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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 44001-23-40-000-2024-00160-01

Fecha
9 de octubre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 44001-23-40-000-2024-00160-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 44001-23-40-000-2024-00160-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

9 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 440012340000202400160011
Recurso de apelación contra la sentencia de 10 de marzo de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira.
Solicitante: NAYROBIS MARÍA ALVARADO RODRÍGUEZ.

TESIS: NO SE CONFIGURA LA INCOMPATIBILIDAD PREVISTA EN LOS
ARTÍCULOS 34, NUMERAL 2, Y 48, NUMERAL 1, DE LA LEY 617, EN CABEZA DEL
DIPUTADO DE LA GUAJIRA, POR CUANTO NO SE PROBÓ QUE HAYA
CELEBRADO O INTERVENIDO EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO
ADICIONAL NÚM. 01 DE 5 DE AGOSTO DE 2022, SIENDO ACCIONISTA DE LA
EMPRESA EXPRESS CARIBE RADIANTE S.A.S.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la solicitante
contra la sentencia de 10 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de La Guajira, mediante la cual denegó la solicitud de
pérdida de investidura del señor DANIEL ELÍAS CEBALLOS BRITO,
diputado de La Guajira, por hechos ocurridos dentro del período
constitucional 2020-2023.

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las

providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia podrán confrontarse de forma virtual.

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Número único de radicación: 44001 23 40 000 2024 00160 01
Solicitante: NAYROBIS MARÍA ALVARADO RODRÍGUEZ

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La ciudadana NAYROBIS MARÍA ALVARADO RODRÍGUEZ,
actuando en nombre propio, solicitó decretar la pérdida de
investidura del señor DANIEL ELÍAS CEBALLOS BRITO, diputado
de La Guajira, por hechos sucedidos dentro del período constitucional
2020-2023, al considerar que incurrió en la causal prevista en los
artículos 34, numeral 2, y 48, numeral 1, de la Ley 617 de 6 de
octubre de 20002, por violación al régimen de incompatibilidades.

I.2.- En apoyo de su pretensión la solicitante adujo, en síntesis, que
la causal de desinvestidura alegada, por violación al régimen de
incompatibilidades, se configuró en atención a que el señor DANIEL
ELÍAS CEBALLOS BRITO, en su condición de diputado de La
Guajira, celebró el contrato adicional núm. 01 de 5 de agosto de 2022
al contrato de prestación de servicios núm. 078 de 29 de marzo de
2022, con entidades del respectivo departamento, por si o por
interpuesta persona, siendo accionista de la empresa EXPRESS
CARIBE RADIANTE S.A.S., integrante del consorcio
TRANSMANAURE 2022, que suscribió el referido contrato adicional
con el municipio de Manaure (La Guajira).

Señaló que el 27 de octubre de 2019 se llevaron a cabo las elecciones
para elegir autoridades territoriales en todo el país, período
constitucional 2020-2023, en las que el señor LUIS JOSÉ BRITO
GUTIÉRREZ obtuvo la curul como diputado de La Guajira, quien

2 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de

1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional […]”.

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Número único de radicación: 44001 23 40 000 2024 00160 01
Solicitante: NAYROBIS MARÍA ALVARADO RODRÍGUEZ

falleció el 19 de marzo de 2022; y que la vacancia definitiva fue
ocupada por el accionado, señor DANIEL ELÍAS CEBALLOS BRITO,
el 31 de marzo de 2022, al haber obtenido la segunda votación del
partido Alianza Social Independiente, -ASI-.

Alegó que el 4 de marzo de 2022 el ciudadano DANIEL ELÍAS
CEBALLOS BRITO, en su condición de representante legal y
propietario del ochenta por ciento (80%) de la empresa EXPRESS
CARIBE RADIANTE S.A.S., se unió con la empresa TRANSPORTE
SENSACIÓN S.A.S. para constituir el consorcio TRANSMANAURE
2022 y participar en el proceso de contratación LP-001-2022 en el
municipio de Manaure (La Guajira).

Sostuvo que el consorcio TRANSMANAURE 2022 suscribió el 29 de
marzo de 2022, con el municipio de Manaure, el contrato núm. 078
de 2022 para la prestación de servicio de transporte escolar a la
población educativa para garantizar el acceso y permanencia en el
sistema educativo oficial del referido municipio, producto de la
referida licitación pública en la que participó.

Afirmó que el mencionado consorcio, posterior a que el señor
DANIEL ELÍAS CEBALLOS BRITO tomara posesión del cargo de
diputado de La Guajira, esto es el 31 de marzo de 2022, celebró el
contrato adicional núm. 01 de 5 de agosto de 2022 al contrato de
prestación de servicios núm. 078 de 29 de marzo de 2022, suscrito
entre el consorcio TRANSMANAURE 2022 y el municipio de
Manaure (La Guajira), por valor de $978.932.220, razón por la cual
el accionado incurrió en la violación de los artículo 34, numeral 2, y
48, numeral 1, de la Ley 617, al celebrar contrato con una entidad

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Solicitante: NAYROBIS MARÍA ALVARADO RODRÍGUEZ

territorial del respectivo departamento, por si o por interpuesta
persona, ya que, mientras ostentaba la calidad de diputado, seguía
siendo accionista de la empresa EXPRESS CARIBE RADIANTE
S.A.S., integrante del consorcio TRANSMANAURE 2022, que
celebró el citado contrato adicional núm. 01 de 5 de agosto de 2022.

Indicó que la adición del contrato se celebró el 5 de agosto de 2022,
esto es, cuando el accionado ya ostentaba la calidad de diputado de
La Guajira, recibiendo, a su juicio, prestaciones económicas por
contratos estatales, pues es evidente que el accionado siendo
accionista de una empresa que conformó el consorcio se benefició
económicamente de dicha adición.

Adujo que el accionado utilizó su posición como diputado para
prorrogar dicho contrato, con lo cual incurrió en la causal de
incompatibilidad invocada, toda vez que celebró, intervino y gestionó
contratos de forma posterior a su posesión como tal, siendo
accionista de dicha empresa consorciada desde el 27 de agosto de
2018 hasta la fecha, como consta en el certificado de existencia y
representación legal y en las actas de matrícula e inscripción de 17
de octubre de 2023, de la cual se extrae que señor DANIEL ELÍAS
CEBALLOS BRITO es accionista de la empresa que entrega la
representación del consorcio contratante.

Comentó que si bien el accionado realizó el cambio de representante
legal de la empresa EXPRESS CARIBE RADIANTE S.A.S., luego de
ser elegido diputado, no dejó de ser accionista de esta empresa que
se benefició con la adición del contrato.

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Solicitante: NAYROBIS MARÍA ALVARADO RODRÍGUEZ

I.3.- El concejal contestó la solicitud de pérdida de investidura, con
la que se opuso a la pretensión de desinvestidura, para lo cual adujo
que no ha incurrido en causal de incompatibilidad alguna, que no ha
intervenido en ningún negocio ni ha celebrado contrato con entidades
públicas.

Señaló que con la solicitud no se acompañó prueba que acredite que
es accionista de la empresa EXPRESS CARIBE RADIANTE S.A.S.,
ni mucho menos que demuestre que recibió alguna remuneración
económica por la suscripción de dicho contrato.

