Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-31-000-2006-00043-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-31-000-2006-00043-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 47001-23-31-000-2006-00043-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
9 de abril de 2018
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / PARTE CIVIL EN PROCESO PENAL – Afectación / DAÑO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD – No acreditado / MORA JUDICIAL – No acreditada
[N]o es posible predicar que Hernando Linero Santodomingo se hallara, dentro del proceso penal y para el momento en el cual se decretó la prescripción de la acción penal, en una situación tanto fáctica como jurídicamente idónea y conducente al logro de la condena resarcitoria por él pretendida, circunstancia que permite concluir que en el sub lite no se encuentran reunidos los presupuestos del reconocimiento de una pérdida de oportunidad como daño autónomo (…) [N]o obra en el expediente prueba que permite inferir que la declaración de la prescripción penal y la consiguiente extinción de la acción civil en el proceso de fraude procesal originado en la denuncia radicada bajo el número de orden 4149 instaurada por Hernando Linero Santodomingo, y el daño tal declaración causó en el patrimonio de éste, sea imputable a la demandada por causa de incumplimiento injustificado y culposo de los términos razonables que demandaba la instrucción criminal, resultado que parece más bien ser consecuencia de acumulaciones estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cargo de la solución de los procesos
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / PARTE CIVIL / DAÑO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD - Elementos
[E]l daño, en su acepción de la pérdida de la suma de dinero objeto de una condena indemnizatoria por parte de la jurisdicción penal reviste una modalidad puramente eventual, no pasible de reparación. Empero, esta Judicatura encuentra que el daño que reside en la extinción de la acción penal podría configurar un daño autónomo, diferente del daño eventual atrás analizado, consistente en la pérdida de oportunidad, por cuanto, para la parte civil reconocida dentro del proceso penal, como ha quedado visto, se extinguió, junto con la acción penal, toda oportunidad de demandar la indemnización de perjuicios por el daño derivado del delito, consecuencia que en modo alguno coincide con la pérdida del derecho a recibir una indemnización cierta.
MORA JUDICIAL – Presupuestos / PLAZO RAZONABLE
[E]l juicio del juez contencioso administrativo sobre la razonabilidad de los tiempos empleados en la actuación judicial debe superar el simple cotejo de los términos en los cuales el proceso debía resolverse para confrontarlo con el tiempo real en que se surtió. En ese orden, debe detenerse en la particularidad del trámite, verificar si hubo o no hubo justificación en la tardanza y si es desproporcionada frente a la gestión y, analizar también, la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, el volumen de trabajo y los estándares de funcionamiento.
NOTA DE RELATORÍA: Providencia con aclaración de voto del consejero Guillermo Sánchez Luque.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 47001-23-31-000-2006-00043-01(38147)
Actor: HERNANDO LINERO SANTODOMINGO
Demandado: NACIÓN–FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Tema: Defectuoso funcionamiento de la justicia. Criterios para reconocer la mora judicial.
Sentencia: Revoca. Niega pretensiones.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del once (11) de noviembre de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que accedió a las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
El Juez Primero Penal del Circuito declaró, el 18 de agosto de 2004, la prescripción de la acción penal en el proceso seguido contra el señor Alonso Linero Salas por el delito de fraude procesal denunciado por Hernán Linero, el 28 de abril de 1998. La prescripción de la acción penal causó ipso iure, la extinción de la acción civil. La parte demandante solicitó el reconocimiento de los daños y perjuicios causados por la falla en el servicio judicial.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
El señor Hernán Linero Santodomingo presentó ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, demanda de reparación directa para que se declare responsable a la Nación, Fiscalía General de la Nación, por la falla o falta en el servicio de administración de justicia que se configuró con la declaración de prescripción de la acción penal dentro del proceso 382-2 de 1998, en el que se investigó el punible de fraude procesal contra el abogado Alonso Linero Salas.
Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó que se condene a la parte demandada a los perjuicios de orden material y moral, subjetivo y objetivado, actuales y futuros, los cuales estimó en la suma de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o conforme a lo que resulte probado en el proceso. El actor solicitó la actualización del valor de esta condena en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.
Como fundamento de las pretensiones, el actor expuso los siguientes
HECHOS:
1. El señor Hernando Linero Santodomingo formuló denuncia penal en contra del abogado Alonso Linero Salas, por el delito de fraude procesal cuyo conocimiento por competencia le correspondió a la Fiscalía 22 Seccional de Ciénaga, Magdalena, con el radicado número 382-2-1998.
2. La referida fiscalía profirió resolución de acusación, el 25 de noviembre de 2002, es decir, cuatro (4) años, cinco (5) meses y veintiún días (21) después de la instauración de la denuncia criminal.
3. La resolución acusatoria fue apelada por el defensor del sindicado.
4. La Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Distrito de Santa Marta, con providencia del 19 de abril de 2004, confirmó el proveído de resolución de acusación en contra de Alonso Linero Salas. Ese despacho se tomó un año (1) año dos (2) meses y veintidós días, para tomar esa decisión.
5. Remitido el expediente para la etapa de juzgamiento, el juzgado Primero Penal del Circuito de Ciénaga, Magdalena, con fecha 18 de agosto de 2004, declaró la prescripción de la acción penal y ordenó el archivo del expediente.
6. El actor observó especial diligencia dentro del proceso. Incluso, pidió a la Procuraduría Delegada en asuntos penales, que ejerciera vigilancia especial sobre éste.
2.2. Trámite procesal
El Tribunal Administrativo del Magdalena admitió la demanda presentada por el señor Hernán Linero Santodomingo.
La Fiscalía General de la Nación, a través de escrito del 3 de agosto de 2007, se opuso a las súplicas de la demanda. Propuso, a manera de excepción, que el daño era imputable a terceros que habrían obrado en forma culposa. Adujo, en defensa de la entidad la inexistencia del daño antijurídico aludido por el actor, ya que, a su juicio, este no reúne los requisitos establecidos en los artículos 66 y 67 de la Ley 270 de 1996 para el efecto; la inexistencia de nexo de causalidad entre las actuaciones de la Fiscalía y los presuntos perjuicios aducidos por el demandante; la ausencia de irregularidades en el curso de la investigación penal, y la diligencia que, en su opinión, observó el ente investigador en la dinamización del proceso.
Una vez se agotó la etapa probatoria, la primera instancia corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión. Esta Oportunidad fue aprovechada por la parte demandante, quien presentó escrito en el que reiteró que la falla del servicio se evidencia con el cotejo y verificación de fechas de las providencias de primera y segunda instancia contentivas de la resolución de acusación respecto del abogado Alfonso Linero Salas, y en las que se observa la mora y el retardo en la toma de decisiones. Indicó, también, que el daño se concreta en los dineros dejados de percibir a través de la acción civil dentro del proceso penal que culminó con el decreto de la prescripción. Respecto de la relación de causalidad, afirmó que, si la fiscalía hubiese decidido con eficacia y prontitud la resolución de acusación, la acción no habría terminado con prescripción.
El a quo dictó auto para mejor proveer con el fin de conocer la estadística de la Fiscalía 22 de Ciénaga y los fiscales que ocuparon esa oficina en el lapso entre el 28 de abril y el 25 de noviembre de 2002.
2.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Magdalena, declaró a la Nación, Fiscalía General de la Nación, administrativamente responsable de los perjuicios causados al señor Hernán Linero Santodomingo con ocasión de la falla del servicio por el defectuoso funcionamiento en la administración de justicia.
La citada providencia formuló como problema jurídico si ¿Se le puede enrostrar una responsabilidad patrimonial al Estado, por haberse declarado prescripción de la acción en un proceso penal por el delito de fraude procesal donde en conjunto se tramitaba la acción civil, y como consecuencia de ello no se pudo lograr la efectividad del resarcimiento de los daños ocasionados a los demandantes?¿Dicha demora es imputable al operador judicial, y ello conlleva a una reparación patrimonial por parte del Estado?
Como sub problema jurídico se preguntó si ¿la demora dentro del proceso penal es de aquellas que causa un daño antijurídico? ¿Puede endilgársele responsabilidad del Estado, como consecuencia de la demora judicial?
