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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-31-000-2007-00481-01

Reliquidación de la pensión de jubilación de servidor de la rama judicial: no son factores de liquidación las primas de…

Fecha
12 de agosto de 2021
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-31-000-2007-00481-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia del 10 de abril de 2013, adicionada el 4 de junio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada por la señora Amalfi Mercedes Gómez Arregocés contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se dispone: Segundo. Declarar la nulidad parcial de las Resoluciones 13503 del 24 de marzo de 2006, 0004302 del 26 de mayo de 2006 y 15180 del 24 de abril de 2007, suscritas por la parte demandada, en tanto computaron incorrectamente el factor de bonificación por compensación dentro del ingreso base de liquidación pensional de la demandante. Tercero. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, conferir efectos definitivos a la Resolución 05097 del 13 de febrero de 2008, proferida por la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal EICE, conforme se explicó en la parte motiva de esta providencia. Cuarto. En el evento de existir sumas a favor de la demandante, condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, a pagar únicamente las diferencias pensionales que estuvieren pendientes de sufragar, teniendo en cuenta que la liquidación pensional correcta es la contenida en la Resolución 05097 del 13 de febrero de 2008. Igualmente, la UGPP deberá tener cuidado de no incurrir en un doble pago por el mismo concepto como consecuencia de la expedición de dicho acto. Las sumas que llegasen a resultar a favor de la accionante deberán actualizarse con base en la fórmula señalada en la parte motiva de esta sentencia. Quinto. Ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, dar cumplimiento a esta sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del CCA. Sexto. Negar las demás pretensiones de la demanda, en razón a lo explicado en el acápite de consideraciones de la presente providencia. Séptimo. Sin condena en costas. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-31-000-2007-00481-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

12 de agosto de 2021

RELIQUIDACIÓN DE LA PENSION DE JUBILACIÓN DE SERVIDOR DE LA RAMA JUDICIAL – No son factores de liquidación las primas de navidad, vacaciones y servicios

De acuerdo con los recursos de apelación, se advierte que las partes demandante y demandada están de acuerdo en que la pensión de la señora Gómez Arregocés se liquide con inclusión de la asignación básica, la bonificación por servicios prestados, la prima especial y la bonificación por compensación, conforme lo hizo la Resolución 05097 del 13 de febrero de 2008; sin embargo, la UGPP considera que el tribunal de primera instancia no debió ordenar la inclusión de las primas de navidad, vacaciones y servicios.(…) Ahora bien, la Sala considera que le asiste razón a la UGPP, pues las primas de navidad, vacaciones y servicios, que la sentencia de primera instancia ordenó incluir para recomponer el IBL, no se encuentran enunciadas en el Decreto 717 de 1978 y, por lo tanto, no era procedente computarlas para efectos pensionales. Si bien el a quo consideró que debían incluirse todos los factores salariales que la demandante percibió de manera habitual y periódica como retribución de sus servicios, lo cierto es que esta Sección en la sentencia de unificación CE-SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020 se inclinó por el criterio de la taxatividad de los factores que componen el IBL pensional, por ende, para el presente asunto solamente deben tenerse en cuenta los emolumentos enlistados en el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, por ser la norma que regía el derecho pensional de la interesada para el momento en que consolidó su estatus, lo cual se verificó con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. (…) Es oportuno precisar que la situación fáctica analizada en la sentencia referida versó sobre los beneficiarios de la transición normativa de la Ley 100 de 1993 que se encontraban en el régimen especial del Decreto 546 de 1971, es decir, que ese asunto es diferente al sub judice, por cuanto la actora no se encuentra en la transición de la norma; sin embargo, esa providencia de unificación fijó las directrices antes anotadas y deben ser aplicadas en todos los asuntos pendientes de resolución judicial. En consecuencia, se impone revocar la sentencia apelada que ordenó la reliquidación de la pensión de la demandante con inclusión de las primas de navidad, vacaciones y servicios, pues no se encuentran enlistadas en la normativa previamente citada como factores base de liquidación pensional de los servidores de la Rama Judicial y el Ministerio público beneficiarios del Decreto 546 de 1971; por el contrario, los únicos factores que legalmente podían tomarse para establecer el IBL eran la asignación básica, la bonificación por servicios prestados, la prima especial y la bonificación por compensación. NOTA DE RELATORIA: En relación con la existencia de topes pensionales, Corte Constitucional, Sentencia C-155 de 1997. Frente al abuso del derecho en materia de seguridad social, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013, Exp. D-9173 y D-9183, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. C. de E, Sección Segunda, sentencia de unificación CE-SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020, Rad. CE-SUJ-S2-021-20, M.P Rafael Francisco Suárez Vargas.

FUENTE FORMAL: LEY DECRETO 546 DE 1971 - ARTÍCULO 6 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 18 / LEY 4 DE 1976 / DECRETO 717 DE 1978

TOPES PENSIONALES – Aplicable a todas las pensiones ordinarias o especiales / APLICACIÓN DE TOPE PENSIONAL DEL RÉGIMEN GENERAL AL ESPECIAL - Procedencia

[C]on la aplicación de los topes pensionales a todas la pensiones, ordinarias o especiales, se protege el financiamiento del sistema pensional. En efecto, desde la Ley 4 de 1976, todas las pensiones de los funcionarios públicos han estado sujetas a límites en su cuantía, toda vez que dicha medida garantiza la distribución equitativa de los recursos limitados en seguridad social y materializa los principios de solidaridad, eficiencia, equidad, universalidad y sostenibilidad fiscal. (…) En cuanto al límite pensional de 25 SMLMV, se observa que Cajanal estaba facultada para acudir al régimen general en materia de topes, toda vez que la disposición especial no reguló dicho aspecto. (…) En efecto, el tope pensional fijado en la Resolución 05097 del 13 de febrero de 2008 no quebrantó los principios de inescindibilidad y favorabilidad en los términos alegados por la actora, pues históricamente esos límites se han previsto en el ordenamiento en aras de materializar los principios de sostenibilidad financiera, igualdad, solidaridad, eficiencia, universalidad y progresividad que orientan el sistema de seguridad social integral. Aunque la demandante consolidó el estatus pensional en 1990, ello no es razón suficiente para afirmar que la cuantía de su prestación estaba exenta de límites máximos, toda vez que para ese momento también existían topes pensionales, pues estos fueron previstos en el ordenamiento desde la Ley 4 de 1976 y se siguieron reiterando en las Leyes 71 de 1988, 100 de 1993 y 797 de 2003, así como en el Acto Legislativo 1 de 2005. (…) Así las cosas, el legislador fijó límites máximos pensionales con el propósito de reducir los subsidios del Estado a las pensiones más altas, garantizar que los pensionados de menores ingresos también tuvieran acceso al pago oportuno de sus prestaciones y el derecho a la igualdad. Estas razones son las que impiden concebir un régimen pensional sin topes en las mesadas y las que han inspirado al legislador para establecerlos desde la Ley 4 de 1976.iv) Teniendo en cuenta que finalmente la Resolución 05097 del 13 de febrero de 2008 ajustó correctamente la pensión de la actora, pues tuvo en cuenta los factores salariales previstos por el ordenamiento y la limitó al monto 25 SMLMV, la Sala otorgará efectos definitivos a dicho acto. NOTA DE RELATORIA: Referente la aplicación imperativa del límite al monto pensional para las entidades encargadas del pago de estas prestaciones, incluyendo las reconocidas al amparo del régimen especial, ver: Corte Constitucional, T-073 de 2019. Frente al mismo tema, ver: C. de E., Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 13 de noviembre de 2020, Rad. 25000-23-42-000-2016-01911-01 (5824-2018). En cuanto a la procedencia de la aplicación del límite de las mesadas pensionales del régimen general al especial, ver: Corte Constitucional, Sentencias C-089 de 1997.