Expresó que, según se observa de las actas de asambleas
extraordinarias de accionistas de dicha sociedad, el 100% de las
acciones de la referida empresa pertenecen al ciudadano RICARDO
ARTURO PÉREZ HOYOS, quien suscribió el contrato núm. 078 de
29 de marzo de 2022 y su respectivo adicional, en representación del
consorcio TRANSMANAURE 2022, lo que lleva a concluir que no
intervino en la firma del contrato adicional suscrito ni se benefició de
las utilidades de dicho contrato.

Precisó que las actas de asamblea ordinaria de accionistas, junto con
las certificaciones, son las pruebas llamadas para acreditar la
participación accionaria; y que las cámaras de comercio no pueden
solicitar a las sociedades por acciones simplificadas (S.A.S.)3
certificación de composición accionaria para su constitución, ni tienen
competencia para llevar registros de accionistas ni certificar la
composición accionaria de las sociedades por acciones.

3 En adelante S.A.S.

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Solicitante: NAYROBIS MARÍA ALVARADO RODRÍGUEZ

Propuso como excepción la de ‘cosa juzgada’, al considerar que la
accionante ya había presentado una solicitud de pérdida de
investidura del diputado DANIEL ELÍAS CEBALLOS BRITO, en el
proceso con núm. único de radicación 44-001-23-40-000-2023-
00088-00, la cual se negó en primera y segunda instancia, en la que
se invocaron las mismas disposiciones violadas que sustenta el caso
sub examine.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, mediante sentencia de 10 de marzo de 2025, declaró no
probada la cosa juzgada, por cuanto si bien es cierto que este proceso
comparte identidad de partes y de objeto con el radicado bajo el
número único 44-001-23-40-000-2023-00088-00, también lo es que
no tienen la misma causa, pues la causal invocada varía en cuanto a
los supuestos fácticos del referido proceso.

Mencionó que mientras que el proceso 2023-00088-00 se basaba en
la causal alegada bajo el supuesto fáctico de la suscripción del
contrato núm. 078 de 29 de marzo de 2022, esta solicitud de pérdida
de investidura se fundamentó en la celebración del contrato adicional
núm. 01 de 5 de agosto de 2022 al citado contrato.

Agregó que en el proceso 2023-00088-00 se alegó la violación del
artículo 33, numeral 4, de la Ley 617, mientras que en el caso sub
lite se adujo la trasgresión del artículo 34, numeral 2, ibidem,
causales que si bien se encuentran en la misma norma que tipifica
las conductas prohibitivas que darían lugar a la pérdida de la
investidura, tienen diferencias sustanciales en cuanto a su

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Solicitante: NAYROBIS MARÍA ALVARADO RODRÍGUEZ

estructura, pues la primera de estas supone una violación al régimen
de inhabilidades y la segunda se refiere al régimen de
incompatibilidades de los diputados.

Desestimó la solicitud de la accionante de desconocimiento o tacha
de falsedad de las actas núms. 10 de 30 de marzo de 2022 y 11 de
12 de septiembre de ese año, sobre la composición accionaria de la
empresa EXPRESS CARIBE RADIANTE S.A.S., que fueron
aportadas por el accionado e incorporadas a través de auto de
pruebas de 4 de febrero de 2025, pues dicha figura es improcedente
para controvertir el contenido de los documentos al proceso y porque
del análisis de estos no se evidencia duda alguna sobre su origen o
sobre quiénes los suscribieron.

Manifestó que, no obstante, al examinar el caso concreto, dichos
documentos se analizarían en conjunto con las demás pruebas
recaudadas dentro del proceso, a fin de asignarles el valor probatorio
que correspondiera de cara a la causal de nulidad invocada.

Sostuvo que está probado que para el 18 de marzo de 2022 el
accionado, señor DANIEL ELÍAS CEBALLOS BRITO, ostentaba la
calidad de accionista mayoritario de la empresa EXPRESS CARIBE
RADIANTE S.A.S.; y que la asamblea de la fecha designó como
representante legal de la misma al ciudadano RICARDO ARTURO
PÉREZ HOYOS, conforme obra en el Acta núm. 9, aportada con la
solicitud, nombramiento comunicado a la CÁMARA DE COMERCIO
DE SANTA MARTA mediante oficio de 18 de marzo de 2022, como
obra a folio 27 del expediente.

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Indicó que en el expediente también obra acta de la asamblea
ordinaria de accionistas de la empresa EXPRESS CARIBE
RADIANTE S.A.S. de 30 de marzo de 2022, en la que se evidencia
que el accionado ya no ostentaba la calidad de accionista de esa
empresa ni era representante legal.

Agregó que con la solicitud fue aportado el contrato adicional núm.
01 de 5 de agosto de 2022, por medio del cual se adicionó el contrato
núm. 078 de 29 de marzo de 2022, suscrito por el señor RICARDO
ARTURO PÉREZ HOYOS, representante legal del CONSORCIO
TRANSMANAURE 2022, quien ostentaba esa calidad “[…] desde al
menos el 30 de marzo de 2022 […]”.

Recordó que la empresa EXPRESS CARIBE RADIANTE S.A.S. es
una sociedad por acciones simplificada, sometida al régimen descrito
en la Ley 1258 de 5 de diciembre de 20084, como se extrae del
certificado de existencia y representación obrante en el plenario, en
el cual no consta que el accionado ostentara la calidad de accionista
de la referida empresa para la fecha en que se expidió el mismo, esto
es, el 28 de noviembre de 2023.

Afirmó que dicho documento solo tiene por finalidad probar la
existencia de la sociedad, al tenor de lo dispuesto en el artículo 8º
de la Ley 1258, según el cual “[…] la existencia de la sociedad por
acciones simplificada y las cláusulas estatutarias se probarán con
certificación de la Cámara de Comercio, en donde conste no estar
disuelta y liquidada la sociedad […]”.

4 “[…] Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada […]”.

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Recalcó que en el expediente no hay prueba alguna que señale que
para la fecha de la suscripción del contrato adicional, el 5 de agosto
de 2022, el accionado tuviera acciones en la empresa EXPRESS
CARIBE RADIANTE S.A.S.; y que, por el contrario, los documentos
obrantes en el expediente y sobre los cuales no se logró desvirtuar
su autenticidad dan fe de que para tal fecha la representación legal
y la composición accionaria de la empresa recaía en otro ciudadano.

Sostuvo que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 195 del Código
de Comercio, el documento idóneo en el que consta la calidad de
accionistas de una S.A.S. es el libro de accionistas, tesis que ha sido
acogida por la Superintendencia de Sociedades; y que esta, mediante
oficio 220-285711 de 20 de noviembre de 2023, reiterado con oficio
220-328238 de 5 de diciembre de 2023, indicó que para el caso de
las sociedades anónimas y por acciones simplificadas la información
de los accionistas se encuentra consignada en el respectivo libro de
registro de accionistas.

Concluyó que si bien el accionado ostentaba la calidad de diputado
para la época de celebración del contrato adicional núm. 01 de 5 de
agosto de 2022, por medio del cual se adicionó el contrato núm. 078
de 29 de marzo de 2022, lo cierto es que no fue él quien lo celebró,
por sí o por interpuesta persona, con el municipio de Manaure (La
Guajira), toda vez que no se probó que hubiera tenido participación,
ejercido injerencia, fungido como accionista u ostentado la
representación de la empresa EXPRESS CARIBE RADIANTE
S.A.S., que constituyó el consorcio TRANSMANAURE 2022, y
resultó favorecida con el acuerdo de voluntades suscrito.

