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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2023-00059-01

Fecha
29 de mayo de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2023-00059-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia proferida el 30 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Madalina Manjarres Frías. Segundo: No condenar en costas. Tercero: Reconocer personería para actuar como apoderada de Colpensiones, a la abogada Yeliseth Carreño Quintero, conforme al poder que obra en el índice 15 del aplicativo Samai. Cuarto: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. 26La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso-administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 44001-23-40-000-2023-00059-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

29 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 44001-23-40-000-2023-00059-01 (7328-2023)
Demandante: Madalina Manjarres Frías
Demandadas: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y
Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP)

Tema: Pensión de vejez – Competencias administrativas entre Colpensiones y la
UGPP para reconocimientos pensionales.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso
de apelación interpuesto por Colpensiones contra la sentencia proferida el 30 de
agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante la cual se
accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), mediante la Resolución
GNR 314429 del 22 de noviembre de 2013, le negó a Madalina Manjarres Frías el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez de conformidad con la Ley 33 de 1985,
por considerar que allegó tiempos cotizados en el periodo comprendido entre el 1 de
enero de 1983 hasta el 30 de diciembre de 2011 a Cajanal, por lo tanto, dicha entidad
es la competente para conocer el estudio de la prestación económica. La demandante
interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. La entidad decidió los
recursos de reposición y la apelación a través de las resoluciones GNR 279500 del 8
de agosto de 2014 y VPB 20903 del 6 de marzo de 2015, respectivamente y confirmó
en todas y cada una de sus partes el acto administrativo que resolvió la solicitud inicial.
Entre tanto, la UGPP, por Auto ADP 000948 del 5 de febrero de 2015, decidió trasladar
la solicitud de reconocimiento pensional a Colpensiones. Por lo anterior, la parte actora
solicita la nulidad de los actos administrativos expedidos por Colpensiones y la UGPP
que le negaron el reconocimiento pensional.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Madalina Manjarres Frías, por conducto de apoderado judicial, presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho1 de acuerdo con las pretensiones, hechos y
fundamentos jurídicos que a continuación se señalan.

1 Según el medio de control previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA. La demanda fue presentada el 9 de junio de
2016 ante los Juzgados Administrativos de Riohacha, de acuerdo con el «informe secretarial de reparto» visible en

Radicación: 44001-23-40-000-2023-00059-01(7328-2023)
Demandante: Madalina Manjarres Frías
Demandadas: Colpensiones y UGPP

2.1.1. Pretensiones

2. La demandante solicitó que se declarara la nulidad de los siguientes actos
administrativos: i) Resolución GNR 314429 del 22 de noviembre de 2013 por medio de
la cual Colpensiones le negó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, (ii)
Resolución GNR 279500 del 8 de agosto de 2014 que resolvió el recurso de reposición
y confirmó en todas y cada una de sus partes el acto recurrido, iii) Resolución VPB
20903 del 6 de marzo de 2015 que decidió la apelación, en el mismo sentido, y iv) Auto
ADP 000948 del 5 de febrero de 2015 mediante el cual la UGPP remitió a Colpensiones
la petición por considerar que esta última entidad es la encargada del reconocimiento
de la prestación solicitada.

3.A título de restablecimiento del derecho pidió que se condenara a las entidades
demandadas a: (i) reconocer su pensión de vejez, conforme a la Ley 33 de 1985,
debidamente indexada; (ii) pagar 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes
como perjuicios morales por haberle negado el derecho de acceder a la pensión
cuando fue solicitada; (iii) pagar las costas.

2.1.2. Hechos

4. La Sala sintetiza los principales hechos2 del caso de la siguiente manera:

1) La demandante nació el 7 de diciembre de 1954 y laboró como auxiliar del área de
la salud en el Hospital Nuestra Señora del Pilar de Barrancas Empresa Social del
Estado (en adelante ESE), desde el 1 de enero de 1983.

2) Mediante la Resolución GNR 314429 del 22 de noviembre de 2013, Colpensiones
le negó a Madalina Manjarres Frías el reconocimiento de la pensión de vejez de
conformidad con la Ley 33 de 1985.

3) El 12 de febrero de 2014, la accionante presentó recurso de reposición y en
subsidio apelación en contra de la Resolución GNR 314429 del 22 de noviembre
de 2013.

4) A través de la Resolución GNR 279500 del 8 de agosto de 2014, Colpensiones
confirmó en todas y cada una de sus partes la decisión inicial.

5) El 8 de octubre de 2014, la demandante solicitó el reconocimiento pensional a la
UGPP, la cual mediante Auto ADP 000948 del 5 de febrero de 2015 remitió a
Colpensiones los documentos de la referida prestación, por considerar que esa fue
la última caja a la cual aportó para pensión.

6) Por medio de la Resolución VPB 20903 del 6 de marzo de 2015, Colpensiones
decidió la apelación, en igual sentido que la reposición.

el índice 2 de Samai, archivo ED_44001234000020230005(.zip) NroActua 2. En el referido archivo también se
puede ver la demanda. El proceso se adelantó en el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Riohacha,
quien profirió sentencia el 30 de agosto de 2019. Colpensiones interpuso recurso de apelación, el cual fue
concedido ante el Tribunal Administrativo de La Guajira, corporación judicial que, a través de providencia del 10 de
agosto de 2023 declaró la falta de competencia del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Riohacha,
por el factor funcional, declaró la nulidad de la sentencia del 30 de agosto de 2019 y de lo actuado con posterioridad,
conforme a lo previsto en los artículos 16 y 138 del Código General del Proceso y ordenó someter el asunto a
reparto.
2
Índice 2 de Samai, archivo ED_44001234000020230005(.zip) NroActua 2.
2

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Demandante: Madalina Manjarres Frías
Demandadas: Colpensiones y UGPP

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

5. La demandante citó como normas violadas las siguientes: la Constitución Política,
artículos 13, 48 y 53; la Ley 33 de 1985, artículo 1; la Ley 100 de 1993, artículos 10 y
35; el Acto Legislativo 01 de 2005, parágrafo transitorio 4; y el Decreto 1045 de 1978,
artículo 45.

6. En el concepto de violación expuso que no se le respetó el régimen de transición
del cual es beneficiaria y se vulneró el artículo 48 de la Constitución Política, toda vez
que ha debido aplicarse íntegramente la normativa anterior, esto es, la Ley 33 de 1985
y el Decreto Ley 1045 de 1978 y, en consecuencia, reconocerle la pensión con todos
los factores salariales devengados en el último año de servicio.

