Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 44001-23-40-000-2026-00039-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 44001-23-40-000-2026-00039-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 44001-23-40-000-2026-00039-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación (Acumulados): 44001-23-40-000-
2026-00039-01, 44001-23-40-000-2026-00040-00, 44001-23-
40-000-2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Referencia: Acción de tutela
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA IMPUGNADA Y, EN SU LUGAR, SE
DECLARA LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA
DE LOS ACTORES EN CALIDAD DE ELECTORES; Y LA
IMPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DEL SEÑOR MICHER PÉREZ
FUENTES, POR NO CONCURRIR EL REQUISITO GENERAL DE LA
SUBSIDIARIEDAD.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ELEGIR Y SER
ELEGIDO Y PARTICIPAR EN EL EJERCICIO DEL CONTROL POLÍTICO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide las impugnaciones presentadas por los señores
OSWALDO CARLOS RODRÍGUEZ FIGUEROA, JESÚS DANIEL
FIGUEROA SALOMÉ, ÁLVARO ALARIO MONTERO y NICOLÁS
ANDRÉS PÉREZ SOLANO contra la sentencia de 15 de mayo de
2026, mediante la cual el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA
2
Número único de radicación (Acumulados): 44001-23-40-000-2026-
00039-01, 44001-23-40-000-2026-00040-00, 44001-23-40-000-
2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
GUAJIRA1 accedió parcialmente a los amparos solicitados.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
Los señores MICHER PÉREZ FUENTES, LUIS MANUEL ROSADO
MACHADO y ROSA INÉS CANO FRAGOSO, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a elegir y ser elegido, al sufragio efectivo y a participar en el
ejercicio del control político, los cuales estiman vulnerados por el
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL2 al expedir las resoluciones
núms. 2094 y 2098 de 25 y 29 de abril de 2026, respectivamente,
dentro del expediente identificado con el número único de radicación
CNE-E-D6-2026-007330.
I.2.- Hechos
I.2.1. Hechos comunes de los expedientes acumulados
1
En adelante TRIBUNAL.
2
En adelante CNE.
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Número único de radicación (Acumulados): 44001-23-40-000-2026-
00039-01, 44001-23-40-000-2026-00040-00, 44001-23-40-000-
2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
De la lectura de los expedientes acumulados se advierten como
hechos relevantes, los siguientes:
Señalaron que, a solicitud de varios ciudadanos, el CNE adelantó
actuación administrativa de revocatoria de inscripción del candidato
MICHER PÉREZ FUENTES para las elecciones atípicas a la Alcaldía
del MUNICIPIO DE FONSECA3 (LA GUAJIRA), para el período
2026-2027.
Indicaron que la solicitud de revocatoria fue decidida mediante la
Resolución núm. 2094 de 25 de abril de 2026, a través de la cual se
revocó la inscripción del señor PÉREZ FUENTES, decisión
confirmada a través de la Resolución núm. 2098 de 29 de abril de
este año, a pocos días de la jornada electoral.
A juicio de los actores, los actos administrativos expedidos por el
CNE vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la participación política, al
sufragio efectivo y a elegir y ser elegido, por cuanto les impidió
3
En adelante Municipio.
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Número único de radicación (Acumulados): 44001-23-40-000-2026-
00039-01, 44001-23-40-000-2026-00040-00, 44001-23-40-000-
2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
ejercer oportunamente los mecanismos judiciales de defensa judicial,
generando así un perjuicio irremediable en el desarrollo del proceso
democrático local.
I.2.2.- Hechos del expediente identificado con el número de
radicación 2026-00039-00, presentado por el señor MICHER
PÉREZ FUENTES.
Indicó que el señor JESÚS DANIEL FIGUEROA SALOMÉ junto con
otros peticionarios, solicitaron la revocatoria de su acto de inscripción
como alcalde del MUNICIPIO, para el período atípico 2026 – 2027,
que se celebraría el 3 de mayo de 2026, por estar inhabilitado.
Señaló que dichas solicitudes se fundamentaron en que ejerció
autoridad civil, política y administrativa en el municipio dentro de los
doce meses anteriores a la elección, pues se desempeñó como
alcalde hasta el 22 de febrero de 2026 y tiene parentesco en segundo
grado de consanguinidad con el señor OSCAR PÉREZ, quien funge
en la actualidad como presidente y concejal del MUNICIPIO.
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Número único de radicación (Acumulados): 44001-23-40-000-2026-
00039-01, 44001-23-40-000-2026-00040-00, 44001-23-40-000-
2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
Manifestó que, como consecuencia de lo anterior, el CNE expidió la
Resolución núm. 2094 de 25 de abril de 2026, mediante la cual
revocó su inscripción como candidato al cargo de alcalde, por
considerar, erradamente, que en sentencia de 22 de enero de este
año, proferida por la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE
ESTADO, le fue anulada su elección por causal subjetiva, lo cual, a
su juicio, es falso, por cuanto dicho proceso fue incluso acumulado
bajo causales objetivas, de conformidad con lo previsto en el artículo
282 del CPACA.
Agregó que en la aludida resolución también se afirmó de manera
equívoca que los efectos de la sentencia que anula su elección serían
EX NUNC, por ser causal subjetiva, pese a que la providencia no lo
menciona.
Sostuvo que interpuso recurso de reposición y aportó como prueba
el auto de 21 de agosto de 2024 en el que el proceso electoral
originario 2024-00040-01 se acumuló como causales objetivas; no
obstante, dicho elemento no fue trasladado a los demás
intervinientes y, por el contrario, la decisión recurrida fue confirmada
a través de la Resolución 2098 de 29 de abril de 2026.
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Número único de radicación (Acumulados): 44001-23-40-000-2026-
00039-01, 44001-23-40-000-2026-00040-00, 44001-23-40-000-
2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
A juicio del actor, la actuación administrativa que revocó su
inscripción solo busca excluirlo de manera calculada del escenario
político a escasos cinco días antes de la elección y dos días antes de
estar abierto los despachos judiciales para impetrar cualquier acción.
