Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 44001-23-40-000-2022-00153-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 44001-23-40-000-2022-00153-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 44001-23-40-000-2022-00153-01
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
16 de marzo de 2023
Demandante: Johan Enrique Mercado Frías
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil y otro
Rad: 44001-23-40-000-2022-00153-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 44001-23-40-000-2022-00153-01
Demandante: JOHAN ENRIQUE MERCADO FRÍAS
Demandados: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y OTRO
Tema: Confirma decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de cumplimiento.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte actora
contra la sentencia de 8 de febrero de 2023, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de La Guajira declaró improcedente este mecanismo
constitucional.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud
En nombre propio y en ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de
1997, el señor Johan Enrique Mercado Frías presentó demanda contra la
Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC y el Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA en la que formuló las siguientes pretensiones:
“Declarar que el SENA y la CNSC han incumplido, las siguientes normas:
PRIMERO: lo señalado en La LEY 1960 DE 2019 ARTÍCULO 6°. Respecto al numeral 4
del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, (...).
SEGUNDO: La sentencia T340 de 2020, que dispuso la aplicación retrospectiva de la ley
1960 del 2019.
TERCERO: La Circular Conjunta 074 De 2009.Comision Nacional Del Servicio Civil.
Procuraduría General de la Nación por la cual no podía EL SENA modificar los manuales
de funciones, cambiarle los perfiles a los empleos ni convocar a nuevo concurso ya que
existían listas de elegibles vigentes.
CUARTO: Declarar que la CNSC y el SENA, han incumplido el Fallo de Tutela No.
202000267 emitido por el JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO SAN JUAN DEL
CESAR – LA GUAJIRA, que ordenó a LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
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Demandante: Johan Enrique Mercado Frías
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil y otro
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Y EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA realizar un estudio respecto a
que cargos o vacantes existe la viabilidad de que el señor JHOAN ENRIQUE MERCADO
FRÍAS, pueda ocupar un periodo de pruebas conforme a la lista de legibles (...).
QUINTO: Declarar que la CNSC, ha incumplido el Fallo de Tutela No
11001334204920210004200 del 05 de marzo de 2021 por emitido por el JUZGADO
DOCE ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ SECCIÓN
SEGUNDA. Que ordeno EXHORTAR a la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC
para que acate el fallo constitucional T – 340 del 2020, que dispuso la aplicación
retrospectiva de la ley 1960 del 2019, (...).
Y
Se ordene a la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y AL SENA, hacer USO
de lista de elegibles en estricto orden de mérito para cubrir las vacantes con la
denominación de instructor, código 3010, grado 1, área temática de contabilidad para las
cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no
convocados, que surgieron con posterioridad a la convocatoria No. 436 de 2017 entidad
SENA, inaplicado Los criterios unificados respecto Al criterio unificado de Mismo empleo
al ser inconstitucionales y realizando el nombramiento del concursante JOHAN
ENRIQUE MERCADO FRIAS, (...)” (Sic a todo el texto).
2. Hechos
En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente:
El accionante adujo que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió el
Acuerdo No. 20171000000116 del 24 de julio de 2017, por medio del cual se
convocó a proceso de selección (Convocatoria 436 de 2017) para proveer
definitivamente por concurso abierto de méritos, los empleos vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa del Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA.
Señaló que mediante la Resolución No. 20182120178855 del 24 de diciembre
de 2018, con firmeza a partir del 5 de enero de 2019, la Comisión Nacional
del Servicio Civil expidió la lista de elegibles para proveer dos vacantes de la
OPEC No. 59845, con la denominación instructor, código 3010, grado 1, en la
que se postuló y para el cual figuraba en el lugar tres de elegibilidad con 77.24
puntos definitivos.
Manifestó que con la expedición de la Ley 1960 de 2019, se modificó la Ley
909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se dictaron otras disposiciones,
para precisar que en estricto orden de méritos se cubrirían los empleos para
los cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de cargos
equivalentes no convocados, que surgieran con posterioridad a la
convocatoria del concurso en la misma Entidad.
Sostuvo que la CNSC profirió el 16 de enero de 2020, el criterio unificado "USO
DE LISTAS DE ELEGIBLES EN EL CONTEXTO DE LA LEY 1960 DE 27 DE JUNIO DE
2019”, estableciendo la obligatoriedad de hacer uso de lista de elegibles con
los cargos no ofertados posteriores a la entrada en vigencia de la mencionada
Ley 1960 de 2019.