2.2. Contestaciones de la demanda

7. La UGPP sostuvo que le corresponde a Colpensiones reconocer la pensión de vejez
reclamada, toda vez que la accionante se trasladó de manera voluntaria a esta
administradora, a la cual se encontraba afiliada al momento del retiro del servicio.
Propuso como excepciones la falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia
de la obligación y prescripción3.

8. Colpensiones defendió la presunción de legalidad de los actos administrativos
cuestionados4. En concreto, argumentó que la competente para reconocer la pensión
de la accionante es la UGPP, pues su historia laboral evidencia que estuvo afiliada al
régimen de prima media con prestación definida desde el 22 de junio de 2011, sin
embargo, también cotizó a Cajanal hasta el 30 de diciembre de 2011 por los servicios
prestados en la ESE Hospital Nuestra Señora del Pilar de Barrancas. Agregó que para
la fecha de entrada en vigencia del Decreto 2196 del 12 de junio de 2009, la
demandante contaba con más de 20 años de servicios cotizados a Cajanal y cumplió
el estatus pensional afiliada a dicha caja. Planteó las excepciones de cobro de lo no
debido, buena fe, prescripción y genérica o innominada.

2.3. Sentencia de primera instancia

9. El Tribunal Administrativo de La Guajira mediante sentencia del 30 de agosto de
20235 declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de
la UGPP y accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin condena en
costas, con los siguientes argumentos:

a) Precisó que la demandante es beneficiaria del régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, toda vez que, para el 1 de abril de 1994 tenía más de 39 años
de edad.

b) Sostuvo que, para el reconocimiento de la pensión de aquellas personas cubiertas
por la transición, se tendrá en cuenta el régimen anterior al cual se encontraban
afiliadas, en este caso, la Ley 33 de 1985, pero únicamente frente a los siguientes
aspectos: i) edad para acceder a la pensión de vejez y ii) tiempo de servicio o número
de semanas cotizadas, esto es, cincuenta y cinco (55) años de edad y veinte (20) años
continuos o discontinuos.

c) Mencionó que, según la certificación laboral del 16 de septiembre de 2015, la parte
actora laboró al servicio de la ESE Nuestra Señora del Pilar de Barrancas, en el cargo

3
Índice 2 de Samai, archivo ED_44001234000020230005(.zip) NroActua 2, cuaderno 1, fl 173.
4 Índice 2 de Samai, archivo ED_44001234000020230005(.zip) NroActua 2, cuaderno 1, fl 180.
5 Índice 2 de Samai, archivo ED_44001234000020230005(.zip) NroActua 2, cuaderno 2, fl 217.

3

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Demandante: Madalina Manjarres Frías
Demandadas: Colpensiones y UGPP

de auxiliar de área de la salud, desde el 1 de enero de 1983 hasta la fecha de
expedición de la referida constancia, de manera que, acreditó más de 32 años de
servicios y cumplió 55 años de edad el 7 de diciembre de 2009, fecha en que adquirió
el estatus pensional.

d) Señaló que la accionante adquirió el estatus de pensionada el 7 de diciembre de
2009, esto es, con posterioridad al 1 de julio de 2009, fecha en que se efectuó el
traslado de que trata el artículo 4º del Decreto 2196 de 20096, por lo tanto, consideró
que la competente para efectuar el reconocimiento pensional solicitado es
Colpensiones.

e) Indicó que para el reconocimiento y determinación del IBL se deberán aplicar las
subreglas establecidas en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 y, como
quiera que la accionante adquirió el estatus pensional el 7 de diciembre de 2009, debe
acudirse a aquella que señala que «[s]i faltare más de diez (10) años, el ingreso base
de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el
afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE».

f) En consecuencia, condenó a Colpensiones a: i) reconocer a Madalina Manjarres
Frías la pensión de vejez conforme a la Ley 33 de 1985, esto es, con el 75% del ingreso
base de liquidación IBL – constituido por el promedio de los salarios o rentas sobre los
cuales hubiere cotizado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la
pensión y, a pagar las mesadas pensionales causadas desde el 22 de marzo de 2010
por prescripción.

2.4. Recurso de apelación

10. Colpensiones interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, en el que insistió en los argumentos de la contestación de la demanda,
solicitó su revocatoria y, en su lugar, que se despachen desfavorablemente las
pretensiones del libelo. Lo anterior, por considerar que no es la entidad competente
para reconocer y pagar la pensión de la accionante, en la medida que, para el 1 de
abril de 1994, fecha de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, la
demandante tenía el tiempo de servicio requerido por el régimen de transición de la
Ley 100 de 1993 y era afiliada de Cajanal (hoy UGPP), pero no había causado su
derecho a la pensión.

11. Adujo que para la fecha en que se suprimió Cajanal EICE y entró en liquidación,
esto es, junio de 2009, la parte actora se encontraba afiliada a esa caja y, si bien,
cuenta con una afiliación al ISS desde el 22 de junio de 2011, lo cierto es que, había
reunido los requisitos para adquirir el derecho a la pensión de vejez antes de dicha
vinculación.

12. Al respecto, mencionó que la demandante adquirió el derecho pensional conforme
a la Ley 33 de 1985, por haber realizado cotizaciones a Cajanal desde el 1 de enero
de 1983 hasta el 30 de diciembre de 2011. Agregó que los 20 años de servicio público

6 Artículo 4°. Del traslado de afiliados. La Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, en Liquidación,

deberá adelantar todas las acciones necesarias para el traslado de sus afiliados cotizantes, a más tardar dentro del
mes siguiente a la vigencia del presente decreto, a la Administradora del Régimen de Prima Media del Instituto de
Seguro Social - ISS. Igualmente, deberá trasladar a dicha entidad los conocimientos sobre la forma de adelantar el
proceso de sustanciación de los actos administrativos de reconocimiento de pensión de estos afiliados cotizantes,
en la medida en que se trata de servidores públicos, para lo cual, estas entidades fijarán las condiciones en la que
se realizará dicho traslado.
4

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Demandadas: Colpensiones y UGPP

los cumplió el 1 de enero de 2003 y los 55 años de edad el 7 de diciembre de 2009,
por lo tanto, su reconocimiento quedó a cargo de la UGPP7.

2.5. Intervenciones en segunda instancia

13. Conforme al numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de
la Ley 2080 de 20218, no hubo traslado a las partes para alegar porque no fue
necesario el decreto de pruebas.

