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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 44001-23-40-000-2026-00042-01

Fecha
3 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 44001-23-40-000-2026-00042-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 14 de mayo de 2026 por Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de tutela presentada por Geider Rocha Miranda en contra del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Riohacha. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado Electrónicamente SSR/LVLQ Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador 11

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 44001-23-40-000-2026-00042-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

3 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., tres (3) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 44001-23-40-000-2026-00042-01
Demandante: Geider Rocha Miranda
Demandado: Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Riohacha
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Inmediatez y subsidiariedad
Decisión: Confirmar la decisión del a quo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación interpuesta por Geider Rocha Miranda, en contra de
la sentencia proferida el 14 de mayo de 2026 por Tribunal Administrativo de La Guajira
mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Geider Rocha Miranda promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la
igualdad y al acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados
con ocasión de la sentencia proferida el 28 de febrero de 2025 por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Riohacha dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 44-001-33-40-002-2017-
00317-00.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. Desde el 2008 fue patrullero de la Policía Nacional y se le retiró del servicio por
voluntad de la Dirección General por medio de la Resolución No. 116 del 27 de abril
de 2017. Dicha decisión se fundamentó en la investigación penal iniciada por el delito
de extorsión, que culminó dejándolo en libertad. Frente al mencionado acto
administrativo de retiro se presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, con la finalidad de dejarlo sin efectos.

1 Ver índice 2 de Samai de primera instancia. Archivo denominado
«1_DemandaWeb_Demanda_TUTELAANEXOSINTEGRAC(.pdf) NroActua 2.pdf».

Radicación: 44001-23-40-000-2026-00042-01
Demandante: Geider Rocha Miranda

2.2 El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Riohacha en sentencia
del 28 de febrero de 2025 negó las pretensiones de la demanda por considerar que
el acto administrativo se encontraba ajustado a derecho, al haber sido una decisión
discrecional tomada por el comandante de la Policía Metropolitana. Además, que
existió recomendación previa de la Junta de Evaluación y Clasificación, la cual
concluyó que la investigación penal iniciada en contra del patrullero generó
desconfianza y pérdida de credibilidad, pues fue capturado en flagrancia.

2.3 La autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico al omitir la valoración
de pruebas determinantes para establecer la legalidad del acto administrativo
cuestionado, en particular, que este se sustentó únicamente en una investigación
preliminar.

2.4 En defecto sustantivo, por la indebida aplicación de la figura del retiro discrecional,
al utilizarla como una sanción encubierta en sustitución de los procedimientos
penales o disciplinarios correspondientes.

2.5 En desconocimiento del precedente constitucional2 sobre los requisitos para el
retiro discrecional, pues la desvinculación debía sustentarse en razones objetivas del
servicio, una motivación suficiente del acto administrativo y elementos verificables
que la justificaran.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] PRIMERO. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, presunción de
inocencia, igualdad y acceso a la administración de justicia del señor GEIDER ROCHA
MIRANDA.
SEGUNDO. Dejar sin efectos la sentencia proferida el 28 de febrero de 2025 por el
Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Riohacha dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho radicado No. 44 001-33-40-002-2017-00317-00.
TERCERO. Ordenar al despacho judicial accionado proferir una nueva decisión,
analizando el caso conforme a los estándares constitucionales sobre el ejercicio de la
facultad discrecional en el retiro del servicio policial.
CUARTO. Ordenar al despacho judicial accionado que, al emitir una nueva decisión,
analice la motivación del acto administrativo de retiro a la luz de la jurisprudencia
constitucional sobre la materia. […]» [sic].

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Riohacha3 solicitó
que se declarara improcedente la solicitud de amparo por no haber cumplido el
requisito de subsidiariedad, pues no se agotaron los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios, como lo era el recurso de apelación en contra de la sentencia

2 SU 917 de 2010, T-317 de 2013 y T-808 de 2014.
3 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «6ED_EXP00020260004200(.pdf) NroActua 2».

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Demandante: Geider Rocha Miranda

proferida el 28 de febrero de 2025. De la misma manera no cumplió con el requisito
de inmediatez al haber presentado la tutela más de un año después de la notificación
de la sentencia.

5. Tampoco se configuraron los defectos fáctico y sustantivo ni el desconocimiento del
precedente, pues la autoridad judicial valoró de manera conjunta el acto de retiro y
los conceptos de las juntas correspondientes, sustentó su decisión en jurisprudencia
unificada y vigente, y no desconoció la presunción de inocencia, ya que el retiro
discrecional tiene naturaleza administrativa y preventiva, independiente del juicio de
responsabilidad penal.

6. En consecuencia, el reparo del demandante se limitó a cuestionar la valoración
efectuada por la autoridad judicial, cuya decisión estuvo debidamente motivada y se
ajustó al ordenamiento jurídico.

