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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 44001-23-40-000-2026-00041-01

Fecha
14 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 44001-23-40-000-2026-00041-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del Diecinueve (19) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), emitida por el Tribunal Administrativo de la Guajira, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 44001-23-40-000-2026-00041-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

14 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Catorce (14) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 44001-23-40-000-2026-00041-011
Accionante : Migleth Cecilia Felizzola Mendoza
Accionado : Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Maicao
Vinculados : Nación – Ministerio de Educación-Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales – Fiduprevisora – Municipio de
Maicao – Secretaría de Educación
Acción : Tutela
Tema : Mora judicial
Decisión : Sentencia de segunda instancia

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la actora contra el fallo de
Diecinueve (19) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026) emitido por el Tribunal
Administrativo de la Guajira.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por la actora en el escrito de impugnación. Luego, se revisará lo relativo a la
procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente en torno
a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

2. La señora Migleth Cecilia Felizzola Mendoza, quien actúa en nombre propio,

interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
mínimo vital, igualdad, estabilidad laboral reforzada y protección constitucional a la
maternidad, presuntamente vulnerados por el Juzgado Primero Administrativo Oral
de Maicao (Guajira), con ocasión del trámite del proceso de nulidad y

1 Expediente digital disponible en Samai.

Acción de tutela 44001-23-40-000-2026-00041-01
Accionante: Migleth Cecilia Felizzola Mendoza
Accionado: Juzgado Primero Administrativo Oral de Maicao

restablecimiento del derecho con radicado 44-430-33-33-001-2026-00081-00.

3. Por consiguiente, solicitó lo siguiente:

«[…] SEGUNDA: Que se ordene al JUZGADO ADMINISTRATIVO ORAL 001 DE
MAICAO – LA GUAJIRA que, dentro del término perentorio de cuarenta y ocho (48)
horas, se pronuncie de fondo sobre la solicitud de medida cautelar de urgencia y
adopte la decisión correspondiente respecto de la admisión, inadmisión o rechazo de
la demanda.

TERCERA: Que, como medida provisional, se ordene el reintegro inmediato de la
accionante al cargo docente que venía desempeñando, o a uno de igual o superior
categoría, con el pago de salarios y la continuidad en la afiliación al sistema de
seguridad social, hasta tanto se adopte una decisión definitiva en el proceso
contencioso administrativo o en la presente acción de tutela.».

1.3 Hechos2.

4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado en el

escrito de tutela, se puede evidenciar que, la accionante estuvo vinculada como
docente y durante su periodo de prueba se encontraba en estado de embarazo y,
posteriormente, en licencia de maternidad.

5. Expuso que, la rectora de la Institución Educativa No. 11 de Maicao realizó la

evaluación de su periodo de prueba el Veinticinco (25) de Octubre de Dos Mil
Veinticuatro (2024), actuación considerada como irregular en la medida en que, sus
funciones se encontraban materialmente suspendidas en atención a su licencia de
maternidad.

6. Manifestó que la administración justificó la actuación ya que, había transcurrido

cuatro meses de ejercicio en aula y, en consecuencia, era procedente la
evaluación del periodo de prueba. Respecto a ello, censuró que, se desconoce
que la licencia de maternidad interrumpe la continuidad del proceso evaluativo y
prohíbe el cierre en condiciones que no reflejan la realidad del desempeño laboral.

7. Adujo que, en su momento, promovió una acción de tutela para la protección de

los derechos fundamentales que estimó vulnerados con ocasión de los hechos
narrados, la cual, fue declarada improcedente porque existían otros mecanismos
judiciales de defensa, decisión que fue confirmada en segunda instancia.

2 Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, archivo 5 del índice 00002.

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Accionante: Migleth Cecilia Felizzola Mendoza
Accionado: Juzgado Primero Administrativo Oral de Maicao

8. Por lo tanto, indicó que, el Veinticinco (25) de Febrero de Dos Mil Veintiséis

(2026) presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, así como petición de medida cautelar para evitar la
consolidación de un perjuicio irremediable.

9. El proceso fue repartido al Juzgado Administrativo Oral 001 de Maicao el Diez

(10) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), bajo el radicado número 44001-33-
40-001-2026-00081-00. No obstante, denunció que, a la fecha de presentación
de la acción de tutela, el despacho judicial no había emitido pronunciamiento
alguno.