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III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La solicitante interpuso recurso de apelación, con el que pretende
que se revoque la sentencia de 10 de marzo de 2025 y, en su lugar,
se decrete la pérdida de investidura del diputado de La Guajira,
DANIEL ELÍAS CEBALLOS BRITO, para lo cual señala que la
adjudicación y celebración del contrato núm. 078 se hizo el 29 de
marzo de 2022, lo que indica que cuando se celebró dicho contrato
ya se conocía de la muerte del diputado LUIS JOSÉ BRITO
GUTIÉRREZ y las partes tenían conocimiento de que el accionado lo
iba a reemplazar, siendo accionista de la empresa contratante; y que
se suscribió el 5 de agosto de 2022 un contrato adicional, posterior
a su posesión como diputado, beneficiándose así directamente.

Anota que con la solicitud aportó el Acta núm. 9 de 18 de marzo de
2022 de la asamblea de la empresa EXPRESS CARIBE RADIANTE
S.A.S., de la cual se extrae que el diputado es accionista de esa
empresa y designó como representante legal al señor RICARDO
ARTURO PÉREZ HOYOS, correspondiéndole demostrar que dejó de
ser accionista para no estar incurso en la causal de incompatibilidad
alegada.

Sostiene que dentro del expediente con radicación 2023-00088, se
aportó el Acta de 24 de marzo de 2022, -ACTA DE CAMBIO DE
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO TRANSMANAURE 2022-,
en la cual aparece el señor DANIEL ELÍAS CEBALLOS BRITO como
representante legal de la empresa EXPRESS CARIBE RADIANTE
S.A.S., evidenciándose que el accionado fungía como representante
legal de la empresa que conformó el consorcio en mención, con

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posterioridad al fallecimiento del diputado LUIS JOSÉ BRITO
GUTIÉRREZ; y que estaba gestionando y celebrando contratos a
pesar de que sabía que iba a reemplazar al fallecido en la Asamblea
Departamental de la Guajira, como efectivamente lo hizo, cuando se
posesionó el 31 de marzo de 2022, con lo cual se acreditó que
intervino en el proceso de licitación del contrato.

Expresa que el accionado, al aportar el Acta núm. 10 de 30 de marzo
de 2022, -un día después de la celebración del contrato núm. 078 de
29 de marzo de 2022-, en la cual aparece como socio único a quien
había designado como representante legal en la anterior acta, genera
dudas sobre la autenticidad de dicha transferencia de las acciones,
toda vez que “[…] nadie va a ceder una empresa al día siguiente de
la adjudicación de un multimillonario contrato […]”; y que ese Acta
núm. 10 no tiene soporte que respalde su autenticidad, pues nunca
se registró en la CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA, no
aparece registro de esta en la declaración de renta del accionado, ni
del señor RICARDO ARTURO PÉREZ HOYOS como nuevo
accionista, no tiene registro en el SIGEP y, además, se contradice
con el Acta de 24 de marzo de 2022.

Manifiesta que el accionado no demostró que dejó de ser accionista,
debido a que el Acta núm. 10 de 30 marzo de 2022 genera
incertidumbre, pues si dicho documento fue elaborado por él mismo,
nunca tuvo publicidad, ni registro, ni siquiera aparece en su
declaración de renta o del señor RICARDO ARTURO PÉREZ
HOYOS, por lo que es fácil que lo pueda manipular para aportarlo
con la solicitud.

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Alega que el señor DANIEL ELÍAS CEBALLOS BRITO y la empresa
EXPRESS CARIBE RADIANTE S.A.S. se encontraban en la
obligación de hacer el reporte en el registro único de beneficiarios
finales (RUB), con base en la Ley 2155 de 14 de septiembre de
20215; y que desconocieron el artículo 15 del Código de Comercio, el
cual prevé que debían comunicarlo a la CÁMARA DE COMERCIO DE
SANTA MARTA al momento de tomar posesión del cargo de
diputado, so pena de perder el cargo.

Aduce que el accionado no ha acompañado documentos que indiquen
cuándo se efectuó la transacción de dichas acciones, su monto o si
se cedieron en donación o algún otro modo de transferir el dominio
de las cosas, pues dichos recursos para esa época provienen del
Estado colombiano; y que en el Acta núm. 9 de 18 de marzo de 2022
se constata que el señor RICARDO ARTURO PÉREZ HOYOS fue
designado representante legal, no accionista de dicha empresa, lo
cual no desvirtúa que el accionado sea accionista, por lo que es la
prueba de la falta de registro de los demás documentos para ocultar
la condición irregular.

Menciona que el accionado aportó con la contestación la composición
accionaria de la empresa EXPRESS CARIBE RADIANTE S.A.S. de
4 de octubre de 2022, desconociendo que la adición núm. 01 al
contrato núm. 078 de 29 de marzo de 2022, se hizo el 5 de agosto
de 2022, pretendiendo inducir en un error, a pesar de que debe
probar la composición accionaria antes de la celebración de la adición
al contrato.

5 “[…] Por medio de la cual se expide la Ley de Inversión Social y se dictan otras disposiciones […]”.

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Comenta que el Acta núm. 11 de 14 de septiembre de 2022 es
irrelevante, pues es posterior a la celebración de dicha adición,
además de que la citada acta señala que se convocó previamente, -
el 18 de marzo de 2022-, cuando el señor RICARDO ARTURO
PÉREZ HOYOS fue designado representante legal, generándose una
inconsistencia sobre el real accionista de la empresa y pretendiendo
mostrarlo como accionista, por lo que, a su juicio, hay una falsedad.

Aduce que, contrario a lo considerado por el Tribunal, el 17 de
octubre de 2023 el accionado realizó trámites para EXPRESS
CARIBE RADIANTE S.A.S., con el fin de registrar el Acta núm. 11,
posterior a la celebración de la adición núm. 01 de 5 de agosto de
2022, como consta en el recibo núm. S001046274, en el documento
de operación núm. 99-USUPUBXX-20231017-0079 y en el núm. de
liquidación 2080887.

Reitera que dentro de las pruebas anexadas en el proceso con
radicación 2023-00088, incorporadas a este proceso, se encuentra el
Acta de 24 de marzo de 2022, en la cual aparece el accionado como
representante legal y EXPRESS CARIBE RADIANTE S.A.S. como
integrante del mencionado consorcio, lo que deja claro que se celebró
el convenio con el accionado y que no se tuvo conocimiento del
cambio accionario o de representación legal.

Por último, solicita, como pruebas en segunda instancia, oficiar a la
CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA para que allegue copia
de todo el expediente de la empresa EXPRESS CARIBE RADIANTE
S.A.S., específicamente la copia del recibo S001046274, números de
operación 99-USUPUBXX-20231017-0079 y de liquidación 2080887

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de 17 de octubre de 2023, con base en el artículo 212, numeral 3,
del CPACA; ordenar al accionado aportar los libros y actas de
accionistas de la empresa EXPRESS CARIBE RADIANTE S.A.S.; y
oficiar a la DIAN para que allegue las declaraciones de renta de los
señores DANIEL ELÍAS CEBALLOS BRITO y RICARDO ARTURO
PÉREZ HOYOS con el fin de verificar si se realizaron las operaciones
de traspaso de las acciones antes de 30 de marzo de 2022, cuando
apareció el Acta núm. 10.