El a quo estudió el caso concreto de acuerdo con la teoría del defectuoso funcionamiento de la administración justicia. Sobre el primer interrogante planteado encontró demostrada la mora judicial en la actuación de investigación a cargo de la fiscalía. Respecto de la segunda pregunta indicó que, la mora no resultaba imputable a las partes del proceso penal, sino al servicio judicial, pues no obra en el plenario prueba que demuestre la especial complejidad del litigio, ni del exceso de carga de trabajo en esa Fiscalía que explique el tiempo que ésta empleó para instruir y calificar el mérito del sumario.
A la tercera cuestión respondió que, en este tipo de casos, la prescripción de la acción penal corre en forma simultánea a la de la acción civil, y que el acaecimiento de esta última configura un daño antijurídico. A su vez, infirió la existencia de una relación causal eficiente entre la mora judicial y el daño sufrido por la parte civil, que no se rompe por el hecho de un tercero, pues la causa del daño descansa en el retardo o la demora injustificada por parte de la administración de justicia en el trámite del proceso que culminó con la declaración de prescripción.
2.4. El recurso de apelación
La Fiscalía General de la Nación apeló del fallo. Solicitó su revocación y, en consecuencia, se nieguen las pretensiones y condenas de la demanda.
Expuso los motivos de inconformidad contra la providencia recurrida con protesta ante la inferencia del a quo sobre la falla del servicio, pues a su juicio, desconoció que la fiscalía realizó dentro de la investigación penal a su cargo todas las acciones tendientes al esclarecimiento de los hechos, y que lo hizo en forma oportuna, aserto que se propuso demostrar con una presentación cronológica de las actuaciones surtidas en la investigación. Igualmente, formuló glosa a la deducción del daño cierto que hizo el A quo, aduciendo que ni aún en caso de haberse proferido sentencia condenatoria en materia penal podía inferirse con certeza el mérito para que se dictara sentencia indemnizatoria en favor de la parte civil.
Para sustento de sus glosas, la Fiscalía citó sentencias de esta Corporación que le permitieron afirmar que en este tipo de casos la falla en el servicio no es automática, pues debe analizarse desde la realidad de la administración de justicia y no desde el ideal, puesto que la mayoría de las veces es imposible cumplir a cabalidad los términos.
El recurrente, por último, cuestionó la condena en perjuicios habida cuenta de la ausencia de prueba que sobre el tema, a su juicio, acusaba al expediente.
2.5. Trámite en segunda instancia
El recurso de apelación fue admitido con auto del 22 de febrero de 2010. Mediante providencia del 12 de julio del mismo año se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que en el término de 10 días presentaran alegatos de conclusión y a éste su concepto.
La Fiscalía reiteró los argumentos expuestos a manera de sustento de su recurso, y el Ministerio Público rindió concepto en el que pidió, se confirmara la sentencia del a quo. Argumentó que la fiscalía excedió, de lejos, el término máximo que la ley le otorgaba para adelantar su trabajo instructivo, al tomarse más de 30 meses para calificar el mérito del sumario demora que en su concepto no es atribuible al demandante, quien sufrió un daño antijurídico que no estaba en el deber de soportar, pues al extinguirse la acción penal también feneció la acción civil, con la consiguiente pérdida para la parte civil, de obtener la indemnización de perjuicios objeto de la pretensión formulada en la demanda de constitución de esa parte dentro de la actuación penal.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Presupuestos de la sentencia de mérito
3.1.1. Competencia
La Sala es competente para conocer del recurso de apelación en virtud del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen en primera instancia, los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado.
3.1.2. Legitimación en la causa
El señor Hernán Linero Santodomingo está legitimado en la causa por activa, dado que se constituyó como parte civil dentro del proceso penal adelantado contra Alonso Linero Salas, en el que operó la prescripción de la acción penal respecto del delito de fraude procesal y, correlativamente, en la acción civil.
La Nación, Fiscalía General de la Nación está legitimada en la causa por pasiva, pues fue la autoridad que conoció del proceso penal por fraude procesal contra Alonso Lineros que terminó por prescripción de la acción penal.
3.1.3 Vigencia de la acción
La Sala pone de presente que el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo dispone que el término para formular pretensiones en sede de reparación directa es de dos (2) años que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa que dio origen al daño reclamado.
El daño alegado por la parte actora consistió en la imposibilidad de obtener la indemnización de perjuicios en el proceso penal adelantado contra Alonso Linero Salas por el delito de fraude procesal, ante el acaecimiento de la prescripción de la acción.
En el caso objeto de estudio, el auto que declaró la prescripción de la acción penal se dictó por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Ciénaga, Magdalena, el 18 de agosto de 2004. La demanda de reparación directa se presentó el 16 de enero de 2006, vale decir, dentro del término de ley.
3.4. Sobre la prueba de los hechos
La responsabilidad extracontractual del Estado se cimienta sobre dos premisas, daño antijurídico e imputación. En este acápite la Sala se propone señalar las pruebas que se practicaron y decretaron dentro del proceso con la pretensión en relación con estos elementos.
3.4.1. Sobre la prueba de los hechos relativos al daño
Se alegó por el demandante que el daño, cuya reparación pretende, corresponde a la privación de la posibilidad de obtener, por la vía judicial por él escogida, el resarcimiento de los perjuicios que le causó la conducta punible que denunció ante las autoridades, objeto este que no logró por causa del decreto de la prescripción de la acción penal. Sobre este fueron traídas al proceso contencioso administrativo las siguientes pruebas:
Copia auténtica de la providencia del 25 de noviembre de dos mil dos (2002), mediante la cual la Fiscalía 22 Seccional de la Dirección de Fiscalías de Santa Marta profirió resolución de acusación respecto de Alonso Linero Salas por el delito de fraude procesal.
Copia autenticada de la providencia dictada por la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, de diecinueve (19) de abril de dos mil cuatro (2004), en la que esa autoridad confirmó la resolución de acusación.
Copia del auto de dieciocho (18) de agosto de dos mil cuatro (2004), expedida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Ciénaga, Magdalena, en el que declaró la prescripción de la acción penal en el proceso seguido contra el señor Alonso Linero Salas, por el delito de fraude procesal.
La Sala debe precisar que los medios de prueba relacionados anteriormente fueron allegados con la demanda y decretados en el auto de pruebas, es decir, de manera oportuna y regular, por ende, conforme al precedente de esta Subsección, serán apreciados teniendo en cuenta los principios que conforman la sana crítica.
3.4.2. Sobre la prueba de la imputación
La parte demandante reprochó la actuación de la Fiscalía General de la Nación como constitutiva de una falla en el servicio por el retardo en la instrucción que dio lugar, finalmente, a la prescripción de la acción penal.
La imputación de la responsabilidad, en cabeza de la entidad demandada se soportó en las pruebas documentales a las que se hizo referencia en el numeral anterior, traídas del expediente penal 382-2 adelantado por la Fiscalía General de la Nación.
Con estas pruebas demostró, la parte demandante, que los funcionarios asignados, por esa entidad, tenían el conocimiento del asunto demandado durante toda la etapa de instrucción. El expediente penal, además, fue solicitado por la Fiscalía General de la Nación como prueba trasladada en la contestación de la demanda, petición a la que accedió el a quo.
Sobre la eficacia probatoria de la prueba trasladada, la Sala ha manifestado, que puede ser valorada en el proceso contencioso administrativo, siempre que se hayan verificado los presupuestos del artículo 185 del C.P.C..
Conforme a esa posición jurisprudencial, la Sala valorará los documentos trasladados conforme a lo expuesto en las líneas precedentes.
4. Asuntos que compete resolver a la Sala
De acuerdo con el recurso de apelación, la Sala debe resolver los siguientes problemas jurídicos:
la deberá establecercgtuoso funcionamiento de la administracid demandadas el delito de fraude procesal
¿La Fiscalía General de la Nación ocasionó a Hernando Linero Salas un daño antijurídico, en tanto puso término a la investigación cursada contra su denunciado y demandado civilmente, en atención al acaecimiento de la prescripción de la acción penal?
De encontrar acreditado el daño antijurídico, la sala absolverá la siguiente cuestión: ¿la prescripción de la acción penal, a la luz de las pruebas que obran en el plenario, es jurídicamente atribuible a la Fiscalía General de la Nación?