1.4 Contestaciones de la acción.

10. 1.4.1. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Maicao

informó que, el proceso con radicado 44001-33-40-001-2026-00081-00 pretende
la nulidad de los actos administrativos que (i) revocó el nombramiento como
docente3; (ii) negó la inscripción en el escalafón docente 4; (iii) resolvió el recurso
de reposición contra la anterior decisión 5; y (iv) confirmó la negativa de
inscripción, proferida por la Comisión Nacional del Servicio Civil 6. A título de
restablecimiento del derecho, pretende que se ordene: (i) el reintegro al cargo
docente; (ii) el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de
seguridad social dejados de percibir; y (iii) la continuidad en la afiliación al sistema
de seguridad social en salud para la accionante y su núcleo familiar.

11. También, presentó solicitud de medidas cautelares, orientadas a la suspensión

provisional del acto administrativo que revocó su nombramiento como docente; y,
de manera subsidiaria, pidió el reintegro al cargo que venía desempeñando, o la
continuidad inmediata en la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en
Salud.

12. Sobre ello, relató los siguientes actos procesales:

• El Veintiséis (26) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), fue radicada la
aludida demanda.

3 Decreto No. 003 del Diecinueve de Enero de Dos Mil Veintiséis.
4 Resolución No. 0197 del Catorce (14) de Febrero de Dos Mil Veinticinco (2025)
5 Resolución No. 0550 del Veintiuno (21) de Abril de Dos Mil Veinticinco (2025)
6 Resolución No. 7290 del Seis (6) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), expedida por la Comisión

Nacional del Servicio Civil.
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Accionante: Migleth Cecilia Felizzola Mendoza
Accionado: Juzgado Primero Administrativo Oral de Maicao

• El Diez (10) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), fue asignado por
reparto ante ese estrado judicial.
• El Treinta (30) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), se profirió auto de
inadmisión.
• El Cuatro (4) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), se notificó por estado
y se comunicó a las partes la anterior decisión.

13. Conforme lo expuesto, adujo que, para el momento en que se asumió el
conocimiento de la presente acción constitucional, ya existía un pronunciamiento
judicial dentro del trámite ordinario. Así mismo, manifestó que, la accionante aún
no había subsanado los yerros anotados en el auto inadmisorio.

14. Respecto de la solicitud de medidas cautelares, señaló que, no era
jurídicamente viable un pronunciamiento hasta tanto se verifique el cumplimiento
de los requisitos formales de la demanda.

15. Por lo tanto, solicitó negar el amparo deprecado, al no advertir actuación
omisiva, arbitraria o constitutiva de vulneración de derechos fundamentales y que
sea atribuible a ese despacho.

16. 1.4.2. El Ministerio de Educación Nacional manifestó que carece de
legitimidad en la causa por pasiva al no ser el llamado a responder las
pretensiones de la accionante.

17. Aun así, expuso el trámite procesal surtido en el asunto objeto de queja
constitucional, según los registros visibles en SAMAI, y afirmó que con el auto de
Treinta (30) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), se atendió lo pretendido en este
asunto.

18. 1.4.3. La Secretaría de Educación del Municipio de Maicao alegó la falta de

legitimación en la causa por pasiva, ya que, la presente acción de tutela se dirige
contra el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Maicao, de suerte
que, no se puede atribuir una conducta vulneradora relacionada con la presunta
mora judicial.

19. De otra parte, señaló que, las pretensiones encaminadas a obtener su reintegro

carecen de sustento jurídico ya que, los actos administrativos se profirieron con

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Accionante: Migleth Cecilia Felizzola Mendoza
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estricto apego a la normatividad vigente y observando plenamente el debido
proceso administrativo.

20. Además, indicó que, la protección constitucional a la maternidad de la
accionante, no la exoneraba de cumplir con los requisitos para el ingreso y
permanencia en la carrera, ni habilita al juez constitucional para desconocer
normas de rango legal que regulan el escalafón docente. Así mismo, indicó que, al
momento de expedición y notificación de los actos administrativos cuestionados,
la actora no se encontraba en estado de gravidez ni en la respectiva licencia.

21. Finalmente, mencionó que, la acción de tutela no puede convertirse en una

tercera instancia para reabrir debates ya decididos, máxime, cuando no se
acredita la existencia de un perjuicio irremediable que justifique la procedencia
excepcional de la tutela como mecanismo transitorio.

