Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-31-000-2009-00133-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-31-000-2009-00133-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 47001-23-31-000-2009-00133-01
Consejero ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera
28 de marzo de 2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DE DETENCIÓN DOMICILIARIA / SENTENCIA ABSOLUTORIA / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA
[L]a demanda de la referencia tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado, por razón de la privación de la libertad a la cual fue sometido el señor César Augusto Brito Jiménez, entre febrero de 2003 y febrero de 2004, cuando fue exonerado de responsabilidad, de manera tal que se evidencia que los hechos que se someten a conocimiento de la Sala ocurrieron en vigencia de la Ley 270 de 1996 […] La Fiscalía le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva por la presunta comisión del delito de cohecho, la cual fue sustituida por detención domiciliaria. El organismo investigador emitió resolución de acusación contra el señor Brito Jiménez el 26 de junio de 2003 y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta lo absolvió, porque no encontró méritos probatorios para condenarlo […] Atendiendo a la actual postura de la Sección, previo a analizar la responsabilidad de la demandada, alegada por el señor César Augusto Brito Jiménez por la privación de su libertad, para la Sala es preciso determinar la incidencia que pudo haber tenido la actuación desplegada por el acá demandante en la adopción de la medida de aseguramiento impuesta en su contra […] En el sub examine, la parte actora asegura que la autoridad demandada está en el deber de responder por los perjuicios derivados de la restricción a la libertad que sufrió César Augusto Brito Jiménez, ya que dicha medida se libró “con una total orfandad probatoria” , lo cual, a la postre, llevó a una sentencia absolutoria a favor de éste, en tanto la administración no desvirtuó su presunción de inocencia, hecho que, en su parecer, resulta suficiente para atribuir responsabilidad patrimonial al Estado, a título de falla del servicio. Pues bien, en atención al acervo probatorio arrimado a este proceso, la Sala encuentra que buena parte del sustento utilizado por la Fiscalía en sus decisiones fue extraído de las diligencias de indagatoria, razón por la cual le corresponde a la Sala determinar el valor probatorio que se concederá a lo sostenido en tales actuaciones judiciales […] De conformidad con la jurisprudencia puesta de presente en los párrafos previos, la Sala considera necesario tomar en consideración lo expuesto en las diligencias de indagatoria acabadas de mencionar, a fin de evaluar los motivos que llevaron a la Fiscalía a imponer y mantener la medida de aseguramiento proferida contra el acá actor, pues, aunque éstas se presentaron libre de apremio y juramento, en ellas se definieron varias circunstancias de tiempo, modo y lugar, que deben valorarse de forma integral con otros medios de prueba obrantes en el proceso, como se verá adelante […] [E]s claro para la Sala que la conducta del aquí demandante fue determinante para que la Fiscalía le dictara medida de aseguramiento, la que hoy reprocha como causante del daño sufrido, es decir, la privación de la libertad, que califica como “injusta”.
PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD
[L]a Sala consideró en varias oportunidades que cuando una persona privada de la libertad era absuelta porque el hecho investigado no existió, o porque éste no era constitutivo de delito, o éste no lo cometió el sindicado, o este último quedaba libre en aplicación de la figura del in dubio pro reo, se configuraba un evento de detención injusta y, por tanto, procedía la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado. En otras palabras, bastaba con que se presentara una privación de la libertad y que el proceso penal no culminara en condena, cualquiera que fuera la razón, para que quien la sufría recibiera una indemnización, así la medida de aseguramiento de la que fue objeto se encontrara ajustada a derecho y a pesar, incluso, de las previsiones de los artículos 90 de la Constitución Política, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 68 de la Ley 270 de 1996, esto es, sin importar que el daño producto de la privación de la libertad fuera antijurídico o no y casi que sin reparar en si fue la conducta del investigado la que llevó a su imposición. Sin embargo, en sentencia del 15 de agosto de 2018 , la Sección Tercera del Consejo de Estado rectificó dicha posición y dispuso que, en esos casos, esto es, en aquellos en los que el juez penal o el órgano investigador levante la medida restrictiva de la libertad, sea cual fuere la causa de ello, incluso cuando se encuentre que el hecho no existió, que el sindicado no cometió el ilícito o que la conducta investigada no constituyó un hecho punible, o que la desvinculación del encartado respecto del proceso penal se produjo por la aplicación del principio in dubio pro reo, es necesario hacer el respectivo análisis de responsabilidad patrimonial del Estado a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, es decir, identificar la antijuridicidad del daño. La Sala indicó que, para tal fin, se torna imprescindible para el juez determinar, en primer lugar, si el privado de la libertad participó o contribuyó en la generación del daño alegado, es decir, si incurrió en una conducta afectada de culpa –vista exclusivamente desde la óptica del derecho civil- que haya dado lugar a la investigación penal adelantada en su contra y, en consecuencia, a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva. Lo anterior, por cuanto a luz de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, el daño antijurídico imputable a la acción u omisión de los agentes judiciales, “se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo”. En caso de que el privado de la libertad no haya incurrido en una conducta afectada de culpa, debe mirarse la antijuridicidad del daño a la luz del artículo 90 de la Constitución Política y, luego, si el daño es antijurídico, se debe mirar la imputación del mismo. El juez, según esa jurisprudencia, queda en la libertad de aplicar, en virtud del principio iura novit curia, el título de imputación que más se ajuste al caso […] [L]a Corte Constitucional manifestó, en sentencia SU 072/18, que tanto el artículo 90 de la Constitución Política como el 68 de la Ley 270 de 1996 no establecen un régimen de imputación estatal específico para los casos de privación de la libertad y que, por tanto, el juez administrativo, en aplicación del mencionado principio iura novit curia, debe precisar cuál “título de imputación resulta más idóneo para establecer que el daño sufrido por el ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y desproporcionada y por ese motivo, no tenía por qué (sic) soportarse” (resaltado del texto original). Adicionalmente, sostuvo la Corte Constitucional que, de los cuatro (4) supuestos a los cuales la jurisprudencia del Consejo de Estado le aplicaba un título de atribución de carácter objetivo, comparte dos (2), a saber, el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, pues en esos eventos el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera de 15 de agosto de 2018, 46947 y sentencia SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional.
FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 – ARTÍCULO 68
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA
Sobre la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, el artículo 70 de la ley 270 de 1996 –Estatutaria de la Administración de Justicia- dispone, entre otras cosas, que la culpa exclusiva de la víctima se configura “… cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo” y para identificar estos conceptos, la jurisprudencia ha acudido a los criterios contemplados en el artículo 63 del Código Civil, de los cuales se extrae que el primero corresponde a un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, mientras que el segundo se equipara a la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio. Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, resulta necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder -se repite, activo u omisivo- de ella (la víctima) tuvo injerencia o no y en qué medida, en la producción del daño, pues la Sala ha señalado que el hecho de la víctima, como causal de exoneración de responsabilidad o de reducción del monto de la condena respectiva, debe constituir, exclusiva o parcialmente, causa eficiente del perjuicio reclamado.
FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 – ARTÍCULO 70 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 63
VALOR PROBATORIO DE LA INDAGATORIA
Esta Corporación ha manifestado, en múltiples oportunidades, que las diligencias de indagatoria o versión libre no son objeto de valoración, toda vez que no tienen el alcance de una prueba testimonial ni pueden someterse a ratificación, dado que no se encuentran sometidas a la formalidad del juramento, como sí ocurre con la prueba testimonial; sin embargo, la Sala Plena les ha otorgado valor probatorio en ciertas circunstancias, con el fin de obtener la verdad material […] [L]a indagatoria puede ser concebida como medio de defensa y a la vez medio de prueba de la cual puede sustraerse tanto lo que al investigado le beneficia, como también, eventualmente, lo que le compromete jurídicamente , lo cual no es contrario al derecho a no auto incriminarse, amparado en el artículo 33 de la Constitución Nacional, siempre que –como lo ha dicho la Subsección B de la Sección Tercera– no haya una confesión forzada u obtenida por medios intimidatorios y que, en caso de querer el procesado contribuir con la recta administración de justicia, lo haga a sabiendas de que cuenta con las garantías de defensa como las de guardar silencio en lo que le perjudique, así como no declarar contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, lo cual de ninguna manera puede derivar en un indicio grave en su contra (artículo 337 de la Ley 600 de 2000) […] De conformidad con la jurisprudencia puesta de presente en los párrafos previos, la Sala considera necesario tomar en consideración lo expuesto en las diligencias de indagatoria acabadas de mencionar, a fin de evaluar los motivos que llevaron a la Fiscalía a imponer y mantener la medida de aseguramiento proferida contra el acá actor, pues, aunque éstas se presentaron libre de apremio y juramento, en ellas se definieron varias circunstancias de tiempo, modo y lugar, que deben valorarse de forma integral con otros medios de prueba obrantes en el proceso, como se verá adelante.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la posibilidad de valorar la indagatoria en el juicio de responsabilidad estatal, cita sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera de 1 de agosto de 2016, exp. 42376 y de 16 de agosto de 2018, exp. 44167.