Para ello, analizará en primer término si la imposibilidad de obtener la reparación de perjuicios derivados de un punible cuando la acción indemnizatoria por causa de éste se ha incoado dentro del proceso penal que termina con decreto de la prescripción de la acción penal, configura un daño antijurídico.
En segundo lugar, si a ello hay lugar, verificará la Sala, si el perjuicio que afirma haber derivado el actor a consecuencia de esa prescripción, reúne los requisitos de certeza, concreción e individualidad que demanda el ordenamiento jurídico para que se imponga su resarcimiento.
Si esta constatación arroja resultado negativo, determinará la Sala, si ha ocurrido, por causa de esa prescripción, una pérdida de oportunidad o el menoscabo de un derecho convencional y constitucionalmente protegido.
Finalmente, en caso de encontrar configurado el daño, en alguna de las modalidades antes relacionadas, la Sala se ocupará de resolver si éste puede ser jurídicamente atribuido a la entidad demandada, para lo cual, empleará el criterio de imputación de falla del servicio en su modalidad de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
4.1. Análisis sobre la responsabilidad
4.1.1 Sobre el daño y su antijuridicidad.
Para los fines que interesan al Derecho, el daño puede ser entendido como la aminoración o alteración negativa de un interés humano objeto de tutela jurídica, que bajo ciertas condiciones, activa al ordenamiento jurídico en función de su reparación o compensación.
Como puede advertirse, el daño incorpora dos elementos: uno, físico, material, y otro jurídico, formal.
El elemento físico o material, consiste en la destrucción o el deterioro que las fuerzas de la naturaleza, actuadas por el hombre, provocan en un objeto apto para satisfacer una necesidad, tal y como ocurre cuando se lesiona, por ejemplo, la relación del hombre con objetos físicos aptos para satisfacer sus necesidades; cuando se lesionan los vínculos que un sujeto de derecho ha establecido con otro u otros homólogos suyos, como medios útiles para satisfacer sus necesidades; o cuando se lesiona la integridad física o moral del hombre mismo. En todos, y en cualquiera de estos casos, se habrá causado un daño en el plano fáctico, pero insuficiente per se, para la configuración del daño, en sentido jurídico.
El segundo elemento, el elemento formal, se verifica en el plano jurídico, sí y solo sí, se acreditan los siguientes supuestos adicionales al elemento material:
a) Que la lesión, recaiga sobre un interés jurídicamente tutelado;
b) Que la lesión no haya sido causada, ni sea jurídicamente atribuible a la propia víctima;
c) Que la lesión tenga consecuencias ciertas, en el patrimonio económico o moral de la víctima
d) Que no exista un título legal conforme al ordenamiento constitucional, que justifique la lesión al interés jurídicamente tutelado (en abstracto), esto es, que la víctima no esté jurídicamente obligada, en las condiciones particulares y concretas en que sufrió la lesión, a soportar sus consecuencias.
Así las cosas, en orden a la reparación, no basta con la acreditación de la lesión material de un interés en el plano fáctico. Tampoco basta con la demostración de la lesión de un interés jurídicamente protegido, pues en tal caso, se habrá configurado un mero daño evento. Se hace necesario, que el daño produzca efectos personales y ciertos en los intereses jurídicamente tutelados de la víctima; que tal daño no tenga causa, o autoría en la víctima; y que no existe un título legal que, conforme al ordenamiento constitucional y legal, legitime la lesión al interés jurídicamente tutelado, esto es, que la víctima no esté obligada a soportar sus consecuencias.
Sólo una vez reunidos los dos elementos, y acreditados los supuestos del elemento jurídico, puede decirse que se encuentra probado el daño antijurídico.
En el caso sub lite, afirmó el demandante haber sufrido daño por causa de la extinción de la acción penal que hubo de poner fin al proceso penal seguido contra su denunciado y demandado civilmente, por cuanto le impidió obtener la reparación de los daños originados por el punible que allí se investigaba.
La Sala encuentra, a la luz de lo dispuesto en el artículo 108 del Código Penal vigente en la época de los hechos (Ley 100 de 1980), que la opción que tomaron las víctimas del delito de fraude procesal que se endilgó a Alonso Linero Salas, de hacer ejercicio de la acción civil dentro del proceso penal, trajo como efecto que el término prescriptivo de la acción civil estuviera irremediablemente atado al propio de la acción penal. Decía la disposición en cita:
“ARTICULO 108. PRESCRIPCION DE LA ACCION CIVIL. La acción civil proveniente del delito prescribe en veinte (20) años si se ejercita independientemente del proceso penal y en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal, si se adelanta dentro de éste.”
En igual sentido, el Código Civil dispone:
“ARTICULO 2358. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN. Las acciones para la reparación del daño proveniente de delito o culpa que puedan ejercitarse contra los que sean punibles por el delito o la culpa, se prescriben dentro de los términos señalados en el Código Penal para la prescripción de la pena principal.”
Esta consecuencia jurídica configura, a no dudarlo, un daño, en cuanto extinguió, sin que mediara título alguno de justificación, un interés que goza de la máxima tutela que confiere el ordenamiento jurídico a los derechos fundamentales, para el caso, el derecho de acción. Y esto, porque se cerró, por causa de la prescripción de la acción penal, para la parte civil dentro del proceso penal que cursaba contra Alonso Linero Salas, toda vía para demandar la indemnización de perjuicios por los daños derivados del delito que era materia de investigación dentro de la actuación radicada al número 382-2 que adelantaba la Fiscalía General de la Nación.
Este daño, empero, no generó consecuencias ciertas en el patrimonio de la víctima, para el caso, de Hernando Linero Santodomingo; no al menos, si tales consecuencias se pretenden concretar en la privación del derecho a obtener el resarcimiento de los perjuicios por causa del delito que investigaba la Fiscalía. En efecto, el resultado final favorable a su demanda, que esperaba la parte civil era, al momento en que se decretó la prescripción de la acción penal, de signo incierto, pues pendía, no sólo de la imposición de una condena penal en firme, sino, también, de la efectiva acreditación de los daños ciertos que el delito así castigado hubiera inferido a la parte civil. En tales condiciones, el daño, en su acepción de la pérdida de la suma de dinero objeto de una condena indemnizatoria por parte de la jurisdicción penal reviste una modalidad puramente eventual, no pasible de reparación.
Empero, esta Judicatura encuentra que el daño que reside en la extinción de la acción penal podría configurar un daño autónomo, diferente del daño eventual atrás analizado, consistente en la pérdida de oportunidad, por cuanto, para la parte civil reconocida dentro del proceso penal, como ha quedado visto, se extinguió, junto con la acción penal, toda oportunidad de demandar la indemnización de perjuicios por el daño derivado del delito, consecuencia que en modo alguno coincide con la pérdida del derecho a recibir una indemnización cierta.
Ahora bien, la jurisprudencia de esta Corporación ha definido los caracteres y requisitos que debe revestir la llamada pérdida de oportunidad como daño autónomo resarcible, y procede, en consecuencia, la Sala, a verificar, si en el caso que ocupa su atención, se encuentran acreditados tales exigencias.
Ha dicho la Corporación:
“La pérdida de oportunidad o pérdida de chance alude a todos aquellos eventos en los cuales una persona se encontraba en situación de poder conseguir un provecho, de obtener una ganancia o beneficio o de evitar una pérdida, pero ello fue definitivamente impedido por el hecho de otro sujeto, acontecer o conducta que genera, por consiguiente, la incertidumbre de saber si el efecto beneficioso se habría producido, o no, pero que al mismo tiempo da lugar a la certeza consistente en que se ha cercenado de modo irreversible una expectativa o una probabilidad de ventaja patrimonial; dicha oportunidad perdida constituía, en sí misma, un interés jurídico que si bien no cabría catalogar como un auténtico derecho subjetivo, sin duda facultaba a quien lo ha visto salir de su patrimonio -material o inmaterial- para actuar en procura de o para esperar el acaecimiento del resultado que deseaba, razón por la cual la antijurídica frustración de esa probabilidad debe generar para el afectado el derecho a alcanzar el correspondiente resarcimiento.
