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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 44001-23-40-000-2024-00037-01

Fecha
6 de marzo de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 44001-23-40-000-2024-00037-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Revocar la sentencia del 6 de febrero de 2024 de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de la Guajira, que rechazó por improcedente la acción de tutela por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, por los motivos señalados en la parte considerativa de este fallo. Segundo: Negar el amparo invocado por la señora Pilar Antonia Ojeda de Díaz, conforme a la parte considerativa de esta providencia. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 9 Radicado: 44001-23-40-000-2024-00037-01

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 44001-23-40-000-2024-00037-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

6 de marzo de 2024

Radicado: 44001-23-40-000-2024-00037-01

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, seis (6) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 44001-23-40-000-2024-00037-01
Accionante: Pilar Antonia Ojeda de Díaz
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo Mixto del Circuito de
Riohacha

Temas: Acción de tutela en contra de providencia judicial que rechazó
de plano acción de cumplimiento, por no satisfacer requisito de
procedibilidad de constituir renuencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la señora Pilar Antonia Ojeda de
Díaz, en contra de la sentencia del 6 de febrero de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de la Guajira.

ANTECEDENTES

La señora Pilar Antonia Ojeda de Díaz, en nombre propio, instauró acción de
tutela, en aras de que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la salud y el acceso a la administración de justicia, los cuales considera
vulnerados por el Juzgado Segundo Administrativo Mixto del Circuito de
Riohacha, con ocasión de la providencia de 24 de enero de 2024 dentro de la
acción de cumplimiento con radicado 44001-33-40-002-2024-00017-00.

HECHOS

Manifestó la señora Pilar que elevó solicitud de reconocimiento de la pensión de
sobreviviente, por la muerte violenta de su hijo Víctor Manuel Díaz Ojeda, ante la

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Alcaldía municipal de Maicao; la cual no se pronunció al respecto, por lo tanto,
presentó acción de cumplimiento; le correspondió por reparto al Juzgado
Segundo Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha con radicado 44001-33-
40-002-2024-00017-00, quien el 24 de enero de 2024 la rechazó, por no
satisfacer el requisito de procedibilidad de constituir la renuencia.

La accionante considera que el Juzgado incurrió en los defectos procedimental
absoluto, fáctico y material o sustantivo, dado que la autoridad judicial no se ciñó
al inciso 2.° del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997 y no valoró de manera integral
el material probatorio, a través del cual se demostró la renuencia de la Alcaldía
de Maicao de atender la petición antes aludida.

PRETENSIONES

Solicita que se amparen sus derechos invocados, que se califique la vía de hecho
en la que incurrió el Juzgado Segundo Administrativo Mixto del Circuito de
Riohacha, por exigir actuaciones más allá de las requeridas por el inciso 2.° del
artículo 8.° de la Ley 393 de 1997 y, en consecuencia, se declare la nulidad de
todo lo actuado en el trámite de la acción de cumplimiento.

ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO

El 30 de enero de 2024 la magistrada ponente de primera instancia admitió la
acción de tutela de la referencia, ordenó notificar a la accionada y vinculó a la
Alcaldía de Maicao de la Guajira.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Juzgado Segundo Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha presentó
informe donde solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, teniendo
en cuenta que la decisión proferida el 24 de enero de 2024 obedeció a la correcta
interpretación de la Ley 393 de 1997, por lo cual, no se advierte violación alguna
de los derechos alegados por la accionante.

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POSICIÓN DEL VINCULADO

La Alcaldía de Maicao de la Guajira fue notificada de la acción de tutela; sin
embargo, guardó silencio.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 6 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de la Guajira rechazó por
improcedente la acción de tutela, al considerar que no se cumple con el requisito
de subsidiariedad, pues la accionante no agotó todos los medios de ley para
controvertir la decisión del 24 de enero del mismo año, que rechazó de plano la
acción de cumplimiento, como lo eran los recursos de reposición y apelación,
tal y como lo contemplan los artículos 61 y 62 de la Ley 2080 de 2021.