7. La Policía Nacional4 solicitó que se declarara improcedente la solicitud de amparo
por ausencia de vulneración de derechos fundamentales por parte de la entidad, ya
que el retiro de funciones se realizó de acuerdo con las facultades legales y
constitucionales otorgadas por la Ley 578 del 2000 y el Decreto 1791 del 2000.
Además, que una vez proferida la decisión en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho no se presentó recurso de apelación, por lo que
tampoco se agotó el requisito de subsidiariedad para hacer uso del mecanismo
constitucional.

1.3. Sentencia de primera instancia5

8. ElTribunal Administrativo de la Guajira declaró improcedente la solicitud de
amparo por considerar que no se cumplieron los siguientes requisitos de
procedibilidad:

7.1. El de la inmediatez, por cuanto la providencia enjuiciada fue proferida el 28 de
febrero de 2025, se notificó el 3 de marzo de 2025, y la petición de amparo de la
referencia se presentó el día 30 de abril de 2026, esto es, 1 año, 1 mes y 27 días
después de haber conocido la sentencia.

7.2. El de subsidiariedad, comoquiera que si bien el demandante pretendió que se
dejara sin efectos la sentencia proferida el 28 de febrero de 2025 por el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Riohacha, que fue desfavorable a sus intereses,
lo cierto es que contra la referida providencia procedía el recurso de apelación de
conformidad con el artículo 243 del CPACA, no obstante, dentro de la oportunidad
prevista en la ley dicha providencia no se interpuso, razón por la cual el referido
proceso ya se encuentra archivado.

4 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «6ED_EXP00020260004200(.pdf) NroActua 2».

5 Ver índice 2 de Samai en primera instancia. Archivo denominado «2 6ED_EXP00020260004200(.pdf)

NroActua 2.pdf».
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Demandante: Geider Rocha Miranda

7.3. El de la relevancia constitucional, porque del análisis del presente asunto no se
observa que exista vulneración de garantías superiores que sean competencia
exclusiva del juez constitucional, pues la parte demandante contaba con recursos
ordinarios al interior del proceso ordinario para poder salvaguardar los derechos que
hoy dilucida a través de este mecanismo excepcional.

1.4. Escrito de impugnación6

9. Geider Rocha Miranda impugnó la decisión del a quo, para lo cual, reiteró la
configuración de los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente.
Asimismo, consideró que se incurrió en un análisis restrictivo y formalista de los
requisitos de procedibilidad e ignoró que el acto administrativo demandado constituyó
una sanción anticipada de la investigación penal iniciada en su contra.

8.1. Frente al requisito de inmediatez recordó que de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional este debe analizarse de acuerdo con las circunstancias particulares del
caso, pues, la afectación de sus derechos fundamentales continúa, toda vez que
permanece desvinculado de la Policía Nacional como consecuencia de un retiro
discrecional sustentado en hechos no demostrados judicialmente.

8.2. En cuanto al requisito de la subsidiariedad no se identificó de manera concreta el
mecanismo judicial que resultaba idóneo y eficaz, pues el no ejercicio del recurso de
apelación no excluye automáticamente el control constitucional. Además, la sentencia
proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho agotó el
debate judicial ordinario respecto del acto administrativo de retiro.

2. Consideraciones

10. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 327 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1382 de 20008 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de
20199, esta Sala es competente para conocer de la impugnación contra la sentencia
de tutela proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira.

6 Ver índice 2 de Samai en primera instancia. Archivo denominado « 8ED_Impugnacion(.pdf) NroActua

2.pdf».
7 Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente

dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. […]
8 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.

9 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

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Demandante: Geider Rocha Miranda

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

12. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado10 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 11 . Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

13. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

14. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo 12 , adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar, además, contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

15. Ahora bien, la Corte Constitucional13 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante
constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv)
que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los
recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-
200901328-01, M.P. María Elizabeth García González.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-

590 de 2005.
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Demandante: Geider Rocha Miranda

para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno
de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo
solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

16. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos 14, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea
de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales15.

17. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

18. De acuerdo con el escrito impugnación, la Sala deberá definir: ¿si la solicitud de
tutela presentada por Geider Rocha Miranda satisface los requisitos de procedencia
generales de la subsidiariedad e inmediatez?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.2. De la subsidiariedad

19. El artículo 86 constitucional señala que: «[e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 dispone, entre otras, como causal de improcedencia de la
solicitud de amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]».