FUENTE FORMAL: LEY 4 DE 1976 / LEY 71 DE 1988 / LEY100 DE 1993 / LEY 797 DE 2003 / ACTO LEGISLATIVO 1 DE 2005

INTERESES MORATORIOS POR PAGO TARDÍO DE MESADAS DE PENSIONALES – No procede sobre mesadas causadas con anterioridad a su reconocimiento

[L]os intereses moratorios que se generan por el pago tardío de las pensiones tienen como finalidad conminar a los fondos de pensiones a atender de manera oportuna sus obligaciones en aras de salvaguardar a los pensionados y mantener el poder adquisitivo de las mesadas, pues es la fuente única o principal de ingresos para ellos y sus familias, es decir, que la intención del legislador es promover la subsistencia dicho grupo poblacional y protegerlos frente a las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez o la muerte. Igualmente, esta corporación ha precisado que «el reconocimiento de los intereses de mora tiene aplicación en los casos en los que el pago de las mesadas pensionales no se discute porque está en firme el reconocimiento de la prestación a quien ostenta la calidad de pensionado y lo que se presenta es una negativa de la entidad a efectuar el pago». Así las cosas, los intereses moratorios no proceden en relación con las mesadas causadas con anterioridad al reconocimiento de la pensión, es decir, sobre el retroactivo pensional generado entre la fecha en que se adquirió el estatus pensional y la fecha de ejecutoria del acto que reconoció tal prestación y tampoco cuando el monto del derecho se encuentra en discusión. NOTA DE RELATORIA: Referente a la procedencia de los intereses moratorios por pago tardío de la mesada pensional, ver: C.de E., Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de agosto de 2018, Rad. 05001-23-33-000-2014-00523-01 (1543-16).

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLITÍCA - ARTÍCULO 48 / CONSTITUCIÓN POLITÍCA - ARTÍCULO 53 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 141

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 47001-23-31-000-2007-00481-01(4005-14)

Actor: AMALFI MERCEDES GÓMEZ ARREGOCÉS

Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Temas: Reliquidación pensión - Decreto 546 de 1971 - Topes pensionales

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada contra la sentencia del 10 de abril de 2013 y su adición del 4 de junio de 2014. Dichas providencias fueron proferidas por el Tribunal Administrativo del Magdalena y accedieron parcialmente a las súplicas de la demanda.

Antecedentes

La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del CCA, la señora Amalfi Mercedes Gómez Arregocés, actuando por conducto de apoderado, formuló demanda con el fin de que se anulen las siguientes resoluciones: i) 13503 del 24 de marzo de 2006, que le reconoció la pensión de jubilación, pero sin computar todos los factores salariales pertinentes; ii) 0004302 del 26 de mayo de 2006, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión y la confirmó; iii) 15180 del 24 de abril de 2007, que dio cumplimiento aparente a una sentencia de tutela; y iv) 05097 del 13 de febrero de 2008, que reliquidó la prestación. Los mencionados actos fueron expedidos por Cajanal.

A título de restablecimiento del derecho, la demandante solicitó condenar a Cajanal - hoy UGPP - a lo siguiente: i) reliquidar y pagar la pensión de jubilación, a partir del 16 de marzo de 2005, con base en el 75% de la asignación más alta devengada en el último año de servicios, teniendo en cuenta las primas de servicios, navidad y vacaciones y sin imponer límites a la cuantía; ii) indexar el valor de las sumas adeudadas conforme al artículo 178 del CCA; iii) reconocer los intereses moratorios originados en la falta de pago completo de la prestación, contados desde la fecha en que se expidieron los actos acusados y el momento en que se pagaron o paguen las sumas en ellos dispuestas; iv) reconocer los intereses moratorios que se generen frente a las condenas decretadas judicialmente; v) pagar la suma de $415.300.000 por concepto de perjuicios morales y materiales, estos últimos «por las peripecias económicas que mi representada tuvo que realizar mes a mes» para cubrir sus necesidades, los préstamos que tuvo que realizar y los daños que padeció el inmueble de su propiedad porque no pudo repararlo oportunamente; vi) dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del CCA.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

i) La señora Amalfi Mercedes Gómez Arregocés laboró durante más de 30 años en la Rama Judicial.

ii) El 24 de marzo de 2006, por Resolución 13503, Cajanal le reconoció la pensión de jubilación; sin embargo, la actora interpuso recurso de reposición contra dicha decisión en razón a que no se computaron todos los factores salariales pertinentes ni en la cuantía que fue percibida por la interesada.

iii) La administración no tuvo en cuenta las doceavas partes de las primas de servicios, navidad y vacaciones y el valor realmente devengado por concepto de bonificación por compensación. En relación con este último factor, se aclara que inicialmente la Rama Judicial le pagó una suma disminuida, pero esta se incrementó en cumplimiento de una sentencia que se profirió luego de un proceso ordinario ante esta jurisdicción, es decir, que dicho emolumento debe tomarse en el monto que realmente le correspondía a la actora.

iv) El 26 de mayo de 2006, mediante Resolución 0004302, Cajanal desató el recurso de reposición en comento, pero no estudió los argumentos expuestos por la demandante, razón que la condujo a interponer una acción de tutela.

v) El 16 de noviembre de 2006, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta profirió sentencia de tutela y ordenó la reliquidación de la pensión de la accionante con inclusión del valor integral de la bonificación por compensación.

vi) El 24 de abril de 2007, por Resolución 15180, Cajanal dio cumplimiento aparente a la anterior decisión judicial, pues insistió en desconocer el derecho pensional en la forma que legalmente correspondía.

vii) El 13 de febrero de 2008, a través de la Resolución 05097, Cajanal reliquidó la pensión de jubilación de la actora con inclusión del valor realmente percibido por concepto de bonificación por compensación; sin embargo, persistió en algunos errores, pues omitió incluir las doceavas de las primas de servicios, navidad y vacaciones y limitó la cuantía al monto de 25 SMLMV.

viii) El proceso que ha debido afrontar la actora en sede administrativa y judicial para obtener la justa liquidación de su pensión le ha ocasionado un daño emocional severo e ingentes perjuicios materiales, pues el monto reconocido resultó insuficiente para cubrir sus necesidades congruas.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron el Convenio de la OIT del 1 de julio de 1948; los artículos 25, 29, 53 y 58 de la Constitución Política; 2 de la Ley 5 de 1969; 3 de la Ley 33 de 1985; 1 de la Ley 62 de 1985; 2 y 10 de la Ley 4 de 1992; 36 de la Ley 100 de 1993; 6 del Decreto 1160 de 1947; 6 del Decreto 546 de 1971; 12 del Decreto 717 de 1978; 45 del Decreto 1045 de 1978; 132 y 133 del Decreto 1660 de 1978; 42 del Decreto 1945 de 1978; y 1 del Decreto 610 de 1998.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los argumentos que se resumen a continuación:

i) La señora Amalfi Mercedes Gómez Arregocés adquirió su derecho a pensionarse con base en el Decreto 546 de 1971 que reguló las pensiones de los funcionarios de la Rama Judicial.

ii) La actora consolidó el estatus pensional el 4 de octubre de 1990, es decir, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo tanto, no es beneficiaria del régimen de transición allí establecido, sino titular de un derecho adquirido, por ende, su prestación se rige íntegramente por el Decreto 546 de 1971 en cuanto a la edad, tiempo de servicios, monto de la pensión, factores que integran el IBL, ausencia de topes pensionales y demás beneficios que provengan de dicha normativa especial.

iii) El Consejo de Estado ha precisado que los beneficiarios de regímenes pensionales especiales tienen derecho a que sus prestaciones se liquiden con base en todas las sumas percibidas habitual y periódicamente como contraprestación de sus servicios.