A su vez, solicita decretar interrogatorio al secretario de EXPRESS
CARIBE RADIANTE S.A.S., señor GUILLERMO MARTÍNEZ
SALAS, para el testimonio de las fechas y elaboración del acta núm.
11, y si se registraron las referidas operaciones en el SIGEP y
declaración de renta; y, así mismo, interrogatorio a ella en calidad
de accionante, para constatar que el diputado era accionista al
momento de la adición del contrato, por ser parte del mismo
consorcio.

IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

IV.1.- El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881 de 15 de enero de 20186, no fue descorrido
por el accionado.

IV.2.- Por su parte, el agente del Ministerio Público, a través de
memorial de 15 de mayo de 2025, solicita que se confirme la
sentencia de primera instancia, para lo cual señala que se acreditó

6 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se

consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.

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Solicitante: NAYROBIS MARÍA ALVARADO RODRÍGUEZ

que el contrato núm. 078 se suscribió el 29 de marzo de 2022, entre
el consorcio TRANSMANAURE 2022 y el municipio de Manaure (La
Guajira), esto es, con anterioridad a la posesión del accionado como
diputado; y que el contrato adicional 01 de 2022, por medio del cual
se adicionó el referido contrato, fue suscrito el 5 de agosto de 2022
por el señor RICARDO ARTURO PÉREZ HOYOS, es decir, por una
persona diferente al accionado.

Manifiesta que aunque el recurrente insiste en que para la fecha de
suscripción del contrato adicional el accionado era accionista de la
empresa EXPRESS CARIBE RADIANTE S.A.S., integrante del
consorcio suscriptor consorcio TRANSMANAURE 2022, lo cierto es
que no aportó documento que acreditara tal condición. Y que,
contrario a ello, el Acta núm. 10 de la Asamblea Ordinaria de
Accionistas de la sociedad EXPRESS CARIBE RADIANTE S.A.S., da
cuenta que para el 30 de marzo de 2022 el único accionista de la
sociedad era el señor RICARDO ARTURO PÉREZ HOYOS.

Aduce que comparte la conclusión a la que arribó el a quo, al señalar
que el documento idóneo que prueba la calidad de accionista es el
libro de accionistas de la respectiva sociedad o la certificación
expedida a partir de lo allí consignado, prueba documental que no
obra en el plenario, por lo que se impone concluir que no se logró
acreditar que el accionado ostentara la calidad de accionista de la
empresa EXPRESS CARIBE RADIANTE S.A.S., para la fecha en la
que se suscribió el contrato adicional núm. 01 de 5 de agosto de
2022.

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Menciona que, debido a la naturaleza del proceso de pérdida de
investidura, cualquier duda debe operar a favor del accionado y está
prohibido aplicar interpretaciones extensivas a las causales, pues se
deben respetar los límites taxativos sobre la configuración de estas;
y que de conformidad con los documentos digitales que fueron
allegados y con la normatividad aplicable al caso, no se encuentran
reunidos los presupuestos fácticos y jurídicos necesarios para
considerar que el diputado incurrió en la causal de pérdida de
investidura invocada.

IV.3.- A través de auto de 5 de septiembre de 2025 el Despacho
sustanciador denegó las pruebas requeridas por el accionante en
segunda instancia, toda vez que dichos documentos, así como el
interrogatorio de la propia actora, son pruebas que bien pudieron
aportarse y/o requerirse con la solicitud inicial, oportunidad procesal
pertinente para ello, -radicada el 18 de diciembre de 2024-, lo que
puso de manifiesto que no concurrieron los presupuestos previstos
en el artículo 212 del CPACA, sumado a que tampoco fue solicitada
de común acuerdo, ni fue denegada en primera instancia o dejada de
practicar sin culpa de la parte que la pidió, ni versa sobre hechos
posteriores a la oportunidad probatoria en primera instancia ni se
dejó de solicitar por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte
contraria.

En cuanto al testimonio del secretario de la empresa EXPRESS
CARIBE RADIANTE S.A.S., solicitado bajo el argumento de que se
denegó por el a quo y, en consecuencia, a su juicio, es procedente
su decreto en segunda instancia, según lo previsto en el artículo 212,
numeral 2, del CPACA, se advirtió que esta no es una causal de

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aplicación automática, por lo que el solo hecho de que el Tribunal no
hubiese accedido a la misma no obliga a decretarla, máxime si se
tiene en cuenta que el referido testimonio no se pidió con la solicitud
de pérdida de investidura, oportunidad probatoria con la que la
actora contaba para ello, sino con un escrito por medio del cual
formuló una tacha de falsedad y desconocimiento de unos
documentos aportados por el diputado, solicitud probatoria denegada
por improcedente con auto de 12 de febrero de 2025, providencia
que no fue objeto de recurso alguno.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer, en los precisos términos del
recurso de apelación, y en consonancia con la solicitud inicial, si el
diputado de La Guajira, señor DANIEL ELÍAS CEBALLOS BRITO,
incurrió en violación del régimen de incompatibilidades, de
conformidad con lo establecido en los artículos 34, numeral 2, y 48,
numeral 1, de la Ley 617, al haber intervenido en la gestión de la
celebración o celebrado por sí o por interpuesta persona el contrato
adicional núm. 01 de 5 de agosto de 2022, mediante el cual se
modificó el contrato núm. 078 de 29 de marzo de 2022, fungiendo,
presuntamente, como accionista de la empresa EXPRESS CARIBE
RADIANTE S.A.S., integrante del consorcio TRANSMANAURE
2022, que suscribió el referido contrato adicional con el municipio de
Manaure (La Guajira).

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V.2.- De la violación del régimen de incompatibilidades como
causal de pérdida de investidura de diputados

Las incompatibilidades, en términos generales, han sido definidas por
esta Sección como “[…] la prohibición de ejercer dos actividades
o realizar dos roles de manera simultánea, taxativamente
señaladas en la Constitución o en la ley, de modo que para el
caso de los servidores públicos se traduce en la prohibición de
desempeñar o ejercer otros cargos o realizar otras
actividades distintas a las que corresponde a las funciones del
cargo de que son titulares […]”7 (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

En el mismo sentido, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-
903 de 6 de diciembre de 20088, consideró que las incompatibilidades
consisten en “[…] una prohibición dirigida al titular de una función
pública a quien, por ese hecho, se le impide ocuparse de ciertas
actividades o ejercer, simultáneamente, las competencias
propias de la función que desempeña y las correspondientes
a otros cargos o empleos, en guarda del interés superior que
puede verse afectado por una indebida acumulación de funciones o
por la confluencia de intereses poco conciliables y capaces, en todo
caso, de afectar la imparcialidad y la independencia que deben guiar
las actuaciones de quien ejerce la autoridad en nombre del Estado
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de

julio de 2008, número único de radicación 44001233100020080000501, consejero ponente Rafael
E. Ostau de Lafont Pianeta.
8 Corte Constitucional, sentencia C-903 de 6 de diciembre de 2008, magistrado ponente Jaime Araujo

Rentería.

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El señalamiento de conductas que no pueden realizarse
simultáneamente con las competencias propias del cargo de diputado
plantea una tensión entre los principios que deben orientar la acción
administrativa y derechos constitucionales como el derecho a la
igualdad, el derecho al trabajo, a la libertad de escoger profesión y
oficio, el derecho a elegir y ser elegido y el derecho de acceder al
desempeño de funciones y cargos públicos, lo cual ha llevado a
señalar que “[…] por la índole excepcional de las inhabilidades e
incompatibilidades, las normas que las contemplan deben ser
interpretadas y aplicadas con un criterio restrictivo y, por
ende, con exclusión de un criterio extensivo9 […]”10.