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Afirmó que la lista de elegibles, venció el 14 de enero de 2021, no obstante,
consideró que como las vacantes se presentaron antes del vencimiento de la
lista, es posible su nombramiento.
En noviembre de 2020 el actor ejerció acción de tutela contra las entidades
demandadas para que se le nombrara en periodo de prueba haciendo uso de
la lista de elegibles con cargos declarados desiertos y no ofertados conforme
con la Ley 1960 de 2019. La acción constitucional fue conocida por el Juzgado
Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar, La Guajira1, que accedió a las
pretensiones.
El 7 de diciembre de 2020, la CNSC en cumplimiento de lo ordenado por el
Juzgado Promiscuo de San Juan del Cesar, La Guajira, requirió al SENA para
que remitiera el resultado del estudio de verificación efectuado, para poder
realizar el estudio técnico de equivalencia de los empleos vacantes no
convocados del cargo instructor del Área Temática “Contabilidad” OPEC
59845 para el cual el actor concursó.
Mencionó que el 19 de agosto de 2021, la CNSC profirió la Circular Externa
No. 0008 en la que se dio instrucciones para el reporte de información sobre
la provisión de las vacantes definitivas de los empleos de carrera
administrativa y el trámite de solicitud de uso de las Listas de Elegibles, en
atención a la Ley 1960 de 2019, frente a lo cual, el actor considera que esta
actuación debió surtirse desde la vigencia de la norma citada y no, dos años
después cuando las listas ya estaban vencidas, sin que se hubiera hecho el
nombramiento respectivo en periodo de prueba de los elegibles.
Manifestó que a través de los oficios del 14 y 21 de enero de 2022, la CNSC,
autorizó el uso de las listas de elegibles conformadas en la Convocatoria 436
de 2017, y en cumplimiento de la orden judicial, no obstante, no se
conformaron listas de elegibles adicionales o listas compuestas.
En septiembre de 20222, el actor solicitó al SENA y a la Comisión Nacional
del Servicio Civil se atendiera el artículo 6.º de la Ley 1960 de 2019, la
sentencia T-340 de 2020; el fallo de tutela No. 11001334204920210004200
del 5 de marzo de 2021 del Juzgado Doce Administrativo de Bogotá, la
providencia de tutela No. 202000267 del Juzgado Promiscuo del Circuito de
San Juan del Cesar, La Guajira, para que:
“...se provean todos los cargos no ofertados y ofertados con las listas de elegibles los
empleos equivalentes con la denominación de Instructor código 3010 del área temática
1 El accionante allegó sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Promiscuo del
Circuito de San Juan del Cesar, La Guajira, del 26 de noviembre de 2020, con radicado No
44-650-31-89-001-2020-00267-00, por medio de la cual se concedió la acción de tutela y
ordenó a la CNSC y al SENA “...realizar un estudio respecto a que cargos o vacantes existe
la viabilidad de que el señor Jhoan Enrique Mercado Frías, pueda ocupar un periodo de
pruebas conforme a la lista de elegibles”.
2 Revisado el escrito de constitución en renuencia, figura como fecha septiembre de 2022, sin
precisar el día.
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de obras civiles (sic) que hayan sido declarados en vacancia definitiva en virtud de
alguna de las causales de retiro del servicio; o aquellos que posterior a la fecha de la
convocatoria No 437 de 2017, fueron declarados en vacancia definitiva y que al momento
de la apertura de dicha convocatoria estaban provistos con personal en Provisionalidad
o en encargo; o aquellos cargos para los causales de retiro del servicio consagradas en
el artículo 41 de la Ley 909 de 2004. Lo anterior con estricto apego a los parámetros
consignados en el artículo 2.2.11.2.3. del Decreto 1083 de 2015”.
El 22 de noviembre de 2022, con oficio número 2022RS126443, la CNSC,
informó al demandante que:
“...se evidenció que en el marco de la Convocatoria Nro. 436 de 2017, el Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA ofertó dos (2) vacantes definitivas para proveer el
empleo identificado con el Código OPEC Nro. 60290, denominado Instructor, Código
3010, Grado 1 y agotadas las etapas del concurso mediante la Resolución Nro.