1.2. Contestación de la demanda

El apoderado de la parte demandada se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso las siguientes razones de defensa:

i) La pensión de la demandante se liquidó con base en los factores que en forma expresa y taxativa se establecieron en la normativa aplicable, por lo cual, la demanda resulta inocua y carente de sentido, pues la UGPP ha realizado ingentes esfuerzos para reconocer la pensión en los términos ordenados en los actos acusados.

ii) Como excepción se propuso la de prescripción.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia del 10 de abril de 2013 y su adición del 4 de junio de 2014, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con base en las siguientes consideraciones:

i) La demandante es beneficiaria del régimen pensional previsto por el Decreto 546 de 1971 para los empleados de la Rama Judicial, el cual debe aplicarse en su integridad, teniendo en cuenta que dicha normativa salvaguarda la liquidación de las prestaciones con inclusión de todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el servidor como retribución de sus servicios.

ii) En consecuencia, se declara la nulidad de los actos acusados y, en su lugar, se ordena a Cajanal reliquidar la pensión de la actora «teniendo en cuenta los factores salariales devengados por esta durante su último año de servicio 2004-2005, esto es, incluyéndose además de la asignación, la bonificación por servicios prestados, la prima especial y bonificación por compensación, la prima de navidad, prima de vacaciones y la prima de servicios».

ii) Se niega la indemnización de los perjuicios morales y materiales alegados por la demandante, pues no se logró demostrar que son imputables a la indebida liquidación pensional efectuada por Cajanal. Además, la cuantía reconocida era suficiente y decorosa para que atendiera sus necesidades.

1.4. Los recursos de apelación

1.4.1. Parte demandante

La actora interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia y su adición con base en los siguientes argumentos:

i) La señora Amalfi Mercedes Gómez Arregocés no es beneficiaria del régimen de transición pensional previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sino titular de un derecho adquirido con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, pues consolidó su estatus pensional el 4 de octubre de 1990, es decir, cuando estaba rigiendo el Decreto 546 de 1971.

ii) En consecuencia, la pensión de la actora no puede sujetarse al tope pensional de 25 SMLMV, pues la normativa especial no los estableció, por ende, no pueden aplicarse de manera retroactiva las normas que los fijaron con posterioridad.

iii) La accionante cotizó sobre todos los factores salariales percibidos y por encima de los 25 SMLMV.

iv) Deben reconocerse los intereses moratorios previstos por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, pues estos se originan en caso de mora en el pago de las pensiones sin importar el régimen bajo el cual se reconozcan. En el presente caso proceden porque la prestación aún no ha sido reconocida en el monto que legalmente correspondía.

v) Deben indemnizarse los perjuicios morales y materiales que se le causaron a la actora por la indebida liquidación de su mesada pensional.

1.4.2. Parte demandada

La entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la adición de la sentencia de primera instancia con fundamento en los siguientes razonamientos:

i) No era procedente anular la Resolución 05097 de 13 de febrero de 2008, pues liquidó la pensión de la demandante con respeto del Decreto 546 de 1971 y en cumplimiento de una decisión judicial.

ii) La prestación solamente podía liquidarse con inclusión de la asignación básica, la bonificación por servicios, la prima especial y la bonificación por compensación, ya que fueron los únicos emolumentos sobre los cuales se realizaron aportes. Este entendimiento permite mantener la sostenibilidad presupuestal.

iii) La Resolución 05097 del 13 de febrero de 2008 también se encuentra ajustada a derecho en tanto dispuso que la pensión debía limitarse al tope de 25 SMLMV.

iv) La Ley 4 de 1976 fue la primera en imponer límites máximos a las pensiones y esta regla se fue replicando posteriormente en las Leyes 71 de 1988, 100 de 1993, 797 de 2003 y el Acto Legislativo 1 de 2005. Al respecto se ha pronunciado la Corte Constitucional en las Sentencias C-089 de 1997, C-155 de 1997 y C-258 de 2013.

v) Aunque el Decreto 546 de 1971 no estableció topes pensionales, ello no impide que se aplique la normativa general que ha regulado dicha materia en aras de materializar los principios de universalidad, eficiencia y solidaridad del sistema general de seguridad social.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Las partes reiteraron los argumentos expuestos en las respectivas etapas del proceso. La demandante agregó una solicitud de pruebas.

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público rindió concepto en el sentido de solicitar que se adicione la sentencia apelada para indicar que la pensión de la actora no está sujeta a topes pensionales, con fundamento en los siguientes argumentos:

i) La accionante sí está amparada por el régimen de transición pensional del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues su estatus pensional lo adquirió con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, pero el reconocimiento se hizo con posterioridad.

ii) La actora tiene derecho a que su pensión se liquide con el 75% del salario devengado en el último año de servicios, incluyendo todos los factores salariales y sin límite de cuantía, conforme lo prevé el Decreto 546 de 1971.

iii) El a quo ordenó la indexación de las condenas, por lo cual no proceden los intereses moratorios, pues se incurriría en un doble pago por igual concepto.

iv) Tampoco se debe pagar la indemnización de los perjuicios materiales y morales alegados por la señora Gómez Arregocés, toda vez que aquellos no se pueden imputar a la liquidación pensional que hizo Cajanal, es decir, no está probada la relación causa y efecto.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa – solicitud de pruebas

La accionante en sus alegatos de conclusión ante esta instancia solicitó el decreto de algunas pruebas para demostrar la causación de los perjuicios morales y materiales reclamados.

Para resolver dicha petición, resulta pertinente citar el artículo 212 del CCA, cuyo tenor es el siguiente:

Artículo 212. El recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia se interpondrá y sustentará ante el a quo. Una vez sustentado el recurso, se enviará al superior para su admisión. Si el recurso no es sustentado oportunamente, se declarará desierto por el inferior.
[…]
Recibido el expediente por el superior y efectuado el reparto, el recurso, si reúne los requisitos legales, será admitido mediante auto que se notificará personalmente al Ministerio Público y por estado a las otras partes.
Las partes, dentro del término de ejecutoria del auto que admita el recurso, podrán pedir pruebas, que solo se decretarán en los casos previstos en el artículo 214 de Código Contencioso Administrativo. Para practicarlas se fijará un término hasta de diez (10) días.
[…]

De acuerdo con la anterior disposición, la demandante debió elevar la solicitud de pruebas dentro del término de ejecutoria del auto que admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia; sin embargo, dejó fenecer dicha oportunidad y solo manifestó ese interés en el escrito de alegatos de conclusión, es decir, de manera extemporánea, motivo por el que no es posible estudiar tal petición probatoria.