V.3.- De la causal de incompatibilidad endilgada al diputado
accionado

En la presente solicitud se endilga la configuración de la causal de
pérdida de investidura prevista en los artículos 34, numeral 2, y 48,
numeral 1, de la Ley 617, así:

“[…] Artículo 34. De las incompatibilidades de los diputados.
Los diputados no podrán:
(…)

2. Intervenir en la gestión de negocios o ser apoderado ante
entidades del respectivo departamento o ante las personas que
administren tributos procedentes del mismo, o celebrar con ellas,
por sí o por interpuesta persona, contrato alguno, con las
excepciones de que trata el artículo siguiente. (…)

[…]

9 Cit. Corte Constitucional, sentencia C-903 de 2008, magistrado ponente Jaime Araújo Rentería.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de

julio de 2017, número único de radicado 66001-23-33-000-2016-00361-01(PI), consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez.

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Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales
municipales y distritales y de miembros de juntas
administradoras locales. Los diputados y concejales
municipales y distritales y miembros de juntas administradoras
locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de
conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se
trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en
igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

Naturalmente, y comoquiera que en el caso concreto tanto el
contrato núm. 078 de 29 de marzo de 2022, como su contrato
adicional núm. 01 de 5 de agosto de 2022, fueron celebrados en
vigencia de la Ley 2200 de 8 de febrero de 202211, el análisis se
adelantará bajo la orientación de sus artículos 50, numeral 2, -que
reproduce, de forma íntegra, el citado artículo 34, numeral 2, de la
Ley 617-, y 60, numeral 1, -que, al igual que el artículo 48, numeral
1, de la Ley 617, prevé la violación del régimen de incompatibilidades
como causal de desinvestidura-.

Para efectos de verificar la configuración objetiva de la causal
invocada en el presente asunto, se requiere que: (i) el accionado
ostente la calidad de diputado para la época de los hechos; y (ii)
simultáneamente al cargo de diputado, intervenga en la gestión de
la celebración de contrato alguno con entidades del respectivo
departamento o celebre contrato con ellas, por sí o por interpuesta
persona12.

11 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de

los departamentos […]”. “[…] Artículo 154. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación y deroga el Decreto 1222 de 1986, la Ley 3 de 1986 y disposiciones
contenidas en la Ley 617 de 2000 que les sean contrarias […]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).
12 Ver sentencia de 30 de junio de 2017 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Primera, consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicado 08001-
23-33-000-2016-00278-01(PI).

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V.4.- Del caso concreto

Al examinar en el presente caso los presupuestos que deben estar
cumplidos para que se configure objetivamente la causal de
incompatibilidad alegada, se observa lo siguiente:

a) En cuanto a la calidad de diputado

Del acervo probatorio que reposa en el expediente13, y que guarda
estrecha relación con la resolución del problema jurídico, la Sala pudo
comprobar que el señor DANIEL ELÍAS CEBALLOS BRITO obtuvo
la curul como diputado de la Asamblea de La Guajira, en
representación del partido Alianza Social Independiente, -ASI-, cargo
en el cual se encuentra vinculado desde el 31 de marzo de 2022, de
acuerdo con la certificación de 28 de noviembre de 2023, emitida por
el secretario general de la Asamblea en mención.

b) Intervenir en la gestión de la celebración de contrato
alguno con entidades del respectivo departamento, o celebrar
contrato alguno con ellas, por sí o por interpuesta persona,
simultáneamente al cargo de diputado.

En cuanto al segundo de los elementos, esto es, que
simultáneamente al cargo de servidor público, intervenga en la
gestión de la celebración o celebre contrato alguno, por sí o por
interpuesta persona, está probado que dentro del período en el cual
el señor DANIEL ELÍAS CEBALLOS BRITO ejerció como diputado

13 Tal como se advirtió al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el proceso

reposan en el en el sistema para la gestión judicial SAMAI.

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de la Asamblea de la Guajira, no celebró directamente el contrato
adicional núm. 01 de 5 de agosto de 2022 al contrato núm. 078 de
29 de marzo de 2022 sobre el cual recae la causal endilgada.

Se acreditó que dicho contrato adicional se suscribió entre el señor
ELVEN MANUEL MEZA BARROS, en calidad de alcalde de Manaure
(La Guajira) y el señor RICARDO ARTURO PÉREZ HOYOS,
representante legal del consorcio TRANSMANAURE 2022, en el
cual se establecieron las siguientes cláusulas:

“[…] CLÁUSULA PRIMERA: modifíquese la cláusula tercera VALOR
DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 078 del 29 DE MARZO DE 2022,
la cual se adiciona de la siguiente manera: CLÁUSULA TERCERA:
VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: Adiciónese al Contrato
Principal la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
VIENTE PESOS M/L ($978.932.220.00), según Certificado de
Disponibilidad No. 415 del 1 de agosto de 2022, expedido por el
Profesional del Presupuesto, los cuales serán cancelados al
Contratista de la misma manera establecida en el Contrato Principal,
quedando el mismo con un valor total de DOS MIL DOSCIENTOS
VEINTE PESES M/L ($2.978.923.227.00).

CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE CLÁUSULAS PACTADAS
EN EL CONTRATO PRINCIPAL. Las partes se ratifican en la
interpretación y contenido de las demás cláusulas establecidas en
EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 078 DEL 29 DE
MARZO DE 2022, las cuales no fueron objeto de modificación alguna
por el presente acto […]”.

El referido consorcio TRANSMANAURE 2022 estuvo integrado el 4
de marzo de 2022 por la empresa EXPRESS CARIBE RADIANTE
S.A.S., con la representación legal del accionado, señor DANIEL
ELÍAS CEBALLOS BRITO, y la empresa TRANSPORTES
SENSACIÓN S.A.S., con la representación legal de la señora
NAYROBIS MARÍA ALVARADO RODRÍGUEZ, -actora en la

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presente solicitud de desinvestidura-, según consta en el
‘DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN CONSORCIO’.

En esa fecha el consorcio en mención nombró representante legal del
mismo al señor NAIMEN DAVID SOLANO PINTO y tenía por
objeto:

“[…] El objeto del consorcio es presentar una propuesta de
contratación que tiene por objeto PRESTACIÓN DE SERVICIO DE
TRANSPORTE ESCOLAR A LA POBLACIÓN EDUCATIVA PARA
GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA
EDUCATIVO OFICIAL DEL MUNICIPIO DE MANAURE LA GUAJIRA
[…]”.

Ahora, la Sala pone de presente que en el recurso de apelación la
accionante adujo que al momento de la celebración de la adición del
referido contrato el accionado era, a la vez, diputado de La Guajira y
accionista de la empresa EXPRESS CARIBE RADIANTE S.A.S.,
integrante del consorcio TRANSMANAURE 2022, que suscribió el
referido negocio jurídico con el municipio de Manaure (La Guajira),
pues, aparentemente, dentro del expediente se encontraban pruebas
que demostraban que para el 28 de marzo de 2022 aquel era
accionista, y que el 17 de octubre de 2023 aún realizaba trámites en
la CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA a nombre de la
empresa EXPRESS CARIBE RADIANTE S.A.S., por lo que era falso
que no existiera documento idóneo que demostrara su calidad de
accionista.