14. El Ministerio Público rindió concepto y señaló que el reconocimiento y pago de la
pensión de vejez a favor de la demandante, debe ser asumido por Colpensiones, al
materializarse en el caso en estudio la primera regla de competencia establecida por
el Consejo de Estado en la sentencia del 10 de junio de 2021, bajo el radicado número
interno 3619–18, pues, tal y como consta en el Acta 1951 de fechas 29 y 30 de octubre
de 2018, emanada del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la UGPP, la parte
actora fue trasladada al ISS desde el 13 de julio de 2009 y continuaba activa hasta el
1 de septiembre de 2014.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

15. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico y metodología de su resolución

16. De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará el fondo del asunto a partir del
siguiente problema jurídico: ¿la demandante, beneficiaria del régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a que el reconocimiento y pago de su
pensión de vejez sea asumido por Colpensiones o por la UGPP?

17. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala reseñará, en primer lugar, el
régimen jurídico del ISS, hoy Colpensiones. En segundo lugar, se referirá al régimen
jurídico de Cajanal, hoy UGPP. En tercer lugar, describirá las competencias atribuidas
a Colpensiones y a Cajanal, hoy UGPP. En cuarto lugar, establecerá los requisitos que
el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 exigía para otorgar la pensión mensual vitalicia de
vejez. En quinto lugar, aludirá al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993. En sexto lugar, reiterará la jurisprudencia del Consejo de Estado respecto del
contenido y alcance del parágrafo transitorio 4 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de
2005, en torno al desmonte del régimen transicional. En séptimo lugar, se analizará la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018. Por último, estudiará el caso en
concreto.

3.3. Régimen jurídico del ISS, hoy Colpensiones

18. La Ley 100 de 1993 organizó el Sistema de Seguridad Social Integral como un
conjunto de obligaciones del Estado y la sociedad, con instituciones y recursos
destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de
salud y servicios complementarios, y las que se llegaren a incorporar normativamente

7 Índice 2 de Samai, archivo ED_44001234000020230005(.zip) NroActua 2, cuaderno 2, fl 282.
8 Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, Ley

1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante
la jurisdicción.
5

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en el futuro, con el objeto de garantizar los derechos irrenunciables de las personas, a
través de la protección de las contingencias que las puedan afectar, y les permitan
tener una calidad de vida acorde con la dignidad humana, conformado por dos
regímenes solidarios y excluyentes, a saber: i) el régimen de prima media con
prestación definida y, ii) el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

19. Por su parte, el artículo 52 de la Ley 100 de 1993 estableció que el ISS sería el
administrador general del régimen pensional de prima media con prestación definida y
que las cajas, fondos o entidades de previsión públicas o privadas, cumplirían dicha
función únicamente respecto de sus afiliados mientras estas entidades subsistieran.
Por lo cual, estableció:

«Artículo 52. Entidades administradoras. El régimen solidario de prima media con
prestación definida será administrado por el Instituto de Seguros Sociales.

Las cajas, fondos o entidades de seguridad social existentes, del sector público o
privado, administrarán este régimen respecto de sus afiliados y mientras dichas
entidades subsistan, sin perjuicio de que aquellos se acojan a cualesquiera de los
regímenes pensionales previstos en esta Ley.

[…]».

20. El artículo 34 del Decreto 692 de 1994, reiteró la regla anterior, en el cual se indicó
que el régimen de solidaridad de prima media con prestación definida sería
administrado por el ISS, así como por las cajas, fondos o entidades de previsión social
existentes al 31 de marzo de 1994, mientras subsistieran, pero estas últimas solo en
relación con las personas que a dicha fecha fueren sus afiliados, sin que se pudiera,
en consecuencia, recibir nuevos cotizantes a partir de tal fecha, así:

«Artículo 34. Entidades administradoras del régimen de prima media. El régimen
solidario de prima media con prestación definida será administrado por el Instituto de
Seguros Sociales, así como por las cajas, fondos o entidades de previsión social
existentes al 31 de marzo de 1994, mientras subsistan. En todo caso, las entidades
diferentes del ISS, sólo podrán administrar el régimen respecto de las personas que a
31 de marzo de 1994 fueren sus afiliados, no pudiendo en consecuencia recibir nuevos
afiliados a partir de dicha fecha.

Las cajas o entidades que administren pensiones del nivel departamental, municipal o
distrital, podrán continuar afiliando trabajadores de estos niveles territoriales del sector
público, hasta el momento que señale el respectivo alcalde o gobernador, sin que
exceda del 30 de junio de 1995, fecha a partir de la cual, se regirán por lo dispuesto en
el inciso 1° de este artículo».

21. De otro lado, se tiene que el numeral ii) del inciso 2° del literal a) del artículo 6° del
Decreto 813 de 1994, señala que el ISS adquirió la competencia para pensionar a los
afiliados de las cajas y fondos de previsión respecto de las cuales se ordenara su
liquidación, evento en el cual surge el derecho para el afiliado a un bono pensional en
los términos fijados por el Gobierno nacional9.

9 Artículo 6º. Transición de las pensiones de vejez o jubilación de servidores públicos. Tratándose de servidores

públicos afiliados a cajas, fondos o entidades de previsión social, para efectos de la aplicación del régimen de
transición previsto en el artículo primero del presente Decreto, se seguirán las siguientes reglas:
a) Cuando a 1º de abril de 1994 el servidor público hubiese prestado 15 años o más, continuos o discontinuos, de
servicios al Estado, cualquiera sea su edad, o cuenta con 35 años o más de edad si es mujer o 40 años o más de
edad si es hombre, tendrá derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación o vejez a cargo de la caja, fondo
o entidad de previsión a la cual se encuentre afiliado, cuando cumpla con los requisitos establecidos en las
disposiciones del régimen que se le venía aplicando.
Corresponderá al Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento y pago de la pensión de los servidores públicos,
conforme a las disposiciones del régimen que se venía aplicando, en los siguientes casos:
i) Cuando el servidor público se traslade voluntariamente al Instituto de Seguros Sociales.

6

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Demandante: Madalina Manjarres Frías
Demandadas: Colpensiones y UGPP

22. Esta responsabilidad que se le entregó al ISS (reconocer las pensiones de afiliados
a cajas o fondos liquidados) no quedó atada a periodos previos de cotización o al
traslado de aportes, pues fue establecida de manera directa como parte de la
transformación legal del sistema que buscaba un solo administrador del régimen de
prima media y la extinción de otro tipo de fondos públicos que venían con esa labor,
sin perjuicio de la posibilidad del ISS, hoy Colpensiones, de exigir la expedición del
correspondiente bono pensional para financiar el pago de las pensiones que pasaran
a estar a su cargo.

23. En consecuencia, las cajas y fondos de previsión solo quedaron con la competencia
para pensionar a los afiliados que al 1 de abril de 1994 tenían más de 15 años de
servicio al Estado o más de 35 o 40 años de edad, según se tratara de mujeres o de
hombres, respectivamente, siempre y cuando no fueran objeto de liquidación.