Adujo que el CNE incurrió en defecto fáctico por falta de valoración
del acervo probatorio, toda vez que para determinar si la causal de
nulidad era objetiva o subjetiva, debió acudir al expediente de
nulidad electoral radicado con el número 2024-00040-01 acumulado
y, además, valorar como prueba el auto de acumulación de 21 de
agosto de 2024, lo que, en su sentir, hace incurrir a las resoluciones
de revocatoria en una vía de hecho que sirve para acreditar el
elemento temporal.
Precisó que también se configura el defecto fáctico, por cuanto los
actos administrativos expedidos por el CNE no cuentan con el soporte
probatorio que permita la aplicación del supuesto en el que se
fundamentó la decisión de revocatoria, pues, contrario a lo
considerado por la autoridad accionada, de la sentencia de 22 de
enero de 2026, que anuló su elección como alcalde de Fonseca para
el período 2024 - 2027, se podía extraer que: “[…] (i.) La causal de
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Número único de radicación (Acumulados): 44001-23-40-000-2026-
00039-01, 44001-23-40-000-2026-00040-00, 44001-23-40-000-
2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
nulidad fue objetiva, (ii.) No se modulan sus efectos (iii.) A falta de
modulación de los efectos serán EX TUNC y tal cual lo ha considerado
la jurisprudencia constitucional y administrativa a falta de
modulación […]”.
Por último, afirmó que igualmente se incurrió en defecto
procedimental al no correr traslado de la prueba aportada en el
recurso de reposición, esto es, el auto de 21 de agosto de 2024, dado
que en el proceso actúan varias partes o intervinientes: cuatro
solicitantes, el convocado y su apoderado, el Ministerio Público, entre
otros, por lo que correspondía dar cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 79 del CPACA.
I.3.- Pretensiones
I.3.1. Pretensiones comunes de los expedientes acumulados
De la lectura de los expedientes acumulados, la Sala advierte que los
actores pretenden que se amparen sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
participación política, al sufragio efectivo y a elegir y ser elegido y,
en consecuencia, la suspensión de los efectos de las resoluciones
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Número único de radicación (Acumulados): 44001-23-40-000-2026-
00039-01, 44001-23-40-000-2026-00040-00, 44001-23-40-000-
2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
núms. 2094 de 25 de abril y 2098 de 29 de abril de 2026, expedidas
por el CNE, con el fin de preservar los derechos políticos del
candidato MICHER PÉREZ FUENTES y de los electores del
MUNICIPIO.
I.3.2. Pretensiones del expediente identificado con el número
de radicación 2026-00039-00
El actor solicitó lo siguiente:
“[…] PRIMERO: TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
A ELEGIR, SER ELEGIDO, PARTICIPAR EN EL EJERCICIO DEL
CONTROL DEL PODER POLÍTICO, Y EL DEBIDO PROCESO que
han sido vulnerados por la actuación administrativa adelantada por
el consejo nacional electoral por la cual, mediante resolución 2094
del 25 de abril de 2026, y confirmada el día 28 de abril de 2026,
revocando la inscripción de MICHER PÉREZ FUENTES. Y,
confirmada en estados el día 29 de abril de 2026 a las 11:00 a.m.
mediante resolución 2098 de la misma fecha sin que se les
entregue a las partes el texto físico del acto.
SEGUNDO: SUSPENDER TRANSITORIAMENTE la resolución
2094 del 25 de abril de 2026, y confirmada el día 29 del mismo
mes y año (No han entregado el texto de dicho), revocando la
inscripción de MICHER PÉREZ FUENTES, concediendo al
accionante el término de 30 días para que instaure la acción
electoral correspondiente y, de no hacerlo, cesará esta protección.
TERCERO: Comunicar la presente decisión a los interesados. […]”.
I.4. Defensa
I.4.1.- El CNE solicitó revocar la medida cautelar decretada
mediante auto de 4 de mayo de 2026 y, además, declarar
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Número único de radicación (Acumulados): 44001-23-40-000-2026-
00039-01, 44001-23-40-000-2026-00040-00, 44001-23-40-000-
2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
improcedente la presente acción por no cumplir con el requisito de la
subsidiariedad, toda vez que no ha vulnerado los derechos
fundamentales invocados por el señor MICHER PÉREZ FUENTES,
por cuanto las decisiones adoptadas mediante las resoluciones
cuestionadas constituyen actos administrativos de carácter particular
y concreto que gozan de presunción de legalidad, por lo que deben
ser cuestionados a través de los medios de control ante la jurisdicción
contencioso administrativa.
Resaltó que la acción de tutela no constituye una tercera instancia
para reabrir debates surtidos dentro de procedimientos
administrativos válidamente adelantados, máxime cuando en el
presente caso no se configura una vía de hecho administrativa que
justifique la intervención excepcional del juez constitucional, razón
por la que el actor cuenta con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para controvertir la legalidad de los
actos acusados.
I.5. Intervenciones
I.5.1.- La REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL4
solicitó ser desvinculada de la presente acción por falta de
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En adelante Registraduría.
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Número único de radicación (Acumulados): 44001-23-40-000-2026-
00039-01, 44001-23-40-000-2026-00040-00, 44001-23-40-000-
2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
legitimación en la causa por pasiva, pues las decisiones cuestionadas
son de competencia exclusiva del CNE y no le es atribuible la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados.
I.5.2.- El señor NICOLÁS ANDRÉS PÉREZ SOLANO, actuando en
calidad de tercero con interés directo, solicitó declarar improcedente
el amparo deprecado, debido a que el ordenamiento jurídico prevé
mecanismos específicos como la nulidad electoral para controvertir
este tipo de situaciones, por lo que la acción de tutela no resulta
idónea para alterar los efectos de un proceso de elección ya realizado.
Además, solicitó el levantamiento de la medida cautelar decretada,
por cuanto fue notificada el 4 de mayo de 2026, esto es, con
posterioridad a la celebración de las elecciones atípicas realizadas el
día anterior y, por ello, no puede producir efectos retroactivos ni
alterar una situación jurídica ya consolidada, como lo es la realización
del proceso electoral.