FUENTE FORMAL: LEY 600 DE 2000 – ARTÍCULO 337
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Bogotá D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 47001-23-31-000-2009-00133-01(47254)
Actor: CÉSAR AUGUSTO BRITO JIMÉNEZ Y OTROS
Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 12 de diciembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, a través de la cual se negaron las súplicas de la demanda.
ANTECEDENTES
La demanda
1.1. El 20 de abril de 2009, César Augusto Brito Jiménez y otros, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable por los perjuicios que, afirman, les fueron irrogados con la privación de la libertad de que fue objeto el señor César Augusto Brito Jiménez, entre el 19 de febrero de 2003 y el 18 de febrero de 2004.
Solicitaron que, en consecuencia, se condenara a la demandada a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV para cada uno de los demandantes; igualmente, por daño a la vida de relación, solicitaron el equivalente a 100 SMLMV a favor de cada uno de los actores.
Por otra parte, por perjuicios materiales, estimados de manera conjunta el daño emergente y el lucro cesante, pidieron la suma de $100’000.000 para el directamente afectado.
1.2. Como fundamento fáctico de la demanda se indicó, en síntesis, que el señor César Augusto Brito Jiménez, de profesión arquitecto, profirió, en ejercicio de las funciones del cargo de Profesional Universitario de la Oficina de Planeación Distrital de Santa Marta, “medida de paralización de la obra” de propiedad del señor Henry Peña Gómez.
A raíz de lo anterior, el señor Peña Gómez buscó de manera insistente al acá actor y le dijo que necesitaba hablar con él, de forma urgente, el 14 de febrero de 2003. En esa fecha, el señor Brito Jiménez se presentó en la oficina del señor Peña Gómez, quien puso en manos del acá demandante $100.000 “como una colaboración, que no lo tomara a mal”.
“A continuación el señor CESAR BRITO JIMÉNEZ se levantó y salió de la oficina de PEÑA GÓMEZ, topándose en la misma puerta del conjunto donde estaba localizada la oficina con varios agentes de la SIJIN quienes le dijeron que tenían una orden de captura en su contra por extorsión”.
La Fiscalía le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva por la presunta comisión del delito de cohecho, la cual fue sustituida por detención domiciliaria.
El organismo investigador emitió resolución de acusación contra el señor Brito Jiménez el 26 de junio de 2003 y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta lo absolvió, porque no encontró méritos probatorios para condenarlo.
Afirmó la parte actora que la sentencia absolutoria puso de presente la arbitrariedad e injusticia con que actuó la Fiscalía, puesto que mostró una investigación desatinada, carente de todo elemento probatorio y, por ende, violatoria de los derechos fundamentales de los actores.
Finalmente, se dijo también en la demanda lo siguiente:
“… se infiere con meridiana claridad que el señor CESAR AUGUSTO BRITO JIMÉNEZ ha sido víctima de un montaje concebido y ejecutado de manera perversa por un miembro de la Policía Nacional, que prevalido de su posición, contó para sus aviesos fines con el concurso necesario de varios miembros –inescrupulosos como él- de dicha institución. Y lo más grave es que la Fiscalía General de la Nación … hubiere tenido una participación cuasidelictual y cómplice con los fines propuestos por el maquiavélico sargento PEÑA GÓMEZ, arrastrando por la calle del calvario no solo a mi mandante, señor CESAR AUGUSTO BRITO JIMÉNEZ, sino a todo su núcleo familiar (madre, esposa e hijos), al someterlo de manera totalmente injustificada e ilegal a la privación de su libertad, con lo cual irrogó sobre mi representado y su familia una serie de graves perjuicios que ellos no estaban obligados a soportar”.
2. La contestación de la demanda
2.1. El expediente fue repartido al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Santa Marta, el cual, a través de auto del 28 de abril de 2009, lo remitió al Tribunal Administrativo del Magdalena, de conformidad con lo establecido en la Ley 270 de 1996, sobre la competencia para conocer de las acciones de reparación directa referidas al ejercicio de la administración de justicia.
2.2. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante auto del 25 de septiembre de 2009 (folios 139 y 140 del cuaderno 1); posteriormente, esto es, a través de proveído del 23 de octubre de 2009, el a quo corrigió el auto admisorio, ya que había consignado de forma incorrecta el nombre de la apoderada de la parte actora (folios 143 y 144 del cuaderno 1).
2.3. En el término de fijación en lista, la Fiscalía General de la Nación se opuso a todas las pretensiones formuladas, por considerar que, en los términos de los artículos 250 de la Constitución Política y 114 del Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos, le correspondía adelantar la investigación correspondiente y, posteriormente, definir la situación jurídica del señor Brito Jiménez, mediante la imposición de una medida de aseguramiento, puesto que contaba con los presupuestos legales para proceder en tal sentido.
Aseveró que no se puede estructurar responsabilidad estatal en este asunto, pues contaba con el acervo probatorio necesario para proferir la medida de aseguramiento y la resolución de acusación, es decir, “… los informes de la policía SIJIN, denuncia presentada por el señor HENRY PEÑA GOMEZ, (sic) y la misma indagatoria donde el encartado acepta haber recibido el dinero por ‘colaboración’”.
Luego agregó que, “si bien lo lógico es que la privación de la libertad sea la consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de dar cumplimiento al principio universal de presunción de inocencia, (sic) sin embargo, para los intereses de la investigación, de la justicia y la efectividad de sanción, es indispensable que los funcionarios, antes de proferir sentencia condenatoria, puedan tomar ciertas medidas entre las que se cuenta la privación de la libertad del encartado, tendientes a asegurar su comparecencia a las actuaciones procesales, (sic) o hacer efectiva la pena o medida de seguridad que se imponga, obedeciendo así a varias razones conforme a la etapa procesal en que se suscite; siendo estas medidas que afectan total o parcialmente la libertad de las personas, la captura y las medidas de aseguramiento”.
Dijo también que no puede sustentarse la declaratoria de responsabilidad de la Fiscalía en la aplicación del artículo 414 del anterior Código de Procedimiento Penal, comoquiera que dicha norma no estaba vigente en el momento de la ocurrencia de los hechos que aquí se alegan.
Por último, formuló la excepciones de: i) ineptitud formal de la demanda, por inexistencia del hecho dañoso atribuible a la Fiscalía General de la Nación, ii) ineptitud formal de la demanda, por falta de los elementos que estructuran la pretensión de falla del servicio, iii) hecho exclusivo de un tercero, puesto que las actuaciones de la Fiscalía tuvieron sustento en las labores de inteligencia adelantadas por la SIJIN y en la denuncia instaurada por el señor Henry Peña Gómez y iv) culpa exclusiva de la víctima, comoquiera que la defensa del aquí actor no interpuso recurso alguno contra la decisión que le impuso medida de aseguramiento y, además, en la diligencia de indagatoria el señor Brito Jiménez aceptó haber recibido el dinero por prestar una “colaboración” en el asunto.
3. Alegatos de conclusión en primera instancia y otras actuaciones
3.1. El Tribunal Administrativo del Magdalena, en auto del 30 de abril de 2010, dio inicio al período probatorio (folio 209 del cuaderno 1) y, el 14 de octubre de 2011, corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto (folio 251 del cuaderno 1).
3.2. La Fiscalía General de la Nación reiteró lo expuesto en el escrito de contestación de la demanda y añadió lo siguiente (se transcribe como obra en el texto original, incluso con errores):
“H. Magistrado, si nos detenemos a observar las razones por las cuales el Juzgado Primero penal del Circuito, absolvió al hoy demandante, ello tiene lugar, porque al parecer no se pudo establecer si para ese momento tenía la investidura de servidor público, como quiera que para el juez quedo la duda de si fungía como Jefe o director de oficina lo que de contera constituyó atipicidad de la conducta y por esa razón el juzgado absuelve por duda insalvable.
“Es de advertir que pese a la falta de prueba para el juzgado en cuanto a definir si era o no servidor público para que se configurara la conducta reprochada de cohecho, pro lo que no valoró fue la certificación que obra a folio 88 del presente proceso, expedida por la … Subdirectora de Recursos Humanos
“(…)
“Pero como no se trata de revaluar o valorar las pruebas del proceso penal porque el fallo ya se encuentra ejecutoriado, lo que debe apreciarse dentro del proceso contencioso administrativo es precisamente la actividad judicial de la Fiscalía General de la Nación de cara a la posición del juez de conocimiento y el resultado final del proceso penal.