20182120178855 del 24 de diciembre de 2018, se conformó la lista de elegibles para
proveer las vacantes ofertadas, en la cual Usted ocupó la posición tres (3), lista que cobró
firmeza el día 15 de enero de 2019, por lo que se hace pertinente indicar que la lista de
elegibles perdió vigencia el 14 de enero de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 4 ° del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, razón por la cual, Usted ha sido retirado
del Banco Nacional de Lista de Elegibles – BNLE, para este empleo.
(...)
En consonancia con lo expuesto, del análisis de viabilidad adelantado se encontró que
las vacantes reportadas por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, no eran
equivalentes a la lista de elegibles conformada para la OPEC Nro. 59845, en la cual Usted
concursó, por lo que no resultaba procedente el uso de la lista de elegibles, por ello, no
es viable que se apruebe la autorización de uso de la mencionada lista.
Así las cosas, y teniendo en cuenta que el exhorto no ordenó la consolidación de listas
de elegibles, sino el uso de las mismas para la provisión de las vacantes que surgieron
durante la vigencia de la lista, se informa que, esta Comisión Nacional mediante los
radicados Nro. 2022RS001765 del 14 de enero de 2022 y 2022RS003437 del 21 de
enero de 2022 autorizó el uso de las listas de elegibles que fueron viables para la
provisión de las nuevas vacantes que surgieron con posterioridad a la
Convocatoria Nro. 436 de 2017 y en cumplimiento de la orden judicial, sin embargo,
se aclara que no se conformaron listas de elegibles adicionales o listas
recompuestas (...)”.
Resaltó que para cuando presentó la demanda de cumplimiento3 se
encontraba como elegible para un cargo con la denominación instructor,
código 3010, grado 1, por tanto, tiene derecho a que se le nombre en un cargo
similar.
3. Razones del posible incumplimiento
El accionante consideró que las disposiciones y actos invocados en la
demanda están siendo incumplidos porque las entidades accionadas no han
hecho uso de la lista de elegibles del 15 de enero de 2019, para nombrarlo en
un empleo equivalente al denominado instructor, código 3010, grado 1 del área
temática de contabilidad.
3 Según el escrito de demanda esta se radicó el 5 de diciembre de 2022.
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4. Trámite de la solicitud en primera instancia4
Mediante providencia del 7 de diciembre de 2022, el Juzgado Tercero
Administrativo Oral de Riohacha declaró la falta de competencia para conocer
del asunto, en razón a que las autoridades demandadas son del orden
nacional, por lo que dispuso la remisión del expediente al Tribunal
Administrativo de La Guajira.
En proveído del 11 de enero de 2023, la magistrada sustanciadora del Tribunal
Administrativo de La Guajira admitió la demanda, ordenó la notificación a la
Comisión Nacional del Servicio Civil, y al Servicio Nacional de Aprendizaje, y
rechazó por improcedente la solicitud de medidas cautelares5 solicitadas por
la parte actora.
A través de auto del 27 de enero de 2023, se decretaron pruebas y se les dio
el valor legal a las documentales aportadas por las partes.
5. Contestación de la demanda
5.1. Comisión Nacional del Servicio Civil
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica se opuso a la prosperidad de las
pretensiones y solicitó que se declarara la improcedencia de la acción, en
cuanto el actor cuenta con otro instrumento judicial para lograr el efectivo
cumplimiento de la norma o acto administrativo invocado.
Precisó que según el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la
Oportunidad (SIMO) se comprobó que en el marco de la Convocatoria No.
436 de 2017, se ofertaron dos vacantes para proveer el empleo de carrera
identificado con el código OPEC 59845 denominado instructor, código 3010,
grado 1, del Sistema General de Carrera del Servicio Nacional de Aprendizaje
y agotadas las fases del concurso, mediante Resolución No.
20182120178855 del 24 de diciembre de 2018, se conformó lista de elegibles
teniendo en cuenta tanto lo dispuesto en el Criterio Unificado de Sala de
Comisionados del 12 de julio de 2018 como lo instituido en el numeral 12 del
artículo segundo del Acuerdo No. 0165 de 2020, estuvo vigente hasta el 14
de enero de 2021.