I.5.3.- La VEEDURÍA CIUDADANA RED CONTROL CARIBE
manifestó intervenir en calidad de tercero con interés directo, en
ejercicio del derecho de participación y del control social sobre la
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Número único de radicación (Acumulados): 44001-23-40-000-2026-
00039-01, 44001-23-40-000-2026-00040-00, 44001-23-40-000-
2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
gestión pública, para lo cual solicitó denegar el amparo deprecado,
por no existir vulneración alguna de los derechos fundamentales
invocados por el actor atribuible al CNE, cuya actuación se encuentra
ajustada al ordenamiento jurídico vigente.
Precisó que la actuación del CNE se enmarca en el ejercicio de una
competencia reglada y dirigida a garantizar que las candidaturas se
ajusten a las condiciones establecidas en la ley, debido a que la
autoridad electoral no puede sustraerse de la aplicación del régimen
de inhabilidades sin comprometer la validez misma del proceso
democrático, pues ello implicaría permitir la concurrencia de
aspirantes que carecen de aptitud jurídica para participar en igualdad
de condiciones, por lo que la decisión de revocar la inscripción del
actor no se fundamenta en una apreciación discrecional de la
accionada, sino en la aplicación de los principios de confianza
legítima, la estabilidad del sistema jurídico y la necesidad de
reconocer las situaciones consolidadas bajo la vigencia de actos
amparados por presunción de legalidad.
I.5.4.- El señor JEAN CARLOS FONSECA GUERRA, actuando en
calidad de tercero con interés directo, solicitó declarar improcedente
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Número único de radicación (Acumulados): 44001-23-40-000-2026-
00039-01, 44001-23-40-000-2026-00040-00, 44001-23-40-000-
2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la
subsidiariedad, debido a que el estudio de legalidad de los actos
administrativos electorales cuestionados corresponde a la
jurisdicción contencioso-administrativa.
Puso de manifiesto que se han presentado múltiples acciones de
tutela, promovidas por distintos ciudadanos ante diferentes
despachos judiciales, con el fin de que se suspendan los efectos de
las resoluciones núms. 2094 y 2098 de 2026 y se permita la
continuidad de la candidatura del actor, frente a lo cual ya existe un
pronunciamiento judicial previo y en firme proferido por la SALA DE
DECISIÓN PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE RIOHACHA
dentro del expediente núm. 2026-00061-00 que, mediante
providencia de 30 de abril de 2026, declaró la improcedencia de la
acción de tutela para controvertir los citados actos administrativos.
I.5.5.- El señor ÁLVARO IGNACIO ALIRIO MONTERO, actuando
en calidad de tercero con interés directo, solicitó declarar
improcedente la acción de tutela por existir otro medio de defensa
judicial para cuestionar los actos administrativos de carácter electoral
y, además, de manera subsidiaria, pidió declarar la carencia actual
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Número único de radicación (Acumulados): 44001-23-40-000-2026-
00039-01, 44001-23-40-000-2026-00040-00, 44001-23-40-000-
2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
de objeto por hecho superado, toda vez que la jornada electoral del
3 de mayo de 2026 se celebró con anterioridad a la admisión de la
tutela y a la expedición de la medida provisional, conforme al
precedente fijado por el mismo Tribunal en la sentencia de 3 de
noviembre de 2023.
I.5.6.- El señor MARCO ANTONIO JARAMILLO DAZA, actuando
en calidad de tercero con interés directo, afirmó que todos los hechos
expuestos en la presente acción son ciertos y, a su juicio, no sólo se
está vulnerando el derecho a ser elegido el actor, sino también el
suyo a elegir, razón por la que sostuvo que debe accederse a las
pretensiones de declarar la nulidad de la Resolución 2094 de 2026 y,
en consecuencia, ordenar, a quien tenga la responsabilidad, la
entrega de la credencial al señor MICHER PÉREZ FUENTES.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
El TRIBUNAL5 mediante sentencia de 15 de mayo de 2026, decidió
lo siguiente:
5
Se resalta que el Tribunal en el auto admisorio de la demanda de 4 de mayo de 2026 dispuso como
medida cautelar lo siguiente: “[…]SÉPTIMO: ACCEDER LA MEDIDA CAUTELAR de suspender de
forma inmediata la aplicación de los actos administrativos que revocan la inscripción del candidato
MICHER PÉREZ FUENTES para la elección atípica de alcalde en el municipio de Fonseca ( La Guajira)
del 3 de mayo de 2026 contenidos en las resoluciones 2094 y 2098 del 25 y 29 de abril respectivamente,
proferidas por el Consejo Nacional Electoral, de conformidad a las consideraciones que se exponen en
precedencia […]”. El Tribunal mantuvo tal decisión en la sentencia de primera instancia.
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Número único de radicación (Acumulados): 44001-23-40-000-2026-
00039-01, 44001-23-40-000-2026-00040-00, 44001-23-40-000-
2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
“[…] Falla:
PRIMERO: Declarar probada la falta de legitimación en la
causa por activa del señor Luis Manuel Rosado Machado,
respecto de los derechos fundamentales de debido proceso y
derecho a ser elegido, conforme con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Declarar no probada la falta de legitimación en la
causa por pasiva de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: Acceder a amparar por tutela el derecho
fundamental de participación democrática en el ejercicio del
control político en la elección atípica de alcalde en el municipio
de Fonseca de los accionantes Micher Pérez Fuentes, Luis
Manuel Rosado Machado y la accionante Rosa Inés Campo
Fragozo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40, 93, 314
y 316 de la Constitución Política y acorde con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
CUARTO: Acceder a amparar por tutela el derecho
fundamental del debido proceso en la actuación administrativa,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Constitución
Política y acorde con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia en relación con el proceso 44-001-23-40-000-
2026-00044-00 instaurado por el señor Micher Pérez Fuentes.
QUINTO: Acceder a amparar de forma transitoria los derechos
políticos de elegir, a la eficacia del voto y a escrutinio de la
accionante Rosa Inés Campo Fragozo, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 40, 258, 314 y 316 de la Constitución
Política y acorde con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia en relación con el proceso 44-001-23-40-000-
2026-00043-00.