“En el caso concreto, no cabe la menor duda que el cargo imputado por el fiscal instructor si se acreditó, pero no fue tenido en cuenta por el sustanciador del Despacho del ente juzgador ni por el Juez. Pudo ser una falta de apreciación de prueba, o que no se valoró adecuadamente, pero lo que si sucedió es que la Fiscalía no se equivocó al abrir la instrucción, decretar y practicar las pruebas conducentes y pertinentes que a su juicio tenían aptitud para llevar el caso a juicio de responsabilidad penal”.
3.3. La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio.
4. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 12 de diciembre de 2012, el Tribunal Administrativo del Magdalena declaró no probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima, propuesta por la Fiscalía General de la Nación, y negó las pretensiones de la demanda. Como sustento de esta decisión, expuso (se transcribe literal, incluso con errores):
“ … resulta evidente entonces la configuración de la causal eximente de responsabilidad de ‘la culpa exclusiva de la víctima’, puesto que con su proceder incauto el señor BRITO JIMÉNEZ se auto puso en riesgo, ya que al asistir a la ‘presunta cita’ en la Oficina del señor HENRY PEÑA GÓMEZ, lo hizo de manera voluntaria y asumiendo cualquier tipo de consecuencias que resultaran de dicho proceder y a sabiendas de que estaba faltando a sus deberes como funcionario público, pues, es inexplicable y en tanto impropio del recto proceder de esta clase de servidores, que para efectos de tratar un asunto administrativo, referente al procedimiento de imposición o levantamiento de sanción sobre la construcción de un inmueble, se citará por fuera del despacho donde debía cumplir sus funciones, con un particular directamente involucrado en ese asunto de su conocimiento.
“(…)
“Ciertamente, a pesar de encontrarse acreditado el hecho que ocasionó un daño cierto respecto del señor CESAR BRITO JIMÉNEZ , no así se logra determinar que ese daño haya resultado a consecuencia del hecho genitor alegado por el actor, si no por su propia culpa la que se le ocasionó el haber estado inmiscuido en una investigación penal y haber sido privado de su libertad por un tiempo determinado sin que dicha privación pueda tildarse de injusta ya que, como se acotó previamente, fue el mismo actor quien contribuyó a su propio daño”.
5. El recurso de apelación
Inconforme con la decisión anterior y dentro del término legal, la parte demandante formuló recurso de alzada, con el objeto que se revoque la sentencia impugnada, ya que, en su opinión, el señor César Augusto Brito Jiménez no tenía la carga de soportar la privación de su libertad, comoquiera que su detención estuvo colmada “de irregularidades e ilicitudes que de manera justiciera dejó al descubierto el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta”.
Sostuvo que no se configuró la culpa exclusiva de la víctima, puesto que al señor César Augusto Brito Jiménez le correspondía desplazarse fuera de su oficina, para ejecutar las funciones propias del cargo de Profesional Universitario de la Secretaría de Planeación Distrital que ocupaba; por ende, afirmó, no se le puede endilgar culpa alguna por haber ido a la oficina del señor Peña Gómez.
Señaló que la conducta que se le imputó resultó atípica, dado que no tenía la calidad de sujeto activo requerido para estructurar el tipo, pues, además de ser servidor público, se requiere que el beneficio se reciba para omitir o retardar un acto propio de su cargo, situación que no se presentó en el caso en estudio, toda vez que la orden de suspensión de la obra le corresponde al jefe o director de oficina, posición que no ostentaba el señor Brito Jiménez.
Por último, manifestó que “no existe la más mínima prueba de que hubiere actuado con ‘culpa grave o dolo’, como lo exige la norma en comento [artículo 70 de la Ley 270 de 1996] para que se pueda configurar la aludida causal eximente de responsabilidad para el Estado”.
6. Trámite en segunda instancia
6.1. El 26 de febrero de 2013, el Tribunal concedió el recurso de apelación y, mediante auto del 13 de julio de esa anualidad, se admitió en esta Corporación.
6.2. El 14 de agosto de 2013, se corrió traslado común a las partes, para alegar de conclusión y al Ministerio Público, para que rindiera concepto.
6.2.1. La Fiscalía General de la Nación anotó que el fallo recurrido se encuentra ajustado a la Constitución y la ley y, por tanto, debe ser confirmado en todas sus partes.
Añadió que el señor Brito Jiménez no estuvo privado efectivamente de su libertad, puesto que la detención preventiva no se ejecutó a través de la aprehensión física de éste, razón por la cual, en su parecer, no existe prueba que demuestre el daño endilgado a la administración.
6.2.2. La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio.
CONSIDERACIONES
1. Competencia de la Sala
La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia) y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado, sin tener en cuenta la cuantía del proceso.
Oportunidad de la acción
En concordancia con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos, el término de caducidad de dos años se cuenta desde el día siguiente al momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada –lo último que ocurra–.
En este caso, se observa que como la providencia por medio de la cual se absolvió al señor César Augusto Brito Jiménez, es decir, la proferida el 20 de abril de 2007 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta cobró ejecutoria el 2 de mayo de ese mismo año, los actores tenían hasta el 3 de mayo de 2009 para presentar la demanda, cosa que aconteció el 20 de abril de esta última anualidad; por consiguiente, es evidente que la demanda se instauró dentro del término de ley.
3. De la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad
Previo a analizar los supuestos de responsabilidad aplicables a este caso, es necesario precisar que la demanda de la referencia tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado, por razón de la privación de la libertad a la cual fue sometido el señor César Augusto Brito Jiménez, entre febrero de 2003 y febrero de 2004, cuando fue exonerado de responsabilidad, de manera tal que se evidencia que los hechos que se someten a conocimiento de la Sala ocurrieron en vigencia de la Ley 270 de 1996, que establece:
“ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.
“En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.
“(…)
“ARTÍCULO 68. PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.
En atención a las normas transcritas, la Sala consideró en varias oportunidades que cuando una persona privada de la libertad era absuelta porque el hecho investigado no existió, o porque éste no era constitutivo de delito, o éste no lo cometió el sindicado, o este último quedaba libre en aplicación de la figura del in dubio pro reo, se configuraba un evento de detención injusta y, por tanto, procedía la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado.
En otras palabras, bastaba con que se presentara una privación de la libertad y que el proceso penal no culminara en condena, cualquiera que fuera la razón, para que quien la sufría recibiera una indemnización, así la medida de aseguramiento de la que fue objeto se encontrara ajustada a derecho y a pesar, incluso, de las previsiones de los artículos 90 de la Constitución Política, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 68 de la Ley 270 de 1996, esto es, sin importar que el daño producto de la privación de la libertad fuera antijurídico o no y casi que sin reparar en si fue la conducta del investigado la que llevó a su imposición.
Sin embargo, en sentencia del 15 de agosto de 2018, la Sección Tercera del Consejo de Estado rectificó dicha posición y dispuso que, en esos casos, esto es, en aquellos en los que el juez penal o el órgano investigador levante la medida restrictiva de la libertad, sea cual fuere la causa de ello, incluso cuando se encuentre que el hecho no existió, que el sindicado no cometió el ilícito o que la conducta investigada no constituyó un hecho punible, o que la desvinculación del encartado respecto del proceso penal se produjo por la aplicación del principio in dubio pro reo, es necesario hacer el respectivo análisis de responsabilidad patrimonial del Estado a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, es decir, identificar la antijuridicidad del daño.
La Sala indicó que, para tal fin, se torna imprescindible para el juez determinar, en primer lugar, si el privado de la libertad participó o contribuyó en la generación del daño alegado, es decir, si incurrió en una conducta afectada de culpa –vista exclusivamente desde la óptica del derecho civil- que haya dado lugar a la investigación penal adelantada en su contra y, en consecuencia, a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva.
Lo anterior, por cuanto a luz de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, el daño antijurídico imputable a la acción u omisión de los agentes judiciales, “se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo”.
En caso de que el privado de la libertad no haya incurrido en una conducta afectada de culpa, debe mirarse la antijuridicidad del daño a la luz del artículo 90 de la Constitución Política y, luego, si el daño es antijurídico, se debe mirar la imputación del mismo. El juez, según esa jurisprudencia, queda en la libertad de aplicar, en virtud del principio iura novit curia, el título de imputación que más se ajuste al caso.
Bajo este mismo criterio, la Corte Constitucional manifestó, en sentencia SU 072/18, que tanto el artículo 90 de la Constitución Política como el 68 de la Ley 270 de 1996 no establecen un régimen de imputación estatal específico para los casos de privación de la libertad y que, por tanto, el juez administrativo, en aplicación del mencionado principio iura novit curia, debe precisar cuál “título de imputación resulta más idóneo para establecer que el daño sufrido por el ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y desproporcionada y por ese motivo, no tenía por qué (sic) soportarse” (resaltado del texto original).