4 Mediante auto del 28 de noviembre de 2022 el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo de
Bogotá, declaró la falta de competencia para conocer del asunto de la referencia y dispuso
remitir el expediente a la Oficina de Apoyo o Reparto Judicial de los Juzgados Administrativos
de Riohacha, teniendo en cuenta que el accionante informó que su domicilio y residencia se
encuentran en la ciudad de Fonseca, La Guajira.
5 La parte actora solicitó como medida cautelar que “…se suspenda la nueva convocatoria del
año 2020 entre el SENA y la CNSC para proveer las vacantes que no fueron ofertadas en la
convocatoria 436 de 2017 que deben ser cubiertas con listas de elegibles vigentes en
aplicación a la Ley 1960 de 2019”, frente a lo cual el Tribunal le precisó que las medidas
cautelares proceden en los procesos declarativos, y en los que tengan por finalidad la defensa
y protección de los derechos de intereses colectivos, pero no para la acción de cumplimiento.
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Agregó que consultado el Banco Nacional de Lista de Elegibles se evidenció
que durante la vigencia de la lista, el SENA no reportó movilidad de ésta, en
cuanto no hubo novedad, pues no se expidió ningún acto administrativo de
derogatoria o revocatoria del nombramiento de algún elegible, ni se declaró la
vacancia definitiva de un empleo por configurarse alguna de las causales de
retiro previstas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, de quien ocupase
posición meritoria conforme con el número de cargos ofertados. Por lo tanto,
las vacantes ofertadas fueron provistas con quienes ocuparon las posiciones
números 1 y 2.
Resaltó que durante la vigencia de la lista, el SENA no reportó la existencia
de vacante definitiva alguna que cumpliera con el criterio de “mismos
empleos”, que corresponde a un cargo con igual denominación, código, grado,
asignación básica mensual, propósito, funciones, ubicación geográfica y
mismo grupo de aspirantes, siendo este el requisito sine qua non para que un
elegible pueda ser nombrado en el empleo para el que concurso.
Destacó que es erróneo concluir que por la simple pertenencia a una lista de
elegibles se configure un derecho particular y concreto para ser nombrado en
periodo de prueba, ya que para que aquello sea procedente, debe existir la
vacante definitiva en las mismas condiciones que las ofertadas en el concurso
de méritos, la lista debe continuar vigente y perentoriamente se debe ser el
siguiente en estricto orden de mérito.
Afirmó que el acto administrativo mediante el cual se conformó la lista de
elegibles perdió ejecutoria, en cuanto venció el 14 de enero de 2021,
adicionalmente durante su vigencia no se encontró solicitud de autorización
de uso de la lista para proveer vacante alguna de conformidad con lo
reportado con la entidad.
5.2. Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
La apoderada judicial se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó
que se declarara la improcedencia de la acción.
Indicó que se adelantó la convocatoria No. 436 de 2017 – SENA, que culminó
con la Resolución No. CNSC-20182120178855 del 24 de diciembre de 2018
contentiva de la lista de elegibles para proveer dos vacantes del empleo de
carrera identificado con el código OPEC No. 59845, denominado instructor,
código 3010, grado 1 del SENA, en la que el demandante ocupó el tercer lugar
y quienes figuraron en el primer y segundo puesto fueron nombrados en
periodo de prueba.
Adujo que la CNSC a través de los oficios números 2022RS001765 y
2022RS003437 autorizó los respectivos usos de listas de elegibles
atendiendo el orden de elegibilidad de los aspirantes.
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Sostuvo que “...en el presente caso tal como se ha mencionado se solicitó la autorización
de las listas de elegibles y las mismas fueron autorizadas y conformadas, sin embargo para
el caso en específico, la accionante (sic) no alcanzó a lograr la posición meritoria para ser
nombrada (sic) y en la actualidad no existe vacante alguna”.
6. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de La Guajira mediante sentencia del 8 de febrero
de 2023 precisó que respecto de la sentencia T-340 de 2020, el fallo de tutela
del 5 de marzo de 2021 de Juzgado Doce Administrativo de Oralidad del
Circuito de Bogotá, y el fallo de tutela No. 202000267 del Juzgado Promiscuo
del Circuito de San Juan del Cesar, La Guajira, no cumplen con el requisito de
contener un mandado claro, expreso y exigible lo que deviene en
improcedencia, pues este no es el mecanismo idóneo para solicitar el
acatamiento de providencias judiciales.