SEXTO: Acceder a amparar de forma transitoria el derecho
político de elegir del accionante Luis Manuel Rosado Machado,
de acuerdo con lo previsto en los artículos 40, 258, 314 y 316
de la Constitución Política, de acuerdo con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
SÉPTIMO: En consecuencia, de lo anterior, se accede a
mantener vigente la medida de protección de los derechos
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Número único de radicación (Acumulados): 44001-23-40-000-2026-
00039-01, 44001-23-40-000-2026-00040-00, 44001-23-40-000-
2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
fundamentales amparados con la orden de suspensión de los
efectos de los actos administrativos de exclusión en el proceso
electoral municipal atípico de Fonseca, contenidos en las
resoluciones 2094 y 2098 de abril de 2026 proferidos por el
Consejo Nacional Electoral.
Se accede a la solicitud de la suspensión de manera transitoria
mientras el señor Micher Pérez Fuentes instaura en la
jurisdicción contencioso administrativa los mecanismos
ordinarios de control judicial para los mencionados actos
administrativos, lo cual debe incoar a la mayor brevedad
posible, sin que en ningún caso pueda superar el término de 30
días de la caducidad de la acción electoral ordinaria de la
elección atípica de la alcaldía de Fonseca, que se cause en los
términos del artículo 164 numeral 2, literal a) del CPACA, so
pena de extinción de esta medida de protección en tal fecha.
OCTAVO: Negar las demás pretensiones de las demandas, en
especial las relacionadas con el derecho a ser elegido, por no
ser el proceso electoral el objeto de esta sentencia de tutela
[…]”.
Para el efecto, consideró que resultaba necesaria la intervención del
juez constitucional frente a la amenaza de los derechos políticos del
señor MICHER PÉREZ FUENTES, debido a que la autoridad
accionada expidió los actos administrativos de inhabilitación en el
proceso electoral a pocas horas hábiles de la fecha calendada para
las elecciones, por lo que si bien existía otro medio de defensa judicial
el mismo no era pleno ni eficaz para la protección de los derechos
invocados, lo que evidenciaba la necesidad de la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
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Número único de radicación (Acumulados): 44001-23-40-000-2026-
00039-01, 44001-23-40-000-2026-00040-00, 44001-23-40-000-
2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
Afirmó que la medida cautelar en el proceso contencioso no resultaba
tan omnicomprensiva para la protección de los derechos políticos
invocados, por cuanto su ámbito de competencia es frente a un acto
administrativo definitivo de carácter particular y concreto y, por
ende, se limitaba el espectro de los derechos fundamentales solo
para el candidato excluido y no abarcaba el derecho a elegir de los
sufragantes.
Precisó que se debía proteger el derecho de participación
democrática, toda vez que el CNE aplicó de forma indebida el
precedente jurisprudencial del Consejo de Estado en cuanto a los
efectos jurídicos de las sentencias de nulidad electoral por causales
subjetivas, esto es, las previstas en los numerales 5 y 26 del artículo
275 del CPACA, pues la providencia anulatoria en cuestión no tuvo
lugar por causal subjetiva, sino por falta de competencia y expedición
irregular, que constituyen causales generales de nulidad que
proceden contra todo acto administrativo, según lo dispuesto en el
artículo 137 ibidem.
Denegó las pretensiones frente al derecho de elegir y ser elegido, por
considerar que la elección del alcalde no se obtiene en los estrados
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00039-01, 44001-23-40-000-2026-00040-00, 44001-23-40-000-
2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
judiciales, sino por la voluntad popular manifestada en la
participación democrática de los ciudadanos inscritos en el censo
electoral del MUNICIPIO, lo cual no era el objeto de la presente
acción.
Sostuvo que la Resolución núm. 2094 de 25 de abril de 2026, a través
de la cual se revocó la inscripción de la candidatura del ciudadano
PÉREZ FUENTES, fue expedida el mismo día en que se resolvió la
recusación presentada a través de la Resolución núm. 2092, aun
cuando esa decisión, en los términos del numeral 1 del artículo 87
del CPACA no había quedado ejecutoriada, razón por la que consideró
que había lugar a amparar el derecho al debido proceso del citado
señor y a mantener la medida de suspensión de los efectos de los
actos cuestionados de forma transitoria mientras el actor acude a los
mecanismos judiciales ordinarios.
Frente al señor LUIS MANUEL ROSADO MACHADO, determinó que
carecía de legitimación en la causa por activa respecto del derecho
de ser elegido del candidato excluido mediante las resoluciones
cuestionadas, por cuanto los efectos de estas son de carácter
particular y concreto que recaen exclusivamente en el señor PÉREZ
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00039-01, 44001-23-40-000-2026-00040-00, 44001-23-40-000-
2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
FUENTES; y que en cuanto a la garantía del debido proceso, no se
demostró que haya participado dentro de la actuación administrativa
que culminó con la expedición de los actos acusados.
Ahora, en relación con la señora ROSA INÉS CANO FRAGOSO
consideró que sí se cumplía el presupuesto de la legitimación en la
causa por activa frente al derecho a la representación política
efectiva, comoquiera que, consultado el aplicativo web de la
Registraduría Nacional, se demostró que se encontraba habilitada
para ejercer su derecho al voto en el MUNICIPIO para las elecciones
atípicas de 3 de mayo de 2026.
Explicó que, a la fecha, no se ha dictado acto definitivo que decida
sobre la elección atípica de alcalde en el MUNICIPIO, por lo que si
bien no se había concretado la vulneración de los derechos invocados
por la parte accionante -elector-, se advertía una clara amenaza
sobre su derecho a la efectividad del voto, lo que habilitaba la
intervención inmediata del juez constitucional.
Finalmente, puso de presente que lo más razonable y ajustado al
principio pro homine, prevalente ante el ejercicio de derechos
políticos, era que el CNE, ante la duda interpretativa, otorgara
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00039-01, 44001-23-40-000-2026-00040-00, 44001-23-40-000-
2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
efectos ex tunc a la sentencia de 22 de enero de 2026, para
garantizar el derecho a elegir y ser elegido no solo de la señora CANO
FRAGOSO concretado en la garantía a votar por el candidato con el
que mejor se sentía representada, sino el del aspirante a participar
en la conformación de las instituciones públicas.