Adicionalmente, sostuvo la Corte Constitucional que, de los cuatro (4) supuestos a los cuales la jurisprudencia del Consejo de Estado le aplicaba un título de atribución de carácter objetivo, comparte dos (2), a saber, el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, pues en esos eventos el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos.
En efecto, dijo (se transcribe literal):
“Nótese que en el primer evento basta con desplegar todo el aparato investigativo para establecer si fenomenológicamente hubo una alteración de interés jurídico penal. No puede, entonces, el juez o el fiscal imponer una medida privativa de la libertad mientras constata esta información, dado que esta debe estar clara desde los albores de la investigación. No en vano las diferentes normativas procesales han elaborado un esquema del cual hace parte una fase de indagación encaminada, entre otros propósitos, a establecer justamente si se presentó un hecho con trascendencia en el derecho punitivo que pueda ascender a la categoría de conducta punible.
“El segundo evento es una tarea que reviste una mayor sencillez en tanto depende solo de un criterio jurídico esencialmente objetivo; se trata de un cotejo entre la conducta que se predica punible y las normas que la tipificarían; de esa manera, muy pronto debe establecer el Fiscal o el juez si la conducta encaja en alguna de las descripciones típicas contenidas en el catálogo punitivo.
“(…)
“106. Así las cosas, los otros dos eventos definidos por el Consejo de Estado como causas de responsabilidad estatal objetiva –el procesado no cometió la conducta y la aplicación del in dubio pro reo- exigen mayores esfuerzos investigativos y probatorios, pues a pesar de su objetividad, requiere del Fiscal o del juez mayores disquisiciones para definir si existen pruebas que permitan vincular al investigado con la conducta punible y presentarlo como el probable autor de la misma”.
Con base en lo anterior y de acuerdo con el material probatorio válidamente aportado al proceso, la Sala pasa a estudiar si existe responsabilidad por los daños causados a los demandantes, con ocasión de la privación de la libertad de la cual fue víctima el señor César Augusto Brito Jiménez.
4. Caso concreto
4.1. Lo probado
La Sala, con fundamento en el material probatorio válidamente recaudado, encuentra demostrado lo siguiente:
4.1.1. El 10 de febrero de 2003, mediante oficio 180, la Dirección de Planeación Distrital de Santa Marta le ordenó al “Sargento Peña” la paralización de la construcción de los pisos 2 y 3 del inmueble ubicado en la calle 6 # 15-165 de Santa Marta, toda vez que no contaba con “la respectiva Licencia o Permiso vigente” (folio 8 del cuaderno 2).
4.1.2. El 12 de febrero de 2003, el señor Henry Peña Gómez presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, contra el acá actor, con sustento en los hechos que a continuación se mencionan (se transcribe literal, incluso con errores):
“En mi calidad de propietario del inmueble ubicado en la calle 6 No. 15-165, en donde funciona casa y negocio de mi propiedad, al cual decido efectuarle unos arreglos de mejoras, en fachada y pisos, es así como los señores pertenecientes a la Oficina de Planeación Distrital, de nombres … y un empleado bajo su mando que responde al nombre CESAR, desconozco su apellido, me hacen una citación por escrito mediante una boleta de citación, por construir sin licencia, al acercarme a la oficina del señor … quien se desemplea como director encargado de la oficina de Planeación Distrital, me hace una exigencia económica de ciento cincuenta mil pesos ($150.000), para no parar el respectivo trabajo, hechos sucedidos el día lunes 10 de Febrero de 2.003 en horas de la mañana, manifestándole que tocaba de bajarse del bus con los otros funcionarios, que laboraban con él. Es así como el día de hoy Jueves 13 de Febrero de 2.003 siendo las cuatro y veinte de la tarde (16:20 horas) llega a mi oficina el señor CESAR, funcionario de planeación y me hace la exigencia de que tenía que darle doscientos cincuenta mil pesos ($250.000) sopena de pararse la obra y seguir el tramite legal de oficio enviado por ellos de No. 0180 de fecha 10 de Febrero de 2.003, la presente denuncia la hago con el fin de seguir el procedimiento contemplado en el Código Penal en los delitos contra la administración pública”.
4.1.3. El 14 de febrero de 2003, la Policía Nacional capturó al señor César Augusto Brito Jiménez en presunta situación de flagrancia, por la comisión del delito de extorsión (folio 13 del cuaderno 2). En esa misma fecha, lo dejó a disposición de la Sección de Policía Judicial, junto con “(02) billetes de $20.000 pesos … (01) billete de $10.000 pesos … (01) billete de $50.000 pesos” (folios 3 y 4 del cuaderno 2).
4.1.4. La Fiscalía vinculó mediante indagatoria al aquí actor, diligencia que rindió el 15 de febrero de 2003 (folios 26 a 29 del cuaderno 2).
4.1.5. El 19 de febrero siguiente la Fiscalía resolvió la situación jurídica del acá actor, con medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto autor del delito de cohecho propio. En esta misma providencia se sustituyó al señor Brito Jiménez la medida de detención preventiva por detención domiciliaria (folios 60 a 70 del cuaderno 2).
Como fundamento de esta decisión, expresó (se transcribe como obra en el texto original, incluso con errores):
“En efecto en el presente caso se advierte que el señor CESAR AUGUSTO BRITO JIMÉNEZ incurre en el delito de COHECHO PROPIO atendiendo a que recibe beneficios en suma de $100.000.oo pesos de parte del señor HENRY PEÑA GOMEZ y con el propósito de obtener la anulación de la orden de paralización inmediata de la construcción que estaba realizando en la calle 6 No 15-165.
“(…)
“Lo anterior se convalida con lo informado en el informe de Policía 0181 de fecha 15 de febrero del año 2.003, así como con el informe de fecha 14 de febrero del año 2.003 en donde se advierte las entrevistas que se realiza entre los señores HENRY PEÑA y CESAR AUGUSTO BRITO JIMENEZ cuyos propósitos era la recepción de beneficios económicos por parte del funcionario y por incumplir lo ordenado en el oficio 0180 que disponía la paralización inmediata de la obra y además sobre dicho documento procede la inscripción de ser anulado.
“El delito que se le imputa al infractor CESAR AUGUSTO BRITTO JIMÉNEZ ha quedado consumado en el momento en que éste acepta los mencionados beneficios; de tal suerte que el delito de COHECHO fundamentalmente es conocido como la compraventa de una función pública; motivo por el cual resulta innegable la participación y responsabilidad del funcionario en los hechos que se le imputan”.
4.1.6. El 20 de febrero de 2003, el acá actor suscribió el acta de compromiso para el cumplimiento de la medida de aseguramiento de detención preventiva sustituida por detención domiciliaria (folio 75 del cuaderno 2).
4.1.7. El 17 de marzo siguiente, el señor Brito Jiménez rindió ampliación de la diligencia de indagatoria (folios 153 a 155 del cuaderno 2).
4.1.8. Mediante providencias del 11 de abril y 14 de mayo de 2003, la Fiscalía decidió no acceder a las solicitudes de revocatoria de la medida de aseguramiento, formuladas por el abogado defensor del acá actor (folios 229 a 240 y 266 a 269 del cuaderno 2).
4.1.9. El 17 de junio de 2003, la Fiscalía concedió libertad provisional al acá actor, en consideración a que habían transcurrido más de 120 días de privación efectiva de la libertad, sin que se hubiere calificado el sumario (folios 326 a 329 del cuaderno 2); por lo anterior, el 18 de los mismos mes y año César Augusto Brito Jiménez suscribió la respectiva acta de compromiso (folio 330 del cuaderno 2).
4.1.10. El 26 de junio siguiente se calificó el mérito del sumario, con resolución de acusación en contra del señor Brito Jiménez y, en consecuencia, se revocó la libertad provisional que le fue concedida y se ordenó su detención domiciliaria; para el efecto, se manifestó (se transcribe como obra en el texto original, incluso con errores):
“Con relación a los otros procesados, el despacho llamará a juicio a los encartados CESAR BRITTO JIMÉNEZ y … como probables responsables del delito de COHECHO PROPIO, ya que de acuerdo con las pruebas practicadas, y establecido que al señor sargento de la Policía HENRY PEÑA, se le había notificado la paralización de la obra, en razón de qué iba a acudir a su oficina y/o sitio donde se realizaba la construcción de la obra cuestionada, después de esa notificación, para terminar recibiendo dinero, y anular la susodicha resolución de fecha 10 de febrero de 2003 contenida en el oficio 0180 emanada de la oficina de Planeación Distrital, documento expedido por el sindicado … en cumplimiento de sus funciones; al no cumplirse los requisitos que debía adelantar el sargento Peña Gómez.