1.5 Providencia impugnada7

22. Mediante sentencia de Diecinueve (19) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026),

el Tribunal Administrativo de la Guajira, resolvió: (i) amparar los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, frente
a la falta de pronunciamiento respecto a la medida cautelar pedida (exp.44430-
33-33-001-2026-00081-00); (ii) negó el amparo relacionado con la falta de
pronunciamiento respecto a la admisión del mismo proceso; y (iii) negó la solicitud
de medida provisional relacionada con el reintegro inmediato.

23. En primer lugar, consideró que, la solicitud de medidas cautelares de urgencia

en el marco de un proceso contencioso administrativo puede ser resuelta desde
la presentación de la solicitud, sin previa notificación y sin agotar el procedimiento
previsto para el efecto del artículo 233 de la Ley 1437 de 2011, de manera que,
al verificar la omisión de pronunciamiento en la solicitud objeto de queja, se
configuró una dilación injustificada en el trámite de dicha petición.

24. En segundo lugar, en lo que concierne a la admisión de la demanda, encontró

que, el Despacho judicial accionado ha sido diligente y ha actuado dentro de los
términos razonables, pues, en menos de quince (15) días emitió pronunciamiento
sobre el particular. De manera que, no se configuró omisión, inactividad ni dilación

7 Índice 00022 de Samai.

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que haya vulnerado los derechos fundamentales de la accionante.

25. En tercer lugar, en lo relacionado con la medida provisional pedida, refirió que,

dicha decisión es propia del medio de control promovido por la accionante y que
se encuentra en trámite, por lo que, su estudio y posible decreto le corresponde
únicamente al juez natural; de lo contrario, se desbordaría el carácter subsidiario
y residual de la acción de tutela.

1.6 La impugnación8

26. Inconforme con la negativa de decretar la medida provisional, la demandante

la impugnó, pues, considera que en la providencia se reconoció la vulneración,
pero negó la protección efectiva.

27. Aduce que, a pesar de acudir ante la jurisdicción contencioso-administrativa

para controvertir los actos que considera lesivos, se enfrenta a nuevas barreras
procesales, formalismos excesivos, dilaciones en el estudio de la medida cautelar
y obstáculos que terminaron neutralizando la protección que considera urgente.

28. Además, indicó que la providencia omitió valorar de manera integral su
protección constitucional reforzada a la maternidad y a los menores de edad. Al
respecto, manifestó que acreditó (i) haber estado en embarazo y posteriormente
en licencia de maternidad; (ii) haber sido evaluada pese a las incapacidades
médicas; (iii) ostentar la condición de madre cabeza de familia; y (iv) carecer
actualmente de ingresos económicos y enfrentar afectaciones reales respecto a
la continuidad en el sistema de salud. Pese a ello, la primera instancia limitó el
análisis a una simple discusión respecto a la competencia del juez natural.

III. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

29. En virtud de los artículos 329 del Decreto ley 2591 de 199110 y 2511 del Acuerdo

8 Índice 00026 de Samai.
9 «Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de

los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente».
10 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
11 «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia

se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y
serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido
el reparto».
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Accionado: Juzgado Primero Administrativo Oral de Maicao

80 del 12 de marzo de 201912 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2 La acción

30. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política

y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Problema jurídico

31. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, acceder al

amparo transitorio en los términos deprecados por la accionante, en atención a la
calidad de madre cabeza de familia y de la estabilidad laboral reforzada alegada.

2.4. Caso concreto.

32. En el presente asunto, el objeto de la impugnación se concreta en la
inconformidad con la negativa de la primera instancia en acceder a la medida
provisional solicitada, orientada al reintegro de la accionante al cargo docente que
desempeñaba.

33. Para dicho cometido, censura que, el fallo cuestionado reconoce la existencia

de una vulneración a sus derechos fundamentales, sin adoptar medidas
materiales de amparo, pues, considera que, dada la protección reforzada a la
maternidad y su condición de madre cabeza de hogar, debía ordenarse el referido
reintegro de manera transitoria.

34. Al respecto, es menester recordar que, la acción de tutela no puede convertirse

en una instancia paralela a los procesos ordinarios, en virtud de su naturaleza
subsidiaria y residual, pues, les corresponde a los jueces naturales resolver los

12 Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».

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conflictos jurídicos a través de las vías dispuestas para tal fin en el ordenamiento
jurídico colombiano; solo cuando aquellos mecanismos no son idóneos para evitar
un perjuicio irremediable, se puede flexibilizar el estudio de procedencia.

35. En el asunto bajo examen, se advierte que, la medida pedida como amparo

transitorio coincide con la petición cautelar13 que fue formulada en el marco del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (exp. 44430-33-33-001-
2026-00081-00), por lo que, en principio, el llamado a resolver su procedencia es
el Juez Primero Administrativo Oral de Maicao.