III. FUNDAMENTOS DE LAS IMPUGNACIONES
III.1. El señor NICOLÁS ANDRÉS PÉREZ SOLANO, reconocido
como tercero con interés directo en la presente acción6, impugnó la
sentencia proferida por el TRIBUNAL y solicitó revocar en su
integridad, por cuanto la presente acción de tutela no cumple el
requisito de la subsidiariedad por la existencia de otro medio de
defensa judicial, esto es, el proceso de nulidad electoral, el que,
además, ya cursa en la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE
ESTADO bajo el radicado núm. 110010328000-2026-00167-00.
Señaló que el a quo no tuvo en cuenta que los ciudadanos ROSA
INÉS CANO FRAGOSO y LUIS MANUEL ROSADO MACHADO
carecen de legitimación en la causa por activa, pues no acreditaron
6
Mediante auto de 13 de mayo de 2026, proferido por el Tribunal Administrativo de La Guajira.
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00039-01, 44001-23-40-000-2026-00040-00, 44001-23-40-000-
2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
una afectación directa, personal y concreta de sus derechos políticos.
Por último, resaltó que los accionantes incurrieron en temeridad al
acudir a la acción de tutela acumulada pese a que estaba en trámite
la demanda de nulidad electoral 2026-00167-00, por lo que, a su
juicio, la usaron para obtener una suspensión provisional que el juez
natural no había concedido, distorsionando la naturaleza subsidiaria
y residual de la solicitud de amparo.
III.2. El señor ÁLVARO IGNACIO ALARIO MONTERO, vinculado
como tercero con interés directo en la presente acción7, en su escrito
de impugnación solicitó revocar el fallo impugnado y, en su lugar,
declarar la improcedencia de la presente acción de tutela.
Para el efecto, sostuvo que la decisión del a quo incurrió en vicios
estructurales, tales como: (i) la omisión de análisis de los
argumentos presentados por este tercero vinculado; (ii) la concesión
del amparo a la señora ROSA INÉS CANO FRAGOSO, quien carece
de legitimación en la causa por activa; (iii) el desconocimiento
flagrante del principio de subsidiariedad de la acción de tutela; (iv)
7
Por ser uno de los ciudadanos que presentó la solicitud de revocatoria.
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00039-01, 44001-23-40-000-2026-00040-00, 44001-23-40-000-
2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
la improcedencia de la tutela contra actos administrativos electorales
en firme; (v) la desatención del hecho superado o carencia actual de
objeto configurada el 3 de mayo de 2026; (vi) la permisión de una
“tutelatón” que constituye actuación temeraria por parte del señor
MICHER PÉREZ FUENTES, su apoderado y su entorno; (vii) la grave
afectación de los derechos fundamentales de los candidatos
legítimamente inscritos; y (viii) el desconocimiento del propio
precedente del Tribunal.
III.3. El señor OSWALDO CARLOS RODRÍGUEZ FIGUEROA,
vinculado como tercero con interés directo en la presente acción8,
también impugnó la sentencia de primera instancia por estimarla
improcedente ante el incumplimiento del requisito de subsidiariedad,
por existir otros mecanismos judiciales idóneos y eficaces para la
protección de los derechos invocados y, además, por no haberse
acreditado la existencia de un perjuicio irremediable.
Aseguró que el TRIBUNAL erró al desconocer la presunción de
legalidad y la fuerza ejecutoria que amparan a las resoluciones núms.
2094 y 2098 de 2026, actos administrativos emitidos por el CNE en
8
En calidad de candidato a la Alcaldía del municipio de Fonseca.
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Número único de radicación (Acumulados): 44001-23-40-000-2026-
00039-01, 44001-23-40-000-2026-00040-00, 44001-23-40-000-
2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, los cuales son
plenamente válidos y obligatorios desde su expedición y conservan
su eficacia mientras no sean anulados por la jurisdicción competente,
de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del CPACA.
Puso de presente que el fallo impugnado, al inaplicar o restar valor a
las decisiones del CNE fundamentadas en causales de inhabilidad, no
solo se extralimitó en sus funciones al invadir la competencia del juez
natural, sino que también desvirtuó el propósito de estas
restricciones legales.
III.4. El señor JESÚS DANIEL FIGUEROA SALOMÉ, vinculado
como tercero con interés directo en la presente acción9, impugnó la
decisión del a quo y solicitó revocarla y, en su lugar, declarar su
improcedencia por no cumplir el requisito de la subsidiariedad y
existir un pronunciamiento previo sobre la materia.
Adujo que la decisión del TRIBUNAL únicamente tuvo en cuenta el
interés particular de un ciudadano, al alterar las reglas de juego
materiales de la elección atípica del MUNICIPIO y obligar a la
9
Por ser uno de los ciudadanos que presentó la solicitud de revocatoria.
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00039-01, 44001-23-40-000-2026-00040-00, 44001-23-40-000-
2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
organización electoral a computar votos de un candidato inhabilitado,
resolviendo más allá (ultra petita) de la protección formal del debido
proceso y vulnerando así el derecho a la igualdad de los terceros
intervinientes que no fueron llamados a la contienda judicial a
tiempo, dado que profirió medidas transitorias sin estimar el perjuicio
que se le causaba a los demás participantes.
Afirmó que el a quo omitió valorar que el 30 de abril de 2026 la SALA
DE DECISIÓN PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE RIOHACHA
ya había declarado improcedente por los mismos hechos la acción de
tutela núm. 2026-00061-00, razón por la que, a su juicio, la
sentencia impugnada resultaba incongruente con la realidad procesal
del departamento de La Guajira, permitiendo una inadmisible
duplicidad de solicitudes de amparo sobre un mismo asunto electoral.
Finalmente, señaló que no se podía entender causado un perjuicio
irremediable a quien había perdido el derecho a ser elegido en el
momento en el que se decretó la existencia de su inhabilidad para
ser candidato.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
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00039-01, 44001-23-40-000-2026-00040-00, 44001-23-40-000-
2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, cabe advertir que los
señores LUIS MANUEL ROSADO MACHADO, MICHER PÉREZ
FUENTES y ROSA INÉS CANO FRAGOSO, mediante memoriales
obrantes en los índices 4, 6 y 8 del expediente digital10,
respectivamente, manifestaron que desistían del amparo
constitucional de la referencia en esta instancia.
10
El expediente digital se encuentra en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial, SAMAI.