20. Para que se configure el perjuicio irremediable la jurisprudencia constitucional 16 ha
establecido que debe existir:

«[…](i) la inminencia del perjuicio, es decir, que el daño “está por suceder en un tiempo
cercano”; (ii) la urgencia de las medidas para evitar la afectación de los derechos

14 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
16 Corte Constitucional, sentencia T- 300 de 2025, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
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fundamentales; (iii) la gravedad del perjuicio; y (iv) el carácter impostergable de las
órdenes por proferir. […]».

21. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.4.3. De la inmediatez

22. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido la inmediatez, como
uno de los requisitos generales de procedencia de la solicitud de tutela contra
providencia judicial, en el entendido que debe ser presentada en un término
razonable y proporcionado contado desde la acción u omisión generadora de la
vulneración del derecho fundamental cuyo amparo se pretende, de lo contrario, «se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos»17.

23. En cuanto al terminó razonable, dicha corporación en sentencia SU-499 de 2016
estableció que el juez constitucional debe valorar «(i) si el ejercicio inoportuno de la
acción implica una eventual violación de los derechos de terceros; (ii) cuánto tiempo pasó
entre el momento en el cual surgió el fundamento de la acción de tutela y la interposición de
esta última; (iii) la pertenencia del actor a un grupo vulnerable; y (iv) cuál ha sido el lapso que
la jurisprudencia de esta Corte ha juzgado irrazonable en casos similares al que está por
resolverse», toda vez que, «en algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes
para declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría
considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá de las
particularidades del caso»18.

24. Por su parte, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo,
en sentencia del 5 de agosto de 201419, respecto al término razonable para presentar
solicitudes de tutela contra providencia judicial, señaló:

«[…] como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de
tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.

Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto
jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios

17 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-328 de 2010.
19 Expediente 110010315000201202201 01 (IJ), Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A., M.P. Dr.

Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad
de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.

La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el
plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional
y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional. […]»

2.4.2. Caso concreto

25. Geider Rocha Miranda acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia
proferida 28 de febrero de 2025 por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Judicial de Riohacha dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 44-001-33-40-002 2017-00317-00.

26. En este punto, la Sala recuerda las actuaciones adelantadas en el referido medio
de control según consta en Samai, así20:

27. El 17 de octubre de 2017, el demandante presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Policía Nacional con la finalidad
de cuestionar la legalidad de la Resolución No. 116 del 27 de abril de 2017 por medio
de la cual fue retirado del servicio con la figura de retiro discrecional.

28. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Riohacha en providencia
del 19 de noviembre de 2021 avocó conocimiento del proceso.

29. En sentencia del 28 de febrero de 2025 decidió:

«[…]Primero: Negar las pretensiones de la demanda interpuesta por Geider Rocha
Miranda contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, de acuerdo con las
consideraciones de esta providencia.

Segundo: Sin condena en costas, de acuerdo con la parte motiva de esta sentencia.
Tercero: Por secretaría infórmese en su oportunidad si contra la presente sentencia se
interpone recurso de apelación y una vez ejecutoriada, archívese el expediente físico y
electrónico, verificándose que todas las actuaciones surtidas estén registradas en el
sistema SAMAI y en los registros internos del juzgado. […]»

30. Frente a dicha decisión no se presentó recurso de apelación, por lo que fue
archivado el 4 de noviembre de 2025, de acuerdo con las últimas actuaciones
registradas en Samai:

20 Ver el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 44-

001-33-40-002 2017-00317-00.
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Demandante: Geider Rocha Miranda

31. Ahora bien, tampoco se evidencia la procedencia de este mecanismo de amparo
constitucional de manera transitoria para evitar la eventual ocurrencia de un perjuicio
irremediable, en la medida en que no se alegó ni se acreditó la existencia de una
amenaza grave de algún derecho fundamental que requiera la adopción de medidas
urgentes para su protección.

32. Dicho lo anterior, se recuerda que la exigencia en la interposición de los recursos
o mecanismos judiciales procedentes de manera oportuna tiene como finalidad evitar
que la solicitud de amparo suplante los mecanismos ordinarios establecidos en
nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, se persigue que, en la tutela contra
providencias judiciales, no haya negligencia en el deber de acudir ante la
administración judicial, para la concreción de las garantías otorgadas por la
Constitución Política.

33. En ese orden, el amparo de la referencia resulta improcedente por
desconocimiento del principio de subsidiariedad, toda vez que fue presentado sin
haber agotado previamente todos los mecanismos ordinarios de defensa disponibles,
como lo era el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia,
en los términos establecidos en el artículo 243 del CPACA:

Artículo 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia […]

34. Asimismo, en cuanto al requisito de inmediatez una vez analizados los hechos y
las pruebas aportadas al expediente, se tiene que la providencia acusada del 28
febrero de 2025, que puso fin al proceso, fue notificada mediante correo electrónico
del 3 de marzo de 202521 y la solicitud de tutela fue radicada el 30 de abril de 202622,
lo cual permite concluir, que el demandante acudió ante el juez constitucional
después de haber transcurrido más de un (1°) año de encontrarse ejecutoriada la
providencia que considera vulneradora de sus derechos fundamentales.