2.2. El problema jurídico

Conforme a la decisión de primera instancia y los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada, el problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:

1) ¿La señora Amalfi Mercedes Gómez Arregocés tiene derecho a que su pensión de jubilación se liquide al amparo del Decreto 546 de 1971, teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados durante el año anterior al retiro del servicio?

2) ¿Debe aplicarse el tope de 25 SMLMV a la mesada pensional que devenga la actora?

3) ¿Es procedente reconocer los intereses moratorios solicitados por la interesada?

4) ¿Es viable decretar la indemnización de los perjuicios morales y materiales alegados por la accionante?

2.3. Marco normativo

2.3.1. Régimen pensional. Decreto 546 de 1971 y Ley 100 de 1993

El artículo 6 del Decreto 546 de 1971 dispuso que los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y el Ministerio Público tendrían derecho a una pensión de jubilación, con el cumplimiento de 55 años de edad, si son hombres y 50 años de edad, si se trata de mujeres, además con 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto, de los cuales por lo menos 10 años lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades. Dicha pensión sería equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubieren devengado esos servidores en el último año de servicio en las actividades citadas.

A su vez, los artículos 132 y 133 del Decreto 1660 de 1978 reiteraron las anteriores previsiones e indicaron que el tiempo servido a las Direcciones de Instrucción Criminal también habilitaría el acceso al régimen especial en comento.

Posteriormente, el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 dispuso que el empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años, tiene derecho a que la respectiva Caja de Previsión le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

Sin embargo, la referida disposición aclaró que no quedaban sujetos a esa regla general «los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones», por ende, dentro de dicha expresión se encuentran comprendidos los beneficiarios del artículo 6 del Decreto 546 de 1971.

Finalmente, el legislador expidió la Ley 100 de 1993 con el propósito de unificar en un solo sistema la diversidad de regímenes pensionales que existían con antelación, pero en su artículo 36 creó una transición con el fin de proteger las expectativas legítimas de los trabajadores afiliados al régimen de prima media con prestación definida a la fecha de entrada en vigencia del sistema y que estaban próximos a pensionarse con los requisitos de las normas derogadas.

Además, se protegieron los derechos adquiridos de quienes habían consolidado el estatus pensional para el momento en que se expidió el nuevo régimen general. Al respecto, resulta pertinente citar los artículos 11 y 36 de la Ley 100 de 1993, cuyo tenor es el siguiente:

Artículo 11. Campo de aplicación. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 797 de 2003> El Sistema General de Pensiones consagrado en la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, conservando y respetando, adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores, pactos, acuerdos o convenciones colectivas de trabajo para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una Pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial en todos los órdenes del régimen de Prima Media y del sector privado en general.
[…]. (Resalta la Sala).

Artículo 36. Régimen de transición. […]

Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez, conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes, al momento en que cumplieron tales requisitos.

Con el fin de comprender la filosofía que inspiró el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es preciso recordar las definiciones que ha efectuado la Corte Constitucional frente a los conceptos de derecho adquirido y expectativa legítima en materia pensional.

El derecho adquirido es aquel que ingresa al patrimonio de su titular, porque antes del surgimiento de la nueva ley reunió los requisitos de edad y tiempo de servicios o número de semanas cotizadas que son exigidas por la antigua ley para acceder a la jubilación. En contraste, la expectativa legítima es la que le asiste al individuo que está próximo a cumplir con esos requisitos que ordena la ley antigua en el momento en el que surge la ley nueva, que de paso hacen más dispendiosa la obtención del derecho a la pensión.

En relación con la normativa aplicable a quienes consolidaron el derecho pensional con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido lo siguiente:

Al respecto, importa subrayar que no es dable confundir la estructuración del derecho pensional del reconocimiento del mismo, pues, en tanto el primero refiere el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma correspondiente para su consolidación, tal el caso de número de semanas de cotización y edad o acaecimiento de la contingencia, o del tiempo de servicio y la edad, según el caso, situación que da lugar a lo que se denomina derecho adquirido, pues allí el derecho ingresa al patrimonio del pensionado; el reconocimiento del derecho se produce cuando el responsable del pago de la prestación emite la expresión de su voluntad sobre la existencia del derecho, por ejemplo, mediante una resolución u otro acto inequívoco de tal reconocimiento.

Entonces, si la actora contaba antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 con el tiempo de servicios y la edad requerida por la Ley 33 de 1985 para acceder a la prestación de jubilación allí prevista, supuestos de índole fáctico no discutidos en el cargo y que dio por probados el Tribunal --11 de octubre de 1993--, esto es, tenía ya consolidado su derecho pensional, resulta indiscutible que no es acreedora del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la mentada Ley 100 de 1993, dado que, para el 1 de abril de 1994 ya contaba con un derecho adquirido frente al anterior régimen pensional […].

Así las cosas, a la hoy recurrente, por no estar cobijada por el régimen de transición creado en esa nueva ley de seguridad social, por tener ya un derecho pensional consolidado a su vigencia, le aplicaba la Ley 33 de 1985 como lo concluyó el juez de la alzada, incluido lo referente al cálculo del ingreso base de liquidación […]. (Resalta la Sala).

De acuerdo con el anterior entendimiento, se concluye que quienes consolidaron el estatus pensional con base en los requisitos previstos en la normativa anterior a la Ley 100 de 1993, tienen un derecho adquirido a que su prestación se reconozca, liquide y pague conforme a las reglas antiguas, pues se trata de derechos adquiridos que no pueden desconocerse con ocasión de la expedición de las nuevas normas.

2.3.2. Topes pensionales

El artículo 2 de la Ley 4 de 1976 dispuso que las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y en el sector privado, «no podrán ser inferiores al salario mínimo mensual más alto, ni superiores a 22 veces este mismo salario».

Posteriormente, el artículo 2 de la Ley 71 de 1988 preceptuó que ninguna pensión podría exceder de 15 veces el salario mínimo legal mensual.

A su vez, el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 limitó la base de cotización a 20 SMLVM. Esta disposición fue modificada por la Ley 797 de 2003 y aumentó dicha suma a 25 SMLVM.

Igualmente, el Acto Legislativo 1 de 2005 acogió el anterior criterio y dispuso que «a partir del 31 de julio de 2010, no podrá causarse pensiones superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigente, con cargo a recursos de naturaleza pública».

En relación con la existencia de topes pensionales, la Corte Constitucional ha concluido lo siguiente:

[…] el legislador puede, por razones de política legislativa, señalar cuáles son los límites máximos y mínimos que deben implantarse para que las reservas de dinero destinadas al pago de las pensiones, tanto en el sector público como en el privado, no pierdan por un lado su capacidad adquisitiva, pero por otro garanticen y protejan los recursos existentes para el pago de las pensiones (C.P. art. 48 y 53). La Corte considera que, dentro de ciertos límites, el legislador tiene libertad para determinar el monto y los alcances de los recursos a fin de lograr el mejor uso de los mismos, en un sistema solidario de seguridad social; es perfectamente legítimo que, la ley conceda un límite mínimo o máximo al monto de la pensión, si con ello se pretende administrar recursos limitados […].