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00039-01, 44001-23-40-000-2026-00040-00, 44001-23-40-000-
2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
Sin embargo, la Sala considera que no resulta procedente acceder a
dichas solicitudes, por cuanto para el momento de su presentación
ya se profirió sentencia de primera instancia y se encuentran en
trámite los recursos de impugnación interpuestos oportunamente por
los señores OSWALDO CARLOS RODRÍGUEZ FIGUEROA, JESÚS
DANIEL FIGUEROA SALOMÉ, ÁLVARO ALARIO MONTERO y
NICOLÁS ANDRÉS PÉREZ SOLANO, respecto de los cuales esta
Corporación adquirió competencia funcional para efectuar el
correspondiente estudio.
Por ello, de aceptarse el desistimiento implicaría sustraer del
conocimiento del juez constitucional de segunda instancia los
recursos oportunamente interpuestos por los terceros con interés
directo vinculados al presente trámite y, en consecuencia, impedir el
estudio de los reparos planteados contra la decisión de primer grado
y desconocer el derecho de los recurrentes11 a obtener un
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera -Subsección “C”-,
providencia de 3 de noviembre de 2020, expediente de tutela núm. 2020-00526-01, M.P. Jaime Enrique
Rodríguez Navas. En dicha oportunidad contario a lo ocurrido en el caso sub examine se aceptó el
desistimiento de la impugnación contra el fallo de primer grado, por cuanto no se había proferido
sentencia y quien lo solicitaba obraba como único impugnante e interesado en que se surtiera la
segunda instancia. En efecto: “[…] Ahora bien, en el caso sub examine Franco Asís Castellanos Niebles,
a través de apoderado judicial facultado para ello11, manifestó su voluntad de desistir de la impugnación
que presentó en contra de la sentencia del 16 de septiembre de 2020 antes de que se profiriera la
sentencia de segunda instancia. En ese orden, se advierte que actuó dentro de la oportunidad
que la jurisprudencia constitucional ha estimado como razonable para ello. Aunado a esto,
él obró como único impugnante, y por ende, único interesado en que se surta la segunda
instancia […]”. (Resaltado fuera del texto original).
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Número único de radicación (Acumulados): 44001-23-40-000-2026-
00039-01, 44001-23-40-000-2026-00040-00, 44001-23-40-000-
2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
pronunciamiento judicial respecto de sus impugnaciones.
En virtud de lo anterior, la Sala no accederá a las solicitudes de
desistimiento presentadas por los accionantes y procederá a resolver
las impugnaciones formuladas contra la sentencia de primera
instancia.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 199112. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
12
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
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2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
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Caso concreto
En el presente caso, los señores MICHER PÉREZ FUENTES, LUIS
MANUEL ROSADO MACHADO y ROSA INÉS CANO FRAGOSO
instauraron acción de tutela con el fin de obtener la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a elegir y ser elegido, al sufragio efectivo
y a participar en el ejercicio del control político, los cuales estiman
vulnerados por el CNE al expedir las resoluciones núms. 2094 y 2098
de 25 y 29 de abril de 2026, respectivamente, dentro del expediente
identificado con el número único de radicación CNE-E-D6-2026-
007330.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el
TRIBUNAL que, mediante sentencia de 15 de mayo de 2026,
accedió parcialmente a las solicitudes de amparo.
Los señores OSWALDO CARLOS RODRÍGUEZ FIGUEROA, JESÚS
DANIEL FIGUEROA SALOMÉ, ÁLVARO ALARIO MONTERO y
NICOLÁS ANDRÉS PÉREZ SOLANO interpusieron recursos de
impugnación contra la decisión de primera instancia, en los cuales,
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2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
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en síntesis, solicitan que se revoque la decisión del a quo y, en su
lugar, se declare improcedente la acción de tutela de la referencia
por no cumplir el requisito de la subsidiariedad, toda vez que el
presente mecanismo constitucional no es el idóneo para controvertir
los actos administrativos expedidos por el CNE.
Además, señalaron que los señores ROSA INÉS CANO FRAGOSO y
LUIS MANUEL ROSADO MACHADO carecen de legitimación en la
causa por activa, pues no acreditaron una afectación directa,
personal y concreta de sus derechos políticos.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual
deberá determinar i) si les asiste legitimación en la causa por activa
a los señores ROSA INÉS CANO FRAGOSO y LUIS MANUEL
ROSADO MACHADO; ii) si se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela; y, de ser así, ii) si la autoridad
accionada vulneró los derechos fundamentales del señor MICHER
PÉREZ FUENTES al expedir los actos administrativos cuestionados.
• De la legitimación por activa en las acciones de tutela
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2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona
podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante
apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos
fundamentales.
En relación con la legitimación en la causa por activa, el artículo 10°
del Decreto 2591 de 199113, preceptúa:
“Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá
ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de
los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.
Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la
solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales”.
De las citadas normas, se desprende que quien promueve acción de
tutela puede hacerlo i) en nombre propio, actuando por sí mismo o
mediante apoderado, o ii) a través de la figura de la agencia oficiosa,
caso en el cual se debe manifestar expresamente tal circunstancia,
13
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
además de demostrar las razones por las cuales el agenciado no está
en capacidad de ejercer su propia defensa.
La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa
por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la
medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto
del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela, de modo
que el derecho cuya protección se persigue debe ser propio del
demandante y no de otra persona14.
En el presente caso, la Sala advierte que los señores ROSA INÉS
CANO FRAGOSO y LUIS MANUEL ROSADO MACHADO pretenden
que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la participación política, al
sufragio efectivo y a elegir y ser elegido y, en consecuencia, se
suspendan los efectos de las resoluciones núms. 2094 de 25 de abril
y 2098 de 29 de abril de 2026, expedidas por el CNE, con el fin de
preservar los derechos políticos del candidato MICHER PÉREZ
FUENTES y de los electores del MUNICIPIO.
14
Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Caljub.
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Número único de radicación (Acumulados): 44001-23-40-000-2026-
00039-01, 44001-23-40-000-2026-00040-00, 44001-23-40-000-
2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
En efecto, de lo anterior se infiere que la vulneración de tales
derechos se encuentra estrictamente relacionada con la revocatoria
de la inscripción del candidato de su preferencia, por lo que las
solicitudes de amparo están encaminadas a que se restablezcan los
derechos del señor MICHER PÉREZ FUENTES, quien, por demás,
como titular de los derechos fundamentales que se invocan
transgredidos, presentó acción de tutela con identidad de hechos y
pretensiones, razón por la cual fue acumulada a la acción
constitucional de la referencia.