35. De acuerdo con lo anterior, la solicitud de tutela bajo estudio tampoco satisface el
requisito de la inmediatez, en tanto fue presentada de manera tardía de cara al
término de los seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia para ello.

21 Ver índice 25 del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
44001334000220170031700.
22 Ver índice 1 de Samai en el expediente de primera instancia.

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Demandante: Geider Rocha Miranda

36. Sin perjuicio de lo anterior, se recuerda que el juez de tutela debe analizar cada
caso en concreto para establecer si existen circunstancias especiales que justifiquen
el actuar tardío del demandante. Dicho ello, se observa que en el asunto bajo estudio
no se allegó prueba ni se alegaron argumentos de que la tardanza acreditada estuvo
supeditada a un hecho de especial consideración que permita desconocer la regla
general fijada por la jurisprudencia constitucional, de manera excepcional, pues, se
insiste, la solicitud de amparo es «un remedio de aplicación urgente que demanda una
protección efectiva y actual de los derechos invocados».

37. Ahora bien, de conformidad con los argumentos expuestos por la demandante a
efectos de que se flexibilice el requisito general de la inmediatez, resulta pertinente
recordar que la Corte Constitucional 23 aclaró que las providencias judiciales no
constituyen una afectación prolongada en el tiempo:

«[…] La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha destacado, a título ilustrativo, las
siguientes situaciones donde la vulneración del derecho permanece en el tiempo: (i) el no
acceso a productos de higiene menstrual, pues “debe tenerse en cuenta que la
menstruación es un fenómeno biológico periódico, es decir, que no ocurre en un momento
único y, en ese sentido, el no contar con material absorbente idóneo implica, en principio,
una afectación permanente en el tiempo de sus derechos”[95]; y (ii) la separación de
menores de edad de sus padres, pues su no reintegro y el estar separados de su familia
puede suponer “un perjuicio actual y continuo”[96] en caso de no existir un sustento jurídico.
Estas situaciones particulares se destacan, al menos, por dos características. De un lado,
por la continuidad y actualidad de la afectación de garantías ius fundamentales. De otro
lado, por la reproducción de los hechos u omisiones causantes de la violación de los
derechos fundamentales invocados. De todos modos, una vez resuelta judicialmente la
controversia en torno a la que se alegó la violación de derechos, no es posible valorar el
carácter continuo del daño a partir de la discrepancia de las partes con lo decidido
jurisdiccionalmente. Aceptar lo contrario implicaría, primero, pasar por alto los efectos de
cosa juzgada de las providencias judiciales y, segundo, suponer que, tratándose de la
tutela contra providencias, el daño siempre es continuo, pues, por regla general, la parte
vencida en el proceso muestra inconformidad con lo decidido por el juez.

74. En el presente caso, como ya se dijo, no hay una afectación prolongada en el
tiempo. Todo, porque la decisión judicial que se cuestiona resolvió la controversia objeto
de la acción de tutela y, por ende, la lesión alegada por el accionante no resulta actual.
Los efectos de la cosa juzgada difieren de una vulneración prolongada en el tiempo, por
lo que no pueden equipararse, pues, de no ser así, no tendría aplicación alguna el requisito
de inmediatez contra providencias judiciales.

75. Igualmente, la Corte Constitucional ha estudiado tutelas promovidas en contra
de providencias judiciales dictadas en procesos de pérdida de investidura. En ese
contexto, el análisis de inmediatez no ha sido abordado a partir de los criterios de
permanencia en el tiempo de la presunta lesión de los derechos invocados. Incluso, la
Corporación ha declarado la improcedencia de la tutela por incumplir el requisito de
procedibilidad. […]»

38. En este sentido, los argumentos expuestos en el escrito de impugnación
tendientes a que se flexibilice el requisito general de la inmediatez no tienen vocación
de prosperidad, y la solicitud de amparo es improcedente.

23 Sentencia T-001/22. MP: Paola Andrea Meneses Mosquera.

10

Radicación: 44001-23-40-000-2026-00042-01
Demandante: Geider Rocha Miranda

3. Conclusión

39. En este orden de ideas, la Sala confirmará la decisión del a quo, a través de la
cual declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por Geider Rocha
Miranda en contra del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Riohacha, por no cumplir con los requisitos de subsidiariedad e inmediatez.

40. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 14 de mayo de 2026 por Tribunal
Administrativo de La Guajira, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de
tutela presentada por Geider Rocha Miranda en contra del Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Riohacha.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

SSR/LVLQ

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

11

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