[…] al establecer unos topes máximos a la mesada pensional, el legislador protege los recursos existentes para el pago de las pensiones, a fin de asignarlos preferencialmente a aquellos que se encuentran en una escala económica inferior. […].

De acuerdo con el anterior criterio, el legislador se encuentra facultado para establecer la figura de los topes pensionales como una medida idónea, proporcional y razonable en aras de garantizar la cobertura universal del sistema de seguridad social en pensiones.

En cuanto a los regímenes especiales, la Corte Constitucional ha precisado que también les son aplicables las normas generales que fijan los topes pensionales, siempre y cuando establezcan un límite superior al previsto por la normativa especial.

Igualmente, es inaceptable predicar la ausencia de topes para los beneficiarios de leyes especiales, es decir, que no podría admitirse la «existencia de un grupo de pensionados privilegiados, excluidos de los límites máximos que la ley ha previsto para el reconocimiento y valor de las pensiones».

El anterior criterio fue reiterado en la Sentencia C-258 de 2013, en los siguientes términos:

Esa preocupación por fijar límites a los subsidios que el Estado destina al pago de las más altas pensiones por medio del establecimiento de topes, existía además desde antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, e incluso con anterioridad a la promulgación de la Ley 100 de 1993. Como se indicó en apartes anteriores, desde la Ley 4 de 1976, el Legislador ha sometido a topes mínimos y máximos el valor que una persona puede recibir por razón de su pensión; así, esa normativa estableció un valor máximo de 22 smmlv. Posteriormente, la Ley 71 de 1988 disminuyó el tope a 15 smmlv y la Ley 100 de 1993 lo elevó, en su artículo 18, a 20 smmlv para los afiliados al régimen de prima media. Más recientemente, el artículo 5 de la Ley 797 de 2003 elevó el tope a 25 smmlv; ese mismo criterio fue luego acogido por el Acto Legislativo 01 de 2005.

En concordancia con la anterior preocupación y para el caso específico de los regímenes especiales de pensiones, en las sentencias C-089 de 1997 y C-155 de 1997, esta Corporación también sostuvo que en caso de que las normas especiales de tales regímenes no dispusieran un límite cuantitativo para las mesadas, debía aplicarse el tope señalado en las reglas generales, específicamente en la Ley 100 y las disposiciones que la modifican en lo pertinente.

Por las anteriores razones la Sala no puede mantener en el ordenamiento la regla de la ausencia de topes en el régimen de pensiones materia de análisis. Hacerlo, como en el caso de los anteriores elementos del régimen, (i) vulneraría el principio de igualdad en tanto conduce a la transferencia de subsidios públicos excesivos a un grupo de personas que no sólo no están en condición de vulnerabilidad o debilidad, sino que, por el contrario, por regla general pertenecen a un sector privilegiado de la población; y (ii) avalaría la continuidad de un sacrificio desproporcionado de los principios y finalidades de la seguridad social. (Resalta la Sala).

Así las cosas, con la aplicación de los topes pensionales a todas la pensiones, ordinarias o especiales, se protege el financiamiento del sistema pensional. En efecto, desde la Ley 4 de 1976, todas las pensiones de los funcionarios públicos han estado sujetas a límites en su cuantía, toda vez que dicha medida garantiza la distribución equitativa de los recursos limitados en seguridad social y materializa los principios de solidaridad, eficiencia, equidad, universalidad y sostenibilidad fiscal.

2.3.3. Intereses moratorios por el pago inoportuno de pensiones

Los artículos 48 y 53 de la Constitución Política garantizan el derecho irrenunciable a la seguridad social y el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones legales.

Por su parte, el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 prevé el reconocimiento de intereses en caso de mora en el pago de las pensiones, en los siguientes términos:

Artículo 141. Intereses de mora. A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectué el pago.

La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-601 del 24 de mayo de 2000, declaró exequibles las expresiones «a partir del 1º de enero de 1994» y «de que trata esta ley», contenidas en la citada norma, con fundamento en las siguientes consideraciones:

Visto lo anterior, para la Corporación es evidente, que la finalidad de la disposición cuestionada apunta a proteger a los pensionados, teniendo en cuenta que, generalmente, se trata de personas de la tercera edad, cuya fuente de ingresos más importante, la constituye su pensión; luego, llegado el evento de la mora en el pago de sus mesadas pensionales, es justo y equitativo, como lo dispuso el legislador, que las entidades de seguridad social, que incurran en mora o se retrasen en el pago de las mismas, reparen los perjuicios que ocasionen o generen a esas personas por causa de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.
[…]
De otra parte, la Corte debe advertir que los pensionados siempre han tenido derecho al pago de intereses de mora cuando las mesadas correspondientes les han sido canceladas de manera atrasada; por lo tanto, el derecho al reconocimiento y pago de los intereses de mora a los que hace referencia la norma en comento, es un derecho de todos los pensionados, sin importar el momento en el cual se haya reconocido el derecho al disfrute de la pensión respectiva. En consecuencia, como quiera que la disposición acusada no diferencia, como parece suponerlo el demandante, entre quienes adquirieron el derecho pensional antes de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, y quienes lo adquieren con posterioridad a la misma, es decir, después de la vigencia de la ley de seguridad social, esta Corte en la parte resolutiva de su providencia la declarará exequible.
[…]
Finalmente, en cuanto a la acusación dirigida contra el segmento normativo "de que trata esta ley", contenido en el artículo 141 de la ley 100 de 1993, tampoco comparte la Corte el cargo formulado por el demandante, pues la disposición no se refiere a las personas que hayan adquirido el derecho al pago de su pensión con anterioridad al 1º de enero de 1994, sino que alude al hecho de que la ley 100 de 1993 se refiere a las mesadas pensionales que se pagan con ocasión del reconocimiento de la pensión de vejez, invalidez y sobrevivientes, pues, repárese, que con la expedición de la ley 100 de 1993, se creó un nuevo régimen de pensiones y de salud, que entró a regir el 1º de abril de 1994. Es decir, en principio esta norma derogó los regímenes especiales anteriores a su vigencia, pero sin duda subsisten algunos regímenes particulares y hay que precisar que la norma acusada tiene un carácter general, aplicable inclusive, para todo tipo de pensiones. Las excepciones expresamente contempladas en el estatuto de seguridad social, tal como lo dispone el artículo 11 de la ley 100, conforme lo consagra la sentencia C-408 de 1994.
[…]
En consecuencia de lo anterior, para la Corporación, el artículo 141 parcialmente cuestionado, si bien es cierto, únicamente se limitó a regular los intereses de mora hacia el futuro en materia pensional, sin que distinguiera a los pensionados, de acuerdo con una fecha o con la obtención de sus derechos pensionales bajo una legislación vigente, y por ello no desconoce normas constitucionales, dicha disposición se debe aplicar para todo tipo de pensiones.

De acuerdo con el anterior criterio, los intereses moratorios que se generan por el pago tardío de las pensiones tienen como finalidad conminar a los fondos de pensiones a atender de manera oportuna sus obligaciones en aras de salvaguardar a los pensionados y mantener el poder adquisitivo de las mesadas, pues es la fuente única o principal de ingresos para ellos y sus familias, es decir, que la intención del legislador es promover la subsistencia dicho grupo poblacional y protegerlos frente a las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez o la muerte.

