia de 18 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de la Guajira1 que declaró improcedente la solicitud
de amparo.
1 En adelante el Tribunal.
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 44001-33-40-000-2022-00047-01
ACTOR: ROBERTO RAMÍREZ DÍAZ
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor ROBERTO RAMÍREZ DIAZ, actuando a través de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso
a la administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron
vulnerados por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de
Riohacha2 al proferir la providencia de 18 de abril de 2022, dentro
del medio de control de nulidad identificado con el número único de
radicación 44001-33-40-004-2022-00111-00.
I.2.- Hechos
Refirió que promovió demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad contra el Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de
Roche, Municipio de Barrancas, con el fin de que se dejara sin efecto
la Resolución núm. 001 de 4 de junio de 2020.
2 En adelante el Juzgado.
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Indicó que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 2022-00111-00 y le correspondió por reparto al Juzgado
que, mediante proveído de 18 de abril de 2022, la rechazó al
considerar que la Resolución núm. 001 de 4 de junio de 2020, no es
la manifestación unilateral de la administración tendiente a producir
efectos, sino que obedece a un acto de dirección propio de la
comunidad reglamentado por sus propios estatutos, de tal forma que
el actor cuenta con el procedimiento establecido en el parágrafo 2º
del artículo 2.5.1.2.9 del Decreto 1066 de 20153 y el artículo 9 del
Decreto 1745 de 19954, para impugnar ese tipo de actos.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio del actor, la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales comoquiera que la demanda de nulidad
objeto de debate era procedente para analizar la legalidad de la
Resolución núm. 001 de 4 de junio de 2020, expedida por la Junta
Directiva del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche,
3
"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo
del Interior".
4
“por el cual se reglamenta el Capítulo III de la Ley 70 de 1993, se adopta el procedimiento
para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las "Tierras de las
Comunidades Negras" y se dictan otras disposiciones”.
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teniendo en cuenta que la impugnación contra las actas de elección
de los miembros del Consejo Comunitario debe ser presentada
dentro de los dos (2) meses siguientes a la elección, término que
venció el 4 de agosto de 2020.
Así las cosas, arguyó que el medio de control de nulidad es el
mecanismo idóneo procedente contra los actos administrativos de
carácter general proferidos con infracción de las normas, en forma
irregular o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa,
falsa motivación o desviación de las atribuciones propias de quien lo
profirió, como ocurre en el caso concreto.
Resaltó que el Juzgado incurrió en defecto sustantivo al realizar una
interpretación errada y contraria de los artículos 29 y 229 de la Carta
Política y de la normativa referente a los derechos de libertad de
participación, autonomía, propios de la comunidad étnica de Roche.
Añadió que la autoridad judicial accionada también incurrió en
defecto fáctico al valorar de manera arbitraria las pruebas que
demostraban que la demanda sí era procedente, así como en
desconocimiento del precedente constitucional dispuesto para el
asunto en las sentencias C-710 de 2001, C-396 de 2006, T-472 de
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2009, T-576 de 2014, T-682 de 2015, SU-631 de 2017, T-453 de
2018, SU-123 de 2018 y T-011 de 2011 proferidas por la Corte
Constitucional.
Finalmente, puso de presente que el Juzgado incurrió en violación
directa de la Constitución al desconocer los artículos 2º,7º, 13, 29,
40, 44, 83, 93, 229 de la Constitución Política, el Convenio 169 de la
OIT de 1989 y la Ley 21 de 1991.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó la protección de sus derechos fundamentales
invocados y, en consecuencia:
“[…] 2. Ordenar dejar sin efectos jurídicos el auto de fecha 18 de
abril de 2022 proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral
del Circuito de Riohacha La Guajira, […]
3. Ordenar al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de
Riohacha La Guajira dar trámite a la demanda de acción de
nulidad que presentó el señor Roberto Ramírez Díaz, en contra de
la resolución No. 001 del 4 de junio de 2020, expedida por la
junta directiva del Consejo Comunitario Ancestral del caserío de
Roche Municipio de Barrancas […]”.
I.5.- Defensa
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I.5.1.- El Juzgado solicitó declarar improcedente la solicitud de
amparo, comoquiera que no se cumple con el presupuesto de
subsidiariedad, pues la parte actora no hizo uso de los mecanismos
ordinarios que tenía a su alcance para controvertir la decisión aquí
acusada, como lo eran los recursos de reposición y apelación que
procedían para el efecto.
Añadió que analizó íntegramente la Resolución núm. 001 de 4 de
junio de 2020, de lo cual logró concluir que la misma no era
susceptible de control judicial, pues no comporta la calidad de acto
administrativo, por lo que la decisión acusada está debidamente
motivada.
I.5.2. La Procuraduría 154 Judicial II Administrativa de
Riohacha mediante concepto rendido dentro de la acción de tutela
de la referencia, advirtió que la presente solicitud de amparo resulta
improcedente pues el actor contaba con el mecanismo idóneo dentro
del proceso ordinario para reprochar la decisión cuestionada sin que
haya hecho uso del mismo; además, indicó que tal circunstancia
rompe la tesis del perjuicio irremediable, pues este no opera ante la
presencia de la prohibición de alegación de la culpa como fuente de
beneficio propio.