Conforme lo indicó el Tribunal de primera instancia, la calidad de
accionista o la conformación accionista de una Sociedad por Acciones
Simplificada, -S.A.S.-, se prueba mediante el libro de registro de
accionistas de la respectiva sociedad.

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Al respecto, en el concepto rendido a través de Oficio núm. 220-
091007 de 8 de julio de 2020, la Superintendencia de Sociedades, al
absolver una consulta acerca de la forma de probar la calidad de
accionista en una S.A.S., señaló lo siguiente:

“[…] Así pues, la manera como es factible acreditar la calidad de
accionista en la sociedad anónima, y por ende en las sociedades
por acciones simplificadas, es a través de la inscripción de
las acciones en el libro de registro de accionistas, conforme lo
prevé el artículo 406 del Código de Comercio, lo cual responde a la
naturaleza nominativa de las acciones que componen su capital
social. […]” (Destacado fuera de texto).

Posteriormente, en concepto expedido por Oficio núm. 220-285711
de 20 de noviembre de 2023, la Superintendencia de Sociedades
indicó que la composición accionaria de una S.A.S. se encuentra
consignada en el libro de registro de accionistas de la respectiva
sociedad y que las cámaras de comercio no están obligadas a
certificar la composición accionaria de una S.A.S., de la siguiente
manera:

“[…] La discusión que se plantea con respecto a la competencia de
las cámaras de comercio para exigir una revelación sobre la
composición accionaria de la S.A.S., de manera previa a la
inscripción del acto privado de constitución en el Registro Mercantil,
de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 1258 de
2008, conduce directamente a la delimitación del concepto de
composición accionaria.

Es así como el artículo 5°, numeral 1°, de la Ley 1258 de 2008,
determina que la sociedad por acciones simplificada se crea por acto
jurídico que conste en documento privado, inscrito en el Registro
Mercantil, en el cual debe expresarse el “...nombre, documento de
identidad y domicilio de los accionistas...”.

De igual manera el numeral 6°, ibidem, señala que en los estatutos
debe constar “...el capital autorizado, suscrito y pagado, la clase,
número y valor nominal de las acciones representativas del capital
y la forma y términos en que estas deberán pagarse...”.

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[…]

A este propósito, se establece en el artículo 34 del Código de
Comercio, la competencia general de las cámaras de comercio para
inscribir el acto constitutivo de las sociedades comerciales en el
Registro Mercantil.

En tratándose de la S.A.S., la competencia general de inscripción
del acto constitutivo de sociedades fue adicionada con lo dispuesto
por el artículo 6° de la Ley 1258 de 2008, según el cual las cámaras
de comercio tienen facultades para:

a. Verificar la conformidad de las estipulaciones del acto constitutivo
con lo previsto en la ley.

b. Abstenerse de inscribir el acto constitutivo cuando se omita
alguno de los requisitos previstos en el artículo 5° de la misma
norma o en la ley.

Reunidos así los parámetros normativos suficientes para enmarcar
los límites de pronunciamiento de las cámaras de comercio con
respecto a la posibilidad de solicitar información al momento de
decidir sobre la inscripción del acto constitutivo de la S.A.S., surge
con claridad la premisa según la cual no pueden solicitar más datos
que aquellos previstos en el artículo 5° de la Ley 1258 de 2008.

Por las razones anotadas, se arriba con facilidad a la conclusión de
que en tratándose de la S.A.S., las cámaras de comercio no
pueden solicitar puntualmente una certificación integral de
la composición accionaria al momento de examinar el acto
constitutivo, como el monto de acciones adquiridas por cada uno
de los asociados, el monto de su participación porcentual frente al
total del capital social, el monto pagado por cada accionista, ni las
otras circunstancias particulares de cada asociado con respecto del
capital, pero sí están facultadas para exigir los siguientes datos
relativos a dicho concepto:

a. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas
fundadores.

b. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor
nominal de las acciones representativas del capital y la forma y
términos en que estas deberán pagarse.

De no encontrar acreditados los datos mencionados en el acto
constitutivo, las cámaras de comercio deben imperativamente
abstenerse de inscribir el documento constitutivo de la S.A.S. en el
Registro Mercantil.

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Contra la decisión de abstención de registro, proceden los recursos
administrativos de reposición, ante la misma cámara, y de apelación
ante la Superintendencia de Sociedades”.

Por lo tanto, las cámaras de comercio no están obligadas a
certificar la composición accionaria de una sociedad por
acciones simplificada. Ahora bien, en este tipo societario, el
representante legal podría certificar la composición accionaria de
la sociedad por acciones simplificada, pero deberá tenerse en
cuenta lo dispuesto en el artículo 61 del Código de Comercio, el cual
es del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 61. Los libros y papeles del comerciante no podrán
examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas
autorizadas para ello, sino para los fines indicados en la Constitución
Nacional y mediante orden de autoridad competente.

Lo dispuesto en este artículo no restringirá el derecho de inspección
que confiere la ley a los asociados sobre libros y papeles de las
compañías comerciales, ni el que corresponda a quienes cumplan
funciones de vigilancia o auditoría en las mismas’.”

En este sentido, conforme al artículo 28 numeral 7º del Código de
Comercio, los libros de registro de accionistas deben estar inscritos
en el registro mercantil y se reitera que dichos libros, conforme a
los artículos 61 y siguientes del Código de Comercio están sometidos
a reserva […].

“Infórmeme dentro de un proceso judicial, cual es el medio
idóneo por medio del cual se puede certificar o demostrar
sobre la composición accionaria de una sociedad”

Los medios de prueba se encuentran contenidos de forma general
en el Código General del Proceso y corresponderá a las partes y al
Juez del proceso, determinar los medios idóneos para acreditar la
ocurrencia de un hecho. Sin perjuicio de lo anterior, se pone de
presente que, para el caso de las sociedades colectivas, en
comandita simple y de responsabilidad limitada, es posible
encontrar los socios que componen el capital social en el certificado
de existencia y representación legal de la sociedad que emite la
respectiva cámara de comercio. Para el caso de las sociedades
anónimas y por acciones simplificadas, dicha información se
encuentra consignada en el libro de registro de accionistas
de la respectiva sociedad […]”. (Destacado fuera de texto).

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Asimismo, mediante Oficio núm. 220-328238 de 5 de diciembre de
2023, la Superintendencia de Sociedades, al rendir un concepto en
cuanto a la prueba de la calidad de accionista de una S.A.S., precisó
lo siguiente:

“[…] 4. COMO SE PRUEBA LA CALIDAD DE ACCIONISTA EN
UNA SAS Y LA CANTIDAD DE ACCIONES QUE SE POSEAN”

En lo que tiene que ver con la última pregunta, este Despacho ya
se ha pronunciado al respecto en Oficio 220-091007 del 8 de julio
de 2020, en los siguientes términos:

“(…) Así pues, la manera como es factible acreditar la calidad
de accionista en la sociedad anónima, y por ende en las
sociedades por acciones simplificadas, es a través de la
inscripción de las acciones en el libro de registro de
accionistas, conforme lo prevé el artículo 406 del Código de
Comercio, lo cual responde a la naturaleza nominativa de las
acciones que componen su capital social.”

En este sentido, el libro de registro de accionistas contiene el
nombre de los accionistas y la cantidad de acciones respecto
de las cuales son propietarios. […]” (Destacado fuera de texto).