En este orden de ideas, para la Sala no se cumple con los requisitos
exigidos en el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, pues no está
demostrada la facultad de los actores para actuar en representación
del señor MICHER PÉREZ FUENTES, por cuanto no manifestaron ni
probaron la calidad de agentes oficiosos y tampoco allegaron los
poderes que los facultara para promover la presente acción de tutela,
en defensa de los derechos fundamentales de aquél, máxime si,
como ya se dijo, el citado ciudadano presentó una acción
constitucional con el objeto de agenciar en nombre propio sus
derechos fundamentales presuntamente vulnerados, lo que descarta
que estuviera imposibilitado para el ejercicio de esta.
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Número único de radicación (Acumulados): 44001-23-40-000-2026-
00039-01, 44001-23-40-000-2026-00040-00, 44001-23-40-000-
2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
Se resalta que tampoco es admisible que la presente acción hubiese
podido ser instaurada por los accionantes en nombre propio, debido
a que los derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser
elegido no fueron quebrantados en forma alguna a través de las
decisiones del CNE, por cuanto los accionantes siempre pudieron
ejercer su voto en la jornada electoral atípica y, además, las
resoluciones cuestionadas son actos administrativos de carácter
particular y concreto cuyos efectos jurídicos recaen exclusivamente
en el señor PÉREZ FUENTES y sus aspiraciones políticas.
Así las cosas, no pueden los actores alegar que se encuentran
legitimados para promover la presente acción de tutela, con
fundamento en la vulneración de sus derechos a elegir y ser elegido,
materializada en el voto que aspiraban otorgarle al señor MICHER
PÉREZ FUENTES, al estimar que el hecho de hacer parte del censo
electoral los hace titulares de los derechos reclamados.
Sobre el particular, en sentencia de 31 de enero de 201915, esta
Sección sostuvo:
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de enero
de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López, identificada con número único de radicación 73001-23-33-000-
2018-00517-01.
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Número único de radicación (Acumulados): 44001-23-40-000-2026-
00039-01, 44001-23-40-000-2026-00040-00, 44001-23-40-000-
2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
“[…] En ese orden, y según lo señalado por la Corte Constitucional,
una persona se encuentra legitimada por activa para presentar una
acción de tutela “[…] cuando demuestra que tiene un interés
directo y particular en el proceso y en la resolución del fallo
que se revisa en sede constitucional, el cual se deriva de que
el funcionario judicial pueda concluir que el derecho
fundamental reclamado es propio del demandante. […]”16. En
consecuencia, la legitimación en la causa por activa constituye un
presupuesto esencial de la procedencia de la acción de tutela por
lo que el juez debe analizar la calidad subjetiva de las partes
respecto del interés sustancial que se discute en el proceso, de
manera que fácilmente pueda establecer que el derecho
fundamental reclamado es propio del demandante.
Así las cosas, si bien se reconoce el carácter informal que rige el
trámite de la acción de tutela, no por ello el juez constitucional se
encuentra autorizado para presumir las condiciones de legitimación
en la causa por activa, cuando el accionante ni siquiera hace
mención a ello en su escrito de tutela, pues, salvo en eventos en
los que el peticionario se encuentre en una evidente condición de
indefensión, la carga de la prueba incumbe al accionante17. Por
consiguiente, en el asunto bajo examen no resulta procedente
inferir, sin más, que quienes intervienen como parte actora son
estudiantes de la Universidad del Tolima y tener por demostrado,
a partir de esa circunstancia hipotética, la vulneración a sus
derechos fundamentales a la educación, igualdad y dignidad
humana […]”.
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia T-300 de 24 de julio
de 202418, frente a la improcedencia de la acción de tutela por falta
de legitimación en la causa por activa cuando se estiman vulnerados
los derechos políticos de elegir y ser elegido, como consecuencia de
exclusiones de terceros del debate electoral, precisó lo siguiente:
16
Corte Constitucional. Sentencia T-511 de 2017. M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.
17
Corte Constitucional. Sentencia T-571 de 2015. M.P.: María Victoria Calle Correa.
18
M.P.: JORGE ENRIQUE IBAÑEZ NAJAR.
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00039-01, 44001-23-40-000-2026-00040-00, 44001-23-40-000-
2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
“[…] 152. Con todo, debe tenerse en cuenta que tal decisión se
adoptó porque, de acuerdo con esta Corporación, el derecho a
elegir y ser elegido se afecta cuando “quien es elegido, por
cualquier motivo no puede ejercer sus funciones, [por lo que] los
ciudadanos a los cuales representa ven menguado el ejercicio del
poder a través suyo, y, por tanto, comienza a amenazarse uno de
los derechos políticos que, valga repetir, no desaparecen en el
momento de la elección”. En otras palabras, el derecho a elegir se
ve vulnerado cuando quien fue elegido popularmente no puede
ejercer sus funciones, pues afecta la participación ciudadana en la
conformación, ejercicio y control del poder político. Por esa razón,
en estos casos, la Corte ha exigido prueba de que el accionante
haya ejercido su derecho al voto.
153. Bajo este contexto, la Sala debe destacar que en el presente
asunto la decisión de la Registraduría Especial de Santa Marta no
tenía la potencialidad de afectar el derecho a elegir de los actores,
sino únicamente el derecho a ser elegido del señor Agudelo Apreza,
que es el que ciertamente se busca amparar con la acción de tutela.
Ciertamente, los ciudadanos podían ejercer su derecho al voto. De
este modo, lo que se cuestiona es que no se hubiera aceptado la
inscripción como candidato de otra persona, con el argumento de
que con ello se vulneran sus derechos fundamentales.
154. En vista de las anteriores circunstancias, la Sala advierte que,
en el presente caso, si lo que se pretende es cuestionar la negativa
a inscribir al ciudadano Jorge Luis Agudelo Apreza como candidato,
la legitimidad por activa para hacerlo corresponde a él mismo, o
incluso al representante legal del partido político Fuerza Ciudadana,
pero no a cualquier otra persona, que simplemente manifiesta ser
simpatizante de dicho partido, como lo indicaron los accionantes
en este caso.