IMPUGNACIÓN

La señora Pilar Antonia Ojeda de Díaz, en nombre propio, impugnó la sentencia
del 6 de febrero de 2024, al considerar que no le asiste razón al juez
constitucional de primera instancia cuando señaló que no se agotaron los
medios de defensa procedentes, para lo cual trajo a colación el artículo 16 de la
Ley 393 de 1997, que contempla que las providencias que se dicten en el trámite
de la acción de cumplimiento carecen de recursos, excepto, cuando se trata del
fallo o del auto que niega decreto de pruebas y, la sentencia del 7 de abril de
2016 del Consejo de Estado1, de las cuales se desprende que contra el auto
que rechaza de plano la acción de cumplimiento no procede recurso.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

A la Sala le corresponde en segunda instancia analizar sí la decisión del a quo
se ajusta a derecho, para lo cual abordará la siguiente temática: I) procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II) el caso concreto.

1 La Sala de lo Contencioso Administrativo, de la Sección Quinta, con consejera ponente: Roció Araujo

Oñate, de fecha siete (7) de abril de dos mil dieciséis (2016) y radicación número: 25000-23-41-000-2015-
02429-01(ACU)

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I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos
generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la
Sentencia C590/053. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la
Sentencia SU034/18, estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a
la esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar
a la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen
de lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que
no se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial,

2 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
3 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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la Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten
providencias judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura
algún defecto que habilite el amparo constitucional.

II. Caso concreto

A la Sala le corresponde examinar si en el presente asunto es procedente
revocar la sentencia de tutela de primera instancia dictada por el Tribunal
Administrativo de la Guajira.

En la sentencia objeto de impugnación, el Tribunal rechazó por improcedente la
acción de tutela, al considerar no cumplido el requisito de subsidiariedad, toda

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vez que, la accionante no interpuso recurso de reposición o de apelación en
contra del auto que rechazó de plano la acción de cumplimiento.

Contrario a lo expuesto por el juez constitucional de primera instancia, esta
Subsección considera que la acción de tutela sí satisface el requisito, en la
medida en que, la accionante no contaba con otro medio de defensa judicial, ya
que de conformidad con el artículo 16 de la Ley 393 de 1997 4no procede recurso
alguno en contra del auto que rechaza de plano la acción de cumplimiento,
disposición que fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la
sentencia C 319 de 2013.

Aclarado lo anterior, se tienen por cumplidos los requisitos de procedibilidad,
pues a) la relevancia constitucional está dada por los derechos fundamentales
invocados como vulnerados por la providencia cuestionada; b) la accionante no
cuenta con otro medio de defensa para discutir lo aquí expuesto; c) se cumple
con el requisito de inmediatez, pues la acción se presentó dentro de los seis
meses siguientes a la notificación de la providencia; d) no se invoca una
irregularidad procesal y e) la tutela no se dirige contra un fallo de tutela.

Pues bien, para emitir un pronunciamiento con respecto a los defectos,
procedimental absoluto, sustantivo y fáctico alegados, es necesario analizar los
argumentos que utilizó la autoridad judicial accionada a través del auto del 24 de
enero de 2024 para rechazar de plano la acción de cumplimiento.

Así, se observa que el Juzgado en la providencia objeto de discusión consideró
que la solicitud elevada por la señora Pilar carecía del requisito de procedibilidad
de constituir la renuencia, tal y como lo contempla el inciso 2.° del artículo 8.° de
la Ley 393 de 1997, en concordancia con el numeral 5.° del artículo 10.° ibidem
y los artículos 161 numeral 3.° y 146 del CPACA.

De igual forma, el Juzgado trajo a colación sentencia de la corporación mediante
la cual se estimó que el requisito de la renuencia no se satisface con un simple
derecho de petición, sino que se requiere que la solicitud indique de manera

4 “Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política”

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expresa que pretende el cumplimiento de un deber legal o administrativo, en
otras palabras, que busque constituir la renuencia de la entidad.