24. Por ello, como lo señala el numeral 2 del inciso 2 del literal a) del artículo 6 del
Decreto 813 de 1994, el ISS adquirió la competencia para pensionar a los afiliados de
las cajas y fondos de previsión respecto de las cuales se ordenará su liquidación,
evento en el cual surge el derecho a obtener un bono pensional en los términos en que
se haya fijado por el Gobierno.

25. Por su parte, el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007, estableció, con el fin de
garantizar la actividad de aseguramiento en pensiones, salud y riesgos profesionales
en condiciones de sostenibilidad, eficiencia y economía, que se mantendría una
participación pública en su prestación. Para tal efecto, creó la Empresa Industrial y
Comercial del Estado del orden nacional, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente, vinculada al ministerio de la Protección
Social, Colpensiones, con el objeto de la administración estatal del régimen de prima
media con prestación definida con el manejo de los beneficios económicos periódicos
de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005.

26. Para lo anterior, el Gobierno, en ejercicio de sus facultades constitucionales, debía
realizar todas las acciones tendientes al cumplimiento de dicho propósito, en ese orden
procedió a la liquidación de Cajanal EICE, Caprecom y del ISS, en lo que a la
administración de pensiones se refiere y resaltó que en ningún caso se podría delegar
el reconocimiento de las pensiones.

27. Ahora bien, mediante Decreto 2013 del 28 de septiembre de 2012, se ordenó la
supresión del ISS y su liquidación, por lo tanto, la administración del régimen pensional
de prima media con prestación definida que le había sido asignada en la Ley 100 de
1993, le fue atribuida a Colpensiones, que inició su operación a partir del 28 de
septiembre de 2012.

28. Luego, el Gobierno nacional mediante el Decreto 2011 de 2012, reglamentó la
entrada en operación de Colpensiones, de la siguiente manera:

«Artículo 1°. Inicio de Operaciones. A partir de la fecha de publicación del presente
decreto, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones inicia
operaciones como administradora del Régimen de Prima Media con Prestación
Definida.

ii) Cuando se ordene la liquidación de la caja, fondo o entidad a la cual se encontraba afiliado el servidor público, y
iii) Cuando los servidores públicos beneficiarios del régimen de transición no se encontraban afiliados a ninguna
caja, fondo o entidad de previsión del sector público con anterioridad al 1º de abril de 1994, seleccionen el régimen
de prima media con prestación definida;
b) Los servidores públicos que se vinculen al Instituto de Seguros Sociales voluntariamente o por liquidación de la
caja, fondo o entidad de previsión a la cual se encontraba afiliado, tendrán derecho al reconocimiento de bono
pensional, calculado en la forma como lo determine el Gobierno Nacional.
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Artículo 2°. Continuidad en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida de los
Afiliados y Pensionados en Colpensiones. Los afiliados y pensionados del Régimen de
Prima Media con Prestación Definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales
(ISS), mantendrán su condición en la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, así como los derechos y obligaciones que tienen en el mismo régimen,
sin que ello implique una selección o traslado de régimen del Sistema General de
Pensiones».

29. En su artículo 3, se le otorgaron las siguientes competencias:

«Artículo 3. Operaciones de la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones como
administrador del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, deberá: 1.
Resolver las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales, incluyendo
aquellas que habiendo sido presentadas ante el Instituto de Seguros Sociales (ISS), o
la Caja de Previsión Social de Comunicaciones – Caprecom, no se hubieren resuelto a
la entrada en vigencia del presente decreto, con excepción de lo dispuesto en el artículo
5° del mismo.»

30. En reiteradas oportunidades la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado10 ha señalado que la disposición del artículo anteriormente citado constituye la
regla general de competencia para el reconocimiento de las pensiones del régimen de
prima media con prestación definida que fueron competencia del ISS, en respuesta al
objeto para el cual fue creada Colpensiones.

3.4. Régimen jurídico de Cajanal hoy UGPP

31. Por otro lado, el artículo 18 de la Ley 6 de 1945 estableció la organización de la
Caja de Previsión Social de los Empleados y Obreros Nacionales, la cual tenía como
objeto el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a que hace referencia su
artículo 17. La organización de esta entidad se hizo antes del 1 de julio de 1945, dicha
caja tenía personería jurídica autónoma, y cuya administración correspondió a una
junta directiva integrada por representantes del Gobierno y de los empleados y
obreros.

32. De cara a lo anterior, a través de la Ley 490 de 1998 Cajanal, como establecimiento
público del orden nacional fue transformada en una empresa industrial y comercial del
Estado con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente,
vinculada al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, cuya operación fue en el campo
de la salud como entidad promotora y también para desarrollar y administrar otras
prestaciones económicas y de salud, así como servicios complementarios en los
términos de la Ley 100 de 1993.

33. Ahora bien, Cajanal entre otras funciones tenía a su cargo el trámite y
reconocimiento de pensiones, así como el recaudo de las cotizaciones en los términos
establecidos por la ley, las cuales eran giradas mensualmente al Fondo de Pensiones
Públicas del Nivel Nacional, entidad que se encargó del pago de las respectivas
pensiones.

34. No obstante, a través de la Ley 1151 de 2007 se dispuso su liquidación y mediante
el Decreto 2196 de 200911 su supresión, el cual en su artículo 3 dejó a cargo de Cajanal
en Liquidación el trámite y reconocimiento de las pensiones de los afiliados que

10 Conflicto con radicación No. 110010306000020170004700 del 11 de julio de 2017.
11
«Por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL EICE, se ordena su liquidación y se
designa liquidador.»
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tuvieran cumplidos los requisitos en la fecha en que se hiciera efectivo el traslado al
ISS, es así como dicha norma señaló:

«Artículo. 3. Prohibición para iniciar nuevas actividades. Como efecto de la
liquidación aquí ordenada, la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE en
Liquidación, no podrá iniciar nuevas actividades en desarrollo de su objeto social, por
lo tanto, conservará su capacidad jurídica únicamente para realizar los actos,
operaciones y contratos necesarios en orden a efectuar su pronta liquidación.

En todo caso, la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE en Liquidación
adelantará, prioritariamente, las acciones que permitan garantizar el trámite y
reconocimiento de obligaciones pensionales y demás actividades afines con dichos
trámites, respecto de aquellos afiliados que hubieren cumplido con los requisitos de
edad y tiempo de servicio para obtener la pensión de jubilación o de vejez a la fecha
en que se haga efectivo el traslado a que se refiere el artículo 4° del presente Decreto,
de acuerdo con las normas que rigen la materia. Igualmente CAJANAL EICE en
Liquidación continuará con la administración de la nómina de pensionados, hasta
cuando estas funciones sean asumidas por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP,
creada por la Ley 1151 de 2007.