155. Del mismo modo, la Sala debe poner de presente que ninguno
de los actores obra en nombre del referido ciudadano. En efecto,
no actúan como sus representantes o como sus agentes oficiosos.
Lo que pretenden es la protección de sus derechos fundamentales,
no de los del mentado ciudadano. Como se dejó en claro en la
Sentencia T-1232 de 2004, los actores no pueden alegar un
desconocimiento de su derecho político a elegir, con fundamento
en la pretendida vulneración de los derechos fundamentales de un
tercero. […]”.
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00039-01, 44001-23-40-000-2026-00040-00, 44001-23-40-000-
2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
En consecuencia, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa
por activa de los señores ROSA INÉS CANO FRAGOSO y LUIS
MANUEL ROSADO MACHADO, por cuanto no acreditaron el
cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 10º del
Decreto 2591 de 1991 y así se lo dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
• De los argumentos de impugnación frente a la solicitud
de amparo del señor MICHER PÉREZ FUENTES.
La Sala observa que el señor MICHER PÉREZ FUENTES presentó
acción de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos
fundamentales a elegir y ser elegido, a participar en el ejercicio del
control del poder político y al debido proceso y, en consecuencia, se
dejaran sin efecto las resoluciones núms. 2094 y 2098 de 25 y 29 de
abril de 2026, respectivamente, expedidas por el CNE dentro del
expediente CNE-E-D6-2026-007330, a través de las cuales canceló
su inscripción como candidato en las elecciones atípicas de la Alcaldía
del MUNICIPIO.
En este punto, resulta necesario resaltar que para la fecha de esta
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2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
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providencia el señor MICHER PÉREZ FUENTES funge como alcalde
del MUNICIPIO, por cuanto no solo participó en las elecciones
atípicas celebradas el pasado 3 de mayo de 2026, sino que resultó
electo y, en consecuencia, tomó posesión del cargo el 14 de mayo
siguiente.
No obstante, dicha circunstancia no exime a la Sala de pronunciarse
sobre los cuestionamientos formulados en los escritos de
impugnación, particularmente, aquellos relacionados con el
cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela,
por lo que le corresponde al juez constitucional de segunda instancia
verificar si el amparo concedido por el a quo se ajustó a las exigencias
constitucionales y legales que gobiernan este mecanismo excepcional
de protección, análisis que debe realizarse atendiendo las
circunstancias existentes al momento en que fue promovida y
decidida la acción.
En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, en
especial, el requisito de la subsidiariedad.
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2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
.- De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del
requisito de subsidiariedad
El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 prevé como causal de
improcedencia que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante»
(Subrayas y negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los
derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
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00039-01, 44001-23-40-000-2026-00040-00, 44001-23-40-000-
2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, el juez constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se
dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer
del fondo del asunto.»19 (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Precisado lo anterior, la Sala encuentra que, contrario a lo afirmado
por el a quo, la presente acción de tutela resulta improcedente
por carencia del requisito general de subsidiariedad, debido a
que para cuestionar las resoluciones núms. 2094 de 25 de abril y
2098 de 29 de abril de 2026, expedidas por el CNE, el actor puede
acudir ante el juez de lo Contencioso Administrativo a través del
medio de control respectivo.
19 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge
Iván Palacio Palacio.
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2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
En efecto, la Sala advierte que, por regla general, la acción de tutela
es improcedente para controvertir actos administrativos, en atención
al carácter subsidiario de este mecanismo constitucional, lo que
impide que este suplante la competencia del juez contencioso
administrativo para establecer la constitucionalidad o legalidad de la
voluntad de la administración y, con ello, la presunta vulneración de
los derechos fundamentales.
Sumado a ello, es del caso reiterar que la idoneidad y eficacia de los
medios de control promovidos ante juez de lo Contencioso
Administrativo se robustece con la posibilidad que tiene el
demandante de solicitar, desde la presentación de la demanda y en
cualquier estado del proceso, la adopción de medidas cautelares de
urgencia, entre las cuales está la posibilidad de ordenar la suspensión
de un acto, procedimiento o actuación administrativa que se
pretenda demandar.
Por ello, la Sala reitera que el señor MICHER PÉREZ FUENTES
cuenta con el medio de control ordinario para controvertir los actos
administrativos cuestionados, lo cual también fue evidenciado por el
mismo a quo al haber concedido el amparo de manera transitoria
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2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
hasta que el asunto fuera resuelto por la jurisdicción contencioso-
administrativa, del cual ya hizo uso, conforme consta en el aplicativo
de consulta SAMAI, proceso que cursa bajo el radicado núm. 2026-
00249-00 que presentó ante la Sección Quinta del Consejo de Estado
que, mediante auto de 22 de junio de este año, lo remitió por
competencia al Tribunal Administrativo de la Guajira.
Siendo ello así, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela de la referencia
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Por lo precedente, la Sala revocará la decisión de primera instancia
que accedió parcialmente a las pretensiones de los actores y, en su
lugar, declarará la falta de legitimación en la causa por activa de los
señores ROSA INÉS CANO FRAGOSO y LUIS MANUEL ROSADO
MACHADO y la improcedencia de la solicitud de amparo del señor
MICHER PÉREZ FUENTES, por no concurrir el requisito de la
subsidiariedad y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
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2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
F A L L A:
PRIMERO: NO ACCEDER a las solicitudes de desistimiento
presentadas por los señores LUIS MANUEL ROSADO MACHADO,
MICHER PÉREZ FUENTES y ROSA INÉS CANO FRAGOSO, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar,
DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
ACTIVA de los señores ROSA INÉS CANO FRAGOSO y LUIS
MANUEL ROSADO MACHADO, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
frente al señor MICHER PÉREZ FUENTES por no cumplir el requisito
de la subsidiariedad, por las razones expuestas en la parte motiva de
la presente providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
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2026-00043-00 y 44001-23-40-000-2026-00044-00.
Actores: MICHER PÉREZ FUENTES Y OTROS.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de julio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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