En igual sentido, es del caso traer a colación la sentencia de 9 de
diciembre de 201614, citada por el a quo, en la que la Sección Quinta
sostuvo que el folio del correspondiente registro en el libro de
accionistas es el medio idóneo para para probar la condición de socio
de una S.A.S., de la siguiente manera:

“[…] A pesar de lo anterior, la Sala observa que los actores no
probaron en esta sede constitucional, siquiera, su condición
de socios de Coobus S.A.S., en la medida en que no allegaron al
expediente del presente proceso el folio del correspondiente
registro en el libro de accionistas, medio idóneo para el
efecto. Por tal razón, no les asiste legitimación en la causa por
activa.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 9 de

diciembre de 2016, consejero ponente Rocío Araujo Oñate, núm. único de radicación 25000-23-42-
000-2016-04867-01(AC).

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Para efectos de lo anterior, el Código de Comercio se manifiesta en
el siguiente sentido:

Artículo 28. Personas, actos y documentos que deben inscribirse en
el registro mercantil. Deberán inscribirse en el registro mercantil:
[…]

7. Los libros de registro de socios o accionistas, y los de actas de
asamblea y juntas de socios.

Así mismo, el artículo 130 del Decreto 2649 de 1993 dice que:

Artículo 130. Libro de accionistas y similares. Los entes económicos
pueden llevar por medios mecanizados o electrónicos el registro de
sus aportes; no obstante, en este caso diariamente deben anotar
los movimientos de estos en un libro auxiliar, con indicación de los
datos que sean necesarios para identificar adecuadamente cada
movimiento.

Al finalizar cada año calendario, se deben consolidar en un libro,
registrado si fuere el caso, los movimientos de que trata el inciso
anterior. […]” (Destacado fuera de texto).

Ahora, en cuanto a las pruebas que, a juicio de la solicitante,
demuestran la calidad de accionista del diputado en la empresa
EXPRESS CARIBE RADIANTE S.A.S., integrante del consorcio
TRANSMANAURE 2022, -que suscribió el contrato núm. 078 de 29
de marzo de 2022 con el municipio de Manaure (La Guajira)-, al
momento de la celebración del contrato adicional núm. 01 de 5 de
agosto de 2022, la Sala considera lo siguiente:

Cabe resaltar que en los procesos de pérdida de investidura el
solicitante es quien tiene la carga de probar la conducta reprochable
o la causal en que fundamenta la solicitud de pérdida de investidura,
por lo que no le asiste razón a la apelante al sostener que es al
diputado a quien le corresponde demostrar que dejó de ser accionista
de esa empresa al momento de celebrar la adición del contrato núm.

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Solicitante: NAYROBIS MARÍA ALVARADO RODRÍGUEZ

01 de 5 de agosto de 2022 al contrato núm. 078 de 29 de marzo de
2022.

Sobre el particular, en sentencia de 30 de junio de 201615, la Sección
Primera precisó lo siguiente:

“[…] Respecto de la carga de la prueba en materia de pérdida de
investidura se sigue la regla general que impone el deber procesal
de probar los hechos a quien los alega, en otras palabras, el actor
debe demostrar de manera fehaciente los elementos de la
causal de pérdida de investidura alegada en la demanda, tal
y como lo ha señalado reiteradamente esta Sección.

5.5.6.- Precisamente, en un caso en cual se solicitaba la pérdida de
investidura de un diputado del Departamento del Amazonas por
violar el régimen de inhabilidades, la Sala fue enfática en señalar
que “[p]ara probar esa supuesta relación, el actor no aportó ni
solicitó prueba alguna ni dijo nada, pese a que le corresponde
probar los hechos de la demanda por ser quien tiene la carga
de la prueba.” 16(Negrillas fuera de texto)
[…]

5.5.9.- Como puede verse, la posición invariable de la Corporación
es la de que el actor debe probar los elementos de la causal
de pérdida de investidura invocada en la demanda. […]”
(Destacado fuera de texto).

Precisado lo anterior, en cuanto al Acta núm. 9 de 18 de marzo de
2022 de la asamblea de la empresa EXPRESS CARIBE RADIANTE
S.A.S., de la cual se extrae que el diputado era accionista de esa
empresa y designó como representante legal al señor RICARDO
ARTURO PÉREZ HOYOS, se advierte que dicho documento no
acredita, por sí mismo, que el accionado estuviere desarrollando

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de

junio de 2016, consejero ponente Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 23001-23-33-
000-2015-00201-01(PI).
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. fallo de 24 de agosto

de 2006 proferido dentro del expediente No. 2005-01477, consejero ponente Rafael E. Ostau de
Lafont.

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gestión o actividad contractual alguna o que, menos aún, haya
celebrado el contrato adicional núm. 01 de 5 de agosto de 2022 al
contrato núm. 078 de 29 de marzo de 2022, máxime si se tiene en
cuenta que aquel tomó posesión del cargo el 31 de marzo de 2022 y
que dicho contrato adicional fue celebrado hasta el 5 de agosto de
2022.

En lo referente al Acta de 24 de marzo de 2022, -ACTA DE CAMBIO
DE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO TRANSMANAURE
2022-, en la que consta que se nombró representante legal del
consorcio en mención al señor RICARDO ARTURO PÉREZ HOYOS,
para la Sala, si bien es cierto que con esta acta se evidencia que en
esa fecha el accionado, señor DANIEL ELÍAS CEBALLOS BRITO,
aún era representante legal de la empresa EXPRESS CARIBE
RADIANTE S.A.S., integrante del consorcio TRANSMANAURE
2022, también lo es que en tal fecha fue nombrado representante
legal de dicho consorcio el señor RICARDO ARTURO PÉREZ
HOYOS, por lo que dicha acta no acredita, por sí misma, que el
accionado estuviere gestionando, interviniendo en la celebración o
que haya celebrado el contrato adicional núm. 01 de 5 de agosto de
2022 al contrato núm. 078 de 29 de marzo de 2022, como lo adujo
la apelante.

Ello, en tanto no fue la persona encargada de manifestar el
consentimiento del consorcio TRANSMANAURE 2022, toda vez
que esa facultad estaba radicada en cabeza del señor RICARDO
ARTURO PÉREZ HOYOS, con ocasión del acto que le trasladó la
representación legal del mencionado consorcio.

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En efecto, no se acredita que hubiera existido comunicación o reunión
previa entre el señor DANIEL ELÍAS CEBALLOS BRITO y el
contratista,- el municipio de Manaure (La Guajira)-, o constancia de
que hubiese desarrollado gestión o actividad contractual alguna, o
que hubiera actuado ante ese ente territorial para que se viabilizara
o materializara el cuestionado contrato adicional núm. 01 de 5 de
agosto de 2022; es decir, no hay prueba de que el accionado hubiera
intervenido positiva y efectivamente en la gestión de la celebración
del contrato adicional o a través de interpuesta persona.

Ahora, la solicitante alega que se presentan dudas y falta de certeza
o validez frente al Acta núm. 10 de 30 de marzo de 2022, en la que
el señor RICARDO ARTURO PÉREZ HOYOS aparece como único
socio de la empresa EXPRESS CARIBE RADIANTE S.A.S., por
cuanto dicho documento no tuvo publicidad, ni registro en la
CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA ni en el SIGEP, ni
aparecen en las declaraciones de renta del accionado o del señor
RICARDO ARTURO PÉREZ HOYOS; y que el accionado y la
mencionada empresa no cumplieron con las obligaciones de hacer el
reporte en el registro único de beneficiarios finales (RUB) previstas
en la Ley 2155 y en el artículo 15 del Código de Comercio, así como
que el accionado no acompañó documentos que indicaran cuándo se
efectuó la transacción de dichas acciones, su monto o si fueron
cedidas en donación o algún otro modo de transferir el dominio de
las cosas.
Al respecto, la Sala observa que estos argumentos no tienen vocación
de prosperidad, porque fueron expuestos solamente en el recurso de
apelación, oportunidad que no está prevista legalmente para aducir

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nuevos argumentos, que no tuvieron posibilidad de ser
controvertidos por el accionado17.