Para tales efectos atenderá las solicitudes y peticiones que se le presenten y celebrará
los contratos de administración u operación que sean necesarios».

35. Por su parte, en su artículo 4 dispuso el traslado de los afiliados de Cajanal EICE
en liquidación al ISS dentro del mes siguiente a su entrada en vigencia 12, este
estableció:

«Artículo 4. Del traslado de afiliados. La Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL
EICE en liquidación, deberá adelantar todas las acciones necesarias para el traslado
de sus afiliados cotizantes, a más tardar dentro del mes siguiente a la vigencia del
presente Decreto, a la Administradora del Régimen de Prima Media del Instituto de
Seguro Social – ISS. Igualmente, deberá trasladar a dicha entidad los conocimientos
sobre la forma de adelantar el proceso de sustanciación de los actos administrativos
de reconocimiento de pensión de estos afiliados cotizantes, en la medida en que se
trata de servidores públicos, para lo cual, estas entidades fijaran las condiciones en la
que se realizará dicho traslado».

36. Es preciso advertir que, de acuerdo con las normas transcritas, Cajanal en
Liquidación quedó a cargo del reconocimiento de las pensiones de sus afiliados que,
para la fecha en que se hiciera efectivo su traslado al ISS, tuvieran el estatus de
pensionados.

37. Igualmente, Cajanal también tenía a cargo los servidores públicos destinatarios del
régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que
estuvieran en las hipótesis reglamentadas en los decretos 813 de 199413 y 2527 de
200014.

38. Por otro lado, la UGPP fue creada por la Ley 1151 de 2007, adscrita al ministerio de
Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio independiente. Esta tendría entre otras, como funciones de acuerdo con las
establecidas en el Decreto 575 de 2013, las siguientes:

12 De acuerdo con su artículo 28, el Decreto 2196 de 2009 entró a regir en la fecha de su publicación, que fue hecha

en el Diario Oficial No. 47.378 del 12 de junio de 2009; de modo que esta fecha determina el plazo para el traslado
efectivo de los afiliados de CAJANAL al ISS.
13
«Por el cual se reglamenta el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.»
14 «Por medio del cual se reglamentan los artículos 36 y 52 de la Ley 100 de 1993, parcialmente el artículo17 de

la Ley 549 de 1999 y se dictan otras disposiciones.»
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«1. Efectuar el reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas
a cargo de las administradoras exclusivas de servidores públicos del Régimen de Prima
Media con Prestación Definida del orden nacional, causados hasta su cesación de
actividades como administradoras.

2. Efectuar el reconocimiento de los derechos pensionales de los servidores públicos
que hayan cumplido el tiempo de servicio requerido por la ley para acceder a su
reconocimiento y se hubieren retirado o desafiliado del Régimen de Prima Media con
Prestación Definida sin cumplir el requisito de edad señalado, con anterioridad a la
cesación de actividades de la administradora a la que estuviese afiliado.

3. Administrar los derechos y prestaciones que reconocieron las administradoras
exclusivas de servidores públicos del Régimen de Prima Media con Prestación Definida
del orden nacional y los que reconozca la Unidad.

4. Efectuar el reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas
a cargo de las entidades públicas del orden nacional que se encuentren en proceso de
liquidación, se ordene su liquidación o se defina el cese de esa actividad por quien la
esté desarrollando, en los términos y condiciones que se determinen en el decreto que
disponga la liquidación.

5. Administrar los derechos y prestaciones que hayan reconocido las entidades
públicas del orden nacional que se encuentren en proceso de liquidación, se ordene su
liquidación o se defina el cese de esa actividad por quien la esté desarrollando y los
que reconozca la Unidad en virtud del numeral anterior, en los términos y condiciones
que se determinen en el decreto que disponga la liquidación.

[…]».

39. A través del Decreto 4269 del 8 de noviembre 2011, se distribuyeron las
competencias entre CAJANAL y la UGPP, para reconocimientos pensionales
radicados a partir de dicha fecha de la siguiente manera:

«Artículo 1°. Distribución de competencias. La ejecución de los procesos misionales
de carácter pensional y demás actividades afines que se indican a continuación, será
ejercida por la Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal EICE en Liquidación y la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP, en los siguientes términos:

1. Atención de solicitudes relacionadas con el reconocimiento de derechos
pensionales y prestaciones económicas.

Estarán a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, las solicitudes de
reconocimientos de derechos pensionales y prestaciones económicas, radicadas a
partir del 8 de noviembre de 2011.

A cargo de la Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal EICE en Liquidación estarán
las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones económicas,
radicadas con anterioridad al 8 de noviembre de 2011.

2. Atención del proceso de administración de la nómina de pensionados.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP será la entidad responsable de la administración de la
nómina a partir del mes de diciembre de 2011, incluido el reporte de las novedades que
se generen al Administrador Fiduciario del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel
Nacional -FOPEP- Para efectos de la incorporación de las novedades de nómina
originadas en la atención de las solicitudes que están a cargo de Cajanal EICE en
Liquidación, esta entidad deberá hacer entrega a la Unidad Administrativa Especial de

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Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –- UGPP de
la información completa y necesaria para que se pueda efectuar dicha inclusión.

3. Proceso de Atención al Pensionado, Usuarios y Peticionarios

A partir del 8 de noviembre de 2011, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, asumirá
integralmente el proceso de atención a los pensionados, usuarios y peticionarios, así
como la radicación de los documentos, independientemente de que los servicios
requeridos se deriven de solicitudes que deban ser tramitadas por Cajanal EICE en
Liquidación, de acuerdo con la distribución de competencias establecidas en el numeral
1 del presente artículo.

Parágrafo. En aquellos casos en que en la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP se presente
una solicitud prestacional que deba ser resuelta en forma integral con una solicitud de
una prestación diferente que esté pendiente de resolver y que sea competencia de
Cajanal EICE en Liquidación, de acuerdo con lo definido en el numeral 1 del presente,
artículo, la UGPP será la entidad competente para resolver ambas solicitudes».

40. Es de señalarse, que el artículo 129 de la Ley 100 de 1993 prohibió la creación de
nuevas cajas, fondos o entidades de previsión o de seguridad social del sector público,
de cualquier orden sea nacional o territorial, diferentes a aquellas que, de conformidad
con lo previsto en la mencionada ley, se constituyan como entidades promotoras o
prestadoras de servicios de salud.