La pérdida de oportunidad constituye, entonces, una particular modalidad de daño caracterizada porque en ella coexisten un elemento de certeza y otro de incertidumbre: la certeza de que en caso de no haber mediado el hecho dañino el damnificado habría conservado la esperanza de obtener en el futuro una ganancia o de evitar una pérdida para su patrimonio y la incertidumbre, definitiva ya, en torno de si habiéndose mantenido la situación fáctica y/o jurídica que constituía presupuesto de la oportunidad, realmente la ganancia se habría obtenido o la pérdida se hubiere evitado; expuesto de otro modo, a pesar de la situación de incertidumbre, hay en este tipo de daño algo actual, cierto e indiscutible consistente en la efectiva pérdida de la probabilidad de lograr un beneficio o de evitar un detrimento…Esa probabilidad tenía un determinado valor, aunque difícil de justipreciar, que debe ser reparado .”
En el mismo pronunciamiento en cita, la Corporación fijó los requisitos que deben reunirse para acreditar la existencia de una pérdida de oportunidad como verdadero daño antijurídico. Al punto dijo:
“(i) Certeza respecto de la existencia de una oportunidad que se pierde, aunque la misma envuelva un componente aleatorio, lo cual significa que esta modalidad de daño da lugar a un resarcimiento a pesar de que el bien lesionado no tiene la entidad de un derecho subjetivo ─pues se trata de un mero interés legítimo, de la frustración de una expectativa, sin que ello suponga que se trata de un daño puramente eventual─, siempre y cuando se acredite inequívocamente la existencia de ‘una esperanza en grado de probabilidad con certeza suficiente’ de que de no haber ocurrido el evento dañoso, la víctima habría mantenido la expectativa de obtener la ganancia o de evitar el detrimento correspondientes;
(ii) Imposibilidad definitiva de obtener el provecho o de evitar el detrimento, vale decir, la probabilidad de obtener la ventaja debe haberse convertido en inexistente, pues si la consolidación del daño dependiera aún del futuro, se trataría de un perjuicio eventual e hipotético, no susceptible del reconocimiento de una indemnización que el porvenir podría convertir en indebida; lo expuesto se antoja lógico en la medida en que si el resultado todavía puede ser alcanzado, el “chance” aún no estaría perdido y nada habría por indemnizar; por tanto, si bien se mantiene la incertidumbre respecto de si dicho resultado se iba a producir, o no, la probabilidad de percibir la ganancia o de evitar el perjuicio sí debe haber desaparecido definitivamente del patrimonio ─material o inmaterial─ del individuo porque dichos resultados ya no podrán ser alcanzados jamás.
Tal circunstancia es la que permite diferenciar la ‘pérdida de oportunidad’ del ‘lucro cesante’ como rubros diversos del daño, pues mientras que la primera constituye una pérdida de ganancia probable ─dado que, según se ha visto, por su virtud habrán de indemnizarse las expectativas legítimas y fundadas de obtener unos beneficios o de evitar una pérdida que por razón del hecho dañoso nunca se sabrá si habrían de conseguirse, o no─, el segundo implica una pérdida de ganancia cierta ─se dejan de percibir unos ingresos que ya se tenían ─;
(iii) La víctima debe encontrarse en una situación potencialmente apta para pretender la consecución del resultado esperado, es decir que debe analizarse si el afectado realmente se hallaba, para el momento en el cual ocurre el hecho dañino, en una situación tanto fáctica como jurídicamente idónea para alcanzar el provecho por el cual propugnaba, posición jurídica que ‘no existe cuando quien se pretende damnificado, no llegó a emplazarse en la situación idónea para hacer la ganancia o evitar la pérdida ”.
Pues bien, en el caso sub examine, observa la Sala que la investigación penal adelantada por fraude procesal contra Alonso Linero Salas había finalizado y el proceso había hecho tránsito a la fase del juicio, escenario este en el que se abría una oportunidad cierta de demostrar la responsabilidad de Alonso Linero Salas, tanto en relación con el delito que se le imputaba, como frente a las consecuencias patrimoniales que de él derivó la parte civil.
Por otro lado, ya ha puesto de presente la Sala, cómo por efecto de la prescripción de la acción penal, los actores han quedado en imposibilidad definitiva de demostrar esa responsabilidad y de obtener un pronunciamiento como resultado del ejercicio de la acción civil dentro del proceso penal. Tal resultado, no podrá ser concretado jamás
Pero, no basta, ciertamente, con la acreditación de la pérdida cierta del escenario para la demostración de la responsabilidad del enjuiciado para que se configure la pérdida de oportunidad. Es necesario, como lo ha decantado la jurisprudencia de la Corporación, que obre en este expediente contencioso administrativo la prueba de la potencial aptitud de la parte civil para acceder dentro del proceso penal a lo pretendido en la demanda de constitución de parte. Es preciso que aparezcan, debidamente acreditadas en el proceso, las reales probabilidades de éxito que tenían las pretensiones formuladas en la demanda de parte civil.
Y en este aspecto, lo único cierto es que el reconocimiento del daño y la comprobación de los perjuicios se quedó, dentro de esa actuación, en el terreno de las probabilidades, pues allí quedó incólume inocencia presunta del abogado Linero Salas. Es más, no encuentra la Sala, en la prueba que se trasladó del proceso penal, elemento de juicio alguno que permita estimar el mérito de prosperidad que tenían las pretensiones de resarcimiento del daño. Para ello resultaría preciso, no sólo que las piezas probatorias trasladas y las decisiones adoptadas en el proceso penal evidenciaran la solidez de la acusación, sino que de manera complementaria prestaran mérito para acreditar el daño inferido a la víctima, tanto como sus consecuencias ciertas sobre su patrimonio.
Esta prueba brilla por su ausencia. Además, no escapa a la Sala el alcance que puede tener el siguiente aserto del Juez Primero Penal del Circuito dentro de los presupuestos fácticos de la decisión que declaró la prescripción de la acción penal: “(…) cuya conducta según las pruebas aportadas a la investigación es posible que la acción realizada por el procesado sea atípica, pero este despacho no entrará a valorar sobre si la conducta existió o no, ya que se presenta el fenómeno de la prescripción de la acción penal(…)”.
Así las cosas, no es posible predicar que Hernando Linero Santodomingo se hallara, dentro del proceso penal y para el momento en el cual se decretó la prescripción de la acción penal, en una situación tanto fáctica como jurídicamente idónea y conducente al logro de la condena resarcitoria por él pretendida, circunstancia que permite concluir que en el sub lite no se encuentran reunidos los presupuestos del reconocimiento de una pérdida de oportunidad como daño autónomo.
Con todo, no hay duda de que la prescripción declarada en la acción penal conllevó la imposibilidad para la víctima del delito investigado, de obtener un pronunciamiento de fondo, en perspectiva de verdad y de justicia acerca de la responsabilidad penal y civil de la persona que denunció y que demandó civilmente en perspectiva de reparación, conclusión esta que mueve a la consideración meritoria del daño autónomo consistente en la lesión a un bien constitucional y convencionalmente protegido: el derecho a acceder a la administración de Justicia y a obtener de ella decisiones de fondo. Tal derecho no se entiende realizado con la simple atención formal de la denuncia penal y/o de la demanda civil, sino que debe traducirse en decisiones que resuelvan positiva o negativamente, pero de fondo, los problemas jurídicos planteados a la jurisdicción y que entrañen un pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas.
Sobre este daño ha dicho esta Corporación:
“Así, la administración de justicia, al no evitar la prescripción de la acción penal, violó las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Constitución de 1991 que enmarcan la garantía del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva. De la Convención violó los artículos 8. 1 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) y de la Constitución de 1991 vulneró los artículos 228 (finalidad de la función de administración de justicia) y 229 (derecho de acceso a la administración de justicia). El artículo 8.1 de la Convención Americana dispone: 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. El artículo 25 del citado instrumento indica: 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. El artículo 228 de la Constitución de 1991 Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. Y El artículo 229 de la Constitución de 1991 reza 26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de abril de 2015, exp25.327, M.P. Ramiro Pazos Guerrero. Articulo 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado. Respecto a la protección del derecho a una tutela judicial efectiva contemplada en los artículos 8.1 y 25, la Corte Interamericana, intérprete auténtico de la Convención Americana, ha señalado que “las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana requieren de los Estados Partes la pronta adopción de providencias de toda índole para que nadie sea sustraído del derecho a la protección judicial, consagrada en el artículo 25 de la Convención Americana”.