De ser atendidos estos nuevos reparos, se desconocerían las
garantías del debido proceso que implican el respeto de las formas
preexistentes que regulan cada juicio, por lo que no serán objeto de
análisis.

Al efecto, es del caso traer a colación la sentencia de 4 de julio de
202418, en la que esta Sección señaló:

“[…] la apelación no constituye una oportunidad para adicionar
hechos por los que se considera está configurada la causal; lo
contrario equivaldría afectar el derecho de defensa y contradicción
de la parte acusada quien se vería sorprendida frente a hechos que
no fueron propuestos en el escrito inicial […]”.

Y en cuanto al argumento de la apelante según el cual el Acta núm.
10 de 30 de marzo de 2022 en la que aparece como socio único a
quien se había designado como representante legal en la anterior
acta, genera dudas sobre la autenticidad de dicha transferencia de
las acciones, y que hay una falsedad en el Acta núm. 11 de 14 de
septiembre de 2022, al ser convocada el 18 de marzo de 2022, la
Sala advierte que la presunción de autenticidad de estas, así como
de las demás pruebas, no ha sido enervada19, pues a pesar de que

17 Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de

septiembre de 2021, núm. único de radicación 54001-23-33-000-2020-00606-01(PI), consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de

julio de 2024, núm. único de radicación 44001-23-40-000-2023-00088-01 (acumulado con 44001-
2340-000-2023-104-01 (PI), consejero ponente Oswaldo Giraldo López.
19 “[…] Artículo 244. Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza

sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la
persona a quien se atribuya el documento.
Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original
o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de

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la solicitante formuló tacha de falsedad en su contra esta no
prosperó.

Sobre la referida Acta de asamblea núm. 11 de 14 de septiembre de
2022 de la empresa EXPRESS CARIBE RADIANTE S.A.S. y la
certificación denominada “COMPOSICIÓN ACCIONARIA” de 4 de
octubre de 2022, suscrita por el señor RICARDO ARTURO PÉREZ
HOYOS, representante legal de la mencionada empresa, cabe
mencionar que si bien son posteriores a la fecha de celebración del
contrato adicional núm. 01 de 5 de agosto de 2022, lo cierto es que
demuestran que el único socio con participación del 100% es el señor
RICARDO ARTURO PÉREZ HOYOS, en consonancia con lo indicado
en el Acta núm. 10 de 30 de marzo de 2022 y, por ende, que el
diputado no era accionista de dicha empresa para esa época, todo lo
cual carece de contra evidencias en este proceso.

Ahora, con relación a la prueba concerniente al Acta de matrícula e
inscripción de 17 de octubre de 2023, expedida por la CÁMARA DE
COMERCIO DE SANTA MARTA, se observa que en esa fecha se
radicó en sus oficinas una transacción en los registros públicos que
administra y maneja esa entidad, y que el trámite radicado fue:

la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso
o desconocidos, según el caso.
También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte
del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen
disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución.
Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título
ejecutivo.
La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su
autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los
documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos.
Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

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“NOMBRAMIENTO SOC. COMERCIAL E INST. FINANCIERAS,
IMPUESTO DE REGISTRO (SIN CUANTÍA)”.

Sin embargo, en este documento no se señala que el diputado es
accionista de la empresa EXPRESS CARIBE RADIANTE S.A.S.,
como lo adujo la recurrente, aunado a que no se puede perder de
vista que, como se observó anteriormente, las cámaras de comercio
no son las entidades encargadas de certificar la composición
accionaria de una S.A.S.

Asimismo, respecto al argumento de la apelante según el cual se
encuentra acreditado que posterior a la celebración del contrato de
adición el diputado todavía era accionista o gestionaba contratos
estatales, por cuanto el 17 de octubre de 2023 realizó trámites para
dicha empresa con el objeto registrar el Acta núm. 11, como consta
en el recibo de pago núm. S001046274, en el documento de
operación núm. 99-USUPUBXX-20231017-0079 y en el núm. de
liquidación 2080887, cabe advertir que no constituyen gestiones ni
celebración de negocios las actuaciones posteriores a la suscripción
de un contrato con el Estado.

Al efecto, debe puntualizarse que la jurisprudencia de la Sala Plena
de esta Corporación, entre ellas, la sentencia de 8 de octubre de
201920, ha establecido que no constituye gestión de negocios la

20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de octubre de

2019, núm. único de radicación 11001-03-15-000-2018-02417-01(PI), consejero ponente Alberto
Montaña Plata. Si bien ese proceso giró en torno a la eventual configuración de la inhabilidad prevista
en el artículo 179, numeral 3, de la Constitución Política, que no a una incompatibilidad, lo cierto es
que el análisis allí efectuado resulta relevante en el caso concreto, por cuanto también descartó la
‘gestión de negocios’ respecto de conductas llevadas a cabo con posterioridad a la celebración del
contrato, subregla jurisprudencial común a la prohibición genérica de gestionar negocios o celebrar
contratos, por sí o por interpuesta persona, durante lapsos previos o concomitantes a la condición
de miembro de una corporación pública.

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intervención en etapas subsiguientes a la celebración del contrato.
Tampoco se puede inferir del material probatorio que obra en el
expediente que el diputado celebró por interpuesta persona el
contrato adicional núm. 01 de 5 de agosto de 2022, pues no hay
prueba alguna que permita señalar que quien estuvo detrás de la
celebración del contrato adicional que suscribió el consorcio
TRANSMANAURE 2022 fuese el accionado o que éste dominara o
ejerciera alguna presión.

Como se advierte, el accionando no intervino en la gestión del citado
contrato adicional ni celebró contrato directamente o por interpuesta
persona, pues no hay prueba de que hubiese actuado ante el referido
contratista para que se viabilizara o materializara ese negocio
jurídico. Por lo tanto, en el presente caso es claro que la
incompatibilidad invocada por la solicitante no se configuró, al no
haberse probado que el señor DANIEL ELÍAS CEBALLOS BRITO
fue quien celebró el contrato adicional núm. 01 de 5 de agosto de
2022 al contrato núm. 078 de 29 de marzo de 2022, o que él estuvo
detrás, o hizo gestiones efectivas y decisivas para lograr la
celebración del referido negocio jurídico, simultáneamente al
ejercicio del cargo de diputado de La Guajira.

V.5.- Con fundamento en lo considerado, al descartarse la
configuración del elemento objetivo de la causal de violación del
régimen de incompatibilidad, prevista en el artículo 50, numeral 2, y
60, numeral 1, de la Ley 2200, lo que, por demás, impide proseguir
con el examen del elemento subjetivo, la Sala confirmará la sentencia
de 10 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de

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La Guajira, que denegó la pérdida de investidura del diputado de La
Guajira, señor DANIEL ELÍAS CEBALLOS BRITO.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones
expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 9 de octubre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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