3.5. Competencias atribuidas a Colpensiones y a Cajanal, hoy UGPP

41. Con base en la anterior normativa, se puede establecer que de conformidad con las
reglas establecidas por los artículos 6 del Decreto 813 de 1994, 1 del Decreto 2527 de
2000 y 3 y 4 del Decreto 2196 de 2009, normas interpretadas por el Consejo de Estado
en sentencia del 10 de junio de 202115, bajo el radicado número interno 3619-18, las
competencias de la UGPP son las siguientes:

42. La UGPP es competente para decidir sobre una solicitud pensional, en los
siguientes eventos:

«i) Cuando el afiliado cumplió el estatus jurídico de pensionado antes del 1º de julio de
2009, fecha en que se efectuó el traslado de que trata el artículo 4º del decreto 2196
de 2009 (se entiende que debía estar afiliado a CAJANAL al momento de adquirir el
estatus).

ii) Cuando el afiliado cumplió los 20 años de servicio cotizados a CAJANAL sin tener la
edad, antes del 1º de julio de 2009 y si se retiró de esta a la espera de la edad y sin
haberse afiliado al ISS o al régimen de ahorro individual.

iii) Cuando el afiliado cotizante cumplió los 20 años de servicios con CAJANAL al 1º de
abril de 1994, pero no tenía para esa fecha el requisito de edad y este último lo reunió
antes del 1º de julio de 2009, sin importar que se haya afiliado al ISS, en cualquier
momento.

iv) Cuando el afiliado cumplió en su totalidad con el estatus jurídico de pensionado,
antes del 1º de abril de 1994 en Cajanal, así se haya trasladado con posterioridad al
ISS».

15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso–Administrativo. Sección segunda, subsección "B". Sentencia del 10

de junio de 2021. C.P. César Palomino Cortés. Radicado 66001-23-33- 000-2016-00954-01(3619-18).

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43. Basándose en la misma normativa, indicó que Colpensiones es competente para
resolver la solicitud de reconocimiento pensional, cuando:

«i) El afiliado completó 20 años de servicios cotizados con CAJANAL, pero cumplió el
requisito de la edad con posterioridad al 30 de junio de 2009 cotizando al ISS.
[Resaltado de la Sala]

ii) El afiliado reunió el tiempo de servicios con CAJANAL, pero no tenía la edad estando
afiliado a dicha entidad, y se trasladó al ISS antes del 30 de junio de 2009, es decir,
previo del traslado masivo al ISS producto de la liquidación de CAJANAL.

iii) El afiliado cumplió con 20 años de servicios cotizados a CAJANAL, pero a la entrada
en vigencia del sistema general de pensiones (1º de abril de 1994) no tenía la edad, y
cumplió la edad y adquirió el estatus jurídico de pensionado después del 30 de junio
de 2009.

iv) El afiliado cumplió 20 años de servicios cotizados a CAJANAL, sin cumplir el
requisito de edad antes del 1 de abril de 1994, y se retiró de esta antes del 1 de julio
de 2009, por traslado voluntario al ISS, cumpliendo la edad estando afiliado a este
instituto, es decir, luego del 30 de junio de 2009.

v) Cuando el servidor público, en cualquier momento, se trasladó voluntariamente al
ISS y cumplió el estatus jurídico de pensionado cotizando con dicha entidad.»

3.6. Requisitos de la pensión mensual vitalicia de jubilación de la Ley 33 de 1985

44. La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los «empleados oficiales», es
decir, el de los empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, estableció:

«Artículo 1. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la
respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio.
No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.
[…]».

45. Así las cosas, quienes en esa condición acumularan 20 años de servicios y contaran
con 55 años de edad podrían acceder a la pensión de jubilación equivalente al 75%
del salario promedio percibido en el último año de servicios. En relación con la base
de liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado por el artículo 1° de la Ley 62
de 1985) dispuso que estaría constituida por los siguientes factores: «asignación
básica; gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios
prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de
descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso «las pensiones de los empleados
oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los factores que hayan
servido de base para calcular los aportes».

3.7. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993

46. El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 regula el referido régimen de transición con el
fin de modular el tránsito legislativo y su incidencia frente a la expectativa de obtener
la pensión de vejez, en los siguientes términos:

«Artículo 36. Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez,
continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los
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hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es
decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento
de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son
mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años
de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren
afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder
a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso
anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado
durante todo el tiempo si este fuere Superior, actualizado anualmente con base en la
variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el Dane.

Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en
vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o
cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas
personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad,
caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.

Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro
individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.

Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido los requisitos
para acceder a la pensión de jubilación o de vejez, conforme a normas favorables
anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho,
en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión
en las condiciones de favorabilidad vigentes, al momento en que cumplieron tales
requisitos.

Parágrafo. Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso
primero (1º) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas
cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros
Sociales, a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o
privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de
semanas cotizadas o tiempo de servicio».

47. Como puede apreciarse, el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 protege las expectativas legítimas que tenían los trabajadores afiliados al
régimen de prima media con prestación definida a la fecha de su entrada en vigencia,
el 1 de abril de 1994 para el nivel nacional, y que estuvieran próximos a pensionarse.
Este grupo está conformado por «los servidores del Estado (empleados y funcionarios
públicos, así como trabajadores oficiales) de ambos sexos, que a la fecha de entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaran con 35 años de edad o más si son
mujeres, o con 40 si son hombres, o 15 años o más de servicios cotizados»16. Es decir,
basta con reunir cualquiera de los anteriores requisitos para tener el derecho adquirido
al régimen de transición.

3.8. Contenido y alcance del Acto Legislativo 01 de 2005. Reiteración de
jurisprudencia

48. En virtud de la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 01 de 200517
al artículo 48 Superior, la aplicación del régimen de transición no es indefinida.

16 Sentencia C-168 de 1995 de la Corte Constitucional, MP: Carlos Gaviria Díaz.
17 Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política.

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49. En efecto, a través del parágrafo transitorio 4 del artículo 1 de dicho acto legislativo,
el Congreso de la República fijó un límite temporal, en el sentido de señalar que, «el
régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que
desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de
2010; excepto para los trabajadores beneficiarios de dicho régimen, además, tengan
cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada
en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen
hasta el año 2014. Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas
por este régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás
normas que desarrollen dicho régimen».

50. De esta manera, el Acto Legislativo 01 de 2005 señala que la vigencia de los
regímenes pensionales especiales y de los exceptuados, así como cualquier otro distinto
al régimen especial contenido en la Ley 100 de 1993, expiraría el 31 de julio de
2010, excepto para los trabajadores beneficiarios de dicho régimen, además, tuvieran
cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada
en vigencia del referido acto legislativo, a los cuales se les mantendría dicho régimen
hasta el año 2014, esto es, que ya no habría posibilidad de acceder a él, y por ende
las pensiones serían reconocidas conforme con los requisitos del régimen general de
pensiones establecido en la Ley 100 de 1993.