“(…)
“Considera la Fiscalía otorgar valor de credibilidad a los señalamientos de responsabilidad que ejecuta el señor HENRY PEÑA GOMEZ, sobre los autores del hecho típico, ya que no se vislumbra dentro del expediente y dentro de las pruebas practicadas ningún tipo de fundamento para que la actitud de la víctima del hechos lesivo se haya dirigido al señalamiento de responsables si estos no hubieran participado en el punible en cuestión.
“De acuerdo con los principios que regulan y estructuran este tipo penal, vemos que la norma exige que exista la competencia del funcionario que realiza la conducta punible, y como se demuestra en el caso sub-judice, … funcionario encargado de la oficina de Planeación la tenía como tal, en esos momentos, y BRITTO JIMÉNEZ empleado de esa dependencia es coautor de esa conducta, como se demuestra en el informe que rinde el CTI y del estudio que se hace de las cintas de audio en donde aparece que existe una conversación entre los señores HENRY PEÑA Y … en donde se deja entrever que efectivamente funcionarios de la oficina de PLANEACION DISTRITAL hacían exigencias económicas y con el fin de negociar una licencia de construcción; lo mismo en relación con la conversación de CESAR BRITTO, donde se aprecia la materialización del acuerdo; con respecto a esta prueba, analizada en conjunto de acuerdo con el elemento histórico de este proceso, se infiere o deduce que si existía ese acuerdo para cometer el ilícito que cuestiona; al respecto la Honorable Corte Suprema de justicia sala penal en casación de fecha marzo 16 de 1988; manifestó sobre este tipo de situaciones en casos semejantes: ‘… Lo mismo ocurre respecto a las grabaciones magnetofónicas, es decir que nadie puede sustraer, ocultar extraviar o destruir una cinta magnetofónica o interceptar o impedir una comunicación telefónica sin autorización de autoridad competente. Pero cuando una persona, como en el caso concreto es víctima de un hecho punible y valiéndose de los adelantos científicos, procede a preconstituir la prueba del delito, para ello de modo alguno necesita la autorización de autoridad competente, precisamente porque con base en ese documento puede promover las acciones pertinentes …’”.
4.1.11. El 18 de febrero de 2004, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta concedió el beneficio de libertad provisional a favor del señor Brito Jiménez, por cuanto habían transcurrido más de seis meses desde la ejecutoria de la resolución de acusación sin que se hubiere celebrado la audiencia pública (folios 140 y 141 del cuaderno 3).
4.1.12. El 20 de abril de 2007, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta profirió, en aplicación del principio de in dubio pro reo, sentencia absolutoria a favor de César Augusto Brito Jiménez, con base en las siguientes consideraciones (se transcribe literal, incluso con errores):
“A partir de tales presupuestos podemos afirmar, que si bien en la oportunidad procesal en que se formularon los cargos por la Fiscalía pudo haber existido conforme a la interpretación dada a las pruebas, fundamentos para imputar de manera provisional la comisión de la conducta a … CESAR AUGUSTO BRITO JIMENEZ, cuando se toma la decisión de fondo respecto a la responsabilidad del enjuiciado, las pruebas que han de servir como fundamento del pronunciamiento, deben estar desprovistas de macula, deben ser totalmente claras, precisas, evidentes, relevantes, pertinentes, respecto a que de manera convergente permitan concluir que la conducta le es atribuible a título de responsabilidad porque ese hecho materialmente acaecido que produjo unos efectos en el ámbito del derecho, fue producto de la conducta desplegada.
“Si nos atendemos a las evidencias aportadas al proceso, es incuestionable que si solo existe el informe Policivo, donde dejan a disposición de la Fiscalía a los señores Cesar Augusto Brito Jiménez y … entre otras cosas, se consignan las razones de la captura con fundamento en un operativo preparado y ejecutado por el denunciante por sus vínculos con la institución investigadora y la versión injurada de HENRY PEÑA GOMEZ éste, como fundamento de cargos o imputaciones a la conducta de CESAR AUGUSTO BRITO JIMÉNEZ y …
“(…)
“Si partimos del presupuesto que trato de convertir en un indicio necesario la Fiscalía respecto al señalamiento del denunciante, llama poderosamente la atención que HENRY PEÑA GOMEZ en su injurada se refiera solo a la persona de CESAR AUGUSTO BRITO JIMÉNEZ como quien recibió el dinero entregado, pero en ningún momento pone en la escena de los hechos a … así mismo indicó que trabajaba en ese entonces de la Oficina de Planeación de esta ciudad, pero como se pudo establecer, no ejercía cargo de Jefe o Director de oficina, circunstancia que constituye como atípica su conducta frente a los cargos formulados; ya que en la Resolución de Acusación se les endilga la conducta punible de Cohecho Propio (Art.405 C.P.), la que exige como sujeto activo de la infracción no solo ser un Servidor Público, sino además que el beneficio se reciba para retardar u omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes, lo cual no podía predicarse de BRITO JIMÉNEZ al momento de los hechos denunciados, pues no tenía dicha calidad. Debió en tal caso investigarse si su conducta encuadraba en otro tipo penal, pero enfrenado en desarrollo de la actividad desplegada por este imputado, no puede adecuarse al tipo penal seleccionado por la Fiscalía al momento de calificar el sumario.
“Igual ocurre con la imputación efectuada a la conducta de … pues partiendo solo de la afirmación efectuada por el denunciante y una presunta grabación telefónica producto de una prueba ilegal; no debió siquiera proferirse Resolución de Acusación en su contra, ante las dudas que se cernían en torno a dicha imputación, dudas que se debieron resolver con aplicación del principio constitucional del In Dubio Pro Reo.
“En efecto, jamás podrá ser tenida como argumento legal para edificar la sentencia de condena este medio probatorio obtenido en forma fraudulenta en virtud del montaje del denunciante y la connivencia de los miembros de la Sijin, frente a la fractura constitucional de la legalidad de su obtención, se agravia de manera frontal el principio contenido en el artículo 29 de la Carta Política, en desmedro de los derechos fundamentales de … BRITO JIMENEZ, porque no basta solamente el hecho que HENRY PEÑA GOMEZ los señalara como las personas que presuntamente lo extorsionaban por la construcción que no tenía licencia, sino que las pruebas de imputación debieron ser ordenadas y practicas por autoridad competente y no bajo la arbitrariedad y vías de hecho a la que acudió, con la complicidad de los miembros investigadores, que prestaron su concurso para tan reprochable finalidad. A ello se suma el desgano y desatino de la Fiscalía, que no procuró una eficiente investigación, no cumplió a cabalidad su obligación constitucional de la investigación integral, simplemente se limitó a dar crédito y valor en grado superlativo a unas pruebas viciadas por su ilegalidad, pues fue el denunciante HENRY PEÑA GOMEZ la persona que se abrogó el derecho de idear, montar el plan y practicar las pruebas, que luego aportó como fundamento de la captura, baste solo analizar el valor de las practicadas sobre las cintas de audio y video, que no estaban autorizadas para la practica por parte del Fiscal instructor, como tampoco embaladas directamente por la Policía Judicial, lo que de suyo nos lleva a excluirlas al momento de su valoración, por tratarse de una prueba ilegal que carece de toda validez y jamás podrá ser fundamento de una sentencia de condena”.
4.1.13. Según constancia emitida por la Secretaría del Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta, obrante a folio 104 del cuaderno 1, la sentencia absolutoria que se profirió a favor del acá actor quedó ejecutoriada el 2 de mayo de 2007.
Se acreditó, entonces: i) que, el 10 de febrero de 2003, la Dirección de Planeación Distrital de Santa Marta ordenó la paralización de la obra adelantada en el inmueble ubicado en la calle 6 # 15-165, de propiedad del señor Henry Peña Gómez, por no contar con la licencia correspondiente, ii)que, el 12 de los mismos mes y año, el señor Henry Peña Gómez presentó denuncia contra el aquí actor, iii) que, el 14 de febrero siguiente, la Policía Nacional capturó en presunta situación de flagrancia al señor Brito Jiménez, por el delito de extorsión, iv) que, con ocasión de lo anterior, la Fiscalía vinculó mediante indagatoria al aquí demandante, v) que, el 19 de febrero de 2004, la Fiscalía profirió medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra, la cual fue sustituida, en esa misma fecha, por detención domiciliaria, vi) que, el 20 de febrero de 2003, el actor suscribió acta de compromiso, en aras de cumplir la medida de detención domiciliaria, vii) que, el 17 de marzo siguiente, el señor Brito Jiménez rindió ampliación de la indagatoria, viii) que, el 17 de junio de 2003, la Fiscalía le concedió el beneficio de libertad provisional, ix) que, el 26 de junio siguiente, la Fiscalía acusó al acá actor por la presunta comisión del delito de cohecho propio y, en consecuencia, le revocó el beneficio de libertad provisional y le impuso la medida de detención domiciliaria, x) que, el 18 de febrero de 2004, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta le concedió libertad provisional al acá actor, xi) que, el 20 de abril de 2007, el referido juzgado profirió sentencia absolutoria a favor del señor Brito Jiménez y xii) que, finalmente, la anterior providencia cobró ejecutoria el 2 de mayo siguiente.