Igualmente, esta corporación ha precisado que «el reconocimiento de los intereses de mora tiene aplicación en los casos en los que el pago de las mesadas pensionales no se discute porque está en firme el reconocimiento de la prestación a quien ostenta la calidad de pensionado y lo que se presenta es una negativa de la entidad a efectuar el pago».

Así las cosas, los intereses moratorios no proceden en relación con las mesadas causadas con anterioridad al reconocimiento de la pensión, es decir, sobre el retroactivo pensional generado entre la fecha en que se adquirió el estatus pensional y la fecha de ejecutoria del acto que reconoció tal prestación y tampoco cuando el monto del derecho se encuentra en discusión.

2.4. Hechos probados

En el plenario se encuentra acreditado lo siguiente:

• La señora Amalfi Mercedes Gómez Arregocés nació el 4 de octubre de 1940.

• De acuerdo con las certificaciones expedidas por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Marta y la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, la actora prestó sus servicios a la Rama Judicial desde el 10 de agosto de 1970 hasta el 14 de marzo de 2005.

• La Dirección Seccional de Administración Judicial de Santa Marta hizo constar que durante el último año de servicios, la accionante devengó los siguientes factores: sueldo básico, bonificación por compensación, prima especial, bonificación por servicios prestados, prima de vacaciones, prima de servicios y prima de navidad.

• El 24 de marzo de 2006, por Resolución 13503, Cajanal le reconoció a la demandante la pensión de jubilación.

• El 24 de abril de 2006, la actora interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión con el fin de que en el IBL se incluyeran el valor correcto de la bonificación por compensación, así como las primas de servicios, navidad y vacaciones.

• El 26 de mayo de 2006, mediante Resolución 0004302, Cajanal resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 13503 de 2006 y la confirmó.

• El 24 de abril de 2007, por Resolución 15180, Cajanal dio cumplimiento a la sentencia de tutela del 16 de noviembre de 2006, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta e incrementó el monto pensional.

• El 13 de febrero de 2008, a través de la Resolución 05097, dentro del trámite incidental de desacato del fallo de tutela en comento, Cajanal reliquidó nuevamente la prestación, en cuantía del 75% «sobre el salario promedio de asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios», teniendo en cuenta la asignación básica, la bonificación por servicios prestados, la prima especial y la bonificación por compensación. A su vez, el monto se ajustó al tope de 25 SMLMV.

De otro lado, se especificó que la reliquidación mantendría vigencia siempre que la interesada interpusiera la demanda respectiva ante la jurisdicción contencioso administrativa.

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

Conforme a lo expuesto en acápites precedentes, en consonancia con los documentos aportados al plenario, la Sala concluye que la señora Amalfi Mercedes Gómez Arregocés tiene derecho a que su pensión de jubilación se liquide en los términos del Decreto 546 de 1971, con base en los factores cotizados y con sujeción al tope de 25 SMLMV. Estas conclusiones se fundan en los siguientes razonamientos:

Para el 4 de octubre de 1990, la actora acreditaba 20 años de servicios en la Rama Judicial y 50 años de edad, es decir, que para ese momento había consolidado el derecho pensional al amparo del Decreto 546 de 1971, por ende, no deben aplicarse las reglas del régimen de transición previstas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues su derecho se consolidó antes del 1 de abril de 1994.

Una vez establecido que la demandante era acreedora de la aplicación integral del régimen especial establecido en el Decreto 546 de 1971, debe determinarse la manera en que se conforma el ingreso base de liquidación y el monto de la mesada pensional.

Al respecto, se recuerda que dicha normativa previó que la pensión equivaldría al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado el funcionario o empleado en el último año de servicio.

Por su parte, el artículo 12 del Decreto 717 de 1978 dispuso que los factores salariales son los siguientes: i) gastos de representación; ii) prima de antigüedad; iii) auxilio de transporte; iv) prima de capacitación; v) prima ascensional; vi) prima semestral; y vii) viáticos percibidos por los funcionarios y empleados en comisión en desarrollo de comisiones de servicio.

Ahora bien, por Resolución 13503 del 24 de marzo de 2006, Cajanal le reconoció a la actora su pensión de jubilación con base en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, esto es, «aplicando el 75% sobre el salario promedio de asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios», para lo cual se tuvieron en cuenta la asignación básica, la bonificación por servicios prestados, la prima especial y la bonificación por compensación.

Posteriormente, mediante la Resolución 15180 del 24 de abril de 2007, Cajanal dio cumplimiento a la sentencia de tutela del 16 de noviembre de 2006, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta, e incrementó el valor de la bonificación por compensación, lo que se tradujo en un incremento de la mesada pensional.

Finalmente, por Resolución 05097 del 13 de febrero de 2008, Cajanal acató nuevamente el referido fallo de tutela y aumentó el valor de la bonificación por compensación, pero evidenció que la prestación superaba los 25 SMLMV, por lo cual ajustó la cuantía a ese límite, con efectos a partir del 16 de marzo de 2005 (día siguiente al retiro del servicio) y precisó que la demandante debía interponer la demanda respectiva ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ya que el amparo del juez de tutela había sido transitorio, es decir, que el incumplimiento de tal carga pondría fin a la reliquidación ordenada en dicho acto.

De acuerdo con los recursos de apelación, se advierte que las partes demandante y demandada están de acuerdo en que la pensión de la señora Gómez Arregocés se liquide con inclusión de la asignación básica, la bonificación por servicios prestados, la prima especial y la bonificación por compensación, conforme lo hizo la Resolución 05097 del 13 de febrero de 2008; sin embargo, la UGPP considera que el tribunal de primera instancia no debió ordenar la inclusión de las primas de navidad, vacaciones y servicios.

Para efectos ilustrativos, los factores incluidos en las liquidaciones pensionales efectuadas por la UGGP y los ordenados por el a quo son los siguientes:

Resolución 13503 de 2006
Resolución 15180 de 2007
Resolución de 05097
Sentencia de primera instancia
Asignación básica
Asignación básica
Asignación básica
Asignación básica
Bonificación por servicios prestados
Bonificación por servicios prestados
Bonificación por servicios prestados
Bonificación por servicios prestados
Prima especial
Prima especial
Prima especial
Prima especial
Bonificación por compensación
Bonificación por compensación
Bonificación por compensación
Bonificación por compensación
---
---
---
Prima de navidad
---
---
---
Prima de vacaciones
---
---
---
Prima de servicios

Ahora bien, la Sala considera que le asiste razón a la UGPP, pues las primas de navidad, vacaciones y servicios, que la sentencia de primera instancia ordenó incluir para recomponer el IBL, no se encuentran enunciadas en el Decreto 717 de 1978 y, por lo tanto, no era procedente computarlas para efectos pensionales.

Si bien el a quo consideró que debían incluirse todos los factores salariales que la demandante percibió de manera habitual y periódica como retribución de sus servicios, lo cierto es que esta Sección en la sentencia de unificación CE-SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020 se inclinó por el criterio de la taxatividad de los factores que componen el IBL pensional, por ende, para el presente asunto solamente deben tenerse en cuenta los emolumentos enlistados en el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, por ser la norma que regía el derecho pensional de la interesada para el momento en que consolidó su estatus, lo cual se verificó con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

Igualmente, en la referida sentencia se explicó que deben aplicarse los artículos 14 de la Ley 4 de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; 1 del Decreto 610 de 1998; 1 del Decreto 2460 de 2006; 1 del Decreto 3900 de 2008; 1 del Decreto 1102 de 2012; y 1 del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público, pues estos introdujeron la prima especial, la bonificación por compensación, la prima de productividad, la bonificación por actividad judicial y la bonificación judicial como factores de salario para efectos de determinar el ingreso base de cotización de dichos servidores.