51. En ese sentido, la jurisprudencia de esta Sección de manera uniforme y reiterada 18
ha determinado, que una persona puede acceder a su derecho prestacional bajo el
régimen de transición al cual se encontraba afiliado, si logra demostrar los siguientes
supuestos fácticos: (i) que al 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, en el nivel nacional y al 30 de junio de 1995, en el nivel territorial,
tenía 35 o más años siendo mujer, 40 o más años siendo hombre, (ii) que
independientemente de la edad haya laborado o realizado cotizaciones por más de 15
años, (iii) que al momento de proferirse el Acto Legislativo 01 de 2005, contaba al
menos con las 750 semanas, ello con el fin de que el régimen de transición se le
prolongara hasta el año 201419 y (iv) que al 31 de diciembre de 2014, fecha de
finalización del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, había consolidado su
estatus pensional con la edad y el tiempo de servicio exigido en el respectivo régimen
especial.

3.9. La sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, proferida por la Sala
Plena del Consejo de Estado

52. La Sala Plena del Consejo de Estado, en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 201820, fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para los beneficiarios de la Ley 33 de
1985:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo
que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen
general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.»

53. A juicio de la Sala Plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia de todos los
regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y
otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de estos para sus afiliados

18 Sobre el particular, se pueden consultar, entre otras, las siguientes sentencias de las subsecciones A y B de la

Sección Segunda del Consejo de Estado: (i) fallo del 4 de febrero del 2021, exp. 2015-00445-01/2448-2018, (ii)
fallo del 13 de mayo de 2021, exp. 2016-00596-01/6482-2019, (iii) fallo del 11 de noviembre de 2021, exp. 2014-
00140-01/2741-2017, y (iv) fallo del 13 de abril de 2023, exp. 2017-01340-01/1024-2021.
19 Sobre el particular se pueden consultar sentencias C-258 de 2013 y SU-210 de 2017 de la Corte Constitucional.
20 NI 4403-2013.

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Demandante: Madalina Manjarres Frías
Demandadas: Colpensiones y UGPP

y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional «[t]ales elementos son la edad,
el tiempo de servicios y el monto de la pensión»:

«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100
de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que
cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos
que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de
solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura
del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de
transición abarcaría varias décadas.

[…] 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir
su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la
tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36,
inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del
ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior
a dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad
por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este
grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para
el Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables […].»

54. En tal virtud, la corporación estableció dos subreglas: la primera se refiere al periodo
para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho de
acuerdo con las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo):

«[…]

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

[…]».

55. La segunda subregla es «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones». Esta subregla se sustentó en los siguientes argumentos:

«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de
1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden
incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el
artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el
tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado
las cotizaciones […]».

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Demandante: Madalina Manjarres Frías
Demandadas: Colpensiones y UGPP

56. De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el IBL para quienes
son beneficiarios de la transición es el previsto en el inciso 3 del artículo 36 o el del
artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas personas se pensionan
con los requisitos de «edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de
pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

57. Así las cosas, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como instrumento de
garantía de expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a pensionarse
al momento de su entrada en vigencia, solo protegió de la norma anterior los requisitos
de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y tasa de retorno; pues, el IBL en
sus componentes periodo y factores, son definidos a partir de las disposiciones de
aquella normativa y sus reglamentos.

58. Las reglas señaladas en esta decisión se constituyen en un precedente vinculante
y obligatorio21 en la resolución de «todos los casos pendientes de solución tanto en vía
administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en
los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica,
resultan inmodificables» tal y como se dispuso en la decisión.

3.10. Caso concreto

59. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala establece que la demandante
es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, pues para la entrada en vigor de la citada ley, 30 de junio de 1995, tenía 39
años, 3 meses y 24 días de edad, porque como se expuso en el acápite de los hechos,
nació el 7 de diciembre de 1954.

60. Sobre el particular la Sala anota, que como el parágrafo 4 del Acto Legislativo 01 de
2005 ordenó la finalización definitiva de la transición pensional del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, a partir del 31 de diciembre de 2014, entonces, las personas interesadas
en acceder a una pensión bajo el régimen de transición, deben demostrar que
consolidaron su estatus pensional, esto es: la edad y el tiempo de servicio exigido en
el respectivo régimen especial, antes la extinción del régimen de transición.

61. Asimismo, de conformidad con la certificación laboral expedida por la ESE Nuestra
Señora del Pilar de Barrancas, la Sala encuentra acreditado que la accionante laboró
de manera ininterrumpida del 1 de enero de 1983 al 16 de septiembre de 2015, es
decir, por más de 32 años, y que su última vinculación fue como auxiliar del área de la
salud22.

62. Como quedó visto, el a quo accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
y ordenó a Colpensiones reconocer la pensión de vejez de la demandante conforme a
la Ley 33 de 1985, esto es, con el 75% del ingreso base de liquidación IBL – constituido
por el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales hubiere cotizado durante los
diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión y a pagar las mesadas
pensionales causadas desde el 22 de marzo de 2010 por prescripción.

21 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del artículo 102 de la

Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de Estado, precisó: «(…) sólo a la
jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto órganos de cierre de las jurisdicciones -
constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y
en virtud de ella, las autoridades judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos
fáctica y jurídicamente iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no
conduce a la negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en el
ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las
autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el precedente judicial emanado de las cortes
jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de determinadas condiciones (…)».
22 Índice 2 de Samai, archivo ED_44001234000020230005(.zip) NroActua 2, cuaderno 1, fl 25.

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Demandadas: Colpensiones y UGPP

63. Por su parte, Colpensiones mencionó en el recurso de apelación, que no es la
entidad competente para reconocer y pagar la pensión de la accionante, toda vez que,
para el 1 de abril de 1994, fecha de la entrada en vigor del Sistema General de
Pensiones, tenía el tiempo de servicio requerido por el régimen de transición de la Ley
100 de 1993 y era afiliada de Cajanal (hoy UGPP), pero no había causado su derecho
a la pensión. Además, precisó que, para junio de 2009, cuando se suprimió Cajanal
EICE y entró en liquidación, la parte actora estaba afiliada a esa caja y aunque contaba
con una afiliación al ISS desde el 22 de junio de 2011, lo cierto era que había reunido
los requisitos para adquirir el derecho pensional antes de la referida vinculación. En
síntesis, explicó que adquirió el derecho con la Ley 33 de 1985, por haber realizado
cotizaciones a Cajanal desde el 1 de enero de 1983 hasta el 30 de diciembre de 2011,
lo que demuestra que cumplió los 20 años de servicio público el 1 de enero de 2003 y
los 55 años de edad el 7 de diciembre de 2009, por lo tanto, consideró que su
reconocimiento quedó a cargo de la UGPP.

