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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 44001-23-40-000-2022-00047-01

Fecha
17 de junio de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 44001-23-40-000-2022-00047-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 44001-23-40-000-2022-00047-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

17 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 44001-33-40-000-2022-00047-01
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: ROBERTO RAMÍREZ DÍAZ

TESIS: CONFIRMA LA DECISIÓN DEL A QUO QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR CARECER DEL
REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD. CONTRA LA DECISIÓN
CUESTIONADA PROCEDÍA EL RECURSO DE APELACIÓN,
MECANISMO IDÓNEO PARA EL ASUNTO Y DEL CUAL NO HIZO USO
EL ACTOR.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, A LA AUTONOMÍA, A LOS DERECHOS COLECTIVOS Y AL
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la

sentencia de 18 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal

Administrativo de la Guajira1 que declaró improcedente la solicitud

de amparo.

1 En adelante el Tribunal.

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ACTOR: ROBERTO RAMÍREZ DÍAZ

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor ROBERTO RAMÍREZ DIAZ, actuando a través de

apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso

a la administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron

vulnerados por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de

Riohacha2 al proferir la providencia de 18 de abril de 2022, dentro

del medio de control de nulidad identificado con el número único de

radicación 44001-33-40-004-2022-00111-00.

I.2.- Hechos

Refirió que promovió demanda en ejercicio del medio de control de

nulidad contra el Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de

Roche, Municipio de Barrancas, con el fin de que se dejara sin efecto

la Resolución núm. 001 de 4 de junio de 2020.

2 En adelante el Juzgado.

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Indicó que a la demanda le fue asignado el número único de

radicación 2022-00111-00 y le correspondió por reparto al Juzgado

que, mediante proveído de 18 de abril de 2022, la rechazó al

considerar que la Resolución núm. 001 de 4 de junio de 2020, no es

la manifestación unilateral de la administración tendiente a producir

efectos, sino que obedece a un acto de dirección propio de la

comunidad reglamentado por sus propios estatutos, de tal forma que

el actor cuenta con el procedimiento establecido en el parágrafo 2º

del artículo 2.5.1.2.9 del Decreto 1066 de 20153 y el artículo 9 del

Decreto 1745 de 19954, para impugnar ese tipo de actos.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada vulneró sus

derechos fundamentales comoquiera que la demanda de nulidad

objeto de debate era procedente para analizar la legalidad de la

Resolución núm. 001 de 4 de junio de 2020, expedida por la Junta

Directiva del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche,

3
"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo
del Interior".
4
“por el cual se reglamenta el Capítulo III de la Ley 70 de 1993, se adopta el procedimiento
para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las "Tierras de las
Comunidades Negras" y se dictan otras disposiciones”.

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teniendo en cuenta que la impugnación contra las actas de elección

de los miembros del Consejo Comunitario debe ser presentada

dentro de los dos (2) meses siguientes a la elección, término que

venció el 4 de agosto de 2020.

Así las cosas, arguyó que el medio de control de nulidad es el

mecanismo idóneo procedente contra los actos administrativos de

carácter general proferidos con infracción de las normas, en forma

irregular o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa,

falsa motivación o desviación de las atribuciones propias de quien lo

profirió, como ocurre en el caso concreto.

Resaltó que el Juzgado incurrió en defecto sustantivo al realizar una

interpretación errada y contraria de los artículos 29 y 229 de la Carta

Política y de la normativa referente a los derechos de libertad de

participación, autonomía, propios de la comunidad étnica de Roche.

Añadió que la autoridad judicial accionada también incurrió en

defecto fáctico al valorar de manera arbitraria las pruebas que

demostraban que la demanda sí era procedente, así como en

desconocimiento del precedente constitucional dispuesto para el

asunto en las sentencias C-710 de 2001, C-396 de 2006, T-472 de

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2009, T-576 de 2014, T-682 de 2015, SU-631 de 2017, T-453 de

2018, SU-123 de 2018 y T-011 de 2011 proferidas por la Corte

Constitucional.

Finalmente, puso de presente que el Juzgado incurrió en violación

directa de la Constitución al desconocer los artículos 2º,7º, 13, 29,

40, 44, 83, 93, 229 de la Constitución Política, el Convenio 169 de la

OIT de 1989 y la Ley 21 de 1991.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó la protección de sus derechos fundamentales

invocados y, en consecuencia:

“[…] 2. Ordenar dejar sin efectos jurídicos el auto de fecha 18 de
abril de 2022 proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral
del Circuito de Riohacha La Guajira, […]

3. Ordenar al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de
Riohacha La Guajira dar trámite a la demanda de acción de
nulidad que presentó el señor Roberto Ramírez Díaz, en contra de
la resolución No. 001 del 4 de junio de 2020, expedida por la
junta directiva del Consejo Comunitario Ancestral del caserío de
Roche Municipio de Barrancas […]”.

I.5.- Defensa

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I.5.1.- El Juzgado solicitó declarar improcedente la solicitud de

amparo, comoquiera que no se cumple con el presupuesto de

subsidiariedad, pues la parte actora no hizo uso de los mecanismos

ordinarios que tenía a su alcance para controvertir la decisión aquí

acusada, como lo eran los recursos de reposición y apelación que

procedían para el efecto.

Añadió que analizó íntegramente la Resolución núm. 001 de 4 de

junio de 2020, de lo cual logró concluir que la misma no era

susceptible de control judicial, pues no comporta la calidad de acto

administrativo, por lo que la decisión acusada está debidamente

motivada.