Por tanto, y dado que Hernando Linero Santodomingo no pudo obtener, como era su derecho, un pronunciamiento material de la jurisdicción penal sobre la responsabilidad penal de Alonso Linero Salas por sus actuaciones, a juicio del denunciante, fraudulentas, dentro de un proceso laboral, y consecuencialmente, tampoco pudo obtener una decisión material sobre su responsabilidad por los daños causados con la conducta por la que se le llamó a juicio, forzoso es concluir que sufrió daño en su derecho a una tutela judicial efectiva, daño que es antijurídico y resarcible y cuya acreditación habilita el tránsito en sede contencioso administrativa al juicio de imputación.
4.1.2 La Imputación.
La imputación es el elemento de la responsabilidad que permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado, veamos:
“En la responsabilidad del Estado, la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos. Una vez se define que se está frente a una obligación que incumbe al Estado, se determina el título en razón del cual se atribuye el daño causado por el agente a la entidad a la cual pertenece, esto es, se define el factor de atribución (la falla del servicio, el riesgo creado, la igualdad de las personas frente a las cargas públicas). Atribuir el daño causado por un agente al servicio del Estado significa que éste se hace responsable de su reparación, pero esta atribución sólo es posible cuando el daño ha tenido vínculo con el servicio. Es decir, que las actuaciones de los funcionarios sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público.”
En el propósito de definir el título de imputación bajo cuyos parámetros se adelantará el juicio de atribución del daño en el sub lite, la sala toma en consideración que la parte demandante ha venido a este proceso endilgando responsabilidad a la demandada por la negligencia que habrían observado algunos de los órganos judiciales que intervinieron en el trámite del proceso penal, negligencia de la que habría derivado en forma consecuencial la prescripción de la acción penal y consiguientemente, de la civil indemnizatoria.
Esta negligencia personal que se atribuye al actuar del Fiscal que tuvo a su cargo la investigación penal no constituye el núcleo de la imputación de responsabilidad en sede administrativa, pues éste reside en la normalidad o anormalidad del servicio, como corresponde a la falla del servicio por falta de su prestación, o por su prestación tardía o defectuosa.
Cuando del servicio de administración de justicia se trata, adquiere unas modalidades particulares que se sintetizan bajo el título “defectuoso funcionamiento de la administración de justicia”, hipótesis de imputación de responsabilidad del Estado prevista en el artículo 69 de la ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, los artículos 29 de la Constitución Política; 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7.5 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 25 de la Declaración Americana de Derechos Humanos.
La jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación ha sostenido frente a las características del funcionamiento defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, lo siguiente:
“El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia presenta las siguientes características: (i) se predica de actuaciones u omisiones, diferentes a providencias judiciales, necesarias para adelantar un proceso; (ii) puede provenir de funcionarios judiciales y particulares que ejerzan facultades jurisdiccionales; (iii) debe existir un funcionamiento defectuoso o anormal, partiendo de la comparación de lo que debería ser un ejercicio adecuado de la función judicial; y (iv) se manifiesta de tres formas: la administración de justicia ha funcionado mal, no ha funcionado o funcionó tardíamente”.
Se infiere, a partir de lo expuesto, que el retardo injustificado de una decisión es, sin duda, potencialmente trasgresor del debido proceso y de las garantías legales y constitucionales del usuario en sedes administrativa y judicial. Sin embargo, para que ese retardo configure una verdadera mora y se erija en causa de imputación del daño a las entidades demandadas, debe superar el plazo razonable sin una razón válida. Al respecto, la Sección Tercera ha predicado lo siguiente:
“[P]ara la determinación de qué se entiende por “violación o desconocimiento del plazo razonable” corresponde al juzgador analizar las condiciones de tiempo, modo y lugar, así como los factores internos y externos en los que se presta el servicio, en otros términos, con qué instrumentos o herramientas se contaba para adoptar la decisión y, por lo tanto, si no existen circunstancias que justifiquen el retardo en la definición del asunto administrativo o jurisdiccional.
De modo que, no toda tardanza es indebida porque pueden existir razones que la justifiquen y que conduzcan al operador jurídico a la conclusión de que no se vulneró el artículo 29 de la Constitución Política, conclusión a la que arribó el juez constitucional al señalar que la mora judicial no desconoce el derecho a un juicio en un plazo razonable si existen factores que justifiquen el sobrepasar los términos fijados en la ley (v.gr. la congestión judicial, las resolución de peticiones formuladas por las partes, la petición de los agentes del Ministerio Público para estudiar el proceso, etc.).
En esa línea de pensamiento, para poder predicar la existencia de una dilación injustificada de una decisión administrativa o judicial, a la luz del artículo 29 de la Constitución Política, es preciso que se constate la configuración de los siguientes presupuestos: i) los términos fijados en la ley deben haberse sobrepasado, comoquiera que las normas que los señalan obligan no sólo a los administrados, sino a la administración pública, ii) la tardanza en la toma de la decisión no debe tener causa o motivo que la justifique, iii) la mora debe ser producto de una omisión de los funcionarios administrativos que tienen a su cargo el impulso o la decisión administrativa, y iv) la violación del plazo vencido debe catalogarse como desproporcionada frente al trámite respectivo.
Frente a este último aspecto, es importante indicar que son dos los factores que determinan la razonabilidad o no del plazo: i) la duración de trámites o procesos similares al que es objeto de juzgamiento, y ii) el estudio riguroso de las circunstancias fácticas para aplicar estrictamente las reglas de la experiencia.”
Como puede observarse, el juicio del juez contencioso administrativo sobre la razonabilidad de los tiempos empleados en la actuación judicial debe superar el simple cotejo de los términos en los cuales el proceso debía resolverse para confrontarlo con el tiempo real en que se surtió. En ese orden, debe detenerse en la particularidad del trámite, verificar si hubo o no hubo justificación en la tardanza y si es desproporcionada frente a la gestión y, analizar también, la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, el volumen de trabajo y los estándares de funcionamiento. Así lo ha sostenido la Sección:
“También se han establecido otros factores que justifican el retardo en las decisiones judiciales, a saber: la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora, “ya que este es un asunto que hay que tratar no desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión, derivados de una demanda que supera la limitación de recursos humanos y materiales disponibles para atenderla.”
De acuerdo con los parámetros expuestos, la Sala verificará si se incurrió dentro del curso del proceso penal en irregularidades de tal magnitud que determinaron, por razón del actuar injustificado estatal, la prescripción de la acción penal.
Para el efecto, la Sala parte de las siguientes premisas y hechos probados:
La denuncia se formuló el 28 de abril de 1998 bajo el régimen del Decreto 2700 de 1991.
Conforme al artículo 329 del Decreto 2700 de 1991, el término de instrucción era de 18 meses desde la apertura de investigación.
La conducta penal – fraude procesal- endilgada al abogado Alonso Lineros Salas, se concretó según el Juez Primero Penal del Circuito de Ciénaga Magdalena, en la contestación de la demanda laboral presentada al Juez Segundo Laboral del Circuito de Ciénaga el 11 de julio de 1997, por tanto, era aplicable el artículo 182 del Decreto Ley 100 de 1980, que definió el tipo penal de fraude procesal y determinó que su pena era de prisión de uno a cinco años.
Respecto del término de prescripción penal –el mismo ordenamiento anterior-, en su artículo 80 precisó que, la acción penal prescribirá en tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso, será inferior a 5 años ni excederá de 20.
En tratándose de la prescripción de la acción civil dentro del proceso penal el artículo 108 ídem, dispuso: “(…) prescribe en veinte (20) años si se ejercita independientemente del proceso penal y en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal, si se adelanta dentro de éste”.
La prescripción para los hechos punibles instantáneos empezará a contarse desde el día de la consumación.
Veamos los tiempos en que se desarrolló el proceso penal de acuerdo con las actuaciones surtidas:
Antes de la apertura de investigación:
1. Denuncia penal formulada por el señor Hernán Linero Santodomingo, en contra del abogado Alonso Linero Salas por el delito de fraude procesal, el 28 de abril de 1998.
2. Auto de 5 de mayo de 1.998 de la Unidad Segunda de Fiscalía Especializada de Santa Marta, que remite la denuncia radicada bajo el número de orden 4149 al Fiscal Catorce Grupo Patrimonio Económico.