4.2. La conducta de la víctima
Atendiendo a la actual postura de la Sección, previo a analizar la responsabilidad de la demandada, alegada por el señor César Augusto Brito Jiménez por la privación de su libertad, para la Sala es preciso determinar la incidencia que pudo haber tenido la actuación desplegada por el acá demandante en la adopción de la medida de aseguramiento impuesta en su contra.
Sobre la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, el artículo 70 de la ley 270 de 1996 –Estatutaria de la Administración de Justicia- dispone, entre otras cosas, que la culpa exclusiva de la víctima se configura “… cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo” y para identificar estos conceptos, la jurisprudencia ha acudido a los criterios contemplados en el artículo 63 del Código Civil, de los cuales se extrae que el primero corresponde a un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, mientras que el segundo se equipara a la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio.
Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, resulta necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder -se repite, activo u omisivo- de ella (la víctima) tuvo injerencia o no y en qué medida, en la producción del daño, pues la Sala ha señalado que el hecho de la víctima, como causal de exoneración de responsabilidad o de reducción del monto de la condena respectiva, debe constituir, exclusiva o parcialmente, causa eficiente del perjuicio reclamado.
En el sub examine, la parte actora asegura que la autoridad demandada está en el deber de responder por los perjuicios derivados de la restricción a la libertad que sufrió César Augusto Brito Jiménez, ya que dicha medida se libró “con una total orfandad probatoria”, lo cual, a la postre, llevó a una sentencia absolutoria a favor de éste, en tanto la administración no desvirtuó su presunción de inocencia, hecho que, en su parecer, resulta suficiente para atribuir responsabilidad patrimonial al Estado, a título de falla del servicio.
Pues bien, en atención al acervo probatorio arrimado a este proceso, la Sala encuentra que buena parte del sustento utilizado por la Fiscalía en sus decisiones fue extraído de las diligencias de indagatoria, razón por la cual le corresponde a la Sala determinar el valor probatorio que se concederá a lo sostenido en tales actuaciones judiciales.
Esta Corporación ha manifestado, en múltiples oportunidades, que las diligencias de indagatoria o versión libre no son objeto de valoración, toda vez que no tienen el alcance de una prueba testimonial ni pueden someterse a ratificación, dado que no se encuentran sometidas a la formalidad del juramento, como sí ocurre con la prueba testimonial; sin embargo, la Sala Plena les ha otorgado valor probatorio en ciertas circunstancias, con el fin de obtener la verdad material, así (se transcribe literal):
“Valga aclarar que la Sala Plena de esta Corporación, ha dado valor a la indagatoria como medio probatorio en esta sede judicial, en la medida en que siendo esta una fuente de información de obligatoria recepción en los procesos penales, con individualidad propia en lo que tiene que ver con su práctica y contradicción, debe reconocérsele su mérito probatorio, como lo exigen los derechos fundamentales de acceso a la justicia y a probar, los principios de prevalencia del derecho sustancial, de libertad de medios probatorios, de contradicción, de libre valoración racional de la prueba y la demás normatividad que rige en materia probatoria, para lo cual, además, no resulta ajena al deber de ser valorada en conjunto con los demás elementos de convicción y con arreglo a los criterios rectores de la sana crítica”.
En este mismo sentido, la Subsección B de esta Sección ha sostenido:
“… la indagatoria puede ser concebida como medio de defensa y a la vez medio de prueba de la cual pueden sustraerse no solo lo que al investigado le beneficia, sino eventualmente lo que le compromete jurídicamente, lo cual no contraría la protección del derecho a no auto incriminarse como lo ampara el artículo 33 constitucional, en la medida que no se obtenga una confesión forzada, por medios intimidatorios …
“En estos casos, la valoración integral de las pruebas obrantes en el proceso administrativo, (sic) han (sic) permitido que las indagatorias no solo sean tomadas como medio de defensa judicial cuando estas satisfacen los principios de contradicción, necesidad, pertinencia y conducencia, sino también como medios de convicción válidos para el fallador judicial, de tal suerte que sí pueden ser incorporadas a los procesos de responsabilidad estatal.
“En el presente caso, se hace necesaria la valoración de la indagatoria para el análisis integral del caso, ya que la etapa instructiva de 1999 padece serios vicios de legalidad; adicionalmente, se cuenta con la sentencia penal y la resolución sancionatoria de la DIAN, los cuales son medios de convicción que apuntan en un mismo sentido, esto es, el conocimiento válido al momento de imponer la medida de aseguramiento …” (se resalta).
En este orden de ideas, la indagatoria puede ser concebida como medio de defensa y a la vez medio de prueba de la cual puede sustraerse tanto lo que al investigado le beneficia, como también, eventualmente, lo que le compromete jurídicamente, lo cual no es contrario al derecho a no auto incriminarse, amparado en el artículo 33 de la Constitución Nacional, siempre que –como lo ha dicho la Subsección B de la Sección Tercera– no haya una confesión forzada u obtenida por medios intimidatorios y que, en caso de querer el procesado contribuir con la recta administración de justicia, lo haga a sabiendas de que cuenta con las garantías de defensa como las de guardar silencio en lo que le perjudique, así como no declarar contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, lo cual de ninguna manera puede derivar en un indicio grave en su contra (artículo 337 de la Ley 600 de 2000).
De acuerdo con lo expuesto, en la jurisprudencia del Consejo de Estado se ha determinado que es posible valorar la indagatoria en el juicio de responsabilidad estatal, en los siguientes casos (se transcribe literal):
“i) cuando la indagatoria se equipara al testimonio al surtirse el trámite de la ratificación mediante juramento en el trámite contencioso administrativo; ii) cuando los indagados consientan hacer afirmaciones bajo la gravedad del juramento y se satisfagan los principios de contradicción, necesidad, pertinencia y conducencia. Además, la Sala ha dicho que es posible valorar la indagatoria y otorgarle mérito probatorio siempre y cuando: i) se advierta que son indispensables para realizar un análisis integral del caso; ii) no se constituya en la única prueba que defina la responsabilidad administrativa y extracontractual del Estado; iii) coincidan con lo acreditado a través de otros medios de convicción; iv) hayan sido tenidas en cuenta como medios de prueba en procesos foráneos en los cuales fueron recaudadas y no hayan sido desestimadas por presiones indebidas o vulneraciones a derechos fundamentales, con el agregado que si la declaración es de quien es parte en el trámite contencioso administrativo, sólo se acordará credibilidad probatoria en lo desfavorable, puesto que podría eventualmente verse beneficiada por la sentencia favorable que eventualmente se profiera como conclusión del presente litigio”.
Dentro del presente proceso reposan las siguientes indagatorias: i) la rendida el 15 de febrero de 2003 por el señor César Augusto Brito Jiménez, ante la Fiscalía General de la Nación (folios 26 a 29 del cuaderno 2) y ii) la ampliación de la anterior diligencia, llevada a cabo el 19 de marzo siguiente, ante la misma autoridad (folios 156 a 155 del cuaderno 2).
De conformidad con la jurisprudencia puesta de presente en los párrafos previos, la Sala considera necesario tomar en consideración lo expuesto en las diligencias de indagatoria acabadas de mencionar, a fin de evaluar los motivos que llevaron a la Fiscalía a imponer y mantener la medida de aseguramiento proferida contra el acá actor, pues, aunque éstas se presentaron libre de apremio y juramento, en ellas se definieron varias circunstancias de tiempo, modo y lugar, que deben valorarse de forma integral con otros medios de prueba obrantes en el proceso, como se verá adelante.
