Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 44001-23-40-000-2025-00147-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 44001-23-40-000-2025-00147-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 44001-23-40-000-2025-00147-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
14 de mayo de 2026
Accionante: E.S.E. Hospital San Agustín de Fonseca
Accionado: Juzgado 1. ° Administrativo Mixto del Circuito Judicial de
Riohacha
Radicado: 44001-23-40-000-2025-00147-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 44001-23-40-000-2025-00147-01
Demandante: E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTÍN DE FONSECA
Demandado: JUZGADO 1. ° ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE RIOHACHA
TEMAS: Tutela contra providencia judicial - confirma improcedencia por
falta de agotamiento de los medios de defensa.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de
18 de diciembre de 2025, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de La Guajira
declaró improcedente la acción de tutela.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Mediante escrito recibido el 4 de diciembre de 2025, la entidad accionante solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales a la vida y la salud, junto con el derecho
colectivo a la salubridad pública, presuntamente vulnerados por parte del Juzgado 1. °
Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Riohacha al decretar una medida cautelar
dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado 44001-33-40-001-2011-
00113-00.
Adicionalmente, solicitó, como medida provisional, la suspensión del embargo de sus
cuentas bancarias.
1.2. Peticiones de amparo constitucional
En la demanda de tutela se manifestó:
1. Amparar los derechos fundamentales invocados.
2. Dejar sin efectos el Auto de embargo de fecha 11 de noviembre del 2025, en
cuanto a que decreta la medida cautelar en lo que hace relación al embargo de
las cuentas bancarias de todos los recursos que el hospital llegare a tener
incluyendo los del S.G.P-Salud, de las EPS con la cuales tiene maneja o es
beneficiarios de estos recursos inembargables, y de los de la venta diaria de
servicios que se produzcan en las instalaciones de la ESE., por las razones
anteriormente expuesta.
3. En caso positivo, ordenar al Juzgado Primero Administrativo de Riohacha, que
emita los respectivos oficios a todas las entidades bancaria y comerciales (EPS),
1
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Accionante: E.S.E. Hospital San Agustín de Fonseca
Accionado: Juzgado 1. ° Administrativo Mixto del Circuito Judicial de
Riohacha
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con la cuales este Hospital tenga relación de manejo de los recursos y se le haya
comunicado tal medida.
3. Ordenar modular la medida cautelar excluyendo totalmente el recaudo diario
y los embargos sobre las cuentas bancarias de la entidad, donde se manejen
recursos del S.G.P.-SALUD, por ser legalmente inembargables.
4. Ordenar proteger la continuidad del servicio esencial de salud.1
1.3. Hechos
De la narración realizada en el escrito inicial y lo evidenciado en el expediente, se
resaltan las siguientes premisas fácticas:
Dentro del proceso ejecutivo que se inició con el objetivo de lograr el cumplimiento de
las órdenes dadas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 2011-00113, el Juzgado 1. ° Administrativo Mixto del Circuito Judicial de
Riohacha dispuso, en auto de 11 de septiembre de 2025, el embargo de las cuentas
bancarias, remanentes y demás recursos que ingresen al Hospital San Agustín de
Fonseca.
La E.S.E. asegura que su funcionamiento depende del recaudo diario que recibe con
ocasión del servicio de salud, lo cual, también se vio afectado por la orden de la
autoridad judicial accionada.
A pesar de las manifestaciones de la entidad ejecutada sobre la imposibilidad de
realizar el pago de manera inmediata y de un intento de proponer un acuerdo de pago
con los demandantes, la medida se ha mantenido.
1.4. Fundamentos de la solicitud
En el escrito inicial se especificó un defecto por desconocimiento del precedente y un
defecto «procedimental por no valorar pruebas».
De las manifestaciones efectuadas en diferentes apartes de la demanda, se rescata
que, para la parte actora el juzgado accionado desbordó los límites de las órdenes de
embargo a recursos públicos, en especial, si se tiene en cuenta que los dineros con
los que cuenta el hospital tienen destinación específica y son inembargables.
Como jurisprudencia desconocida, enunció:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, Auto del 20 de mayo de 2022, Exp. 73001-23-33-000-2019-00378-01
(68.001) – sobre límites y excepciones a la inembargabilidad de recursos públicos en
procesos ejecutivos derivados de sentencia.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Auto del 23 de noviembre de 2017,
Exp. 58.870, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera – embargo en ejecutivo fundado en
sentencia del contencioso administrativo.
1 Transcripción literal, incluyendo posibles errores.
2
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Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Auto del 14 de marzo de 2019,
Exp. 59.802, C.P. María Adriana Marín – reiteración de las excepciones al principio de
inembargabilidad.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 22 de abril de 2022,
Rad. 05001-23-33-000-2015-00927-01 (60587), C.P. María Adriana Marín (“VIVA vs.