3. Auto de 7 de mayo de 1998 de la Fiscalía Catorce Seccional Patrimonio Económico ante los Juzgados Penales del Circuito, que remite por competencia la denuncia penal instaurada, a la Unidad de Fiscalía del Municipio de Ciénaga.
A partir de la apertura de investigación:
4. Por medio de Proveído de 4 de junio de 1.998, la Fiscalía Veintidós (22) de Ciénaga, Magdalena, ordenó la apertura de la instrucción en contra del señor Alonso Linero Salas y, decretó la práctica de las siguientes diligencias:
Oír en indagatoria al señor ALONSO LINERO SALAS en la fecha 17 de Julio de 1.998.
Solicitar los antecedentes penales y de policía de los presuntos candidatos.
Oír en declaración jurada a Diana Gómez de Linero, Jorge Linero Santodomingo en día 22 de Julio de 1998.
Practicar las diligencias de inspecciones judiciales que se den al caso.
5. El 4 de Junio de 1998 el señor Hernán Linero Santodomingo, ratificó y amplió su denuncia ante el Fiscal veintidós Seccional de Ciénaga.
6. El 2 de julio de 1998 por medio de apoderado presentó demanda de parte civil, que fue aceptada el 16 de julio de 1998
7. El 22 de Julio de 1998, se escuchó en declaración jurada al señor Jorge Linero Santodomingo, y a la señora Diana Martha Gómez de Linero.
8. El 7 de septiembre de 1998 escuchó en indagatoria al señor Alonso Linero Salas.
9. El 4 de diciembre de 1.998, la Fiscalía 22 Seccional de Ciénaga, resolvió la situación jurídica del entonces sindicado, profiriendo medida de aseguramiento consistente en detención preventiva con beneficio de libertad provisional garantizada con caución prendaria.
10. Hernán Linero Santodomingo, por medio de apoderado, interpuso recurso de reposición contra la decisión que profirió la medida de aseguramiento para que se modificara la tipificación del delito por tratarse de un delito de ejecución instantánea. El recurso fue resuelto mediante providencia del 4 de enero de 2009, reponiendo la calificación del punible de fraude procesal en la modalidad de tentativa a fraude procesal
11. El día 30 de marzo de 1999, la Fiscalía Veinte Seccional escuchó al señor Hernán Linero Santodomingo en diligencia de declaración jurada.
12. Por Auto de 24 de agosto de 1999, la Fiscalía 22 Seccional de Ciénaga, ordenó la realización de una inspección judicial al proceso ordinario laboral seguido en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Ciénaga en contra del señor Jorge Linero Santodomingo, con el fin de establecer si en el mismo se observaba corrección o adulteración de una fecha y hora como se dice dentro de la investigación. La diligencia se realizó el 28 de agosto de 1999.
13. El veinte 20 de febrero del año 2000, la misma Fiscalía escuchó en declaración jurada al señor Jorge Rafael Linero Santodomingo.
14. El veintitrés 23 de febrero del 2000, le recibió diligencia de versión libre al señor Carlos Lizarazo Suárez y a la señora Diana Gómez de Linero.
15. Auto de 20 de julio del 2000, en el que la Fiscal de 22 solicitó a la Fiscalía 20 Seccional de Ciénaga copias de las diligencias que hubiera realizado en el proceso o investigación previa que surgió de copias sacadas en el radicado 382-2, para investigar posibles delitos de falso testimonio y otros.
16. A solicitud de la parte civil la Personería Municipal designó un representante para la vigilancia del proceso, decisión comunicada en Oficio 156 P del 29 de marzo de 2001. Ese agente especial, con oficio MP- 7314 Rad. 35918 de 13 de Septiembre de 2000 manifestó al señor Hernán Linero Santodomingo, que no observaba irregularidad alguna por parte de los Funcionarios de la Fiscalía. El oficio reza:
"...Como complemento a nuestro oficio No. 5099 de junio 27 del año en curso, le comunico que del informe rendido por el Funcionario designado por este Despacho para la práctica de visita a los procesos, manifiesta que encuentra ausencia de irregularidades en cuanto a las actuaciones de los Funcionarios; no obstante lo anterior, se le ordenó ejercer constante atención y vigilancia al trámite procesal subsiguiente, comunicando a este Despacho las decisiones judiciales adoptadas de fondo…”
17. Por Auto de mayo 3 de 2001, la Fiscalía de instrucción le solicitó copias al Consejo Seccional de la Judicatura del proceso disciplinario seguido contra el abogado Alonso Linero Salas.
18. Con Proveído del 25 de noviembre de 2002, la Fiscalía Veintidós Seccional de Ciénaga, calificó el mérito del sumario, profiriendo Resolución de Acusación respecto del abogado Alonso Linero Salas por el delito de Fraude Procesal.
19. El abogado defensor interpuso recurso de apelación contra la Resolución Acusatoria. Este fue concedido en efecto suspensivo por Auto del 8 de enero de 2003.
20. El recurso fue resuelto por la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, con Providencia del 19 de abril de 2004, confirmando la resolución objeto de la alzada.
21. A folio 329 del cuaderno de pruebas, se encuentra una constancia secretarial del 17 de mayo de 2004 informando a la Oficina de Asignaciones de los Juzgados Penales del Circuito que se allegaron las diligencias seguidas contra Alonso Linero Salas, sindicado del delito de fraude procesal, luego de haberse proferido resolución de acusación, confirmada en segunda instancia el 19 de abril de 2004.
22. Oficios 0824. 0825, 0826 y 0827 del 26 de mayo de 2004 expedidos por el Juzgado Primero Penal del Circuito en los que comunica a los señores Alonso Linero Salas, Manuel Laborde Restrepo, Edgar Gómez Mendoza y Hernán Linero Santodomingo, que conforme al artículo 400 del CPP se puso a su disposición el proceso para que soliciten las pruebas pertinentes, nulidades y se preparen para la audiencia preparatoria y pública.
23. Acta de audiencia preparatoria celebrada el 21 de julio de 2004, en la que se fijó el 4 de agosto de ese año, a las 10 A.M., para realizar la audiencia pública.
24. El 4 de Agosto de 2004 se inició la Audiencia Pública pero fue suspendida para resolver la prescripción de la acción.
25. Luego, por medio de Auto de 18 de agosto de 2004, el Juzgado Primero Penal del Circuito declaró la prescripción de la acción penal en el proceso seguido en contra del señor Alonso Linero Salas, por el delito de fraude procesal.
De este recuento, la Sala puede arribar a las siguientes deducciones:
El delito de fraude procesal es de aquellos llamados de ejecución instantánea. En el caso denunciado, según el Juez Primero Penal del Circuito, la presunta conducta punible se concretó en la contestación de la demanda presentada por el abogado Alonso Linero Salas ante el Juez Segundo Laboral del Circuito, el 11 de julio de 1997. La denuncia la instauró Hernán Linero, el 28 de abril de 1998, es decir, ya habían transcurrido más de 9 meses sin que se hubieran puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.
Lo anterior indica que, a la Fiscalía le restaban 4 años 3 meses para resolver hasta sentencia ejecutoriada todo el trámite, dado que el término prescriptivo vencía el 11 de julio de 2002.
La Fiscalía 22 de Ciénaga, Santa Marta, ordenó la apertura de investigación luego de que le fueran enviadas las diligencias para su conocimiento y por competencia, el 4 de junio de 1998, es decir, en un lapso razonable. En ese Auto ordenó la práctica de varias pruebas como se detalló en el numeral 4 ut supra.
La situación jurídica del sindicado fue resuelta por la mencionada Fiscalía, el 4 de diciembre de 1998, o sea, ese mismo año. Contra esa decisión el denunciante, por medio de su apoderado, interpuso recurso de reposición por la calificación del punible, que fue resuelto de manera pronta, el 4 de enero de 1999. Se continuó con el trámite normal de instrucción, como la admisión de la parte civil, reconocimiento de personería, práctica de pruebas –entre ellas la inspección judicial al proceso ordinario laboral, otras solicitudes del investigado, como la petición de la investigación disciplinaria que le fue adelantada y de la investigación preliminar que pudo surgir de las copias que se extrajeron de radicado 382-2 para investigar los posibles delitos de falso testimonio, además de la recepción de otras declaraciones e indagatoria, como se puede confrontar de la relación hecha en los numerales 5-16 de esta decisión.