36. Ahora, en el escrito de tutela, la accionante invoca su calidad de sujeto de
especial protección al ser cabeza de familia y tener fuero de maternidad, con el
objetivo de justificar el amparo transitorio pedido. Por lo tanto, le corresponde a la
Sala de Decisión verificar si tales situaciones fueron acreditadas y, de ser el caso,
es viable flexibilizar el requisito de subsidiariedad.

37. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que, para arrogarse la condición de

madre “cabeza de hogar”, deberán cumplirse los presupuestos decantados por la
jurisprudencia constitucional, a saber:

[…] (i) Que tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas
incapacitadas para trabajar.

(ii) Que esa responsabilidad sea de carácter permanente.

(iii) No sólo debe haber una ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la
pareja, sino que: (a) se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre; o (b)
no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo
verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, psíquica o mental o,
como es obvio, la muerte.

(iv) Que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo
cual significa la responsabilidad solitaria para sostener el hogar” 14.

38. Sin embargo, en el caso sub examine, los documentos aportados por la
solicitante resultan insuficientes para dar por comprobados los aspectos
anteriormente enlistados, lo que impide identificarla como «madre cabeza de hogar».
Por el contrario, demuestran que la accionante cuenta con pareja, quien también
es padre de su hija menor, respecto de quien guardó absoluto silencio.

13 Archivo 003, expediente Onedrive 44430-33-33-001-2026-00081-00
14 Corte Constitucional. Sentencia T-313 del 2024.

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Accionante: Migleth Cecilia Felizzola Mendoza
Accionado: Juzgado Primero Administrativo Oral de Maicao

39. En el expediente obra la declaración extraproceso núm. 0002365, en la cual, la

señora Felizzola Mendoza declaró ante el Notario Único de Maicao, que tiene una
Unión Libre con el señor Keiner Jadier Zúñiga Rivas, identificado con la cédula de
ciudadanía 1.124.054.36915.

40. Así mismo, obra un formulario de inscripción del trabajador y del núcleo familiar16

de la caja de compensación Comfaguajira, el cual, se encuentra suscrito por la
accionante, y se identifica al mismo sujeto, pero, esta vez, como cónyuge, bajo la
precisión que residen en la misma dirección.

41. El señor Keiner Jaider Zúñiga Rivas no sólo se identificó como la pareja de la

accionante, sino que, también figura como el padre de la menor nacida el Dos (2)
de Septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), según consta en el registro civil de
nacimiento de K.S.Z.F.17.

42. Sin embargo, a pesar de la evidencia de la existencia de una persona que figura

como pareja y padre, la accionante omitió informarlo en el escrito de tutela, de
suerte que, ni siquiera precisó si el señor Zúñiga se sustrajo de sus obligaciones

15 Folio 281, archivo «EXP. 000-2026-00041-00”, disponible en el índice 0002 del expediente Samai.
16 Folio 128, archivo «EXP. 000-2026-00041-00”, disponible en el índice 0002 del expediente Samai.
17 Folio 2000, archivo «EXP. 000-2026-00041-00”, disponible en el índice 0002 del expediente Samai.

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alimentarias, abandonó el hogar, se encuentra incapacitado, entre otras situaciones
que eran necesarias para determinar si carecía de apoyo en el sostenimiento de su
familia, en línea con lo decantado por la jurisprudencia constitucional.

43. Lo anterior, conllevó a que tampoco aportara prueba que demuestre que, el padre

de su hija, con quien sostiene actualmente una convivencia, se sustraiga del
cumplimiento de sus obligaciones.

44. Así las cosas, no acreditó carecer del apoyo económico de quien se identificó

como pareja y padre, de modo que, incumplió la carga de demostrar que asumía
de manera exclusiva la manutención y el cuidado de su núcleo familiar, presupuesto
necesario para el reconocimiento de la condición de madre cabeza de hogar,
conforme los presupuestos decantados por la jurisprudencia constitucional.

45. Por contera, ante la orfandad probatoria no es posible colegir la calidad de madre

cabeza de hogar; por el contrario, de las documentales allegadas se puede inferir
razonablemente que, la accionante cuenta con el apoyo del señor Zúñiga Rivas,
quien tiene el deber de solidaridad propio de la relación de pareja que sostiene, así
como sus obligaciones alimentarias respecto de la menor de edad.