Frente al caso concreto, argumentó que la señora Pilar pretende acreditar la
renuencia de la Alcaldía de Maicao con la petición que elevó el 20 de diciembre
de 2022, por medio de la cual, solicitó:

“(…) I Sírvase liquidar y cancelar a mi nombre la pensión de sobreviviente por la
muerte de mi hijo Víctor Manuel Diaz Ojeda (QEPD)
II. A la liquidación resultante, compútesele la indexación e intereses de mora
correspondiente, desde el mes de junio de 1983 a la fecha. (…)”

Expuso que la solicitud antes citada fue presentada como una petición ordinaria,
donde no se avizora que se le indicara a la Alcaldía que la finalidad de esta era
constituir la renuencia, para posteriormente demandar su cumplimiento y
tampoco sustentó la existencia de un perjuicio irremediable que ameritara darle
trámite a la acción.

Además, señaló que, al margen de la presunta responsabilidad del ente territorial
en la liquidación de una pensión de sobreviviente para la accionante, la petición
del 20 de diciembre de 2022 no determinó que norma con fuerza material de ley
o acto administrativo se está incumpliendo, tal como lo estipula el numeral 2.°
del artículo 10.° de la Ley 393 de 1997.

Conforme a lo anterior, el Juzgado Segundo Administrativo Mixto del Circuito de
Riohacha rechazó de plano la acción de cumplimiento, por no aportar prueba del
requisito de procedibilidad, tal y como lo consagra el artículo 12 de la Ley 393 de
1997.

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Al respecto, sea del caso mencionar que frente al requisito de constituir la
renuencia esta corporación5 ha manifestado que:

“(…) La renuencia es la rebeldía de una autoridad o de un particular que ejerce
funciones públicas, en cumplir una norma con fuerza de ley o un acto
administrativo que consagra en su cabeza el deber claro, imperativo e inobjetable
que se le pide atender, contenido en una norma (Ley en sentido material) o en un
acto administrativo. Es requisito de procedibilidad de la acción de cumplimiento
pues así lo exige el artículo 8 de la Ley 393 de 1997. Consiste en que antes de
acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el actor solicite a
la autoridad o al particular que cumpla funciones públicas que acaten el
deber imperativo previsto en la norma o en el acto administrativo. Debe
señalarle la norma o el acto administrativo de manera precisa y clara. (…)”
(negrilla fuera de texto original)

En ese orden de ideas, esta Subsección evidencia que el Juzgado Segundo
Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha al desatar el asunto bajo examen
realizó un estudio detallado de los presupuestos fácticos y jurídicos del caso, lo
que lo llevó a concluir que la acción de cumplimiento no satisface el requisito de
procedibilidad de constituir la renuencia, pues, la petición del 20 de diciembre de
2022 no señaló de manera clara y expresa la norma o el acto administrativo que
buscaba que la Alcaldía acatara, tal y como lo consagra el artículo 10.° de la Ley
393 de 1997.

Señalado lo anterior, no encuentra la Sala que en el caso particular se hayan
configurado los defectos alegados, toda vez que las conclusiones a las que llegó
la autoridad judicial accionada para resolver el asunto y rechazar de plano la
acción de cumplimiento, no obedecieron a un capricho o arbitrariedad, ni se

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Quinta, sentencia del 5 de febrero de

2015, consejera ponente Susana Buitrago Valencia, radicado 68001-23-33-000-2014-00819-01.

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fundaron en su simple voluntad, sino que, por el contrario, se basaron en la
debida valoración probatoria y en un razonable ejercicio de interpretación
normativa, contrastada con los contornos fácticos del tema

En consecuencia, la Sala revocará la decisión de primera instancia y, en su lugar,
negará el amparo invocado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Revocar la sentencia del 6 de febrero de 2024 de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de la Guajira, que rechazó por
improcedente la acción de tutela por no satisfacer el requisito de subsidiariedad,
por los motivos señalados en la parte considerativa de este fallo.

Segundo: Negar el amparo invocado por la señora Pilar Antonia Ojeda de Díaz,
conforme a la parte considerativa de esta providencia.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
HAPC

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