El 11 y 20 de junio de 2002 el señor Hernando Linero Santodomingo continuaba activo en el proceso a través de una solicitud de sustitución de poder y la petición de que se calificara el mérito del sumario.
El 25 de noviembre de 2002, el Fiscal 22 de la Seccional de Ciénaga profirió resolución de acusación, pero a esta fecha ya había prescrito la acción penal, sin que lo hubiera advertido ese Despacho o el superior que conoció de la alzada.
La última actuación del Fiscal 22 de acuerdo con la prueba trasladada, fue un auto del 21 de julio de 2000, en el que solicitó unas copias a otra Fiscalía, es decir, que hasta la resolución de acusación transcurrieron un poco más de dos años, para que tomara esa decisión. Sin embargo, ello no significa que el proceso estuviera sin actividad, pues como se vio, se recibieron algunas pruebas que habían sido solicitadas.
De acuerdo a lo expuesto, la Sala puede señalar que hasta el 11 de julio de 2002, fecha en que prescribía la acción, hubo actividad en el proceso y que, si bien no se adoptó una decisión de fondo dentro del término de ley, término al que resulta forzoso descontar el tiempo que se tomó el señor Linero para formular la denuncia, no hubo abandono del instructor de la Fiscalía, ni olvido del proceso en un anaquel, sin actividad; por el contrario, se insiste, fue impulsado no sólo por parte del ente instructor, sino por la acuciosa actividad de la parte civil.
Además de lo anterior, la Sala destaca que la prueba recabada de oficio por el a quo para conocer la estadística correspondiente a la Fiscalía 22 Seccional Delegada ante los Jueces Civiles de Circuito, desde el 28 de abril de 1998 al 25 de noviembre de 2002 resultó insuficiente en orden a determinar, allende el volumen bruto de las cargas de trabajo que soportó ese despacho en el periodo, el número de diligencias practicadas en cada uno de esas indagaciones e investigaciones, para evaluar en forma diferenciada la complejidad de las actuaciones adelantadas en el periodo, o para definir los estándares de funcionamiento real, esto es, más allá de los términos que se señalan en la ley, o cuando menos, el término promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora.
Por lo anterior, no resulta de recibo la glosa que formuló el A quo al tiempo que tomó la actividad desplegada dentro del trámite instructor, a partir de la simple información reportada, según la cual, la Fiscalía instructora habría gestionado en ese periodo 804 investigaciones previas y 320 procesos, cifra que a no dudarlo refleja una actividad procesal considerable, pero que, ciertamente, resulta insuficiente para formular reproche por mora injustificada, salvo que se ponga en operación, sin justificación explícita, una inversión de la carga que emana del principio general que impone a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que prestan fundamento al efecto que persiguen. En tal sentido, el actor se limitó a probar el incumplimiento de términos en las instancias correspondientes, elementos de juicio que, como se dijo, de acuerdo a la reiterada jurisprudencia de la Sección, resulta insuficiente para demostrar la atribuibilidad del daño a la demandada.
En ese orden de ideas, no obra en el expediente prueba que permite inferir que la declaración de la prescripción penal y la consiguiente extinción de la acción civil en el proceso de fraude procesal originado en la denuncia radicada bajo el número de orden 4149 instaurada por Hernando Linero Santodomingo, y el daño tal declaración causó en el patrimonio de éste, sea imputable a la demandada por causa de incumplimiento injustificado y culposo de los términos razonables que demandaba la instrucción criminal, resultado que parece más bien ser consecuencia de acumulaciones estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cargo de la solución de los procesos.
Por tanto, la Sala revocará la sentencia impugnada.
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5. Condena en costas
Según lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C” administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de once (11) de noviembre de dos mil nueve (2009), proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que accedió a las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en esta providencia. En su lugar, se niegan las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: RECONOCER personería jurídica al abogado Efraín Montero Montaño identificado con la cédula de ciudadanía 12.709.735 y tarjeta profesional 49.314 del Consejo Superior de la Judicatura, en las condiciones conferidas en el poder visible a folio 384 del cuaderno principal.
CUARTO: ACEPTAR la revocación del poder presentado por el señor Hernán Linero Santodomingo al abogado Miguel Piña Vega en los términos señalados en el memorial visible a folio 386 del cuaderno principal.
En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Presidente de la Sala
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaración de voto Cfr. Av 36146-15 # 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 47001-23-31-000-2006-00043-01(38147)
Actor: HERNANDO LINERO SANTODOMINGO
Demandado: NACIÓN–FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
ACLARACIÓN DE VOTO DEL CONSEJERO GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Cfr. Rad. 36146 15 # 1
Temas: Privación injusta de la libertad–Competencia del Consejo de Estado para conocer en segunda instancia. Privación injusta de la libertad-La sentencia C-037 de 1996 fijó el sentido del artículo 68 de la Ley 270 de 1996. Privación injusta de la libertad por in dubio pro reo-El demandante tiene la carga de demostrar que su detención es injusta.
ACLARACIÓN DE VOTO
1. En esta decisión del 22 de octubre de 2015, en cuanto a la competencia, se reiteró el criterio jurisprudencial contenido en el auto del 9 de septiembre de 2008, Rad. 34.985, proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con arreglo al cual conforme al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 esta Corporación conoce en segunda instancia de los procesos de reparación directa por hechos u omisiones imputables a la administración de justicia, sin consideración a la cuantía de las pretensiones. Dijo la Sala:
Según tales directrices, para conocer de las acciones de reparación directa derivadas del error jurisdiccional, de la privación injusta de la libertad y del defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, serán competentes, únicamente, el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos, lo cual significa que de dicha competencia fueron excluidos los jueces administrativos del circuito cuyo funcionamiento y existencia como parte integral de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo fue contemplada también de manera expresa a lo largo de los artículos 11-3, 42 y 197 de esa misma Ley Estatutaria.
A mi juicio el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, al no ostentar el rango de norma estatutaria, ya había sido derogado tácitamente por los artículos 40 y 42 de la Ley 446 de 1998, que dispusieron que los procesos de reparación directa por hechos u omisiones imputables a la administración de justicia estaban sujetos a la cuantía de las pretensiones.
Por ello, a partir del 1º de agosto de 2006, fecha en que entraron en operación los juzgados administrativos (art. 1 y 2 del Acuerdo PSAA 06-3409 de 2006), el Consejo de Estado sólo tiene competente para conocer de estos procesos en segunda instancia, cuando su cuantía sea superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2. En esta decisión del 22 de octubre de 2015, también se reiteró el criterio jurisprudencial contenido en la sentencia del 2 de mayo de 2007, con arreglo al cual los tres eventos del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 se deben abordar bajo un título objetivo de responsabilidad:
En tercer término, se ha reiterado el carácter injusto de los tres casos de detención que preveía el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y, por consiguiente, se sostuvo que frente a la reclamación de perjuicios fundada en alguno de los tres supuestos consignados en dicho precepto, resultaba indiferente establecer si en la providencia que ordenó la privación de la libertad se incurrió o no en error judicial, por cuanto lo que compromete la responsabilidad del Estado —se dijo— no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que ésta no tiene la obligación jurídica de soportarlo.
En mi criterio, el fundamento jurídico de la responsabilidad del Estado en los eventos de privación injusta de la libertad no puede radicarse en el artículo 414 del derogado Decreto Ley 2700 de 1991, justamente porque se trata de una norma que no se encuentra vigente.
Dicho fundamento se encuentra en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, que previó la posibilidad de demandar al Estado la reparación de perjuicios cuando la privación de la libertad tenga el carácter de injusta.
La Corte Constitucional, en la sentencia C-037 de 1996, condicionó la exequibilidad de esta norma, al indicar que la expresión “injustamente” hace referencia a una actuación “abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales”, por lo que los eventos de privación injusta de la libertad deben ser abordados en los estrictos y precisos términos de la modulación que se hizo en este control de constitucionalidad, que por tratarse de una norma estatutaria, tiene el alcance de cosa juzgada absoluta.