64. En este orden, el caso concreto está encaminado a determinar, si la demandante,
beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tiene
derecho a que el reconocimiento y pago de la pensión de vejez sea asumido por
Colpensiones o por la UGPP.

65. Para resolver el punto, la Sala encuentra acreditado lo siguiente:

66. Lademandante nació el 7 de diciembre de 1954, de acuerdo a los datos
consignados en su cédula de ciudadanía23.

67. Según el «FORMATO No. 1 CERTIFICADO DE INFORMACIÓN LABORAL»24
expedido el 15 de septiembre de 2016 por la ESE Nuestra Señora del Pilar de
Barrancas, laboró y realizó aportes para pensión en los siguientes periodos:

Periodos de aportes Caja
Desde Hasta
1 de enero de 1983 12 de julio de 2009 Cajanal
13 de julio de 2009 28 de septiembre de 2012 Seguro social
29 de septiembre de 2012 Activo la fecha del Colpensiones
certificado

68. De lo anterior se infiere que la demandante prestó sus servicios en el hospital
municipal y en la ESE Nuestra Señora del Pilar de Barrancas, de manera
ininterrumpida desde el 1 de enero de 1983 hasta el 15 de septiembre de 2016 (fecha
de expedición del certificado), esto es, por espacio de 33 años, periodo en el que cotizó
a Cajanal (01-01-1983 a 12-07-2009) y, al ISS y a Colpensiones (13-07-2009 a 15-09-
2016).

69. Ahora bien, es del caso señalar que la determinación de la fecha en la que se causó
la pensión de la accionante, así como también de la entidad a la cual cotizaba en aquel
momento, es importante para resolver el problema jurídico planteado; pues, de esta
manera, se podrá establecer cuál de las dos entidades administradoras de pensiones
tiene la competencia para reconocer el derecho reclamado.

70. Conforme a lo dispuesto en el Decreto 2196 de 2009, en virtud de la liquidación de
CAJANAL y la orden de traslado masivo de sus afiliados al ISS, la UGPP es
competente para atender las solicitudes de reconocimiento pensional de las personas
que hubieran cumplido los requisitos para pensionarse antes del 1 de julio de 2009,

23 Copia de la cédula de ciudadanía visible en el índice 2 de Samai, archivo ED_44001234000020230005(.zip)

NroActua 2, cuaderno 1, fl 46.
24 Índice 2 de Samai, archivo ED_44001234000020230005(.zip) NroActua 2, cuaderno 1, fl 266.

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mientras que el ISS, hoy Colpensiones tiene a su cargo la resolución de las solicitudes
de quienes adquieran el estatus de pensionado con posterioridad a esa fecha.

71. Acorde a lo anterior y a lo acreditado en el proceso, resulta claro que la demandante
adquirió el estatus pensional el 7 de diciembre de 2009 al cumplir 55 años de edad,
debido a que el tiempo de servicio ya lo había consolidado con antelación, y para esa
fecha estaba afiliada al ISS, por lo tanto, el reconocimiento y pago de la pensión le
corresponde a Colpensiones, como acertadamente lo dispuso el a quo.

72. Eneste orden, es evidente que, para el 31 de diciembre de 2014, fecha de
culminación de la transición pensional, ya había consolidado el estatus pensional, esto
es, edad y tiempo de servicio, exigido en el respectivo régimen especial de la Ley 33
de 1985.

73. Por otro lado, la Sala considera que el conflicto de competencias negativo entre la
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y la Unidad Administrativa
de Gestión Pensional y Parafiscal, UGPP, no puede significar para la señora Manjarres
Frías una carga administrativa susceptible de limitarle la posibilidad de acceder a su
derecho pensional y de afectar su mínimo vital; principalmente porque el cumplimiento
de los requisitos legales para acceder a la pensión de vejez no ha sido puesto en tela
de juicio en este proceso.

74. Finalmente, para la Sala es de suma importancia señalar que Colpensiones y la
UGPP cuentan con una herramienta valiosa, idónea y ágil, para solucionar en sede
gubernativa, con apego a la ley y a la reglas que ha fijado la jurisprudencia de las altas
cortes, las diferencias relacionadas con los conflictos de competencias que surjan a la
hora de reconocer los derechos prestacionales derivados del Régimen de Prima
Media; herramienta que está constituida por la mencionada «Comisión Intersectorial
del Régimen de Prima Media con Prestación Definida del Sistema General de
Pensiones», la cual pueden convocar incluso de manera extraordinaria, instancia
intergubernamental en la que se pueden debatir y formular las estrategias a
implementar para desarrollar los mecanismos interadministrativos a que haya lugar
para solucionar este tipo de baches administrativos sin perjudicar a los pensionados,
sobre todo en los eventos en los que la titularidad del derecho no está en discusión25.

75. Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia apelada que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, al considerar que Colpensiones es la competente
para reconocer y pagar la pensión de la parte actora.

3.11. Conclusión

76. Con fundamento en lo expuesto, la respuesta al problema jurídico planteado es que
la competente para reconocer y pagar la pensión de vejez de la demandante es
Colpensiones, toda vez que, adquirió el estatus pensional con posterioridad al 1 de
julio de 2009, concretamente, el 7 de diciembre de 2009.

77. Por lo tanto, en la parte resolutiva de esta providencia se confirmará la sentencia de
primera instancia, y, en consecuencia, los actos administrativos demandados respecto
a Colpensiones, pierden su presunción de legalidad.

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 7

de febrero de 2019, Radicado: 05001-23-33-000-2018-00976-01(5418-18). MP Sandra Lisseth Ibarra Vélez.
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3.12. Costas

78. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 26 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
oportunidad no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte
demandante, y en esta instancia recurrente, haya incurrido en las anteriores
conductas.

3.13. Reconocimiento de personería

79. Finalmente, observa la Sala que Colpensiones le otorgó poder a la abogada Yeliseth
Carreño Quintero, para que actúe en su nombre y representación en la presente causa,
razón por la cual, en la parte resolutiva de este proveído será reconocida como tal, en
los términos del poder conferido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia proferida el 30 de agosto de
2023 por el Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Madalina Manjarres
Frías.

Segundo: No condenar en costas.

Tercero: Reconocer personería para actuar como apoderada de Colpensiones, a la
abogada Yeliseth Carreño Quintero, conforme al poder que obra en el índice 15 del
aplicativo Samai.

Cuarto: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo Samai.

26La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso-administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Radicación: 44001-23-40-000-2023-00059-01(7328-2023)
Demandante: Madalina Manjarres Frías
Demandadas: Colpensiones y UGPP

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente con permiso

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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