Por otra parte, indicó que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, pues
lo pretendido por el actor, lleva implícito una controversia legal que no es
posible definir a través de este medio constitucional, toda vez que “...el sub
examine no se limita solo a definir que existe incumplimiento de las normas invocadas, y no le
es dable al juez constitucional, emitir un pronunciamiento en ese sentido, en la medida que
desconocería que el proceso en que participó el accionante ya finalizó con la respectiva lista
de elegibles y que no está actualmente vigente”.
Concluyó el Tribunal que el demandante “...tenía a su alcance otros mecanismos
judiciales para solicitar lo traído en conocimiento del juez constitucional, acreditándose la
improcedibilidad de la acción prevista en el inciso segundo del artículo 9º de la Ley 393 de
1997, que estipuló que la acción de cumplimiento no procede para la protección de derechos
que pueden ser protegidos a través de la acción de tutela o cuando exista otro instrumento
judicial para lograr el cumplimiento de un acto administrativo”.
En consecuencia, declaró improcedente la acción de cumplimiento.
7. La impugnación6
El accionante adujo que las entidades accionadas inaplicaron “...el NUMERAL 4
DEL ARTICULO 6, en cuanto al uso de lista de elegibles con cargos no ofertados, cuando no
es una potestad hacer o no hacer uso de lista de elegibles si no un deber legal por parte de
las entidades”. Adicionalmente señaló que “...la CNSC emitió un criterio Unificado donde
se refiere a mismos empleos sin tener en cuenta el estricto orden de Mérito y que el mismo es
inconstitucional, y a pesar de ser un criterio si causa efectos jurídicos a tal punto que el SENA,
No hace Uso de lista de Elegibles por que los empleos no tienen la misma posición geográfica,
Yendo en contra de la Ley 1960 que hace referencia a que el Uso de lista de elegibles debe
hacerse con cargos equivalentes y en estricto orden de Mérito”.
En consecuencia, las entidades demandadas deben “...hacer USO de la lista de
elegibles en estricto orden de mérito para cubrir las vacantes con la denominación de
instructor, código 3010, grado 1, área temática de contabilidad para las cuales se efectuó el
6 La sentencia del 8 de febrero de 2023 fue notificada electrónicamente el 9 de febrero de
2023, y el escrito de impugnación fue radicado el 14 de febrero de 2023, término que se
encuentra oportuno.
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concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surgieron con
posterioridad a la convocatoria No. 436 de 2017 entidad SENA, inaplicando (...) criterio
unificado de Mismo empleo al ser inconstitucionales y realizando el nombramiento del
concursante JOHAN ENRIQUE MERCADO FRÍAS (...)”.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sección Quinta es competente para decidir la impugnación contra la
sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de La Guajira, según lo
dispuesto en los artículos 150 y 152 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del
Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado7.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión
adoptada por la citada corporación judicial en la sentencia de 8 de febrero de
2023, que declaró improcedente este medio de control.
3. Generalidades de la acción de cumplimiento
La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.
Con base en la regulación establecida en el artículo 87 de la Constitución y el
desarrollo previsto en la Ley 393 de 1997, dicha posibilidad opera a partir de
la orden que imparte el juez de lo contencioso administrativo a la autoridad
renuente.
Este mecanismo procesal tiene carácter subsidiario, puesto que no procede
cuando el demandante tenga a su alcance otro instrumento judicial para lograr
la efectividad de la norma legal o del acto que estima incumplidos.
Tampoco procede cuando el ejercicio del medio de control pretenda el
cumplimiento de normas legales y de actos administrativos que establezcan
gastos.
De acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta corporación, la prosperidad
de esta acción está sujeta a la observancia de los siguientes presupuestos: (i)
que el deber jurídico cuya observancia se exige esté consignado en normas
con fuerza de ley o en actos administrativos; (ii) que el mandato, la orden, el
deber, la obligatoriedad o la imposición esté contemplada en forma precisa,
clara y actual; (iii) que la norma esté vigente; (iv) que el deber jurídico esté en
7 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los
tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.
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cabeza del accionado; (v) que se acredite que la autoridad o el particular en
ejercicio de funciones públicas fue constituido en renuencia frente al
cumplimiento de la norma o acto administrativo cuyo acatamiento pretende la
demanda y (vi) que tratándose de actos administrativos no haya otro
instrumento judicial para lograr su efectivo cumplimiento, ni persiga el
cumplimiento de normas que establezcan gastos.