Es oportuno precisar que la situación fáctica analizada en la sentencia referida versó sobre los beneficiarios de la transición normativa de la Ley 100 de 1993 que se encontraban en el régimen especial del Decreto 546 de 1971, es decir, que ese asunto es diferente al sub judice, por cuanto la actora no se encuentra en la transición de la norma; sin embargo, esa providencia de unificación fijó las directrices antes anotadas y deben ser aplicadas en todos los asuntos pendientes de resolución judicial.

En consecuencia, se impone revocar la sentencia apelada que ordenó la reliquidación de la pensión de la demandante con inclusión de las primas de navidad, vacaciones y servicios, pues no se encuentran enlistadas en la normativa previamente citada como factores base de liquidación pensional de los servidores de la Rama Judicial y el Ministerio público beneficiarios del Decreto 546 de 1971; por el contrario, los únicos factores que legalmente podían tomarse para establecer el IBL eran la asignación básica, la bonificación por servicios prestados, la prima especial y la bonificación por compensación.

En cuanto al límite pensional de 25 SMLMV, se observa que Cajanal estaba facultada para acudir al régimen general en materia de topes, toda vez que la disposición especial no reguló dicho aspecto. En tal sentido, las Sentencias C-089 y C-155 de 1997 precisaron que cuando la normativa especial no establece el límite máximo de las mesadas pensionales, es posible aplicar las reglas generales previstas para esos efectos, pues de lo contrario se permitiría que algunos pensionados gozaran de privilegios injustificados.

En efecto, el tope pensional fijado en la Resolución 05097 del 13 de febrero de 2008 no quebrantó los principios de inescindibilidad y favorabilidad en los términos alegados por la actora, pues históricamente esos límites se han previsto en el ordenamiento en aras de materializar los principios de sostenibilidad financiera, igualdad, solidaridad, eficiencia, universalidad y progresividad que orientan el sistema de seguridad social integral.

Aunque la demandante consolidó el estatus pensional en 1990, ello no es razón suficiente para afirmar que la cuantía de su prestación estaba exenta de límites máximos, toda vez que para ese momento también existían topes pensionales, pues estos fueron previstos en el ordenamiento desde la Ley 4 de 1976 y se siguieron reiterando en las Leyes 71 de 1988, 100 de 1993 y 797 de 2003, así como en el Acto Legislativo 1 de 2005.

A su vez, mediante las Sentencias T-892 de 2013, T-320 de 2015, T-360 de 2018 y T-073 de 2019 la Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del límite al monto pensional resulta imperativo para las entidades encargadas del pago de estas prestaciones, pues los topes han sido consagrados por el legislador y el constituyente para todas las pensiones que se paguen con recursos públicos, incluyendo las reconocidas al amparo del régimen especial previsto en el Decreto 546 de 1971. En igual sentido, el Consejo de Estado ha sostenido lo siguiente:

36. Por cuanto resulta evidente, que la intención de legislador siempre ha sido la de establecer límites inequívocos a la cuantía de la pensión, y así han quedado expresamente contenidos en los diversos regímenes pensionales por lo que la Corte Constitucional, en sede de revisión de tutelas y de constitucionalidad, y también en su labor unificadora de la interpretación de los derechos fundamentales, ha decantado una uniforme jurisprudencia alrededor de los topes pensionales, estableciendo que están en consonancia con la Constitución Política por sustentarse en los principios de sostenibilidad financiera del sistema pensional, igualdad y de solidaridad, y por ello los encuentra aplicables a todas las pensiones que se financian con recursos públicos, aun siendo especiales y sin distinguir que su reconocimiento hubiere sido por virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

37. Tal como ha sido planteado en las providencias T-892 de 2013, T-320 de 2015, T-360 de 2018, T-073 de 2019, SU 230 de 2015, SU 210 de 2017 y C-258 de 2013, en donde la ratio decidendi es el tope pensional establecido por el legislador para limitar la cuantía de la pensión, inclusive para aquellas personas que la obtuvieron por norma especial aplicable por la transición de la Ley 100 de 1993.

Así las cosas, el legislador fijó límites máximos pensionales con el propósito de reducir los subsidios del Estado a las pensiones más altas, garantizar que los pensionados de menores ingresos también tuvieran acceso al pago oportuno de sus prestaciones y el derecho a la igualdad. Estas razones son las que impiden concebir un régimen pensional sin topes en las mesadas y las que han inspirado al legislador para establecerlos desde la Ley 4 de 1976.

Teniendo en cuenta que finalmente la Resolución 05097 del 13 de febrero de 2008 ajustó correctamente la pensión de la actora, pues tuvo en cuenta los factores salariales previstos por el ordenamiento y la limitó al monto 25 SMLMV, la Sala otorgará efectos definitivos a dicho acto, toda vez que la entidad la condicionó a los efectos transitorios de la sentencia de tutela del 16 de noviembre de 2006, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta.

Además, se hace necesario otorgarle efectos definitivos a dicho acto, ya que mediante varios memoriales la accionante ha referido que se le adeuda un retroactivo pensional porque la entidad se encuentra a la espera de la decisión definitiva por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De esta manera se zanja la controversia frente al derecho al pago de dicho retroactivo y a la reliquidación pensional que le asiste a la actora en los términos en que fue reconocida por la Resolución 05097 del 13 de febrero de 2008.

En cuanto a la bonificación por compensación, es pertinente anotar que las partes no discutieron el monto establecido en el mencionado acto y la Sala también lo encuentra ajustado a la ley, pues inicialmente Cajanal tuvo confusión en cuanto a su valor, pero al revisar los documentos arrimados al plenario se observa que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Santa Marta reconoció la bonificación por compensación del año 2005 en una suma de $3.197.202 y, posteriormente, en cumplimiento de un fallo de esta jurisdicción, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial reconoció el monto que se le adeudaba por dicho concepto, esto es, $5.052.102. En definitiva, a título de bonificación por compensación del año 2005 la actora recibió la suma de $8.249.304, la cual corresponde a la indicada en la Resolución 05097 del 13 de febrero de 2008.

De otro lado, en caso de existir diferencias entre las mesadas pensionales pagadas y las que se debieron reconocer, la entidad demandada deberá sufragarle a la actora los valores correspondientes, teniendo cuidado de no incurrir en un doble pago por el mismo concepto como consecuencia de la expedición de la Resolución 05097 del 13 de febrero de 2008.

La UGPP deberá actualizar las sumas que eventualmente llegaren a resultar a favor de la demandante, de conformidad con el artículo 178 del CCA, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:

R= RH Índice Final
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH), que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de diferencias en las mesadas pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el índice vigente a la fecha en que debió realizarse el pago correspondiente. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes, respecto de cada obligación teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.

De otro lado, se negarán los intereses moratorios solicitados por la actora, pues desde la expedición de la Resolución 05097 del 13 de febrero de 2008, Cajanal liquidó la prestación conforme a derecho.