I.5.2. La Procuraduría 154 Judicial II Administrativa de

Riohacha mediante concepto rendido dentro de la acción de tutela

de la referencia, advirtió que la presente solicitud de amparo resulta

improcedente pues el actor contaba con el mecanismo idóneo dentro

del proceso ordinario para reprochar la decisión cuestionada sin que

haya hecho uso del mismo; además, indicó que tal circunstancia

rompe la tesis del perjuicio irremediable, pues este no opera ante la

presencia de la prohibición de alegación de la culpa como fuente de

beneficio propio.

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II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

El Tribunal mediante sentencia de 18 de mayo de 2022, declaró

improcedente la solicitud de amparo al considerar que no se cumplió

con el requisito de subsidiariedad, comoquiera que el actor no agotó

los medios judiciales de defensa que tenía a su alcance, pues contra

la decisión cuestionada contaba con los recursos de reposición y

apelación, de conformidad con lo previsto en los artículo 61 y 62 de

la Ley 2080 de 20215, sin embargo, en el expediente no obra prueba

de que haya hecho uso de ellos.

Sumado a lo anterior, estimó que no se evidenciaba la ocurrencia de

un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez

constitucional en el asunto o permita flexibilizar el estudio sobre la

procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

5
“Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de
descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.

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La parte actora impugnó la sentencia proferida por el Tribunal, en los

siguientes términos:

Sostuvo que la impugnación contra las actas de elección de miembros

del Consejo Comunitario solo aplica dentro del término de dos (2)

meses siguientes a la fecha de expedida y en el caso concreto ya han

transcurrido dos (2) años, por lo que lo procedente es el medio de

control de nulidad, máxime cuando lo pretendido es evitar un

perjuicio irremediable, pues se están afectan derechos colectivos de

la comunidad étnica de Roche, toda vez que quien debe designar el

reemplazo del representante legal es la Asamblea General y debe ser

nombrado el vicepresidente del Consejo Comunitario y no el

secretario como ocurrió en el asunto sub examine.

Por lo anterior, solicitó que se revoque la decisión del a quo y, en su

lugar, se ordene a la demanda a tramitar la demanda de nulidad por

ser procedente, pues se está realizando una interpretación errada de

las normas aplicables al asunto.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

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La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa
de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la

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acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias
de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a
ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

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… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

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Caso concreto

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la providencia de 18 de abril de 2022, por medio

de la cual se rechazó la demanda promovida dentro del medio de

control de nulidad identificado con el número único de radicación

2022-00111-00.

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada vulneró sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la

autonomía y al acceso a la administración de justicia, habida cuenta

que, en su sentir, el Juzgado incurrió en los defectos sustantivo,

fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la

Constitución.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el

Tribunal que, mediante sentencia de 18 de mayo de 2022, declaró

improcedente la solicitud de amparo al considerar que no se cumplió

con el requisito de subsidiariedad, comoquiera que el actor no agotó

los medios judiciales de defensa que tenía a su alcance.

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Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

proferida por el Tribunal, bajo el argumento de que el medio de

control de nulidad era el procedente en el asunto, contrario a lo

advertido por el Juzgado; además, insistió en que la decisión

cuestionada incurrió en defecto sustantivo.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial, o si, tal como lo consideró el a quo,

carece del requisito de subsidiariedad y, de superarse tal derrotero,

ii) establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales invocados dentro del medio de control de nulidad

identificado con el número único de radicación 2022-00111-00.

De acuerdo con los parámetros planteados anteriormente, la Sala

entrará a examinar el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en

especial el requisito de subsidiariedad.

Al respecto, cabe señalar que el artículo 6º del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, «Por el cual se reglamenta la acción de tutela

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consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política», prevé como

causal de improcedencia que «existan otros recursos o medios

de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto

a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el

solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

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No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se

dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer

del fondo del asunto.»6 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Ahora, se observa que el señor ROBERTO RAMÍREZ DIAZ promovió

demanda dentro del medio de control de nulidad contra el Consejo

Comunitario Ancestral del Caserío de Roche, a fin de que se dejara

sin efecto la Resolución núm. 001 de 4 de junio de 2020.

La demanda correspondió al Juzgado que, mediante providencia de

18 de abril de 2022, la rechazó al estimar que la mencionada

resolución no comportaba la calidad de acto administrativo

demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

6 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.

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El actor interpuso la acción de tutela de la referencia contra la

decisión adoptada en el proveído de 18 de abril de 2022, mediante

la cual el Juzgado rechazó la demanda promovida dentro del medio

de control de nulidad, sin que contra la misma haya hecho uso del

recurso de apelación que procedía.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la presente acción de

tutela es improcedente por carencia del requisito de subsidiariedad,

en razón a que el actor pretende remediar su decidía con esta

solicitud de amparo, al no haber hecho uso del mecanismo jurídico

idóneo para el asunto.

En efecto, de conformidad con el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011,

modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, contra la

decisión que rechaza la demanda, procede el recurso de apelación,

mecanismo judicial idóneo para el asunto y del cual el actor no hizo

uso.

Aunado a lo anterior, no se advierte la existencia de algún perjuicio

irremediable en el asunto, esto es, un daño cierto o inminente que

amerite la intervención del juez constitucional en el caso concreto.

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Así las cosas, la Sala confirmará la decisión del a quo que declaró

improcedente la solicitud de amparo por carecer del requisito de

subsidiariedad, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el

artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 44001-33-40-000-2022-00047-01
ACTOR: ROBERTO RAMÍREZ DÍAZ

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de junio de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Ausente com permiso

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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