4. La constitución de la renuencia
En el artículo 8º, la Ley 393 de 1997 señaló que “Con el propósito de constituir la
renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente haya
reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en
su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación
de la solicitud […]”.
Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado
según el cual “[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una
solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los
fines de la acción de cumplimiento”8.
Esta corporación también ha considerado, reiteradamente, que no puede
tenerse por demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos
casos en que la solicitud “[…] tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia”.9
Es importante que el requerimiento permita determinar que lo pretendido por
el interesado es el cumplimiento de un deber legal o administrativo, cuyo
objetivo es la constitución en renuencia de la parte demandada.
Según quedó establecido en el numeral 5.º del artículo 10º de la Ley 393 de
1997, la constitución de la renuencia de la entidad accionada deberá
acreditarse con la demanda, so pena de ser rechazada de plano la solicitud.
El actor aportó copia de la comunicación de septiembre de 202210 en la que
les solicitó al SENA y a la CNSC que cumplieran el artículo 6.º de la Ley 1960
de 2019, la sentencia T-340 de 2020; el fallo de tutela No.
11001334204920210004200 del 5 de marzo de 2021 del Juzgado Doce
Administrativo de Bogotá, la providencia de tutela No. 202000267 del Juzgado
Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar, La Guajira, para que:
“...se provean todos los cargos no ofertados y ofertados con las listas de elegibles los
empleos equivalentes con la denominación de Instructor código 3010 del área temática
de obras civiles (sic) que hayan sido declarados en vacancia definitiva en virtud de
alguna de las causales de retiro del servicio; o aquellos que posterior a la fecha de la
convocatoria No 437 de 2017, fueron declarados en vacancia definitiva y que al momento
de la apertura de dicha convocatoria estaban provistos con personal en Provisionalidad
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de
octubre veinte (20) de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
9 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre veintiuno (21) de 2002
dictadas dentro del expediente ACU-1614 y de marzo diecisiete (17) de 2011, expediente
2011-00019.
10 Revisado el escrito de constitución en renuencia, figura como fecha septiembre de 2022,
sin precisar el día.
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o en encargo; o aquellos cargos para los causales de retiro del servicio consagradas en
el artículo 41 de la Ley 909 de 2004 (...)”.
El 22 de noviembre de 2022, la CNSC, informó al demandante que “...mediante
la Resolución Nro. 20182120178855 del 24 de diciembre de 2018, se conformó la lista de
elegibles para proveer las vacantes ofertadas, en la cual Usted ocupó la posición tres (3), lista
que cobró firmeza el día 15 de enero de 2019, por lo que se hace pertinente indicar que la
lista de elegibles perdió vigencia el 14 de enero de 2021, (...), razón por la cual, Usted ha
sido retirado del Banco Nacional de Lista de Elegibles – BNLE, para este empleo.(...)”. El
SENA, no se pronunció al respecto.
En consecuencia, se encuentra probado que la parte accionante sí constituyó
en renuencia al Servicio Nacional de Aprendizaje y a la Comisión Nacional del
Servicio Civil, pero solo respecto del artículo 6.º de la Ley 1960 de 2019.
De otra parte, en relación con la sentencia T-340 de 2020; el fallo de tutela No.
11001334204920210004200 del 5 de marzo de 2021 del Juzgado Doce
Administrativo de Bogotá, la providencia de tutela No. 202000267 del Juzgado
Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar, La Guajira, no se hará
pronunciamiento al respecto, toda vez que no se trata de normas con fuerza
de ley o actos administrativos, conforme lo precisó el Tribunal.
5. De la procedencia de la acción de cumplimiento
Al revisar este aspecto es necesario destacar que el demandante pretende
que en atención al artículo 6 de la Ley 1960 de 2019, se ordene a las
accionadas que hagan uso de la lista de elegibles en estricto orden de mérito
para cubrir las vacantes con la denominación de instructor, código 3010, grado
1, área temática contabilidad, para las cuales se efectuó el concurso y las
vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surgieron con
posterioridad a la Convocatoria No. 436 de 2017 entidad SENA, inaplicando el
criterio unificado de “mismo empleo” y en consecuencia se nombre al señor
Mercado Frías.