Por lo anterior, se procede a reproducir lo dicho por el acá actor en las referidas diligencias, así:
Indagatoria del 15 de febrero de 2003 (se transcribe tal como obra en el proceso, incluso con errores):
“… YO LE FUI A ENTRAR LA ORDEN DE LA PARILIZACION DE LA OBRA, EN NINGUN MOMENTO LE DEJE NI MIS TELEFONOS NI DE MI CASA NI DE MI OFICINA PARTICULAR … CUANDO EL ME LLAMA [refiriéndose al señor Henry Peña Gómez] A MI OFICINA EL SEÑOR WILLIAM ME LO COMUNICA Y ME DICE QUE SE VA DE VIAJE EL DIA 15 DE FEBRERO QUE NECESITA HABLAR CONMIGO PORQUE NO QUIERE QUE YO LO PERJUDIQUE DADO QUE NO TIENE EL DINERO PARA PAGAR LOS IMPUESTOS DE LA OBRA QUE EN TANTO EL VENGA DE VIAJE CANCELARIA EL IMPUESTO, ENTONCES ME MANIFIESTA QUE NECESITA HABLAR CONMIGO PERSONALMENTE OFRECIÉNDOME POR TELEFONO UN DINERO INSISTENTAMENTE E INSITIÓ EN VERSE CONMIGO A LAS 4:30 EN PUNTO PORQUE A ESA HORA ERA LA UNICA QUE PODÍA HABLAR CONMIGO Y ME CITO EN SU OFICINA, ALLA ME PRESENTE A LA MENCIONADA OBRA ME DIJO QUE LE COLABORARA QUE CUANDO VENIERA DEL VIAJE QUE IBA A REALIZAR EL LEGALIZAR LA ANTES MENCIONADA OBRA Y ME DIJO QUE LE RECIBIERA LA SUMA DE CIEN MIL PESOS, EN FORMA INSISTENTE LOS CUALES YO NUNCA SE LOS HABIA SOLICITADO, SE PORTO DE MANERA AMABLE CONMIGO, ME BRINDO UN VASO DE AGUA, ME PREGUNTO DONDE VIVIA Y ME DESPEDI DE EL, CUANDO SALGO DEL CONJUNTO DONDE QUEDA LA OFICINA DEL SEÑOR ME DETIENE UN POLICIA DE GUARDIA DEL CONJUNTO Y ME SOLICITA MI MALETIN EJECUTIVO, LE ENTREGUE EL MALETIN AL POLICIA Y EMPEZO A REVISARMELO EN ESE MOMENTO PASABA UN AMIGO DEL COLEGIO … YO TENIA EN MI PODER CIENTO OCHENTA MIL PESOS O SEA QUE ESE DINERO NO ME LO HABIA DADO O SEA YO TENIA OCHENTA MIL PESOS MIO MAS LO CIEN QUE ME HABIA ME HABIA ENTREGADO EL SARGENTO EN COLABORACION, ME PUSE NERVIOSO DADO QUE LLEGARON VARIOS AGENTES DE LA SIJIN Y ME IMAGINE QUE EL SARGENTO PEÑA QUERIA INVOLUCRARME EN UN DELITO POR LOS MISMO NERVIOS TRATA DE ENTREGARLE A … MI AMIGO EL DINERO PERO EL NO LO RECIBIO, EN ESOS MOMENTOS LOS AGENTES DE LA SIJIN ME DICEN QUE YO TENGO ORDEN DE CAPTURA YO LES DIGO QUE POR QUE Y ME DICEN QUE POR EXTORSION, ENTOCES YO LE DIGO QUE ME LO PRUEBEN QUE EN NINGUN MOMENTO HABIA SUCEDIDO TAL HECHO, EN ESE MOMENTO EL SEÑOR PEÑA SALE DE SU OFICINA Y LE MANIFIESTA A LOS AGENTES QUE YO LO ESTABA EXTORSIONANDO YO LE RESPONDO AL SEÑOR PEÑA EN PRESENCIA DE LOS AGENTES QUE POR QUE DECLARA ESO, QUE ESO ES NINGUN MOMENTO HA OCURRIDO Y EL ME MANIFIESTA QUE NADA TIENE QUE HABLAR CONMIGO … PREGUNTADO.- DIGA EL INDAGADO CON QUE FINALIDAD RECIBIO EL DINERO QUE LE ENTREGO EL SARGENTO PEÑA.- CONTESTO.- EL ME INSISTIÓ QUE LO RECIBIERA PUES ERA UN DETALLE DE SU PARTE HACIA MI, A LO CUAL NO LE DI MAYOR IMPORTANCIA.- PREGUNTADO.- DIGA EL INDAGADO PORQUE QUE MOTIVO LE DA ESTA PERSONA UN DETALLE EN DINERO DESPUÉS DE HABERLE PARALIZADO LA OBRA QUE REALIZABA. –CONTESTO.- MIENTRAS ESTUVE HABLANDO CON EL SARGENTO PEÑA ME PARECIÓ MUY BUENA PERSONA Y ME CONVENCIO QUE EN TANTO LLEGARA DE SU VIAJE ESTABLARIAMOS UNA BUENA AMISTAD, LO CUAL ME PARECIÓ UN HECHO AGRADABLE POR LA FORMA TAN AMABLE EN QUE ME TRATO.- PREGUNTADO.- DIGA SI EL DINERO QUE LE HIZO EL SARGENTO PEÑA A USTED ERA CON EL FIN DE SEGUIR LA OBRA Y USTED HACER CASO OMISO DE ESTE HECHO.- CONTESTO.- NO ME PUSO CONDUCIONES ME PIDIO QUE NO LO MOLESTARA TANTO DADO QUE EL IBA A CUMPLIR LEGALMENTE CON SU PERMISO … PREGUNTADO.- QUE TIENE QUE MANIFESTAR CON RELACION AL INFORME POLICIVO EN EL QUE SE DICE QUE USTED FUE CAPTURADO CUANDO RECIBIA LA SUMA DE CIEN MIL PESOS DEL SEÑOR SARGENTO SEGUNDO GOMEZ PEÑA HENRY Y QUE EN LA PORTERIA LO ESTABA ESPERANDO EL SEÑOR GABRIEL GAONZALEZ VILLANUEVA A QUIEN LE HIZO ENTREGA DE LA PLATA QUE HABIA RECIBIDO DEL SARGENTO PEÑA.– CONTESTO.- YO NO FUE CAPTURADO RECIBIENDO NINGUN DINERO, FUI CAPTURADO EN LAS AFUERAS DEL CONJUNTO DONDE RESIDE EL SEÑOR PEÑA, EN EL MOMENTO EN QUE SALUDABA A MI AMIGO … Y QUEDE DESCONCERTADO CON LA ACTITUD Y MALA INTENCION DEL SEÑOR SARGENTO PEÑA AL EXPRESARLE A LOS AGENTES DE LA SIJIN QUE YO LO ESTABA EXTORSIONANDO POR LA PARA MI IRRISORIA SUMA DE CIEN MIL PESOS DADO QUE NO TENGO NECESIDAD DE ESTO”(se resalta).
Ampliación de la indagatoria, surtida el 19 de marzo de 2003 (se transcribe literal, incluso con errores):
“PREGUNTADO: Cómo surge la suma de cien mil pesos en la escena de los acontecimientos. CONTESTO: En el momento en que se desarrolla el diálogo entre el señor HENRY PEÑA Y mi persona, entablnó una conversación muy amistosa conmigo, dado que ya él sabía que yo no era el funcionario apto para paralizar o anular una orden de paralización y me dice que se va de viaje, me entrega cien mil pesos, le digo que por que concepto y me dice que los tenga como un detalle, en ese momento le pido un vaso de agua él me lo dá muy amablemente me dice que cuando venga de viaje él pondrá al día sus impuestos conmigo y se comunicará a la Oficina de Planeación para el respectivo trámite y adquirir licencia. PREGUNTADO: Qué destino le dá usted a ese dinero. CONTESTO: Me los guardé en el bolsillo … PREGUNTADO: Sírvase indicar si de alguna manera las conversaciones que mantiene usted conel señor HENRY PEÑA permitían establecer algún tipo de ofrecimiento de dinero por un acto que desempeñaría usted como Servidor Público, o por el contrario usted le solicitó a él alguna prevenda por facilitar trámite alguno ante Planeación. CONTESTO: En ningún momento dado que mis funciones, se corrije, la primera vez que me ví con él fue para notificarle de la orden de paralización y la segunda vez fue por los motivos anteriormente explicados, nunca exigí a él prevenda alguna a cambio de mis funciones, dado que las funciones que desempeño en las oficinas de Planeación son irrelevantes para el caso que a él le competía y no tenía facultad alguna para ayudarlo en su problema”(se resalta).
Visto lo anterior, se desprende que es posible valorar la indagatoria rendida por el señor Brito Jiménez y su ulterior ampliación, como se mencionó anteriormente, puesto que la Fiscalía se basó, entre otros, en éstas para emitir sus decisiones, en especial la providencia mediante la cual se resolvió su situación jurídica, ya que esa autoridad fundamentó su resolución en que éste reconoció haber recibido $100.000, como un simple detalle de parte del señor Henry Peña Gómez hacia él, en conjunto con lo señalado en las otras pruebas obrantes en el proceso penal, como lo son “el informe de Policía 0181 de fecha 15 de febrero del año 2.003, así como el informe de fecha 14 de febrero del año 2.003 en donde se advierte las entrevistas que se realiza (sic) entre los señores HENRY PEÑA y CESAR AUGUSTO BRITO JIMENEZ”, las cuales coincidían con lo expresado por el acá actor en la indagatoria del 15 de febrero de 2003, atrás transcrita.
Así, es claro para la Sala que la conducta del aquí demandante fue determinante para que la Fiscalía le dictara medida de aseguramiento, la que hoy reprocha como causante del daño sufrido, es decir, la privación de la libertad, que califica como “injusta”.