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II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
El Tribunal mediante sentencia de 18 de mayo de 2022, declaró
improcedente la solicitud de amparo al considerar que no se cumplió
con el requisito de subsidiariedad, comoquiera que el actor no agotó
los medios judiciales de defensa que tenía a su alcance, pues contra
la decisión cuestionada contaba con los recursos de reposición y
apelación, de conformidad con lo previsto en los artículo 61 y 62 de
la Ley 2080 de 20215, sin embargo, en el expediente no obra prueba
de que haya hecho uso de ellos.
Sumado a lo anterior, estimó que no se evidenciaba la ocurrencia de
un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez
constitucional en el asunto o permita flexibilizar el estudio sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
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“Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de
descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
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La parte actora impugnó la sentencia proferida por el Tribunal, en los
siguientes términos:
Sostuvo que la impugnación contra las actas de elección de miembros
del Consejo Comunitario solo aplica dentro del término de dos (2)
meses siguientes a la fecha de expedida y en el caso concreto ya han
transcurrido dos (2) años, por lo que lo procedente es el medio de
control de nulidad, máxime cuando lo pretendido es evitar un
perjuicio irremediable, pues se están afectan derechos colectivos de
la comunidad étnica de Roche, toda vez que quien debe designar el
reemplazo del representante legal es la Asamblea General y debe ser
nombrado el vicepresidente del Consejo Comunitario y no el
secretario como ocurrió en el asunto sub examine.
Por lo anterior, solicitó que se revoque la decisión del a quo y, en su
lugar, se ordene a la demanda a tramitar la demanda de nulidad por
ser procedente, pues se está realizando una interpretación errada de
las normas aplicables al asunto.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
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La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa
de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la
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acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias
de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a
ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
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… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
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Caso concreto
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efecto la providencia de 18 de abril de 2022, por medio
de la cual se rechazó la demanda promovida dentro del medio de
control de nulidad identificado con el número único de radicación
2022-00111-00.
A juicio del actor, la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la
autonomía y al acceso a la administración de justicia, habida cuenta
que, en su sentir, el Juzgado incurrió en los defectos sustantivo,
fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el
Tribunal que, mediante sentencia de 18 de mayo de 2022, declaró
improcedente la solicitud de amparo al considerar que no se cumplió
con el requisito de subsidiariedad, comoquiera que el actor no agotó
los medios judiciales de defensa que tenía a su alcance.
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Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión
proferida por el Tribunal, bajo el argumento de que el medio de
control de nulidad era el procedente en el asunto, contrario a lo
advertido por el Juzgado; además, insistió en que la decisión
cuestionada incurrió en defecto sustantivo.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial, o si, tal como lo consideró el a quo,
carece del requisito de subsidiariedad y, de superarse tal derrotero,
ii) establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados dentro del medio de control de nulidad
identificado con el número único de radicación 2022-00111-00.
De acuerdo con los parámetros planteados anteriormente, la Sala
entrará a examinar el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el requisito de subsidiariedad.
Al respecto, cabe señalar que el artículo 6º del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, «Por el cual se reglamenta la acción de tutela
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consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política», prevé como
causal de improcedencia que «existan otros recursos o medios
de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto
a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los
derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
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No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se
dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer
del fondo del asunto.»6 (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Ahora, se observa que el señor ROBERTO RAMÍREZ DIAZ promovió
demanda dentro del medio de control de nulidad contra el Consejo
Comunitario Ancestral del Caserío de Roche, a fin de que se dejara
sin efecto la Resolución núm. 001 de 4 de junio de 2020.
La demanda correspondió al Juzgado que, mediante providencia de
18 de abril de 2022, la rechazó al estimar que la mencionada
resolución no comportaba la calidad de acto administrativo
demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
6 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.
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El actor interpuso la acción de tutela de la referencia contra la
decisión adoptada en el proveído de 18 de abril de 2022, mediante
la cual el Juzgado rechazó la demanda promovida dentro del medio
de control de nulidad, sin que contra la misma haya hecho uso del
recurso de apelación que procedía.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que la presente acción de
tutela es improcedente por carencia del requisito de subsidiariedad,
en razón a que el actor pretende remediar su decidía con esta
solicitud de amparo, al no haber hecho uso del mecanismo jurídico
idóneo para el asunto.
En efecto, de conformidad con el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011,
modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, contra la
decisión que rechaza la demanda, procede el recurso de apelación,
mecanismo judicial idóneo para el asunto y del cual el actor no hizo
uso.
Aunado a lo anterior, no se advierte la existencia de algún perjuicio
irremediable en el asunto, esto es, un daño cierto o inminente que
amerite la intervención del juez constitucional en el caso concreto.
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Así las cosas, la Sala confirmará la decisión del a quo que declaró
improcedente la solicitud de amparo por carecer del requisito de
subsidiariedad, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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19
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 44001-33-40-000-2022-00047-01
ACTOR: ROBERTO RAMÍREZ DÍAZ
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de junio de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Ausente com permiso
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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