3. Igualmente, esta decisión reiteró el criterio adoptado en la sentencia del 4 de diciembre de 2006, Rad. 13.168 y en la sentencia del 17 de octubre de 2013, Rad. 23.354, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera, con arreglo al cual cuando la absolución obedece a la aplicación del in dubio pro reo, la responsabilidad es de carácter objetivo:
Exonerar al Estado de responsabilidad por no realizar o culminar las averiguaciones que habrían ⎯probablemente⎯ conducido a la estructuración de la causal de detención preventiva injusta consistente en que el sindicado no cometió el hecho, habiéndose previamente dispuesto su encarcelamiento, constituiría una manifiesta inequidad. Y esa consideración no se modifica por el hecho de que la absolución se haya derivado de la aplicación del multicitado principio “in dubio pro reo”, pues la operatividad del mismo en el sub júdice no provee de justo título ⎯ex post⎯ a una privación de libertad por tan prolongado período, si el resultado del proceso, a su culminación y de cara a la situación de aquí demandante, continuó siendo la misma que ostentaba antes de ser detenido: no pudo desvirtuarse que se trataba de una persona inocente.
Considero que aún en vigencia del artículo 414 del derogado Decreto Ley 2700 de 1991, los casos de in dubio pro reo no podían analizarse bajo un título de imputación objetivo, toda vez que la norma previó esta posibilidad solo para los eventos en que la sentencia absolutoria o su equivalente se hubiere dictado porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era punible. En los demás casos, el demandante tenía la carga de demostrar que su detención había sido injusta.
Esta conclusión se impone con más fuerza a partir de la sentencia C-037 de 1996, que definió el sentido del artículo 68 LEAJ, al establecer que la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, en todos los eventos, debía ser abordada desde el título de imputación por antonomasia: la falla del servicio.
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
El 16 de enero de 2006. Folio 2-6. C.1.
Por medio de auto de 13 de marzo de 2006. Folio 34 del cuaderno de 1 instancia.
Auto de 2 de mayo de 2008.
El 19 de mayo de 2008. Folio 106-108.
Folios 109-110 del cuaderno de 1 instancia.
Folio 329-334 del cuaderno de 1 instancia.
Radicado 8485 de 5 de agosto de 1994 y 2002-00025-02.
Folio 180 del cuaderno 3 de la actuación.
Folios 348-356 del cuaderno principal.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez, Exp.: 2008-00009. En este sentido véase también, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 9 de diciembre de 2010, Exp.: 39085, C.P.: Ruth Stella Correa; Auto de 21 de octubre de 2009, Exp.: 36913, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez; y Auto de 28 de marzo de 2012, Exp.: 42864, C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
Folios 302-309 del cuaderno de pruebas 2.
Folios. 18-23 ídem.
Folios 24-27 ídem.
Cuaderno No. 2 de pruebas.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de febrero de 1992, rad. 6514, sentencia del 30 de mayo de 2002, rad. 13.476 y sentencia de 5 de junio de 2008, rad. 16.174
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 30 de mayo de 2002, rad. 13476.
“Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 11 de agosto de 2010, rad. 18.593. MAYO, Jorge, “El concepto de pérdida de chance”, en Enciclopedia de la responsabilidad civil. Tomo II, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 207. En esa dirección sostiene Zannoni que esta modalidad de daño “lesiona un interés y, por ende, priva al sujeto de esa facultad de actuar, que, aunque no constituyera el sustento de un derecho subjetivo, era una facultad que ciertamente, integraba la esfera de su actuar lícito ─el acere licere, es decir de su actuar no reprobado por el derecho. La lesión de ese interés ─cualquiera sea éste─ produce en concreto un perjuicio” (énfasis en el texto original). Cfr. ZANNONI, Eduardo, El daño en la responsabilidad civil, Astrea, Buenos Aires, 1987, p. 36. Cita textual del fallo: A este respecto se ha sostenido que “… la chance u oportunidad, es una posibilidad concreta que existe para obtener un beneficio. El incierto es el beneficio, pero la posibilidad de intervenir es concreta, pues existe de forma indiscutible. Por eso sostenemos que existe daño jurídicamente indemnizable cuando se impide esa oportunidad o esa chance: se presenta el daño… Las dificultades pueden presentarse en la evaluación, porque lógicamente ésa no puede ser la del beneficio que posiblemente se habría obtenido sino otra muy distinta” (énfasis añadido). Cfr. MARTÍNEZ RAVÉ, Gilberto y MARTÍNEZ TAMAYO, Catalina, Responsabilidad civil extracontractual, Temis, Bogotá, 2003, p. 260. En similar sentido, Trigo Represas señala que “[E]n efecto, si la chance aparece no sólo como posible, sino como de muy probable y de efectiva ocurrencia, de no darse el hecho dañoso, entonces sí constituye un supuesto de daño resarcible, debiendo ser cuantificada en cuanto a la posibilidad de su realización y no al monto total reclamado. La pérdida de chance es, pues, un daño cierto en grado de probabilidad; tal probabilidad es cierta y es lo que, por lo tanto, se indemniza (…) cuando implica una probabilidad suficiente de beneficio económico que resulta frustrada por el responsable, pudiendo valorársela en sí misma con prescindencia del resultado final incierto, en su intrínseco valor económico de probabilidad” (subrayas fuera del texto original). Cfr. TRIGO REPRESAS, Félix Alberto, Pérdida de chance, cit., p. 263. HENAO, Juan Carlos, El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, pp. 159-160. Cita textual del fallo: Al respecto la doctrina afirma que “(…) en el lucro cesante está ‘la convicción digamos más o menos absoluta de que determinada ganancia se produzca’, mientras que en la pérdida de chance hay ‘un álea que disminuye las posibilidades de obtenerla’, diríase que en el lucro cesante el reclamo se basa en una mayor intensidad en las probabilidades de haber obtenido esa ganancia que se da por descontado que de no haberse producido el hecho frustrante se habría alcanzado. Desde el prisma de lo cualitativo cabe señalar que el lucro cesante invariablemente habrá de consistir en una ganancia dejada de percibir, en tanto que la pérdida de chance puede estar configurada por una ganancia frustrada y además por la frustración de una posibilidad de evitar un perjuicio’”. Cfr. VERGARA, Leandro, Pérdida de chance. Noción conceptual. Algunas precisiones, LL, 1995-D-78, N° 3, apud TRIGO REPRESAS, Félix Alberto, Pérdida de chance, cit., p. 262. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de abril de 2015, exp25.327.
“Artículo 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.
El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.
(..)
Artículo 69. DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.
Consejo de Estado, Sala de do Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 15 de octubre de 2015, radicación nro. 25000-23-15-000-2003-02207-01, nro. Interno 34548.
Al respecto se puede ver, entre otras: Corte Constitucional: T-1171 de 2003, T-1047 de 2003, T-977 de 2003, T-612 de 2003 y T-668 de 1996.
Corte Constitucional, sentencia T-612 de 2003.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de noviembre de 2012, exp. 37.046.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 29 de febrero de 2016, exp.39.524. En dicha providencia igualmente se cita de la misma Corporación, Sección y Subsección, sentencia de 30 de octubre de 2013, exp. 30495.
Folio 43 del cuaderno de pruebas 2.
Folio 44 ídem.
Folio 48 ídem.
Folio 48 ídem.
Folio 63-65 ídem.
Folio 70 ídem.
Folio 72-74 ídem.
Folio 75-76 ídem.
Folio 93-96 ídem.
Folio 134-146 ídem.
Folio 149-155 ídem.
Folio 156-160 ídem.
Folios 251-253 ídem.
Folio 218 ídem.
Folio 229 ídem.
Folio 254 ídem
Folio 255-256 ídem.
Folio 244 ídem..
Folio 288. Ídem.
Folio 286 ídem. Estas copias se evidenció que no se inició proceso disciplinario en contra del abogado Linero.
Folio 302-309 ídem.
Folio 312-314 ibídem.
Folio 319 ibídem.
Folios 18-27 del cuaderno del Tribunal Administrativo del Magdalena.
Folio 329 del cuaderno de pruebas.
Folios 333,- 335 ídem.
Folio 345 ídem.
Folio 349 ídem.
Folio 124 del cuaderno del Tribunal.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 26 de enero de 2012, rad. 2011-00480-01.
Cfr. Salvamento de voto de la Magistrada Ruth Stella Correa Palacios a la sentencia del 25 de febrero de 2009, Rad. 25.508.
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