A juicio de la Sala, el señor Brito Jiménez ni siquiera debió asistir a la reunión que el señor Peña Gómez le planteó y menos teniendo en cuenta que éste le ofreció dinero vía telefónica. Acudir a esa cita configura una conducta que no corresponde a la actuación que sería esperable de su parte, conforme al artículo 63 del Código Civil, pues denota un actuar cuando menos imprudente y descuidado, ya que no es sensato que un funcionario de la Dirección de Planeación del municipio se reúna con un ciudadano que le ofreció dinero sin aparente justificación y que, además, tenía relación con un asunto de competencia de dicha oficina.
En todo caso, si en algún escenario se llegara a considerar que dicha reunión tenía sustento o razón de ser en las funciones que desempeñaba el aquí actor en la Dirección de Planeación Distrital de Santa Marta, lo cierto es que ella ha debido efectuarse en la oficina de éste y no en el lugar donde se llevó a cabo y menos aún ha debido el acá actor recibir dinero en ella, pues ninguna lógica tiene que un servidor público reciba un dinero, como “un detalle” al que no le otorgó “mayor importancia”, porque provenía de una “muy buena persona” con la que podría entablar “una buena amistad”, comoquiera que es claro que dicha persona tenía un interés directo en un asunto que se tramitaba en la dependencia para la cual trabajaba el acá demandante, a lo cual se agrega que los servidores públicos no tienen porqué recibir, obtener o pretender beneficios adicionales a su remuneración legal por el ejercicio de su función, pues ello los expone, como en efecto ocurrió en este caso, a ser investigados por la eventual comisión de algún delito contra la administración pública.
Así las cosas, es evidente que la conducta del señor Brito Jiménez fue totalmente imprudente y desatinada y constituyó la causa directa y determinante de la investigación seguida en su contra por el delito de cohecho propio; por tanto, no puede ahora el demandante reprochar la actuación de la autoridad que lo investigó, dado que nadie puede sacar provecho o ventaja de su propia culpa o torpeza.
En consecuencia y como la privación de la libertad del señor Brito Jiménez tuvo su causa eficiente o adecuada en su propio actuar, no hay razón para imputarle responsabilidad a la demandada; por consiguiente, se confirmará la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.
5. Decisión sobre costas
Teniendo en cuenta que no se dan los supuestos previstos por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, ya que no se demostró que alguna de las partes hubiera actuado temerariamente, la Sala se abstendrá de imponer costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: De conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia, CONFÍRMASE la sentencia del 12 de diciembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio de la cual se negaron las súplicas de la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
El extremo demandante está integrado por César Augusto Brito Jiménez (quien actúa en nombre propio y en representación de sus menores hijos César Augusto Brito Romero, Alberto César y César Alberto Brito Ardila), Shirley Carina Romero Correa y Cira Beatriz Jiménez Olabarria (se escribe “Olabarria”, toda vez que así está consignado ese apellido en el registro civil de nacimiento de la referida señora –folio 25 del cuaderno 1- ).
“… teniendo en cuenta el detrimento económico por la pérdida del empleo de mi mandante –desde junio 13 de 2003- como Profesional Universitario Código 340, Grado 08 de la División de Control Urbano , adscrito a la Dirección de Planeación, como consecuencia de la privación injusta de su libertad … adicionalmente por el costo de la defensa judicial de mi representado, y demás gastos adicionales que debió sufragar como consecuencia de la privación de su libertad, y por la pérdida de oportunidades para seguir laborando al servicio del distrito y/o en cualquier otro sector, como también la de ejecutar actividades comerciales desde el establecimiento de comercio de su propiedad” (folio 18 del cuaderno 1). Folio 5 del cuaderno 1. Ibídem. Folio 8 del cuaderno 1. Folio 154 del cuaderno 1. Folio 158 del cuaderno 1. Folios 252 y 253 del cuaderno 1. En la parte resolutiva de la sentencia, el a quo expresamente resolvió: “DECLARAR no probada la Excepción (sic) de CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA …”; sin embargo, de la parte motiva de la misma se advierte que el tribunal sí encontró configurada esa causal de exoneración. Folio 337 del cuaderno principal. Folio 343 del cuaderno principal. Folio 345 del cuaderno principal. Folio 347 del cuaderno principal. Folio 351 del cuaderno principal. Expediente 2008-00009 (IJ): la Sala Plena de esta Corporación se pronunció en el sentido de señalar que la cuantía no determina la competencia en asuntos de responsabilidad del Estado por hechos de la administración de justicia (error jurisdiccional, privación de la libertad y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia), ya que, en aplicación de la normativa estatutaria –Ley 270 de 1996-, debe observarse un factor orgánico que confiere competencia, en primera instancia, a los tribunales administrativos y, en segunda instancia, a esta Corporación. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002 (13.622). La Ley 270 de 1996 entró en vigencia el 7 marzo de 1996. Expediente 46.947. Folio 6 del cuaderno 2. Folios 66 y 67 del cuaderno 2. Folios 339 a 341 del cuaderno 2. Folios 201 a 203 del cuaderno 3. Folio 6 del cuaderno 1. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 12 de marzo de 2013, radicación 11001-03-15-000-2011-00125-00. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia deL 26 de noviembre de 2015, expediente 36.170,
Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-403/97, sostuvo:
“El derecho procesal moderno le reconoce a la indagatoria una doble connotación jurídica: como medio de defensa y como fuente de prueba de la investigación penal. Lo primero, porque a través de ella la ley le otorga al procesado el derecho a responder los cargos que se le hubiesen imputado previamente; lo segundo, porque de lo expresado en la diligencia puede el juez especializado encontrar o deducir indicios de responsabilidad en el delito que se investiga, y hallar razones que conduzcan a la inocencia o responsabilidad del acusado.
En efecto, al constituirse la indagatoria en la primera oportunidad de defensa del sindicado dentro del proceso, resulta lógico deducir su calidad de pieza probatoria relevante para la investigación, pues las explicaciones que aquél pueda dar, permiten conocer información necesaria para llegar a la verdad material … En cuanto a la naturaleza mixta de la indagatoria, como medio de prueba y de defensa, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia del 18 de marzo de 1993, señaló:
‘Pero también cabe hacer otra acotación, que cubre por entero la alegación de la demandante, o sea, estimar que la indagatoria sólo tiene un valor de defensa, de donde no es dable extraer de la misma argumentos de compromiso. La tesis no representa, un exacto y completo contenido de verdad, pues bastaría pensar, entonces, que si no es un medio de prueba tampoco podría utilizarse en beneficio del propio procesado, porque sólo lo que la ley estima como medio válido de prueba es dable manejarlo en este sentido y con este efecto’.
‘Ahora bien, para garantizar la efectividad del derecho de defensa, la indagatoria en sus dos orientaciones, medio de prueba y medio de defensa, aparece regulada expresa o tácitamente en el actual C.P.P. Como fuente de prueba se encuentra en el artículo 248 que expresamente señala: ‘Son medios de prueba: la inspección, la peritación, los documentos, el testimonio, la confesión.’; en este mismo sentido, en el artículo 361 que, referido a la investigación de autores y partícipes, dispone: ‘El funcionario judicial tomará las ampliaciones de indagatoria que considere convenientes.’. Asimismo, en el artículo 369A que faculta al Fiscal General de la Nación o al fiscal que éste designe, para acordar beneficios con las personas investigadas en virtud de la colaboración que presten a las autoridades para la eficacia de la administración de justicia (art. 95-7 de la C.P.)’”(se subraya).
“Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de marzo de 2014, rad. 22597, M.P. Danilo Rojas Betancourth”.
“Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo de 2014, rad. 24078, M.P. Ramiro Pazos Guerrero: ‘(…) En cuanto a las indagatorias. La indagatoria rendida por …, arrimada a este proceso, proveniente de la Dirección Nacional de Fiscalías, la cual contribuyó a desvirtuar que el demandante … estaba relacionado con el ‘cartel de narcotráfico de Cali’, no pueden ser tenidas como medio de prueba, toda vez que se trata de una versión que se obtuvo sin el apremio del juramento y, por tanto, no reúne las características necesarias para que pueda considerársela como testimonio. Lo anterior no es impedimento para que en algunos casos se tengan en cuenta las afirmaciones que los indagados consientan en hacer bajo la gravedad del juramento, lo que se deduce de la aplicación a contrario sensu de la regla antes aludida’”.
“Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de noviembre de 2015, rad. 36170 y del 25 de julio de 2016, rad. 37125, M.P. Danilo Rojas Betancourth”.
“Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 1º de agosto de 2016, rad. 42376, M.P. Ramiro Pazos Guerrero”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 16 de agosto de 2018, radicación 18001-23-31-000-2001-00221-01(44167).
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