Municipio de Necoclí”) – improcedencia de discutir la legalidad del título en el ejecutivo
y limitación de las excepciones de mérito.
Aseguró que el Consejo de Estado, en un fallo de tutela 2, explicó que el embargo de
los dineros de la salud constituye una afectación grave a ese servicio. A su vez, citó
un aparte de la sentencia C – 1154 de 2008, en la que el órgano de cierre explicó los
escenarios en los que procede dicha medida contra los recursos públicos incorporados
al presupuesto general de la Nación.
Del mismo modo, recordó que en la sentencia C – 313 de 2014, la Corte Constitucional,
al ahondar sobre la inembargabilidad, resaltó que este no es un principio absoluto, sino
que debe estar en consonancia con otras garantías como dignidad humana, la
seguridad jurídica, la propiedad, el acceso a la administración de justicia y el trabajo.
Afirmó que la decisión atacada tiene incidencia directa en el ejercicio de su labor, lo
que pone en riesgo a los pacientes que atiende, frente a los cuales tiene la posición
de garante y se encuentra en la obligación de suministrar los cuidados necesarios que
dependen del ingreso de caja que se encuentra actualmente afectado.
1.5. Trámite de la acción
Mediante proveído de 10 de diciembre de 2025, la magistrada ponente del Tribunal
Administrativo de la Guajira ordenó notificar como accionado al Juzgado 1. °
Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Riohacha. A su vez, negó la solicitud de
medida provisional3.
Con auto de 20 de marzo de 2026, el despacho sustanciador en la segunda instancia,
evidenció que faltaba vincular a los demandantes dentro del proceso ejecutivo, por lo
que puso en conocimiento la causal de nulidad saneable.
El 30 de abril de 2026, se requirió al abogado Felix Antonio Camaño Mendoza para
que acreditara que se le había conferido poder para actuar en nombre de los
demandantes del proceso ejecutivo. El 8 de mayo de 2026 se recibió la respuesta
correspondiente de parte del mencionado profesional.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, se recibieron los siguientes informes:
1.6.1. Juzgado 1. ° Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Riohacha
2 Mencionó el radicado 11001-03-15-000-2020-04268-01.
3 Esto por cuanto no evidenció la inminencia e irreversibilidad del perjuicio y, por el contrario, estimó
que lo pedido en la medida provisional correspondía al asunto de fondo de la tutela.
3
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La titular del despacho concurrió al proceso y manifestó que el proceso ejecutivo se
viene tramitando desde septiembre de 2017, cuenta con mandamiento de pago de
febrero de 2019 y se ordenó seguir adelante con la ejecución el 15 de febrero de 2023,
decisión contra la que no se agotó el recurso de apelación.
Explicó que tras varios años de trámite para el cumplimiento de la sentencia y sin que
se evidenciaran avances claros en las negociaciones por parte de la entidad ejecutada
para el pago de la obligación, acudió a la orden de embargo cuestionada.
Resaltó el desarrollo jurisprudencial que respalda su decisión, puntualizando que la
inembargabilidad de recursos públicos tiene excepciones, como ocurre en este caso,
donde la deuda deviene de acreencias laborales reconocidas mediante una
providencia judicial. Con todo, aclaró que la medida cautelar se limitó a
$1 096 140 967.
A su vez, resaltó que el auto en cuestión no fue objeto de recursos por parte del
hospital accionante.
1.6.2. Demandantes del proceso ejecutivo
El abogado Felix Antonio Camaño Mendoza concurrió en nombre de la parte actora en
el proceso 2011-00113.
En su intervención defendió la medida adoptada por la autoridad accionada, resaltó la
necesidad de la medida cautelar con el fin de proteger el objeto del proceso y que esta
fue proferida en virtud de la falta de pago de la obligación de parte de la entidad
accionante.
Consideró que lo pretendido con la acción de tutela es desconocer los mecanismos
propios del trámite judicial, por lo que esta vía es improcedente.
1.7. Fallo impugnado
Mediante sentencia de 18 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo de La
Guajira declaró improcedente la acción de tutela, por cuanto no se cumplió con el
requisito de agotar los mecanismos de defensa con los que contaba la parte actora.
Para llegar a dicha conclusión, resaltó que, de acuerdo con el numeral 5 artículo 243
de la Ley 1437 de 2011 y el numeral 8 del artículo 321 de la Ley 1564 de 2012, el auto
que resuelve una medida cautelar es pasible de apelación, por lo que la E.S.E. debía
acudir a ese mecanismo antes de proceder con el medio constitucional.