46. Ahora, en segundo lugar, respecto a que no se valoró la estabilidad laboral
reforzada de la que presuntamente gozaba la actora con ocasión del nacimiento de
su hija el Dos (2) de Septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), es necesario
recordar lo dicho por esta Subsección en oportunidad anterior:

[…] es claro que el período de lactancia opera de pleno derecho durante los primeros 6
meses de edad del menor, y que puede postergarse hasta que el menor cumpla 2 años,
siempre y cuando se mantenga y manifieste una adecuada lactancia materna continua.

Así las cosas, de acuerdo con la normatividad y jurisprudencia en vigor, es claro que,
durante el período de lactancia, las mujeres que ostenten dicha calidad cuentan con un fuero
de protección laboral reforzada, en virtud del cual, no pueden ser despedidas o removidas
de su empleo, salvo que medie causal legal para la disolución del vínculo laboral. […]18

47. En el asunto de autos, mediante Decreto No. 003 de Diecinueve (19) de Enero

de Dos Mil Veintiséis (2026) la Secretaría de Educación del Municipio de Maicao -
cuando había transcurrido 16 meses desde el nacimiento de la NNA- revocó el
nombramiento de la actora como docente, y en cuya parte motiva se indicó:

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del Dicecinueve (19) de Diciembre de Dos

Mil Veinticinco (2025). Radicado 11001-03-15-000-2025-05814-00.
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[…] Que la Secretaría de Educación Municipal, mediante Resolución No. 0197 del 14 de
febrero de 2025, negó la inscripción en el Escalafón Docente a la señora MIGLETH CECILIA
FELIZZOLA MENDOZA, al no acreditar los requisitos exigidos, pues, Posee título de
Comunicadora Social, No acreditó título de posgrado en educación ni programa de pedagogía
previo o concurrente con la firmeza de la evaluación de período de prueba, siendo que solo
aportó certificación de admisión al posgrado en educación señala que dicho programa iniciaría
en febrero de 2025, es decir, posterior a la fecha en que quedó en firme su calificación (4 de
diciembre de 2024),

[…]

Que el inciso final del artículo 2.4.1.4.1.4 del Decreto 1075 de 2015 dispone expresamente
que:

“En firme la decisión que niega la inscripción en el escalafón, la entidad territorial certificada
procederá a la revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para desempeñar
el empleo, de conformidad con el artículo 63, literal i), del Decreto Ley 1278 de 2002.”

48. En ese orden de ideas, el retiro del servicio de la accionante obedeció a que no

se acreditó que tuviera el título de posgrado en educación, o que estuviera cursando
los respectivos estudios al momento de la firmeza de la calificación del periodo de
prueba; es decir, la motivación de la decisión obedeció a una causa legal.

49. Ahora, «[…] si bien el estado de embarazo y el disfrute de licencia de maternidad no son

confundibles ni equiparables a la calidad de madre lactante, […] el fuero de protección entre la
culminación de la licencia de maternidad y la expiración del período de lactancia es más débil o
simple, en la medida que, en este no opera la presunción de despido discriminatorio de que trata el
numeral 2º del artículo 239 del mismo Código Sustantivo del Trabajo.»19

50. Así las cosas, la Sala advierte que, aunque la accionante fue separada del cargo

cuando aún ostentaba la calidad de madre lactante, no configura una infracción a
los derechos fundamentales de esta, ya que, se basó en razones legales y
objetivas, y no comportó discriminación negativa alguna en su contra.

51. En tal medida, al no evidenciarse una infracción a las garantías constitucionales

con ocasión de la desvinculación durante el periodo posterior al parto, no es posible
flexibilizar el requisito de subsidiariedad en los términos solicitados por la
accionante.

52. Por lo expuesto, se colige que, el fallo de primera instancia acertó en denegar el

amparo transitorio deprecado por la ausencia del presupuesto de subsidiariedad,
pues, la decisión sobre el reintegro debe ser objeto de pronunciamiento por el juez

19 Ibídem.

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natural, conforme los parámetros legales y jurisprudenciales aplicables al caso. En
consecuencia, se confirmará la decisión impugnada.

IV. DECISIÓN

53. Por las razones expuestas, se confirmará la sentencia de primera instancia, ya

que no existe error en la negativa de decretar la medida transitoria deprecada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del Diecinueve (19) de Mayo de Dos Mil
Veintiséis (2026), emitida por el Tribunal Administrativo de la Guajira, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto
ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

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JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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