En este orden de ideas, se advierte que en criterio de esta Sala11 el análisis
de procedencia no se limita exclusivamente al artículo 6 de la Ley 1960 de
2019, porque como ya se expuso la pretensión del actor refiere a la utilización
de la lista de elegibles de la que hace parte por haber participado en concurso
de méritos para acceder al cargo de instructor, código 3010, grado 1, área
temática contabilidad del SENA.
Es decir, no basta con que el precepto legal que se dice desatendido por las
accionadas supere el juicio de procedibilidad para que esta Corporación
analice de fondo sus pedimentos, por el contrario, es necesario establecer si
la lista de elegibles resulta ser un acto que puede ser exigido de cumplir en el
curso de la presente acción constitucional.
En este aspecto, lo primero que advierte la Sala es que las partes, tanto las
11 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 24 de septiembre de 2020, expediente
No. 66001-23-33-000-2020-00368-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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accionadas como el demandante, afirman que la lista de elegibles que se debe
tener en cuenta al momento de definir si se ordena o no el nombramiento que
exige el accionante está contenido en la Resolución No. 20182120178855 del
24 de diciembre de 2018, con firmeza a partir del 15 de enero de 2019.
Lo anterior implica que dicho acto administrativo perdió su vigencia desde el
14 de enero de 2021, y la demanda se radicó el 5 de diciembre de 2022,
después del vencimiento de la lista de elegibles, con lo cual se desconoce la
naturaleza propia de la acción de cumplimiento, en efecto, este mecanismo de
origen constitucional procura por hacer efectivo el acatamiento de una norma
con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone determinada
actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir, su objeto es la
observancia del ordenamiento jurídico vigente.
En este orden de ideas corresponde al operador jurídico al momento de dictar
la respectiva sentencia analizar si el precepto que se le pide hacer cumplir, es
claro, expreso y actualmente exigible.
El mandato debe ser claro en la medida que su obedecimiento no implique que
el juez constitucional tenga que abordar análisis de legalidad de otras normas
o actos administrativos a la hora de definir su procedencia, porque dicho
estudio escapa a la órbita del juez de cumplimiento.
Debe ser expreso porque el mandato que se pide cumplir tiene que constar en
una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo y,
actualmente, exigible porque se trata de hacer respetar el ordenamiento
jurídico, entonces, no podrá el juez constitucional disponer el acatamiento de
mandatos que ya no estén vigentes.
En efecto, como ya se dijo la lista de elegibles no está vigente en la
actualidad, esto en contravía de las reglas propias del concurso de
méritos del que hizo parte, que prevé que ésta tendrá duración de 2 años.
Para esta Sala no son de recibo los argumentos expuestos por el accionante
en su escrito de impugnación porque acudió a la jurisdicción de lo contencioso
después de que la lista de elegibles caducara, se insiste la acción de
cumplimiento busca la materialización de mandatos vigentes sin que su objeto
implique pronunciarse respecto de su legalidad y mucho menos diferir sus
efectos.
Adicionalmente se advierte que escapa al objeto de la presente acción de
cumplimiento definir si la Ley 1960 de 2019 aplica o no a la particular situación
del demandante, pues como lo demuestra el fallo impugnado existe toda una
controversia legal entre las partes que no es definible vía este medio de
control.
En este orden de ideas, para la Sala existen dos claras causales de
improcedencia que impiden a esta colegiatura abordar el análisis de fondo de
las pretensiones de la demandante.
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La primera la no vigencia de la lista de elegibles que se pretende hacer cumplir
para ordenar el nombramiento que exige el actor y la segunda el debate de
orden legal existente entre las partes a la hora de establecer si la Ley 1960 de
2019, aplica para el caso del demandante en la medida que se profirió cuando
ya la lista de elegibles estaba en firme, todo lo cual torna improcedente este
mecanismo constitucional.
En consecuencia, se advierte que la petición de la parte accionante es
inadecuada, por tanto, se confirmará la decisión del Tribunal, que declaró la
improcedencia de la acción constitucional, por las razones indicadas en esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley
FALLA
PRIMERO: Confirmar la sentencia del 8 de febrero de 2023 del Tribunal
Administrativo de La Guajira, que declaró la improcedencia de la acción, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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