Con base en lo anterior, concluyó:
Así las cosas, advierte el Tribunal que en el caso objeto de análisis (i) la ESE
accionante dejó de interponer los mecanismos judiciales ordinarios contra la
providencia que decretó el embargo de los dineros que llegare a tener el Hospital
en sus cuentas, (ii) no dio cuenta de las razones por la cuales se abstuvo del
interponer los mismos y (iii) la accionante no aportó las pruebas que demuestren el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la jurisprudencia para que, pese a no
haber hecho usos de los recursos ordinarios previstos para invocar la protección de
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sus derechos fundamentales, haya lugar a la procedencia de la acción de tutela. Es
decir, no acreditó la falta idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios que tenía a
su alcance para controvertir el auto que decretó las medidas cautelares, no
demostró la consumación de un perjuicio irremediable, así como tampoco se
evidencia que se trate de un sujeto de especial protección constitucional.
1.8. Impugnación4
La actora manifestó que el requisito de la subsidiariedad no es absoluto y que debe
tenerse en cuenta si los mecanismos ordinarios son idóneos.
Partiendo de allí, resaltó la protección reforzada del derecho a la salud y la afectación
que sufre, no solo el hospital, sino la comunidad en general por cuenta de la medida
cautelar decretada, así:
El fallo impugnado desconoce que el embargo decretado no afecta únicamente a la
entidad ejecutada, sino que produce una afectación directa y masiva a los derechos
fundamentales de los usuarios del sistema de salud del municipio de Fonseca,
quienes no son parte en el proceso ejecutivo.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la accionante
contra la sentencia de 18 de diciembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
de La Guajira, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta corporación.
2.2. Cuestión previa
En el auto de 20 de marzo de 2026 se advirtió la ocurrencia de una nulidad saneable
por cuanto no se vinculó a los demás intervinientes del proceso ejecutivo y se señaló
que, en caso de que no se recibieran manifestaciones al respecto, se tendría saneada
dicha irregularidad.
Así las cosas, como el abogado que concurrió en nombre de los demandantes no
manifestó que proponía la nulidad advertida en la referida providencia, la falta de
vinculación de la parte ejecutante en la primera instancia de esta tutela, se tiene
saneada.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 18 de diciembre de 2025, a través de la cual el
Tribunal Administrativo de La Guajira declaró improcedente la acción de tutela.
4 La sentencia se notificó mediante correo electrónico enviado el 19 de diciembre de 2025 y el escrito
de impugnación fue radicado el 1 de enero de 2026.
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Para el efecto, se abordará el estudio del caso así: (i) la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva, y, de
superarse, (iii) caso concreto.
2.3.1. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20125 unificó
la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8, la Sala
Plena de lo Contencioso - Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva.
2.4.2. Sobre el agotamiento de todos los medios de defensa, el inciso 3.º del
artículo 86 de la Constitución Política consagra este requisito como presupuesto de
procedencia de la acción de tutela y determina que «[e]sta acción sólo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial», precepto
reglamentado por el numeral 1.º del artículo 6.º del Decreto 2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, al existir otros medios de defensa
judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que
se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.
Lo anterior, tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que,
la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues, todos los mecanismos judiciales,
deben buscar la defensa de aquellos.
5 Sala Plena. Consejo de Estado. Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. acción de tutela - importancia
jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
7 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Ahora bien, en el presente caso se tiene que la parte actora atacó el auto mediante el
cual el Juzgado 1. ° Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Riohacha decretó una
medida cautelar dentro de un proceso ejecutivo.
Al respecto, se tiene que el numeral 5 del artículo 243 de la Ley 1437 de 20119, dispone
que entre los autos pasibles de apelación está el que «decrete, deniegue o modifique
una medida cautelar», por lo que es claro que, en el propio trámite judicial, la parte
actora contaba con un mecanismo para cuestionar la decisión censurada.
A su vez, aunque en el escrito de impugnación, la E.S.E. afirmó que para la exigencia
de la subsidiariedad era necesario verificar la idoneidad del mecanismo principal, no
realizó ninguna consideración que cuestionara dicha figura procesal.
Debe recordarse que, de acuerdo con el artículo 236 de la Ley 1437 de 2011, el recurso
que se presente contra el auto que resuelva una medida cautelar debe resolverse
dentro de un plazo de 20 días, por lo que se evidencia la idoneidad de dicha
herramienta, puesto que está creada para que, de manera expedita, se decidan, en
segunda instancia y de manera definitiva, los argumentos que ha presentado la E.S.E.
contra la orden de embargo de sus cuentas.
En ese orden de ideas, se confirmará lo resuelto por el Tribunal Administrativo de La
Guajira, por cuanto la parte actora no acreditó el cumplimiento del requisito de agotar
los medios de defensa ordinarios con los que contaba en el proceso ejecutivo, ni
demostró una situación que reste de idoneidad al recurso de apelación extrañado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 18 de diciembre de 2025, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo de La Guajira declaró improcedente la acción de tutela.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
9 La Sala no se remitirá al numeral 8 del artículo 321 del C.G.P., por cuanto al existir norma especial
en el C.P.A.C.A., no es correcto acudir al estatuto general.
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GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.”
8
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