Tampoco es viable decretar los intereses moratorios entre la fecha de retiro del servicio y el reconocimiento pensional o la posterior reliquidación, pues estos solo se generan después de reconocida la pensión, siempre que exista un retardo injustificado en su pago, más no se causan a partir de la fecha en que el afiliado cumple el estatus pensional y menos cuando el monto de la prestación se encuentra en discusión.

vi) Finalmente, no se decretará la indemnización por concepto de perjuicios morales y materiales solicitada por la actora, pues desde el año 2008 la pensión se viene reconociendo al amparo de la normativa legal que la regía y tampoco se acreditó que los daños alegados fueran imputables a Cajanal.

En efecto, aunque inicialmente Cajanal liquidó la pensión en una suma inferior a la que legalmente correspondía, ello no es razón suficiente para predicar que la demandante quedó en situación de indefensión y mucho menos que la entidad la dejó en la posición insoslayable de tener que vender un inmueble por menor valor, abstenerse de hacer mejoras en otro y adquirir perpetuamente créditos con entidades bancarias y personas naturales, ya que en todo caso la pensión sí se le reconoció y posteriormente se le incrementó a la cuantía que en derecho procedía.

En definitiva, la señora Gómez Arregocés no quedó desamparada y la discusión que se suscitó en sede administrativa en torno al monto de la pensión no es una carga desproporcionada ni mucho menos ajena a este tipo de prestaciones, debido a las múltiples interpretaciones que genera la normativa y que inclusive han dado lugar a cambios jurisprudenciales, como se evidenció en precedencia.

2.6. De la condena en costas

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de condena en costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y en el presente caso no se encuentra acreditada tal conducta, por lo cual no hay lugar a imponerlas.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica y jurisprudencial que gobierna la materia y en el acervo probatorio arrimado al plenario, la Sala revocará el proveído impugnado y, en su lugar, se otorgarán efectos definitivos Resolución 05097 del 13 de febrero de 2008, ya que reliquidó la pensión de jubilación de la actora con sujeción al ordenamiento normativo aplicable.

Finalmente, se observa que el apoderado de la UGPP solicitó la copia de algunas piezas procesales.

Por ser procedente la referida solicitud, por Secretaría de la Sección Segunda, se garantizará el acceso a dichos documentos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia del 10 de abril de 2013, adicionada el 4 de junio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada por la señora Amalfi Mercedes Gómez Arregocés contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se dispone:

Segundo. Declarar la nulidad parcial de las Resoluciones 13503 del 24 de marzo de 2006, 0004302 del 26 de mayo de 2006 y 15180 del 24 de abril de 2007, suscritas por la parte demandada, en tanto computaron incorrectamente el factor de bonificación por compensación dentro del ingreso base de liquidación pensional de la demandante.

Tercero. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, conferir efectos definitivos a la Resolución 05097 del 13 de febrero de 2008, proferida por la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal EICE, conforme se explicó en la parte motiva de esta providencia.

Cuarto. En el evento de existir sumas a favor de la demandante, condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, a pagar únicamente las diferencias pensionales que estuvieren pendientes de sufragar, teniendo en cuenta que la liquidación pensional correcta es la contenida en la Resolución 05097 del 13 de febrero de 2008. Igualmente, la UGPP deberá tener cuidado de no incurrir en un doble pago por el mismo concepto como consecuencia de la expedición de dicho acto.

Las sumas que llegasen a resultar a favor de la accionante deberán actualizarse con base en la fórmula señalada en la parte motiva de esta sentencia.

Quinto. Ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, dar cumplimiento a esta sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del CCA.

Sexto. Negar las demás pretensiones de la demanda, en razón a lo explicado en el acápite de consideraciones de la presente providencia.

Séptimo. Sin condena en costas.

Octavo. Por Secretaría de la Sección Segunda, expídanse a su costa, las copias solicitadas por el apoderado de la UGPP.

Noveno. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

cgg

Folios 2 a 25, 113 a 165, 204 a 219 del expediente.
Código Contencioso Administrativo – Decreto 1 de 1984.
Caja Nacional de Previsión Social Cajanal EICE.
Folios 201 a 203 del expediente.
Folios 644 a 653 y 683 a 686 del expediente.
Folios 662 a 669 y 791 a 798 del expediente.
Folios 689 a 696 del expediente.
Folios 228 a 229 del expediente.
Folios 840 a 854 del expediente.
El presente proceso se inició en vigencia del Decreto 1 de 1984 – Código Contencioso Administrativo.
Corte Constitucional. Sentencia C-168 de 1995.
En la Sentencia C-789 de 2002 se lee lo siguiente: «Recogiendo criterios doctrinarios y jurisprudenciales comúnmente aceptados sobre la materia, ha estimado que derechos adquiridos presuponen la consolidación de una serie de condiciones contempladas en la ley, que permiten a su titular exigir el derecho en cualquier momento. Entre tanto, en las expectativas, tales presupuestos no se han consolidado conforme a la ley, pero resulta probable que lleguen a consolidarse en el futuro, si no se produce un cambio relevante en el ordenamiento jurídico». Como lo determina la Corte Constitucional en la referida Sentencia C- 754 de 10 de agosto de 2004, ambas figuras jurídicas difieren de la simple expectativa, respecto de la cual señala que: «cuando las personas no han cumplido los requisitos para acceder a la pensión antes del tránsito legislativo, lo que dichas personas tienen son simples expectativas legítimas o expectativas de derechos, las cuales no son objeto de la protección consagrada en el artículo 58 de la Carta Política».
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia SL2417-2020 de 8 de julio de 2020, radicación: 72037. En igual sentido puede consultarse la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 11 de marzo de 2021, radicado: 47001-23-33-000-2015-00137-01 (0758-2017).
Por la cual se dictan normas sobre materia pensional de los sectores público, oficial, semioficial y privado y se dictan otras disposiciones
Dicha previsión también se reiteró en el artículo 3 del Decreto 1160 de 1989.
Sentencia C-155 de 1997.
Sentencia C-089 de 1997.
Sentencia C-089 de 1997.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de agosto de 2018, expediente: 05001-23-33-000-2014-00523-01 (1543-16).
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de diciembre de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2016-04672-01(3170-2019) y del 6 de mayo de 2021, radicado: 17001-23-33-000-2015-00014-01 (1599-2018).
Folios 27, 28 y 271 del expediente.
Información extraída del acta de posesión obrante en el folio 335 del expediente.
Folios 29 a 31 del expediente.
Folio 75 del expediente.
Folios 303 a 306 del expediente.
Ingreso base de liquidación.
Folios 92 a 95 del expediente.
Folios 96 a 99 del expediente.
Folios 101 a 104 del expediente.
Folios 166 a 169 del expediente.
Este entendimiento fue acogido por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 11 de marzo de 2021, radicado: 47001-23-33-000-2015-00137-01 (0758-2017).
Radicado: 15001 23 33 000 2016 00630 01 (4083-2017).
Artículo 1.°
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 13 de noviembre de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2016-01911-01 (5824-2018).
Folio 75 del expediente.
Folios 79 a 82 del expediente.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de diciembre de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2016-04672-01 (3170-2019) y del 6 de mayo de 2021, radicado: 17001-23-33-000-2015-00014-01 (1599-2018).

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